El establecimiento educativo responde por el fallecimiento de un alumno en un campamento pues se encontraba bajo el cuidado de su personal docente.

1430357174862227745Partes: O. de N. P. E. y otro c/ Estado Nacional – Administración de Parques Nacionales s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 10-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97607-AR | MJJ97607 | MJJ97607

El establecimiento educativo responde por el fallecimiento de un alumno en un campamento pues se encontraba bajo el cuidado de su personal docente. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde que el establecimiento educativo demandado responda por el fallecimiento del niño durante el viaje de estudios, pues los alumnos que participaban del campamento organizado por la institución demandada se encontraban, en su rol de aprendizaje, bajo el cuidado del personal docente, quienes eran responsables de la integridad física de aquéllos (arts. 1115 y 1117 del CCiv.).

2.-El colegio resulta responsable por el fallecimiento del niño, pues el campamento donde ocurrió el trágico suceso se trató de una salida educativa oficial para alumnos del establecimiento y no fue un viaje de placer, y en esas circunstancias, es claro que la institución conservaba en plenitud las obligaciones de proporcionar cuidado y seguridad a los educandos, del mismo modo y con no menor intensidad que la debida dentro del propio establecimiento.

3.-Se debe admitir la responsabilidad del colegio toda vez que durante la salida educativa oficial los alumnos se encontraban confiados a las autoridades y al cuerpo docente, y en razón de que la tarea pedagógica era cumplida fuera de la sede del establecimiento educativo, la responsabilidad no sufría atenuación alguna, -al contrario, en todo caso, una acentuación-, por la presencia de nuevos riesgos y potenciales situaciones de peligro.

4.-Toda vez que la parte actora no acredita una conducta negligente que configure una omisión y, por ende, una falta de servicio, no corresponde amitir que se encuentre comprometida la responsabilidad del Estado Nacional por el deceso del niño como consecuencia de la caída del árbol (art. 1112 del Cciv.).

5.-Corresponde juzgar que el perjuicio fue un daño producido con la cosa y no por el riesgo o vicio de ésta, toda vez que el árbol caído era un ejemplar joven y saludable de vista a su corteza, raíz y hojas de su copa, por lo que no se puede admitir que haya tenido un estado precario de conservación, ni de que el raleo de la vegetación de la zona haya tenido alguna influencia en la evitación de la caída de aquél.

6.-La norma que indudablemente resulta de aplicación, para resolver la responsabilidad por el deceso del niño que participaba del campamento, es el segundo párrafo del art. 1113 del CCiv., en tanto en la causación del daño medió la intervención activa de una cosa; en el caso, del árbol caído.

7.-Se admite la indemnización por la pérdida de su hijo, y su determinación depende de la prudencia del juez, de acuerdo con lo normado por los arts. 1084 y 1085 del Cciv.

8.-Si bien difícilmente una suma dineraria pueda compensar el detrimento de orden espiritual padecido por los actores, quienes tuvieron que atravesar por el fallecimiento de su hijo en un campamento educativo, debe admitirse la indemnización en concepto de daño moral.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “O. de N. P. E. y otro c/ Estado Nacional – Administración de Parques Nacionales s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Recondo dijo:

I. El señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda promovida por P. E. O. de N. y A. A. N. y condenó a Florgen S.A. y al Colegio de Los Santos Padres en forma solidaria, y a San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales hasta la cobertura prevista en la póliza correspondiente, al pago de $ 150.000 para cada uno de los coactores, con más sus intereses y costas. Ello, en concepto de los daños y perjuicios padecidos a raíz del fallecimiento de su hijo, ocurrido mientras el menor de 11 años se encontraba acampando en el Parque Nacional El Palmar, sito en la provincia de Entre Ríos, oportunidad en la cual la caída de un árbol a raíz de una fuerte tormenta le provocó serias lesiones que desembocaron en su deceso. Asimismo, el sentenciante rechazó con costas por su orden la demanda deducida contra el Estado Nacional – Administración de Parques Nacionales, por considerar -en breve- que no había habido falta de servicio de la codemandada (fs. 612/623vta.).

Contra dicho pronunciamiento se alzaron el Colegio de Los Santos Padres, la actora, el Estado Nacional – Administración de Parques Nacionales y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (ver recursos de fs. 631, 640, 644/645 y 647, y autos de concesión de fs. 632, 641, 646 y 648). El Colegio de Los Santos Padres expresó agravios a fs. 661/663, los que fueron contestados a fs. 687/692 y 700/702. Por su parte, el Estado Nacional – Administración de Parques Nacionales hizo lo propio a fs.664/665, lo que mereció réplica de fs. 705/706. A su turno, San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales presentó su memorial a fs. 666/671, el que fue replicado a fs. 703/704vta. Finalmente, la actora expresó agravios a fs. 672/679, los que fueron contestados a fs.

695/699.

Median asimismo recursos de apelación por los honorarios regulados en la instancia de grado, los que serán tratados, de así corresponder, por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.

El Colegio de Los Santos Padres se queja del rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva interpuesta por su parte, de la ausencia de responsabilidad del Estado Nacional y de la tasa de interés aplicable al monto de condena, aspecto este último que constituye la crítica de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. A su turno, el Estado Nacional – Administración de Parques Nacionales cuestiona la imposición de las costas en el orden causado en la relación procesal que la vinculó con la actora. Por último, la actora se agravia de los siguientes aspectos: a) el carácter atribuido a la cosa productora del daño; b) la falta de responsabilidad de la Administración de Parques Nacionales; c) la cuantificación de los rubros daño material-valor vida y daño moral; y d) imposición de las costas en el orden causado respecto del rechazo de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional.

II. En autos se encuentra debidamente acreditado que en el mes de noviembre de 2003, J. M. N., hijo de los actores, se encontraba participando de un campamento organizado por el Colegio de Los Santos Padres en el Parque Nacional El Palmar, sito en la provincia de Entre Ríos, cuyo sector de “camping” había sido concesionado a la empresa Florgen S.A. El día 11, en horas de la noche, se desató una fuerte tormenta, a raíz de lo cual las autoridades a cargo tomaron la decisión de trasladar a los menores a las instalaciones cerradas del predio.Pero mientras el hijo de los actores todavía se encontraba en su carpa, un árbol cayó arriba de ésta, provocándole graves lesiones que le produjeron la muerte tres días más tarde en el nosocomio en el cual estaba siendo atendido (ver documental de fs. 15; declaraciones testimoniales de fs. 459/vta., 460/vta., 461/vta., 518/520vta., 521/522vta., 523/524 y 525/526; informe del Servicio Meteorológico Nacional de fs. 575/579; expte. N° 325/03 “Nottari Joaquín s/ lesiones” que tramitó por ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; y expte. administrativo N° 894).

En este contexto fáctico, debo analizar el agravio que la actora esgrime a fs. 672/673vta., punto II, relativo al carácter de la cosa productora del hecho, esto es, el árbol cuya caída provocó el fallecimiento del hijo de los actores. La relevancia de dicha cuestión radica en que la diferente calificación trae aparejadas, a su vez, diferentes causales de exoneración. En efecto, tal como lo dispone el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil de Vélez Sársfield, agregado por la ley 17.711, si el daño es causado “con las cosas” el dueño o guardián debe demostrar que de su parte no hubo culpa para eximirse de responsabilidad; pero si el daño es causado “por el riesgo o vicio de la cosa”, deberá acreditarse a aquellos fines la culpa de la víctima o de un tercero por quien no se debe responder.

La distinción antedicha reviste relevancia únicamente en punto a la responsabilidad que cabría atribuirle al Estado Nacional en su carácter de propietaria del predio en donde tuvo lugar el siniestro.Ello así, pues la cuestión atinente a la responsabilidad del colegio y de la concesionaria del lugar ya fue decidida por el a quo en sentido contrario a las pretensiones de dichas partes, decisión que no se vería alterada por el cambio de calificación en esta instancia de la cosa productora del daño.

Pues bien, aclarado lo anterior, comienzo por señalar que la norma que indudablemente resulta de aplicación al caso de autos es el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil de Vélez Sarsfield, en tanto en la causación del daño medió la intervención activa de una cosa; en el caso, del árbol caído. La primera parte del párrafo referido se refiere a daños causados por cosas, mientras que la segunda alude a daños causados por el riesgo o vicio de la cosa.

En este contexto, cabe distinguir el riesgo -que implica la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar dañodel vicio -que implica un defecto de fabricación o funcionamiento que hace a la cosa impropia para su destino normal-. El vicio supone un riesgo, pero el riesgo no siempre supone un vicio (Belluscio – Zannoni, Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, tomo 5, Bs. As., Astrea, 1984, ps. 458/460).

Trasladados los conceptos al sub examen, es claro que lo que debe analizarse es si el árbol que provocó el daño es una cosa riesgosa.

Ahora bien, el concepto de “cosa riesgosa” a que se refiere el art. 1113 del Código Civil de Vélez Sarsfield es relativo.

Esta relatividad se evidencia por el hecho de que la peligrosidad de una cosa es siempre referida a algo a alguien (conf.Sala II, causa 4905 del 13/02/87). Es que la mayor o menor peligrosidad de las cosas depende normalmente del uso que se hace de ellas y no de su propia naturaleza, salvo determinadas cosas respecto de las cuales puede predicarse su peligrosidad.

Es en el contexto descripto en los párrafos precedentes en el que debe analizarse la situación de autos. Para ello, estimo apropiado hacer referencia, en primer término, a los datos que se desprenden del acta de inspección ocular glosada a fs. 15/16 de la causa penal, que en este momento tengo a la vista. Surge de aquélla que el sector de camping “se trata de un lugar acondicionado para esta actividad”; el árbol caído, de la especie paraíso, era un “ejemplar joven y saludable de vista a su corteza, raíz y hojas de su copa”. Estas apreciaciones se corroboran con las fotografías que se acompañan a fs. 18/19 de la causa penal citada y de las declaraciones testimoniales del señor Bignotti, guardaparque nacional a cargo de la Jefatura de Obras del Parque Nacional “El Palmar” (fs. 142/145 del expte. adm.), y del señor Maranta, empleado de la Administración Nacional de Parques Nacionales, domiciliado en el Parque Nacional “El Palmar” (fs. 461/vta. de los presentes actuados).

En punto al raleo de la vegetación, cabe traer a colación el informe preliminar de la perito ingeniera forestal (fs.554/vta.), el cual da cuenta de que las causas de la caída del árbol producida por las inclemencias climáticas, como ser una tormenta de características muy severas, pueden deberse a motivos más complejos que el raleo.

En tales condiciones, no encuentro elementos que me convenzan con algún grado de certeza de que el árbol producto del siniestro de autos haya tenido un estado precario de conservación, ni de que el raleo de la vegetación de la zona haya tenido alguna influencia en la evitación de la caída de aquél.

Por todo lo dicho a lo largo del presente considerando, concluyo que el perjuicio que aquí se evalúa fue un daño producido con la cosa y no por el riesgo o vicio de ésta. Es por ello que debe desestimarse el agravio que la actora esgrime a fs. 672/673vta., punto II.

III. Decidida la cuestión relativa a la calificación de la cosa productora del daño en la forma que quedó dicho precedentemente, debo adentrarme en la queja de la actora de fs. 673vta./675vta., punto III, relativa a la responsabilidad del Estado Nacional, la cual trataré conjuntamente con el agravio del Colegio de Los Santos Padres (fs. 661vta./662vta., segundo agravio) sobre la misma cuestión.

Lo primero que debo señalar es que en el supuesto de autos no estamos en presencia de un hecho -considerado como conducta positiva- sino, por el contrario, de una omisión. Esta omisión de obrar, para ser generadora de responsabilidad, debe encuadrar dentro del presupuesto que alude a la falta de servicio, y para que aquél se configure es necesario que la Administración cumpla de manera irregular los deberes u obligaciones impuestos por el ordenamiento jurídico.Por ello, en primer lugar es necesario analizar en cada caso particular si la Administración tenía la obligación de realizar la actividad por cuya omisión se la pretende responsabilizar.

Ahora bien, la atribución de un deber de seguridad infringido que las recurrentes hacen al Estado Nacional demandado para justificar su condena no puede ser tenida en cuenta a ese fin porque no han identificado siquiera mínimamente cuál es ese deber de seguridad específico incumplido, señalando su objeto y fundamento normativo, definiendo su alcance y grado de exigibilidad y explicando cómo se configuró su inobservancia. Se trata, pues, de una atribución de extrema generalidad que, consiguientemente, impide establecer la existencia de responsabilidad estatal por omisión en el cumplimiento de obligaciones determinadas, único supuesto en el que, por hipótesis, podría existir tal responsabilidad especial. En este sentido, la identificación del deber infringido o la obligación determinada incumplida pesaba sobre los reclamantes a fin de posibilitar el pertinente juicio de antijuridicidad material (doctrina que surge de Fallos: 329:4944 ).

En este orden de ideas, la recurrente se limita a manifestar su discrepancia con las argumentaciones del a quo y a tildar a la sentencia de “ilógica y contradictoria” (fs. 675vta., primer párrafo), sin acreditar una conducta negligente que configure una omisión y, por ende, una falta de servicio que comprometa la responsabilidad del Estado Nacional (art. 1112 del Código Civil).

IV. Llega el turno de ocuparme del agravio del colegio de Los Santos Padres, relativo al rechazo de la excepción de legitimación pasiva interpuesta por dicha parte (fs. 661/vta., primer agravio).

Lo primero que pongo de resalto es que la escueta carilla que la codemandada dedica a cuestionar lo resuelto por el a quo dista de configurar una crítica concreta y razonada de los argumentos que llevaron a su condena.En efecto, la recurrente se limita a señalar que su parte desconocía el predio y que el Estado Nacional debió haberles proveído de un “lugar digno, confortable y seguro”, pues era su obligación controlar y podar los árboles. Estas genéricas consideraciones no revisten entidad suficiente para rebatir lo decidido en este aspecto por el sentenciante (fs. 617vta./618, considerando V del decisorio en crisis), en el sentido de que los arts. 902, 1113, 1115 y 1117 del Código Civil fundan la responsabilidad de la institución, la cual tiene la guarda del menor que se encuentra a su cargo. Es por ello que deben tomar las medidas que la prudencia común y las circunstancias del caso exijan, a poco que se repare en que la esfera de custodia de los padres ha sido entregada a quien los reemplaza. Nada dice tampoco la recurrente en punto a la conducta asumida por los profesores a cargo de los alumnos, que el juez de grado consideró que no configuraba un ejercicio del máximo deber de vigilancia que exigían las circunstancias de tiempo, modo y lugar.

A pesar de ello, y aun cuando se pretenda soslayar la falencia procesal apuntada, debe señalarse que el campamento formó parte de la labor educativa programada por el colegio de Los Santos Padres. Es decir que se trató de una salida educativa oficial para alumnos que cursaban séptimo grado y no de un viaje de placer.

La relevancia de la circunstancia apuntada no es menor, pues en esas circunstancias es claro que el colegio conservaba en plenitud las obligaciones de proporcionar cuidado y seguridad a los educandos, del mismo modo y con no menor intensidad que la debida dentro del propio establecimiento. Ocurre que durante esa salida educativa oficial los alumnos se encontraban confiados a las autoridades y al cuerpo docente, cuya responsabilidad no sufría atenuación alguna -al contrario, en todo caso, una acentuación (art.902 del Código Civil)- por la presencia de nuevos riesgos y potenciales situaciones de peligro; ello, en razón de que la tarea pedagógica era cumplida fuera de la sede del establecimiento educativo.

En definitiva, los alumnos que participaban del campamento organizado por la institución demandada se encontraban, en su rol de aprendizaje, bajo el cuidado del personal docente, responsable de la integridad física de aquéllos (arts. 1115 y 1117 del Código Civil).

En el contexto fáctico y normativo antedicho, correspondía a la codemandada demostrar que no pudo impedir el daño con la autoridad que su calidad le confería y con el cuidado que era de su deber poner (art. 1117 citado). Dicho extremo probatorio no se ha verificado en autos, pues no sólo la exclusión del sub examen de un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor decidida por el a quo no fue materia de agravio, sino que -además- la propia recurrente reconoce en su memorial que “no se trata de un caso fortuito” (fs. 661vta., segundo párrafo).

Lo dicho lleva a la única conclusión de que el colegio de Los Santos Padres debe responder por el fallecimiento de J. N., por lo que el pronunciamiento apelado debe ser confirmado también en este aspecto.

V. Se queja la actora de los montos concedidos en concepto de daño material y de daño moral (fs. 675vta./678vta., punto IV).

a) En concepto de daño material se reclama la indemnización del comúnmente denominado “valor vida”. Ahora bien, aceptada la trascendencia de la vida humana, deviene contradictorio pretender cifrarla en dinero.Por lo tanto, lo que en verdad se reclama bajo este concepto es la pérdida económica que sufren quienes dependían de los aportes económicos del causante para su propia subsistencia, o sea que se trata de establecer el daño que con motivo de la muerte han sufrido quienes reclaman la pertinente reparación; lo que el derecho manda indemnizar es la repercusión patrimonial negativa que experimentan los damnificados indirectos del daño a raíz de la muerte (arts. 1084 y 1085 del Código Civil) y no la extinción de la vida como tal (conf. Sala I, causas 3755/93 del 27/06/96; 5842/94 del 28/11/00; Sala II, causa 4804/97 del 20/11/01; Sala III, causas 2481/99 del 5/10/04; 211/01 del 21/03/05).

Para establecer el daño resultante de la falta de sostén material que supone para sus padres la muerte de su hijo, estimo necesario advertir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado en distintos pronunciamientos que el valor de la vida humana no debe ser apreciado con criterios exclusivamente económicos, sino mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, pues el valor vital de los hombres no se agota con la sola consideración de aquellos criterios. En este sentido, es menester computar las circunstancias particulares tanto de la víctima (capacidad productiva, edad, profesión, ingresos, posición económica), como de los damnificados (asistencia recibida, cultura, edad, posición económica y social), que deben ser valoradas prudencialmente por el Tribunal (Fallos: 310:2103; 312:1597).

En esta línea de pensamiento, y de acuerdo con lo normado por los arts. 1084 y 1085 del Código Civil, los padres de la víctima tienen derecho para reclamar la indemnización por la pérdida de su hijo, quedando librado a la prudencia de los jueces la determinación del monto respectivo. Es decir que considerándose probado el daño, debe acudirse a la atribución que confiere el art.165, párrafo tercero, del Código Procesal, ejerciéndola prudencialmente y cuidando que no represente un beneficio injusto e inesperado, pasible de generar un enriquecimiento indebido.

Deben tenerse en cuenta, entonces, las condiciones particulares tanto del causante como de quienes reclaman por su muerte, en la medida que surgen de las constancias de autos y del beneficio de litigar sin gastos): J. M. N. O. tenía 11 años de edad a la fecha de su deceso y se encontraba en la etapa final de la escuela primaria; los únicos ingresos familiares eran los de su padre, quien a la fecha del trágico suceso se desempeñaba como oficial de negocios.

Dichas circunstancias me llevan a elevar la cuantificación del concepto que nos ocupa a la suma de $ 100.000 para cada uno de los actores.

b) En punto al daño moral, es sabido que en supuestos de la naturaleza del de autos la existencia de dicho perjuicio no requiere prueba específica, porque está en el curso natural y ordinario de las cosas que la pérdida del hijo hiera la afectividad de quienes lo sobreviven, sin que pueda imaginarse situación con mayor repercusión espiritual, sobre todo cuando aquélla se produce en circunstancias inesperadas y trágicas, como aconteció en el caso que nos ocupa.

Y si bien difícilmente una suma dineraria pueda compensar el detrimento de orden espiritual padecido por los actores, estimo escaso el monto fijado en la instancia de grado para compensar el daño moral sufrido por aquéllos a raíz de la muerte de su hijo.

Propongo, en consecuencia, su elevación a la suma de $ 150.000 para cada uno de ellos.

VI. Resta tratar la cuestión atinente a la tasa de interés aplicable al monto de condena, lo cual es motivo de agravio de parte del colegio de Los Santos Padres (fs. 662vta./663, tercer agravio) y de San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (fs.666/670vta., punto II).

Pues bien, sobre esta cuestión las distintas Salas integrantes de esta Cámara han ido unificando el criterio, mudando de la tasa pasiva a la activa, con lo cual se produce una situación equiparable a un plenario virtual. Es decir que la tasa activa es la que aplican las tres Salas de esta Cámara en asuntos de la naturaleza del presente.

VII. Finalmente, debo tratar el agravio que esgrimen el Estado Nacional (fs. 664/665) y la actora (fs. 678vta./679, punto V), relativo a la imposición de las costas de primera instancia por su orden respecto de la relación procesal que vinculó a dichas partes litigantes. Dicha queja no puede prosperar.

En efecto, en respuesta al planteo del Estado Nacional, destaco que -más allá del rechazo de la acción interpuesta contra la Administración de Parques Nacionales- la actora pudo creerse razonablemente con derecho a demandarlo. Ello, en virtud no sólo del carácter de aquél de propietario del predio en donde se llevó a cabo el campamento de los alumnos, sino también de las distintas posturas relativas a la responsabilidad del Estado por omisión.

Respecto del argumento de la actora, la queja quedó supeditada a la revocación de la sentencia en punto a la responsabilidad del Estado Nacional, extremo que -por lo dicho en el considerando III de la presente- no se verifica.

VIII. Por los fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, y modificarla en los términos que surge del considerando V de la presente. En consecuencia, la condena asciende a la suma de $ 500.000, monto al que deberán adicionarse los intereses (ver considerando VI) y costas a las condenadas. Por la instancia de Alzada, respecto de los recursos interpuestos por el colegio de Los Santos Padres, por el Estado Nacional y por San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, cada una de dichas partes cargará con los gastos del juicio.En punto al recurso de la parte actora, dicha parte cargará con el 40% de las costas, y el 60% restante se impone a las codemandadas (arts. 70 y 73 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 – DJA).

Así voto.

La Dra. Medina, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.

Y VISTO: Lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide, y modificarla en los términos que surge del considerando V de la presente. En consecuencia, la condena asciende a la suma de pesos QUINIENTOS MIL ($ 500.000), monto al que deberán adicionarse los intereses (ver considerando VI) y costas a las condenadas. Por la instancia de Alzada, respecto de los recursos interpuestos por el colegio de Los Santos Padres, por el Estado Nacional y por San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, cada una de dichas partes cargará con los gastos del juicio. En punto al recurso de la parte actora, dicha parte cargará con el 40% de las costas, y el 60% restante se impone a las codemandadas (arts. 70 y 73 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.939 – DJA).

Difiérese la regulación de honorarios hasta que haya liquidación definitiva en concepto de capital e intereses.

El Dr. Antelo no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Ricardo Gustavo Recondo

Graciela Medina