No procede el pedido de desvinculación de los resultados de búsqueda de Google, a un sitio web sobre la obtención y el destino de las donaciones que recibe una fundación.

Buscadores internetPartes: C. de P. M. G. y otros c/ Google Inc. y otro s/ medidas cautelares

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 11-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97758-AR | MJJ97758 | MJJ97758

No procede el pedido de desvinculación de los resultados de búsqueda, a un sitio web en el que se habrían vertido interrogantes sobre la obtención y el destino de las donaciones que recibe una fundación.
Sumario:

1.-Corresponde confirmar la resolución que rechazó la medida cautelar innovativa deducida con el objeto de que un buscador suprima la vinculación de un sitio web, con el resultado de las búsquedas realizadas ingresando el nombre de la actora, y de la Fundación que preside, en el cual se vierten difamaciones hacia su persona y vinculan a la Fundación con la comisión de los delitos de trata de personas y lavado de activos, dado que es irrazonable el dictado de la medida solicitada al titular de un motor de búsqueda, con la sola afirmación de que se trata de calumnias formuladas en forma ligera y desaprensiva, cuando tal circunstancia podría, en principio, ser planteada y controvertida con el titular del contenido.

2.-Deben desestimarse los argumentos sostenidos por la recurrente en el sentido de que la decisión apelada importa la inversión de la carga de una prueba de dificultosa producción, pues la especial protección constitucional del derecho a la libertad de expresión -tanto en su dimensión individual como colectiva- determina que si la pretensión cautelar se funda en calumnias o injurias que provocan una lesión a la intimidad, honor o buen nombre a través de medios electrónicos, la carga argumentativa y probatoria recae sobre quien pretende la restricción, extremo que no se verifica según los términos en que se requirió la tutela precautoria y se fundaron los agravios en esta instancia recursiva.

3.-Toda vez que se trata de la actividad de una persona pública, que preside una fundación con una importante y vasta actividad pública y que las expresiones vertidas en el blog denunciado tienen directa relación con su función y actividad, relacionado con la obtención y destino de las donaciones de la fundación, la cuestión queda desprovista del merecimiento de un umbral de protección más elevado, destinado a la intromisión en la vida privada de una persona que no ha ingresado voluntariamente a la esfera pública.

4.-La determinación de la veracidad de los hechos a los que se hace referencia en el blog denunciado exorbita, en el caso, el marco cognitivo propio de la medida cautelar en los términos en que ha sido planteada, máxime cuando no se dirige contra el autor de los contenidos y no se ha invocado ni acreditado la imposibilidad de identificar y reclamar al titular del único sitio web en el que se reproducen.

5.-No puede inferirse, del contenido cuestionado que se está afirmando la comisión del delito de trata de personas -como sostiene la actora-, desde que la utilización de términos como caridad prostíbularia o quilombo están relacionados con el manejo de las donaciones que recibe la Fundación y con su destino, y además de ello, no se trata de afirmaciones sino de interrogantes que se formulan sobre dichas circunstancias.

6.-Cabe agregar que, dada la posición e inserción que tiene la fundación en Internet, no es equivocado el razonamiento del a quo en cuanto a la posibilidad que tiene la actora para desmentir o replicar los hechos a los que se hace referencia en el blog a través del mismo medio o de otros; así tampoco se puede soslayar, en relación con lo dicho, que en la misma URL que se indica en el memorial de agravios y cuyo contenido se cuestiona, aparecen posteos favorables a la Fundación y rectificaciones sobre las circunstancia fácticas mencionadas en ella.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de marzo de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto a fs. 152/53 contra la resolución de fs. 150/51, fundado a fs. 155/69, y CONSIDERANDO:

1. La señora C., por derecho propio y en representación de la fundación “Pide un deseo – Make a Wish” por su carácter de presidenta, solicitó una medida cautelar innovativa con el objeto de que Google Inc. y Google Argentina SRL “adopten las medidas necesarias para suprimir la vinculación de un lista de sitios web, con el resultado de las búsquedas realizadas ingresando mi nombre y el de la Fundación Make a Wish, a través del motor de búsqueda Google” (en adelante se hará referencia a la Fundación). A tal fin, individualizó las URLs cuya eliminación pretende de la lista de resultados de Google (escrito de inicio, apartado II, fs. 99vta.).

Sostuvo la actora que contienen gravísimas difamaciones hacia su persona y vinculan a la Fundación con la comisión de los delitos de trata de personas y lavado de activos. Transcribió el contenido del sitio web que individualizó como http://loveartnotpeople.org/2014/01/04/m.-p.- la-caridad-prostibularia/, el cual consideró como “lesiones contumeliosas al honor”, y calificó su título como injurioso. Destacó que hay una fotografía en la que aparece con la señora Karina Rabolini.Asimismo, precisó que puso en conocimiento de Yahoo y Bing las restantes URLs, y que dichas empresas eliminaron los resultados de sus respectivos buscadores, mientras que Google rechazó la carta documento remitida con idéntico objeto.

Alegó perjuicios derivados de las afirmaciones vertidas en la referida URL, en el sentido de que ponen en riesgo donaciones o contribuciones cuya administración se cuestiona y la obra que realiza la fundación con niños que padecen enfermedades graves.

Por último, la peticionaria afirmó que los contenidos cuestionados importan un flagrante menoscabo de sus derechos personalísimos al honor, a la dignidad, al nombre, a la intimidad y a la imagen, protegidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.

Y citó el precedente de la Corte Suprema en el caso “Rodríguez, María Belén” para sostener que el buscador debe responder por contenidos ajenos cuando tomó conocimiento efectivo de su ilicitud y no actuó en forma diligente.

2. Pedida en esos términos la medida cautelar el a quo precisó que por ser innovativa y configurar un anticipo de jurisdicción favorable, deben apreciarse con suma prudencia los requisitos de admisibilidad.

También citó precedentes del Tribunal en cuanto a la complejidad de este tipo de cuestiones y a la necesidad de ponderar los derechos constitucionales involucrados.

Sobre esa base, no consideró suficiente para tener por acreditada la verosimilitud del derecho la sola manifestación de la actora en el sentido de que no incurrió en las conductas que se le endilgan en el blog, máxime cuando la medida requerida tiene como efecto impedir la libre expresión.

A ese fundamento añadió el juez que la actora tiene la posibilidad de contrarrestar por el mismo medio las manifestaciones vertidas en el blog, y de reclamar los daños y perjuicios que invoca.

Destacó, asimismo, que el destinatario de la medida (Google) no es el autor del contenido que se cuestiona, sino un mero intermediario que facilitaría la plataforma del blog y su acceso a través del buscador.

Finalmente, consideró el magistrado que no concurre el requisito del peligro en la demora de acuerdo conla fecha de los comentarios volcados en el blog y de la constatación notarial de ese contenido (2014).

3. Contra esa decisión se agravia la actora. Aduce que se configura la verosimilitud del derecho pues el contenido individualizado importa un flagrante menoscabo a sus derechos personalísimos que gozan de protección constitucional, a la vez que dañan la imagen de la Fundación, en la medida en que se afirma que es utilizada como un prostíbulo, y se la responsabiliza por delitos contra la integridad sexual y la libertad de las personas. Reitera los riesgos que tal contenido implica para una fundación que recibe donaciones o contribuciones respecto de las cuales se cuestiona su administración.

Por lo demás, invoca que se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho conforme con el criterio fijado por la Sala II de este Tribunal para admitir medidas cautelares contra los buscadores (causa “A., M.I. c/ Google Inc.”, resolución del 13-2-2015); cita también otros fallos como el dictado por la Corte Suprema en el caso “Rodríguez, María Belén”.

Sostiene la actora que no está obligada a probar que no incurrió en las conductas que se le endilgan, pues se invierte el principio de inocencia y de carga de la prueba, máxime cuando se trata de gravísimas afirmaciones anónimas hechas con total desaprensión y desprovistas de toda seriedad, las cuales configuran notorias contumelias sobre su honor y dignidad que, además, dañan la imagen de la Fundación.Vuelve a transcribir en el memorial de agravios el contenido de la URL http://loveartnotpeople.org/2014/01/04/m.-p.-y-la-caridadprostibularia/ y enfatiza que no hay referencias a la existencia de una denuncia penal o una investigación periodística.

Alega la recurrente que no es válido invocar la libertad de expresión para permitir la comisión de actos ilícitos en perjuicio de sus derechos constitucionales, y precisa que no se trata de información sobre un asunto de interés público ligadas a personas públicas, sino de afirmaciones contumeliosas desprovistas de toda seriedad.

Niega que el descargo que pudiera hacer a través del mismo medio en el que se reproduce el contenido lesivo, no es suficiente para impedir el daño ocasionado, y sostiene la legitimación pasiva de Google como administradora del motor de búsqueda, más allá de quién resulte ser autor de las publicaciones, y que dicha empresa está en mejores condiciones de cumplir con la medida para resguardar los derechos que invoca. Cita la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el cual se obligó a Google a aplicar el derecho al olvido (caso “Costeja”).

En último término, afirma que está acreditado el peligro en la demora y que la denegatoria de la medida importa una decisión arbitraria que viola la garantía de tutela judicial efectiva consagrada en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales y en el art. 52 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto ordena la prevención de los daños provenientes de las conductas que lesionan derechos personalísimos.

4. Así planteada la cuestión a resolver, cabe recordar en línea con lo establecido en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y en la ley 26.032, que la Corte Suprema ha considerado que la actividad desplegada por los blogs se encuentra amparada por la libertad de expresión (in re “Sujarchuk, Ariel Bernardo c. Warley, Jorge Alberto s.daños y perjuicios” , S.C., S.755, XLVI, del 1-8-2013). Internet es un medio que, por sus propias características y funcionamiento, resulta adecuado y propicio para difundir información, expresar ideas y opiniones. Tales conclusiones también son aplicables a los motores de búsqueda, cuya importancia en la búsqueda y difusión de información y de opiniones ha destacado el Alto Tribunal (“Rodriguez, María Belén c. Google Inc. s. daños y perjuicios” , R.522.XLIX, del 28-10-2014).

Es decir, la cuestión que se plantea involucra dos intereses esenciales que necesariamente se deben ponderar: por un lado, el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar y conocer todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet (con sus efectos positivos y negativos); y por el otro, los derechos personalísimos o de personas jurídicas que podrían resultar afectados por el uso que se hace del referido medio de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso (esta Sala, doctrina de la causas 4560/10 del 15-3-2012, 6804/12 del 30-4-2013 y 484/13 del 16-12-2014).

Las apreciaciones formuladas imponen concluir que la intervención estatal en estos asuntos -la cual incluye la de los tribunales judiciales- debe ser particularmente cuidadosa de no afectar el derecho a la libre expresión (esta Cámara, Sala 2, doctrina de la causa 7456/12 del 17- 12-2013, con cita de “Reno, Janet v. American Civil Liberties Union et. al.” 521 U.S.844-1997). Tal prudencia se justifica, por lo demás, en virtud del carácter innovativo de la medida requerida, la cual importa un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (Corte Suprema, Fallos 316:1883, 318:2431 , 319:1069 , 321:695 , 325:2347 y 331:466 ), como lo destacó el a quo.

Ahora bien, las pautas referidas no implican que, como principio, resulte improcedente en cualquier supuesto la protección cautelar pretendida, en el entendimiento de que ninguno de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional es absoluto. Es en cada caso concreto que se deben ponderar los derechos involucrados para dictar una decisión ajustada a las referidas pautas y de acuerdo con las particulares circunstancias que lo caracterizan.

5. Desde esa perspectiva, se deben precisar ciertos aspectos fácticos que surgen de las constancias incorporadas a la causa en este estado liminar del proceso; en particular, del contenido que cuestiona la recurrente y que transcribe en su memorial de agravios (ver fs. 158/vta.).

Tal contenido se encuentra reproducido en un único blog denominado “loveartnotpeople.org” cuyo titular sería, según se indica en el mismo sitio web, una persona llamada Rodrigo Cañete y que intervendría en las afirmaciones que en él se vierten (ver fs. 61 y 97).

La especial protección constitucional del derecho a la libertad de expresión -tanto en su dimensión individual como colectiva- determina que si la pretensión cautelar se funda en calumnias o injurias que provocan una lesión a la intimidad, honor o buen nombre a través de m edios electrónicos, la carga argumentativa y probatoria recae sobre quien pretende la restricción (Corte Suprema, “Rodríguez, María Belén c. Google Inc. s.daños y perjuicios”, R.522.XLIX, del 28-10-2014, disidencia parcial de los doctores Lorenzetti y Maqueda, considerando 13; esta Cámara, Sala 2, causas 7183/08 del 3-6-2009, 4718/09 del 8-6-2010, 978/10 del 12-7-2011 y 92.755/13 del 24-4-2015); extremo que no se verifica según los términos en que se requirió la tutela precautoria y se fundaron los agravios en esta instancia recursiva. Ello conduce a desestimar los argumentos que en este punto sostiene la recurrente en el sentido de que la decisión apelada importa la inversión de la carga de una prueba de dificultosa producción.

En tal inteligencia, la determinación de la veracidad de los hechos a los que se hace referencia en el blog exorbita, en el caso, el marco cognitivo propio de la medida cautelar en los términos en que ha sido planteada, máxime cuando no se dirige contra el autor de los contenidos y no se ha invocado ni acreditado la imposibilidad de identificar y reclamar al titular del único sitio web en el que se reproducen (esta Sala, causa 10.646/08 del 2-5-2013; Sala 1, causa 7259/14 del 23-6-2015; Sala 2, causas 1605/13 del 14-8-2013 y 7456/12 del 17-12-2013). Por lo tanto, no es razonable dictar una medida cautelar para que Google, como titular del motor de búsqueda, suprima la vinculación con el sitio web cuestionado con la sola afirmación de que se trata de calumnias formuladas en forma ligera y desaprensiva, cuando tal circunstancia podría, en principio, ser planteada y controvertida con el titular del contenido.

Como lo ha enfatizado la Corte Suprema, toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión -que goza en nuestro ordenamiento jurídico de una posición privilegiada- debe ser de interpretación restrictiva (doctrina de Fallos 316:1623 y causa “Rodríguez, María Belén” cit., considerando 26).

6.Esta conclusión se funda en otra circunstancia fáctica que surge de las constancias reunidas en este estado inicial del proceso y que es determinante para decidir la cuestión. Ella es que, contrariamente a lo que sostiene la apelante, del contenido que reproduce en el memorial de agravios no se puede inferir que los cuestionamiento vertidos carezcan de todo interés o relevancia pública, ni tampoco que importen una intromisión en la vida privada de una persona que no ha ingresado voluntariamente a la esfera pública, situación en la que merecería un umbral de protección más elevado (Sala 2, doctrina de la causa 7021/13 del 13-2-2015 y sus citas de fallos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos). Tampoco el contenido reproducido en el memorial a fs. 158/vta. puede considerarse como una lesión contumeliosa al honor, habida cuenta de que no se trata de meras injurias u ofensas personales a la actora sin relación con su función y su actividad pública.

En efecto, como lo enfatiza la recurrente, el contenido que cuestiona y reproduce en su apelación se relaciona con la obtención y destino de las donaciones de la fundación que preside y que, como tal, tiene una importante y vasta actividad pública, como surge de diversos sitios de Internet. Es más, no se trata de afirmaciones sino de interrogantes que se formulan sobre dichas circunstancias. Y no se puede, asimismo, inferir del contenido cuestionado que se está afirmando la comisión del delito de trata de personas -como sostiene la actora-, desde que la utilización de términos como “caridad prostíbularia” o “quilombo” están relacionados con el manejo de las donaciones que recibe la Fundación y con su destino (ver transcripción de fs.158/vta.).

Por otro lado, dada la posición e inserción que tiene la fundación en Internet, no es equivocado el razonamiento del a quo en cuanto a la posibilidad que tiene la actora para desmentir o replicar los hechos a los que se hace referencia en el blog a través del mismo medio o de otros (esta Sala, causa 1799/12 del 14-8-2012; Sala 2, causas 4718/09 del 8-6-2010, 7873/13 del 31-3-2014 y 5441/13 del 23-12-2014); así tampoco se puede soslayar, en relación con lo dicho, que en la misma URL que se indica en el memorial de agravios y cuyo contenido se cuestiona, aparecen posteos favorables a la Fundación y rectificaciones sobre las circunstancia fácticas mencionadas en ella (se agrega una copia impresa por el Tribunal).

No es aplicable, asimismo, la doctrina del fallo de la Sala 2 de este Tribunal (causa “A., M.I. c. Google Inc” del 13-2-2015), que la actora cita a fs. 156vta. para considerar configurada la verosimilitud del derecho, habida cuenta de que en ese caso la procedencia de la medida cautelar se fundó en disposiciones de la Ley de Salud Mental n° 26.657 y en el derecho a la intimidad que protege un ámbito de autonomía individual como el que resguarda la referida ley.

7. Tampoco la cita del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa “Rodríguez, María Belén”, ni la disposición del art. 52 del Código Civil y Comercial alcanzan para fundar la verosimilitud del derecho. Es que la tutela anticipada de los derechos personalísimos a la que hace referencia el voto de la disidencia en la mencionada causa, y que ha sido incorporada en el nuevo código, no puede ser aplicada sin compatibilizarla con la totalidad de los derechos constitucionales involucrados (art.1° del Código Civil y Comercial) y las concretas circunstancias del caso, las cuales han sido explicadas a lo largo de esta decisión.

La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso “Google Spain S.L. y Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos y Mario Costeja González” (Gran Sala, 13 de mayo de 2014) -que la recurrente cita a fs. 163 a fin de que se sigan los estándares internacionales en materia de responsabilidad de los buscadores-, no es aplicable a este caso en el cual la pretensión cautelar no se funda en el “derecho al olvido” con relación a la supresión de datos personales por parte de Google, sino en la ilicitud del contenido del blog que ha sido objetado. Por lo demás, ninguna pauta se puede extraer de ese fallo extranjero, cuando el propio tribunal que lo dictó hizo mérito de otros derechos esenciales como la libertad de expresión y el derecho a la información, al considerar que el “derecho al olvido” no prevalece si, por razones concretas (como ser el papel desempeñado por el interesado en la vida pública), la injerencia en los derechos fundamentales de la persona está justificada por el interés preponderante del público en general en tener acceso a la información de que se trate (el referido fallo puede ser consultado en http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? docid=152065&doclang=ES; cfr. Pablo A. Palazzi, “El reconocimiento en Europa del derecho al olvido en Internet”, La Ley, 9 de mayo de 2014, págs. 5/6).

Por ello, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada en cuanto fue motivo de agravios.

La doctora Graciela Medina interviene en la causa habida cuenta de lo decidido en los autos “Giardina Papa, Yamila Yohanna c. Google Inc. y otro s. medidas cautelares” (expediente n° 72659/2014/1/CA2, resolución del 20 de noviembre de 2015).

El doctor Guillermo Antelo no suscribe por encontrarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

GRACIELA MEDINA, JUEZ DE CAMARA

RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA