AFIP debe devolver al actor las retenciones efectuadas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes jubilatorios.

CalculandoPartes: Reconstrucción – D. l. I. H. E. c/ AFIP DGI s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 11-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-97411-AR | MJJ97411 | MJJ97411

Por mayoría se ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos a devolver al actor las retenciones efectuadas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes jubilatorios.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que haciendo lugar a la acción de amparo ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva a devolver al actor – en el caso, es jubilado, ex integrante del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, habiéndose retirado con el cargo de Oficial de Justicia de Tribunales Letrados- de las retenciones efectuadas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes jubilatorios, disponiendo la inaplicabilidad del art. 1, inc. a) de la Ley 24.631 , en cuanto deroga los incs. p) y r) del art. 20 de la Ley 20.628.

2.-Los haberes jubilatorios abonados al actor en sustitución de la remuneración que percibía estando en actividad responden a un derecho de naturaleza previsional reconocido por el sistema de seguridad social, de carácter netamente alimentario que tiende a cubrir las necesidades básicas y de subsistencia de sus beneficiarios.

3.-Corresponde revocar la sentencia en crisis rechazando la acción de amparo tendiente a que la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva devuelva al actor de las retenciones efectuadas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes jubilatorios, atento lo decidido recientemente por la CSJN en la causa Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo , en la cual nuestro máximo tribunal, haciendo suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal. ( Del voto en disidencia del Dr. Lorenzo Barbará.

Fallo:

Rosario, 11 de noviembre de 2015.

Visto, en Acuerdo de la Sala “A” el expediente nro. FRO 18389/2014 caratulado: “RECONSTRUCCIÓN – D. L. I. H. E. C/ AFIP DGI S/ AMPARO LEY 16.986” del Juzgado Federal nro. 2 de Rosario, Secretaría B, del que resulta,

La Dra. Eleonora Pelozzi dijo:

Vienen los autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (fs. 134/142) contra la sentencia del 13 de mayo de 2015 (fs. 125/133 vta.), que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por el señor H. E. de la I., disponiendo la inaplicabilidad del art. 1, inc. a) de la ley 24.631, en cuanto deroga los incs. p) y r) del art. 20 de la ley 20.628 y le ordenó a la AFIP la devolución al actor de las retenciones efectuadas en concepto de Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes jubilatorios, con costas.

Concedido el recurso (fs. 143) la actora contesta los agravios a fs. 144/148. Elevado el expediente, se dispuso la intervención de la Sala “A”, ordenándose el pase al acuerdo, por lo que quedan a estudio.

El representante de la AFIP considera que el amparo no es la vía adecuada para dirimir el litigio toda vez que la cuestión requiere un proceso en el que se garantice un mayor debate y prueba. Recuerda que el amparo es un proceso excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y sólo procede en los casos en que el acto impugnado sea manifiestamente ilegal y arbitrario.También destaca que el actor no cumplimentó el reclamo administrativo previo y que la supuesta situación que plantea es de vieja data, por lo que no se comprende la urgencia de la tramitación de un juicio de amparo.

Critica que la jueza haya aplicado los principios del sistema previsional, toda vez que el impuesto no afecta las condiciones de vida ni el bienestar de la persona, tampoco se acreditó que afecte una parte sustancial del haber jubilatorio del actor y mucho menos que resulte confiscatorio.

Le agravia que la juez a quo haya dicho que no correspondía deducir el impuesto a las ganancias del haber jubilatorio del accionante en tanto éste no fue aplicado sobre las remuneraciones que percibía en actividad. Destaca que hay que acudir al plexo normativo vigente en la materia y entonces la Acordada 20/1996 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un punto de partida indiscutible.

Recuerda que esa acordada consagra una exención y por lo tanto quien se encuentre comprendido en ella no debe tributar ni en la actividad ni en la pasividad.Para determinar entonces quién está exento, debe evaluarse si es funcionario judicial y si su remuneración es equivalente a la de un Juez de Primera Instancia (en el caso de Santa Fe hasta la entrada en vigencia de la ley 13.178 era el Juez de Primera Instancia de Circuito y luego de ese momento el Juez Comunitario de las Pequeñas Causas).

Señala que si la situación del sujeto no encuadra en la Acordada 20/1996 debió considerarse alcanzado por el impuesto a las ganancias y no exento.

Por otro lado, recuerda que la Acordada 56/1996 (CSJN) consagra una deducción, no una exención, por lo que quienes encuadren en sus previsiones están alcanzados y no exentos del impuesto, aun cuando no hayan ingresado monto alguno, dado que la deducción disminuye la base del cálculo.

En conclusión, sostiene que habiéndose comprobado que al actor no lo alcanza la Acordada 20/96 por no tener una categoría presupuestaria superior a la de un Juez de Circuito, y tampoco se le aplica la Acordada 56/96 por no encontrarse más en actividad, resulta patente que se le debe aplicar el impuesto en cuestión, siendo arbitraria la decisión de que no se le deduzca más porque no se lo hacía cuando estaba en actividad.

Subsidiariamente, se agravia de la tasa de interés que aplicó la jueza de primera instancia.

Y CONSIDERANDO:

1- En cuanto al agravio referido a la improcedencia del amparo como vía idónea, es sabido que la procedencia de este tipo de acción, está condicionada a que el acto u omisión impugnado, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, el derecho o garantía constitucional, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe presentarse como algo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco, es decir visible al examen jurídico más superficial (art.43 CN).

En este sentido, si el acto u omisión lesivo contiene un vicio de indubitable arbitrariedad o ilegalidad, la acción de amparo será procedente por reunir los requisitos exigidos por el art. 1 de la Ley 16.986.

Creo oportuno señalar que el obstáculo que presentaba el inc. d) del art. 2do. de la Ley 16.986 alegado por la recurrente a fs. 134 vta., ha sido removido por el art. 43 de la CN. En el presente caso aparecen involucradas cuestiones de neto orden constitucional y se advierte que la cuestión a resolver es de puro derecho, por lo cual la procedencia del amparo constituye el medio idóneo para efectivizar derechos de esa raigambre.

Consecuentemente con lo expuesto, la vía intentada resulta procedente, por lo que corresponde rechazar el agravio.

2- Despejado el cuestionamiento anterior, corresponde efectuar una breve reseña de la normativa inherente a la cuestión en trato.

Cabe recordar que la vigencia de la ley 20.628 eximía del impuesto a las ganancias a los sueldos de los magistrados tanto nacionales como de la provincia -así como también los haberes jubilatorios y pensiones correspondientes a dichas funciones (cfr. art. 20 incs. p y r. t.o. en 1986 y sus modificatorias).

La ley 24.631 -art. 1 inc. a) derogó las mentadas exenciones, siendo que posteriormente la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 20/96, declaró la inaplicabilidad de la derogación impuesta para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación por dicha ley.

A su vez, la Acordada Nº 56/96 también del Máximo Tribunal calificó a la “compensación jerárquica”, la “dedicación funcional” y la “bonificación por antigüedad” como reintegros de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función. En consecuencia, resultan deducibles de la base imponible del tributo, por estar comprendidos dentro de los alcances del artículo 82 inc.e) de la ley del Impuesto a las Ganancias.

En el ámbito provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe mediante Acordada Nº 20/96, resolvió adherir a la acordada de la CSJN y declaró la inaplicabilidad del art. 1º de la ley 24.631, en cuanto derogó las exenciones contempladas en el art. 20, incs. p) y r), del impuesto en cuestión.

El 9 de agosto del 2000 ese Tribunal por Acordada Nº 31 resuelve, conforme lo sostuviera la CSJN en la Acordada Nº 56/96 que el adicional “compensación jerárquica” -comprendiendo también la bonificación por antigüedad proporcional a este rubro y demás adicionales- que ostentan la calificación de “reintegro de mayores gastos derivados del cumplimiento de la función”, resulta deducible de la base imponible del Impuesto a las Ganancias por encontrarse comprendidos dentro de los alcances del art. 82 inc. e) de la ley en trato.

Por último, la ley 13.178 introdujo una modificación al cuerpo normativo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe en cuanto sustituyó el Título VII “De los Jueces Comunales” por el de “Jueces Comunitarios de las Pequeñas Causas”. Con su dictado se produce un cambio en la figura del “Juez Comunal”, no sólo en su denominación sino también en sus facultades y funcionalidades, haciendo extensible al nuevo Juez Comunitario la aplicación dispuesta en el art. 10 de la LOPJ en cuanto a los derechos y obligaciones de los magistrados judiciales, y quedando incluidos en la enumeración que hace la Constitución de la Provincia (arts. 85, 88, 89 y 90).

3- Expuesto el marco normativo, cabe señalar que los hechos que fundamentan esta demanda no se encuentran controvertidos. Esto es, que el actor es jubilado, ex integrante del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, habiéndose retirado con el cargo de Oficial de Justicia de Tribunales Letrados (cfr. foja de servicios obrante a fs.43 del Incidente de Apelación unido por cuerda).

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la pretensión del accionante ya que, en síntesis, lo consideró exento del impuesto a las ganancias, en tanto el mentado tributo no se le había aplicado sobre la remuneración que percibía en actividad.

En términos generales los agravios de la AFIP DGI refieren que el caso no versa sobre una cuestión previsional sino tributaria y que se interpretó y aplicó erróneamente la normativa y acordadas que regulan la materia.

De lo expuesto se desprende que el principal conflicto a resolver radica en determinar los alcances del derecho invocado por el actor, en tanto es inherente a la seguridad social, en conexión con la recta interpretación de la normativa en juego. En efecto, la cuestión controvertida en autos consiste en dilucidar si el haber jubilatorio -que fue considerado por el organismo recaudador como un hecho imponible- corresponde que sea gravado por el impuesto a las ganancias.

Considero fundamental atender a los criterios que se imponen, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, principalmente, en cuanto distingue el derecho de la ley.

Con lo cual, atendiendo a la interpretación sistemática de todo el ordenamiento normativo, entiendo que los valores y principios jurídicos, que se encuentran en juego en el presente caso, se deben integrar y armonizar en función del control axiológico, a fin de arribar a una justa solución del litigio.

Tiene dicho nuestro Supremo Tribunal: “.la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración que percibía el beneficiario como contraprestación de su actividad laboral una vez cesada ésta y como débito de la comunidad por dicho servicio.” (10/5/83, Fallos:305:611; 311:530).

Por tanto, los haberes jubilatorios abonados al actor en sustitución de la remuneración que percibía estando en actividad responden a un derecho de naturaleza previsional reconocido por el sistema de seguridad social, de carácter netamente alimentario que tiende a cubrir las necesidades básicas y de subsistencia de sus beneficiarios.

De allí que -a mi criterio- se encuentre en juego en los presentes la fuerte protección que otorga nuestra Ley Fundamental al conjunto de los derechos previsionales y los principios inherentes a la seguridad social consagrados en ella.

Entiende la doctrina: “La seguridad social elevada a rango constitucional absorbe el llamado derecho de la previsión social, . estructurado en nuestro país sobre la base de las jubilaciones y pensiones”. “.la seguridad social, se maneja con dos columnas vertebrales, a saber: a) el principio de integralidad, que tiende a asumir todas las contingencias y necesidades sociales, y a suministrar prestaciones cuyos montos queden debidamente preservados; b) el principio de solidaridad, que tiende a hacer participar a todos en la financiación del sistema de prestaciones, y a garantizar contra las exclusiones y las coberturas insuficientes”. (Germán Bidart Campos; “Manual de la Constitución Reformada”, Tomo II, pág. 235, Ed. Ediar, 2000).

A su vez, nuestra Corte Suprema sostuvo en relación a los derechos de la índole de que se trata:

“4°).De ahí que no pueda prescindirse del carácter de las prestaciones debatidas a efectos de una adecuada solución del conflicto.”

“En ese sentido, corresponde recordar que todo lo atinente a la materia previsional debe apreciarse conforme a la finalidad que se persigue, ámbito en el cual el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que no se desnaturalicen los fines que la inspiran, que no son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y la protección integral de la familia, ya que el carácter alimentario de los derechos en juego impone a los jueces el deber de actuar con extrema cautela cuando se trata de juzgar peticiones de esta índole.También es oportuno señalar que el carácter alimentario de todo beneficio previsional, que tiende a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el “principio de favorabilidad” y a rechazar toda fundamentación restrictiva.”

“En definitiva, la materia previsional se vincula con personas que, por lo general, han concluido su vida laboral y, en la mayoría de los casos, han supeditado su sustento a la efectiva percepción de los haberes que les corresponden por mandato constitucional, razones que justifican una especial tutela.”

“Asimismo, la Constitución Nacional establece, en su artículo 14 bis, una protección operativa a las jubilaciones y pensiones, lo que significa asegurar a los beneficiarios un nivel de vida similar -dentro de una proporcionalidad justa y razonable- según las remuneraciones percibidas en actividad. Se trata, por consiguiente, de un mecanismo constitucional que garantiza la adecuada relación del haber de pasividad con el nivel de ingresos laborales percibidos.” (Benedetti, Estela Sara c/ P.E.N. ley 25.561 – tos. 1570/01 y 214/02 s/ amparo”, sentencia del 16 de septiembre de 2008 ).

De lo expuesto se desprende que la Constitución Nacional y nuestro Supremo Tribunal -en tanto guardián supremo de aquella-, se han esmerado en reconocer a los derechos previsionales especiales características y un sistema protectorio particular, basado en los aludidos principios de favorabilidad, integralidad, proporcionalidad, igualdad ante la ley y razonabilidad.

4- Es del caso que al encontrarse en actividad, el actor -empleado del Poder Judicial de Santa Fe- percibía una remuneración sobre la cual no se efectuaba deducción alguna en concepto de Impuesto a las Ganancias, en atención a la específica normativa que rige la situación de los integrantes del citado Poder.Ahora bien al pasar a retiro, su haber jubilatorio comenzó a ser objeto de retenciones aplicables al pago del mentado tributo.

A mi criterio, la situación descripta vulnera tanto el principio de razonabilidad contenido en los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional como el de favorabilidad, ya que no encuentro fundamento lógico alguno que autorice que quienes menos cobran, en el caso los retirados, deban soportar un mayor gravamen.

A su vez, violenta la garantía de igualdad consagrada en el art. 16 de nuestra Carta Magna precisada por la CSJN como “. la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales condiciones” (Fallos 222:352), toda vez que los agentes activos de la misma categoría no tributan ganancias, como así tampoco lo hacen los pasivos ex integrantes del Poder Judicial de la Nación.

Afecta también los principios de integralidad, proporcionalidad y sustitutividad de los haberes jubilatorios, los que -ya se ha dicho- deben guardar adecuada proporción con los sueldos de los activos en tanto los suplantan al incorporarse al sector pasivo.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia sostuvo en relación a derechos previsionales: “.Una inteligencia sistemática de sus cláusulas acorde con los grandes objetivos de justicia social que persigue el art.14 bis, obsta a una conclusión que, a la postre, convalide un despojo a los pasivos privando al haber previsional de la naturaleza esencialmente sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral” (Sánchez, María del Carmen” del 17/05/2005).

En consecuencia, toda ley que concierna a beneficios de esta naturaleza debe interpretarse atendiendo a su objeto pero también -y primordialmente- a la esencia y finalidad propia de aquellos, en pos de no afectar derechos de rango constitucional tales como los tutelados en los artículos 14 bis y 17 de nuestra Carta Magna.

De allí que -en mi opinión- corresponda rechazar los agravios esgrimidos, debiendo confirmarse la sentencia venida en revisión.

5- En lo que respecta a la tasa de interés asiste razón a la AFIP DGI por lo que se deberá revocar lo resuelto y aplicar la tasa prevista por el artículo 179 de la ley 11.683 y Resolución Nº 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, artículo 4º, esto es la 0,50% mensual, receptando así el agravio de la accionada.

6- En cuanto a las costas de la Alzada, propongo que se impongan a la demandada vencida (art. 14 de la ley 16.986).

Es mi voto.

El Dr. Carlos F. Carrillo dijo:

1.- Comparto en lo sustancial la solución que propone adoptar la Dra. Pelozzi en lo relativo al fondo, de conformidad con los argumentos que expresé en los precedentes “Criolani” (Ac. del 15 de diciembre del 2014 Expte. FRO 22012442/2012/CA1) “Almirón” (Ac. del 12/03/2015) y “Lombardi” (Ac. del 12/03/2015), entre otros de esta Sala “A” a cuyos fundamentos y conclusiones, en lo pertinente al caso, corresponde remitir por razones de brevedad y economía procesal (ver http://www.cij.gov.ar/sentencias).

Para arribar a esa conclusión tengo particularmente en cuenta que, según informó la Dirección General de Administración, Sección Sueldos, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (fs.69) el cargo de “Oficial de Justicia” (que detentaba H. E. de la I.) resulta equiparable presupuestariamente a la categoría de Juez Comunitario de las Pequeñas Causas.

Siguiendo el criterio de los antecedentes mencionados, entiendo que la sentencia en crisis debe confirmarse, en cuanto fue materia de recurso.

2.- Respecto de los intereses a aplicar y de conformidad a lo que resolvió esta Sala en los precedentes “Oscar Guerrero S.A.” -Ac. 156/12- y “Casas, Santiago” -Ac. 133/13- considero que debe modificarse la sentencia en este punto, debiéndose aplicar la tasa que contempla la resolución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación (0.50% mensual).

No obstante tratarse esos casos de demandas de repetición, la Resolución 314/2004 prevé que dicha tasa de interés (del cincuenta centésimos por ciento (0,50%) mensuales) se aplica también en los supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la ley 11.683 y se devengará desde la fecha de interposición del pedido de devolución, del reclamo administrativo o de la demanda judicial de repetición, o del pedido de reintegro o compensación, según corresponda, hasta la fecha de la efectiva devolución, reintegro o compensación.

En cuanto a las costas del juicio, atento a la complejidad del tema evidenciada por los criterios contrapuestos las de ambas instancias deben imponerse por su orden (Art. 68 segundo párrafo CPCCN).

Así voto.

El Dr.Fernando Lorenzo Barbará dijo:

1.- En primer término considero que es de tener especialmente en cuenta lo decidido recientemente por la CSJN en la causa “Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/ amparo”, en la cual nuestro máximo tribunal, haciendo suyo el dictamen de la Procuradora Fiscal, revocó la sentencia que habiendo desestimado un planteo semejante al que nos ocupa, llegara a aquél en revisión.

2.- Consecuentemente y dado que el presente caso resulta por completo asimilable al resuelto por el tribunal cimero, corresponde revocar la sentencia en crisis rechazando la acción de amparo. Lo cual torna inoficioso el tratamiento de los agravios.

3.- En cuanto a las costas, dada la naturaleza del reclamo, la disparidad jurisprudencial que venía dándose hasta el presente y que los reclamantes habrían considerado que les asistía el Derecho, cabe imponerlas en el orden causado en ambas instancias (segundo párrafo del artículo 68 del CPCCN).

Es mi voto.

En virtud del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

I) Confirmar parcialmente la sentencia de fecha 13 de mayo de 2015 (fs. 125/133 vta.), modificándola en cuanto a la tasa de interés fijada en primera instancia, aplicándose el 0.50% mensual según Resolución 314/2007 y art. 179 de la Ley 11.683; y en cua nto a las costas las que se distribuyen en el orden causado en ambas instancias (art. 68 del CPCCN)(por mayoría). II) Regular los honorarios profesionales en el 25% de lo que se fije por su actuación en la primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada Nº 15/13 de la CSJN y oportunamente, devuélvanse los autos al Juzgado de origen.

ms-ae

FERNANDO LORENZO BARBARÁ

JUEZ DE CAMARA

CARLOS FEDERICO CARRILLO

JUEZ DE CAMARA

ELEONORA PELOZZI

JUEZ DE CAMARA SUBROGANTE

Ante mi

Raquel Bolzico

Secretaria de Cámara