Procede la multa pues la información consignada en la publicidad referente a la venta de inmuebles es incompleta e insuficiente para el consumidor.

alquilerPartes: Mario Korn Propiedades S.A. c/ DNCI-DISP 40/13 s/

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 3-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-96649-AR | MJJ96649 | MJJ96649

Se multa a una empresa por infracción a las leyes de defensa del consumidor, pues la información consignada en la publicidad referente a la venta de bienes inmuebles es incompleta e insuficiente.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la disp. 40/2013 que estableció un multa a la empresa actora por haber infringido el art. 8º , en concordancia con los arts. 2º y 4º , de la res. nº 7/2002, de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, reglamentaria de la Ley 22.802 , toda vez que la omisión de indicar el precio total de contado en dinero efectivo expresado en moneda de curso legal en la publicidad observada, ha configurado la infracción que justifica la aplicación de la sanción, pues, si bien, los oferentes son libres de publicar la información que consideren relevante para sus objetivos, tienen la obligación de incluir los datos exigidos por las normas vigentes.

2.-La sola verificación de la omisión de la conducta impuesta es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad por la violación de las normas invocadas en la causa y no se requiere un daño concreto, pues las exigencias que deben cumplir quienes ofrecen públicamente bienes o servicios derivan del deber de tutelar el derecho constitucional de información de una masa heterogénea de consumidores y usuarios.

3.-Si bienresulta frecuente la realización de operaciones en dólares estadounidenses, no puede soslayarse que la norma de aplicación tiende a evitar que el potencial consumidor se vea obligado a realizar el cálculo de la cantidad de pesos que debe entregar efectivamente en concepto de precio del inmueble publicitado, en garantía del derecho a una información adecuada, completa y veraz. En el caso de autos, la infracción no se configura por haberse expresado los precios en dólares, sino por no haberse incluido en la publicidad el valor en la moneda de curso legal de la República Argentina, o sea, en pesos al tipo de cambio vigente entre una moneda y otro, en caracteres de mayor relevancia que el correspondiente expresado en moneda extranjera.

4.-La publicidad que no indica el precio final financiado que efectivamente debe abonar el consumidor, el monto de las cuotas y la tasa de interés anual aplicable a las cuotas de financiación, ni aclara su no existencia, infringe las disposiciones del art. 4º de la res. 7/2002, resultando incompleta y engañosa no porque sea falsa o constituya una mentira, sino porque tiene la potencialidad de inducir al consumidor a error en la decisiónque va a adoptar respecto de la adquisición del bien ofertado en el mercado afectando su libertad e intereses económicos y la transparencia de la contratación.

5.-La cita del nombre comercial en el aviso no cumple con el requisito legal exigido de consignar la razón social del oferente y su domicilio en el país junto al bien publicado, pues no puede admitirse que el consumidor deba averiguar cuál es el domicilio del oferente.

6.-Para cumplir con el objetivo de la ley, la multa debe ser disuasiva para la sumariada, a efectos de lograr el ordenamiento de la actividad comercial en el mercado interno. En el caso de marras, no puede prosperar la pretensión relativa al quantum de la sanción, toda vez queel importe no aparece como manifiestamente desproporcionado, por lo que no se advierte que se hayan excedido los límites de razonabilidad exigible para la valoración de los hechos ni un exceso en la punición que permita apartarse de la cuantificación de la multa establecida, no habiendo la actora probado cómo dicha multa incide en su patrimonio y en su actividad comercial negativamente.

Fallo:

VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que en la disposición nº 40/2013 (fs. 23/35), la Dirección Nacional de Comercio Interior (DNCI) sancionó a la firma «Mario Korn Propiedades S.A.», con una multa de sesenta mil pesos ($ 60.000) por haber infringido el artículo 8º, en concordancia con los artículos 2º y 4º, de la resolución nº 7/2002, de la ex Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor (S.D.C. y D.C.), reglamentaria de la ley 22.802.

II. Que para decidir, la DNCI sostuvo que:

1. En el aviso publicado en el diario La Nación, el 12 de febrero de 2011 (fs. 2), consignó, entre otros aspectos, la frase «KORN PROPIEDADES. COMPRE EN 30 CUOTAS FIJAS! Villa Crespo.Anticipo U$S 23.100 saldo a la posesión y escritura.Palermo Soho.Anticipo U$S 35.400 y el saldo en cuotas iguales.Palermo Nuevo.Anticipo U$S 25.800 saldo a la posesión y escritura 30 cuotas.Belgrano.Anticipo U$S 38.117 saldo en 30 cuotas.», y advirtió que en la publicación de los precios fueron omitidos: (i) el precio total de contado en dinero efectivo correspondiente al importe total que deba abonar el consumidor final expresado en moneda de curso legal y forzoso (pesos); (ii) el precio total financiado; (iii) el monto de las cuotas; (iv) la tasa de interés efectiva anual aplicada; (v) la razón social del oferente y su domicilio en el país.

2. La información consignada en la publicidad fue incompleta e insuficiente para el consumidor, de acuerdo a las normas legales vigentes.

3. No hubo control de parte de quien había ordenado la publicación. Dicha inobservancia es imputable a título de culpa.

4. La inclusión de bienes muebles o servicios en la norma aplicada es enunciativa, y es suficiente para desestimar los argumentos relativos a que el bien publicitado no estaba comprendido en la norma infringida.

5.El hecho de que toda operación de compraventa de inmuebles construidos o en construcción fuese cancelada habitualmente con dólares estadounidenses, no significa que sea una práctica legal.

6. Es obligatorio publicar el precio en pesos con caracteres de mayor relevancia que el correspondiente al respectivo en dólares.

7. El funcionario actuante cumplió en el acta de imputación con los requisitos establecidos en el artículo 17, inciso a), de la ley 22.802.

8. La indicación de una página web u otras formas de comunicación como el número «0800» no sustituyen los requisitos legales exigidos. La reglamentación impone, de conformidad con los propósitos de la ley de lealtad comercial, que la publicación de los precios de productos o servicios sea realizada con un conjunto de precisiones que faciliten a los consumidores la información necesaria, y que den sustento al ofrecimiento.

9. La ausencia de indicaciones obligatorias, como la razón social del oferente y su domicilio en el país, afectan el derecho del consumidor a estar informado debidamente, y a saber quién es el oferente de los bienes publicitados.

III. Que contra dicha decisión la empresa sancionada interpone recurso de apelación (fs. 89/91), contestado a fs. 128/141. Sostiene que:

(i) Los motivos expuestos en el descargo en cuanto a la inaplicabilidad de los artículos 2º, 4º y 8º de la resolución 7/2002 a la publicidad de bienes inmuebles son reproducidos, en tanto su aplicación restringe el derecho a trabajar y ejercer el comercio libremente.

No hubo daño a terceros, debido a que no existieron denuncias sobre la publicidad sancionada.

(ii) La multa impuesta es desproporcionada. Perjudica a su patrimonio y a la actividad inmobiliaria, afectada por la crisis general.

No tiene antecedentes infraccionales.

IV. Que los agravios de la actora no pueden prosperar, habida cuenta de que:

1. Las normas aplicadas son claras en sus textos y no admiten ningún tipo de excepción.

2.Las exigencias que deben cumplir quienes ofrecen públicamente bienes o servicios derivan del deber de tutelar el derecho constitucional de información de una masa heterogénea de consumidores y usuarios (artículo 42 de la Constitución Nacional).

3. La sola verificación de la omisión de la conducta impuesta -según una apreciación objetiva- es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad por la violación de las normas invocadas en la causa y no se requiere un daño concreto (esta sala, causas «Emprendimientos 2011 SRL c/ DNCI-Disp. 642/09″,Volkswagen Argentina S.A. c/ DNCI-Disp. 795/10», «Toot S.A. c/ DNCI-135/11», «INC S.A. c/ DNCI-Disp. 535/10», «Falabella S.A. c/ DNCI-Disp. 456/10», «Banco Macro S.A. c/ D.N.C.I-Disp. 219/11», «General Motors de Argentina SRL c/ DNCI -Disp. 88/13», «Casanuova s.a. c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor – Ley 26.361» y «Tito González Automotores S.A. c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor -Ley 23.361 – art. 35», entre otras, pronunciamientos del 29 de diciembre de 2011, del 21 de agosto, del 25 de octubre, del 8 de noviembre y del 6 de diciembre de 2012, del 19 de marzo de 2013, del 22 de mayo de 2014, del 20 de agosto y del 6 de octubre de 2015, respectivamente).

4. En cuanto a la imputación referente a la publicación en dólares estadounidenses del precio de los bienes ofertados, debe ponerse de relieve que la infracción no se configura por haberse expresado los precios en dólares, sino por no haberse incluido en la publicidad el valor en la moneda de curso legal de la República Argentina, o sea, en pesos al tipo de cambio vigente entre una moneda y otro, en caracteres de mayor relevancia que el correspondiente expresado en moneda extranjera (esta sala, causas «De María 4700 Operaciones Inmobiliarias SA. c/ DNCI -disp. nº 338/10 (expte. S01:192.057/10) s/recurso directo», «Administración Baigunsh de Baigun R Baigun M Baigun c/ Dnci- disp.124/13 (expte S01:368103/11) s/ R. Direct. Secret. Comercio» y «Administración Baigun y otro c/ DNCI s/ lealtad comercial – Ley 22.802 – art. 22», pronunciamientos del 23 de diciembre de 2013, del 23 de abril y del 25 de septiembre de 2015, respectivamente).

En efecto:

(i) de la lectura de los considerandos de la resolución (SCD y DC) 7/2002 surge la motivación de sus disposiciones reglamentarias de la ley 22.802. Allí se manifiesta que la ley 25.561 derogó el régimen de convertibilidad de la moneda establecido por la ley 23.928 y que «en circunstancias de transformación actual del sistema monetario como las actuales resulta de máxima importancia perfeccionar los mecanismos que garanticen el derecho de los consumidores a recibir la más completa información acerca de los bienes y servicios que le son ofrecidos»;

(ii) si bien la alternativa de indicar los precios de los bienes y servicios en pesos de curso legal admitiendo -en su defecto- la indicación en dólares estadounidenses, de conformidad con la resolución de la ex Secretaría de Comercio e Inversiones nº 434/94, resultó apto en tanto se mantuvo la equivalencia entre ambas monedas, actualmente es confusa y poco ilustrativa para los consumidores, por lo que «resulta conveniente contar con un texto ordenado, que reúna las obligaciones en materia de información de precios al consumidor, incorporando los casos particulares regulados por otras normas legales de esta autoridad de aplicación»;

(iii) aun cuando es cierto que en la práctica del mercado inmobiliario resulta frecuente la realización de operaciones en dólares estadounidenses, no puede soslayarse que la norma de aplicación tiende a evitar que el potencial consumidor se vea obligado a realizar el cálculo de la cantidad de pesos que debe entregar efectivamente en concepto de precio del inmueble publicitado, en garantía del derecho a una información adecuada, completa y veraz (art. 42 de la Constitución Nacional).

5.La publicidad que no indica el precio final financiado que efectivamente debe abonar el consumidor, el monto de las cuotas y la tasa de interés anual aplicable a las cuotas de financiación, ni aclara su no existencia, infringe las disposiciones del artículo 4º de la resolución 7/2002, y como lo sostuvo este tribunal en causas similares, dicha publicidad «.resulta incompleta y es engañosa no porque sea falsa o constituya una mentira, sino porque tiene la potencialidad de inducir al consumidor a error en la decisión que va a adoptar respecto de la adquisición del bien ofertado en el mercado afectando su libertad e intereses económicos y la transparencia de la contratación» (causas «FenGroup S.A. c/ DNCI – Disp. 115/13», pronunciamiento del 9 de septiembre de 2014, «Administración Baigun», y «Casanuova S.A.» ya citadas, entre otros).

6. Relativamente a la omisión de consignar en el aviso la razón social del oferente y su domicilio en el país junto al bien publicado, se advierte que la actora afirmó en forma errónea que había indicado la razón social en el aviso, y si bien admitió la falta de publicación del domicilio, dijo que era accesible al consumidor por cualquier medio fácilmente.

Al respecto cabe señalar que el contenido del artículo 8 de la resolución es claro cuando exige la especificación de la razón social del oferente y su domicilio en el país.

Así, la cita del nombre comercial en el aviso no cumple con el requisito legal. Tampoco puede admitirse que el consumidor deba averiguar cuál es el domicilio del oferente.No hay por lo demás en esa norma ningún tipo de excepción (esta sala, causa «Administración Baigun», ya citada). En consecuencia, la omisión de indicar dicha información en la publicidad observada, ha configurado la infracción que justifica la aplicación de la sanción, toda vez que los oferentes son libres de publicar la información que consideren relevante para sus objetivos, pero tienen la obligación de incluir los datos exigidos por las normas vigentes (esta sala, causas «Socorro Médico Privado S.A. (Vital) c/ EN -SCI-Disp. 218/08»; «LG. Electronics Argentina S.A. c/ DNCI – Disp. 349/10»; «Sport S. Life S.A. c/ DNCI – Disp. 787/2011», pronunciamientos del 19 de junio, del 20 de septiembre y del 20 de diciembre de 2011).

7. Las argumentaciones qu e ensaya la recurrente no son idóneas para modificar el pronunciamiento apelado, y no fundamentó la supuesta afectación al derecho a trabajar y a ejercer el comercio libremente.

V. Que la determinación y graduación de las multas es resorte primario de la autoridad administrativa, y sólo pueden ser revisadas por los jueces ante una manifiesta arbitrariedad (esta sala, causas «BiogenesisBago S.A. c/ DNCI Disp 225», «Emprendimientos 2001 SRL c/ DNCI Disp. 642/09», «Cerámica Alberdi S.A. y otro c/ DNCI -Disp. 546/10» y «General Motors de Argentina S.R.L. c/ DNCI – Disp.88/13» -entre otros-, pronunciamientos del 1º y del 29 de diciembre de 2011, del 10 de octubre de 2013 y del 22 de mayo de 2014, respectivamente), por lo que no puede prosperar la pretensión relativa al quantum de la sanción, toda vez que, en el caso, el importe no aparece como manifiestamente desproporcionado.

En primer lugar, la sanción ha sido aplicada dentro de la escala con que cuenta la autoridad competente para graduarla, de conformidad con el artículo 18 de la ley 22.802, modificado por el artículo 1º de la ley 24.344, que prescribe que «el que infringiere las disposiciones de la presente ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en su consecuencia se dicten, será sancionado con multa de cien pesos ($ 100) hasta quinientos mil pesos ($ 500.000)», vigente al momento en que fue cometida la infracción.

En segundo lugar, el monto de la multa no resulta irrazonable o arbitrario. Al respecto, la autoridad de aplicación consideró: (i) la actividad desarrollada; (ii) el grado de responsabilidad en la infracción imputada; (iii) el interés protegido, (iv) la posición que ocupa en el mercado; (v) el medio masivo de comunicación en el que fue publicado el aviso (diario La Nación), su tamaño, color y tipografías; (vi) el informe del registro de antecedentes, en razón del cual su caso tiene encuadramiento en el supuesto de reincidencia en los términos del artículo 19 de la ley.

Asimismo, ponderó que para cumplir con el objetivo de la ley, la multa debe ser «disuasiva» para la sumariada, a efectos de lograr el ordenamiento de la actividad comercial en el mercado interno.

En consecuencia, la multa de $ 60.000 impuesta no aparece como manifiestamente desproporcionada frente a las circunstancias apuntadas, por lo que no se advierte que la DNCI haya excedido los límites de razonabilidad exigible para la valoración de los hechos ni un exceso en la punición que permita apartarse de la cuantificación de la multa establecida.Por otra parte, la actora no probó cómo dicha multa incide en su patrimonio y en su actividad comercial negativamente.

En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: confirmar la disposición 40/2013. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). ASÍ SE RESUELVE.

VI. Que en función de la naturaleza del proceso, su monto -para el que cabe estar a la suma que en concepto de multa fue objeto de cuestionamiento ante este tribunal-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a la luz del resultado obtenido, SE ESTABLECEN en la suma de ($.), los honorarios a favor del Dr. Adrián O. Decundo por las tareas cumplidas ejerciendo la representación procesal del demandado y en la suma de ($.) los honorarios a favor del Dr. Sebastián DionisoAlanis y Nicolás Olivari por su intervención ejerciendo en forma conjunta la dirección letrada de esa parte durante la sustanciación del presente recurso, los que se distribuyen en partes iguales (artículos 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley de arancel de abogados y procuradores). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvase.

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