Indemnizan a agente penitenciario que en cumplimiento de sus funciones fue ferozmente atacado por internos.

Parshutterstock_166736687tes: Amparan Julio Adrián c/ La Segunda A.R.T. S.A. s/ accidente

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 5-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-97137-AR | MJJ97137 | MJJ97137

Procedencia de la demanda promovida por un agente penitenciario, quien al descubrir un túnel en el pabellón, fue atacado por internos encapuchados, que le dieron un mazazo en la cara. Cuadro de rubros indemnizatorios.ghhghjfgg

Sumario:

1.-Cabe confirmar la demanda que hizo lugar a la demanda por accidente, pues está reconocido que el actor se desempeñaba como agente penitenciario, que fue atacado por internos en el penal, recibiendo un mazazo en la cabeza, que recibió tratamiento médico, y que la Comisión Médica le determinó una incapacidad del 12 %.

2.-Corresponde declarar la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio del art. 14 ap. 2 de la LRT, pues al otorgar facultades al Poder Ejecutivo para que considere un tope en el reclamo no otorga una justa composición de sus derechos; tanto es así que ya en el decreto 1694/09 este tope fue modificado y para los juicios futuros la nueva LRT 26.776 no lo contempla.

Fallo:

En Mendoza a los cinco días del mes de febrero de 2016 se reúnen en su Sala de Acuerdos los Sres. Jueces de la EXCMA. Tercera Cámara de Trabajo Dres.: ENRIQUE HECTOR CATAPANO , INES RAUEK DE YANZON y M0NICA ARROYO, a los fines de dictar sentencia definitiva, en los autos Nº 40.021 caratulados: AMPARAN JULIO ADRIAN c/ LA SEGUNDA A.R.T. S.A. p/ ACCIDENTE de cuyas constancias,

RESULTA:

1) Que a fs. 10 comparece el Sr. JULIO ADRIAN AMPARAN, por medio de su apoderado y viene a promover demanda ordinaria contra LA SEGUNDA A.R.T. S.A., mediante la cual reclama la cantidad de $ 20.662,00 – o lo que en más o en menos, resulte de la prueba a rendirse en autos, con más sus intereses legales y costas.

PLANTEÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 46,

21, 22 y 6 ap. 2º DE LA L.R.T.

Siendo innecesario el desarrollo de los tres primeros, ya que el Tribunal previa vista al Ministerio Fiscal, a fs. 33 se declaró competente para entender en la presente causa y declaró la inconstitucionalidad de los mismos y con respecto a la inconstitucionalidad del art. 6º ap. 2º de la L.R.T. dedujo el planteo para el supuesto que se encuentre su reclamo como enfermedad accidente.

HECHOS

Expresa que se desempeñaba bajo relación de dependencia Del Ministerio de Gobierno de Mendoza desde abril de 2005, cumpliendo su funciones como Agente Penitenciario, con una jornada laboral de turnos rotativos de lunes a viernes.

Refiere que el día 06 de setiembre de 2005, a las 19,30 hs., en momento que descubre un tunel, en el pabellón Nº 9 de presos con condenas largas, es atacado por internos encapuchados, que le dieron un mazazo en la cara, por lo que debieron trasladarlo al Hospital Militar, donde le hicieron RX y le dieron calmantes y reposo, a los tres días vuelve al Hospital, donde le informa que debe hacerse implantes de pieza incisiva izquierda.Van con manifestaciones fóbicas G II

Al negarse la ART a fijar la ILT, el actor solicitó la intervención de la Comisión Médica Nº 4 , esta se pronunció asignándole una incapacidad del 12 % .

Destaca el accionante que ingresó apto a principios de 2005 y que luego del accidente no ha recuperado la capacidad plena .

Dice que con posterioridad al accidente, en razón de los continuos dolores concurrió en consulta al Dr. Francisco Diaz Peralta, especialista en Medicina Laboral, quién en orden de las lesiones constatadas, determinó que el actor padece una incapacidad del 12 % parcial y permanente de la total obrera,

PRACTICA LIQUIDACIÓN

Denuncia un IBM de $ 2.658,00, edad al momento del accidente 26 años, coef. de edad = 2,50 ( 65/26), incapacidad 12 %.

IBM = $ 2.658,00 x 53 x 2,50 x 12 % = $ 42.262,00

Tope = 180.000 x 12 % incapacidad = $ 21.600,00

Reconoce haber recibido el pago de $ 21.600, por lo que acciona por la diferencia $ 20.662

PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL TOPE

Sostiene que el tope solo beneficia a las ART, y que con motivo de la inflación recaudan mas, ya que los sueldos aumentan, lo que les produce un enriquecimiento sin causa. Lo que no le garantiza al trabajador la reparación integral.

En razón de ello deduce la inconstitucionalidad del art. 14 – 2a y 46 de la ley 24.557, Considera que se vulnera el derecho de propiedad normado por el art. 17 de la C.N. y los Tratados Internacionales.

Que desde que se fijó el tope de $ 180.000, en el año 2001 , han pasado siete años y el país ha vivido una crisis financiera, lo aque significó una inflación del 30 % anual acumulativa. Igualmente los salarios han sido incrementados, la alicuota se paga a la ART en base a ese incremento y el tope no ha sido modificado y el obrero percibe accidentado percibe una indemnización que no esta ajustada a la realidad, a la razonabilidad y a la equidad.

Fundo su reclamo en derecho y ofreció prueba:a) instrumental, b) informativa, c) pericial contable .

Solicitó en definitiva que oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas.

A fs, 18 se notificó la demanda y se corrió traslado de la misma a la accionada.

2) A fs. 24 compareció la demandada, LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. por medio de su apoderado, con patrocinio letrado y vino a oponerse a la demanda instaurada en su contra y solicitó su rechazo, con costas.

No obstante de sostener la constitucionalidad de la ley 24.557, consiente la competencia del Tribunal.

Seguidamente contestó la demanda y en tal sentido negó todos y cada uno de los hechos invocados por el actor, en su demanda, que no sean motivo de expreso reconocimiento en su responde.

Niega que el actor tenga derecho para accionar como lo hace y desde ya plantea la excepción de pago, atento que el accionante cobró la cantidad de $ 21.600,00 correspondiente a una incapacidad del 12 %. Por ello impugna la liquidación presentada en la demanda.

Destaca que el actor acciona en base al accidente sufrido con fecha 06/09/05, al desempeñarse como agente penitenciario fue atacado, recibiendo un mazazo en la cara. Reconocer haber sido atendido por la ART y recibió prestaciones médicas y dinerarias, ya que fue atendido por la Segunda y la Comisión Médica determinó una incapacidad del 12 % , percibiendo la cantidad de $ 21.600,00. Sostiene que el plateo de inconstitucionalidad debe ser rechazado: invoca en tal sentido la teoría de los actos propios, ya que se ha servido de los beneficios de la ley 24.557, ha percibido la indemnización fijada por la ley 24.557 de conformidad y luego plantea su inconstitucionalidad de la misma.CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 24.557

Pone de relieve que su mandante es una Aseguradora de Riesgos del trabajo, creada dentro del marco de la ley 24.557 y que ha implementado el resarcimiento de riegos del trabajo, en base a pautas y procedimientos concretos y su parte sólo podrá proporcionar las prestaciones prevista por la L.R.T., establecidas en el contrato de afiliación art. 49 L.R.T. y su indemnización tarifada no esta en pugna con la Constitución.

Es el Poder Legislativo el que determina la forma de proteger los derechos y las garantías consagradas en la Constitución Nacional y considera que no puede ser discutida por el Poder Judicial cita jurisprudencia sobre el particular.

SE OPUSO A LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL TOPE DEL ART 14 DE LA LEY 24.557

Considera en tal sentido que dicha norma esta dentro de las garantías dela rt. 16 bis de la C.N. y se ha establecido como términos justos y equitativos y ha sido instituido para dar marco a la indemnización.

Y la determinación del tope es facultad del Poder Ejecutivo sin que corresponde a los jueces decidir sobre el mérito y conveniencia de la legislación sobre la materia, salvo que su aplicación configure la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar.

Cita doctrina y jurisprudencia, en el sentido que el magistrado no esta facultado para crear nuevos topes u obviar el sistema establecido por la ley.

EL CONTRATO DE AFILIACIÓN

Sostiene que el contrato celebrado con el gobierno de la Provincia de Mendoza, fue a los términos de la ley 24.557 y no existe la posibilidad de ser demandado por algo distinto lo previsto por le L.R.T. y obligada a una indemnización mayor a la prevista por al ley. De ser condenada su parte modificándose el contrato y el acuerdo de voluntad.Se infringiría el principio de congruencia y se modificaría lo acordado por las partes y no reconocer un contrato, sino crearlo : Cita Fallo de nuestra excma Suprema Corte de Justicia de la Nación.-

Argumenta que su obligación de indemnizar se hace en base a la prima, por el riesgo contratado.

Ofreció prueba: a)instrumental, b) confesional, c) pericial de Médico laboralista, d) informativa

Para el supuesto que no se acoja la defensa esgrimida hace reserva de recurrir por el Caso Federal .

Ofreció prueba: a) instrumental, b) confesional, c) informativa

Solicitó en defintiva el rechazo de la demanda, con costas.

De la contestación de la demandada se ordenó correr traslado a la actora.

3) A fs. 30 la actora evacuó el traslado conferido y vino a ratificar en su totalidad los dichos de la demanda.

Niega la prueba instrumental ofrecida pro al demandada .

Rechazó la defensa de pago deducida por la demandada, ya que de la prueba del expediente surgirá ahí la suma pagada es correcta o existe diferencia.-

Solicitó se corriera vista al Sr. Fiscal de Cámaras.

4) A fs. 33 corrida vista al Ministerio Fiscal de las inconstitucionalidades deducida, se expidió en el sentido sobre la procedencia de la misma de los arts. 8, 21, 22 y 46, de la ley 24.557

5) A fs. 35 el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los art. 21, 22 y 46 de la L.R.T y admitió la prueba ofrecida por las partes, con excepción de la pericial contable, por considerarla innecesaria.

A fs. 45 se llevó a cabo la audiencia de conciliación , la que se dió por fracasada al no llegar las partes a un advenimiento.

A fs. 50/115 se acompañó las actuaciones llevada a cabo ante la superintendencia de Riesgos del Trabajo

A fs. 129 se fijó audiencia para sustanciar la vista de la causa. La que se llevó a cabo a fs. 146.

De conformidad con lo normado por el art. 69 del C.P.L. modificado por ley 6644 y en el orden de votación sorteado a fs.231, se procedió a plantear y resolver las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTION: EXISTENCIA DE LA RELACIÓN DE EMPLEAO PÚBLICO AMPARADA POR LA ART DEMANDADA.

SEGUNDA CUESTION PROCEDENCIA DE LA DEMANDA

TERCERA CUESTION COSTAS.

A LA PRIMERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. CATAPANO DIJO:

A ) Que el vínculo laboral no es una cuestión controvertida, esta acreditada por los bonos oficiales de salarios cuyas copias obran a fs. 5/6

La ART demandada expresamente lo reconoce en su responde a fs. 26 vta , cuando dice que el Gobierno de la Provincia de Mendoza y su poderdante suscribieron un contrato de afiliación por las prestaciones prevista por la ley 24.557: Que actor se sirvió de los beneficios de la ley 24.557 y que recibió las prestaciones médicas y rehabilitatoria y que fue indemnizado percibiendo la can tidad de $ 21.600, en base a la incapacidad del 12 % determinada por al Comisión Médica.-

Con lo cual ha quedado acreditado la relación de empleo público y la cobertura por accidentes de trabajo amparado por la ley 24.557.

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LAS SRAS. JUECES DRAS. ARROYO Y RAUEK DE YANZON DIJERON: Que por fundamentos similares adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL SR. JUEZ DR. CATAPANO DIJO:

B) Que el actor acciona reclamando de la diferencia de indemnización, que surge por la aplicación del tope del art. 14 ap. 2º de al ley 24.557. Concretamente dedujo la inconstitucionalidad de dicha mora y reclamo pago de $ 20.662,00 .

Al practicar el cálculo indemnizatorio conforme a la incapacidad determinada por la Comisión Médica de 12 % de fs. -114; en base a un BM de $ 2.658 x 53 x coef de edad 2,50 ( 65/26 ) x 12 % de incp. = $ 42.262 , reconoce haber percibido el base al tope dela rt. 14 la cantidad de $ 21.600 ( osea el tope de $ 180.000 x 12 % = $ 21.600 )

Por su parte la demandada LA SEGUNDA ART. SA.se opuso a la demanda instaurada y dedujo la defensa de pago en razón de haber pagado, la indemnización forme los determina la ley 24.557 en su art. 14 ap.2º .

Se opuso a la inconstitucionalidad.-

C) ANALISIS DE LA PRUENA

En este orden de hechos cabe considerar la procedencia de la demanda, a cuyo fin destacamos que no hay controversia , respecto del accidente , esta reconocido que el actor se desempeñaba como agente penitenciario, que fue atacado por internos en el penal, recibiendo un mazazo en al cabeza. que recibió tratamiento médico, y que la Comisión Médica le determinó una incapacidad del 12 % , recibió la indemnización con tope de $ 21.600 y a los fines de percibir el dinero que fue afectado por el tope, por plantea la inconstitucionalidad del art. 14 ap. 2 de la ley 24.557.

E) ANALISIS DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 14 DE LA LEY 24.557

Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse en casos similares y una de la primera causas de esta naturaleza, en la que el obrero no consiente el dictamen de la ART o de la Junta Médica ( Alcayaga C/ APERC¡BUCI )

Que ante el fracaso de lograr la reparación del infortunio la actora acude a esta instancia judicial

III. Aplicación de la ley 24557 al caso de autos.:

INCONSTITUCIONALDIAD DELA RT. 14 AP. 2º DE LA LEY 24.55. Para ello tenemos presente que el Tribunal se ha ha pronunciado en distintos fallos similares al presente por tanto tomaremos uno de ellos. en el que actuó como preopinante la Dra Ines Rauek de Yanzón (autos Nº29.562, caratulados: “SIMON, JOSE DOMINGO C/ ASOCIART S.A. ART. p/ ACCIDENTE”) en el que tenemos dicho: La inconstitucionalidad de la ley 24557 y de los decretos 170/96 y 658/96.

La descalificación del art. 14 º de la ley 24.557

La actora pretende la inconstitucionalidad de la mencionada norma legal, por entender que vulneran garantías constitucionales.Como enseña Ackerman, citando a Sagüés, la Argentina ha adoptado un sistema de control judicial de constitucionalidad de las normas que, que tiene las siguientes características: difuso, letrado, permanente, reparador, opera por vía de acción y excepción, es incondicionado, amplio en cuanto a los sujetos que pueden promoverlo, actúa a petición de partes, es parcial, tiene efectos decisorios, no implica derogación de normas, tiene eventualmente efectos restitutivos y retroactivos y está sujeto a control supranacional. (ver Mario E.Ackerman, La responsabilidad civil en la LRT, ed. Hammurabbi, 1998, pag.184).

“Como consecuencia de estas notas, y del principio de división de poderes, el efecto de la sentencia de inconstitucionalidad es relativo, interpartes y no erga omnes. El corolario obligado de estas características, es que en el sistema argentino de control judicial de constitucionalidad, no es admisible una declaración en abstracto, general y directa de inconstitucionalidad, dado que ésta reclama inexcusablemente, un caso concreto en cuyo contexto tal declaración resulta imprescindible para la resolución de la causa. En estos términos, la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma requiere, previamente, el desarrollo de un proceso de conocimiento, con el debido respeto de bilateralidad y el derecho de contradicción, en el que se acredite que la aplicación de la regla impugnada, en el caso concreto, supondría para el peticionante, el desconocimiento de alguna garantía constitucional.”. “Entre otras razones, porque además del derecho a la reparación, el peticionante deberá demostrar, previamente, en el caso concreto, esa insuficiencia en la que fundamenta la inconstitucionalidad de la regla legal”.”El art. 14 ap.2 de la LRT, en cambio, plantea un supuesto de inconstitucionalidad directa relativa, ya que la norma lesionará garantías constitucionales en algunos, probablemente muchos casos, pero no en todos.. lo que debe resolverse es el caso y no la validez general de la norma, lo que requiere para su declaración, el agotamiento de un juicio de conocimiento con el obvio e ineludible respeto de las garantías del debido proceso”(Ackerman, La Responsabilidad civil en la LRT, ob cit, pg. 185 y pg. 203).

Nuestra Suprema Corte de Justicia de Mendoza, si bien se pronuncio en un fallo se sobre la constitucionalidad del art.39 de la LRT en ese caso concreto; y estableció algunos principios que es necesario tener en cuenta por tratarse del Superior Tribunal de la Provincia. En “Accordino G.por sí y por su hijo menor c/ Pride Petrotech Internacinal S.A.”, la Sala II Penal y Laboral en fallo del 14/3/01 (pub. en Derecho del Trabajo, La Ley, ag.2001 pg.1548 con nota del Dr.Rafael Porras), estableció la siguiente doctrina: “La ley 24.557 ha generado numerosas polémicas y posiciones mayoritariamente críticas, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia emitidas al respecto, al menos en los tribunales inferiores y tratándose de un sistema integral, aparece tentador formular ese juicio general, sea favorable o desfavorable también en forma integral, pero al juzgador le corresponde adoptar una actitud prudente y de conformidad con el planteo, limitándose a resolver exclusivamente los puntos cuestionados con omisión de valoraciones genéricas y políticas, de modo de preservar los roles de los poderes políticos por un lado y las facultades jurisdiccionales por el otro. La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un remedio excepcional, la última “ratio” del ordenamiento jurídico o la sanción judicial más fuerte que puede adoptar el poder judicial frente a la divergencia de una norma de carácter general, en consecuencia debe advertirse, a tal efecto, con toda claridad y evidencia, la lesión de los principios constitucionales. La declaración de inconstitucionalidad debe manifestarse en el caso concreto en una causa judicial, frente a agravios expresados y con efectos particulares para el caso.La declaración de inconstitucionalidad no debe interferir en las decisiones y valoraciones políticas adoptadas para las transformaciones de las instituciones jurídicas, es decir que no puede sustituir la voluntad del legislador, ni debe interferir en la voluntad de los cambios legislativos introducidos. El art.14 de la ley 24.557 será o no constitucional en cada caso concreto, cuando se visualice el contenido reparador o si económicamente es justo o no el mismo, mientras que, toda vez que la declaración de inconstitucionalidad es la última “ratio” del remedio judicial, debemos defender el sistema como principio general, sin perjuicio de advertir la invalidez constitucional de otros aspectos de la ley citada como la caducidad del beneficio del art.19 o el tope indemnizatorio que se fijó inicialmente en la suma de $55.000. AUMENTADO LUEGO POR EL DRECRETO 1278/00 a $ 180.000. El principio “alterum non laedere”, porque la llave maestra del principio de igualdad es la razonabilidad del criterio reparador y que el mismo no se vea frustrado en el tiempo, mientras la otra gran llave es la generalidad del sistema y la aplicación de la igualdad en iguales circunstancias.

El criterio de razonabilidad está directamente relacionado con el principio de adecuación de medios a fin y al principio de equidad”.

En el caso de autos, la invocación del agravio constitucional logra demostrar en forma concreta como los artículos cuya inconstitucionalidad plantea afecta los derechos que sostiene vulnerados, ya que por vía de un decreto reglamentario, se lesiona el derecho del actor a ser indemnizado por un accidente adquiriendo por el trabajo y en ocasión del mismo Por lo tanto la norma resulta irrazonable y discriminatoria , ya que el art. 14 bis de la C.N. protege a la persona. El Art 73 inc. 23 del mismo cuerpo legal garantiza la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno goce del ejercicio de los derechos reconocido por la Constitución y por lo tratados internacionales sobre los derechos Humanos. El art.19 consagre el principio ” Alterarum nom laedere “.

Por lo tanto al otorgar facultades al Poder Ejecutivo para que considere un tope en el reclamo no otorga una justa composición de sus derechos. Tanto es así que ya en el decreto 1694/09, este tope fue modificado y para los juicios futuros la nueva ley de Riesgos de Trabajo 26.776 no lo contempla. Motivo más para declarar la inconstitucionalidad del tope de el art. 14 ap. 2 de la L.R.T. Máximo si tenemos en cuenta que el cálculo indemnizatorio tomo un IBM de un año anterior al evento daño con lo cual se parte de una retribución envilecida por la depreciación monetaria constante.

Aplicando el art. 14 de la ley 24.557 sin el tope y que debe responder por pago único.

La fórmula a aplicar es el ingreso base mensual, por 53 por el porcentaje de incapacidad (12 %) por 65 dividió la edad del actor 26 años. fs.3 ( 65/26 años ) = 2,5 ).

Ingreso bruto mensual, tomaremos el mismo que utilizó la Comisión Médica = $ 2.658 x 53 = $ 140.874 x coef. edad 2,5 = $ 352.185 x 12 % de incp. = $ 42.262,20, rest ando lo percibido por el actor $ 21.600, arroja un resultado a favor del accionante de $ 20.662,20 , por el que prospera la demanda.

INTERESES

Intereses de accidente es de aplicación la tasa activa por Resolución 414/96 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo art. 1º y 2º desde el día 18 de julio de 2007, fecha que se expidió la Comisión Médica Nº 4 a fs. 4.-

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LAS SRAS. JUECES DRAS. ARROYO y RAUEK DE YANZON Y DIJERON: que por fundamentos similares adhieren al voto que antecede.-

A LA TERCERA CUESTION EL SR. JUEZ DR. CATAPANO DIJO:

Las costas corresponde imponerlas a la demandada MAPFRE ARGENTINA ART. SA. (art. 31 del CPL).

Así voto.

A LA MISMA CUESTION LAS SRAS. JUECES DRAS. ARROYO Y RAUEK DE YANZON DIJERON:que por fundamentos similares adhieren al voto que antecede.

Y VISTOS: El acuerdo que precede, el Tribunal juzgando en definitiva,

RESUELVE:

I ) Hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del art. 14 ap. 2 de la ley 24.557.

II) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el Sr. JULIO ADRIAN AMPARAN contra LA SEGUNDA A.R.T. S.A y en consecuencia condenar a esta última a abonar, dentro de los cinco días de notificada la presente, la suma de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100 ( $ 20.662,20 ) en concepto de diferencia por indemnización por ACCIDENTE de trabajo acontecido el día 6 de setiembre de 2005, del que resultara una incapacidad del 12 % parcial, definitiva y permanente, más intereses y costas.

III). Por intermedio del Sr. Contador de las Cámaras de Trabajo Practíquese el cálculo de intereses, establecidos en la segunda cuestión.

IV). Determinado el capital definitivo del proceso regúlense los honorarios profesionales.

COPIESE.REGISTRESE.NOTIFIQUESE.-

LPGV

Firmado:

DR. ENRIQUE HECTOR CATAPANO GUDIÑO

Camarista

DRA. INES RAUEK DE YANZON

Camarista

DRA. MÓNICA ARROYO

Camarista