Se elevan los honorarios que le corresponde percibir a la letrada por su labor extrajudicial relacionada con la operación de venta de un inmueble rural, siendo la base regulatoria la utilidad obtenida por el cliente como producto de su intervención, y no el saldo de precio del boleto de compraventa, en cuya redacción no participó.

interesePartes: B. A. V. c/ M. B. L. C. s/ cobro de honorarios profesionales

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: D

Fecha: 30-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95942-AR | MJJ95942 | MJJ95942

Se elevan los honorarios que le corresponde percibir a la letrada por su labor extrajudicial relacionada con la operación de venta de un inmueble rural, siendo la base regulatoria la utilidad obtenida por el cliente como producto su intervención, y no el saldo de precio del boleto de compraventa, en cuya redacción no participó.

Sumario:

1.-Corresponde reconocer el derecho de la pretensora a percibir honorarios por el asesoramiento profesional extrajudicial desarrollado a favor del demandado, sin embargo no corresponde tomar como base regulatoria de sus emolumentos el monto del saldo de precio pactado en el boleto de compraventa, toda vez que la actora no ha participado en la confección del mismo ni en la operatoria, pues su intervención fue la de lograr la dilación en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de su cliente.

2.-De la intensa labor desarrollada por la letrada debe reconocerse la concreción de la encomienda asignada, la cual se traduce de la declaración testimonial brindada por el letrado de la parte compradora, y del contenido y particularidades que reflejan los convenios adicionales suscriptos en la oportunidad de concretarse la escritura traslativa de dominio de los inmuebles comprometidos, lo cual no conlleva a tener por conformada la base regulatoria partiendo de los montos que corresponden al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el boleto de compraventa original, en cuya confección no tuvo la letrada no actuó, conformándose con su participación la enmienda cuya versión final fuera suscripta, mediante la cual no se modificaron partes sustanciales del contrato original, sino aspectos relacionados con la ejecución de las convenciones contenidas en el mismo, correspondiendo elevar la suma de dinero a fin de compensar la labor profesional desarrollada por la letrada reclamante durante el período y por su participación en la redacción y suscripción del convenio relacionado con la entrega de la soja de propiedad de un tercero existente en la propiedad vendida.

3.-Al presumirse de carácter oneroso de la actividad profesional del abogado, en casos vinculados con la realización de labores extrajudiciales, corresponde que sus servicios sean adecuadamente retribuidos por el cliente al término de su gestión, debiendo considerarse constituido en mora el obligado a partir del momento en que su acreedor formalizó la pertinente interpelación al cobro de los honorarios ya que no existe mora anterior y se trata de sumas debidas en concepto de responsabilidad contractual. En el caso de autos, corresponde que los intereses se devenguen a partir de la fecha de inicio de la mediación previa obligatoria.

Fallo:

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 30 días del mes de octubre de dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “B., A. V. c/ M. B., L. C. s/ cobro de honorarios profesionales”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri, Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María Brilla de Serrat.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

I.- El pronunciamiento.

La sentencia que luce a fs. 264/270 hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por A. V. B. contra L. C. M. B., a quien condenó a pagar a la actora la suma de $ 10.250.- con más los intereses y las costas del juicio.

El fallo fue apelado por la actora a fs. 271, siendo su recurso concedido libremente a fs. 275. Sus agravios expresados a fs. 298/301 cuyo traslado se confiriera a fs. 302, no fueron respondidos por el demandado.

También se encuentran apelados a fs. 271vta. los honorarios regulados en la sentencia.

II.- Antecedentes.

a) A fs. 159/167 se presenta A. V. B. solicitando la regulación de sus honorarios por la labor profesional desarrollada a favor del Sr. L. C. M. B., contra quien dirige la pretensión de cobro de las sumas resultantes de tal regulación.

Relata que durante el mes de junio de 2011, más precisamente entre los días 03 y 27 de dicho mes y año, brindó asesoramiento profesional y realizó para el demandado una serie de tareas relacionadas con la operación de venta de un inmueble rural de su propiedad ubicado en la provincia de La Pampa.Formula un detalle de la labor desarrollada a partir del momento en que le fueran requeridos sus servicios profesionales para contestar dos cartas documento remitidas por el comprador del inmueble hasta la concreción del acto escriturario celebrado el 27/06/2011, y los beneficios obtenidos con su gestión. Manifiesta así haber cumplido ampliamente con la tarea encomendada consistente en confeccionar varios contratos que le garantizarían dilatar la escritura, permitiendo el retiro de los animales, objetos personales y de una mayor cantidad de árboles y plantas; sin que ello significara costo alguno para el demandado aún cuando se habían previsto multas para tal supuesto, permitiéndole cobrar el 100% del saldo de precio pactado en el boleto de compraventa original, que fuera enmendado por el contrato negociado y elaborado por la profesional reclamante. Destaca que finalizado el acto el demandado se negó a abonarle los honorarios profesionales por la gestión realizada.

Solicita la fijación de sus honorarios por los siguientes aspectos en que se le solicitó asesoramiento: a) negociación, redacción y firma de la enmienda del boleto de compraventa; b) negociación, redacción y firma de convenio emergente de escritura traslativa de dominio; c) convenio de reconocimiento por parte del comprador, de la existencia de soja de propiedad de un tercero en el campo La Constancia, y compromiso de devolución; d) Autorización del comprador al vendedor a retirar objetos de su propiedad con posterioridad a la escritura; e) estudio, análisis y asesoramiento sobre un contrato de arrendamiento accidental, impago y refinanciado.

En definitiva, habiéndole sido requerida por el Juzgado la determinación precisa de la cosa demandada (cfr. fs. 168), confirmación mediante de este Tribunal (cfr. fs. 176), así lo expuso la actora a fs. 180 con la correspondiente discriminación, en cuya virtud su reclamo en concepto de honorarios asciende a las sumas de u$s 181.260.- y $ 30.906.-

Funda en derecho su pretensión y ofrece prueba.

b) No habiéndose presentado el demandado al proceso, a instancias de la parte actora se decretó su rebeldía a fs. 218.III.- La sentencia.

Al amparo de la normativa imperante en la materia el juez de grado reconoció el derecho de la pretensora a percibir honorarios por la labor profesional desarrollada a favor del demandado. A los fines de la determinación del emolumento correspondiente analizó los elementos probatorios incorporados a la causa, con los que tuvo por justificada la labor cumplida en sus diferentes aspectos, desgranando cada uno de ellos con la objetividad propia de su función, y sin perder de vista en lo pertinente las consecuencias devenidas de la situación de rebeldía del demandado, en cuya virtud tuvo por operada su confesión ficta con base en el pliego respectivo. Conforme a ello tuvo por reconocido que la actora asesoró profesionalmente al demandado en junio de 2011 y que actuó en su nombre y representación contestando por el cartas documento que le envió el comprador; que se le encomendó negociar con el abogado de éste para obtener la dilación de la escrituración prevista para el 9 de junio de 2011; que por su intervención se firmaron una enmienda al boleto de compraventa del 2 de mayo de 2011 y un acuerdo complementario; que por tal actuación profesional se garantizó dilatar la escrituración; que permitió retirar animales, objetos personales, árboles y plantas del predio vendido; y evitar pagar multas que figuraban en el boleto de compraventa.Destacó también que el pliego contiene aserciones autocontradictorias que ponen de manifiesto cierto descuido en su confección, y otras a las que no se puede atribuir verdad porque entran en contradicción con reconocimientos o aserciones hechas por la propia demandante en autos.

Destacó el magistrado que la letrada no negoció el precio ni el contrato, sino que la labor encomendada y que ejecutó fue la de lograr la dilación en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de su cliente, traduciéndose su trabajo en la firma de la enmienda al boleto de compraventa, por la cual se pactó una nueva fecha de escrituración modificándose el contrato anterior solo en lo relativo a la identidad del escribano designado; y que también se establecieron las pautas a acordar para la transferencia de parte del saldo de precio, y las inherentes a la entrega de yeguarizos, entre otros aspectos accesorios de la obligación principal. Señaló además el a-quo que los honorarios a fijar deberían tener como base la correspondiente a la utilidad obtenida por el cliente como producto de la intervención de la profesional, enfatizando que aquella base no se encuentra conformada por los montos que corresponden al cumplimiento de obligaciones asumidas en el boleto original, anterior a la intervención de la pretensora. Concretó que en la especie no hubo exposición al riesgo de aplicación de multa, cuyo monto siquiera se tomó la actora el trabajo de estimar.

Acordó en definitiva el importe consignado en el considerando I.- que es el resultante de la sumatoria de los parciales de los siguientes conceptos:$ 6.000.- correspondiente al 1% del valor asignado a la gestión relacionada con la entrega de los yeguarizos; $ 250.- por el reconocimiento de la existencia en el campo de silo bolsas con soja de propiedad de un tercero; y $ 4.000 por diversas actividades tales como confección de cartas documento, estudio, evaluación y preparación en el lapso temporal de su gestión.

Dejó clara su concepción de haber dispuesto una remuneración adecuada a las circunstancias del caso, entendiendo que la actora no puede pretender seriamente que se tome como monto de su labor el saldo de precio pautado sin su intervención y pagado a su cliente dentro del lapso previsto en el contrato base.

Respecto de los intereses, dispuso que se liquidarán desde la fecha de notificación de la demanda y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.

IV.- Los agravios.

Se agravia la actora del acogimiento parcial de la demanda por haber considerado el a-quo que no correspondía tomar como base regulatoria de los honorarios el monto del saldo de precio pactado en el boleto de compraventa, con el argumento de que este documento fue pautado sin la intervención de la profesional reclamante, y pagado al demandado más tarde dentro del lapso previsto en el contrato base. Por ello solicita la revocación de la sentencia en dicho aspecto fijándose la base regulatoria en la suma que surge del saldo de precio a abonarse. Su segundo agravio en enfoca en la suma de $ 250.- regulada por la participación en el convenio relacionado con la entrega de la soja de propiedad de un tercero existente en la propiedad vendida, por entender que tal emolumento no se encuentra ajustado a derecho por cuanto no se han respetado los mínimos legales establecidos en la ley de honorarios profesionales.Se queja también de la fecha de la mora considerada por el a-quo para dar comienzo al cómputo de los intereses, solicitando su modificación por la correspondiente a la fecha de inicio de la mediación obligatoria.

V.- La solución.

La ley arancelaria vigente 21.839 con las modificaciones introducidas por la ley 24.432 ofrece los lineamientos para la determinación de la remuneración del profesional del derecho por su labor o gestión de naturaleza extrajudicial. Así, el art. 57 remite a las pautas del art. 6 con la prevención que en ningún caso el honorario resultante puede ser inferior al 50% del que correspondería si se tratara de una labor judicial; mientras que el art. 58 contiene pautas indicativas u orientadoras relacionadas con diferentes supuestos entre los cuales, el contemplado en su inc. e) -por redacción de contratos que no fueren de sociedad, y de otros documentos, del uno por ciento (1 %) al cinco por ciento (5 %) del valor de los mismos, y no menos de cien pesos ($ 100)- es el que mejor se acomoda a la situación que motiva esta intervención.

Establecido el marco normativo e ingresando al estudio de los agravios formulados por la apelante, anticipo que comparto lo conceptu ado por el distinguido colega de la instancia anterior, en el sentido que no es atinente tener por conformada la base regulatoria partiendo de los montos que corresponden al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el boleto original, en cuya confección no tuvo la Dra. B. participación alguna.

Ello así por cuanto, el susodicho boleto data del 02 de mayo de 2011, y la intervención de la letrada reclamante en relación con el negocio jurídico instrumentado en el mismo comenzó a traducirse a partir del mes de junio del mismo año, conformándose con su participación la enmienda cuya versión final fuera suscripta el 23 de junio de 2011.Enmienda mediante la cual no se modificaron partes sustanciales del contrato original, sino aspectos relacionados con la ejecución de las convenciones contenidas en el mismo, tales como: la fijación de la fecha para la escrituración, el reemplazo del escribano designado para el otorgamiento de la escritura traslativa del dominio, información referida a la determinación de la cuenta para efectuar el pago de parte del saldo del precio, y cuestiones relacionadas con la regulación del ingreso de hacienda y personal al campo objeto del contrato, amén de otras accesoriedades que en nada afectan la esencia de la estipulación inicial.

Por otra parte la quejosa cuestiona que el juzgador estableciera que la escritura se llevó a cabo dentro del plazo establecido en el boleto de compraventa; y que desatendiera la utilidad obtenida por el demandado en función de su labor profesional, logrando evitar que el comprador ejerciera alguna de las opciones acordadas en la cláusula referida a la mora e incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

Coincido también en este aspecto con el análisis del Sr. Juez a-quo en punto a que de la gestión de la abogada tendiente a la dilación obtenida para la firma de la escritura no se extrae la utilidad para su cliente que aquella pregona, en tanto no se aprecia la exposición al riesgo de la aplicación de multa.

En efecto. Sin perjuicio de remitir a la lectura de lo dicho por el magistrado de grado sobre el particular, considero apropiado añadir en su refuerzo, que el plazo acordado para el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio fue de 60 días corridos a contar desde la fecha de la firma del boleto ocurrida el 02 de mayo de 2011; con lo cual resulta de toda obviedad que el acto escriturario acontecido el 27 de junio de 2011, fue realizado en tiempo oportuno sin que se habilitaran las opciones pactadas a favor del comprador para el caso de registrarse mora o incumplimiento de parte del vendedor.Lo mismo cabe decir en relación con el pago del saldo de precio en las condiciones contractualmente pactadas.

Sentado lo anterior y no obstante ello, debe reconocerse la intensa labor desarrollada por la letrada en pos de la concreción de la encomienda asignada, que se traduce de la lectura de los numerosos e-mails cruzados con el letrado del comprador en relación con diversos aspectos de la operatoria. La impronta de su gestión se desprende también de la declaración testimonial brindada por el letrado de la parte compradora, y del contenido y particularidades que reflejan los convenios adicionales suscriptos en la oportunidad de concretarse la escritura traslativa de dominio de los inmuebles comprometidos.

En tal contexto considero que la suma de $ 4.000.- fijada por el magistrado de grado para compensar la labor profesional desarrollada por la letrada reclamante durante el período considerado a esos efectos resulta escasa, razón por la cual he de proponer al acuerdo su elevación a la suma de $ 25.000.-

De igual modo, atendiendo a sus particulares características, propongo la elevación del honorario regulado por la participación de la actora en la redacción y suscripción del convenio relacionado con la entrega de la soja de propiedad de un tercero existente en la propiedad vendida. De haber acuerdo, el honorario en cuestión quedará fijado en la suma de $ 500.-

Finalmente ha de admitirse el cuestionamiento de la actora en relación con la fecha de inicio del cómputo de los intereses moratorios. Para ello ha de tenerse en consideración que, al presumirse de carácter oneroso la actividad profesional del abogado, en casos como el que nos ocupa vinculados con la realización de labores extrajudiciales, corresponde que sus servicios sean adecuadamente retribuidos por el cliente al término de su gestión. Por lo tanto, debe considerarse constituido en mora el obligado a partir del momento en que su acreedor formalizó la pertinente interpelación.Tiene dicho este Tribunal, que los intereses correspondientes al crédito de un letrado por los servicios profesionales brindados extrajudicialmente, deben computarse desde la interpelación al cobro de sus honorarios, ya que no existe mora anterior y porque se trata de sumas debidas en concepto de responsabilidad contractual (cfr. CNCiv., Sala ‘D’, “Wortman Jofre, Hugo M. y otros c/ Bonanno de Alday y otro”, 10/05/2007, LL Online, AR/JUR/2512/2007). En ese orden de cosas, toda vez que el Tribunal se encuentra limitado por la medida del agravio expuesto por la apelante, habrá de disponerse que los intereses se devengarán a partir de la fecha de inicio de la mediación previa obligatoria.

VI.- Conclusión.

Por lo tanto voto propiciando:

1) Admitir parcialmente los agravios de la actora, elevando los honorarios por las tareas calificadas en el considerando V.-, hasta las sumas allí establecidas para cada una de ellas.

2) Disponer que los intereses sobre los importes resultantes de la condena, se devengarán a partir de la fecha de inicio de la mediación previa obligatoria y hasta el efectivo pago, aplicándose al efecto la tasa y tipo de interés dispuestos en el fallo de primera instancia.

3) Se impongan las costas de alzada en el orden causado por no haber mediado contradicción (art. 68 CPCC).

4) Conocer la apelación de los honorarios.

Así mi voto.

Los señores jueces de Cámara doctores Osvaldo Onofre Álvarez y Ana María R. Brilla de Serrat, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto.

PATRICIA BARBIERI.

OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.

ANA MARIA BRILLA DE SERRAT.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, 30 de octubre de 2015.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:1) Admitir parcialmente los agravios de la actora, elevando los honorarios por las tareas calificadas en el considerando V.-, hasta las sumas allí establecidas para cada una de ellas; 2) Disponer que los intereses sobre los importes resultantes de la condena, se devengarán a partir de la fecha de inicio de la mediación previa obligatoria y hasta el efectivo pago, aplicándose al efecto la tasa y tipo de interés dispuestos en el fallo de primera instancia; 3) Imponer las costas de alzada en el orden causado por no haber mediado contradicción.

De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; el monto de condena más sus intereses; las etapas cumplidas, y lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 10, 12, 19, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432, se adecuan los honorarios regulados a fs. 270, fijándose los correspondientes a la Dra. A. V. B., letrada actora en causa propia, en ($.); los de la Dra. Claudia B. García, por su actuación como su letrada patrocinante, en ($.), y los de la mediadora Dra. Carina M. Paramidano, en ($.) (conf. art. 1°, inciso e), del Anexo III del Decreto 1467/11).

Por la actuación ante esta alzada, se regula el honorario de la Dra. Claudia B. García en ($.) (arts. 10, 12 y 14, ley de arancel 21.839).

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.

Patricia Barbieri

Osvaldo Onofre Álvarez

Ana María Brilla de Serrat