Ilegitimidad de la guarda preadoptiva de hecho ejercida por los guardadores, al haberse comprobado que quien había reconocido la paternidad del menor no era su padre biológico.

adopcionPartes: P. J. s/ medida cautelar – protección de persona

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú

Sala/Juzgado: Primera Civil y Comercial

Fecha: 30-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-97088-AR | MJJ97088 | MJJ97088

Ilegitimidad de la guarda preadoptiva de hecho ejercida por los guardadores, al haberse comprobado que quien había reconocido la paternidad del menor no era su padre biológico.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la resolución que dispuso el cese convivencial en forma definitiva del niño, pues por conducto de la prueba pericial genética quedó descartado el vínculo filial de quien declaró con el reconocimiento esa condición, extremo ese que no puede ser avalado, por cuanto subyace una entrega directa del niño por fuera del ámbito institucional, mediante una aparente maniobra para sortear esos causes legales de protección, que de no haber sido detectada habría vulnerado derechos fundamentales de aquél.

2.-El CCivCom. que comenzó a regir el pasado 1 de agosto, en su art. 611 CCivCom. inauguró el capítulo destinado a la guarda con fines de adopción prohibiendo las guardas de hecho o entregas directas en guarda de Niños, Niñas y Adolescentes, habilitando al juez para que en el caso en que esa regla sea transgredida separe al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, aunque con algunas excepciones.

Fallo:

GUALEGUAYCHÚ, 30 de diciembre de 2015.

V I S T O Y C O N S I D E R A N D O:-

I.- Vienen los autos a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 55 por J. R. P. y M. M. F., contra la interlocutoria de fs. 45/53 mediante la cual el a quo dispuso el cese convivencial en forma definitiva del niño J. P.

II.- Al fundar su disconformidad (fs. 67/75 vta.), los apelantes afirman que mientras J. estuvo a su cuidado sus derechos han estado debidamente resguardados, que mantuvo permanente contacto con la mamá, de modo que creciera sabiendo la verdad, no verificándose ninguna circunstancia que lo colocara en situación de riesgo o que hiciere necesario la adopción de medidas de protección, calificando por tal razón a la decisión criticada de injustificada y prematura. Apuntan que la entrega directa o la existencia de una venta no tienen ningún respaldo probatorio y que la prueba de que no existió tal pacto es que la madre del menor mantuvo siempre contacto con el niño; que Julio procedió a reconocer como su hijo a J. en la convicción de que era hijo suyo; advierten respecto que los dichos de B. no pueden ser tenidos en cuenta, en tanto aparecen desvirtuados por la prueba obrante en autos. Alegan que lo decidido viola el interés superior del niño, su centro de vida y que la convivencia del mismo con su abuela descarta la posibilidad de mantener contacto con su progenitora, desde que ambas no tienen trato entre sí, encontrándose completamente desvinculadas. Abundan en detalles sobre su relación con el niño y citan antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidos a la cautela que debe primar para modificar situaciones de hecho respecto de menores de edad. Explican que están inscriptos en el RUAER, considerando de esa manera haber justificado su aptitud para estar a cargo del menor.En subsidio al pedido de revocatoria de la resolución, solicitan se disponga un cuidado personal compartido con la abuela del niño y estar a cargo de la educación y la salud del niño puesto que, tal como informa el COPNAF, su abuela estaría en dificultades al respecto. En conclusión, interesan se modifique el resolutorio objetado y se lo adecue a los términos de su impugnación.

III.- En la réplica de fs. 81/82, la Defensora Interina de Pobres y Menores Nº 2, promotora de la medida, reseña párrafos del informe del COPNAF que dan cuenta del nacimiento del niño en el nosocomio de la ciudad de Gualeguay, que no habría sido inscripto en el Registro Civil del mismo y que se encontraría en poder de la familia P.-F., por lo que solicitó se investigara el hecho, habiéndose iniciado las actuaciones caratuladas «SRA. DEFENSORA DE POBRES Y MENORES Nº 2 S/ SU DENUNCIA», donde se dispuso el estudio genético entre P. y el niño, habiéndose recibido desde el servicio de genética forense el resultado que descartó la posibilidad de existencia de vínculo de paternidad biológica entre ambos, destacando que los ahora apelantes nunca cuestionaron dicho informe, quedando de tal modo desvirtuada la legitimación de P. Entiende que fueron las conductas de falta de honestidad y transparencia de los apelantes las que habrían violentado el interés superior del niño, adulterando su identidad y estado civil, así como el derecho a conocer y ser cuidado por sus padres y que la conducta de aquellos no importa reparar un derecho eventualmente vulnerado, sino satisfacer sus propias necesidades cosificando al niño desconociendo su dignidad y sus derechos, como también que el art. 611 del nuevo CCyC prohibe la entrega directa con la única excepción que exista vínculo de «parentesco» propiciando. En resumen, auspicia la confirmación de la sentencia.

IV.- A fs.91/92, se expide el Señor Defensor de Pobres y Menores Nº 1 de esta jurisdicción, auspiciando la confirmación del pronunciamiento cuestionado por entender en síntesis que es la solución que se compadece con el interés superior del menor.

V.- Extractados del modo expuesto los antecedentes del caso, corresponde abordar el tratamiento de las quejas vertidas.

En dicho cometido, recordamos que ante un supuesto que guarda adecuada analogía con el presente (in re:- «R., F. S/ MEDIDA DE PROTECCIÓN (DECLARACIÓN DE PREADOPTABILIDAD)», 15/5/2014, Expte. Nº 4336/F), esta Sala consideró ilegítimo el «centro de vida» de un niño que había sido entregado de manera directa a quien lo reconoció como hijo suyo asumiendo los cuidados con su pareja, habiéndose comprobado con posterioridad la inexistencia de vínculo filiatorio entre el reconociente y el niño.

La versión de los hechos en aquella oportunidad fue idéntica, en tanto en ambos casos el reconociente manifestó haber mantenido ocasionalmente relaciones íntimas extramatrimoniales con la progenitora del menor de edad y haber obrado en el convencimiento de que la criatura era hijo suyo. Sin embargo, en ninguno de los dos supuestos, se adoptaron recaudos para corroborar la paternidad reputada, aceptando las respectivas cónyuges sin objeciones la situación.

Aquí también por conducto de la prueba pericial genética quedó descartado el vínculo filial de quien declaró con el reconocimiento esa condición, extremo ese que no puede ser avalado, por cuanto subyace una entrega directa del niño por fuera del ámbito institucional, mediante una aparente maniobra para sortear esos causes legales de protección, que de no haber sido detectada, habría vulnerado derechos fundamentales de aquél.

No modifica esa lectura que los apelantes se encuentren inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción de esta provincia (RUAER). Esto, pues las guardas de hecho o puestas ya estaban censuradas en nuestro sistema legal (ley 24.779, que modificó al efecto el Código Civil en sus arts.316 a 318; ley 25.854 creó a nivel nacional el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, ley 26.061 y correlativos regímenes provinciales), y el Código Civil y Comercial que comenzó a regir el pasado 1 de agosto, en su art. 611 CCyC inauguró el capítulo destinado a la guarda con fines de adopción prohibiendo las guardas de hecho o entregas directas en guarda de Niños, Niñas y Adolescentes. Correlativamente habilita al juez para que en el caso en que esa regla sea transgredida, separe al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto, que pueda comprobarse judicialmente que la elección de los progenitores se fundó en la existencia de un vínculo de parentesco, entre éstos y el o los pretensos guardadores del niño, y ese extremo ya quedó descartado en el presente caso, donde las implicancias de la sustitución de identidad, se encuentran evaluadas en el ámbito penal según también surge de la causa.

La norma citada deja finalmente establecido, que ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. De modo concordante, el art. 634, inc.h) CCyC sanciona con la nulidad absoluta la adopción obtenida en violación a las disposiciones sobre inscripción y aprobación del registro de adoptantes.

Frente a tal contundencia legal, y la finalidad que persigue de modo coherente dicho articulado (art.2 CCyC), que va de la mano con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en torno a la protección integral de los derechos de la infancia, toda situación que no se amolde a las exigencias previstas, no podría ser receptada judicialmente, sino por el contrario desalentada, correspondiendo la rápida desarticulación de situaciones irregulares o ilegales que se intenten consolidar por el mero paso del tiempo.Es indudable que el nuevo código ha reglamentado en la materia las mandas de la Convención de los Derechos del Niño, y recogido las tendencias actuales en la materia en consonancia con la ley 25.854, las distintas leyes provinciales que han creado registros de aspirantes a adopción y la doctrina emana del fallo «Fornerón e hija c. Argentina» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (párrs. 47, 49, 50, 52, 66, 67, 75, 93, 98, 116, 119, 121, 123, 138 y 139), todo lo que sería desconocido de brindar aval a la posición de los apelantes.

En el contexto explicitado, y en orden a lo que emerge de los informes agregados a fs. 2/4, 21/22, 28/31, 43/44 y 58/59, la solución adoptada en este estadio por el juez de grado, es la que mejor congenia con el interés superior del niño, desde que mal puede convalidarse lo ilícito e irregular para su supuesto beneficio, y en cuanto los cuidados estarán dados por su familia biológica ampliada, preservando los vínculos fraternales.

Se impone pues la confirmación de la interlocutoria recurrida, con costas; y conforme principios de economía y celeridad procesal, se dejarán fijados los honorarios de esta instancia para que los calcule el juez de grado al estimar los de primera instancia.

VI.- Creemos finalmente preciso remarcar la trascendencia de la tarea pendiente y debida por el órgano de protección de derechos de la infancia en la localidad de Gualeguay.

Evidentemente en cumplimiento de rol que le compete según lo normado por la ley provincial Nº 9861, ese organismo tiene pendiente efectuar sin dilaciones un análisis sistémico del caso e impulsar la definición y seguimiento de las situaciones de todos los hijos menores de edad de J. J. Z., de modo articulado con otras áreas del Estado como la coordinación COPNAF de Gualeguaychú, y las áreas de salud pública y/o área mujer municipal en relación a la Sra.Z., dadas las problemáticas en relación a ella aquí ventiladas y las posibles consecuencias en la salud de su descendencia que podría aparejar el consumo de sustancias durante los embarazos, como asimismo procurar la asignación de dispositivos y recursos tendientes al fortalecimiento del grupo familiar actualmente encabezado por A. B.

Ello porque la presente medida de protección de persona instada por el Mrio. Público (y su par, según fs. 27) no puede ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para restituir y garantizar derechos de uno de los niños involucrados de quienes se dió cuenta en el informe de fs. 2, restando verificar la efectiva protección integral de todos ellos, y en especial el asegurarles que logren vivir y desarrollarse plenamente en un entorno familiar seguro, que satisfaga sus necesidades afectivas y materiales.

Por esa razón, en consonancia con las medidas de protección de derechos a las que el órgano judicial se encuentra habilitado -art. 55 ley 9861-, y atendiendo al deber genérico de prevenir todo daño regulado en el art. 1710 del CCyC, previsión ésta que cobra especial importancia para los sujetos de preferente tutela, será encomendado al Juez ponga al COPNAF en la persona del Coordinador local, en conocimiento de tales preocupaciones, las cuales deben ser asimismo asumidas por el Mrio. Público de la Defensa en función de las responsabilidades que le asigna el art. 103 del Código Civil y Comercial.

VII.- En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado en esta alzada a fs. 91/92 por el Señor Defensor de Pobres y Menores Nº 1,

S E R E S U E L V E:-

1.- RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 55 y, en consecuencia, confirmar la interlocutoria de fs.45/53 en todo lo que ha sido objeto de impugnación.

2.- ENCOMENDAR al Señor juez a quo anoticie al órgano administrativo de protección de derechos, en la persona del Coordinador del COPNAF de la ciudad de Gualeguay, que conforme a lo explicitado en el considerando VI.-, deberá analizar y definir sin dilación las situaciones de todos los hijos menores de edad de J. J. Z., articulando soluciones y recursos con otras áreas del Estado, y el seguimiento del Ministerio Público de la Defensa.

3.- IMPONER las costas de alzada a los apelantes perdido- sos; fijando los honorarios profesionales por la tarea cumplida en esta instancia en un 40% de los que se establezcan por la labor de la primera instancia, encomendando su cálculo al juez de grado para cuando estime estos últimos.

REGISTRESE, notifíquese y, en su oportunidad, bajen.

GUILLERMO OSCAR DELRIEUX

ANA CLARA PAULETTI

GUSTAVO A. BRITOS

ante mí:-

JOAQUÍN MARIA VENTURINO

Secretario Int. Subrogante

En ././2015 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.

JOAQUÍN MARIA VENTURINO

Secretario Int. Subrogante

A %d blogueros les gusta esto: