Existió una violación a los derechos marcarios pues, aun cuando la inclusión de los signos en disputa en las prendas de vestir no fuesen visibles, la actividad comercial no admite ingenuidades ni casualidades.

marca-registradaPartes: Asociación Argentina de Polo c/ Compañía Argentina de Diseño S.A. s/ cese de uso de marcas – daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 3-mar-2016

Cita: MJ-JU-M-97604-AR | MJJ97604 | MJJ97604

Existió una violación a los derechos marcarios pues, aun cuando la inclusión de los signos en disputa en las prendas de vestir no fuesen visibles, la actividad comercial no admite ingenuidades ni casualidades.

Sumario:

1.-Corresponde juzgar que la conducta observada por compañía de indumentaria demandada en el marco del proceso cautelar, constituyó una violación a los derechos marcarios de la actora, pues las prendas que contenían las marcas en cuestión estaban siendo ofrecidas en venta al público en el contexto del torneo de polo organizado, precisamente, por la actora.

2.-La conducta de la demandada constituyó una violación a los derechos marcarios de la actora toda vez que la actividad comercial no permite ingenuidades, y por lo tanto, dificulta la creencia en las casualidades, y en ese contexto, no resulta extravagante imaginar que una parte significativa de los aficionados al polo quiera tener prendas de la calidad que provee la demandada, pero que se distingan de las otras por tener leyendas alusivas a uno de los máximos torneos de ese deporte realizado entre clubes a nivel mundial.

3.-Corresponde admitir la violación a los derechos marcarios de la actora, pues de nada vale invocar que los signos insertos en las prendas de vestir no fuesen visibles pues esa circunstancia, además de que no está prevista como excepción al ius prohibendi, sólo se dio parcialmente, en los pantalones y las camisas, mas no en las chombas donde las frases evocativas de dichos signos aparecen bordadas en un tamaño y lugar destacados.

4.-Puesto que el sistema atributivo que caracteriza nuestro régimen legal (art. 4 de la Ley 22.362) obsta, en principio, a que el infractor pueda invocar el desconocimiento del registro de la marca como eximente, pues de lo contrario, burlar la ley sería más fácil que cumplirla, sumado a que el ejercicio del ius prohibendi no está sujeto a la prueba del dolo del agente, se debe admitir que la demandada incurrió en infracciones marcarias, al utilizar frases alusivas a un evento deportivo en sus prendas de vestir.

5.-Corresponde incrementar la indemnización a favor de la parte actora, por el uso indebido de la marca en el que incurriera la demandada, pues fue acreditada una conducta reprochable de esta última, y puesto que las prendas en infracción estuvieron en el mercado durante varios años.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Asociación Argentina de Polo c/ Compañía Argentina de Diseño S.A. s/ cese de uso de marcas. daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. La Asociación Argentina de Polo (“la Asociación”) demandó a la firma Compañía Argentina de Diseño S.A. (“Compañía de Diseño”) y/o al responsable de los establecimientos comerciales denominados “Etiqueta Negra”, para que se los condenara, con costas, a lo siguiente: a) el cese del uso de las marcas de su propiedad “CAMPEONATO ARGENTINO ABIERTO DE POLO” (registro nº 2.250.138) y “CAMPEONATO ARGENTINO ABIERTO DE POLO DE PALERMO” (registro nº 2.250.143), ambas denominativas y pertenecientes a la clase 25 del nomenclador internacional; b) el pago de $400.000 en concepto de indemnización por los daños derivados del uso indebido y aprovechamiento de las marcas, y los intereses correspondientes.

Explicó que es una asociación civil, constituida en el año 1922, cuyo objetivo principal es la promoción del polo, por lo que organiza todos los torneos de ese deporte que se llevan a cabo en el país, entre ellos, el Campeonato Argentino Abierto de Polo de Palermo que constituye una tradición ininterrumpida desde 1893.

Además, tiene a su cargo el Registro Nacional de Handicaps de todos los jugadores de este deporte (fs. 3/6 y ampliación de fs. 10/24 y poder de fs. 1/2).

Con relación al pleito, afirmó que Compañía de Diseño había confeccionado y vendido prendas de vestir utilizando las marcas individualizadas en el punto a), lo que constituía una violación a la ley marcaria que justificaba la promoción de este juicio.Ofreció como prueba los elementos secuestrados en el incidente de medidas cautelares promovido antes de la demanda (expediente nº 9553/09 caratulado “Asociación Argentina de Polo s/ medidas cautelares” tramitado ante el mismo magistrado que juzgó esta causa -fs. 5, 11 y 21- en adelante, “el incidente”).

A fs. 65 precisó el destinatario de su reclamo en virtud de lo requerido por la providencia de fs. 64 suscripta por la Actuaria.

II. Compañía de Diseño contestó el traslado de la demanda negando los hechos que se le imputaban, en especial, la utilización de los signos en cuestión “con fines marcarios” (fs. 52/59, documental de fs. 32/51, la trascripción es de fs. 55, segundo párrafo).

Expuso que es una empresa creada en el año 2002 en el ámbito de la industria indumentaria y representada por la marca “Etiqueta Negra”. Destacó la reconocida calidad de sus prendas, tanto por los materiales con que son fabricadas, como por la exclusividad de su diseño, lo que explicaba el renombre de su marca y el perfil de sus consumidores, de alto poder adquisitivo. También señaló que, desde sus comienzos, su sello y sus productos estuvieron asociados al deporte del polo, a punto tal, que llegó a patrocinar al equipo “La Ellerstina”, competidor de varias finales del torneo de Palermo y ganador del título en 2008 (fs. 54/55). En ese año, siempre estando a su versión, celebró el triunfo lanzando una colección de prendas que incluían la frase “ABIERTO ARGENTINO DE POLO 2008” y el dibujo de un trofeo.

La demandada basó su defensa en el uso lícito de las palabras que componían la leyenda referida. Según ella, las referencias al Campeonato Abierto de Polo de Palermo no estaban inspiradas por el dolo ni por la negligencia, sino por la necesidad de relacionar el equipo patrocinado por ella con dicho evento.En ese sentido, puntualizó que la captación de los consumidores no se había concretado por el empleo de las palabras relacionadas con las marcas de la Asociación, sino por su prestigio comercial que respondía al alto grado de exigencia propio del mercado de la indumentaria “premium”; por lo demás, las frases en cuestión estaban en lugares poco visibles de las prendas. En síntesis, negó haber explotado comercialmente las marcas de su contraria y, por lo tanto, ser responsable de la infracción que se le atribuía.

En cuanto al reclamo indemnizatorio, cuestionó su procedencia sobre la base de la inexistencia de un daño cierto y, en subsidio, se quejó de los montos pretendidos por la actora por estimarlos excesivos (fs. 57, pto. V).

III. Mediante el fallo de fs. 445/449vta., el juez de primera instancia consideró acreditada la infracción a los derechos marcarios de la actora y admitió, con costas, la demanda condenando a la Compañía de Diseño a cesar en el uso de las marcas y a pagar la suma de $150.000 en concepto de indemnización.

Ambas partes apelaron la decisión (ver fs. 459 y 460, concedidos a fs. 463). La actora fundó su recurso a fs. 481/491vta. y la demandada lo hizo a fs. 492/499, motivando las contestaciones de fs. 501/509vta. y 511/511vta.

Existen, también, recursos contra las regulaciones de honorarios (fs. 458, 460, 461, 462 y 474, concedidos a fs. 463), que serán resueltos por la Sala al final del presente Acuerdo y según sea el resultado al que se arribe en él.

IV. Compañía de Diseño se agravia de la responsabilidad que le endilgó el magistrado, de la condena y, a todo evento, de la cuantía del resarcimiento.

La Asociación, por su parte, pide la elevación de la indemnización a $400.000, suma esta que reclamó inicialmente.

V.Razones de orden lógico imponen tratar, en primer término, el agravio de la demandada concerniente a su responsabilidad ya que si él fuera procedente, devendría abstracto tratar las restantes quejas de ambas partes.

En su responde, Compañía de Diseño negó tanto la propiedad de las marcas en cabeza de la actora, como el uso indebido de ellas que se le atribuía (ver fs. 52vta., ptos.12, 13, 15, 18 y 22). En su recurso, sólo reitera el segundo de los argumentos (art. 273 del Código Procesal, DJA). Con relación al primero, no está demás aclarar que la titularidad y vigencia de los registros surgen de la informativa contestada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INPI”) y de las copias certificadas de los títulos agregadas al incidente de medidas cautelares (ver fs. 86/89 del sub lite y Anexo I, fs. 5/14, de dicho expediente).

Corresponde, entonces, abordar seguidamente la cuestión enunciada en el primer párrafo de este considerando con el alcance que se acaba de definir.

La tesis de Compañía de Diseño puede resumirse del siguiente modo: las marcas de la actora relevadas en las prendas de “Etiqueta Negra” no eran visibles por los compradores debido al reducido tamaño de las reproducciones y al lugar donde ellas fueron colocadas. Aunque no lo dice expresamente, deja traslucir que las marcas así aplicadas no influyeron en el ánimo del público consumidor a la hora de comprar los productos. Completa su argumentación explicando que, de cualquier manera, tal uso tuvo la finalidad de referir los eventos deportivos en los que participaba el equipo que patrocina y de resaltar la estrecha vinculación que la firma tiene con el deporte mentado (v.gr. recurso, fs. 493 y vta. y fs. 494).

Por esa vía, concluye que la conducta comercial descripta no configuró un aprovechamiento de marcas ajenas ni, en consecuencia, una infracción a la ley 22.362 susceptible de generar responsabilidad civil (fs. 492 y vta. y fs.cit.).

Los hechos que interesa analizar a este respecto surgen, en gran medida, del incidente al que aludí antes. Expongo a continuación la pretensión cautelar formulada allí, con indicación de las fojas correspondientes a esa causa (expediente n° 9553/09 cit., que tengo a la vista; ver elevación de fs. 518vta.; asimismo, escrito de inicio, fs. 5/5vta. y 21, pto. 5.1, y responde, fs. 52vta., pto. 14).

Antes de iniciar el pleito, la Asociación solicitó el dictado de una medida de no innovar con sustento en el artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“ADPIC”) -Anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech aprobado por la ley 24.425- con el objeto de que Compañía de Diseño cesara en el uso de las marcas de la Asociación que enumeré en el apartado a) del Considerando I de este voto, y de la designación “ABIERTO ARGENTINO DE POLO” (v. fs. 22/30vta.).

El juez de primer instancia admitió la precautoria (fs. 31/32) y ordenó el mandamiento de constatación que fue diligenciado el 19 de noviembre de 2009 en el local de “Etiqueta Negra” sito en la calle Viamonte 575, 1er piso, de esta Ciudad (Shopping Mall “Galerías Pacífico”), donde se verificó que se vendían prendas de vestir con las siguientes inscripciones: “CAMPEONATO ABIERTO DE PALERMO – ARGENTINA”, “CAMPEÓN ABIERTO DE PALERMO – ARGENTINA – POLO”, “ABIERTO ARGENTINO DE POLO” y “POLO ARGENTINO”. Un total de mil ochocientas veintiocho piezas en infracción fueron inventariadas -entre ellas: chombas, bermudas, pantalones, camperas, camisas, shorts, etc.-, secuestrándose un ejemplar de cada tipo para muestra (ver resolución de fs. 31/32, acta de secuestro de fs. 66/67 y reserva de fs. 42/43). Ese mismo día se llevó a cabo un procedimiento similar en el local ubicado en la calle Posadas 1245 (Patio Bullrich Shopping) de esta Ciudad procediéndose al secuestro de la mercadería considerada entonces como en infracción a la precautoria ordenada (fs. 68/70).

Al contestar el informe previsto en el art.39 de la ley 22.362, Compañía de Diseño negó -como lo hizo ulteriormente en el principal- que hubiera utilizado las marcas justificando su proceder en los mismos términos en que lo hace en esta instancia con una diferencia: sostuvo que no tenía conocimiento de que las leyendas fuesen marcas de la actora y que, de haberlo sabido, “hubiera atendido el reclamo” con el fin de evitar la instancia judicial (fs. 31/32 y 79/80vta.).

El pedido de levantamiento parcial de la medida fue desestimado a fs. 101/101vta., decisión ésta confirmada por la Sala a fs. 124/124vta.

Ante las reite radas denuncias de incumplimiento hechas por la actora (fs. 87, 93/96, 118/120vta., 130/131), el a quo fijó la suma de $200 diarios en concepto de astreintes (ver fs. 132, 149, 153/155 y resolución de esta Sala de fs. 384/384vta.).

En ese proceso, la demandada presentó varias actas notariales labradas en sus locales con el propósito de demostrar que no tenía mercadería en infracción (fs. 106/114 y vta.; fs.

141/141vta. y fs. 153/155). Sin embargo, la actora contrarrestó esa prueba con otras actas notariales autorizadas días después de aquéllas que daban cuenta de lo contrario e, inclusive, de intentos fallidos de ocultar parte de la reproducción de los conjuntos amparados por la cautelar (ver fs. 147/148, fs. 161/164vta. y material reservado a fs. 89, 97, 121, 132, 149 y 165).

El acatamiento de la manda judicial se tuvo por verificado, finalmente, mediante el acta notarial del 30 de mayo de 2011 adjuntada por Compañía de Diseño, en la que se daba cuenta de la situación regular en todos los locales de “Etiqueta Negra”.

Entonces, el magistrado dispuso el levantamiento de las sanciones conminatorias, fallo este confirmado por la Cámara (fs.396, 411/412, 415 y 426/427). En cuanto al pago de lo adeudado por ese concepto por parte de la demandada, ésta acreditó el depósito de $ 51.200 de acuerdo a la liquidación practicada por la actora a fs. 431 (fs. 434/435).

Hasta aquí, los hechos que surgen del incidente y, a partir de ahora, el retorno a la foliatura del proceso principal.

En términos generales, la prueba producida por el peticionante en el proceso cautelar tiene por objeto demostrar la concurrencia de los recaudos que la ley exige para que el juez admita la medida. La valoración que se haga de ella es, las más de las veces, provisoria porque queda sujeta a la que se concrete en el juicio de fondo. Ello se explica porque, a diferencia del proceso de cognición, en el cautelar el magistrado formula un juicio de probabilidad -no de certeza- sobre el derecho invocado (Calamandrei Piero, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, Librería El Foro S.A., Buenos Aires, 1996, traducción de Marino Ayerra Marín, págs. 77 a 81).

Sin embargo, cuando la prueba producida en el incidente hace plena fe por imperio de la ley -como ocurre en autos con las actas notariales y el mandamiento de constatación (arts. 979, incisos 1º y 2º del Código Civil y arts. 289, 310 y 312 del Código Civil y Comercial de la Nación y arts. 32, 33, 34, 38 y 39 de la Acordada 3/75 de la C.S.J.N)- el valor probatorio de los hechos consignados en ella es definitivo. De ahí que la parte afectada por ellos se vea en la necesidad de “interpretarlos” -no puede ya negarlosasignándoles el sentido más favorable a la posición que adoptó en el litigio. A ese recurso acude Compañía de Diseño: las marcas de la Asociación aplicadas a los productos de Etiqueta Negra “.jamás fueron utilizadas en función marcaria.” (expresión de agravios, fs.492 y vta., quinto párrafo).

A propósito de ello, recuerdo que el derecho que confiere la marca tiene una dimensión positiva -que involucra las facultades de usarla para distinguir productos o servicios, de publicitarla y de convenir cesiones o licencias a su respecto- y una dimensión negativa -que se traduce en el ius prohibendi- (art. 4 de la ley 22.362 y art. 16.1 del ADPIC; esta Sala, causa nº 608/2005 del 18/2/10). Este último aspecto significa que el dueño puede excluir a cualquier persona del uso de su signo. La doctrina ha entendido la palabra “uso” en sentido amplio (Otamendi, Jorge, “Derecho de marcas”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010, pág. 265). Y aunque pueden darse ejemplos que sirvan para limitar esa amplitud -v.gr. la mención de una marca determinada en el ámbito académico o con fines informativos, falsificaciones del consumidor final para épater le bourgeois sin repercusión pública (Cabanellas de las Cuevas, Guillermo – Bertone, Luis Eduardo, Derecho de marcas, Buenos Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1989, tomo II, pags. 25 y 26)- no hay duda en que lo que está vedado es la utilización comercial -que no puede ser sino pública- del signo.

Yendo al examen de la conducta observada por Compañía de Diseño en el marco del proceso cautelar, es evidente que ella constituyó una violación a los derechos marcarios de la actora.

Las prendas que contenían las marcas en cuestión estaban siendo ofrecidas en venta al público en el contexto del “Abierto de Polo” organizado por la actora. El equipo patrocinado por “Etiqueta Negra” había ganado el año anterior en que fue constatada esa trasgresión. La actividad comercial no permite ingenuidades y, por lo tanto, dificulta la creencia en las casualidades.No es extravagante imaginar que una parte significativa de los aficionados al polo quiera tener prendas de la calidad que provee la demandada, pero que se distingan de las otras por tener leyendas alusivas a uno de los máximos torneos de ese deporte realizado entre clubes a nivel mundial. Existen otros ejemplos en que asociaciones o empresas lanzan al mercado productos de calidad premium con diseños o marcas ajenas previamente acordadas con sus dueños (v.gr. http://www.thewhiskyexchange.com/p/15664/ johnnie-walker-blue-label-porsche-chiller). Se trata de una táctica de “marketing” conocida que ilustra sobre la finalidad de atraer más clientes e incrementar las ventas (esta Sala, causa nº 6121/02 del 8/7/08 cit., cons. VI, pto. 2., noveno párrafo).

De nada vale invocar que los signos no fuesen visibles pues esa circunstancia -que no está prevista como excepción al ius prohibendi- sólo se dio, parcialmente, en los pantalones y las camisas, mas no en las chombas donde las frases evocativas de dichos signos aparecen bordadas en un tamaño y lugar destacados (ver ejemplares reservados a fs. 43, expte. nº 9553/09, que se tienen a la vista por elevación de fs. 519vta.).

El sistema atributivo que caracteriza nuestro régimen legal (art. 4 de la ley 22.362 y Otamendi, ob. cit., pág. 5) obsta, en principio, a que el infractor pueda invocar el desconocimiento del registro de la marca como eximente; de lo contrario, burlar la ley sería más fácil que cumplirla. Por otra parte, el ejercicio del ius prohibendi no está sujeto a la prueba del dolo del agente (expresión de agravios, fs. 493 y vta., tercer párrafo; Breuer Moreno, Pedro C. “Tratado de marcas de fábrica y comercio”; segunda edición, Editorial Robis, pág. 491). Va de suyo que ese factor de atribución está comprendido en la hipótesis de falsificación marcaria (art. 31 de la ley 22.362) que es uno de los casos -no el único- amparado por la ley (art.40 de la ley cit.). De todas maneras, en lo que atañe a este juicio cabe tener presente que Compañía de Diseño continuó vendiendo los productos en infracción aún después de dictada la medida cautelar en su contra y de ser notificada de la demanda. Lo que también contrasta con su alegada buena fe, es que apeló a prácticas como la de tachar con fibra negra parte de las palabras que componían los conjuntos marcarios de la Asociación (ver fs. 86/88 y camisa de “Etiqueta Negra” reservada a fs. 89 de la causa nº 9553/09).

Por todo lo anterior, tampoco es admisible justificar la conducta de Compañía de Diseño por el carácter de patrocinante de La Ellerstina, reconocido equipo de polo que participa regularmente en los torneos. Agrego que la relación jurídica habida entre ellos (fs. 313/323) define las obligaciones de cada cual, pero no sirve de pretexto para afectar derechos de terceros (arts. 9, 10, 961 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación).

En consecuencia, corresponde confirmar este aspecto del pronunciamiento.

VI. Una vez definida la responsabilidad de Compañía Argentina de Diseño S.A., corresponde atender los agravios de los dos apelantes en torno al monto de la indemnización.

Por lo visto, el a quo la estimó prudencialmente en la suma de $150.000 (fs. 448vta.).

Como es lógico, la actora reclama que se la incremente, mientras que la demandada, niega la existencia de perjuicio alguno y, a todo evento, reclama la reducción del capital de la condena.

Ante todo, corresponde desestimar la primera queja de la accionada porque la existencia del daño es, salvo hipótesis excepcionales, una consecuencia inmediata y previsible del uso indebido de la marca ajena. Nadie incurre en semejante conducta con fines altruistas, esto es, sin contar con la expectativa probable de obtener un beneficio económico.Desde el punto de vista del titular afectado, el uso indebido puede proyectar consecuencias patrimoniales negativas, tales como, la pérdida del lucro por la franquicia no otorgada, la dilución marcaria o el desprestigio comercial; también el daño emergente por los gastos que debe afrontar el dueño para hacer valer sus derechos y evitar la reiteración de transgresiones futuras.

La dificultad no estriba en probar la existencia del daño, sino su cuantía (esta Sala, causas nº 4465 del 6/3/87, nº 7698/92 del 16/11/04, nº 11.007/04 del 25/8/09 y nº 6121/02 del 8/7/08 cit.; Sala II, causas nº 5221 del 9/10/87, nº 25.123/94 del 28/12/95, nº 50.903/95 del 2/4/96 y nº 7972/91 del 3/9/96; y Sala I, causa nº 640 del 8/10/71; Fernández Novoa, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas; Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2004, pág. 503; Faerman, Silvia Fabiana, La condena al pago de indemnización por infracción a los derechos marcarios, en Derechos Intelectuales, autores varios, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1989, t. 4, págs. 215/222).

La dificultad para tasar los perjuicios puede ser superada sobre la base de la prueba que permita sopesar distintos factores como, por ejemplo, la envergadura y duración de la infracción, la cantidad de productos secuestrados, el nivel de ventas registrado, los montos invertidos en estrategias de marketing y publicidad, las utilidades obtenidas por la empresa infractora, y el precio de contratos de licencia que comprendan situaciones equiva lentes a la del juicio, etcétera.

Pues bien, de las constancias de autos surge que las prendas en infracción pertenecían a la colección primavera-verano 2009/2010 de Etiqueta Negra cuyo lanzamiento tuvo lugar a principios de 2009. El 28 de octubre de ese año la Asociación inició el expediente cautelar nº 9553/09.El primer mandamiento de secuestro fue diligenciado el 19 de noviembre de 2009 procediéndose al invento de mil ochocientas veintiocho (1828) piezas (fs. 66 del expte. cit.).

Como dije anteriormente, sólo a partir del 18 de noviembre de 2011, se tuvo por regularizada la comercialización de las prendas (fs. 411/412, expte. cit.). Quiere decir que la demandada tardó, en el mejor de los casos, dos años en cesar en el uso de las marcas de la actora. Si se computara el tiempo transcurrido desde que las prendas fueron puestas en el mercado hasta que se practicó el secuestro, la duración de la infracción llegaría a tres años aproximadamente.

A esas pautas se agregan los datos relevados por el perito informático Hugo Carlos Soria concernientes a la cantidad de artículos en infracción que fueron fabricados, al precio de venta al público y al stock de mercadería al momento del informe (ver fs. 123/244, en especial, Anexo II e informe de fs. 240/244, e impugnación de la demandada de fs. 251/251vta.).

La pericia contable presentada a fs. 257/260 demuestra el rango de ventas concretadas antes del secuestro cautelar, es decir, entre el 1/1/09 y el 19/11/09. Un total de 5.404 unidades entre chombas, pantalones, bermudas, camperas y camisas, fueron vendidos por un total de $1.547.924,07 (ver fs. 258). Si la evaluación se extiende hasta junio de 2011 (último mes relevado en el dictamen pericial), las cifras ascienden a 21.830 unidades con ingresos de $4.756.488,01 (ver fs. 257vta.). Es cierto que el informe fue impugnado por la demandada, pero también lo es que el experto lo ratificó ulteriormente (ver fs. 268/277vta. y 284/292). A la luz de la sana crítica juzgo que sus conclusiones están fundadas y deben ser tenidas en cuenta (arts.388 y 477 del Código Procesal DJA).

Otro elemento a considerar es el Contrato de Provisión y Licencia suscripto entre la actora y la firma La Martina Saddlery (“LM”), que aquélla trajo a colación en este juicio a modo de referencia (ver demanda, fs. 18vta., pto. 3.2.2.2. y fs. 20, in fine) y que invoca en esta instancia (conf. su recurso, fs. 482vta. y 484vta., pto. 3.1). Una copia de este instrumento fue acompañada por el representante legal de LM al contestar el oficio que le fuera cursado (ver informativa de fs. 94/113).

Por medio de ese contrato, la Asociación convino que LM fuera su “proveedor y licenciatario oficial” para las ediciones 116º y 117º del Torneo de Polo Argentino Abierto de Palermo, a celebrarse en los años 2009 y 2010, respectivamente. Así fue que le reconoció el derecho y la licencia en todo el mundo, de manera exclusiva y durante el plazo del contrato, para: a) comercializar los productos que contuvieren uno o más emblemas de la Asociación -nombres, logotipos, diseños o marcas registradas- durante los eventos de polo, en locales propios, ventas al por mayor y a través de internet; b) usar los “emblemas” de manera exclusiva en los rubros indumentaria y talabartería; c) publicitar y declararse a sí misma como el “proveedor oficial” de los productos especificados en el contrato; d) usar las imágenes de los integrantes de los equipos de polo participantes del torneo; y e) fabricar los productos encargados por la Asociación, según sus especificaciones (conf. arts. 2 y 3, puntos 3.1. a 3.3 del contrato, fs. 95/96). Además, la actora le garantizó a LM la comercialización exclusiva de los productos comprendidos en el contrato (art. 7, punto 7.6, fs. 100). Como contraprestación, LM se obligó a pagar la suma fija de U$S 200.000 más IVA por cada año (art. 9, fs.100/101).

En atención a la conducta reprochable de la demandada -mantenida con pertinacia a lo largo del incidente de medidas cautelares- y a la prueba que acabo de reseñar valorada con arreglo a la pauta del artículo 388 del Código Procesal DJA, juzgo que corresponde desestimar la queja de la demandada y, en cambio, admitir la de la actora incrementando la indemnización en $ 200.000 adicionales a la suma ya establecida en el fallo de primera instancia -$150.000-.

VII. Con arreglo a las facultades previstas en el artículo 34, inciso 5 del Código Procesal, conviene aclarar lo siguiente a fin de evitar planteos ulteriores que retrasen el trámite regular del proceso de ejecución.

La firma actora cuantificó los perjuicios sufridos en $ 400.000 “.o con más o en menos (sic) estime V.S. de lo que resulte de la prueba a producirse, con más sus intereses y costas.” (conf. su demanda, fs. 10, punto 1.1. in fine, y fs. 20 y vta. punto 3.2.3). Al haber subordinado así la determinación del capital de condena, debe considerársela como vencedora en el pleito porque su pretensión fue acogida en lo sustancial (esta Sala, causas n° 4146/91 del 6/9/05; n° 15.597/04 del 10/4/07; en igual sentido, Sala II, causa n° 1.223/91 del 12/12/95). Ese fue el criterio adoptado por el doctor Rojas Salinas al imponerle las costas a Compañía de Diseño (parte dispositiva del fallo, fs. 449, primer párrafo), lo cual fue consentido por dicho litigante (expresión de agravios, fs. 492/499).

La segunda aclaración tiene que ver con los accesorios reclamados (fs. 10 cit.): al haber admitido el juez totalmente la demanda, quedan comprendidos en la condena por implicancia lógica.

Sentado lo anterior, la suma de $ 350.000 que propongo devengará intereses a partir del día siguiente al de la notificación de la demanda -8 de septiembre de 2010, ver fs.60vta.-, dada la falta de precisión y de debate sobre este punto, y hasta el efectivo pago (conf. causa nº 6121/02 del 8/7/08 cit.). Será aplicable la tasa que rige en el fuero, esto es, la que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días (esta Sala, causas n° 6370/92 del 6/4/95, nº 8778/93 del 8/9/95, nº 2061/98 del 29/3/01, nº 2592/00 del 2/8/05 y nº 978/03 del 10/6/08; Sala I, causa nº 6595/95 del 26/5/94; Sala II, causas 6378/92 del 8/8/95, nº 10.377/96 del 11/3/99 y nº 1547/97 del 26/10/00).

Por ello, propongo al Acuerdo modificar el fallo apelado sólo en cuanto al capital de la condena, que fijo en el total de $ 350.000 con más los accesorios pertinentes, y confirmarlo en lo restante.

Las costas de segunda instancia se le imponen a la demandada por haber sido vencida en lo sustancial (arts. 70, primer párrafo y 280 del Código Procesal DJA).

Así voto.

El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2016.

VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente el Tribunal RESUELVE: modificar el fallo apelado sólo en cuanto al capital de la condena, que se fija en el total de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000) con más los accesorios pertinentes, y confirmarlo en lo restante. Las costas de segunda instancia se le imponen a la demandada por haber sido vencida en lo sustancial (arts. 70, primer párrafo y 280 del Código Procesal DJA).

Por la forma en la que se resuelve, corresponde dejar sin efecto la regulación de fs. 449 y fijar los emolumentos por ambas instancias.

Primera instancia:en atención a las distintas pretensiones involucradas en el pleito -daños y perjuicios, por un lado, y cese de uso de marca, por el otro-, cabe tener en cuenta el monto por el que prospera la primera de ellas -capital e intereses- y la base regulatoria estimada por el Tribunal en el caso de la segunda (ver causa nº 8027/07 del 1º/7/14); también, la naturaleza del proceso (fs. 25); las etapas cumplidas; el resultado obtenido; el carácter de la actuación; y el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada.

En función de ello, se establecen las siguientes sumas: Letrados de la parte actora: ($.) para el doctor Javier Alejandro Papaño -patrocinante en 3 etapas- y ($.) para el doctor Juan Martín Minorini Lima -apoderado en 3 etapas-. Letrados de la parte demandada: ($.) para el doctor Miguel J. Haslop -patrocinante en 1 etapa y doble carácter en 1 etapa- y ($.) para el doctor Gerardo E. Francia -apoderado en 1 etapa (arts. 5, 8, 9, 12, 36 y 37 de la ley 21.839/U-1158 DJA).

En atención a las cuestiones sobre las que debieron expedirse y al mérito, extensión y calidad de sus dictamenes (ver fs. 123/244, 253/260vta., 262/265 y 284/292), se regulan a favor del perito informático Hugo C. Soria y del perito contador Miguel D. Descalzo, la suma de ($.) para cada uno.

Segunda instancia: visto el resultado de los recursos, el monto involucrado en cada uno de ellos, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen los siguientes honorarios: Recurso de la parte actora: ($.) para el doctor Javier Alejandro Papaño -patrocinante actora-, ($.) para el doctor Juan Martín Minorini Lima -apoderado actora- y ($.) para el doctor Roberto M. Oliva -doble carácter por la demandada-. Recurso de la parte demandada: ($.) para el doctor Javier Alejandro Papaño, ($.) para el doctor Juan Martín Minorini Lima y ($.) para el doctor Roberto M. Oliva (arts. 5, 8 y 13 de la Ley de Arancel citada).

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese, y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo