Al no probar la demandada la mala calidad del producto vendido, corresponde abonar la indemnización solicitada ante la falta de pago de las facturas presentadas por la accionante.

Firma documentoPartes: Rodacel S.R.L. c/ Bodegas Cuvillier S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 29-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97165-AR | MJJ97165 | MJJ97165

Al no probar la demandada la mala calidad del producto vendido, corresponde abonar la indemnización solicitada ante la falta de pago de las facturas presentadas por la accionante.

Sumario:

1.-Para que una nota de debito o de crédito resulte válida, su causa de emisión debe guardar relación con la contratación originaria celebrada entre las partes. De lo contrario, esto es, si el documento fue emitido por la sola voluntad de una de ellas sin la existencia de una circunstancia real y efectiva que hubiera justificado su emisión, el documento carecerá de validez.

2.-No hay reglamentaciones específicas del BCRA que establezcan diversas tasas de interés moratorio para las distintas relaciones jurídicas a partir de la entrada en vigencia -el 1ro. de agosto del corriente año- del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. arg. art. 768 inc. c , del CCivCom.).

3.-Los intereses moratorios producidos a partir del 01.08.15 son una consecuencia no agotada de la relación jurídica y que, sobre tal base, deben regirse por la ley nueva.

4.-Desde mi perspectiva interpretativa del derecho transitorio aunado al contenido de las disposiciones del art. 768 del CCivCom., los nuevos accesorios devengados por la mora ya no pueden ser fijados de acuerdo a las pautas de los arts. 565 del CCom. y 622 del CCiv. y en este sentido, el art. 768 del CCivCom. dice sobre los intereses moratorios que: A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a. por lo que acuerden las partes; b. por lo que dispongan las leyes especiales; c. en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central .

5.-Pese a que el art. 768 inc. c. del CCivCom. resulta de aplicación inmediata, al día de la fecha no existen reglamentaciones actuales del BCRA que determinen, de acuerdo al art. 768, inc. c del CCivCom., cuáles son estas tasas. Así las cosas y en este estado inicial de situación, frente a la ausencia de reglamentación especial actual, el deber de los jueces de resolver (art. 3 del CCivCom.) y vistos los usos, prácticas y costumbres imperantes, juzgo que, por el momento, procede continuar con la aplicación de la tasa activa usualmente utilizada por este Fuero Comercial. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires a los 29 de diciembre de 2015, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos “RODACEL S.R.L. c/ BODEGAS CUVILLIER S.A. s/ORDINARIO”, Expte. COM 17593/2012 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Barreiro y Doctor Ojea Quintana. Habida cuenta que en su oportunidad el doctor Rafael F. Barreiro se encontraba con licencia por compensación de días trabajados en feria judicial, votó en segundo lugar el doctor Juan Manuel Ojea Quintana.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 383/388? Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a

resolver:

La Sra. Juez de Cámara Doctora Alejandra N. Tevez dice:

Antecedentes de la causa.

Rodacel S.R.L. (en adelante, “Rodacel SRL”) promovió demanda contra Bodegas Cuvillier S.A. (en adelante, “Cuvillier SA”) a fin de obtener el cobro de $159.553,65, más intereses y costas.

Relató que dentro del vínculo comercial que la unió con la demandada, realizó varias operaciones comerciales en el año 2007 y le proveyó “caldo de manzana” para la producción de sidra.

Indicó que ante el incumplimiento en el pago de ciertas facturas, las reclamó de modo verbal y luego por carta documento. Adujo que la defendida, por la misma vía, le cuestionó la calidad de los productos suministrados y la intimó a cancelar el saldo de la nota de débito n° 01-204 así como a reparar los daños y perjuicios acaecidos por los defectos de calidad de la mercadería suministrada.

Negó que el producto que proveyera incumpliera con la calidad requerida así como adeudar suma alguna originada en una supuesta nota de débito.

Señaló la improcedencia y extemporaneidad de los cuestionamientos de su adversaria.Agregó que aquella no formuló reclamo previo sobre el producto, sino hasta después de su intimación al pago.

De seguido, postuló que la ausencia de observaciones a las facturas dentro de los diez días de recibidas, de conformidad con lo establecido en el art. 474.3 del Código de Comercio, las constituyó en cuentas líquidas.

Agregó que cualquier objeción a la calidad de la mercadería debió haber sido formulado dentro de los tres días de su entrega y la determinación de los vicios efectuada por peritos árbitros, conforme arts. 472 y 476 del citado cuerpo legal.

Citó jurisprudencia en tal sentido, ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión.

En fs. 225/236 Cuvillier SA contestó demanda y solicitó su rechazo con expresa imposición de costas.

Inicialmente negó, entre otras cosas, que: i) realizaran operaciones comerciales sin inconvenientes, ii) el caldo de manzana provisto por la actora fuera de buena calidad, iii) no procediera la emisión de la nota de débito, iv) suscribiera las facturas, remitos y guías, y v) no formulara reclamos en tiempo y forma.

Seguidamente, brindó su versión de los hechos y opuso defensa de compensación.

Reconoció que la demandante le proveyó “caldo de manzana”, materia prima que utiliza para la elaboración y producción de sidra y otros subproductos que se comercializan bajo la marca “Sidra del Valle”.

Precisó entonces que mantuvo con Rodacel SRL, al igual que con el resto de sus proveedores, un sistema de cuenta corriente en el que se asentaron las facturas, órdenes de pago, notas de crédito y débito, entre otros documentos.

Aclaró que en muchas ocasiones las facturas no guardan una estricta contemporaneidad, siendo emitidas y registradas con posterioridad a la entrega de la mercadería y canceladas mediante pagos genéricos que involucran varias de ellas, generando un sistema dinámico de pagos y compensaciones.

Señaló que la elaboración del caldo de manzana se encuentra sometida a una serie de exigencias de índole técnicas establecidas en el art.1086 del Código Alimentario Argentino (Resolución conjunta SPRyRS y SAGPyA N° 124/2007 y N° 62/2007).

Explicó entonces que como procedimiento habitual, el insumo proporcionado por la accionante fue sometido a una serie de análisis de calidad el 5 y 18 de octubre de 2007 en el CIATI A.C. (Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria Agroalimentaria – Asociación Civil) donde se detectó que la “prolina” no reunía los requisitos técnicos exigidos por el Código Alimentario Argentino.

Agregó que los análisis llevados a cabo el 26 de julio y 13 de agosto de 2007 en el INGEIS (Instituto de Geocronología y Geología Isotópica) dependiente del CONICET y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, evidenciaron que la “densidad isotópica” tampoco alcanzaba los estándares exigidos por la normativa indicada.

Señaló entonces que tales vicios no pudieron ser advertidos al momento de la entrega de los suministros, sino hasta que se efectuó el análisis técnico. Invocó así la aplicación del art. 473 del Código de Comercio.

Continuó explicando que, a consecuencia de ello, emitió de común acuerdo con la accionante una nota de débito el 24.10.07 por $291.096,48 (N° 0001-00000204) que comprendió, entre otras, las facturas base de la acción, y que fue debidamente registrada y comunicada a la contraria sin que mereciera impugnación alguna, arrojando la cuenta corriente un saldo a su favor de $131.542,83.

En base a ello, opuso la defensa de compensación.

Dijo que acordó verbalmente con su adversaria que el saldo a su favor no sería reclamado y que aquélla aceptaría el resultado de los informes de laboratorio y no reclamaría el pago de las facturas.

Agregó que Rodacel SRL contravino el principio de buena fe y doctrina de los actos propios al incumplir el acuerdo y reclamar el pago de las facturas.

Ofreció prueba y fundó en derecho su postura.

En fs.240/241 la accionante se expidió respecto de la defensa de compensación, solicitando su rechazo.

La sentencia de primera instancia.

El a quo dictó sentencia a fs. 383/388. Hizo lugar a la defensa de compensación y desestimó la demanda, con costas a la vencida.

Para así decidir, consideró incontrovertido el vínculo comercial entre las partes, así como la recepción de las facturas y mercadería allí detallada.

De seguido, razonó que, en base a la prueba informativa y pericial de ingeniería, el caldo de manzana provisto por la demandante incumplió los recaudos necesarios para la correcta elaboración de sidra.

Ponderó asimismo la ausencia de responsabilidad de la accionada por haber constatado el estado de la mercadería y cuestionado su idoneidad (conf. arg. 473 y cdtes. Cód. Com.).

Encontró reforzada la solución a través de la prueba pericial contable que dio cuenta del registro de la nota de débito emitida por la accionada en sus libros, que incluyó los montos de las facturas reclamadas y con base en la cual se intimó a la demandante por carta documento sin obtener respuesta concreta.

De otro lado, desestimó las impugnaciones de la actora a la prueba de informes y pericial, por considerarlas simples discrepancias que no lograron desvirtuar su eficacia.

Sobre tales bases, hizo lugar a la defensa de compensación y consideró extinguida la deuda.

El recurso.

Apeló la accionante a fs. 389. Su recurso fue concedido libremente a fs. 394.

Los fundamentos corren a fs. 409/413 y fueron contestados a fs. 432/433.

A fs. 414 se llamaron autos para dictar sentencia y a fs. 416 se practicó el sorteo previsto en el Cpr. 268.

Los agravios.

Se quejó la accionante en tanto consideró que: i) la nota de débito no comprendió las facturas reclamadas, ii) éstas se encontraron conformadas, iii) el cuestionamiento sobre la calidad de la mercadería fue realizado fuera del plazo previsto en el art. 473 del Cód.Com., iv) los análisis técnicos no le resultan oponibles, v) la prueba pericial en ingeniería se basó en los análisis cuestionados, y vi) la demandada consumió el producto adquirido.

La solución.

Adelanto que no atenderé todos los planteos recursivos de la recurrente sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (Cnfr. CSJN, in re: “Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13/11/1986; ídem in re: “Soñes, Raúl c. Adm. Nacional de Aduanas” , del 12/2/1987; bis ídem, in re: “Pons, María y otro” del 6/10/1987; ter ídem, in re: “Stancato, Caramelo”, del 15/9/1989; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

Inicialmente señalaré que no resultó controvertido que, en el marco de la relación comercial habida, la accionante proveyó caldo de manzana a la demandada para la producción de sidra y emitió ciertas facturas.

Cuvillier SA explicó que la mercadería no cumplía con los requisitos del Código Alimentario Argentino (art. 1086), y que en base a ello, de común acuerdo emitió una nota de débito que comprendió, entre otras, las facturas aquí reclamadas.

Agregó también que acordó verbalmente con Rodacel SRL que ésta aceptaría el resultado de los exámenes del laboratorio y no reclamaría el pago de las facturas emitidas por la mercadería defectuosa, mientras que su parte no exigiría el cobro de las sumas a su favor resultantes de la nota de débito.

El a quo hizo lugar a la defensa de compensación. En prieta síntesis, juzgó que: i) los exámenes de las muestras del caldo de manzana y pericial en ingeniería demostraron que el producto resultaba inapropiado para la elaboración de sidra, ii) la accionada cuestionó oportunamente la calidad de la mercadería suministrada (art. 473 y cdtes. Cód.Com.), iii) en base a ello se emitió la nota de débito, que se encontró debidamente y iv) las impugnaciones a los informes de laboratorio y prueba pericial en ingeniería no lograron controvertir eficazmente sus conclusiones.

Anticipo que propondré la revocación del veredicto de grado en base a las objeciones formula das a los análisis de laboratorio sobre la mercadería suministrada.

Me explico.

Rodacel SRL impugnó los análisis de laboratorio, controvirtiendo que hubieran sido efectuados sobre el caldo de manzana por ella suministrado.

En tal sentido, indicó que no le resultan oponibles, por cuanto no fue notificada en su oportunidad del procedimiento que se realizaría a fin de constatar que se efectuaba sobre el caldo por ella provisto. Dijo que tal era el único modo de preservar la bilateralidad y su derecho de defensa, como lo prevé el procedimientos establecido en el Cód. Com. 476 (v. fs. 401 vta. último párrafo y 402).

Encuentro que le asiste razón. En efecto, resultó carga de la accionada demostrar los argumentos sobre los cuales estructuró su defensa, a saber: que la mercadería sobre la cual fueron realizados los análisis fue la suministrada por Rodacel SRL.

Sin embargo, lo cierto es que no acreditó la defendida, como era su carga (cpr.:377) cuál fue el origen de las muestras, y/o que la reclamante hubiera tenido conocimiento de los ensayos o debida participación en los mismos.

Repárese que de los informes suministrados a fs. 268/276 y 287 por los laboratorios Ingeis y Ciati A.C. -sobre los cuales la defendida invocó la inapropiada calidad de la materia prima-, no puede inferirse el origen de las muestras, en tanto ellas solo aparecen identificadas con códigos numéricos sin ningún detalle que indique su procedencia.

Destaco, inclusive, que los estudios de Ingeis fueron realizados entre el 24.7.07 y 11.9.07 (v. fs. 268/270), esto es, con anterioridad a la recepción de la mercadería cuestionada a partir del 26.9.07 (v. fs.63, 65, 67, 69, 71, 73 y 75 y pericial contable a fs. 302, pto. 3). Esta circunstancia, de suyo, desdibuja el argumento defensivo.

Pero hay más. No solamente la demandada incumplió la carga procesal de acreditar que la muestra escogida para realizar los análisis se extrajo de la mercadería suministrada por la accionante (o, en su caso, que aquélla fue notificada antes de su realización), sino que tampoco demostró que, a raíz de las negociaciones entabladas -como sostuvo a fs. 228- se hubiera arribado a un acuerdo para la emisión de la nota de débito (cpr. 377).

Ello pues no instó la producción de la prueba testimonial ofrecida a fin de “dar cuenta de lo pactado entre las partes al momento de la determinación de la irregularidad del caldo de manzana” (sic.; v. fs. 255 vta.), ni al momento de ser proveídas las pruebas en la instancia de grado (v. fs. 253/4) ni en la oportunidad prevista en el cpr. 260.

Recuérdese que para que una nota de debido o de crédito resulte válida, su causa de emisión debe guardar relación con la contratación originaria celebrada entre las partes. De lo contrario, esto es, si el documento fue emitido por la sola voluntad de una de ellas sin la existencia de una circunstancia real y efectiva que hubiera justificado su emisión, el documento carecerá de validez (conf. Rouillon; Adolfo A. N., “Código de Comercio Comentado y Anotado”, t° 1, pág. 621, ed. La Ley, año 2005).

Ello lleva a concluir en la improcedencia de la emisión de la nota de débito “.por dif. en el valor del grado alcohólico por no adecuarse a lo establecido en el código alimentario argentino art. 1086” (sic., v. fs. 216).

Por lo demás, señalo que su emisión no fue comunicada a la reclamante sino luego de la intimación al pago de las facturas, tal como lo expresara la accionada a fs.312.

Sentado que no cupo emitir la nota de débito sobre la cual se estructuró la defensa de compensación, ha de concluirse que las facturas objeto de reclamo permanecen impagas.

Condena.

Síguese de ello que postularé el acogimiento del recurso y, consecuentemente, la admisión de la acción deducida, con el alcance de condenar a la defendida al pago del capital reclamado de $159.553,65.

Intereses.

En relación a la tasa de interés que corresponde aplicar desde la mora -que no ha sido precisada en el demanda- postularé la utilización de aquella equivalente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, en tanto coincido con la doctrina que emana del fallo plenario dictado por esta Cámara en autos “Sociedad Anónima La Razón s/quiebra s/incidente de pago de profesionales (art. 288)” del 27/10/94 (ED 160-205), con base en los fundamentos desarrollados por

Fecha de firma: 29/12/2015, esta Sala en autos “Moreno Constantino Nicasio c/ Aseguradora Federal Argentina SA s/ ordinario” el 1.8.13.

Asimismo, a partir del 1.8.15, por las razones que “infra” daré, adelanto que, de momento, propiciaré que se continúe aplicando la misma tasa (conf. args. arts. 1, última parte y 3 del CCyC, conf. mi voto en “Díaz Víctor Alcides c/ Fiat Auto S.A. de Ahorro p/f Determinados y otros s/ ordinario” del 29/9/15).

En efecto.

De acuerdo con averiguaciones hechas desde esta Vocalía, no hay reglamentaciones específicas del BCRA que establezcan diversas tasas de interés moratorio para las distintas relaciones jurídicas a partir de la entrada en vigencia -el 1ro. de agosto del corriente año- del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. arg. art. 768 inc.”c”, del CCyC.).

Me explico.

Como premisa inicial, sostengo que los intereses moratorios producidos a partir del 01.08.15 son una consecuencia no agotada de la relación jurídica y que, sobre tal base, deben regirse por la ley nueva (conf. arg. art. 7, 1er. párrafo, CCyC.; conf. Moisset de Espanes, Luis; “Irretroactividad de la ley y el nuevo art. 3 (Código Civil)”, pág. 19, Ed. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1976).

Así, desde mi perspectiva interpretativa del derecho transitorio aunado al contenido de las disposiciones del art. 768 del CCyC., los nuevos accesorios devengados por la mora ya no pueden ser fijados de acuerdo a las pautas de los arts. 565 del CCom. y 622 del CCiv.

En este sentido, el art. 768 del CCyC. dice sobre los intereses moratorios que: “A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a. por lo que acuerden las partes; b. por lo que dispongan las leyes especiales; c. en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

En el caso, no hay tasa acordada por las partes ni dispuesta por ley especial. Así, en este supuesto, la cuestión debe decidirse de acuerdo a lo previsto en el último inciso del transcripto art. 768, es decir, “.por tasas que se fijen según reglamentaciones del Banco Central”.

Desde este enfoque conceptual, las diversas tasas de interés moratorio que el BCRA determine, en su caso, habrán de aplicarse a todas aquellas relaciones jurídicas que no tuvieren una prevista ni por las partes ni por la ley.

Ahora bien.

Pese a que el art. 768 inc. “c.” del CCyC resulta de aplicación inmediata, como señalé, al día de la fecha no existen reglamentaciones actuales del BCRA que determinen, de acuerdo al art. 768, inc. c del CCyC., cuáles son estas tasas.

Así las cosas y en este estado inicial de situación, frente a la ausencia de reglamentación especial actual, el deber de los jueces de resolver (art.3 del CCyC) y vistos los usos, prácticas y costumbres imperantes, juzgo que, por el momento, procede continuar con la aplicación de la tasa activa usualmente utilizada por este Fuero Comercial (“S.A. La Razón s/ quiebra inc. de pago profesionales (art. 288)”, del 27.10.94 y esta Sala F “Moreno Constantino Nicasio c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. s/ ordinario”, del 01.08.13.).

Mora.

Respecto de la mora, dado que en las facturas base del reclamo solo se especificó “cuenta corriente” sin determinar plazo de pago, resulta de aplicación lo normado en el Cód. Com. 474, segundo párrafo. De allí que propondré que se la fije a partir del décimo día de recepción de cada una de ellas.

Las costas del proceso.

De conformidad con lo previsto por el cpr. 279, ponderando la modificación de la sentencia de grado que aquí se propicia, procede la readecuación del régimen de costas decidido en la anterior instancia.

Conforme al art. 68 del Cpr., el principio general es la imposición de las costas al vencido, y solo puede eximirse de esa responsabilidad -si hay mérito para ello- mediante un pronunciamiento expreso acerca de dichas razones, bajo pena de nulidad (conf. Fallos: 328: 4504 y 332: 2657).

Por ello, y por no advertir motivos suficientes para apartarme del principio establecido en dicha norma, corresponde que las costas del pleito, en ambas instancias, se impongan a la parte vencida (conf. CSJN, “Ferreyra, Claudia Alejandra e/ Universidad Nacional de Córdoba s/ Civil y Comercial – varios” 13.3.15).

Conclusión.

Por todo lo expuesto, si mi criterio fuera compartido por mis distinguidos colegas, propongo al Acuerdo: i) acoger los agravios plasmados por la accionante y, consecuentemente, revocar el pronunciamiento de grado, condenando a Bodegas Cuvillier S.A a abonar a Rodacel S.R.L.la suma $159.553,65 (pesos ciento cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres con sesenta y cinco centavos), con más los intereses establecidos en el apartado f, desde la mora, a computarse según lo dispuesto en el apartado g; ii) imponer las costas de ambas instancias a la demandada perdidosa; y iii) fijar el plazo de diez días para el cumplimiento de la presente.

Así voto.

El Dr. Juan Manuel Ojea Quintana dice:

Estimo apropiado aclarar que juzgo, como línea de principio, que no corresponde la aplicación inmediata -a partir del 1.8.2015- de la preceptiva concerniente a los réditos moratorios establecida por el artículo 768, inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación, tratándose esta materia recursiva de una situación jurídica -procesal- preexistente a la vigencia del citado cuerpo legal (conf., esta Sala, voto de la mayoría, “Guzmán de San Félix c/Plan Ovalo y otro s/Ordinario” del 29/10/2015; íd. “López Gregoria c/Telecom s/Ordinario”, del 19/11/2015; íd., voto del Dr. Ojea, “Pérez Mónica Lourdes c/Enriquez Miguel Ángel s/ordinario”, del 22/10/2015).

Con tal alcance adhiero al voto precedente.

El Dr. Rafael F. Barreiro dice:

Con el alcance establecido por el doctor Juan Manuel Ojea Quintana, adhiero a la solución propiciada en el voto que abrió este Acuerdo.

Con lo que finalizó este Acuerdo en el que firmaron los Señores Jueces de Cámara Doctores:

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2015.

Vistos:

Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: 1) acoger los agravios plasmados por la accionante y, consecuentemente, revocar el pronunciamiento de grado, condenando a Bodegas Cuvillier S.A a abonar a Rodacel S.R.L.la suma $ 159.553,65 (pesos ciento cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y tres con sesenta y cinco centavos), con más los intereses establecidos en el apartado f, desde la mora, a computarse según lo dispuesto en el apartado g; 2) imponer las costas de ambas instancias a la demandada perdidosa; y 3) fijar el plazo de diez días para el cumplimiento de la presente.

Notifíquese al domicilio electrónico denunciado o en su caso, en los términos del art. 133 CPCC (ley 26.685, Ac. CSJN 31/2011 art. 1°, 38/2013 y R.P. de esta Cámara N° 71/2014) y devuélvase a la instancia de grado. Hágase saber a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. N° 15/13 y Ac. N° 24/13).

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

Rafael F. Barreiro