Daños por la utilización de su fotografía para dar cuenta de la muerte de un personaje en una tira televisiva, sin su expreso consentimiento.

TelevisiónPartes: O. J. c/ Medios y Contenidos Producciones S.A. Cris Morena Group UTE s/ daños y perjuicios – ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 9-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-95981-AR | MJJ95981 | MJJ95981

El daño que le ocasionó a una menor el uso de una fotografía suya en el decorado de un ciclo televisivo, que daba cuenta del deceso de un personaje de la tira con su imagen, debe ser resarcido, en tanto si bien aquella le fue tomada en el casting para integrar el elenco, su utilización no estaba autorizada. Cuadro de rubros indemnizatorios.VBC

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la responsabilidad de la empresa productora y de la empresa televisiva por la utilización sin permiso de la imagen de la niña, toda vez que el hecho que hubiera accedido a formar parte de una bolsa de trabajo, y efectuado un casting, no determina sin más que aceptara que su foto fuera colocada en el programa elegido dentro de un portarretratos a modo de recordatorio de una persona muerta, bajo cuyo epígrafe figuraba un nombre y la fecha de nacimiento y fallecimiento.

2.-Merece un juicio de reproche, el daño que le fuera provocado a la pequeña de corta edad ilusionada con integrar un elenco televisivo, que su foto estuviera relacionada con la muerte, sin antes haber logrado su consentimiento para tal fin (conf. art.512 , 902 , 1109 y cc del Cciv.).

3.-Toda vez que no existió acreditación de un consentimiento tácito, y menos expreso de la actora para que se utilizara su imagen en un portarretratos a modo de recordatorio de una persona muerta, debe confirmarse la responsabilidad de la empresa productora y la empresa televisiva; máxime siendo que aunque el CCivCom. imponga la condición del consentimiento y abandone la regulación de la Ley 11.723 al no disponer que sea expreso, no se admite que sea presumido, revocable y de interpretación restrictiva.

4.-Debe confirmarse la responsabilidad del emisor del programa pues el hecho de que existiera un convenio entre aquella y la productora, en virtud de la compra de un producto terminado, -conocido como enlatado -, no sirve de fundamento a una defensa exculpatoria, por cuanto resulta inoponible a la accionante.

5.-Teniendo en cuenta que la niña fue a un casting esperanzada en ser seleccionada para integrar un elenco de una telenovela juvenil, y al final se encontró en forma inesperada frente a su imagen en un portarretrato que la asociaba con su muerte, debe admitirse el rubro daño moral.

Fallo:

En Buenos Aires, a 9 días del mes de diciembre del año 2015, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: “O., J. c/ Medios y Contenidos Producciones SA Cris Morena Group UTE;s/ Daños y perjuicios. Ordinario” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, la Dra. Abreut de Begher dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la codemandada Televisión Federal S.A. -TELEFE- contra la sentencia de fs.433/445 que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios contra Medios y Contenidos Producciones S.A.-Cris Morena Group S.A. -UTE, y Televisión Federal SA. TELEFE, por la suma de pesos 41.000, con más intereses y costas del juicio.

A fs.478 expresan agravios los padres de la menor, en representación de su hija, A., quienes manifiestan su desacuerdo con la cuantificación del daño patrimonial, al sostener que debió tomarse el valor correspondiente a dos contratos mínimos de la escala salarial de A.A.A., que equivale a un suma de $ 51.394, en vez de los $ 1.000 establecidos por el a quo por este concepto. Propone a tal fin tomar el monto mínimo mensual de contrato para tiras, o en su caso, para unitarios que es algo más elevado.

La codemandada TELEFE pide que se revoque el decisorio de grado. Sostiene que adquirió los derechos del formato correspondientes al programa de ficción denominado “Casi ángeles” bajo el sistema “lata terminada”. Indica que la empresa CMGRGB UTE tenía a su cargo la producción integral del programa, tomando a su cargo exclusivo los honorarios de las personas que intervinieran en el mismo, vgr. actores, actrices, músicos, modelos, conductores, extras, productores, autores y de cualquier otro que participara en la producción artística integral del programa.Imputa por ello la responsabilidad en el evento exclusivamente a la codemandada. Explica el modus operandi de la selección de personal, entre los que se incluyen a los extras, a través del SUTEP, y que éste contacta a la persona seleccionada para la celebración del contrato con la productora, de modo que la emisora es ajena al conflicto judicial aquí suscitado. También plantea que es excesiva la cuantificación del daño patrimonial en $ 1.000 en tanto debió ser únicamente por la de $300 por la utilización de la imagen de la menor, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo; como la procedencia del daño moral en $40.000, por no encontrarse acreditado.

Ambas piezas procesales son contestadas por los contendientes a fs.492//5 y fs. 496/8, mientras que a fs.497 toma intervención la Sra. Defensora de Menores e Incapaces, quien acompaña los argumentos de los padres de la menor en relación al uso de la imagen de la niña sin su autorización, y también considera exiguo el monto fijado en concepto de daño patrimonial. Pide la deserción del recurso interpuesto por TELEFE.

III- Antecedentes

La demanda fue interpuesta por los padres de A., en su representación, por los daños y perjuicios que le habrían ocasionado el uso de una fotografía de la menor dentro del decorado de la novela “Casi Angeles”, producido por Medios y Contenidos S.A.-Cris Morena Group S.A. UTE, y emitido por TELEFE, que daba cuenta del deceso de un personaje con su imagen dentro de la tira televisiva. Dicen que la niña participó de un casting en el que se le tomaron fotos para integrar el elenco del programa, junto a miles de niños que perseguían idéntico objetivo.Que nunca fueron avisados ni consultados por su utilización; por lo que la inesperada imagen de la foto de una niña muerta presentada con su imagen, no solo le causó terror a la menor cuando la observó en una de sus emisiones, sino que entendió que se encontraba truncada la esperanza de pertenecer al elenco del programa. Tal escenario fue acompañado de burlas de sus compañeras de grado. Pidieron un resarcimiento por el daño patrimonial en razón del uso indebido de la imagen de la niña, más el daño moral por la situación vivida (art. 31, ley 11.723; la Convención de los Derechos del Niño; entre otros leyes citadas).

El juez de grado hizo lugar a la demanda contra ambos codemandados, por entender que la imagen fue televisada el 30 de junio de 2010, a las 18.30hs. en el episodio n° 34 de la cuarta temporada de “Casi angeles” sin contar con la autorización de los padres de la menor. Consideró la participación voluntaria de las hijas de los padres de A., y su concurrencia al Sindicato Unico de Trabajadores del Espectáculo y Afines de la República Argentina (SUTEP) para la toma de fotografías para ser incluidas en una bolsa de datos para extras de televisión, cine y publicidad. La imagen de la niña fue seleccionada por la productora, por lo que el SUTEP debió ponerse en contacto con sus representantes, y luego debió pagarse por el uso de la imagen -vgr.”bolo”-. Que la persona encargada de su liquidación, conocido como el “planillero”, omitió notificar a los padres para el pago de la tarifa que era de $200 a esa fecha.

EL Magistrado desarrolló el concepto del derecho a la imagen (conf.art.31 ley 11.723) y su protección en el caso de menores conforme las disposiciones del art.22 ley 26.061 de la “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, niños y adolescentes”.

Entendió que si bien los padres llevaron a la menor a un casting con fotografías para que su hija pudiera integrar el elenco del programa televisivo en octubre de 2009 (conf. informativa SUTEP, fs. 275/6 y autorización de su madre de fs. 272), lo esencial es que no fue consentida el uso de la imagen en la forma realizada en el año 2010. Dijo que existió una actividad ilícita de los accionados al utilizar su imagen sin autorización de los representantes legales, y ello le produjo un daño que debe ser resarcido. Enfocó el encuadre legal bajo las pautas de la responsabilidad subjetiva (conf.art.1067, 1071, 1109 CC).

Consideró que si bien es cierto que la menor estaba registrada en la Bolsa de Trabajo de la SUTEP, que era el encargado de remitir las fotografías a las productores para que eligiesen el perfil buscado, y uno de sus dependientes remitir la propuesta al seleccionado, y el pago del bono correspondiente; no lo es menos que la productora no demostró que una vez seleccionada la menor, le notificó al Sindicato la elección para obtener la autorización de sus padres para el uso de la imagen (conf. art.377 CPCC). Así, responsabilizó a la productora de los daños ocasionados junto al canal de televisión, quien lucró con el programa, sin arbitrar los medios adecuados para asegurarse que el contenido no lesionara los derechos de la menor, en tanto el Convenio celebrado entre la productora con el canal resulta inoponible a la accionante (conf. adagio: res inter alios acta est; conf.art.1197, 1198 y cc CC).

III- Encuadre legal:Derecho a la imagen y la protección de los menores.

En primer término debo aclarar atento la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, que de acuerdo a la norma contenida en el art.7, el presente caso será analizado bajo las directivas del Código de Vélez; ello sin perjuicio de indicar que la normativa actual tiene su correspondencia con la anterior.

El derecho a la imagen es emanación de un derecho personalísimo, cuya tutela, como el derecho al honor o la intimidad, es autónoma y forma parte con aquéllos de una categoría amplia: el derecho a la integridad espiritual. La imagen o apariencia de una persona es protegida en forma autónoma, aún cuando también puede o no ella ser sustento de un ataque al honor o su intimidad (ver esta sala “González, M.A. c/ Electronic System SA; s/ordinario” del 17/11/2009; ídem Sala C, “Grondona, Carlos c/Radio Victoria S.A., del 6-5-1982, en ED 99-714; Kemelmajer de Carlucci, A., en Belluscio-Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, 2002, Astrea, 3era.reimpresión, T 5, pág. 81 y sus citas; Rivera, Julio César, “Hacia una protección absoluta de la imagen personal. Comentarios sobre la jurisprudencia nacional y francesa”, Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Año I, 1988, n°1, pág.36 y sgtes.; Hooft, Irene, La protección de la imagen, Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, 2006-2, pág.337).

Por lo tanto, el derecho a la imagen es el derecho que tiene toda persona para disponer de su apariencia, autorizando o no la captación y difusión de la misma (conf. Ferreira Rubio, El derecho a la intimidad. Análisis del art.1071 bis del C.Civil, Ed.Universitas, pág.115; mismo autor, El derecho a la intimidad, el honor y a la propia imagen, JA 1989-III-814; Gregorini Clausellas, E.L.; La violación del derecho a la propia imagen y su reparación, LL 1996-D-136; Zavala de González, Matilde, Derecho a la intimidad, Ed.Abeledo Perrot, 1982; pág.61, 95 y sgtes.; Rivera, J.C., Derecho a la intimidad, LL 1980-D-916; CSJN, Fallos 306:1892 in re “Ponzetti de Balbin, I.E. c/ Editorial Atlántida” del 11/12/1984, LL 1985-B-121; etc.).

Los derechos de la personalidad son relativamente disponibles (ver Cifuentes, Santos, Los derechos personalísimos, Buenos Aires, 1974, pág.146; Rivera, Julio César, Derecho a la intimidad, LL 1980-D-918), por lo que su titular puede autorizar el conocimiento de su vida privada mediante por ejemplo la difusión o publicación de su imagen; pero lo acordado tiene límites estrictos impuestos por la finalidad o circunstancias en las que ha sido prestado. Así, autorizada la publicación de su imagen para un cierto fin, no implica ello sin más, la renuncia de su derecho a la imagen y su utilización para cualquier otro (Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad civil por violación del derecho a preservar la propia imagen”; ED 171-94; Rivera, Julio César, en “Hacia una protección absoluta de la imagen personal. Comentarios sobre la jurisprudencia nacional y fran cesa” en Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Año 1, 1988, n°1, pág. 36; Santos Cifuentes, “Derechos personalísimos”. Buenos Aires, Astrea, 1995, 2da.ed. actualizada, pág.502 y sgtes).

De este modo, la existencia del consentimiento en el supuesto de existir, debe ser analizada con el rigor propio de cada una de las distintas circunstancias de persona, modo, lugar y destino en relación con la voluntad del sujeto cuya imagen va a ser difundida (conf. Villalba, Carlos y Lipszyc, Delia, “Protección de la propia imagen”, LL, 1980-C, 819; CNCivil Sala G, in re “Quaini, Guillermo c/ Imexca S.A.y otro s/ daños y perjuicios” del 22/05/2009, elDial – AA5467 en elDial.com – editorial albrematica).

Ahora bien, en atención que la imagen de la accionante contenida en una foto fue utilizada por un medio televisivo dentro de un programa conocido como “enlatado”, debe entonces ponderarse la tensión que existe entre el derecho al trabajo (protegido en los artículos 14 de la Constitución Nacional, IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto de San José de Costa Rica, 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el derecho a la imagen y a la intimidad, especialmente cuando se trata de un niño (consagrados en art. 19 de la Constitución Nacional, art. 1071 bis del Código Civil, art.V de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 11 del Pacto de San José de Costa Rica; y art.16 inc. 1°Convención de los Derechos del Niño).

Esta protección encuentra hoy su correlato expresamente contemplado bajo la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación en el Título 1, Capítulo 3, “Derechos y actos personalísimos”, que si bien no resulta aplicable al caso marca el camino de la constitucionalización del derecho privado y la consagración de la protección especial de los derechos personalísimos, en el caso, de la tutela de la personalidad espiritual entre los que se encuentra el derecho a la imagen, intimidad, etc. emanados de la dignidad personal (conf. Julio C. Rivera, “La constitucionalización del Derecho Privado en el Proyecto de Cód.Civil y Comercial”, en Comentarios al Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012, Abeledo-Perrot, pág.12).

Aquí se encuentra en tela de juicio las responsabilidad de los demandados por la difusión de la imagen de una menor contenida en una foto que fue incluida en un portarretrato dentro un capitulo de la serie televisiva “Casi Angeles”, donde se la señalaba como “difunta” conforme un epígrafe que tenía un nombre y fecha de nacimiento y muerte.

De acuerdo al relato de los hechos probados en la causa, no hay duda de que los padres prestaron el consentimiento para que su hija se

fotografiara para integrar la Bolsa de Trabajo del SUTEP con vistas a la posible integración del elenco de una novela emitida por televisión, y que ésta aceptó gustosa tal propuesta, lo que demuestra en principio su “asentimiento”; aspecto que es cuestionado en doctrina, pero sobre el cual en este juicio no hay planteos encontrados (ver Jorge Alterini, Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético, José Tobías (Dir), La Ley, 2015, T I, pág. 546 y sgtes.; ver comentario del art.53 sobre los alcances de las facultades de los padres sobre la disponibilidad de la imagen del menor o incapaz, que reviste el carácter de derecho personalísimo; Javier Muñiz, “Autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial: recepción en el orden interno de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos”, en Proyecto del Código Civil y Comercial-I, Revista de Der. Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, 2012-2, pág.105).

Sobre esta cuestión es pertinente al análisis que efectúa el Dr. Mauricio Mizrahi referido a la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo (ver Responsabilidad parental, Astrea, 2015, pág.13, respecto al interés superior del niño, en coordinación con los Tratados internacionales y su correlato con el art.639 inc.b CCC).

Lo que debe develarse, entonces, es si fue ilícito el uso de la imagen para otros fines, sin la debida autorización por los interesados, y si ello acarrea consecuencias jurídicas tal como lo estableció en su correcta sentencia el juez de grado.

IV- Responsabilidad del productor del programa televisivo.

El Magistrado atribuyó la responsabilidad por la utilización sin permiso de la imagen de la actora a los dos codemandados: la empresa productora y la empresa televisiva -gr.el canal emisor del programa-. Veamos los hechos.

Los padres de la menor autorizaron el casting, permitieron que la niña fuera fotografiada para integrar la Bolsa de Trabajo de SUTEP de manera que su imagen pudiera circular con el fin de ser elegida para integrar el elenco de “Casi Angeles”. O sea, se aceptó voluntariamente las reglas del juego; es decir, la utilización de la imagen para que fuera conocida en vistas a la posible futura integración de un elenco televisivo en una telenovela juvenil -sobre ello no hay discrepancias entre las partes-.

De la prueba informativa al SUTEP surge que la menor concurrió con su madre a la Bolsa de Trabajo de la institución, que suscribió la documentación pertinente, que le sacaron fotos y que ellas pasaron a conformar la base de datos de donde eran elegidos los futuros extras a solicitud de las productoras (fs.275).

Ahora bien, como aspecto medular debemos considerar que el hecho que se hubiera accedido a formar parte de una bolsa de trabajo, y efectuado un casting, no puede de allí concluirse sin más que aceptaba que su foto fuera colocada en el programa elegido dentro de un portarretratos a modo de recordatorio de una persona muerta, bajo cuyo epígrafe figuraba un nombre y la fecha de nacimiento y fallecimiento (ver jurisprudencia relativa a la interpretación restrictiva del consentimiento prestado, entre otros CNCivil sala E, del 3074/2009, expte. Nº 521801 in re “O., N. C. c/ América TV SA y otro s/ daños y perjuicios”; ídem sala F, del 30/9/2009, L. 517.915 – “V., M.L. c/ E. A. S.A. s/ daños y perjuicios”).

El análisis de las circunstancias del suceso, donde la productora se desentendió de las consecuencias dañosas, en especial el daño que podía provocar a una pequeña de corta edad ilusionada con integrar un elenco televisivo que su foto estuviera relacionada con la muerte, sin antes haber logrado su consentimiento para tal fin, merece un juicio de reproche (conf. art.512, 902, 1109 y cc del Código Civil). Las declaraciones testimoniales de O. y Calisano son prueba elocuente de la afectación emocional de la menor frente a esa situación inesperada y menos aún deseada (ver fs. 318 y fs.324).

Cabe señalar que aunque el Código Civil y Comercial impone la condición del consentimiento, abandona la regulación de la ley 11.723 al no disponer que sea expreso, por lo que puede ser dado por otros medios fehacientes de manifestación aún virtuales o tácitos, pero con los recaudos que no sea presumido, revocable y de interpretación restrictiva; postura a la que me adhiero por cuanto si bien en este caso dicho cuerpo normativo no resulta de aplicación (conf.art.7 CCC), marca la tendencia doctrinaria que impera sobre el tema (ver Ricardo Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal-Culzoni, 2015, T 1, pág.286). En el sub júdice no existe acreditación de un consentimiento tácito, y menos expreso de la actora para que se utilizara su imagen en las circunstancias indicadas anteriormente (conf. art.377, 386 y cc CPCC; esta Sala in re “Kirby, Carolina c/ Swatch Group Ltd; s/daños y perjuicios. Ordinario” , expte. nº 101.755/2004, 17/6/ 2014; idem in re “González, Melina Andrea c/ Electronic System S.A.; s/ Ordinario. Daños y perjuicios” , expte.4728/2007, del 17/11/2009). Ello sella la suerte del caso.

V-Responsabilidad del emisor del programa

Debo indicar que la existencia de un “Convenio” entre la productora y la emisora que compró el producto terminado, conocido como “enlatado”, no puede servir de fundamento a una defensa exculpatoria, por cuanto resulta inoponible a la accionante (conf. adagio: res inter alios acta est; conf.art.1197, 1198 y cc CPCC).

Las cláusulas del convenio demuestran la existencia de una verdadera asociación en las ganancias entre la emisora y la productora, que hace que no pueda desligarse completamente de las consecuencias perjudiciales provocadas por el suceso. Justamente, en la cláusula 14 también se fijan obligaciones a cargo de la emisora, partícipe de las ganancias que origina la obra (ver también cláus. 12, sobre las “Facultades de control de TELEFE”, fs. 107vta.).

Idénticas argumentos que los vertidos en el anterior considerando le caben al canal de televisión, quien lucró con la propalación de la novela, sin siquiera arbitrar los medios para controlar aquellas situaciones que pudieran lesionar a terceros. Por este motivo, juzgo que también debe ser confirmada la sentencia sobre este tópico.

VI-Daño patrimonial

El a quo fijó este ítem en la suma de $ 1.000 en concepto de retribución por el uso de la imagen en un programa televisivo. Este guarismo es cuestionado tanto por la actora por escaso, como por TELEFE por excesivo.

Debo indicar que ninguno de ellos se hace cargo de los argumentos brindados por el Magistrado en torno a esta cuestión.

En efecto, se encuentra acreditado que la menor no recibió contraprestación alguna por el uso de su imagen dentro de una de las emisiones de la telenovela; y conforme surge del informe del SUTEP el pago para extras a la fecha de la remisión de la contestación, mayo de 2012, era de $347 más el 33% por acompañante, para el caso de menores (ver fs.275). Por lo tanto, y en atención al tiempo transcurrido, la fijación de $ 1.000 al tiempo de la sentencia, marzo de 2015, resulta razonable (conf. art.165 CPCC), por lo que propongo su confirmación.

VII- Daño moral

Las quejas vertidas por los apelantes en punto a este rubro no serán atendidas. En efecto, la simple reproducción no autorizada de la imagen, afecta el derecho que protege la ley 11.723, y genera por sí solo un daño moral o espiritual representado por el disgusto de ver avasallada la propia personalidad (conf. art.31 ley 11.723; Lorenzetti, Ricardo, Tratado de los contratos, ed. Rubinzal – Culzoni, 2000, tº III, pág. 114; esta sala conforme mi voto como vocal preopinante in re “González, M. A. c/ Electronic System S.A.; s/Ordinario. Daños y perjuicios” del 17/11/2009; ídem sala L in re “Mereles Friedenlib, R.R c/ Gilmore S.R.L. y otro s/ Daños y perjuicios” del 04/09/2007 en elDial – AA41D8 [Fallo en extenso: elDial – AA41D8] ; ídem Sala A, in re “Carbone, G.C. c/ Cencosud SA s/ cobro de sumas de dinero”, elDial – AA3BC0 [Fallo en extenso: elDial – AA3BC0], en elDial.com – editorial albrematica; entre otros)”. Por ende, este argumento resulta suficiente para desestimar los agravios que cuestionan su procedencia.

Teniendo en cuenta las especiales características de este evento, donde la niña fue a un casting esperanzada en ser seleccionada para integrar un elenco de una telenovela juvenil, y al final se encontró en forma inesperada frente a su imagen en un portarretrato que la asociaba con su muerte, juzgo que la suma para enjugar este ítem resulta adecuada, de modo que propongo su confirmación.

VIII- Costas.

Por aplicación del principio objetivo de la derrota, la imposición de costas de segunda instancia deben ser impuestas por su orden dada la forma de resolución de la presente (conf. art.68 CPCC).

El Dr. Fajre y el Dr. Kiper, por las consideraciones expuestas por la Dra. Abreut de Begher, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe.

FDO. José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher y Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, de diciembre de 2015.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el Tribunal decide: confirmar la sentencia en todo lo que decide y fue motivo de apelación, con costas de alzada en el orden causado.

Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública, dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportunamente, archívese.

FDO.

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.