Corresponde modificar lo dispuesto en materia de costas habiéndose cumplido anticipadamente la prestación en favor del amparista.

farmaciaPartes: S. B. y otro c/ OSDE s/ sumarísimo de salud

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 12-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-98206-AR | MJJ98206 | MJJ98206

Modifican sentencia en materia de costas por haberse cumplido la pretensión de cobertura de medicamentos de la amparista de modo anticipado por la vía cautelar.

Sumario:

1.-Corresponde modificar el decisorio en torno a las costas del proceso, pues la pretensión deducida por la actora consistía en la cobertura total de un medicamento que debía ser suministrado durante un período de tres meses continuos y dado que esa prestación fue anticipada por vía cautelar y que la sustanciación del litigio se extendió por un lapso mayor, al momento de dictarse la sentencia se había agotado el objeto de la demanda.

2.-No obstante la decisión recurrida, es menester recordar que el hecho de que una cuestión litigiosa se torne abstracta no necesariamente trae aparejada una solución particular en materia de costas, por el contrario, es preciso examinar en cada caso concreto cuáles son las causas que han conducido a ese desenlace, como también en qué medida la conducta de las partes puede haber tenido incidencia para que la controversia finalice de esa forma.

3.-Corresponde afirmar que en el caso no se configura aquí la hipótesis prevista en el art. 14 de la Ley 16.986, pues este proceso no ha tramitado bajo las disposiciones de esa ley, y no obstante ello la hipótesis allí prevista es que la conducta u omisión lesiva cese antes de que se trabe la litis.

Fallo:

Buenos Aires, 12 de febrero de 2016.- ER

VISTO: el recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 205/208 -cuyo traslado fue contestado mediante el escrito de fs. 212, que a su vez contó con la adhesión de fs. 217- contra la sentencia de fs. 195/196; y

CONSIDERANDO:

1) Que el señor juez declaró abstracta la cuestión planteada en estas actuaciones e impuso las costas a la demandada, que apeló esa decisión.

Sostuvo la recurrente que el magistrado omitió una fundamentación que justifique la imposición de dichos accesorios, objetando su procedencia en un proceso en el que no fue condenada. Relacionado con este último punto invocó también el principio establecido en el art. 14 de la ley 16.986, afirmando que suministró la medicación reclamada por su contraria antes del vencimiento del plazo para presentar el informe previsto en el art. 8 de la norma citada.

La actora resistió estas quejas por las razones expuestas en el escrito de fs. 212, a cuyos términos adhirió el Ministerio Público de la Defensa (fs. 217).

2) Que así planteada la controversia, cabe señalar que el magistrado fundó su decisión en materia de costas afirmando que debe evitarse que la necesidad de recurrir a la vía judicial para la defensa de un derecho traiga aparejado un menoscabo patrimonial.

No obstante, no vinculó esa conclusión con las circunstancias concretas del caso, de modo que asiste razón a la demandada cuando cuestiona la fundamentación de lo resuelto por el a quo. Es oportuno recordar que la pretensión aquí deducida consistía en la cobertura total de un medicamento que debía ser suministrado durante un período de tres meses continuos (confr. fs. 16); y dado que esa prestación fue anticipada por vía cautelar y que la sustanciación del litigio se extendió por un lapso mayor, al momento de dictarse la sentencia de fs. 195/196 se había agotado el objeto de la demanda, según lo expuesto en la presentación de fs.193.

Así las cosas, conviene recordar que el hecho de que una cuestión litigiosa se torne abstracta no necesariamente trae aparejada una solución particular en materia de costas. Por el contrario, es preciso examinar en cada caso concreto cuáles son las causas que han conducido a ese desenlace, como también en qué medida la conducta de las partes puede haber tenido incidencia para que la controversia finalice de esa forma (confr. esta Sala, causas 7216/99 del 9.9.99 y 9805/01 del 22.12.04; Sala 1, causa 198/06 del 7.2.08 y 6831/02 del 17.6.03, entre otras).

Por cierto, no se configura aquí la hipótesis prevista en el art. 14 de la ley 16.986. Más allá de que este proceso no ha tramitado bajo las disposiciones de esa ley, la hipótesis allí prevista es que la conducta u omisión lesiva cese antes de que se trabe la litis. No obstante, es indudable que debe tratarse de una actitud asumida unilateralmente por el demandado, y no de la consecuencia de una orden judicial, como en este caso ha sucedido con la medida cautelar dispuesta por el juzgador.

3) Que de las constancias de autos surge que el prospecto del medicamento reclamado dice que debe administrarse en ciclos repetidos de 28 días, seguido por 28 días sin suministrarlo. La actora reconoció este extremo, aunque también destacó que esa información no está destinada a reemplazar la consulta con el médico tratante y el equipo de terapia respecto de la toma apropiada de la medicación o la utilización del equipo de inhalación (confr. fs. 35 y 47).

No obstante, con anterioridad a la promoción de estas actuaciones la demandante no realizó una presentación circunstanciada ante su adversaria explicitando las razones que en el caso aconsejaban un esquema terapéutico diferente del que se indica con carácter general. Nótese que nada dice al respecto el resumen de historia clínica de fs. 4, en tanto la receta de fs.5 y 6 omiten toda referencia al período de uso del medicamento. Por su parte, el informe pericial reproducido a fs. 8/13 resulta ajeno al sub lite, no sólo porque no está referido a la demandante sino también porque contempla un supuesto diferente, ya que se trata de la prescripción de «3 ciclos adicionales de tobramicina inhalada (300 mg 2 veces por día) en meses alternos», lo que lo aparta de los términos en que quedó planteado el disenso entre las partes.

A su turno, la prueba documental arrimada por OSDE no permite establecer una conclusión concreta, pues se afirma allí que «son necesarias más pruebas antes de que podamos basar nuestras decisiones de tratamiento en una buena evidencia», en tanto el informe pericial tampoco se inclina por ninguna de las dos posibilidades, pues sostiene que resulta tan adecuado el tratamiento en meses alternos como lo es el tratamiento continuo, y que ello depende de la situación clínica del paciente, añadiendo que existen estudios con resultados igualmente efectivos en ambos casos sin poder extraer una conclusión sobre cuál es preferible, ya que no se han realizado trabajos comparativos con la misma dosis y mismo número de pacientes (fs. 127).

En función de estos elementos, no es posible afirmar que exista una conclusión que sea válida por igual para todos los pacientes, como tampoco establecer un criterio unívoco al respecto.

Parece claro que, razonablemente, pudo solucionarse el conflicto con una actitud de cooperación entre las partes. Por un lado, nótese que la actora no presentó ante su adversaria una petición concreta y fundada del esquema terapéutico indicado por el médico tratante, sino que una semana después de la respuesta de OSDE ya había iniciado el proceso judicial (confr. fs.7 y 23 vta.). Por su parte, la demandada tampoco requirió precisiones sobre el tratamiento en cuestión o las características particulares del caso, limitándose a invocar el esquema de meses alternados previsto con carácter general.

El resultado de dicho tratamiento tampoco permite extraer una conclusión particular, ya que en los análisis realizados al finalizarlo se observó la ausencia de un germen y la aparición de uno diferente, según lo que surge del informe pericial obrante a fs. 124/128.

En tales condiciones, se estima apropiado distribuir las costas del proceso en un 70 % a la demandada, quedando el 30 % restante a cargo de la actora, teniendo en cuenta que ambas partes pudieron haber sido más diligentes a los efectos de evitar que el conflicto fuera sometido al poder jurisdiccional, pues así como la actora pudo haber formulado un requerimiento circunstanciado y fundado por el profesional médico interviniente, también la accionada pudo haber adoptado medidas tendientes a encontrar una solución, teniendo en cuenta que se trata de su actividad específica y que -según la documentación que ella misma acompañó- no hay pruebas concluyentes sobre el uso de un único sistema terapéutico.

Por lo expuesto, SE RESUELVE: modificar el pronunciamiento apelado en los términos indicados precedentemente.

Las costas de alzada se distribuyen en la misma proporción que las de primera instancia, difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales para el momento en que se encuentren fijados los que corresponden a la labor cumplida ante el Juzgado.

Regístrese, notifíquese -a la señora Defensora Pública Oficial en su despacho- y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

GRACIELA MEDINA

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