Responsabilidad concurrente en accidente entre ambulancia detenida en ruta, y camión que circulaba a excesiva velocidad.

ConduciendoPartes: B. J. L. y otros c/ Río de las Vueltas S.R.L. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: E

Fecha: 20-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-95954-AR | MJJ95954 | MJJ95954

Responsabilidad concurrente entre el chofer de la ambulancia y el del camión, al encontrarse el primero detenido en una ruta, y ser embestido por el segundo, que circulaba a excesiva velocidad. Cuadro de rubros indemnizatorios.cbggfh

Sumario:

1.-Corresponde establecer la responsabilidad concurrente en un 50% a cada parte en el accidente de tránsito ocurrido en una ruta en el que perdiera la vida el esposo y padre de los presentantes, cuando la ambulancia que aquel conducía fue embestida en su parte trasera por el frente del camión con acoplado al mando del dependiente de la empresa demandada, toda vez que la unidad de traslado se encontraba detenida sobre el carril derecho de la ruta sin tener las luces ni las balizas prendidas, y el vehículo de gran porte circulaba a excesiva velocidad, superando la máxima permitida.

2.-La versión de parte interesada no puede ser admitida sin más, por tratarse de un co-protagonista del accidente, por lo tanto, poco compatible con la extraneidad que es condición esencial de este medio de prueba. En el caso, el testigo resulta contradictorio, por lo que se analizaran sus dichos con suma estrictez, máxime cuando se trata de un compañero de tares del conductor del camión y dependiente de la demandada, a quien llamó por celular inmediatamente después de acontecido el accidente; y más allá del esfuerzo de la actora para intentar demostrar que la ambulancia se encontraba circulando y en movimiento, resultan contundentes los dichos del conductor de un auxilio mecánico.

3.-Cuando existen dudas acerca de si el vehículo tenía o no las balizas, sea las luces intermitentes o las que se colocan delante del vehículo, aunque este hubiera sido un dato relevante, de todos modos, ello no hubiera excusado, al menos en parte, de responsabilidad a la víctima, pues nada se aportó acerca de las razones por las que el vehículo se encontraba detenido sobre la ruta misma y con el conductor, seguramente en su interior.

4.-Todo conductor, como guardián de una cosa peligrosa, tiene la obligación de estar atento a las evoluciones del tránsito, y las normas que regulan la circulación vehicular lo obligan a desplazarse con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. En el caso de autos, parece claro que el camión había excedido el límite de velocidad permitido, circunstancia ésta que también debió haber contribuido al accidente, puesto que su conductor no pudo mantener el dominio del vehículo de gran porte y con cargamento.

5.-Cuando no se esclareció el porcentaje que deba atribuirse a cada parte, se hace aplicación de aquel reiterado principio jurisprudencial que tiene decidido que en la imposibilidad de establecer una proporción mayor de culpa de uno de los intervinientes con relación al otro, cuadra distribuirla por mitades.

6.-A los fines de establecer el valor vida debe tenerse en cuenta respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil; su educación, profesión u oficio; sus probabilidades de progreso y ahorro; aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social, mientras que, desde el punto de vista del que reclama la indemnización, habrá de meritarse el grado de parentesco con aquélla, la ayuda que recibía, número de miembros de la familia; factores todos que quedan sujetos al prudente arbitrio judicial, apreciando que la muerte de un ser querido no constituye para los suyos un capital que se mida por la renta que pueda dar. En el caso, el hecho de que la viuda es jubilada y pensionada, bienes denunciados y demás circunstancias, hace que deba reducirse el importe fijado en concepto de valor vida para la viuda, de los que cuadra admitir el 50%, en razón de la distribución de responsabilidades establecidas, siendo justo el rechazo de dicha partida con relación a los hijos del causante, toda vez que ningún elemento de juicio aportaron, ni acreditaron que el padre colaborara económicamente con ellos, máxime cuando los varones laboran en la empresa que inicialmente uno de ellos denunció como de propiedad de su padre.

7.-A los fines de la fijación del daño moral deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y de la víctima, etc., quedando todos ellos librados al prudente arbitrio judicial. En el caso de marras, teniendo en cuenta las circunstancias señaladas y, en particular, el profundo dolor que importa la pérdida de un esposo y padre en esas circunstancias, es que corresponde confirmarla indemnización admitida tanto para la viuda, como para sus tres hijos, en este caso quedando involucrado el posible daño material no especificado.

8.-En lo que respecta a los gastos de sepelio, son erogaciones aun cuando quien las reclama no haya adjuntado prueba documental que las acredite, siempre y cuando, claro está, la realización del gasto resulte inequívoca. En la especie, debe confirmarse lo otorgado por dicha partida, atento a que no obran otras pruebas que permitan elevar es monto.

9.-A los fines de establecer la imposición de costas en el marco de un proceso de daños y perjuicios no importa si las partes fueron responsabilizadas en forma concurrente, pues, el carácter de vencido se configura para el demandado, si la acción prospera aunque sea en mínima parte en cuanto al monto, o si el actor triunfa en todas las cuestiones litigiosas ello en virtud del principio de reparación integral.

Fallo:

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los VEINTE días del mes de octubre de dos mil quince reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala “E” para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “B.J.L. Y OTROS C/ RIO DE LAS VUELTAS SRL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia corriente a fs. 324/337, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

La sentencia apelada es arreglada a derecho?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Sres. Jueces de Cámara Dres. DUPUIS. CALATAYUD. RACIMO.

A la cuestión planteada el Dr. Dupuis dijo:

I. A. G. de B. y sus hijos José Luis, Pablo y Silvina B. demandaron a la Empresa de Transportes R.de las V. por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del accidente acaecido en la ruta nacional n°12 a la altura del km.91, de Zárate, dirección a Buenos Aires, el 22 de octubre de 2010, en el que perdiera la vida el esposo y padre de los presentantes -S. F. B. S.- cuando la ambulancia marca Renault Trafic, dominio CRL 946 que conducía por el carril derecho fue embestida en su parte trasera por el frente del camión Iveco dominio GSK 396, al mando de A. H. M., dependiente de la demandada.

La sentencia de la anterior instancia, luego de analizar la prueba producida, concluyó en la culpa concurrente de ambos conductores, que distribuyo en un 50%, por lo que en ese porcentaje hizo lugar a la demanda y condenó a la empresa demandada, Río de las Vueltas SRL, a abonarles la suma de $ 452.500, $44.099, $40.000 y $40.000 para cada uno de los actores respectivamente, con más los intereses y las costas del pleito. Hizo extensiva la condena en forma concurrente a la aseguradora HSBC La Buenos Aires Seguros S.A.A ese fin valoró que la ambulancia se encontraba detenida sobre el carril derecho de la ruta nacional n° 12, sin tener las luces prendidas ni las balizas que el camión Iveco circulaba a excesiva velocidad, superando la máxima permitida en ruta para los camiones.

De ello se agravian las partes.

II. No existe discrepancia entre las partes en lo relativo a que la ambulancia al mando de la víctima fue violentamente embestida en su parte trasera por la parte frontal del camión semirremolque de la demandada, conducido por H.A.M. y que el accidente aconteció sobre la mano derecha de la ruta nacional n°12, a la altura del km.91, en dirección a Buenos Aires.

Las partes discrepan, en cambio, acerca de si la Trafic conducida por la víctima, se encontraba o no detenida y sin luces sobre la mano derecha de la ruta.

La actora insiste en esta instancia en que no se acreditó que la Trafic se encontrara detenida, tal como lo afirma el “a quo” en su decisorio y que su conductor no hubiese guardado las precauciones exigidas para una situación como la de autos. Sostiene, por el contrario, queB. Suárez, circulaba en forma prudente, a velocidad moderada y reglamentaria, con las luces debidamente encendidas.

La circunstancia de que la citada en garantía se hubiera limitado a negar la versión de los hechos afirmados en la demanda sin dar la suya, y que hubiera adherido a la que diera la codemandada R.de las V. SRL , quienes no invocaron la detención de la ambulancia y, habiéndose tenido por extemporánea esta última presentación, de ningún modo permite tener por reconocidos los hechos afirmados por la actora en la demanda, más aún cuando -como se verá- de la prueba que la misma aportó, surgen elementos de juicio, que corroboran la conclusión del juez.Por lo demás, el “a quo” no dispuso el desglose de la extemporánea contestación de demanda, atento a la adhesión efectuada por la citada en garantía, por lo que consideró parte integrante de su presentación a dicha pieza procesal (ver fs.89).

En efecto, de la compulsa de la causa penal que tengo a la vista resulta que el día 22 de octubre de 2010, aproximadamente a la 1:20 hs. se recepcionó un llamado telefónico en el recinto de la Guardia de Prevención de la Subunidad de “Paraná de las Palmas”, sita en el km 85.500 por parte del supervisor de turno de la empresa Caminos del río Uruguay, informando de un accidente de tránsito ocurrido a la altura del km 91 de la ruta Nacional n°12, dirección hacia la provincia de Buenos Aires, lugar al que se apersonó personal de la Policía Científica y Bomberos, donde una vez arribado, se observaron daños en el guarda rail lateral que separa las vías del ferrocarril Gral. Urquiza, sentidos de circulación E.R. BSAS, el cual habría sido “arrancado”, producto aparente de haber sido embestido por un vehículo de gran porte, “el cual habría colisionado a una (1) ambulancia que se encontraba parada sobre la cinta asfáltica quedando ambos rodados volcados dentro del canal que divide las vías férreas y el guarda rail del sector de la Isla Talavera (Bs.As.), totalmente destruidos” (fs.1, causa penal). La ambulancia se encontraba debajo del camión (fs.2).

Ese mismo día, a las 3.40 hs. prestó declaración Fernando Damián Leone, quien relata que en la ocasión se encontraba viajando desde la ciudad de Gualeguaychú a Tortuguitas.Lo hacía por la misma ruta carril derecho cuando se percata de que un camión con acoplado lo sobrepasa por el carril izquierdo, y una vez distanciado a casi un (1) km aproximadamente, “vio que se cruzaban luces de un rodado menor hacia la banquina y que el mismo circulaba en sentido contrario y es que en ese momento visualiza la polvareda que levantaban los rodado accidentados sobre el carril ER-BS. AS., cuando llega al lugar se encuentra el conductor del Camión de la Empresa RIO DE LAS VUELTAS, que hacía señas con los brazos alertando de un accidente, y que el mismo habría colisionado contra la camioneta que se encontraba situada sobre la cinta asfáltica del sentido de circulación -E.R.- BS. AS.- procediendo a descender de mi camión y observé a una (1) persona muerta tirada dentro del canal cercana a los restos de un rodado de color blanco, de inmediato llamé con mi celular al representante de la empresa para informar de lo sucedido y solicitar ayuda” (fs.8).

Este testigo, depuso nuevamente a fs.104 de la causa penal, aunque esta vez dijo ser chofer de la empresa “R.de la V.”, de la que también lo era el conductor M., quienes luego de cargar el camión (con jabón en polvo), salieron rumbo a Buenos Aires. Y aquí empiezan las contradicciones, puesto que ahora dice que M. lo hizo delante del deponente, cuando en su primer declaración, en la que en ningún momento denunció conocerlo ni ser dependiente de la misma empresa, afirmó que a la altura del km 91 M. lo sobrepasó. Y ahora sostiene que, siendo alrededor de las 0,00 hs., “ve a lo lejos una nube de polvo e inmediatamente después divisa unas luces que caían hacia el costado derecho de la ruta, que al llegar a la altura del km.91, ve que el camión conducido por M.se encontraba caído en la asequia , al costado de las vías del Ferrocarril y debajo del mismo, se encontraba aplastada una unidad de traslado del tipo ambulancia, de marca Renault Trafic, que entonces detuvo su marcha y se bajó del camión, que inmediatamente apareció un isleño que había escuchado el ruido y se acercó al lugar, que enseguida pudo ver que M. ya había descendido por sus propios medios del Camión, que M. le refirió que había chocado con una ambulancia, que le decía que parecía que estaba abandonada sobre la ruta. Que la ambulancia tenía las luces apagadas, que no encontraba a ningún ocupante de la ambulancia-.”. Nueva contradicción, puesto que en la primera versión dijo que “el conductor del camión hacía señas levantando los brazos”, cuando ahora, luego de bajarse pudo ver que M. ya había descendido por sus propios medios. Y antes dijo que “vio que se cruzaban luces de un rodado menor y que el mismo circulaba en sentido contrario”. Ahora parece dar fe a la versión de M., quien alude a que “la ambulancia tenía las luces apagadas” y nada dice acerca del sentido de circulación de la Trafic.Después alude a la llegada del móvil de auxilio de Caminos del Río Uruguay cuyo conductor le preguntó “si no había visto una ambulancia que estaba descompuesta sobre la ruta y sin luces”, aclarando que esto lo sabía ya que el conductor de un automóvil había avisado, tal circunstancia, al pasar por el peaje”. Más adelante dice haber observado que las balizas pertenecientes a la ambulancia se encontraban entre los rieles pero adentro del estuche correspondiente”. Reitera que la gente del peaje le refirió que la ambulancia estaba detenida sin luces sobre la mano derecha de la ruta, que esto lo había manifestado un conductor al pasar por las cabinas de peaje (fs.105) descompuesta sobre la ruta y sin luces lo que ahora nada dice.

Se ha sostenido que la versión de parte interesada no puede ser admitida sin más, por tratarse de un co-protagonista del accidente, por lo tanto, poco compatible con la extraneidad que es condición esencial de este medio de prueba (conf. Alsina, “Tratado.”, 2a. ed., t. III, 2a. ed., pág. 539,letra b).

Y en el caso, como señalé, el testigo antes citado resulta contradictorio, por lo que habré de analizar sus dichos con suma estrictez, máxime cuando se trata de un compañero de tares del conductor del camión y dependiente de la demandada, a quien llamó por celular inmediatamente después de acontecido el accidente (art. 456 del Cód. Procesal).

Debo confesar que ante versión tan contradictoria, se suscitan dudas acerca de si la Trafic se encontraba o no con las luces encendidas.

Por el contrario, y más allá del esfuerzo de la actora apelante para intentar demostrar que este vehículo se encontraba circulando y en movimiento, resultan contundentes los dichos de Julio Ernesto Medina, empleado de “Caminos del Río Uruguay S.A.”, quien era el conductor de un Auxilio mecánico y que fue convocado por el juez penal interviniente. Ese testigo, quien se encontraba de servicio esa noche, relata que “siendo entre las 1.20 hs.y la 1 .30 hs. aproximadamene, recibe un llamado a través del cual solicitaban la presencia de un auxilio mecánico en el km 91 de la ruta 12 mano a Capital, puesto que había detenida sobre la calzada, más precisamente sobre la mano lenta (derecha) de la vía con sentido de circulación a Capital Federal, una camioneta del tipo Traffic la cual resultaba ser una Unidad de Traslado ambulatorio, que entonces, se dirigió al lugar, no obstante, una vez que había descendido del puente de Zárate, recibe un nuevo llamado en el cual se anulaba la llamada anterior, en virtud de que había ocurrido un accidente más adelante, por lo que siguió su marcha, pudiendo constatar, minutos más tarde, al arribar al lugar que el accidente en cuestión lo había protagonizado un camión de gran porte, que llevaba como carga jabón en polvo y la Unidad de traslado mencionada. Que el camión impacto de lleno, sobre la Unidad de traslado, desde atrás, que los restos de la Trafic habian caído sobre la asequia del lado derecho, quedando el conductor de la misma entre los restos retorcidos de la camioneta, que el camión quedó detenido metros más adelante, que asimismo, al arribar al lugar pudo constatar que el lugar del impacto habia sido sobre la calzada del lado derecho, desconociendo porqué motivo la camioneta estaba detenida sobre la calzada”. Aclaró que es una zona de máxima oscuridad, que se ve muy poco, que dicha zona no cuenta con ningún tipo de iluminación. Nada dijo acerca de que la Trafic se encontraría “sin luces”, como pone en su boca el testigo Leone.

La prueba pericial, glosada a fs.56/62 de la causa penal, que toma como base las evidencias colectadas el dia del acccidente, señala lo siguiente, entre otros datos que creo relevantes: “Huellas de frenada: No se registraron. Huellas de Derrape: Si se registraron. Huellas de Arrastre:si se registraron”, además de manchas de aceite, combustible, líquido refrigerante, tierra desprendida, restos de pintura, vidrios, acrílicos. La ruta tenía dos carriles con un único sentido de circulación de noroeste a suroeste. Y la intensidad del tránsito o flujo vehicular era bajo por la hora de ocurrencia. La llave de encendido de la camioneta Traffic se encontraba en su correspondiente tambor, pero en su 1er posición, lo que en condiciones normales de funcionamiento del vehículo, imposibilitaría el funcionamiento de su sistema motriz (ver gráficos 12 a 14). El vehículo se encontraba totalmente destruido, por lo que la luminaria de los paragolpes y el resto de los componentes también lo estaban.

El perito mecánico aquí designado, si bien inicialmente y remitiéndose al informe pericial de la causa penal, dice que la ambulancia habría estado detenida, en sus conclusiones expresa que habría estado detenida o circulando a muy baja velocidad (fs.183/6). Y frente a la impugnación de la actora, el experto señala que la violencia del impacto es de tal magnitud que al producirse los vehículos continúan desplazándose a la misma velocidad. Y que para que ello se haya producido las velocidades de los vehículos pre impacto tienen que haber sido muy diferentes. Y luego de explicar distintas situaciones se inclina por confirmar lo expresado en el informe original (fs.205/206).

De todos modos, y más allá de los cuestionamientos que ahora se hacen, vinculados a que la ambulancia se encontraba en movimiento, los dichos del testigo Medina son contundentes. Él fue requerido ante la presencia de la Trafic, que se encontraba detenida en la mano derecha de la ruta. Si es así, parece claro que su presencia en el lugar, más aun teniendo en cuenta que “es una zona de máxima oscuridad”, que carece de toda iluminación, a la 1.20 horas, en plena noche, constituye un grave peligro para el tránsito vehicular.De allí que el servicio de auxilio de la ruta se dirigió ante un aviso, cuya procedencia se ignora, aunque llegó cuando ya se había producido el choque con el camión. Es cierto que existen dudas acerca de si tenía o no las balizas, sea las luces intermitentes del vehículo o las que se colocan delante del vehículo a que aludió el testigo cuestionado. Empero, aunque este hubiera sido un dato relevante, de todos modos, ello no hubiera excusado, al menos en parte, de responsabilidad a la víctima, el conductor de la Trafic, si como en el caso nada se aportó acerca de las razones por las que el vehículo se encontraba detenido sobre la ruta misma y con el conductor, seguramente en su interior. Quedan serios interrogantes que no fueron esclarecidos ni en la causa penal ni en estos actuados.

Ahora bien, también quedó demostrado que el camión, pese a la carga que llevaba, circulaba a una velocidad que oscilaba entre los 89 y los 116 km/h, con un valor medio de 103 km/h (ver contestación a la impugnación de la actora, de fs.205/206, por el perito mecánico). Y tanto de los informes de fs.130, en base a las fotografías acompañadas, como del de Vialidad Nacional de fs.177, resulta que en la ruta, en las proximidades del lugar del accidente, se encuentran carteles de iguales características sobre las velocidades permitidas y de ellos surge que la velocidad máxima para camiones es de 80 km/h, lo que M. no podía ignorar por ser de profesión chofer. Y el artículo 51 de la ley de tránsito establece que para el caso de los camiones dicha velocidad es de 80 km /h., por lo que parece claro que el camión había excedido tal límite, circunstancia ésta que también debió haber contribuido al accidente, puesto que su conductor -seguramente- no pudo mantener el dominio del vehículo de gran porte y con cargamento.Es criterio reiterado el que sostiene que todo conductor, como guardián de una cosa peligrosa, tiene la obligación de estar atento a las evoluciones del tránsito. Cuadra recordar que las normas que regulaban la circulación vehicular a la época del hecho -al igual que ahora- lo obligan a desplazarse con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (art. 50 de la ley 24.449).

Y en un caso análogo al siguiente también se ha dicho que “el occiso por no haber tenido el pleno dominio del vehículo que conducía, sufrió un daño fatal al embestir un camión detenido parcialmente en la ruta y en la banquina, y a su vez, los dueños del camión, por no haber cuidado las condiciones de transitabilidad de un camión dedicado al transporte de cargas pesadas, y no remover en un lapso razonable el obstáculo engendrado en la ruta por el desprendimiento de las ruedas traseras del camión, también contribuyeron en la producción del hecho ilícito originado” (conf. Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, sala II “Ancich de Scocchea, Carmen v. Celdane, Diego y otros s/daños y perjuicios” del 18/11/2004).

Por todo la anteriormente explicado y conforme se ha sostenido en diversos precedentes, cuando como en el caso no se esclareció el porcentaje que deba atribuirse a cada parte, se hace aplicación al “sub lite” de aquel reiterado principio jurisprudencial -adoptado por esta Sala- que tiene decidido que en la imposibilidad de establecer una proporción mayor de culpa de uno de los intervinientes con relación al otro, cuadra distribuirla por mitades (conf. C.N.Civil, Sala “A” en E.D. 43-416; Sala “C” en E.D. 29-160; Sala “F” en J.A. 1969-2-471; esta Sala en c. 61.537 del 12/2/90, c.64.873 del 30/3/90, 126.678 del 16/4/93, entre muchas otras). Las razones hasta aquí expuestas me llevan a propiciar que se confirme en este sentido la sentencia cuestionada confirmando la culpa concurrente en un 50% a cada parte.

III. Como se señalara en anteriores precedentes de la Sala, a los fines de establecer el “valor vida” debe tenerse en cuenta respecto de la víctima, su sexo, edad y tiempo probable de vida útil; su educación, profesión u oficio; sus probabilidades de progreso y ahorro; aptitudes para el trabajo, nivel de vida y condición social, mientras que, desde el punto de vista del que reclama la indemnización, habrá de meritarse el grado de parentesco con aquélla, la ayuda que recibía, número de miembros de la familia, etc.; factores todos que quedan sujetos al prudente arbitrio judicial (conf. Voto del Dr. Calatayud en causa nº 44.485 del 26-6-89 y citas que hace de Cazeaux-Trigo Represas, “Derecho de las Obligaciones”, 2º ed, t.4- pág. 26l, nota 66; CNCiv.Sala “C”, E.D. 84-332; sala “D”, E.D. 75-306; íd. E.D.80-808, nº37; esta Sala, L.L.l988-C-l06; mis votos en causas nº40.863 del l-3-89; nº3l.l25 del 7-l2-87, entre muchos otros; ver también, Borda, “Obligaciones”,t. II, pgs.4l9 y sigts., nºl582; Belluscio, “Código Civil Anotado”, T 5, pg.200 y sus citas; etc.). Desde otro ángulo, y como lo señalé en anteriores oportunidades, en el caso resultan de aplicación los arts.l084 y l085 del Código Civil en lo que atañe a la fijación del “quantum” indemnizatorio, que rigen todos los hechos ilícitos que tienen por resultado la muerte de una persona, sean dolosos o culposos, puesto que la intención del autor no cambia la sustancia del acto contrario a derecho (conf.art.ll09 del Código Civil; Belluscio en colaboración con Kemelmajer de Carlucci, en “Código Civil Comentado”, T 5, pág.l65; mi voto en causa nº l9.000 del 23/6/86; ídem, c.33.l8l del 9/ll/87; ídem, causa nº 83.380 del 27/8/9l, entre otros). Ello lleva a sostener que, a los fines de la fijación del resarcimiento, no se pueden aplicar pautas matemáticas, sino que es preciso valorar las circunstancias de la causa, sin olvidar el fin de la norma que, por lo demás, deja librada “a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización” (art.l084, segunda parte). Bien se ha dicho que la muerte de un ser querido no constituye para los suyos un capital que se mida por la renta que pueda dar (ver fallos citados y causas nº44.039 del l/8/89 y nº 106.l64 del 7/5/90, entre otros).

En el caso, en base a tales pautas, habrá de valorarse las circunstancias personales del extinto, su edad a la época del hecho (72 años, próximo a cumplir 73), la de su esposa (73 años); posición socio-económica de la familia que no está debidamente esclarecida, en particular los ingresos del causante sobre los que no existe prueba alguna, puesto que uno de los hijos le atribuyó la propiedad de una empresa de sepelios con unidades de traslado (fs.7, causa penal), a la par que en el beneficio de litigar sin gastos varios testigos atribuyen a los hijos varones ser empleados en una cochería (ver fs.1/4 y fs.93/98); el hecho de que la viuda es jubilada y pensionada, bienes denunciados y demás circunstancias de autos, es que considero que el importe fijado en concepto de “valor vida” para la viuda, al tiempo de este decisorio, debe reducirse a la suma de $500.000, de los que cuadra admitir el 50%, en razón de la distribución de responsabilidades establecidas (art. 165 del Código Procesal).

IV.Se agravian los hijos de la víctima por sostener que no se les concedió indemnización alguna en concepto de “valor vida” por la pérdida de su progenitor. A ese fin sostienen que dos de ellos -José Luis y Pablo B.- convivían con su padre, por lo que además de haber sufrido la pérdida de quien fuera sostén emocional, han padecido un importante daño económico ya que su padre soportaba la mayoría de los gastos del grupo familiar. Y en lo que hace a Silvana B., quien no convivía con el causante, contaba con su ayuda económica.

Se quejan en particular de que el juez hubiera señalado que no es suficientemente claro el alcance exacto del “daño material” que reclamaron en la demanda ni han ofrecido prueba o extremo alguno al respecto, por lo que englobaría la pretensión con el daño moral que concedió. Y a mi juicio, le asiste razón al juez. Es que en el rubro “valor vida” únicamente se incluyó a la cónyuge, ocasión en la que se fundó la pretensión. Distinto fue el proceder con relación a los hijos ya que en el caso de dos de ellos únicamente se consignó que vivían junto a su padre “por ello corresponde reclamar el daño material y moral” que se estimó para los dos en $50.000.Y con relación a la hija, luego de aclarar que era no conviviente se limitaron a decir “por ello corresponde reclamar el daño moral el que estimo en la suma de $30.000”. Quedó en claro, entonces, que para la hijo únicamente se pretendió una indemnización por “daño moral” y para los dos varones, que convivían con el padre “daño material y moral”, para lo cual se estimó un único importe, que en definitiva es lo que hizo el “a quo”. Ningún elemento de juicio aportaron; los dos son mayores de edad, recibieron el inmueble de la calle Agrelo 3890 y un local comercial sito en Independencia 3951, junto a su hermana, como se infiere de la declaración jurada de fs.14 del beneficio de litigar sin gastos. Pero lo más relevante es que ninguno de ellos acreditó que el padre colaborara económicamente con ellos, máxime cuando los varones laboran en la empresa que inicialmente uno de ellos denunció como de propiedad de su padre. Ello es suficiente para propiciar que se desestime la extemporánea pretensión que ahora se pretende introducir.

V. En lo que hace al daño moral, punto sobre el que también centra sus críticas las partes, como lo señalara esta Sala en numerosos precedentes, a los fines de su fijación deben ponderarse diversos factores, entre los que merecen señalarse la gravedad de la culpa, las condiciones personales del autor del hecho y de la víctima, etc., quedando también todos ellos librados al prudente arbitrio judicial (conf. voto del Dr. Dupuis en c. 49.115 del 10-8-89; voto del Dr. Calatayud en c. 61.197 del 5-2-90; mis votos en las cc.59.284 del 21-2-90, 61.903 del 12-3-90, 56.566 del 28-2-90, 67.464 del 22-6-90, entre muchos otros). Teniendo en cuenta todas las circunstancias señaladas y, en particular, el profundo dolor que importa la pérdida de un esposo y padre en esas circunstancias, es que habré de propiciar que se confirme, al tiempo de este pronunciamiento, la indemnización admitida tanto para la Sra. Avelina González, como para sus tres hijos, en este caso quedando involucrado el posible daño material no especificado (art. 165 del Código Procesal).

VI. También se agravian los actores de la que consideran escasa suma concedida en concepto de “gastos varios”.

En cuanto a los gastos de sepelio, esta Sala adhirió al criterio amplio -que ha considerado el más justo- y admite, en consecuencia, este tipo de erogaciones aun cuando quien las reclama no haya adjuntado prueba documental que las acredite, siempre y cuando, claro está, la realización del gasto resulte inequívoca como en la especie, en que se trata del hijo de la actora, que vivía con ella (conf. votos del Dr. Calatayud en causas 80.463 del 13/12/90 y 161.002 del 8/2/95, entre otras; Zavala de González, “Daños a las personas – Pérdida de la vida humana”, t. 2b, págs. 138 y ss., en especial, pág.140).

El juez de la anterior instancia hizo lugar a este rubro por los montos acreditados en las boletas reconocidas de fs. 37 y 38 y además por lo reclamado a fs. 22 vta y 23 en la demanda, por lo que no hay reclamo que atender en esta instancia atento a que no obran otras pruebas que permitan elevar el monto de esta partida.

VII. Por último, se quejan los actores de la imposición de costas que el a quo, atento a concurrencia de culpas, dispuso que la demandada abone el 50% y el otro 50% a cargo de la actora. Y a mi juicio, les asiste razón.Es que comparto el criterio conforme al cual no obstante la existencia de culpas concurrentes, propicia que las costas del juicio deben ser soportadas en un todo por la accionada. Ello así, puesto que tratándose de una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, corresponde la imposición a la demandada en función del principio de reparación integral (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala M en “Garriga, Olga c. El Puente S. A.” del 28/02/1994 publicado en AR/JUR/3603/1994). En el mismo sentido se ha sostenido que a los fines de establecer la imposición de costas en el marco de un proceso de daños y perjuicios no importa si las partes fueron responsabilizadas en forma concurrente, pues, el carácter de vencido se configura para el demandado, si la acción prospera aunque sea en mínima parte en cuanto al monto, o si el actor triunfa en todas las cuestiones litigiosas ello en virtud del principio de reparación integral (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A “Carriego Delicia y otro c. Meza, Daniel Antonio y otro s/daños y perjuicios” del 06/09/2011 publicado en La Ley Online, Cita online: AR/JUR/60721/2011 del voto en disidencia parcial del Dr. Álvarez Juliá).

Y que resulta de aplicación el principio general del artículo 68 de la ley adjetiva que impone las costas a cargo del vencido, sin que obste a esta conclusión el hecho de haberse determinado “culpa concurrente” por parte de la víctima. La actividad defensiva de la parte demandada aparece contraponiendo las consecuencias del ejercicio de la acción, mas ello no implica una reconvención, ni quita al accionado su carácter de vencido (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en “Vivas, María Cristina v. Colavitta, Jorge Adrián y otros s/ daños y perjuicios” del 05/08/2009).

Por ello, habré de propiciar que las costas de ambas instancias se impongan a la demandada y su aseguradora.En suma, si mi criterio fuera compartido, deberá confirmarse la sentencia apelada en lo principal que decide, aunque modificándose el monto de la condena a la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCO MIL ($905.000) para A.G. de lo que corresponde el 50% atento a la forma en que prospera la responsabilidad y se confirman los montos concedidos a favor de los hijos Pablo, José Luis y Silvina B. Las costas de ambas instancias se impondrán a la demandada y su aseguradora.

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Racimo y Calatayud, por análogas razones a las expuestas por el Dr.Dupuis, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto.

M.CALATAYUD.

J.C.DUPUIS.

F.RACIMO.

Este Acuerdo obra en las páginas n° a n° del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Buenos Aires, octubre 20 de 2015.-

Y VISTOS:

Atento a lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide, y se reduce el monto de la condena a la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCO MIL ($905.000) para A.G. de lo que corresponde el 50% .Se confirman los montos concedidos a favor de los hijos Pablo, José Luis y Silvina B. Las costas de ambas instancias se imponen a la demandada y su aseguradora. Notifíquese y devuélvase.-