Quien cedió la totalidad de los derechos derivados del contrato de locación carece de legitimación para reclamar el cobro de una deuda devengada pero no percibida.

Partescontrato alquiler o venta: Meade Carlos Alfredo c/ Escatena Claudia Marisel y otros s/ abreviado – cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba

Sala/Juzgado: Octava

Fecha: 10-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97564-AR | MJJ97564 | MJJ97564

Quien cedió la totalidad de los derechos derivados del contrato de locación carece de legitimación para reclamar el cobro de una deuda devengada pero no percibida.

Sumario:

1.-Cabe confirmar el rechazo de la demanda por cobro de pesos deducida, pues el actor no estaba legitimado como acreedor para reclamar el cobro de las mercedes locativas, habiendo dejado de ser el propietario del inmueble y efectuado una cesión del contrato de locación al momento de la venta.

2.-La única acreedora y legitimada para reclamar los rubros que se derivan del contrato de locación en cuestión es la cesionaria y no el recurrente, pues si se había cedido la totalidad de los derechos , ello implicaba también el derecho a percibir deuda ya devengada pero aún no percibida, pues era parte de la totalidad de los derechos.

3.-La sucesión de derechos no constituye una figura autónoma, en cuanto se vincula a un negocio jurídico que le sirve de antecedente, sino un contrato por el cual se enajena un crédito u otro derecho igualmente cesible, en favor de quien lo adquiere para ejercerlo en su propio nombre, siendo su fin y efecto hacer salir un derecho del patrimonio del cedente para hacerlo entrar, tal cual es, con sus mismos caracteres intrínsecos, y sin modificación alguna, en el patrimonio del cesionario.

Fallo:

En la Ciudad de Córdoba, a los diez días del mes de marzo de Dos mil dieciséis, se reunió la Excma. Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales Dres. José Manuel Díaz Reyna, Héctor Hugo Liendo, y Graciela M. Junyent Bas, con la asistencia de la actuaria Dra. Silvia Ferrero de Millone con el objeto de dictar resolución en los autos caratulados: “MEADE CARLOS ALFREDO C/ ESCATENA CLAUDIA MARISEL Y OTROS – ABREVIADO – COBRO DE PESOS – EXPTE. N° 2317977/36”, traídos al acuerdo a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la Sentencia N° 288 del 27 de Agosto de 2014, glosada a fs. 55/59, dictada por el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y 23° Nominación de esta ciudad, cuya parte dispositiva reza: “1. Acoger la defensa impetrada por la codemandada, Sra. Claudia Marisel Escatena y, en consecuencia, rechazar en todas sus partes la demanda incoada por el actor, Sr. Carlos Alfredo Meade -a través de apoderado-, en contra de los Sres. Claudia Marisel Escatena, María Celina Díaz y Pablo Emanuel Heredia. 2. Imponer las costas al actor por resultar objetivamente vencido, a cuyo fin se regula, en forma definitiva, los honorarios profesionales del Dr. Raúl Alberto Ludueña, en la suma de pesos cuatro mil quinientos setenta y siete con setenta centavos ($4.577,70). No corresponde, en esta resolución, regular honorarios a la letrada de la parte vencida en costas (art. Art. 26 Lp. 9459).”.

El tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

A la Primera Cuestión: ¿Es justa la Sentencia apelada?

A la Segunda Cuestión: ¿Qué resolución corresponde dictar?

De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos, A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. JOSE MANUEL DIAZ REYNA, DIJO:1) Que se encuentra radicada la causa en esta Sede, con motivo de la concesión de los recursos de apelación articulados por la parte actora en contra de la Sentencia N° 288, de fecha 27 de Agosto de dos mil catorce (fs. 55/59), dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia y 23° Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cuya parte resolutiva ha sido transcripta.

Llegados los autos a esta instancia la parte actora expresó agravios a fs. 76/78.

Corrido traslado a la apelada, la demandada -Escatena Claudia- lo evacua a fs. 80. A fs. 84 se le da por decaído el derecho dejado de usar a los demandados rebeldes -Sres. María Celina Díaz y Pablo Emanuel Heredia- al no evacuar el traslado para contestar los agravios que les fuera corrido.

2) El actor-apelante en su líbelo recursivo, se agravia en primer lugar de que el a quo al decidir lo hace por fuera de la traba de la litis. Sostiene que el demandado nunca cuestionó al actor, así como tampoco planteó el alcance del instrumento de cesión en su incidente de fs. 34, esto es, no integro su pretensión por lo que nunca pudo ser tratado en la sentencia apelada al no ser materia de la litis. Manifiesta que en el escrito por el cual interpone la excepción de falta de personería (falta de acción según el a quo) la demandada sólo arguyó que el actor ya no era propietario del inmueble y que por dicha razón no podía desalojarlo. Alega que en ningún momento el demandado negó la deuda o los períodos reclamados, ni mucho menos señaló que la cesionaria era su acreedora en lugar de la cedente.Que tampoco argumentó respecto de la totalidad o parcialidad de la cesión, si había o no reserva alguna de parte del crédito o si no le resultaba clara a cuál de los firmantes de la cesión le debía abonar la deuda o por qué período, por lo que mal pudo pretender el sentenciante que probara algo que no debía ser probado porque no integro la litis. Agrega que mucho menos podía rechazar el a quo la demanda porque entendía que dicha carga probatoria le incumbía a u parte, y que por ella debía además soportar las consecuencias negativas de tal inactividad, violando con ello el principio de congruencia que debe presidir todo pronunciamiento judicial. Que la contestación del incidente a fs. 37/37vta. fue la adecuada según el planteo formulado por la demandada y nada más debía probar. Señala que surge evidente el error de la demandada al instaurar su excepción, ya que hizo reposar la misma sólo en el hecho de que su cliente no podía resultar “desalojado” por alguien que no tenía título para ello, como así también luce evidente el desacierto del a quo al rechazar la demanda por fundamentos que no le fueron expuestos, ni traídos a su decisión. En segundo lugar, se agravia con respecto a la cesión del contrato de locación, ya que como se lee a fs. 6 de los autos: “Rivarola Dora Mercedes c/ Escatena Claudia Marisel – Desalojo – N° 2470691/36”, radicados por ante el mismo Juzgado, que operó a partir del 17/05/2012 (cláusula cuarta), fecha a partir de la cual la cesionaria quedo colocada en el mismo lugar del cedente (cláusula segunda), reconociendo al contrato de compraventa del inmueble alquilado como su causa de justificación (escritura de compraventa agregada a fs.10/12 de dichos autos). Refiere que al venderse la propiedad, se cedió a la compradora el contrato de locación que aún se encontraba vigente, contrato que le permitiría al adquirente, a partir de la fecha del negocio jurídico y la tradición del inmueble, percibir sus frutos civiles (constituto posesorio). Detalla que los alquileres reclamados en esta demanda son aquellos que se fueron devengando antes de la venta del inmueble y de la cesión del contrato de locación y hasta la fecha del perfeccionamiento de dichos actos jurídicos. Señala que queda claro que los alquileres reclamados a fs. 1/2: febrero, marzo, abril y mayo de 2012 (la venta del inmueble y la cesión del contrato de locación operaron el 17/5/2012), no son frutos percibidos porque no habían sido cobrados, ni tampoco frutos pendientes pues ya se habían devengado a partir del vencimiento de la fecha de su pago. Que al momento de la cesión dichos frutos ya se habían incorporado definitivamente al patrimonio del locador/cedente (actor), por lo que una solución contraria podría ser considerada violatoria de la garantía de propiedad que consagra la Constitución Nacional en su art. 17. Que respecto del alquiler de mayo se da igual situación, ya que por contrato los alquileres debían ser abonados por mes adelantado. Refiere que la sentencia es violatoria del derecho de propiedad y constituye un enriquecimiento sin causa para el demandado. Aclara que la misma cesionaria reconoce ante el juez que dicto el fallo apelado, que son suyos los alquileres a partir de la cesión del contrato. Que con respecto al mes de mayo, evidentemente existe una confusión de la actora, por cuanto dicho mes correspondía ser percibido por la cedente, atento haberse devengado con anterioridad a la cesión del contrato.Asimismo, entiende que no surge del contrato de cesión que haya habido cesión de deuda, renuncia o algún otro negocio jurídico que autorizara la solución propugnada por el a quo, tanto más cuanto no puede presumirse la intención de renunciar (art. 874 CPCC). Que el hecho de que exista la posibilidad de cesiones parciales de créditos conforme lo autoriza el C.C. no implica que deba subsumirse en el erróneo encuadramiento jurídico efectuado por el a quo quien, al darle una extensión inusitada al contrato de cesión tal y como se trata de una cesión total de deuda (al incluirle los arrendamientos devengados y no percibidos por el cedente) y del crédito, le confisca su derecho de propiedad sobre los arrendamientos devengados, no percibidos, no renunciados y no cedidos. Subraya que la debilidad y auto contradicción del razonamiento transcripto es palmaria, ya que si el a quo admite la existencia de alquileres devengados, no satisfechos y adeudados por la demandada, anteriores a la cesión y que no formaron parte integrante de la misma, no puede luego concluir que debió dejar plasmado en el contrato de cesión que “.se haya reservado parte del crédito.”, cuando tal reserva, por todo lo antedicho y las mismas constancias de autos y del expediente del desalojo no era una manifestación que debiera hacer el actor y locatario cedente. Que quedaba claro en el contrato de cesión (cláusula segunda) que “.la cesionaria a partir de la presente pasa a ocupar el mismo lugar del cedente.”. Precisa que el cedente no renuncio a su crédito devengado con anterioridad a la cesión (art. 874 CC). Que el cedente cedió la totalidad del contrato a partir de la fecha de la cesión. Sostiene que el cedente no debía efectuar reserva alguna puesto que no cedió la deuda anterior a la cesión y, en todo caso y si pudiera interpretarse que nada se dijo al respecto, dicho silencio jamás pudo ser interpretado como una renuncia tácita a un derecho adquirido (art.919 CC y su nota). Por ello, solicita se revoque la sentencia apelada en todas sus partes.

3) Corrido el traslado, la demandada -Claudia Escatena Marisel- solicita el rechazo del recurso a fs. 80.

Asimismo, a fs. 84 se le da por decaído el derecho dejado de usar a los demandados rebeldes al no evacuar el traslado para contestar los agravios que les fuera corrido.

Así trabada la Litis, queda delimitado el marco cognoscitivo de este Tribunal de Alzada, motivo por el cual nos encontramos en condiciones de ingresar a resolver las cuestiones planteadas.

4) Firme el decreto de autos obrante a fs. 85 queda la causa en estado de ser resuelta.

5) La sentencia contiene una relación fáctica que satisface las exigencias del art. 329 del C. de P.C., por lo que a ella nos remitimos por razones de brevedad.

6) Así las cosas, cabe destacar que nos encontramos ante una acción por cobro de pesos entablada por el actor Carlos Alfredo Meade, en contra de los demandados Claudia Marisel Escatena, María Celina Díaz y Pablo Emanuel Heredia, persiguiendo el cobro de la suma de Pesos Dos mil quinientos treinta y dos con seis centavos ($ 2.532,06). Sostiene que suscribió un contrato de locación con la Sra. Claudia Escatena, sobre el inmueble sito en calle Pedro P. Sanguineto N° 3787 de B° Patricios Norte, desde el 1/08/2010 por el plazo de 24 meses. Detalla que pactaron un alquiler mensual de Pesos Quinientos sesenta y dos ($ 562) para los primeros 12 meses, pagaderos por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes, transcurriendo con normalidad hasta el mes de febrero de 2012, cuando la inquilina dejó de abonar las mercedes locativas.

En el caso sub examine no está cuestionada la relación jurídica existente entre las partes -hoy recurrente y la parte demandada- que se originó en el contrato de locación, que obra glosado a fs.5/6 de autos, y cuya autenticidad no ha sido objeto de discusión.

Además, tampoco es materia de debate la cesión del contrato de locación efectuada por el apelante Carlos Alfredo Meade, a favor de la Sra. Dora Mercedes Rivarola, ya que en su contestación ha reconocido que “.no se acciona en la presente por desalojo sino por cobro de alquileres de los períodos adeudados al actor mientras este fue propietario del inmueble y titular del contrato, fundamentalmente y no por períodos posteriores a la venta efectuada a favor de la Sra. Rivarola en la fecha indicada en la carta documento” (fs. 37).

De ello se sigue, que el thema decidendum se centra en determinar si el apelante está legitimado como acreedor para reclamar el cobro de las mercedes locativas, habiendo dejado de ser el propietario del inmueble y efectuado una cesión del contrato de locación al momento de la venta.

En este marco, de una interpretación del memorial recursivo resulta que tampoco ha sido cuestionada la cláusula primera acentuada por el tribunal de mérito de la cesión del contrato de locación, glosada en los autos conexos “Rivarola Dora Mercedes c/ Escatena Claudia Marisel – Desalojo – Expte. N° 2470691/36”. Dicha cesión fue celebrada entre el Sr. Carlos Alfredo Meade, representado por el Sr. José Ignacio Dahan en su carácter de cedente, y la Sra. Dora Mercedes Rivarola, como cesionaria, desde el 17/05/2012, precisándose expresamente que “.el cedente, cede y transfiere a la cesionaria, y ésta acepta de conformidad, LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EMERGENTES DEL CONTRATO DE LOCACION” (fs. 57vta.).

Así las cosas, como señala autorizada doctrina “la cesión de derechos no es un contrato autónomo, sino que tiene una relación subordinante con la convención principal, que asume tanto activa como pasivamente.La sucesión de derechos no constituye una figura autónoma, en cuanto se vincula a un negocio jurídico que le sirve de antecedente, sino un contrato por el cual se enajena un crédito u otro derecho igualmente cesible, en favor de quien lo adquiere para ejercerlo en su propio nombre, siendo su fin y efecto hacer salir un derecho del patrimonio del cedente para hacerlo entrar, tal cual es, con sus mismos caracteres intrínsecos, y sin modificación alguna, en el patrimonio del cesionario” (Conf. Salas – Trigo Represas – López Mesa, “Código Civil anotado”, T. 4-A, Ed. Depalma, págs. 747-478). Es decir que se perfecciona y adquiere eficacia desde el desde el momento en que se forma el acuerdo de voluntades, que en este caso no ha sido discutido ni rebatida la cláusula primera de la cesión del contrato de locación citada por el a quo en el acto sentencial.

De ello se sigue, que el planteo del apelante endereza una mera protesta pero sin formular un embate censor y calificado crítica y razonablemente del pronunciamiento, ni una evaluación impugnativa razonada en concreto de la eficacia convictiva otorgada por el juzgador al complejo plexo de elementos probatorios revistados.

En rigor, las manifestaciones del recurrente sólo trasuntan una discrepancia con el resolutivo en crisis pero no logra demostrar el desacierto jurídico del esquema argumental contenido en la resolución que se impugna, acerca de que los alquileres exigibles pero no cobrados antes de la fecha de la cesión del contrato locativo -17/05/2012- le correspondieran alegando que no habían sido cedidos, ni renunciados.

En este orden, “Los efectos que a la subrogación legal otorga el art.1458, Cód.Civ., consisten en hacer pasar al patrimonio del cesionario el derecho del cedente como estaba en el patrimonio de éste al momento de la cesión; significa que la transmisión que hace el cedente no está limitada al derecho cedido, sino que el derecho es transmitido al cesionario cum omni causa tal cual se halla, con todas sus cualidades y con todos los defectos, desventajas, cargas, restricciones y vicios que tuviere. A partir de la cesión sólo el cesionario ese el sujeto activo del crédito transmitido, ya que él ha pasado a ocupar jurídicamente el lugar del cedente desde la notificación o aceptación de la cesión del deudor cedido” (Conf. Salas – Trigo Represas – Lopez Mesa, “Código Civil anotado”, T. 4-A, Ed. Depalma, pág. 753).

Por su parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación estipula en el art. 1614 que “Hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho.”. Además, precisa en el art. 1620 que “la cesión tiene efectos respecto de terceros desde su notificación al cedido por instrumento público o privado de fecha cierta, sin perjuicios de las reglas especiales relativas a los bienes registrables”.

De ello se sigue, en coincidencia con el análisis esbozado por el a quo en la decisión en crisis “que dicha cesión ya ha sido notificada al deudor cedido, de conformidad surge, no sólo de las cartas documentos acompañadas en los autos conexos, sino de la propia manifestación de la cesionaria en su escrito de demanda. Por tanto, el deudor cedido, luego de aquélla notificación, sólo puede liberarse de la obligación, si el pago lo realiza a la cesionaria (arg. Art. 1468 C.C.).” (fs.58).

En este contexto, el recurrente insiste en que “no surge del contrato de cesión que haya habido cesión de deuda, renuncia o algún otro negocio jurídico que autorizara la solución propugnada por el a quo”, sin perjuicio de lo cual no hay ninguna prueba que permita confirmar dicho embate impugnativo. Siendo así, que no puede soslayarse que a quien invoca la existencia de un crédito de fecha anterior le incumbe su prueba, lo que no ha acontecido en el caso sub examine.

Desde la base de la plataforma fáctica expuesta, se desprende con meridiana claridad que la única acreedora y legitimada para reclamar los rubros que se derivan del contrato de locación detallado ut supra es la Sra. Dora Mercedes Rivarola, y no el recurrente.

Si se había cedido “la totalidad de los derechos”, ello implicaba también el derecho a percibir deuda ya devengada pero aún no percibida, pues era parte de la totalidad de los derechos. La recurrente no demuestra que el crédito rechazado en autos, no hubiera sido cedido, que hubiera sido dejado de lado a pesar de la mención a la totalidad de los derechos.

7) Como corolario de la argumentación vertida, estimamos que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora -Sr. Carlos Alfredo Meade y, en consecuencia confirmar el decisorio en crisis, en todo cuanto ha sido materia de agravios en esta sede.

8) Costas: Atento el resultado que se arriba, corresponde imponer las costas devengadas en esta instancia al apelante que ha resultado vencido, conforme el art 130 del C. de P.C.

A los fines de la estimación de los honorarios de los letrados intervinientes tengo en cuenta lo dispuesto por los arts. 26, 29, 31, 39, 40, 109 y conc. del Código Arancelario – Ley 9459.

En su mérito, se establece como porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Raúl Alberto Ludueña, por las tareas realizadas en esta instancia, en el treinta y dos por ciento (32%) del punto medio de la escala del art.36 de la Ley 9459, valorando los incs. 1 y 5 del art. 39, sobre lo que ha sido motivo del recurso.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HECTOR HUGO LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. GRACIELA M. JUNYENT BAS, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. José Manuel Díaz Reyna, expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JOSE MANUEL DIAZ REYNA, DIJO: Corresponde: I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora -Sr. Carlos Alfredo Meade, confirmando la Sentencia Nº 288 recurrida, del 27 de agosto de 2014, en todas sus partes. II) Las costas devengadas en esta instancia son a cargo del apelante vencido (art. 130 del C. de P.C.). III) Fijar el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Raúl Alberto Ludueña, por las tareas llevadas a cabo en esta instancia, en el treinta y dos por ciento (32%) del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley 9459, sobre lo que fue motivo del recurso.

Así me expido en definitiva.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. HECTOR HUGO LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal preopinante, expidiéndome en igual sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. GRACIELA M. JUNYENT BAS, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por el Sr. Vocal Dr. José Manuel Díaz Reyna, expidiéndome en igual sentido.

Por todo lo expuesto,

SE RESUELVE:

I) Rechazar el recurso de apelación deducido por la parte actora -Sr. Carlos Alfredo Meade, confirmando la Sentencia Nº 288 recurrida, del 27 de agosto de 2014, en todas sus partes.

II) Las costas devengadas en esta instancia son a cargo del apelante vencido (art. 130 del C. de P.C.).

III) Fijar el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Raúl Alberto Ludueña, por las tareas llevadas a cabo en esta instancia, en el treinta y dos por ciento (32%) del punto medio de la escala del art. 36 de la Ley 9459, sobre lo que fue motivo del recurso. Protocolícese y bajen.