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Corresponde reparar el daño a quienes perdieron un hijo a causa de la falta de cuidado del centro de salud mental.

blurred figures wearing medical uniforms in hospital surgery corridor

Partes: F. M. G. c/ Hospital 4 de Junio y/o Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco y otro. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

Sala/Juzgado: Primera Civil, Comercial y Laboral

Fecha: 29-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-96190-AR | MJJ96190 | MJJ96190

Indemnizan a los actores como consecuencia de la muerte de su hijo, quien ante la omisión de cuidado escapó del hospital psiquiátrico donde se encontraba y luego se suicidó.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia demandada contra la sentencia que si bien desestimó la pretensión contra todos los médicos y el director del hospital, la condenó a abonar en concepto de indemnización -lucro cesante, gastos de sepelio y daño moral- por la muerte del hijo del actor, acaecida por suicidio luego de que se escapara de la sala psiquiátrica del Hospital de la ciudad donde se encontraba internado por disposición judicial atento la violación del deber de seguridad.

2.-El carácter de sistema abierto no sirve como excusa para diluir el reproche, en el caso por la fuga y posterior suicidio de un paciente – que pesa sobre una institución psiquiátrica respecto de los pacientes que llegan a ellas, pesa éstas instituciones una obligación de medio reforzada que implica que debe tomarse una especialísima diligencia respecto de las personas con sufrimiento mental y porque si el establecimiento no contaba con medios para tratar la patología del paciente, debió haberlo derivado para su efectivo tratamiento y recuperación a una institución apropiada para el caso la debida diligencia del hospital implicaba que ante la ausencia de medios para procurar el tratamiento que requería el paciente se procurara y efectivizara el traslado a una institución que sí pudiera brindarle la asistencia que necesitaba, pero sin descuidar en el ínterin el control y vigilancia que precisaba la persona de acuerdo con su patología.

Fallo:

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los veinte nueve días del mes de octubre del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del Superior Tribunal de Justicia, ROLANDO IGNACIO TOLEDO y MARÍA LUISA LUCAS, asistidos por la Secretaria Autorizante, tomaron en consideración para resolver el presente expediente: «F., M. G. C/ HOSPITAL «4 DE JUNIO» Y/O MINISTERIO DE SALUD DE LA PROV. DEL CHACO Y/O PICECH,. ALEXIS RODRIGO Y/U OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS». N° 908/09-4-C, año 2015, venido en apelación extraordinaria en virtud del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia del Chaco a fs. 595/607, contra la sentencia que obra a fs. 560/579 vta. dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos?

1º) Relato de la causa. El remedio se tuvo por interpuesto a fs. 610. Corrido el pertinente traslado, la contraria no lo contestó, y el recurso fue concedido a fs. 616 y vta. Elevadas las actuaciones, a fs. 619 se radicó el expediente ante esta Sala Primera Civil, Comercial y Laboral y a fs. 621 se llamó autos, por lo que la cuestión se encuentra en estado de ser resuelta.

2°) Recaudos de admisibilidad. En el análisis de la concurrencia de los extremos que hacen a la viabilidad formal del recurso en trato, constatamos que ha sido interpuesto en término, por parte legitimada para recurrir y contra sentencia definitiva de la causa, por lo que corresponde ingresar a la consideración del mismo en su faz sustancial.?

3º) El caso. La Sra. M. G. F.promovió demanda de daños y perjuicios contra la Provincia del Chaco reclamando la suma de $782.750,00 en concepto de indemnización -lucro cesante, gastos de sepelio y daño moral- por la muerte de su hijo Angel Osvaldo Díaz, acaecida por suicidio luego que éste se escapara de la sala psiquiátrica del Hospital 4 de Junio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña donde se encontraba internado por disposición judicial.

La juez de primera instancia hizo lugar a la acción y condenó al hospital demandado, a su director y a los médicos tratantes a abonar a la accionante la suma de $67.460 por los rubros reclamados. Apelada la sentencia por todas las partes, la Cámara de Apelaciones modificó la decisión. Desestimó la pretensión contra todos los médicos y el director del hospital y mantuvo la condena por la suma otorgada en el grado contra el Hospital 4 de Junio basada en la violación del deber de seguridad. Disconforme con el pronunciamiento la Provincia del Chaco dedujo el recurso bajo estudio.

4º) Los agravios extraordinarios. Señala la recurrente que con las constancias de la causa quedó claramente demostrada -a su entender- una interrupción del nexo causal, y de allí que estima arbitrario que el fallo desconozca el suicidio del joven Díaz llevado a cabo por su exclusiva voluntad, el cual lejos está de tener relación de causalidad directa e inmediata con el hecho de la fuga del hospital.

Agrega que la Cámara de Apelaciones adjudica de manera exclusiva y excluyente responsabilidad al Estado Provincial por violación del deber de seguridad, sin valorar la conducta de la madre, que fue determinante y secuencialmente acaecida entre la fuga del Sr.Díaz del hospital y su suicidio, lo que impide que el pronunciamiento

sea justo.

Finalmente denuncia incongruencia, pues considera que por una parte los sentenciantes niegan o desconocen en el suicidio la causación de un daño a sí mismo y por otro lado destacan que la conducta era previsible, conforme su historia clínica.

5º) La solución propiciada. Antes que nada es dable destacar que los agravios antes reseñados serán examinados a la luz de las normas contenidas en el Código Civil de Dalmacio Vélez Sársfield (ley 340), por haber sido aquella la ley vigente al momento del hecho que motiva la presente acción (conf. Kemelmajer de Carlucci, Aída, «La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes», Io edición, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, págs. 100 y sgtes.).

6º) De esta manera, y analizadas las quejas formuladas, notamos que en primer lugar la impugnante apunta a que en el caso medió una ruptura del nexo de causalidad entre la fuga del Hospital 4 de Junio del Sr. Ángel Osvaldo Díaz y su posterior fallecimiento, la cual está dada a su entender por el suicidio que cometiera el nombrado.

Frente a ello advertimos que la quejosa no se hace cargo y omite refutar lo sostenido por la Cámara de Apelaciones en el sentido que el diagnóstico de peligrosidad del paciente Díaz tornaba previsible el hecho del daño para sí como para un tercero, lo que exigía un deber de vigilancia y custodia, justamente para evitar que se autolesione. En ese derrotero, los señores camaristas opinaron que la fuga revela un defecto en el funcionamiento de las prestaciones paralelas al acto médico, y del personal auxiliar dependiente de la prestación del servicio, quienes no cumplimentaron adecuadamente el objetivo de velar por la integridad

física del enfermo (conf. fs.568 vta,, párrafos tercero, cuarto y quinto).

Es decir que los jueces de Cámara estimaron, al igual que ía juez de grado, que en el caso el hecho antijurídico estaba dado por la omisión del deber de vigilancia del hospital que permitió que el Sr. Díaz se escapara del nosocomio y luego se suicidara, argumento que no mereció crítica directa, concreta y eficiente por parte de la quejosa, quien se limita a hacer hincapié en la conducta de la víctima, desligándose de su propio accionar.

7º) A su vez, en nada obsta a lo anterior la insinuación que realiza la recurrente relativa a que a la fecha del hecho el Hospital 4 de Junio no contaba con la infraestructura para tratar afecciones del tipo que padecía el Sr. Angel Osvaldo Díaz, y que aún así fue alojado en dicho nosocomio por disposición de la juez interviniente en la medida proteccional que corre agregada como prueba.

Lo anterior pues, a más de constituir lo expuesto una reiteración de los agravios vertidos en la apelación (conf. fs. 480), los cuales merecieron respuesta suficiente y adecuada por la Alzada, surge también que no se ha rebatido lo dicho respecto que el Sr. Díaz «.estaba internado en la Sala de Salud Mental, por lo que, este servicio debe estar preparado para atender estas necesidades de padecimiento humano», y que «.Mientras el enfermo se fugó, el personal auxiliar desconocía la suerte del individuo que se encontraba a su cuidado, ignorando las circunstancias en que se produjo la salida del hospital» (conf. fs. 569 vta., in fine/570, primer y tercer apartados).

Sobre el particular se ha dicho que «.el carácter de sistema abierto no sirve como excusa para diluir el reproche que pesa sobre estas instituciones respecto de los pacientes que llegan a ellas.Pesa sobre las instituciones psiquiátricas una obligación de medio reforzada que implica que debe tomarse una especialísima diligencia respecto de las personas con sufrimiento mental.» y porque «.si el establecimiento [.] no contaba con medios para tratar la patología del paciente, debió haberlo derivado para su efectivo tratamiento y recuperación a una institución apropiada para el caso. la debida diligencia del hospital implicaba que ante la ausencia de medios para procurar el tratamiento que requería el paciente se procurara y efectivizara el traslado a una institución que sí pudiera brindarle la asistencia que necesitaba, pero sin descuidar en el ínterin el control y vigilancia que precisaba la persona de acuerdo con su patología.» (conf. Kraut, Alfredo J. y Sosa, Guillermina Leontina, «Pacientes mentales. Suicidios de un internado: Sistema de puertas abiertas», publicado en La Ley 2013-C, 346, cita on-line: AR/DOC/1885/2013), lo que mutatis mutandi resulta de aplicación al sub-lite. Máxime cuando las circunstancias de hecho y la problemática del presente guardan similitud con las consideradas en la causa «More, Lidia c/ Gobierno de la Provincia del Chaco sí Daños y perjuicios» (Sent. 223/12 de esta Sala Primera).

8°) Del mismo modo, no puede tener recepción favorable lo manifestado en relación a la incidencia de la conducta de la madre en el desenlace fatal del Sr. Díaz, pues mientras que en el presente proceso lo que está siendo objeto de juzgamiento es el desempeño del hospital demandado en la atención del paciente, lo cierto es que tampoco se ha demostrado que en verdad el comportamiento de la Sra. F. haya tenido la influencia determinante en el suicidio de su hijo que le asigna la demandada, muchos menos de una magnitud tal para interrumpir el nexo causal. Paralelamente porque tampoco ello releva de la obligación que pesaba sobre la accionada de velar por la seguridad y recuperación de quien estaba bajo su cuidado, pues tal como lo dijo la juez de grado «.éste nunca debió estar allí.», es decir en casa de su madre (conf. fs.422, segundo apartado), 9) Por último, tampoco advertimos en la sentencia recurrida la incongruencia que denuncia el quejoso, pues la lectura atenta del párrafo al que alude (conf, fs. 571 in fine/572, primero y segundo apartados) surge que aunque sin duda fue el accionar de la victima (suicidio) la circunstancia que determinó su fallecimiento, no cabe perder de vista que ello aconteció por la falta al deber de seguridad en que incurrió el nosocomio, lo que le permitió al paciente fugarse y llegar hasta la casa de la actora donde finalmente se suicidó, cuando, como lo dijo la Cámara, la posibilidad de que ello ocurriera (tanto la fuga como eí suicidio) era previsible, por haberse intentado con anterioridad -tal como reza la historia clínica y debido a los graves padecimientos del Sr. Ángel Osvaldo Díaz-, lo que hacía recaer sobre la demandada el deber de resguardar a quien se encontraba en tales condiciones.

10°) En virtud de todo lo expre sado, es dable concluir que la impugnante no desarrolla argumentos que superen la mera discrepancia con la decisión adoptada por la Alzada, lo que conlleva el incumplimiento de las cargas propias de esta vía de excepción.

Ello deriva asimismo en la desestimación del remedio bajo estudio, dado que los reproches ensayados en el memorial extraordinario carecen de entidad suficiente para desvirtuar lo decidido por la Cámara de Apelaciones en base a la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, en tanto la postura de la impugnante conforma sólo su particular tesitura sobre la valoración de los elementos fácticos obrantes en la causa y las normas aplicables al caso, lo que supone a su vez el análisis de cuestiones de hecho y derecho no federal que, como regla, están exentas de revisión en esta sede extraordinaria (cf.Sentencias N° 98/14, N° 315/14, entre otras), más aún si consideramos que la solución exhibe sustento bastante que permite descartar las tachas endilgadas.

11°) Costas y honorarios Las correspondientes a esta instancia, atento el resultado que se propicia, se imponen a la parte recurrente vencida (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial), No se regulan honorarios profesionales al abogado que representa a la parte demandada, teniendo en cuenta el modo de imposición de costas y las previsiones del art. 2 bis de la ley 2868.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA N° 204

I- DESESTIMAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia del Chaco a fs, 595/607, contra la sentencia que obra a fs. 560/579 vta. dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo ‘de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

II- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la> parte recurrente vencida.

III- NO REGULAR honorarios al abogado Jorge Daniel Turk (M.P. N° 2171), conforme lo establecido en el considerando 11°) del Acuerdo que antecede.

IV-REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese. Remítase la presente, por correo electrónico, a la señora Presidente de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y al señor?

Presidente de dicha Cámara, dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente bajen los autos al juzgado de origen.

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