Multa a agencia de turismo por publicitar ofertas de viajes con precisiones falsas respecto a los precios que generaban incertidumbre en los consumidores.

Agencia de viajesPartes: Asatej S.R.L. c/ DNCI-DISP 686/10 (EXPTE S01:480886/08) s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 16-feb-2016

Cita: MJ-JU-M-97494-AR | MJJ97494 | MJJ97494

Se confirmó la multa impuesta a una agencia de turismo por publicitar ofertas de viajes con precisiones falsas respecto a los precios, que no se correspondían con el precio final y a la disponibilidad de plazas, mediante mensajes contradictorios que generaban incertidumbre en los consumidores.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la disposición de la Dirección Nacional de Comercio Interior, mediante la cual se aplicó una multa a una agencia de turismo por infracciones a la Ley 22.802 -Lealtad Comercial- y a la Ley 24.240 -Defensa del Consumidor- en virtud de la denuncia de que la empresa publicitaba su oferta de vuelos con precisiones que no eran reales, puesto que la recurrente se limita a disentir con lo resuelto y a manifestar su disconformidad con el razonamiento utilizado por la autoridad de aplicación, que no resulta idóneo a los efectos de lograr la modificación del reproche formulado y de la sanción establecida, pues en efecto, las normas aplicadas son claras en sus textos y no admiten ningún tipo de excepción.

2.-Las exigencias que deben cumplir quienes ofrecen públicamente bienes o servicios derivan del deber de tutelar el derecho constitucional de información de una masa heterogénea de consumidores y usuarios -art. 42 de la CN.-.

3.-La sola verificación de la omisión de la conducta impuesta -según una apreciación objetiva- es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad por la violación de las normas invocadas en la causa y no se requiere un daño concreto.

4.-Es improcedente la alegada incompetencia de la Dirección Nacional de Comercio Interior para formular imputaciones respecto de las condiciones generales del contrato de servicios turísticos, debido a que aquí fueron impugnadas dos multas aplicadas en el marco de una relación de consumo entre una empresa que ofrece servicios de vuelos aéreos y un potencial consumidor, y no está involucrada la relación de los agentes de viajes con un usuario, que justifique la intervención de la Secretaría de Turismo de la Nación en los términos de la res. nº 256/00 .

5.-Deben confirmarse las multas fijadas dado que la determinación y el quantum de la sanción pertenece, en principio, al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa y sólo es revisable por los jueces en supuestos de ilegitimidad manifiesta, situación que no se perfecciona en el presente toda vez que los importes no aparecen manifiestamente desproporcionados dentro de la escala prevista a los efectos de graduarlos, entre un mínimo y un máximo que establecen las normas afectadas, y por otro lado tampoco resultan irrazonables a la luz de las circunstancias particulares ponderadas por la autoridad de aplicación para su graduación, entre otras, las características del servicio ofrecido, la posición en el mercado que ocupa la firma infractora, y su conducta reincidente en relación con la Ley 24.240.

Fallo:

Buenos Aires, 16 de febrero de 2016.- NRC VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que la Dirección Nacional de Comercio Interior (DNCI) dictó la disposición nº 686/10 (fs. 113/132) que impuso a la firma Asatej SRL las siguientes sanciones:

(i) Una multa de veinte mil pesos ($ 20.000), por haber infringido los artículos 9º de la ley 22.802, y 8 de la resolución ex SCD DC nº 7/2002 (texto según artículo 2 de la resolución ex SCT nº 2/2005), ambas reglamentarias de aquella ley.

(ii) Una multa de cincuenta mil pesos ($ 50.000) por haber infringido los artículos 7 de la ley 24.240, y 1º de la resolución nº 906/98, reglamentaria de aquella ley.

II. Que las presentes actuaciones fueron iniciadas con la denuncia de la Asociación Civil Unión de Consumidores de Argentina en la que manifestó que Asatej publicitaba su oferta de vuelos con precisiones que no eran reales.

Dijo que dicha firma no había respetado las leyes nros.24.240 y 22.802, ni la resolución nº 7/2002 de la SCD y la DC, en cuanto a la información y publicidad de ofertas de vuelos efectuadas por la empresa en el suplemento «Viajes» del diario Clarín del 26 de octubre de 2008, denominada «Semana loca en Asatej».

Acompañó constancias documentales certificadas ante escribano público, obtenidas de la página de internet http://www.asatej.com.ar., y la publicidad aparecida en el suplemento.

Citó determinados precios de billetes de pasajes:

Roma a USD 969, Miami a USD 784, Madrid a USD 1029 y New York a USD 799, y dijo que del cotejo realizado con las constancias acompañadas y el sitio web de Asatej surgía que a los precios promocionados por destino debían serle adicionados los impuestos que el consumidor debía abonar.

Asimismo, denunció que la oferta publicitaria afectaba la regulación de la publicidad, por cuanto el aviso aludía a la amplia disponibilidad de plazas para los años 2008 y 2009, y en otra parte de aquél, fue consignado en letra pequeña que existía la disponibilidad de 1 (un) lugar por destino.

Denunció que los precios que aparecían en el aviso no correspondían al importe final que el cliente debía abonar para acceder al servicio propuesto por el proveedor.

III. Que para decidir, la DNCI consideró que:

(i) En cuanto a la oferta de vuelos:en letra e imagen destacadas fue afirmada la «amplia disponibilidad para 2008 y 2009″, y en la parte derecha del aviso, en letras de menor importancia y en sentido vertical podía ser leída con dificultad la siguiente frase:».disponibilidad de 1 lugar por destino».

Así, existían dos mensajes contradictorios que generaban incertidumbre en los consumidores potenciales, en oposición al artículo 9 de la ley 22.802.

Explicó que la falta de contradicción alegada por la firma sumariada, que entendió que la «amplia disponibilidad para 2008 y 2009» aludía a la salida de vuelos y no a la disponibilidad de plazas fue una apreciación elaborada para eximirse de responsabilidad.

(ii) Según la publicidad aparecida en el sitio web, el consumidor debía añadir impuestos al precio de los servicios publicitados, que los encarecía significativamente.

Dicho aviso no cumplía con las exigencias legales establecidas en el artículo 7º, último párrafo de la ley 24.240 que dispone que «la no efectivización de la oferta será considerada negativa o restricción injustificada de venta».

(iii) La firma sumariada tampoco indicó el precio de contado en dinero en efectivo correspondiente al importe total del precio que debía abonar el consumidor. Dicha conducta infringió el artículo 8º de la resolución 7/2002, según el artículo 2 de la resolución ex SCT nº 2/2005, ambas reglamentarias de la ley 22.802.

(iv) El tamaño de la tipografía utilizada en las «Condiciones Generales del Contrato de Servicios Turísticos», agregada a fs.80/83, es menor a uno con ocho décimos (1,8) de milímetros de altura, requerido en el artículo 1º de la resolución nº 906/98, reglamentaria de la ley 24.240.

Manifestó que el texto del contrato era una información relevante para el consumidor, en tanto aludía a las condiciones generales de contratación, y establecía los requerimientos exigidos por la firma sumariada para la contratación de los servicios de vuelos, así como las facultades resarcitorias otorgadas al consumidor.

(v) No es relevante que no haya un consumidor perjudicado.

IV. Que contra dicha decisión, la firma sancionada interpuso recurso directo (fs.136/139) cuyo traslado fue contestado a fs. 166/170. Formula las siguientes manifestaciones:

1. No debió ser interpretado que «la amplia disponibilidad para 2008 y 2009» estaba referida a la obtención de los destinos ofrecidos, ni debió ser afirmado que «existen dos mensajes publicitarios que son contradictorios y que generan incertidumbre en los potenciales consumidores interesados.», por cuanto dicha disponibilidad aludía a las fechas de salida de los vuelos disponibles a elección del consumidor, pero no a la disponibilidad de plazas.

2. La interpretación efectuada por la administración afecta el derecho de defensa en juicio, el principio de inocencia, e invierte la carga de la prueba.

3. Fue interpretado en forma errónea que al precio promocionado «debe adicionarles los cargos por impuestos, encareciéndolos consecuentemente en forma importante».

4. Se queja de que haya sido sostenido que no fue indicado el precio total que debía abonar el consumidor, quien recibió la información necesaria. El monto de los impuestos no genera beneficio extra alguno ni un mayor aprovechamiento de las ventas, ni forman parte del precio percibido.

5. No debió ser formulado el reproche en cuanto a las Condiciones Generales del Contrato de Servicios Turísticos, debido a que no es un contrato de consumo, sino un contrato de servicios turísticos regulado en la resolución nº 256/00, cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Turismo de la Nación.

6.La multa establecida no ha tenido en cuenta los atenuantes de la infracción, ni la falta de otras sanciones anteriores.

Ello torna excesiva la suma aplicada.

V. Que no es procedente la alegada incompetencia de la DNCI para formular imputaciones respecto de las «condiciones generales del contrato de servicios turísticos», debido a que aquí fueron impugnadas dos multas aplicadas en el marco de una relación de consumo entre una empresa que ofrece servicios de vuelos aéreos y un potencial consumidor, y no está involucrada la relación de los agentes de viajes con un usuario, que justifique la intervención de la Secretaría de Turismo de la Nación en los términos de la resolución nº 256/00.

VI. Que la recurrente se limita a disentir con lo resuelto y a manifestar su disconformidad con el razonamiento utilizado por la DNCI, que no resulta idóneo a los efectos de lograr la modificación del reproche formulado y de la sanción establecida. En efecto:

1. No puede ser admitida la aludida privación del derecho de defensa y afectación del principio de inocencia ni la inversión de la carga de la prueba, si se tiene en cuenta que de los considerandos del acto impugnado se desprende que la decisión se encuentra sustentada en las circunstancias fácticas y jurídicas que surgen de las constancias de la causa y en el régimen legal aplicable.

2. Las normas aplicadas son claras en sus textos y no admiten ningún tipo de excepción.

3. Las exigencias que deben cumplir quienes ofrecen públicamente bienes o servicios derivan del deber de tutelar el derecho constitucional de información de una masa heterogénea de consumidores y usuarios (artículo 42 de la Constitución Nacional).

4. La sola verificación de la omisión de la conducta impuesta -según una apreciación objetiva- es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad por la violación de las normas invocadas en la causa y no se requiere un daño concreto (esta sala, causas «Emprendimientos 2011 SRL c/ DNCI – Disp.642/09», «Volkswagen Argentina S.A. c/ DNCI – Disp. 795/10», «Toot S.A. c/ DNCI – 135/11», «INC S.A. c/ DNCI – Disp. 535/10», «Falabella S.A. c/ DNCI-Disp. 456/10», «Banco Macro S.A. c/ D.N.C.I – Disp. 219/11», «General Motors de Argentina SRL c/ DNCI – Disp. 88/13», «Casanuova s.a. c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 26.361″,»Tito González Automotores S.A. c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor — Ley 23.361 — art. 35», y «Mario Korn Propiedades SA c/ DN – Disp. 40/13» , entre otras, pronunciamientos del 29 de diciembre de 2011, del 21 de agosto, del 25 de octubre, del 8 de noviembre y del 6 de diciembre de 2012, del 19 de marzo de 2013, del 22 de mayo de 2014, del 20 de agosto, del 6 de octubre y del 3 de diciembre de 2015, respectivamente).

VII. Que la determinación y el quantum de la sanción pertenece, en principio, al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa y sólo es revisable por los jueces en supuestos de ilegitimidad manifiesta (esta sala, causas «Biogénesis Bago S.A. c/ DNCI Disp 225», «Emprendimientos 2001 SRL c/ DNCI Disp. 642/09», «Cerámica Alberdi S.A. y otro c/ DNCI -Disp. 546/10», «General Motors de Argentina S.R.L. c/ DNCI – Disp.88/13», «Procter & Gamble Argentina SRL c/ DNCI – s/ Defensa del Consumidor – Ley 26361 – art.35» -entre otros-, pronunciamientos del 1 y 29 de diciembre de 2011, del 10 de octubre de 2013, del 22 de mayo de 2014 y del 6 de octubre de 2015, respectivamente).

En el caso, los importes no aparecen manifiestamente desproporcionados dentro de la escala prevista a los efectos de graduarlos, entre un mínimo y un máximo que establecen los artículos 18 de la ley 22.802 y 47, inciso b), de la ley 24.240.

Además, los importes de las multas no resultan irrazonables a la luz de las circunstancias particulares ponderadas por la autoridad de aplicación para su graduación, entre otras, las características del servicio ofrecido, la posición en el mercado que ocupa la firma infractora, y su conducta reincidente en relación con la ley 24.240 La ausencia de sanciones por infracciones cometidas a la ley 22.802 no es un factor decisivo, sino un elemento más a considerar (esta sala, causa «Administración Baigún y otro c/ DNCI s/ Lealtad Comercial», pronunciamiento del 25 de septiembre de 2015, entre otros).

Y las razones que expuso la actora son insuficientes para afirmar que el quantum sea excesivo.

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: confirmar la disposición 686/2010. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ SE RESUELVE.

VII. Que en función de la naturaleza del proceso, su monto -para el que cabe estar a las sumas que en concepto de multas fueron objeto de cuestionamiento ante este tribunal-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a la luz del resultado obtenido, SE ESTABLECEN en la suma de dos mil cuarenta y cinco ($ 2.045), los honorarios a favor del Dr. Adrián O. Decundo por las tareas cumplidas ejerciendo la representación procesal del demandado y en la suma de cuatro mil setecientos ochenta pesos ($ 4.780) los honorarios a favor de la Dra. Marisa Gil por su intervención ejerciendo la dirección letrada de esa parte durante la sustanciación del presente recurso (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley de arancel de abogados y procuradores).

ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.

El Dr. Carlos Manuel Grecco interviene en la presente causa en los términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvase.

Rodolfo Eduardo Facio

Clara María do Pico

Carlos Manuel Grecco

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