Fraude laboral a través de la suscripción de un contrato de locación de servicios y la constitución de una sociedad de hecho para encubrir el real carácter de la relación.

contrato firmaPartes: Novelli Alberto Antonio c/ Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas s/ despido

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 28-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95515-AR | MJJ95515 | MJJ95515

Fraude laboral a través de la suscripción de un contrato de locación de servicios y luego de una sociedad de hecho para encubrir el real carácter de la relación.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda deducida, pues surge probada la postulación del actor afincada en que se configuró un fraude a las leyes laborales urdido por la patronal, tanto por la suscripción de un contrato de locación de servicios que en realidad encubría un vínculo laboral, como por la constitución en forma simultánea de una sociedad de hecho a tal fin.

2.-Admitido el hecho de la prestación de servicios por la demandada pero negada su naturaleza laboral, argumentando una de distinta naturaleza -locación de servicios-, a ella le incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del CPCC; así, no habiendo la accionada satisfecho ese imperativo de su propio interés, rige la presunción del art. 23 LCT y debe considerarse acreditada la existencia de la relación laboral invocada en el escrito de inicio.

3.-La interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la evaluación del material probatorio y la apreciación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, constituyen facultades privativas de los tribunales del trabajo, como también lo es determinar si la actitud de la patronal implicó o no un fraude laboral.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 28 de octubre de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Hitters, Kogan, Pettigiani, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.942, «Novelli, Alberto Antonio contra Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas. Despido».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas por los rubros acogidos a la accionada y por los desestimados a la actora (v. sent., fs. 452/461).

La Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas y la legitimada activa dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 480/502 y 503/512 vta., respectivamente), concedidos por el órgano de grado a fs. 514 y vta. A su vez, el trabajador interpuso el de nulidad, el cual fue denegado en la instancia de origen (fs. 514 y vta.).

Dictada a fs. 527 la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada a fs.480/502?

2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del incoado por la parte actora a fs. 503/512 vta.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I.El tribunal de origen, en lo que interesa, admitió parcialmente la demanda promovida por Alberto Antonio Novelli, condenando a la Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas Cooperativa Limitada (FECOFAR) al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por antigüedad, sustitutiva del preaviso, vacaciones no gozadas correspondientes a los años 2007 y proporcional del 2008 -con más la incidencia del sueldo anual complementario sobre dichos rubros-, aguinaldo del año 2007 y proporcional del 2008 y asignación por antigüedad por el lapso comprendido entre mayo de 2007 y marzo de 2008.

Para así decidir, en lo esencial, tuvo por probado que las partes se hallaron vinculadas desde el 1° de enero de 1983 hasta el 31 de marzo de 2008, lapso durante el cual el a quo distinguió tres etapas.

Respecto de la primera -transcurrida entre el 1º de enero de 1983 y el 31 de octubre de 1994- estimó no controvertida la existencia de una relación laboral, ni que el actor desempeñaba tareas de «corredor» regidas por el Convenio Colectivo de Trabajo 42/89 (vered., 1° cuest., fs. 443 y vta.).

En cuanto a la segunda, desarrollada desde el 1º de noviembre de 1994 hasta el 28 de febrero de 2003, con sostén en la prueba producida, juzgó demostrado que el vínculo fue de naturaleza comercial, en el marco de un «contrato de distribución» (íd., 2° cuest., fs. 443 vta./445).

Por último, reputó acreditado que, desde el 1º de marzo de 2003 hasta el 31 de marzo de 2008 -fecha en que finalizó por decisión de FECOFAR-, la relación revistió carácter laboral (íd., 3° cuest., fs. 445/447 vta.).

Estableció que la rescisión dispuesta por la demandada se trató de un despido sin invocación de causa (art. 245 de la L.C.T.), puesto que la justificación alegada -finalización del contrato de locación de servicios- no encontraba sustento legal válido, en tanto la vinculación habida en la última etapa fue laboral y no civil (sent., fs. 454 vta.).

II.En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 480/502), la parte demandada alega absurdo en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 21, 22, 23 y 25 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 y 386 del Código Procesal Civil y Comercial; 39 inc. 1 y 57 de la Constitución provincial; 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina que cita.

En la fundamentación plantea su disconformidad con la decisión de grado en cuanto estableció que la relación mantenida por las partes durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 2003 y el 31 de marzo de 2008 fue de linaje laboral. Sobre el particular:

1. a. Afirma que el sentenciante incurrió en absurda valoración de la prueba, ya que forjó su convencimiento únicamente por conducto de la apreciación del contrato de locación de servicios agregado por el actor, soslayando el examen de la experticia contable, la cual -en su opinión- aportó datos que habrían conllevado a una solución contraria, sobre los que se explaya en otro tramo de la impugnación (v. recurso, fs. 491 y vta. y 497/499 vta.).

Censura igualmente la interpretación de las cláusulas de dicho instrumento pues, según el análisis que realiza -contrariamente a lo apreciado por el juzgador- no se verifican las notas de subordinación técnica, jurídica y económica que tipifican a un contrato de trabajo (íd., fs. 491/493).

b. Controvierte lo decidido en torno a la sociedad de hecho que integraba el actor. Señala que al exponer «que la sola constitución de la ‘sociedad de hecho’ por parte de Novelli no impide arribar a la conclusión de que se trató de un vínculo laboral» el juzgador cometió la mentada anomalía (el resaltado pertenece al recurso).

En ese sentido, sostiene que se contradijo, dado que en otro segmento del fallo admitió que el contrato de locación de servicios fue suscripto entre dos personas jurídicas:la sociedad de hecho Novelli e hijo S.H. y la Cooperativa demandada, ambas -apunta- debidamente registradas, poseedoras de sus correspondientes Clave Única de Identificación Tributaria, absolutamente independientes e integradas por personas físicas identificables, con intervención activa en los mecanismos societarios.

En consecuencia, para calificar a la relación anudada en esta etapa como laboral, afirma que resultaba esencial que el actor acreditase la configuración del fraude sobre el que estructuró la demanda. Extremo que reputa no comprobado, en tanto -expresa- ni siquiera fue invocado por el a quo como elemento determinante para atribuir naturaleza laboral a esta etapa.

Añade que el accionante tampoco demostró que la sociedad de hecho, en cuyo carácter de representante legal suscribió el apuntado contrato de locación de servicios fuere ficticia. De tal forma, al conceptuar como laboral el vínculo desarrollado en esta etapa, el órgano de grado transgredió los arts. 21 y 25 de la Ley de Contrato de Trabajo en tanto establecen que el contrato de trabajo tiene por objeto la obligación de hacer de una persona física determinada, quedando excluida la posibilidad que sea cumplida por una empresa o sea delegada a terceros. Por ende -sostiene- la relación habida con su parte no fue intuito personae.

Como elementos corroborantes de la inexistencia de fraude, observa que el objeto social de ambas personas jurídicas difiere notablemente. Estima también relevante que, no obstante la extinción de la vinculación, la sociedad Novelli e Hijo S.H. -que integraba el actor- no se disolvió, sino que, fenecidos los negocios comunes con FECOFAR, se transformó por iniciativa de aquél en una sociedad anónima. Esta circunstancia -que reputa comprobada con la experticia contable, prueba ignorada por el juzgador-, a su juicio, descarta que la sociedad en cuestión se hubiere constituido únicamente para suscribir el aludido contrato (íd., fs. 493/496 y 497 y vta.).

Añade que si bien el hecho de que Alberto Novelli e Hijo S.H.operara con distintos laboratorios -según da cuenta la experticia contable-, a juicio del sentenciante, careció de entidad para demostrar la naturaleza comercial de esta tercera etapa de la relación -en su opinión-, sí debió ser ponderado para acreditar que la sociedad fue creada por aquél para ampliar sus incumbencias con nuevas actividades comerciales.

Además, atento que el perito contador informó que el accionante no aportó la totalidad de la documentación de la sociedad, el sentenciante debió aplicar la presunción que dimana del art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial.

Concluye que dicha prueba reviste significativa relevancia para la solución de la litis, ya que ha confirmado los hechos alegados por su parte (fs. 497 vta./499 vta.).

2. Denuncia erróneamente aplicado por el órgano de grado el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y vulnerada la doctrina delineada por esta Corte sobre el particular.

Manifiesta que no obstante que la prestación de tareas hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, la norma sólo alude a aquellos servicios cumplidos en relación de dependencia. Por ende, no comprobado en la especie el evocado fraude, cabe desechar la subsunción del presente caso en dicha previsión.

Aduce igualmente violado el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, en la inteligencia que el juzgador alteró la regla del onus probandi, asignando a una parte la carga de acreditar hechos o afirmaciones que correspondían a la otra.

III. El recurso, en mi opinión, no ha de prosperar.

1.Puesto a analizar el tipo de relación anudada entre el actor y FECOFAR desde el 1º de marzo de 2003 hasta el 31 de marzo de 2008, de modo liminar, el tribunal de origen examinó las posiciones asumidas por las partes.

El actor alegó que a raíz de disposiciones de la Ley de Medicamentos, en el año 2003 la demandada lo había obligado a abandonar la condición de distribuidor pues le resultaba imposible cumplimentar los requisitos de infraestructura, solvencia y dirección técnica fijados por las leyes 11.405 y 10.606 y sus reglamentaciones. Afirmó que fue convocado por el entonces presidente de FECOFAR, quien le manifestó que para seguir trabajando debía suscribir un contrato de locación de servicios y constituirse como sociedad de hecho; a la vez asumió el compromiso de extender el convenio por cinco años y luego continuar la vinculación bajo relación de dependencia hasta la jubilación del trabajador. Observó que, al igual que con la etapa de «distribución», el acciona nte afirmó que, en realidad, se trató de aparentar figuras contractuales no laborales en fraude a la ley.

A su turno, la demandada expuso que, en el año 2003, Novelli le había comunicado su intención de constituir una sociedad de hecho para ampliar sus incumbencias con nuevas actividades comerciales, cuya conformación concretó a partir del 1° de marzo de 2003, bajo la razón social Alberto Novelli y Nicolás Alberto Novelli S.H. Añadió que «esta tercera etapa, claramente diferenciada de las anteriores, nació a partir de una nueva novación que también excluye la posibilidad de ser considerada laboral dependiente protegida por la L.C.T. .» (vered., 3° cuest., fs. 445 y vta.).

Trabada la litis en esos términos, el a quo se abocó al estudio del contrato de locación de servicios que suscribieron las partes, acompañado por el actor a fs. 53/54 y no desconocido por FECOFAR.

Extrajo de sus cláusulas los siguientes elementos:i) la locadora (en el caso, Novelli e Hijo S.H.) prestaría sus servicios de venta y cobranza de los productos farmacéuticos de FECOFAR en el radio de La Plata, Gran La Plata, Brandsen, Ranchos, Chascomús y General Belgrano, percibiendo por ello comisiones por venta y por cobranza, cuyos pagos se efectuaban contra entrega de la correspondiente factura; ii) el contrato se extendería por espacio de cinco años; iii) la «locadora» debía realizar las ventas y cobranzas únicamente en farmacias y tres droguerías allí individualizadas; iv) además de las comisiones pactadas, se abonaría a la «locadora» un canon fijo mensual; v) que la «locataria» se reservaba el derecho de aceptar o rechazar las ventas concretadas por la «locadora»; vi) la «locadora» debía informar semanalmente a FECOFAR el detalle de ventas y visitas efectuadas; viii) la «locataria» tenía la potestad de supervisar las tareas cumplidas por la «locadora»; ix) la «locataria» podía modificar a su antojo las listas de precios, así como las condiciones de venta y cobranza; x) los clientes que visitase la «locadora» serían de la «locataria» y no de aquélla; y xi) la contratación quedaba excluida de las previsiones del Estatuto de Viajantes (ley 14.546), de modo que la «locadora» no estaba obligada a prestar los servicios en forma personal.

Valoró el sentenciante que a excepción de esta última previsión, las restantes disposiciones del contrato permitían, prima facie, inferir que se trataba de un vínculo de carácter laboral, en tanto se verificaban las notas tipificantes de una relación regida por esa rama del derecho, a saber:1) subordinación técnica -concerniente a la facultad del principal de fijar modo y método de trabajo- puesto que el convenio delimitaba los clientes que se visitarían, determinando una zona exclusiva de actuación; también por la facultad del principal de aceptar o rechazar las ventas y modificar a su antojo los precios y condiciones de venta y de cobranza; 2) subordinación jurídica -definida por el principio de autoridad del principal-, comprobada en obligación de remitir semanalmente el detalle de las ventas, así como de las visitas efectuadas y a realizar y la supervisión por la FECOFAR de la gestión cumplida por la «locadora»; y 3) subordinación económica, atento la fijación por parte del principal del «canon» mensual y el «quantum» de las comisiones por ventas y cobranzas (íd., fs. 446 y vta.).

Respecto -precisamente- del único aspecto de la contratación que parecía sustraerla del ámbito del derecho del trabajo, esto es, la cláusula que establecía que la «locadora» no se encontraba obligada a prestar los servicios en forma personal, el a quo señaló que la sola constitución de la «sociedad de hecho» por parte de Novelli no obstaba a las conclusiones antes arribadas, atento que ninguna prueba arrimada a la causa permitía siquiera inferir que la prestación de los servicios fuera llevada a cabo por persona o personas distintas a Alberto Antonio Novelli (íd. fs. 446 vta./447).

Acerca de las restantes probanzas -específicamente, la testimonial y absolución de posiciones rendidas en la audiencia oral- no las reputó idóneas para modificar tales definiciones, dado que -expuso- no revelaron que las modalidades de la prestación hubieran sufrido variantes significativas durante el transcurso de las tres etapas en que se dividió la relación.

En otro orden, desechó la eficacia de las alegaciones formuladas por la accionada en oportunidad de contestar el traslado de la pericia contable (fs.349/352), en cuanto dicha prueba dio cuenta que la sociedad de hecho «contrataba servicios inherentes a una empresa, y que compraba productos a otros Laboratorios» (sic). En ese sentido, estimó que ello no implicaba que la relación exorbitara el marco del derecho laboral, atento que en la contratación no se previó el requisito de la «exclusividad» y, apuntó, ésta no constituye un recaudo insoslayable que impida calificar a una relación como laboral. Agregó que la ley 14.546 prevé la figura del «viajante no exclusivo» (art. 1° y concs., ley citada) y, además, en el sub examine el testigo Rusconi -propuesto por la demandada- manifestó haberle comprado a Novelli «tanto productos de FECOFAR, como de otros laboratorios.» -citando a modo de ejemplo a «Roux-Ocefa»- desde 1992 y por el término aproximado de dos años. Sobre la base de que el tramo no cuestionado como «laboral» subsistió entre 1983 y el 31 de octubre de 1994, concluyó que dicho testimonio evidenciaba que aun en aquella primera etapa, tampoco habría existido la mentada «exclusividad» (íd., fs. 447 y vta.).

Frente al referenciado escenario fáctico, el sentenciante señaló que, conforme las normas y principios tutelares que imperan en el derecho laboral, carecía de relevancia la denominación que las partes hubieren atribuido a la relación, debiendo prevalecer en todo momento el contenido de la misma habida cuenta que es la realidad de los hechos, más allá de las calificaciones, la que define la naturaleza del vínculo.

En esa línea refirió la doctrina delineada por esta Corte en el precedente L. 59.702, «López» (sent. del 15-VII-1997), en cuanto estableció que si del contenido del instrumento que formalizó la vinculación entre las partes claramente se verifica la presencia de un contrato de trabajo, el propósito de aparentarlo como una locación de servicios constituye un evidente caso de fraude a la ley laboral -art. 14, L.C.T.- (íd. fs.447 y vta.).

Con esas premisas sostuvo que, cuando bajo la apariencia de un contrato distinto se encubre un contrato de trabajo, el juez tiene el deber-facultad de restituir la situación a su verdadero estado. Añadió que a diferencia de las nulidades procesales, que son relativas, o de las nulidades reguladas por la legislación civil que imponen la restitución al estado anterior del acto nulo o anulado (arts. 1050 y 1052, anterior Código Civil), el art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud del cual se declara la nulidad de un contrato, impone como sanción que la relación debe regirse por la ley laboral. Es decir, coloca la situación en su verdadero marco jurídico, obligando a las partes a regirse por la relación que realmente habían celebrado y no por la que aparentaban, con fines incorrectos (conf. Ruprecht, «Contrato de Trabajo», pág. 26; sent., fs. 454 vta.).

En función de lo expuesto, conceptuó como de «linaje laboral» (art. 23 de la L.C.T.) la relación habida entre Novelli y FECOFAR durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 2003 y el 31 de marzo de 2008 -art. 44 inc. «d», ley 11.653-.

2. Como es sabido, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la evaluación del material probatorio y la apreciación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, constituyen facultades privativas de los tribunales del trabajo (conf. causa L. 108.636, «Cepeda», sent. del 6-VI-2012), como también lo es determinar si la actitud de la patronal implicó o no un fraude laboral (conf. causa L. 106.055, «Pellejero», sent. del 14-XII-2011; entre otras). Las decisiones que sobre el particular se adopten no admiten revisión en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo.

3.Los cuestionamientos que exhibe el recurso en orden a la valoración del contrato de locación de servicios, devienen estériles para modificar la decisión.

Lejos de evidenciar la configuración de la mentada anomalía, la crítica se sustenta en la personal interpretación que el interesado realiza de las cláusulas del acuerdo, las que -a su juicio- descartan la existencia de un vínculo laboral.

Empero, en su discurrir no desvirtúa el análisis pormenorizado que hubo de hacer el juzgador del contenido del contrato, por conducto del cual arribó a una solución diametralmente opuesta.

Tiene dicho esta Corte que si el despliegue argumental del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no deja de ser un mero enfoque personal disímil con la decisión adoptada por los jueces de grado, ello denota ausencia de idoneidad para demostrar el error grave que constituye el vicio de absurdo (conf. causa L. 90.845, «Pacheco», sent. del 16-IV-2008).

Por lo demás, luce inexacto el planteo basado en que el sentenciante definió este tópico con sostén en la apreciación únicamente del precitado instrumento. De la presente reseña del fallo se desprende que ponderó otras probanzas, tales como los testimonios y la absolución de posiciones rendidas en la audiencia de vista de la causa y, en uso de las prerrogativas que le confiere el art. 44 inc. «d» de la ley 11.653, confirió preeminencia para forjar su convencimiento a dicho acuerdo.

4. El agravio orientado a descalificar el carácter laboral de la vinculación, con sustento en que la relación no fue intuito personae pues se anudó entre dos personas jurídicas, no es de recibo.

a.El órgano de grado hizo especial hincapié en que el único aspecto de la contratación que parecía sustraerla del ámbito del derecho del trabajo radicaba en que la «loc adora» no estaba obligada a prestar los servicios en forma personal.

No obstante, como hemos visto, descartó que la sola constitución de la «sociedad de hecho» por parte del actor obstase a reputar como laboral dicha vinculación, atento que ninguna prueba arrimada a la causa permitía siquiera inferir que la prestación de los servicios fuera llevada a cabo por persona o personas distintas a Alberto Antonio Novelli.

Esta conclusión no ha sido replicada por el recurrente de modo que ha de permanecer firme.

b. Sentado ello, considero que el recurrente desinterpreta la decisión al sostener no demostrado el fraude laboral en que se cimentó la demanda, en el entendimiento que el tribunal interviniente no aludió a esa figura como elemento determinante para definir el carácter laboral de este tramo de la relación.

Surge notorio del pronunciamiento antes extractado que el sentenciante abordó esta cuestión y, evidentemente, estimó probada la postulación del actor afincada en que se configuró un fraude a las leyes laborales urdido por la patronal, tanto por la suscripción de un contrato de locación de servicios que en realidad encubría un vínculo laboral, como por la constitución en forma simultánea de una sociedad de hecho a tal fin.

Hizo expresa mención en el veredicto y en la sentencia -con cita de doctrina de esta Corte- al art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que sanciona con nulidad todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio, supuesto en que la relación quedará regida por esta ley.

c.En cuanto denuncia ignorados por el a quo los datos que emergen de la experticia contable, he de señalar que los tribunales del trabajo no se encuentran obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente a los que juzgaron decisivos para resolver la controversia. Ello es así, pues con arreglo al régimen de apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (conf. causas L. 105.055, «Romero», sent. del 28-III-2012; L. 101.884, «Rando», sent. del 6-X-2010; entre otras).

Vicio que exige la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. L. 110.950, «Thill», sent. del 21-II-2013; entre muchas otras).

En la especie considero que la interesada no logra demostrar dicha anomalía, toda vez que realiza un análisis parcial del mencionado dictamen pues sólo expone los elementos que -en su opinión- avalan su posición, prescindiendo de aquellos otros que resultan contrarios a la misma.

En efecto, si bien es cierto que el perito contador informó inicialmente que en la presentación realizada en el mes de marzo de 2008 (formulario F. 460) ante la A.F.I.P. se mantuvo la actividad principal de la sociedad de hecho Alberto Novelli e Hijos S.H. («Servicios relacionados con la salud humana»), no lo es menos que dio cuenta del alta el día 2 de mayo de 2008 de actividades secundarias consistentes en: i) venta al por menor de artefactos eléctricos; ii) instalación de artefactos de climatización; iii) instalación para edificios y obras.Asimismo, informó que desde noviembre de 2008 se produjeron modificaciones en las actividades -donde la principal pasó a ser «venta al por menor de artefactos eléctricos» y como secundarias las dos restantes- y además se modificó el domicilio fiscal (v. pericia contable, fs. 339). Tales circunstancias han sido soslayadas por el interesado.

d. No se constata la violación del art. 386 del Código Procesal Civil y Comercial.

Esta Corte ha sostenido que la presunción allí contenida -contra la parte reticente en acompañar la documentación que se le requiere- es relativa, pudiendo erigirse en ese carácter en la medida que los demás elementos de prueba incorporados al proceso tornen verosímil su existencia y contenido. En principio, no basta por sí sola a fin de tener por ciertos los dichos o hechos alegados por el adversario, y, en todo caso, es menester integrar tal indicio negativo con la totalidad de las pruebas de la causa (conf. L. 101.627, «F., M.» sent. del 22-VI-2011).

5. Por último, tampoco se verifica la transgresión del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo ni la doctrina legal delineada al respecto.

Acerca de dicha proposición normativa, esta Corte ha establecido que la prestación de servicios que torna operativa a la presunción que contiene es la de servicios desarrollados en relación de dependencia (conf. causas L. 86.078, «Hourcouripe», sent. del 11-III-2009; L. 87.028, «Domínguez», sent. del 12-XII-2007; L. 39.638, «Galeano», sent. del 7-VI-1988, entre muchas otras).

Doctrina que, sin embargo, estimo no puede tomarse aisladamente de la que la complementa y determina sus verdaderos alcances; ésta es, la que afirma que, admitido el hecho de la prestación de servicios por la demandada pero negada su naturaleza laboral, argumentando una de distinta naturaleza -en el caso, locación de servicios- a ella le incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.No habiendo la accionada satisfecho ese imperativo de su propio interés, rige la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y debe considerarse acreditada la existencia de la relación laboral invocada en el escrito de inicio (conf. causas L. 107.912, «Del Arco», sent. del 11-IX-2013; L. 97.962, «Urrutia», del 29-II-2012; entre otras).

De igual modo, no se apartó el sentenciante de lo preceptuado en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que dicha norma sólo se vulnera cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi, impone a una parte la obligación de demostrar hechos que correspondían a la otra (conf. causas L. 106.708, «Severino», sent. del 12-VI-2013; L. 94.178, «Pereyra», sent. del 20-VIII-2008; entre otras).

IV. Por lo expuesto, procede rechazar el recurso extraordinario traído, con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores de Lázzari e Hitters, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.

A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

Adhiero a la propuesta decisoria del colega doctor Genoud, en relación al punto III.5 lo hago con el alcance expresado al votar, entre otras en la causa L. 116.437, «Verdera», sent. del 4-IV-2014, a la cual remito en honor a la brevedad.

Voto por la negativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Genoud, con excepción del tercer párrafo del punto III.5.

Voto por la negativa.

El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó la primera cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

I.El tribunal interviniente, en lo que interesa destacar por constituir materia de agravio, desestimó parcialmente la demanda promovida por Alberto Antonio Novelli contra Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas Cooperativa Limitada (FECOFAR), en tanto juzgó demostrado que durante el lapso comprendido entre el 1º de noviembre de 1994 y el 28 de febrero de 2003 las partes se hallaron vinculadas por una relación de naturaleza comercial, en el marco de un «contrato de distribución».

Para así decidir, estimó dirimente la carta documento que el actor remitió a la demandada el día 18 de enero de 2003 (v. fs. 108). Extrajo de dicho instrumento que, en su calidad de distribuidor, le había reclamado por descuentos presuntamente mal efectuados, que se apartaban de las pautas establecidas en el «contrato de distribución» vigente en ese momento, requiriéndole asimismo la acreditación como nota de crédito de tales importes y el cese de la conducta tendiente a menguar el porcentaje pactado, con afectación del principio de la «buena fe», previsto en el art. 1198 del anterior Código Civil.

Apreció el a quo que el despacho postal revelaba un contexto claramente emparentado con un vínculo de naturaleza comercial y, por ende, ajeno al derecho laboral.

En ese sentido, sostuvo que podía aceptar que Novelli -compelido por un estado de necesidad- hubiere firmado un contrato de distribución y se constituyere artificiosamente como «distribuidor» en el año 1994, con el objeto de mantener su fuente de trabajo. Sin embargo, expuso que le resultaba difícil de entender que transcurridos nueve años- en enero de 2003 el actor hubiere redactado una misiva reclamando por descuentos supuestamente mal efectuados, alegando que esa situación implicaba un incumplimiento del «contrato de distribución que nos vincula» (sic) e invocando afectación del «principio de la buena fe contractual consagrada por el art.1198, primer párrafo, del Código Civil». Descartó que la redacción del referido instrumento fuese de algún modo inducido por el demandado, atento que en el mismo -con evidente asesoramiento profesional- Novelli estaba realizando una reclamación contra la propia FECOFAR.

Por consiguiente, juzgó que en el período comprendido entre el 1º de noviembre de 1994 y el 28 de febrero de 2003, el vínculo fue de naturaleza comercial (art. 44 inc. «d», ley 11.653).

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 503/512 vta.), la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la violación de los arts. 44 inc. «d» y 63 de la ley 11.653; 7, 9 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo; 14 bis de la Constitución nacional y de la doctrina que cita.

Censura la decisión de grado en cuanto, tras diferenciar tres etapas en el desarrollo de la relación anudada entre las partes, estableció que durante la intermedia -transcurrida entre el 1° de noviembre de 1994 y el 28 de febrero de 2003- la misma tuvo naturaleza comercial.

Considera que esa conclusión deviene absurda y contradictoria, a la vez que violatoria del principio de congruencia, en el entendimiento que correspondía conceptuar a esa vinculación -ininterrumpida en el tiempo y con características idénticas en orden a las personas y actividad- como laboral en toda su extensión. Sostiene que, si se tuvieron por acreditadas todas las tareas para los períodos 1983/1994 y 2003/2008, con el mismo razonamiento debió reputarse comprobada la continuidad en el lapso intermedio -1994/2003-. No obstante, el juzgador incurriendo en absurdo- confirió supremacía a una carta documento cursada por su parte al demandado por sobre las declaraciones testimoniales que, a su parecer, desvirtuaron dicha prueba.

Desde otra perspectiva, aduce transgredido el principio de irrenunciabilidad consagrado en los arts. 12 y 58 de la Ley de Contrato de Trabajo, al igual que la doctrina trazada por esta Corte en el precedente L. 34.353, «Garzón» (sent.del 10-IX-1985). Ello así, pues al establecer la existencia de una vinculación comercial en la etapa intermedia de la relación laboral, para luego aludir a la continuidad del contrato original en el tercer período, afirma que el sentenciante pretendió imponer la teoría de «novación objetiva de cláusulas contractuales, con apoyo en el silencio del trabajador», lo cual supone admitir la presunción de la renuncia de éste a los derechos derivados del contrato de trabajo desarrollado entre los años 1983 y 1994, reconocido por la demandada.

En esa línea, cuestiona el alcance conferido por el órgano de grado a la voluntad del trabajador, en la inteligencia que el contrato de distribución que suscribió con FECOFAR plasmó un fraude a la ley laboral, razón por la cual resulta ineficaz para producir otros efectos entre las partes que no sean los propios de un vínculo laboral.

En apoyo de su postulación, hace propia la doctrina que fluye del precedente L. 59.702, «López» (sent. del 15-VII-1997) -citada por el órgano de grado- respecto del art. 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. También, refiere doctrina de autores y jurisprudencia de otros tribunales relacionada con los principios de irrenunciabilidad e in dubio pro operario.

Asimismo, denuncia vulnerada la doctrina -que enumera- trazada por esta Corte en torno de la configuración del vicio de absurdo.

III. El recurso, en mi opinión, no es admisible.

1. Dable es recordar -según lo ha sostenido reiteradamente esta Corte- que a los fines de la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 55, ley 11.653 y 278, C.P.C.C.), sólo se toma en cuenta el valor de lo discutido en la instancia casatoria, con prescindencia del monto total de condena o de las pretensiones que han sido materia del litigio (conf. causas L. 97.349, «Juárez», sent. del 27-VI-2012; L. 108.448, «Herrera», sent. del 28-XII-2011; L. 98.150, «Benítez», sent.del 16-XII-2009; entre otras).

En el sub examine, la crítica únicamente exhibe agravios por la falta de reconocimiento como laboral del tramo de la vinculación comprendido entre el 1º de noviembre de 1994 y el 28 de febrero de 2003.

Ha soslayado el impugnante confrontar los restantes aspectos de la decisión que resultaron adversos a sus pretensiones, los que adquieren firmeza, sin que los lacónicos términos empleados en los puntos 2 y 3 del apartado 12 «Petitorio» (v. fs. 512 y vta.) puedan juzgarse reveladores de la existencia de un reproche sobre el particular.

Por consiguiente, atento que únicamente subsiste en esta instancia extraordinaria el conocimiento de los cuestionamientos antes mencionados, he de advertir que el valor del litigio no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141; B.O., 15-VII-2010), a la fecha de interposición del recurso.

2. Luego, la revisión del pronunciamiento de grado sólo podrá intentarse por vía de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 y, con este marco, la hipótesis -violación de la doctrina legal- se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede precisamente- en un caso similar (conf. causas L. 111.363, «Taboada», sent. del 25-IX-2013; L. 94.368, «Casella», sent. del 18-VIII-2010; entre otras).

3. En ese acotado marco de análisis, anticipo que no se configura en el caso el mentado supuesto.

a. Las doctrinas sentadas en los precedentes L. 59.702, «López» (sent. del 15-VII-1997) y L. 34.353, «Garzón» (sent. del 10-IX-1985), que invoca el impugnante, no resultan idóneas para fundar el recurso ya que han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles de los que aquí concurren (conf. causas L. 91.261, «Stieben», sent. del 10-II-2010; L.93.839, «Fernández», sent. del 26-VIII-2009; L. 94.492, «Peragallo», sent. del 18-II-2009; L. 91.267, «Pineda», sent. del 20-VIII-2008; entre otras).

b. Asimismo, conocido es que la hipótesis de excepción no comprende impugnaciones vinculadas a asuntos de orden puramente fáctico o circunstancial, por lo que luce inatingente e ineficaz la mención de doctrina relativa al concepto de absurdo que contiene el recurso (conf. causas L. 100.986, «Bozzano», sent. del 1-IX-2010; L. 100.337, «Ayue», sent. del 25-VIII-2010; entre otras).

c. Por último, atento que el quejoso ha sustentado la crítica en opiniones de autores y jurisprudencia de otros tribunales, conviene recordar que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que dimana de los fallos de esta Corte (conf. causas L. 94.068, «Bertone», sent. del 3-XII-2008; Ac. 96.567, «Boiero», sent. del 13-XII-2006; entre otras).

4. Los restantes agravios deben ser desestimados sin más, pues con relación a ellos no se ha denunciado violación de doctrina legal alguna.

IV. En función de lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario traído, con costas (art. 68, C.P.C.C.).

Así lo voto.

Los señores jueces, doctores de Lázzari, Hitters, Kogan, Pettigiani y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en igual sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deducidos a fs. 480/502 vta. y 503/512 vta.; con costas a cargo de los respectivos recurrentes vencidos (art. 289, C.P.C.C.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JUAN CARLOS HITTERS

LUIS ESTEBAN GENOUD

HECTOR NEGRI

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

ANALIA S. DI TOMMASO

Subsecretaria

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