Existe relación de dependencia entre el médico y el instituto dedicado al cuidado de personas mayores en el que trabajaba.

MédicosPartes: Teixido Silvio R. c/ Nuestro Hogar S.R.L y otro s/ demanda laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 15-oct-2015

Cita: MJ-JU-M-96316-AR | MJJ96316 | MJJ96316

Existe relación de dependencia entre el médico y el instituto dedicado al cuidado de personas mayores en el que trabajaba.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la demanda laboral pues que si bien el actor tenía autonomía en lo referente a las cuestiones médicas que se presentaran en la explotación del instituto demandado, al ser sólo un engranaje de toda la estructura empresarial, en el aspecto administrativo su actividad necesariamente quedaba subordinada a las directivas del dueño del emprendimiento.

2.-Si bien corresponde que se ingresen al sistema público los aportes retenidos al actor por estrictas razones de justicia; entiendo que no sería justo condenar por el art. 275 LCT, al empleador desde que la mala fe en relación al punto en cuestión – mala fe que consiste en llevar adelante una relación laboral en negro – puede ser atribuida por igual a las dos partes.

3.-Resultando evidente que la relación laboral se desarrolló de manera informal, el demandado debe ingresar los aportes evadidos durante el tiempo de la relación sin embargo cuando el trabajador, siendo universitario, teniendo su propio consultorio y otros ingresos que lo ayudaban en su posición económica y social, consintió esta situación durante años y no se hubiera sentido injuriado de ello si se le hubiese aumentado el sueldo y siendo el actor es una persona instruida, con estudios universitarios, que incluso presta servicios para el Hospital local, que tiene una posición reconocida en el medio social, resulta injustificado su consentimiento durante tantos años para que la relación se desarrollara en negro.

Fallo:

En la Ciudad de Venado Tuerto, a los 15 días del mes de OCTUBRE del año 2015 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López, Carlos Alberto Chasco y Juan Ignacio Prola, de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral para resolver en los autos: TEIXIDO SILVIO R. C. NUESTRO HOGAR SRL Y OT. S. DEMANDA LABORAL, Expte Nro. 281-2014, venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino. Hecho el estudio del juicio, se procedió a plantear las siguientes cuestiones:

1. ¿Es nulo el fallo recurrido?

2. ¿Es justa la sentencia apelada?

3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden. Dres. Prola, López y Chasco.

Por sentencia Nº 378, del 09/05/2014 el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino, decide rechazar la demanda incoada y distribuir las costas en el orden causado. Contra dicho pronunciamiento se alza el actor (fs. 229) interponiendo recursos de nulidad y apelación, siéndole franqueada la instancia de alzada por el a quo a fs. 230. Elevados los autos, el recurrente expresa agravios a fs. 244, los que son respondidos por la actora a fs. 262. Se llaman autos para definitiva, decreto que es notificado a todas las partes (fs. 274/275) dejando la cuestión en estado de ser resuelta por la Alzada.

A la primera cuestión el Dr. Prola, dijo:.

No habiéndose sostenido el recurso de nulidad ante esta Sala, y no advirtiéndose vicios que ameriten su declaración de oficio, voto por declarar desierto y desestimar el recurso de nulidad.

A la misma cuestión los Dres. Lopez y Chasco, dijeron.

Adherimos al voto precedente.

A la segunda cuestión el Dr. Prola, dijo:.

Al tiempo de dar sustento a su recurso de apelación, el recurrente expresa los siguientes agravios contra la sentencia de primera instancia:

1.Porque rechaza la existencia de una relación laboral y un fraude a las leyes del trabajo. Entiende impropia la valoración que el a quo hace de las posiciones de las partes. Denuncia como contradictorio el razonamiento del a quo en relación a la prestación de servicio, señala que la conclusión lógica de las premisas tomadas por el a quo era la operatividad de la presunción del art. 23, LCT. Anota que la exclusividad no es una nota característica del contrato de trabajo, y destaca que el actor estaba subordinado al demandado, lo que sí es una propiedad esencial de la relación laboral. Se explaya sobre el tema, para concluir que el contrato de trabajo es la regla, y su inexistencia la excepción. Apoya su argumentación en la prueba testimonial, señala que la omisión de su consideración por parte del a quo es síntoma de falta de motivación, en clara oposición a lo dispuesto por el art. 95 de la Constitución de Santa Fe. Resalta el valor de la Informativa del Ministerio de Salud de la Nación, según la cuál el actor estaba a cargo de la Dirección Técnica del establecimiento de la demandada.

2. Porque considera aberrantes las inferencias que extrae el a quo en el punto c. de la sentencia. Denuncia como un despropósito que se le exija al actor, por ejercer una profesión liberal, la acreditación de la celebración de un contrato de trabajo. Señala que esto es discriminatorio y que no hay motivo para tratar al actor de modo diferente a cualquier otro trabajador. Cita jurisprudencia.

3. Porque no se aplica lo dispuesto en el art. 23, LCT. También cita jurisprudencia en su auxilio. Plantea la cuestión del fraude laboral y pide el amparo del art. 14, LCT. Formula una larga argumentación con sustento en el principio de realidad laboral.

4.Porque entiende que las costas deben ser impuestas en su totalidad a la contraria.

Corrido el correspondiente traslado a la demandada, ésta responde los reparos de su oponente señalando que: (a) la demandada incumple con la carga procesal de explicar en forma suscinta los hechos; (b) no hubo intercambio epistolar previo; (c) el actor entabla la demanda dieciséis meses después de dejar de prestar servicios; (d) no había relación laboral, explayándose sobre el modo en que se realizó la prestación; (e) de la confesional del actor se desprende que la relación entre las partes era de locación de servicios, regida por el Código Civil; (f) la pericia contable indica la imposibilidad de determinar el valor mensual de la hora médica desde 1995 hasta 2008; (g) no hubo fraude laboral. Cita doctrina y jurisprudencia en su auxilio.

Oídas las partes en pugna, la Sala puede entrar en su tarea funcional.

Tratamiento de los agravios.

Se hace lugar al recurso.

Pese a la miríada de quejas que postula la actora, se nota a las claras que la cuestión principal sobre la que gira el recurso es la naturaleza de la relación jurídica que existió entre las partes. En efecto, la actora cuestiona la valoración que el a quo hace de la prueba, defiende la presunción en su favor del art. 23, LCT, y sopesa los elementos que, en su criterio, caracterizan la relación como de índole laboral. La demandada, por su lado, hace lo mismo pero para sostener la justicia del fallo impugnado y señalar los componentes de la relación que en su entender la caracterizan como de índole civil.De lo dicho se desprende que el punto central a decidir por el tribunal versa justamente sobre cuál es el régimen legal que atrapa la relación jurídica que existió entre las partes.

En mi sentir la relación entre las partes fue laboral, he aquí los motivos en los que me baso para pensar de este modo.

En primer lugar, no comparto la afirmación axiomática en cuanto a que los médicos, por ejercer una profesión liberal, no puedan ser empleados de otras personas. No lo comparto porque lo que solía llamarse profesión liberal – esto es, el ejercicio de la profesión por cuenta propia y sin relación de dependencia – es una noción decimonónica que ha perdido vigencia en los días que corren. Hoy es cada vez más común encontrar profesionales formados en lo que antes se llamaban las Artes Liberales, que trabajan en relación de dependencia para otras personas, en particular, corporaciones y personas jurídicas. Es esta una realidad que no podemos ignorar.

Por otra parte, aunque también relacionado con lo dicho en el párrafo precedente, no podemos olvidar que la demandada es una persona jurídica y que, como tal, requiere indispensablemente del elemento humano para la realización de sus objetivos sociales. En la especie, tales objetivos – según reza el contrato social (fs. 21) – consisten en “la prestación de servicios médicos, geriátricos y asistencia social y/o toda prestación vinculada a la rehabilitación, cuidado de la salud de las personas”. Y puesto que en el mismo contrato (fs.20) ambas socias declaran ser comerciantes – de donde podemos presumir que carecen del título de médicas -, aparece como obvio que para la consecución del objeto social se requiere de la contratación de uno o más médicos; en la especie, el actor.

Si, además, este objeto social se caracteriza por la explotación de un instituto dedicado al cuidado de la salud de personas mayores y ancianas, luego no es irracional pensar en la presencia de un médico que revise y controle el estado general de las personas internadas – se trata de una franja etaria de alto riesgo -, y sirva de nexo entre las personas alojadas en la institución y sus médicos particulares. Para eso se ha contratado al actor, para que dirija las cuestiones médicas que se presentan en las personas internadas en un geriátrico explotado por una sociedad comercial compuesta por comerciantes. En tales términos es presentado el actor ante organismos asistenciales y obras sociales; mientras que siempre queda claro que la dirección comercial y administrativa de la explotación era de la sociedad de responsabilidad limitada. De donde se concluye que si bien el actor tenía autonomía en lo referente a las cuestiones médicas que se presentaran en la explotación, al ser sólo un engranaje de toda la estructura empresarial, en el aspecto administrativo su actividad necesariamente quedaba subordinada a las directivas del dueño del emprendimiento: la sociedad de responsabilidad limitada demandada.

Por otra parte, no me parece que la carga horaria diaria sea un elemento determinante para la calificación de laboral o civil de la prestación, sino la subordinación en la prestación, según lo explicamos en el párrafo precedente. Tampoco lo es la circunstancia que el actor tenga otros trabajos en relación de dependencia o por cuenta propia, ya que ninguno de ellos es competencia directa de la demandada, ni el tiempo dedicado por el actor a estos otros trabajos parece haber resentido la calidad de la prestación médica que éste estaba comprometido a cumplir.Todo lo contrario, de la declaraciones de los testigos que tuvieron parientes internados en el geriátrico de la demandada surge que es un médico dedicado y siempre atento a los requerimientos y necesidades de los pacientes.

Y ya que hemos aludido al tema probatorio, veamos a continuación qué nos dice la prueba.

Testimonial.

Vale señalar que todos los testigos son contestes en afirmar que el actor atendía a las personas internadas en el geriátrico de la demandada, sin embargo sus testimonios no tienen todos el mismo valor. Veamos.

Quiero empezar en análisis de la prueba testimonial señalando que los testigos pueden separarse en cuatro grupos, a saber: (a) testigos que al tiempo de la declaración trabajan para la demandada; (b) testigos que al tiempo de la declaración ya no trabajan para la demandada; (c) testigos que tuvieron familiares o parientes internados en el centro geriátrico de la demandada; (d) testigos cuyos testimonios son inocuos o intrascendentes en relación a los hechos debatidos. Como veremos a continuación, los primeros se contradicen entre sí y son contradichos por los grupos (b) y (c). Por último, estos dos grupos – (b) y (c) – coinciden entre sí. En cons ecuencia, vamos a preferir los testimonios de estos últimos dos grupos por encima del primero.

Veamos a continuación cada grupo por separado:

Grupo (a): Las testigos Novellino (fs.71), Alvarez (fs.72), Sierra (fs.73) trabajan para la empleadora. La primera de ella se contradice a sí misma, en la pregunta tercera responde que el actor atendía a los pacientes – todos ellos – una hora veinte una vez por semana; mientras que en la pregunta sexta afirma que el actor tenía que ir tres veces por semana y en la séptima que revisaba los pacientes cada quince días. Su testimonio es poco creíble, y da la sensación de que está más preocupada por conservar su trabajo que por decir la verdad. Lo mismo puede decirse de Alvarez y Sierra, ya que declaran en el mismo sentido que la primera.Más aún, los tres testimonios tienden a hacer sentir que el médico cobraba por no hacer nada, lo que es del todo irracional.

Grupo (b): De la declaración de la testigo González (fs. 126), quien trabajó con el actor en el geriátrico, surge sin hesitación que éste concurría todos los días de lunes a viernes – lo que luce más razonable que una vez por semana una hora veinte, si tenemos en cuenta la naturaleza de la prestación del médico: pacientes geriátricos -, según las necesidades que se presentaran.

La testigo Tello (fs. 127) coincide con la anterior, tanto en lo relacionado con la asistencia diaria de médico al centro asistencial, cuanto a lo relativo a que no tenía horarios.

Grupo (c): Los testigos Basso (fs. 128), Bonaguidi (fs. 129) y Albayceta (fs. 158) declaran en el mismo sentido que Tello y González, lo que significa que, como dijimos antes, contradicen a los testigos del Grupo (a) en lo relacionado a los días en que el médico concurría al geriátrico llevándonos a la conclusión de que el actor lo hacía todos los días.

Grupo (d): Los testimonios de Gómez (fs.74), Mon (fs.75), Lafon (fs.76) carecen de toda relevancia.

En suma, los testigos que al tiempo de la declaración trabajaban para la demandada, se contradicen a sí mismos, y son contradichos por quienes ya no trabajan para ella y por quienes tenían parientes alojados en el geriátrico. Esto abona mi sospecha de su preocupación por las consecuencias que una declaración adversa a la demandada habría traído para sus expectativas laborales.

Informativa.

1) Superintendencia de Servicios de Salud (fs. 92): el actor es el director médico del instituto.

Pericial.

Contable: no se le entrega ninguna clase de documentación al perito para que pueda responder las preguntas hechas por el actor, y se le brinda información sin respaldo documental a través del estudio contable de la demandada, para que responda favorablemente a sus pretensiones.Esta es una maniobra de mala fe, del todo repugnante a la directiva del art. 24 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, al que remite la ley de rito laboral.

Ello no obstante, de las pocas cosas que se pueden extraer de la pericia, surge sin hesitación la condición de director técnico del instituto geriátrico del actor.

Vale señalar que esta actitud de la demandada nos lleva a interpretar el fracaso de la pericia en contra de sus postulaciones, ya que es evidente que evitó la entrega de la documentación requerida por el perito, pues las conclusiones que éste habría extraído de la compulsa demostrarían sin dudas que estamos ante una relación laboral y no a una locación de servicios civil.

Documental.

(a) Los dos contratos de locación de servicio acompañados por la demandada nunca le fueron exhibidos al actor para su reconocimiento, por lo que carecen de todo valor en juicio.

(b) Los recibos acompañados por la demandada tampoco fueron reconocidos, por lo que no pueden valer contra el actor. Sin embargo, sí pueden valer contra el demandado, ya que fue esta misma parte la que los aportó al proceso.

En este orden de ideas, cabe señalar que lo que acaba por sellar la suerte de la demandada son los recibos Nº 522, 573 y 598, según estos instrumentos los pagos a cambio de los cuáles fueron emitidos eran en concepto de “Aguinaldo”. Nadie paga “Aguinaldo” en una locación de servicios civil, el sueldo anual complementario es un elemento objetivo, propio y particular de la relación laboral. De donde ya no cabe duda que estamos ante un contrato de trabajo con todos sus elementos esenciales, sólo que disimulados para evadir la ley laboral.

Otras constancias de autos.

A mayor abundamiento, vale observar que la demandada no exhibió jamás documentación laboral alguna ni los libros del art. 52, LCT.No puede aceptarse como excusa que su posición es contraria a la existencia de la relación laboral, pues la circunstancia de ser una sociedad de responsabilidad limitada necesariamente requiere del elemento humano para la consecución de sus objetivos sociales. Por lo que algún empleado tiene que tener: mucamas, enfermeras, cocineras, personal administrativo, etcétera. No olvidemos que se trata de una institución que tiene a su cuidado personas ancianas las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año. Las dos socias son insuficiente personal para este tipo de prestación, se requieren guardias y turnos para asistir a las pacientes, se requiere de controles diarios y constante sobre las condiciones de salud de cada uno, hay que darles de comer, higienizar el lugar, mantener el orden, en algunos casos ayudarlos con sus necesidades más elementales. De hecho, hay tres testigos que trabajan para ella. Si la documentación laboral estaba toda en regla, ¿por qué nunca se la trajo a juicio? Cuando la situación laboral de todos los empleados es regular, hace pensar en un patrón que cumple con la ley. Pero cuando se esquiva mostrar las condiciones legales en que se encuentran los empleados de la firma, es porque algo hay para ocultar.

En consecuencia, por los los motivos aludidos en los párrafos precedentes llego a la conclusión que le asiste el derecho al actor, que la relación existente entre las partes fue de índole laboral y que, en consecuencia, debe revocarse íntegramente la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la demanda en los siguientes términos.

Se hacen lugar a los rubros que a continuación se detallan:

1) Salarios correspondientes al mes de abril y mayo/2008;

2) Sueldo Anual Complementario por los últimos dos años de la relación;

3) Vacaciones no gozadas: se rechaza el rubro porque las vacaciones no son compensables en dinero, el art. 162, LCT.

4) Vacaciones proporcionales, art. 156, LCT.

5) Diferencias Salariales:se rechaza el rubro por falta de prueba y en atención a que no se explica en la demanda cómo se llega a la cifra que se reclama.

6) Indemnización art. 232, LCT;

7) Indemnización art. 245, LCT;

8) Indemnización art. 80, LCT; ante la falta de entrega de las certificaciones de servicios intimadas por el actor en el intercambio epistolar.

9) Agravamiento indemnizatorio art. 1º, ley 25.323, el que deberá calcularse tomando como base solamente la indemnización del art. 245;

10) Agravamiento indemnizatorio art. 2º, Ley 25.323, tomando como base para su cálculo la suma de las indemnizaciones de los arts. 232 y 245, LCT.

Fraude Laboral, registración de la relación y aportes previsionales.

Dado que es evidente que la relación laboral se desarrolló de manera informal, es decir, en negro, debe registrarse ante los organismos públicos correspondientes a fin de que el demandado proceda a ingresar los aportes evadidos durante el tiempo de la relación. De otra manera se produciría un enriquecimiento sin causa de su patrimonio, en desmedro del sistema público previsional y del patrimonio del propio trabajador. Calculándose a tales efectos que el salario que se le pagaba era por dos horas diarias de trabajo y por su condición de director técnico del instituto.

Señalo esta circunstancia a raíz de la denuncia expresa de fraude a la ley laboral que hace el actor; pero tampoco se me escapa que éste, siendo un universitario, teniendo su propio consultorio y otros ingresos que lo ayudaban en su posición económica y social, consintió esta situación durante años y no se hubiera sentido injuriado de ello si se le hubiese aumentado el sueldo. Quiero decir, el actor es una persona instruida, con estudios universitarios, que incluso presta servicios para el Hospital Samco local, que tiene una posición reconocida en el medio social.No se trata de un obrero que gana el salario mínimo, que no terminó la escuela primaria y que si lo echan del trabajo no tiene qué darle de comer a sus hijos. Por lo que no veo motivo para justificar su consentimiento durante tantos años para que la relación se desarrollara en negro.

Por lo tanto, si bien corresponde que se ingresen al sistema público los aportes retenidos al actor por estrictas razones de justicia; entiendo que no sería justo condenar por el art. 275, LCT, al empleador desde que la mala fe en relación al punto en cuestión – mala fe que consiste en llevar adelante una relación laboral en negro – puede ser atribuida por igual a las dos partes.

Certificación de servicios.

Según lo pedido en la demanda se intima a la demandada a la entrega de la certificación de servicios del actor dentro del término de 30 días de pasada en autoridad de cosa juzgada la presente sentencia. Bajo el apercibimiento que, vencido dicho plazo sin que se haya cumplido con la entrega, se le aplicarán automáticamente sanciones conminatorias de carácter pecuniario a favor del actor a razón de UN JUS (1 JUS) diario calculado según lo dispuesto por el art. 223, inc. 3º, de la Ley 10.160, hasta que la entrega efectiva de la certificación requerida.

Intereses.

Los intereses por los rubros acogidos corren desde que cada una de las obligaciones se hizo exigible y hasta su efectivo pago, y deberán calcularse según la tasa activa sumada del Banco de la Nación Argentina.

Costas.

Las costas en ambas instancias se imponen a la demandada vencida, art. 101, CPL.

A la misma cuestión los Dres. Lopez y Chas co, dijeron:

Adherimos al voto precedente.

A la tercera cuestión el Dr. Prola, dijo:

Por los motivos expuestos en los párrafos precedentes, voto:1) Declarando desierto y desestimando el recurso de nulidad; 2) Haciendo lugar al recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, haciendo lugar a la demanda en los términos expuestos en las consideraciones que anteceden; 3) Costas en ambas instancias a la demandada vencida; 4) Practíquese por secretaría de baja instancia la liquidación del art. 20, CPL; 5) Líbrense por el juzgado de baja instancia las comunicaciones necesarias para hacer cumplir esta sentencia; 6) Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponda por la etapa de grado.

A la misma cuestión los Dres. López y Chasco, dijeron:

Votamos en igual sentido que el Dr. Prola.

Por todo ello la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto,

RESUELVE:

I. Declarar desierto y desestimar el recurso de nulidad.

II. Hacer lugar al recurso de apelación, revocando la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda en los términos expuestos en las consideraciones que anteceden.

III. Costas en ambas instancias a la demandada vencida.

IV. Practíquese por secretaría de baja instancia la liquidación del art. 20 CPL.

V. Líbrense por el juzgado de baja instancia las comunicaciones necesarias para hacer cumplir esta sentencia.

VI. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponda por la etapa de grado.

Insertese, hágase saber y bajen.

AUTOS. TEIXIDO SILVIO C. NUESTRO HOGAR SRL Y OT. S. D.L. 281.14

Dr. Juan Ignacio Prola

Dr. Héctor Matías López

Dr. Carlos Alberto Chasco

Dra. Andrea Verrone

Secretaria