Los permisos legislativos del juez en casos de violencia familiar.

SUMviolenciaFamiliarARIO:

I. Introducción. II. Los permisos legislativos. III. Conclusión.

Por Diego Oscar Ortiz (*)

La enumeración de medidas de protección en
situaciones de violencia familiar no puede ser taxativa;
si no, sería colocar un cerrojo a las posibilidades
del juez de dictar otras medidas atendiendo el caso (1).

I. INTRODUCCIÓN

El juez de familia es el encargado de dirimir los conflictos que se suscitan entre los integrantes de las familias; es decir, es el operador del derecho que debe decidir el problema y fundamentar dicha decisión de manera razonable.
En el procedimiento de violencia familiar, tiene una serie de permisos legislativos, dada la especialidad de la temática y la sustancia dinámica debatida. Resuelve sobre un hecho de violencia reciente que puede tener repercusiones en el futuro si no dicta una medida de protección que le ponga un freno al presunto agresor o por lo menos lo intente.
La idea de este artículo es plantear el tema de los permisos legislativos que tiene el juez de familia en este procedimiento y sus fundamentos.

II. LOS PERMISOS LEGISLATIVOS

1. Concepto
Un permiso es autorizar una conducta o una omisión, una licencia para realizar algo o dejar de hacerlo. Los permisos legislativos en el procedimiento de violencia familiar son aquellas disposiciones legales existentes en las leyes de protección que dan lugar a que el juez resuelva medidas que no están expresamente establecidas. Por medio de estos artículos, el juez está facultado a «crear, innovar, idear, utilizar» medidas acordes al caso presentado y con la intención de proteger a las personas en situación de violencia.
El Protocolo de actuación para operadores de justicia frente a la violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de pareja, en la parte de nudos críticos identificados en la adopción de medidas cautelares, plantea que en Chile, si bien se utilizan medidas cautelares, no se hace un uso innovativo de las potestades cautelares, sino que se limita su uso a las enumeradas por la ley (2).
Lo interesante de lo mencionado anteriormente es que se expresa como problema el no utilizar los permisos legislativos. Esto denota la importancia de estos permisos o válvulas de escape procesal en situaciones de violencia familiar.
2. Fundamento
Uno de los fundamentos de la existencia de estos permisos legislativos es que la función del juez de familia en un procedimiento de violencia familiar excede la resolución de un simple conflicto privado que interesa a las partes, para formar parte de una problemática social en la que está incluida esa familia que recurre a la justicia. Por eso, debe tener la habilitación para crear medidas que contemplen el caso en concreto.
3. ¿Que establecen las leyes especiales?
La Ley 24.417 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea, en el art. 4, una serie de medidas, como la prohibición de acceso al domicilio, exclusión del hogar, alimentos provisorios, tenencia. Sin embargo, no deja la válvula legal para permitir que el juez dicte otro tipo de medidas.
La Ley 12.569 de la Pcia. de Buenos Aires (y su última modificación, Ley 14.509) plantea en el art. 7, inc. g, dentro de las medidas que puede tomar el juez: «… toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima».
La Ley 26.485 plantea la posibilidad de que el juez tome otras medidas de protección, además de las mencionadas expresamente (esto, conforme el art. 26).
La Ley 5420 de prevención y protección integral contra abuso y maltrato a los adultos mayores plantea, en el art. 9, que «las medidas que se adopten para proteger a los Adultos Mayores víctimas de abuso o maltrato estarán orientadas a la búsqueda de una resolución integral de la problemática del Adulto Mayor, intentando ofrecer una variedad de dispositivos que lo acerquen a la posibilidad de mejorar su calidad de vida».
Este permiso legislativo que tiene el juez para adoptar otras medidas es fundamental en casos de situaciones denunciadas en donde el protagonista sea un NNA, un padeciente mental, un adulto mayor, etcétera.
No es la intención de este artículo armar un catálogo de medidas no expresadas que se pueden adoptar en este procedimiento, sino que estas van a depender de las circunstancias del caso, de las partes, etcétera.
4. Ejemplos jurisprudenciales
La jurisprudencia puede servir de muestrario de atribuciones judiciales en aras de proteger a las personas en situación de violencia.
Un fallo plantea que el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires logró que el Juzgado de Familia N.° 2 de la Plata autorizara a una joven migrante brasileña a regresar a su país junto a su pequeña hija argentina de siete meses reconociendo de este modo el grave contexto de violencia con riesgo de vida para ambas.
El juez entendió que el grave riesgo de vida en el que se hallaba la pequeña -y su madre- solo podía evitarse «autorizando el viaje a su país de origen donde vive su familia, que puedan brindar ayuda económica, emocional y protección». Rescató en la resolución, el contexto de violencia física, económica, psicológica y sexual que venían padeciendo la mujer y la niña (3).
Esta resolución tuvo en cuenta que, a pesar de las denuncias formuladas por la mujer contra su expareja y de las medidas tomadas por otros juzgados para tratar de protegerla, ella seguía «siendo víctima de violencia de género» porque el victimario desoía las órdenes judiciales. Esto ponía tanto a la madre como a la niña «en un estado de desprotección y riesgo grave», motivo por el cual el juez autorizó la salida del país de ambas, sin que mediara el aval del padre (4).
III. CONCLUSIÓN
Como conclusión, el juez debe tener herramientas legislativas para poder crear en miras a proteger a las personas en situación de violencia.
————
(1) La frase me pertenece.
(2) NASH ROJAS, Claudio (dir.): El protocolo de actuación para operadores de justicia frente a la violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de pareja. Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile.
(3) Consejo Provincial de las Mujeres Buenos Aires, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1045868178809889&id=379847925411921. (Fecha de consulta: 31/1/16).
(4) RODRÍGUEZ, Carlos: El viaje para salvar la vida. Diario Página 12, 23/1/16.
(*) Abogado, UBA. Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, UBA. Especialista en Violencia Familiar, UMSA. Docente de Derecho de Familia y Sucesiones y de Contratos Civiles y Comerciales, UBA. Director de la Revista de Actualidad de Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas. Autor y coautor de artículos sobre temas de su especialidad.

A %d blogueros les gusta esto: