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La CSJN reconoce el derecho al haber mínimo jubilatorio de quienes son beneficiarios de rentas vitalicias previsionales.

cortePartes: Etchart Fernando Martín c/ ANSES s/ amparos y sumarísimos

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 27-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-96296-AR | MJJ96296 | MJJ96296

La CSJN reconoce el derecho al haber mínimo jubilatorio de quienes son beneficiarios de rentas vitalicias previsionales.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada y reconocer al actor el derechos que le asiste por invalidez, en tanto la prestación que percibe a través de una compañía de seguros no reviste el importe mínimo legal, debiendo la ANSES procurar que la renta vitalicia previsional del presentante alcance la suma determinada por ley.

2.-A los efectos de la decisión en el caso, es menester considerar que el actor incapacitado percibe su haber de retiro por medio de una compañía de seguros, y ello no es óbice para que acceda al ingreso mínimo garantizado por el Estado al resto de los pasivos para hacer frente a las condiciones básicas de subsistencia.

Fallo:

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 27 de octubre de 2015.

Vistos los autos: «Recurso de hecho deducido por la Administración Nacional de la Seguridad Social en la causa Etchart, Fernando Martín c/ ANSeS s/ amparos y sumarísimos», para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, al confirmar la sentencia de la instancia anterior, hizo lugar a la demanda dirigida a obtener el pago por parte de la ANSeS de la diferencia entre lo que percibe el actor en concepto de renta vitalicia previsional y el haber mínimo legal.

2°) Que para decidir en el sentido indicado, el a quo señaló que el sistema previsional tenía por objeto el otorgamiento de prestaciones de naturaleza alimentaria con carácter integral en los términos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que dicha integralidad entrañaba el principio de suficiencia, además de que destacó el rol instrumental de los sistemas de financiación de los beneficios como el de «capitalización individual».

3°) Que sobre esa base, concluyó que el derecho a la percepción de una prestación mínima correspondía a todos los habitantes, ya que un razonamiento contrario importaría la adopción de criterios discriminatorios vedados por la Constitución Nacional y ordenó que se practicara el cálculo del haber jubilatorio extendiendo la aplicación de la garantía estatal del haber mínimo establecida en el arto 125 de la ley 24.241, a la renta vitalicia previsional del demandante.

4°) Que contradicho pronunciamiento, la ANSeS dedujo el recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la queja en examen.Los agravios de la recurrente se dirigen a cuestionar la admisibilidad de la vía del amparo, a sostener la naturaleza contractual de la renta vitalicia previsional y la voluntad del legislador de excluirla del haber mínimo en el esquema normativo establecido por la ley 26.425.

5°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente admisible, toda vez que se encuentra en tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas federales -art. 14 bis de la Constitución Nacional y ley 26.425- y la decisión adoptada ha sido contraria al derecho que la recurrente ha sustentado en sus previsiones (artículo 14, inc. 3°, de la ley 48 y Fallos: 320:735 ; 329:3564 , entre muchos otros).

6°) Que no pueden prosperar las impugnaciones relacionadas con la inadmisibilidad de la vía del amparo, toda vez que resultan sustancialmente análogas a las resueltas por esta Corte en el precedente «Toloza» (Fallos: 335:794), en forma adversa a las pretensiones de la demandada. Además, tal como señala el señor Procurador Fiscal en su dictamen, el plazo de caducidad establecido por el artículo 2, inciso e, de la ley 16.986, no puede constituir un obstáculo insalvable cuando, como en el caso, no se enjuicia un único acto de autoridad administrativa sino una infracción continuada.

7°) Que el actor se encuentra incapacitado y, desde septiembre de 2004, percibe retiro definitivo por invalidez en el marco del régimen de capitalización instaurado por la ley 24.241, beneficio que es liquidado bajo la modalidad de «renta vitalicia previsional sin componente público» (ver contrato agregado a fs. 25/28; certificados de discapacidad emitidos por la Junta Médica Descentralizada de fs. 29/31, y recibos de haberes de fs.3/22, en los que consta el código de pago «934000» correspondiente a la prestación por minusvalía indicada) .

8°) Que el retiro otorgado por medio de la compañía de seguros «Previsol» bajo la citada modalidad, debe ser analizado teniendo en cuenta la naturaleza y finalidad específica de esta prestación, que no es otra que la de cubrir la contingencia de discapacidad sufrida por’ el afiliado, tutelada por el artículo 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional, al consagrar el principio de integralidad e irrenunciabilidad de todos los beneficios de la seguridad social.

9°) Que la «renta vitalicia previsional» estaba contemplada en el arto 101 de la ley 24.241 y podía ser enteramente afrontada con los fondos capitalizados por los afiliados o tener, además, un componente estatal. La participación del Estado en el financiamiento de algunas de las prestaciones del mencionado régimen de capitalización, tuvo su origen en el decreto 55/94, reglamentario del arto 27 de la ley 24.241.

Dicho decreto estableció que el Régimen Previsional público concurriría en la integración del capital de los retiros por discapacidad y las pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad, en los casos de beneficiarios que, en razón de su edad, hubieran realizado parte de sus aportes en el sistema previsional anterior a la reforma de 1994. De ese modo, se procuraba evitar «el aumento en el costo del seguro de invalidez y muerte» que acarrearía perjuicios a los propios jubilados (conf. considerandos 5 y 6 del decreto 55/94 mencionado).

La misma reglamentación dispuso que el Estado Nacional no participaría en la integración del capital para solventar los beneficios de los varones nacidos con posterioridad a 1963 o de las mujeres nacidas después de 1968 (artículo 1°, inciso 7, acápite d, norma citada).

Dicha limitación fue recogida por el arto 125 de la ley 24.241, t.o.según ley 26.222, que establece que «El Estado Nacional garantizará a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional Público y a los del Régimen de Capitalización que perciban componente público, el haber mínimo establecido en el artículo 17 de la presente ley».

10) Que en el año 2008 se sancionó la ley 26.425 que unificó el sistema previsional. El arto 1 consagró dicha fusión «en un único sistema público denominado Sistema Integral Previsional Argentino, financiado a través de un sistema solidario de reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el art. 14 bis de la Constitución Nacional».

El art. 4 de esa ley dispone que los beneficios de jubilación ordinaria, retiro por invalidez y pensión por fallecimiento que a la fecha de vigencia de la norma fueran liquidados por las AFJP bajo las modalidades de retiro programado o retiro fraccionario, serán pagados por el régimen previsional público.Por su lado, el arto 5 prevé que las prestaciones que, para la misma época, se abonaran bajo la modalidad de renta vitalicia previsional, continuarán abonándose a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro.

11) Que, al reglamentar el arto 5 de la referida ley 26.425, el decreto 2104/2008 reiteró que las rentas vitalicias previsionales de componente íntegramente privado continuarían abonándose a través de las compañías de seguros, pero aclaró que las que tuvieran algún componente estatal serían pagadas a través de la ANSeS, a cuyo efecto debían girarse los fondos a dicho organismo.

12) Que el decreto 279/2008 ordenó un incremento en las jubilaciones y fijó el nuevo monto del haber mínimo garantizado, mejoras que únicamente alcanzaron a las prestaciones en cuyo pago participase el régimen previsional público, razón por la cual sólo quedaron exceptuados del ingreso mínimo garantizado los beneficiarios de rentas vitalicias previsionales que no tuvieran componente estatal (conf. arto 6 de la citada reglamentación) .

13) Que el actor, nacido en 1970, percibe una jubilación íntegramente financiada con fondos privados que, al haber tenido exiguos incrementos, ha quedado por debajo del mínimo legal. Los recibos obrantes a fs. 3/22, dan cuenta de que entre los meses de enero de 2008 y agosto de 2009 sus ingresos oscilaron entre $562,11 y $631,04, mientras que, a partir de marzo de 2009 el haber mínimo garantizado fue de $770,66; en septiembre de ese año se incrementó a la suma de $827,23; en marzo de 2010 llegó a un importe de $895,15; a partir de septiembre de 2011 escaló a $1.434,29 Y al presente, alcanza el monto de $4.299,06 (conf.arto 8, ley 26.417 y resoluciones ANSeS 135/09, 65/09, 130/10, 448/11 Y 396/15) .

14) Que, a pesar del declarado propósito de la ley 26.425 de asegurar a los beneficiarios del derogado régimen de capitalización idéntica cobertura y tratamiento que los deparados por el régimen previsional público al resto de los jubilados, la reglamentación de esa ley ha reproducido las pautas del ordenamiento jurídico anterior respecto de la participación estatal en los beneficios, que se encuentran superadas por la unificación dispuesta en el actual esquema normativo, lo cual ha provocado una desigualdad irrazonable entre los pasivos, al excluir a algunos de lo que, en similares condiciones, se otorga a los demás, con el agravante de que se ha dejado al margen del haber mínimo que asegura las condiciones básicas de subsistencia a quien resulta beneficiario de un retiro por invalidez.

15) Que corresponde al Estado el deber de adoptar las disposiciones necesarias para asegurar el nivel adecuado de las prestaciones. Ello surge con claridad del artículo 14 bis, tercer párrafo, de la Constitución Nacional en tanto expresa que «El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: .jubilaciones y pensiones móviles.».

En forma concorde con ese mandato, diversos instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país han consagrado el derecho de toda persona a gozar de un nivel adecuado de vida cuando ya no pueda proveerse un sustento (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Capítulo 1, artículo XVIi Declaración Universal de los Derechos Humanos, arto 25¡ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arto 9¡ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arto 28, inc. 1°, y Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social -Convenio 102 de la OIT art s. 36, inc.1, y 65) .

16) Que al respecto, en la Observación General N° 19 relativa al derecho a la seguridad social del arto 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité respectivo ha interpretado que resultan aceptables diversas formas de seguridad social siempre que, cualquiera que fuese el sistema elegido, esté amparado por el Estado y se respeten los elementos esenciales del derecho de la seguridad social (conf. punto 5 de la Observación General N° 19) ¡ en particular, ha señalado que las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de la seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, en todo caso, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de ese derecho humano (conf. punto 4, observación citada) .

Del mismo modo, dicho Comité ha exhortado a la Argentina a asegurar que el régimen de seguridad social garantice al trabajador una pensión mínima adecuada que no deberá ser cercenada ni aplazada unilateralmente, especialmente en tiempos de crisis económica (conf. punto 33 de las recomendaciones realizadas a nuestro país, transcripta en la Compilación de Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe -1989/2004-) .

17) Que en tales condiciones, toda vez que no resulta razonable privar al actor del mínimo de ingresos garantizado por el Estado Nacional al resto de los pasivos comprendidos en el sistema único de jubilaciones, corresponde reconocer su derecho a percibir de la ANSeS las sumas necesarias para que su prestación alcance dicho mínimo vital.

Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal, el Tribunal resuelve: hacer lugar a la queja, declarar formalmente admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada de acuerdo con los fundamentos de la presente. Costas por su orden en todas las instancias en atención a la complejidad de la cuestión debatida (artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase.

CARLOS S. FAYT – JUAN CARLOS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO –

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