¿La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas?

art 2Partes: Plenario Nº 328. Borgia, Alejandro Juan c/ Luz ART S.A. s/ Accidente – Ley Especial

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: en pleno

Fecha: 4-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96181-AR | MJJ96181 | MJJ96181

¿La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas?

Sumario:

1.-La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el art. 34 de la LRT se extiende a los intereses y a las costas.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los cuatro días del mes de diciembre de 2015; reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su Titular doctor Miguel Ángel Pirolo, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Gloria Marina Pasten de Ishihara, Graciela Aída González, Miguel Ángel Maza, Diana Regina Cañal, Héctor César Guisado, Silvia Esther Pinto Varela, Beatriz Inés Fontana, Graciela Elena Marino, Oscar Zas, Graciela Lucía Craig, Luis Aníbal Raffaghelli, Estela Milagros Ferreirós, Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Víctor Arturo Pesino, Luis Alberto Catardo, Álvaro Edmundo Balestrini, Roberto Carlos Pompa, Mario Silvio Fera, Gregorio Corach, Enrique Ricardo Brandolino y Daniel Eduardo Stortini; y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Álvarez, a fin de considerar el expediente Nº 53.026/2010 – Sala II, caratulado «BORGIA, ALEJANDRO JUAN c/ LUZ A.R.T. s/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL», convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto mediante Resolución de Cámara Nº 4 del dos de marzo de dos mil quince, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: «¿La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas?».

Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dr. Eduardo O. Álvarez, dijo:

La ley 24.557, en su art. 34, creó el «Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo», administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y destinado a cumplir con las prestaciones que las A.R.T. dejaren de abonar, como consecuencia de su liquidación.Dispuso, también, que sería financiado con los recursos previstos en la norma y, en especial, con un aporte, cuyo monto debería estipularlo el Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa luego fue reglamentada, en los aspectos más específicos de implementación, por la Resolución Nro. 28117/2001 y en lo genérico, por los arts. 22, 23 y 24 del Dto. 334/96.

A su vez, la citada disposición legal, en sus arts. 29 y 33 mantuvo, con una nueva formulación no muy diferente de las pretéritas, el «El Fondo de Garantía», que tiene por finalidad, el cumplimiento de las obligaciones del empleador «no asegurado» o «autoasegurado», en la hipótesis de insuficiencia patrimonial, acreditada en el marco de un procedimiento sumarísimo. Este instituto, que no resulta ajeno a la tradición de las sucesivas leyes transaccionales en materia de infortunios del trabajo, fue reglamentado por el art. 19 del ya citado Dto. 334/96, que, en su inciso 5, excluyó de la cobertura, los intereses, costas y gastos causídicos.

Como se advierte, nos encontramos frente a dos entes autónomos y diferenciados en sus objetivos y en su diseño, más allá de sus posibles puntos de contacto, que operan, incluso, en ámbitos disímiles, porque el «Fondo de Reserva», reitero, actúa en la esfera de la Superintendencia de Seguros de la Nación y el «Fondo de Garantía» lleva a cabo sus funciones bajo el influjo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que es un órgano clave en su dinámica, financiación y teleología.

La ley, no muy versada en la riqueza de la sinonimia castellana, utilizó la misma palabra («Fondo») para denominar dos instituciones distintas y provocó, sin advertirlo, algunas confusiones en los operadores jurídicos.

El interrogante que nos reúne es fruto de esa circunstancia porque, como bien lo pusiera de manifiesto la Sala II, en la sentencia Nro. 102.324, dictada el 16 de octubre de 2013 en estas actuaciones, el referido art.34 de la ley 24.557, y su reglamento, carecen de una limitación como la prevista por el ya mencionado art. 19 del Decreto Nro. 334/96, en lo que hace a la responsabilidad del «otro fondo», o sea, el de garantía, concerniente a «los intereses, costas y gastos causídicos» y, por ende, no existe fuente que permita eximirle del cumplimiento integral de la condena.

Este ha sido el criterio de la jurisprudencia mayoritaria de esta Cámara (ver, entre muchos otros, Sentencia Nro. 91.705, del 19/02/10, autos «Catalán, Walter Antonio c/ Prevención A.R.T. S.A. s/ accidente – acción civil», Expte. Nro. 14.717/09, del registro de la Sala III; Sentencia Definitiva Nro. 96.923, del 28/02/13, en autos «Reyes Guerrero, Pedro Alexander c/ Disco S.A. s/ Interrupción Prescripción» , del registro de la Sala IV; Sentencia Definitiva Nro. 74.768 del 28/12/12, en autos «González, Héctor Miguel c/ Luz A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial», Expte. Nro. 44.605/09, del registro de la Sala V; Sentencia Nro. 18.688 del 28/06/13, en autos «Encina, César Daniel c/ Coto C.I.C.S.A. s/ accidente – acción civil», Expte. Nro. 22.485/06, del registro de la Sala IX; Sentencia Nro. 18.539 del 31/05/11, en autos «Duarte, Aldo Rubén c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. S.A. y otro s/ accidente – acción civil», Expte. Nro. 19.393/05, del registro de la Sala X, etc.).

Por otra parte, coincide en plenitud con la invariable tesis de este Ministerio Público del Trabajo (ver, entre muchos otros, Dictamen Nro. 51.558 del 4/11/10, en autos «Ponse, René David c/ Frigorífico Los Ángeles S.R.L. y otros s/ accidente – ley 9688; Dictamen Nro. 61.817 del 31/10/14, en autos «Codino, Juan Carlos c/ Prevención A.R.T. S.A.s/ acción de amparo», etc.), a la que me remito y en la que se sostuvo, a su vez, la inadmisibilidad de una analogía peyorativa para el trabajador víctima de un accidente de trabajo, o de una enfermedad resarcible.

En síntesis, sugiero una respuesta afirmativa a la pregunta que nos reúne.

Por la AFIRMATIVA, en MAYORÍA, votan los doctores: PIROLO, GONZÁLEZ, MAZA, FERREIRÓS, RODRÍGUEZ BRUNENGO, PASTEN DE ISHIHARA, POMPA, FONTANA. MARINO, CATARDO, CORACH, CRAIG, RAFFAGHELLI, STORTINI, CAÑAL, PINTO VARELA, BRANDOLINO, ZAS, BALESTRINI, GUISADO y FERA.

EL DOCTOR PIROLO, dijo:

Con remisión a los fundamentos expuestos al votar en primer término en la causa que origina esta convocatoria, en especial a los que surgen del voto de mi distinguida colega Dra. Graciela A. González en la causa «Insaurralde, Néstor Ricardo c/ Prevención A.R.T. s/ accidente» (S.D. 100.789 del 31/7/2012 del registro de la Sala II), estimo que la obligación emergente del art. 34 de la ley 24.557 comprende no sólo el capital sino también los intereses y las costas.

Como bien lo destaca el Sr. Fiscal General Dr. Álvarez el art. 19 del Dec. 334/96, está referido a la responsabilidad del Fondo de Garantía y no a la que regula el art. 34 citado. Si alguna duda quedare, el art. 9 de la L.C.T.impone que sea resuelta en el sentido antes expuesto.

Por las razones brevemente expuestas, voto en sentido afirmativo al interrogante planteado.

LA DOCTORA GONZÁLEZ, dijo:

La convocatoria al presente plenario tiene como fundamento dilucidar si la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas, y a mi criterio la respuesta positiva se impone.

La ley de accidentes del trabajo ha previsto un sistema para asegurar al trabajador accidentado el cobro de sus acreencias, con motivo de la reparación que la norma tutela y le reconoce, en los supuestos de minusvalía laboral.

No existe duda en orden a la protección que corresponde otorgar al trabajador que sufre un menoscabo en su salud que le provoca una disminución en su potencia laborativa, limitando su capacidad de trabajo y complicándole su inserción futura en el mercado laboral.

Este derecho ha sido reconocido por el legislador desde antiguo, debiendo destacarse que este año se cumplen los 100 años de la sanción de la ley de protección de los trabajadores en relación de dependencia, respecto de los accidentes y/o enfermedades de origen laboral.

Tanto la ley 9.688 (art. 10) como la ley 24.028 (art. 14) prevén la existencia de un Fondo de Garantía con cuyos recursos se abonarán las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador, cuando ésta sea judicialmente declarada.—-

Dicho Fondo, administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo según el artículo 33 de la ley 24.557 tiene como finalidad dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, de la OIT, del año 1925, que en su art.11 impone a las legislaciones nacionales, la obligación de disponer, de acuerdo con las condiciones particulares de cada país que resulten adecuadas, que se garantice en toda circunstancia el pago de la indemnización a las víctimas de accidentes y a sus derechohabientes, para protegerlos contra la insolvencia del empleador o del asegurador.

Como norma reglamentaria de la ley 24.557 fue dictado el Decreto 334/96 que en su artículo 19 inc. c) – anterior art. 19 inc. 5 – dispone expresamente que dicho Fondo de Garantía, responderá por el capital adeudado, es decir por el monto de las prestaciones, excluyéndose los intereses, costas y gastos causídicos, limitando de tal manera su responsabilidad, cuando fuere declarado el estado de insuficiencia patrimonial del empleador.

Cabe destacar que en los considerandos de dicho decreto se expuso que en caso de insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado, el trabajador se encuentra facultado a gestionar las prestaciones ante el Fondo de Garantía, por lo cual considera necesario establecer los requisitos y demás recaudos que deban cumplirse, a fin de que se pueda hacer efectivo ese derecho.

No obstante, distinta es la situación que motivó oportunamente el dictado de la sentencia que corresponde al registro de la Sala II, recaída en los autos caratulados «Insaurralde, Néstor Ricardo c/ Prevención A.R.T. s/ A ccidente- Acción Civil», sentencia Nº 100.789,de fecha 31 de julio de 2012, así como la dictada en la causa que da lugar a la convocatoria del presente plenario, en las que se analizó la normativa aplicable a un instituto claramente diferente del descripto en los párrafos precedentes, que es el Fondo de Reserva creado mediante el art.34 de la Ley de Riesgos del Trabajo tendiente a tutelar no ya la insolvencia del empleador, sino el debido cumplimiento de las prestaciones que tienen a cargo las aseguradoras de riesgos de trabajo, en los supuestos de liquidación.

Este Instituto, tiene un origen y finalidad claramente diferenciado del anterior y se integra con fondos económicos notoriamente distintos, aunque también persiga la satisfacción del crédito del trabajador accidentado y reconozca como iniciativa la norma internacional precedentemente señalada.

En efecto, ambas instituciones tienen una idéntica finalidad en cuanto tutelan el derecho del trabajador a la percepción de la reparación que le confiere la ley de accidentes del trabajo, aunque reconocen diferentes administradores, pues en tanto el Fondo de Garantía tiene como administrador a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Fondo de Reserva fue incluido bajo la tutela de la Superintendencia de Seguros de la Nación por lo que parten del incumplimiento de deudores claramente diferenciados frente a situaciones disímiles.

En efecto, en el primer caso se trata del empleador que no cumple con su obligación, en el segundo se centra en la satisfacción del crédito cuando opera la liquidación de la aseguradora contratada oportunamente por el titular de la vinculación laboral.

En este último supuesto, ante la disposición normativa en cuestión, considero que cabe interpretar que la obligación se extiende a responder por el capital y los intereses que no resultan sino un accesorio de la obligación principal, así como por las costas y los gastos causídicos, persiguiendo la indemnidad del trabajador.

En tal orden de ideas cabe poner de resalto que el pago del crédito no se considera íntegro, si no incluye igualmente el pago de los intereses.

Y con referencia a las costas y gastos causídicos, no existe duda alguna en orden a considerar que es el litigante vencido quien debe asumir los mismos, aún cuando la contraria no hubiera formulado manifestación al respecto.En síntesis, la condena recaída en la causa debe ser satisfecha en su integridad, por parte de quien representa al deudor del crédito analizado.

Las costas como los gastos producidos configuran también una cuestión accesoria y necesaria para el reconocimiento del crédito en cuestión.

Es más, según los considerandos del decreto reglamentario cuya aplicación suscita decisiones contradictorias, el Fondo de Garantía se constituye para responder por las prestaciones establecidas en la Ley, excluyendo, únicamente, las demás prestaciones que las partes puedan acordar, conforme al artículo 26, apartado 4 de la Ley que se reglamenta, limitación que fue receptada mediante el art. 22 de la citada normativa.

Ninguna norma excluye expresamente tal responsabilidad, por consiguiente, por aplicación del principio protectorio tutelado por el art. 9 de la L.C.T. no advierto fundamento fáctico ni legal que conduzca a concluir acerca de la imposición de una limitación en el reconocimiento del derecho que corresponde al trabajador, precisamente, cuando su crédito motivado por un estado de necesidad provocado por una minusvalía laboral, requiere una protección que resulta todavía superior a cualquier otra situación legal o contractual.

En tal contexto, por compartir el dictamen del Señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y conforme lo expuesto precedentemente, voto por la afirmativa ante el interrogante planteado.

EL DOCTOR MAZA, dijo:

I. Como bien lo apunta el Sr. Fiscal General Eduardo O. Álvarez, la Sala II que tengo el honor de integrar ha resuelto que el art. 34 de la ley 24.557 -que refiere al Fondo de Reserva- y su reglamento en el decreto 334/1996 no han establecido una limitación cualitativa como la que prevé el art. 19 de ese decreto para el Fondo de Garantía. Así lo ha hecho en la causa en cuyo seno se ha efectuado la convocatoria a este nuevo Plenario y también en el caso «Insaurralde, Néstor Ricardo c/ Prevención A.R.T. S.A.» (S.D.Nº 100.789 del 31/07/2012, del registro de la Sala II), en ambos decisorios con el voto de mis distinguidos colegas Graciela A. González y Miguel Ángel Pirolo.

Coincido con dicha postura y, por ende, votaré afirmativamente ante el interrogante que nos convoca en mérito a las siguientes consideraciones.

II. No veo ocioso en esta ocasión memorar que la Ley sobre Riesgos del Trabajo 24.557 contempla, de manera similar a sus dos antecesoras, la existencia de un Fondo de Garantía administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y previsto para garantizar la percepción de las indemnizaciones del sistema en caso de insolvencia patrimonial del empleador auto asegurado o no asegurado, declarada en sede judicial.

En orden a la extensión de dicha garantía, el art. 19 apartado 5 del decreto 334/96 restringió la responsabilidad del Fondo de Garantía al monto de las prestaciones excluyendo de manera clara y explícita los intereses, las costas y gastos causídicos.Paralelamente, el art. 34 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo introduce en nuestra legislación otro instrumento de garantía patrimonial, denominado Fondo de Reserva y que se relaciona únicamente con los créditos que las aseguradoras de riesgos del trabajo dejaren de abonar como consecuencia de su liquidación. Este instrumento y su régimen complementan al Fondo de Garantía, diseñado, reitero, para dar respuesta ante la insolvencia de los empleadores auto asegurados y no asegurados.—Se trata de un instituto novedoso que, obviamente, no estaba presente en las leyes 9.688 y 24.028 y que se explica frente a la especial naturaleza de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entes de gestión introducidos por la ley 24.557 y cuya solvencia, en principio, resulta presumible pero que pueden llegar excepcionalmente a perderla. En rigor, el supuesto más probable de activación de esta garantía especial no es la insolvencia propiamente dicha de una A.R.T.sino que está constituido por la hipótesis de que, por incumplir sus deberes formales nacidos sobre todo de las leyes 20.091 y 24.557, pierda su autorización para funcionar.

Dicho art. 34 de la ley 24.557 dispone que con los recursos de este Fondo «…se abonarán o contratarán las prestaciones a cargo de la A.R.T. que éstas dejaran de abonar», comprendiendo así las prestaciones de carácter asistencial del art. 20 y las de contenido patrimonial.

La reglamentación generada por el decreto 334/1996 (arts. 22 a 24) no ha establecido una limitación en los alcances de las obligaciones a asumir por el Fondo de Reserva como la precedentemente aludida del art. 19 para las obligaciones del Fondo de Garantía.

En rigor, el art. 22 de dicho decreto contiene la única disposición reglamentaria restrictiva pero que, con su alusión al art. 26 apartado 4º de la ley 24.557, se relaciona únicamente con obligaciones paralelas al seguro obligatorio de esa ley que pueden asumir las aseguradoras (cobertura de accidentes y enfermedades inculpables o de responsabilidades judiciales de los empleadores nacidas de leyes anteriores).

III. Es decir, en síntesis, que la responsabilidad del Fondo de Reserva del art. 34 L.R.T. no contiene en su texto ni en su reglamentación una limitación que permita excluir los intereses de la cobertura y el art. 19 apartado 5º primer párrafo del decreto 334/1996 se refiere clara y exclusivamente al Fondo de Garantía sin que medien, a mi juicio, razones hermenéuticas que habiliten a extender su operatividad al Fondo de Reserva del art. 34 de la ley 24.557.

Por estas consideraciones voto, como lo adelanté, por responder afirmativamente al interrogante del presente Acuerdo Plenario, de manera que el Fondo de Reserva responda también por los intereses adeudados.

LA DOCTORA FERREIRÓS, dijo:

En esta oportunidad el interrogante que nos convoca es el siguiente:»¿La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo, se extiende a los intereses y a las costas?».

Como primer punto me parece importante hacer una distinción entre los dos fondos que han sido creados por la Ley de Riesgos del Trabajo: El Fondo de Garantía y el Fondo de Reserva (art. 48).

Cada uno de ellos fue creado con fines y objetivos diferentes ya que el Fondo de Garantía refiere a la situación de insolvencia del empleador, mientras que el Fondo de Reserva hace referencia a la liquidación de las A.R.T.Así, el art. 33 de la L.R.T. expresamente establece: «1. Créase el Fondo de Garantía de la L.R.T. con cuyos recursos se abonarás las prestaciones en caso de insuficiencia patrimonial del empleador, judicialmente declarada…».En tanto, el art. 34 del citado cuerpo normativo dispone: «…Créase el Fondo de Reserva de la L.R.T. con cuyos recursos se abonarán o contratarán las prestaciones a cargo de la A.R.T. que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación…».

El inc. 5 del art.19 del decreto 334/96 (reglamentario de la L.R.T.) excluye expresamente los intereses, costas y gastos causídicos de la responsabilidad del Fondo de Garantía, mas no existe ninguna disposición que contenga igual exclusión respecto del Fondo de Reserva.

Más allá de la consideración que merezca desde el punto de vista constitucional la exclusión establecida en el mencionado Decreto, lo cierto es que uno y otro fondo responden a situaciones práctico-jurídicas distintas y que para responder a la pregunta del temario no corresponde tener en cuenta el Fondo de Garantía.

En cuanto al Fondo de Reserva, motivo de la cuestión planteada, la ley es sumamente clara no permitiendo limitar la res ponsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, ya que no hay excepción alguna que la alcance.

Por tal motivo, la respuesta al interrogante es AFIRMATIVA incluyendo los ítems contemplados en la pregunta y que deben identificarse, tal como se señaló, como «intereses y costas».

EL DOCTOR RODRÍGUEZ BRUNENGO, dijo:

A la pregunta formulada, acerca de si la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas, respondo afirmativamente.

Como bien lo expresa en su lúcido voto el doctor Miguel Ángel Pirolo: «El artículo 34, primer párrafo de la L.R.T. dispone que el objeto del Fondo de Reserva es abonar o contratar ?las prestaciones de la A.R.T. que éstas dejaren de abonar como consecuencia de su liquidación?, prestaciones que ante la ausencia de aclaración de la ley, cabe interpretar como comprensivas del capital más sus accesorios, entre ellos los intereses devengados desde la exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago (CNAT, Sala IV, Sent. Int. Nro. 47.098 del 13-XI-2009 «Escobar, Mario Antonio y otro c/ Responsabilidad Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.s/ despido»).

En consecuencia, por todo lo expuesto se propicia confirmar la sentencia de grado en cuanto a la aplicación de intereses e imposición de costas a la recurrente».

Tuve oportunidad de adherir al voto de la Doctora Diana Regina Cañal en autos: «Orue, Martín Ramón c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. S.A.», Sala III, de fecha 15 de marzo de 2013, que expresó: «también considero relevante para decidir el punto, la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Plametal Plus y Compañía S.R.L.» del 8/IV/2008 donde advirtió la necesidad de valorar al trabajador como un ser integral y no solo como un productor de resultados económicos».

Un actual análisis del tema me lleva a corregir el haber adherido en casos anteriores («Cayo, Benancio Esteban c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. E.L. y otro s/ accidente – acción civil», causa nro. 4.085/09, Sala VII, 9 de febrero de 2011; «Miranda, Alfredo Oscar c/ Luz A.R.T. S.A. s/ accidente – acción civil», causa nro. 688/2008, Sala VII, del 21 de octubre de 2013) a la tesis restrictiva, teniendo a la vista el principio de integralidad que debe regir las prestaciones reparatorias en favor del trabajador, asentado en la Doctrina y Jurisprudencia, vg. C.S.J.N. en autos: «Arostegui, Pablo Martín c/ Omega S.R.L.», sentencia del 8 de abril de 2008.

Concuerdan con lo que propicio el carácter protector del Derecho del Trabajo y del de la Seguridad Social receptado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos receptados en el art. 75 inc. 22) C.N., con apoyo en el Principio de Progresividad que también integra el plexo constitucional a partir del inciso 19) del mencionado art. 75.

Asimismo en este camino nos ilustra Francisco de Ferrari en su obra «Los principios de la Seguridad Social» (2da. Edic., actualizada, Edit.Depalma, Bs. As. 1972, pág. 82 y sgtes.) que entre las fuentes ideológicas de la seguridad social y sus genuinos precursores se destacan «…la proposición presentada por Robespierre el 24 de abril de 1793. El gran tribuno pidió en su oportunidad, que en la Declaración de Derechos de la Constitución de 1793 se estableciera que «los socorros necesarios a la indigencia fueran considerados una deuda de los ricos hacia los pobres», y que se declarara que pertenecía a la ley determinar la manera en que debía darse cumplimiento a esa obligación».

A su vez, cabe destacar a Durand en su «Politique contemporaine de sècurite social», París, 1953, p. 53, «…fueron muchas las doctrinas que se difundieron, favorables a una adecuada y justa indemnización de los riesgos sociales: en el curso del siglo XIX el ?garantisme? de Sismondi y de Fourier, y la ideología ?del derecho al trabajo? desarrollada por Luis Blanc y Considérant, manifiestan ya un estado de espíritu nuevo aunque sin influencia inmediata sobre los acontecimientos de la época».

Por su lado en Alemania, Bismarck, inspirado en la doctrina del socialismo del Estado propugnó la creación de los sistemas de indemnización de los riesgos sociales (Rerum Novarum 1891) destacando que debía haber fondos de reserva para hacer frente a la enfermedad, a la vejez, a la invalidez y en general «a los golpes de la mala suerte» de los obreros.

Así las cosas, si algún dejo de dubitación pudiera presentarse en la cuestión a dilucidar, remarco que esta tendencia también es receptada por los principios de la Seguridad Social (ver «Estudios de la Seguridad Social», Américo Plá Rodríguez, Edit. Fundación de Cultura Universitaria, 1º edición, agosto de 1999).

Por último no quiero dejar de señalar que, tal como lo señala el Dr. Fernández Madrid en su obra «Riesgos del Trabajo» (Edit. La Ley , 1º edic. 2015, pág.186 y sgtes.) que debemos recordar que «…los principios dan directivas abiertas y cuando se enfrentan entre sí hay que optar por aquel que satisfaga el derecho más relevante. El derecho a la vida y a la salud que ampara a las víctimas de riesgos del trabajo prevalece sobre el derecho patrimonial de las A.R.T. Aquellos derechos deben realizarse aunque se postergue este otro. Lo que cuenta es que no se frustre el derecho esencial a la integralidad psicofísica, a la salud y a la vida, aunque pueda circunstancialmente afectarse el derecho de las aseguradoras»; es que concurren aquí «…los principios «pro homine», «pro justitia sociales» y «pro victimae», los que implementan los principios de cooperación, solidaridad y justicia, también normativamente comprendidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales del artículo 75, inciso 22. Ello sustenta la obligación de los empresarios y de las A.R.T. a la preservación de los trabajadores».

Destaco además que estos principios fueron afirmados por todos los precedentes de nuestro Máximo Tribunal especialmente a partir del caso «Aquino…» y «Madorrán…» en que remarca que en la esfera de actuación de la normativa de aplicación se debe tener como norte aquel resultado que proteja en la mayor medida a la persona humana.

En virtud de lo expuesto es que propicio la respuesta afirmativa a la inquietud que nos reúne.

LA DOCTORA PASTEN DE ISHIHARA, dijo:

Ha sido sometida a consideración de esta Cámara la medida de la responsabilidad que cabe a la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de Administradora del Fondo de Reserva establecido en el art. 34 de la Ley 24.557.—–En mi carácter de integrante de la Sala I de este Cuerpo he tenido oportunidad de señalar al respecto que el art. 34 de la ley 24.557 instituyó un Fondo de Reserva que tiene como fin abonar o contratar las prestaciones a cargo de la aseguradora de riesgos de trabajo que dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación.La norma legal citada prevé que este patrimonio de afectación será administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y se formará con los recursos previstos por la ley y con un aporte a cargo de las A.R.T. cuyo monto anualmente será fijado por el Poder Ejecutivo Nacional. Expliqué en esa ocasión que el primer párrafo de la norma mencionada dispone que el Fondo de Reserva tiene por objeto abonar o contratar «las prestaciones de la A.R.T. que éstas dejaren de abonar como consecuencia de su liquidación». Como se observa, el dispositivo legal no efectúa ninguna distinción, razón por la cual no cabe una interpretación contraria al damnificado del accidente, puesto que el capital es comprensivo de sus accesorios, entre ellos, los intereses, solución que ha sido adoptada por diversas Salas que integran esta Cámara y cuyos fundamentos comparto (Sala IV, S.D. 96.923 del 28/02/13, in re «Reyes Guerrero, Pedro c/ Disco S.A. y otro s/ Interrupción de prescripción»; Sala VI, S.D. 62.789 del 13/04/11, in re «Cianni, Gustavo c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. S.A. s/ Accidente – Ley Especial», entre otros precedentes), (ver mi voto en autos «Ghyselinck, Olga Margarita c/ Hospital de Pediatría SAMIC Profesor Dr. Juan P. Garrahan y otro s/ accidente – acción civil», S.D. 893.398 del 29/11/20163).

Agrego a las apreciaciones antes vertidas, compartiendo el criterio expuesto por el Sr. Fiscal General ante esta Cámara, que el diseño normativo que contiene la ley 24.557 en sus Capítulos X y XI, regula dos organismos especiales aunque bajo similar denominación: el Fondo de Garantía (art. 33) y el Fondo de Reserva (art. 34), pero que responden a objetivos diferentes. Es respecto de la primera, destinada a cubrir la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado o auto asegurado y administrada y gestionada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que la norma reglamentaria -el dec. 334/1996- estableció en su art.19 apartado 5º, en forma expresa, la exclusión de «los intereses, costas y gastos causídicos» de la obligación a cargo del Fondo de Garantía que alcanza entonces únicamente al «monto de las prestaciones». No ocurre lo mismo respecto del segundo organismo, cuyos fines ya explicité, puesto que en éste no existe previsión similar con relación al Fondo de Reserva. En este contexto reafirmo mi posición contraria a interpretaciones que menoscaben el derecho al cobro de la reparación por parte del trabajador que ha sido víctima de una contingencia cubierta por el régimen legal que es sometido a nuestro análisis. Todo ello, además, en consonancia con la doctrina jurisprudencial que emana de precedentes del Alto Tribunal que privilegian la tutela del trabajador y de su crédito (entre muchísimos otros, «Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ Accidente – Ley 9688» , del 21.09.04, Fallos 325:1125; «Ascua, Luis Ricardo c/ Somisa» , del 10.08.10, Fallos 333:1361; «Clínica Marini S.A. s/ quiebra» , C.534.XLIV, del 01.08.2013).

Por lo expuesto, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

EL DOCTOR POMPA, dijo:

Llegan las presentes actuaciones para que me expida sobre el siguiente interrogante: «¿La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas?».

Adelanto mi voto por la afirmativa al presente interrogante.

Históricamente, el régimen de infortunios de trabajo contempló la figura del denominado «fondo de garantía» (cfe. art. 10 ley 9.688 y 14 de la ley 24.028) para el caso que los empleadores, en razón de su insuficiencia patrimonial declarada judicialmente, no pudiesen hacer frente al pago de los créditos derivados de accidentes o enfermedades de trabajo, los que son de contenido irrenunciable. En esos casos, siendo una obligación impuesta por instrumentos internacionales garantizar el pago de las indemnizaciones (cfe. art.11 del Convenio Nº 17 OIT del año 1925), se dispone que dicho fondo, que es administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, responderá por el capital adeudado, excluyendo el pago de los intereses, costas y gastos causídicos (cfe. art. 33 de la ley 24.557, reglamentado por el art. 19 inc. c) del Decreto 334/96).

Ahora, con el dictado de la mencionada ley 24.557 se crea la figura de las Administradoras de Riesgos del Trabajo -A.R.T.- y con ellas, el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo crea un «fondo de reserva», distinto al de garantía, administrado ahora por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que destinado a cumplir con las prestaciones que dichas A.R.T. dejaren de abonar como consecuencia de su liquidación, no imponen límite alguno ni en la ley, ni en la reglamentación (cfe. Res. 2811/2011 y Dto. 334/96).

No se me escapa que, en ambos casos, el régimen normativo alude a la situación de liquidación, en un caso del empleador y en el otro de las A.R.T., pero en mi opinión, parece claro que si el legislador, en sentido amplio, no impuso excepción alguna respecto del Fondo de Reserva cuando sí lo hizo con relación al Fondo de Garantía, no encuentro motivo alguno para que los jueces puedan limitar sus alcances frente al diverso tratamiento brindado por la misma ley 24.557 y su reglamentación.

Así lo resolvió la Sala IX de esta Excma. Cámara que tengo el honor de integrar, cuando sostuvo en relación a la cuestión que origina el presente debate, que «no existe ninguna disposición legal que expresamente excluya los intereses, costas y gastos causídicos de la responsabilidad del Fondo de Reserva de la L.R.T.» (cfe. CNAT, Sala IX, S.D. nº 18.688 del 28/06/2013, en autos «Encina, César Daniel c/ Coto C.I.C.S.A.s/ accidente – acción civil»).

Por ello, como lo anticipara, voto por la afirmativa.

LA DOCTORA FONTANA, dijo:

Frente al interrogante que nos convoca, adelanto que atendiendo a los fundamentos del dictamen del Señor Fiscal General voy a votar por la afirmativa.

En ese sentido, el análisis del dictamen aludido me lleva a revisar la postura que sostuve al votar en los autos «Miranda, Alfredo Oscar c/ Luz A.R.T. S.A. s/ accidente – acción civil» (S.D. Nº 45.897 del 21/10/2013 del registro de la Sala VII).

En efecto, un nuevo estudio de la cuestión me lleva a sostener que el inc. 5º del art. 19 del Dec. 334/96, reglamenta el alcance de la responsabilidad del Fondo de Garantía que depende de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y no resulta de aplicación cuando lo que se discute es el alcance de la obligación que debe asumir el Fondo de Reserva creado por el art. 34 de la Ley 24.557 y reglamentado por los arts. 22, 23 y 24 del Dec. 334/96.

Siendo ello así, en tanto no surge de dichas normas que el fondo de Reserva esté excluido de responder por los intereses, costas y gastos causídicos, la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como administradora de dicho fondo, debe abarcar también a los intereses y las costas.

Por lo expuesto, voto en sentido afirmativo al interrogante planteado.

LA DOCTORA MARINO, dijo:

La presente convocatoria se halla ceñida a desentrañar si la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas, y a mi criterio la respuesta positiva se impone.

Comparto en todo las conclusiones a que arribó el Sr. Fiscal General Dr.Eduardo Álvarez en lo que concierne a la interpretación que motiva la normativa sometida a Acuerdo Plenario.

En efecto, la ley 24.557 crea el «Fondo de Reserva de la Ley de Riesgos del Trabajo» administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y destinado a cumplir con las prestaciones que las A.R.T. dejaren de abonar, como consecuencia de su liquidación. Instituto novedoso que no se encontraba en las leyes 9.688 y 24.028 y se explica frente a la especial naturaleza de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entes de gestión introducidos por la ley 24.557 y cuya solvencia, en principio, resulta presumible pero que pueden llegar excepcionalmente a perderla (conf. art. 34, ley 24.557).

Ahora bien, dicha cuestión fue reglamentada por la Resolución Nº 28.117/2001 y en lo genérico por los arts. 22, 23 y 24 del Dto. 334/96, en cuanto a su implementación, pero lo cierto es que no ha establecido una limitación en los alcances de las obligaciones a asumir por el Fondo de Reserva como lo establece el art. 19 del mencionado decreto para el Fondo de Garantía. En efecto, en su inciso 5 excluye de la cobertura, los intereses, costas y gastos causídicos.

Cabe hacer la aclaración que aquí nos encontramos frente a dos entes autónomos, diferenciados en sus objetivos y en su creación, independientemente de sus posibles puntos en común, operan en ámbitos disímiles. Así, el «Fondo de Reserva», como indiqué, actúa en la esfera de la Superintendencia de Seguros de la Nación y el «Fondo de Garantía» lleva a cabos sus funciones bajo el influjo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y tiene por finalidad el cumplimiento de las obligaciones del empleador «no asegurado» o «autoasegurado», en la hipótesis de insuficiencia patrimonial, acreditada en el marco de un proceso sumarísimo.

En consecuencia, lo cierto es que el referido art.34 de la ley 324.557 y su reglamentación, carecen de una limitación por lo que a mi criterio la respuesta positiva el interrogante que nos convoca al presente plenario se impone desde que no existe fuente que permite eximirle del cumplimiento integral de la condena.

EL DOCTOR CATARDO, dijo:

En lo sustancial, el temario que nos convoca apunta a establecer como doctrina plenaria, si el art. 34 de la Ley 24.557 -que refiere al Fondo de Reserva- y su reglamento en el Dec. Nº 334/96, han establecido o no, una limitación cualitativa como la que prevé el art. 19 de ese decreto para el Fondo de Garantía.

Entiendo que no puede hablarse de «limitación» pues el mencionado art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo dispone que el objeto del Fondo de Reserva es abonar o contratar las prestaciones de la A.R.T que éstas dejaren de abonar como consecuencia de su liquidación, prestaciones que, dado lo avaro en precisiones y/o aclaraciones de la ley, cabe interpretar como omnicomprensivas de los intereses y las costas. Y dado que el capital es comprensivo de sus accesorios -como son los intereses- estos se deben desde la exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago.

Como bien señala el Fiscal General, la ley utilizó la palabra «Fondo» para denominar dos instituciones distintas, pero más allá de la eventual confusión que pudiera surgir, esto oculta lo que el dato de la experiencia jurídica presenta día a día: que el juez debe buscar y aplicar la norma que realiza el valor «Justicia».

Un fundamento, llamémoslo lógico, de la interpretación, está dado por la indeterminación relativa de las normas generales y toda norma general determina siempre, cierto ámbito indeterminado.En virtud de esta «indeterminación» que implica toda norma general hace absolutamente necesaria una tarea de interpretación, para decidir si un caso concreto cae, o no, dentro del ámbito regulado por la norma.

En el texto que nos ocupa, la «voluntad del legislador» tiene suma importancia, ya que se trata de una norma relativamente vigente. No lo sería en un texto antiguo, donde perdería toda relevancia.

Y cabe también señalar que las palabras de la ley no son señales a desentrañar sino que son signos significativos que el legislador da por conocidos. La interpretación no se realiza aclarando el texto legal, sino que la comprensión de ese texto es un presupuesto para poder realizar la tarea de interpretar. Nunca un caso se resuelve en virtud de una norma asilada, como sería el caso del art. 34 de la L.R.T. sobre el Fondo de Reserva, sino que es el ordenamiento jurídico todo lo que gravita en la solución a darse para ello; detenerse en el puro texto de una norma no puede en manera alguna, ser una adecuada tarea de interpretación. Si bien cada caso se resuelve siempre mediante la creación de una norma individual, esta se crea en aplicación del ordenamiento todo.

Carlos Cossio dio una recordada imagen para entender este fenómeno: el ordenamiento jurídico gravita sobre el caso concreto de la misma manera que el peso de una esfera sobre su punto de apoyo, si bien la esfera toma contacto con la superficie en lo que se encuentra en un solo punto, en ese punto gravita el peso de la esfera toda.Del mismo modo el ordenamiento jurídico gravita en la solución del caso y si bien el Juez va a resolver el conflicto planteado mediante una norma individual, en su sentencia va a gravitar no sólo la Constitución Nacional, sino los Códigos de Fondo, las leyes procesales, los antecedentes jurisprudenciales, etc., etc.-La interpre tación lógica de la intención legislativa en su conjunto, no parece haber restringido el alcance del art. 34 de la L.R.T. referente al Fondo de Reserva, como el que prevé el art. 19 del Dec. 334/96 para el Fondo de Garantía.

En esa inteligencia, propicio una respuesta afirmativa a la inquietud que nos convoca.

EL DOCTOR CORACH, dijo:

En relación al tema que nos convoca me remitiré a lo expuesto en el pronunciamiento emitido por este Tribunal, Expte. Nº 19.393/05, Sent. Def. Nº 18.539 del 31/05/2011 «Duarte, Aldo Rubén c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. S.A. y otro s/ accidente – acción civil».

En dicha oportunidad, respecto de la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como administradora del Fondo de Reserva, se decidió que en el supuesto de que la A.R.T. demandada se encuentre en liquidación debe recurrirse a lo previsto en el art. 34 de la ley de riesgos del trabajo; el que expresamente establece que el objeto del fondo de reserva administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación es abonar o contratar «…las prestaciones de la A.R.T.que éstas dejaren de abonar como consecuencia de su liquidación». De este modo, ante la ausencia de aclaración de la ley, debe interpretarse estas prestaciones como comprensivas del capital más los accesorios (entre ellos los intereses debidos desde la exigibilidad del crédito hasta el efectivo pago).

En efecto, la responsabilidad de la Superintendencia por el pago de los intereses moratorios debidos al actor no reside en una actitud reprochable a aquélla, sino que se funda en el cumplimiento de una disposición legal que -reitero- textualmente dispone que el objeto del fondo de reserva administrado por tal institución es abonar o contratar «…las prestaciones de la A.R.T. que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación» (art. 34, primer párrafo de la L.R.T.).

Desde otro ángulo, advierto que si bien el art. 19 del decreto 334/96 (reglamentario de la L.R.T.) excluye expresamente los intereses de la responsabilidad del Fondo de Garantía, lo cierto es que no existe ninguna disposición que contenga igual exclusión respecto del Fondo de Reserva de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En este contexto, estimo que la condena que se establezca en una causa determinada debe ser satisfecha íntegramente lo que incluye el pago del crédito con más los intereses y costas.

Sentado lo anterior, -a mi ver- la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como administradora del fondo de reserva previsto en el art. 34 de la ley de riesgos del trabajo se extiende a los intereses y costas.

En este orden de ideas, por los argumentos expuestos, voto por la afirmativa al interrogante que nos convoca.

LA DOCTORA CRAIG, dijo:

Previo a expedirme acerca del tema que suscita la convocatoria a plenario, dejo a salvo mi opinión contraria respecto a la admisibilidad formal del recurso de inaplicabilidad de ley.

En efecto, a partir de la sanción de la ley 26.853 (B.O.: 17/05/2013), el art. 11 sustituyó los arts. 288 a 301 del C.P.C.C.N.por otros que prevén nuevos recursos, a saber: el de casación (arts. 288 a 294); el de inconstitucionalidad (arts. 295 y 296) y el de revisión (art. 297 a 301), cuyo conocimiento y decisión se atribuyó a las Cámaras de Casación creadas en la norma, según el fuero que corresponda conocer en razón de la materia (arts. 1º a 10). Nada dijo el legislador sobre el recurso de inaplicabilidad de ley.

En coherencia con ello, es que la doctrina, en general, ha interpretado que el mencionado recurso quedó derogado (arg. art. 12 de la ley 26.853), al igual que la jurisdicción de las Cámaras para entender en él. Sin embargo, se hace la salvedad de que ello no ocurriría en materia laboral, frente a la no abrogación del art. 124 de la ley 18.345 (véase, Kielmanovich, Jorge, «La doctrina Plenaria y la ley 26.853», Buenos Aires: La Ley 2013-D, 1.052).

No obstante, en mi criterio, una interpretación coherente y armónica del plexo normativo en juego, que mejor respete la voluntad del legislador, no autorizaría la distinción apuntada. Digo ello, por cuanto, si bien, no desconozco que el art. 12 de la ley 26.853 no derogó el art. 124 de la L.O. de manera expresa, no es menos cierto que, en nuestra materia, la función de unificar el criterio de las Salas quedó diferida a la nueva Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social (art. 3º), a través del recurso de casación que, eventualmente, deduzcan los interesados (cfr. nuevo texto del art. 289, inc. 3º del C.P.C.C.N.).

En este marco, considero que no podría afirmarse que esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mantenga, en la actualidad, la atribución de convocar a «…plenario para unificar la jurisprudencia o interpretar la ley aplicable a un determinado caso…» (art.124 de la L.O.), pues se trata de una cuestión que -reitero- el legislador ha decidido someter al nuevo órgano jurisdiccional que creó, en ejercicio de la atribución constitucional que le confiere el art. 108 de la Constitución Nacional.

Una postura contraria -en mi opinión- conduciría a la frustración de los objetivos perseguidos con la sanción de la ley 26.853, que no ha sido sino establecer, en cada fuero, «…un órgano superior que unifique la jurisprudencia», para lo cual, lógicamente, se previó «…la derogación del plenario de las cámaras de apelaciones…», incluida esta Cámara Nacional del Trabajo (véase, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Período 131º, 4ª Reunión, 2ª Sesión Especial -17 y 18 de abril de 2013-, intervención del senador Guastavino, págs. 119/121).

Lo expresado me lleva, a su vez, a analizar lo concerniente al ámbito de aplicación temporal de la ley 26.853. Y, en este sentido, tengo presente que, el art. 15, dispuso la inmediata entrada en vigor de la norma «…a partir de su publicación»; lo que -entiendo- denota, tal como ya lo adelantara, que los arts. 288 a 301 del C.P.C.C.N. han quedado derogados a partir del 17 de mayo de 2013, fecha en que se publicó la ley 26.853 en el Boletín Oficial.

La aclaración que, en su segunda parte, introduce el art. 15 acerca de que «una vez constituidas las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite» se refiere a que los nuevos recursos (v.gr.: de casación; de revisión e inconstitucionalidad) sólo serán operativos a partir del momento en que se pongan en funcionamiento dichos tribunales. Y, en tal sentido, a su vez, se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada Nro.23/2013, del 14 de agosto de 2013, al afirmar que consideraba «…razonable mantener la regla que ha seguido ante situaciones sustancialmente análogas y, en consecuencia, disponer que la aplicación del nuevo ordenamiento se halla supeditada a la efectiva instalación y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales llamados a asumir la competencia que les atribuye la ley 26.853 (Acordada 15/87, 6/89, 45/96, 75/96 y 34/2002, y sus citas)» (ver, considerando 5º). Entiendo, por ello, que la Acordada sólo se refiere a los medios de impugnación que contempla la ley 26.853 y que devendrán operativos a raíz de la reforma procesal aludida, la que se encuentra «…supeditada a la instalación y funcionamiento de las cámaras federal y nacional que crea» (véase, pto. I de la Acordada 23/13).

Por consiguiente, y en la medida que el recurso de inaplicabilidad ha sido deducido el 12/11/2013 y concedido el 19/08/2014, o sea, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.853 considero que resultaría formalmente inadmisible.

Por ello, y dejando a salvo mi opinión personal, en tanto esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha resuelto, por mayoría, continuar con la convocatoria a acuerdo plenario, pese a las oposiciones formuladas por algunos de sus integrantes (cfr. Acta Nro. 2.613 del 25/03/2015), me expediré sobre la temática sometida a la convocatoria.

Al respecto, y más allá de la posición que asumí al votar en la causa «Carabajal, Seferino c/ Coto C.I.C. S.A. y otro s/ accidente – ley 9688» , S.D. Nro. 64.744 del 20/12/2012, un nuevo estudio de la cuestión, me lleva a adoptar una postura diversa.

En consecuencia, por las razones expresadas por la Dra. Gloria Pasten de Ishihara voto en sentido afirmativo al interrogante planteado.

EL DOCTOR RAFFAGHELLI, dijo:

Adhiero a las consideraciones que expone mi distinguida colega la Dra.Graciela Craig en lo que respecta a la inadmisibilidad formal del recurso de inaplicabilidad de ley.

No obstante, y toda vez que los integrantes de esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo han resuelto, por mayoría, continuar con la convocatoria a acuerdo plenario, me pronunciaré sobre la temática sometida a la convocatoria.

En este sentido, señalo que ya he tenido ocasión de pronunciarme al respecto en las causas «Melian, Fernando Ariel c/ Línea 60 S.A. y otro s/ accidente – ley especial», S.D. Nro. 62.784 del 11/04/2011 y «Cianni, Gustavo c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial», S.D. Nro. 62.789 del 13/04/2011, por lo que, con sustento en los fundamentos allí vertidos, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

EL DOCTOR STORTINI, dijo:

El art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo dispuso la creación del Fondo de Reserva, cuyos recursos serán destinados a abonar o contratar «las prestaciones a cargo de la A.R.T. que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación».

El interrogante que hoy nos convoca en este plenario concierne a si la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su calidad de administradora del aludido Fondo de Reserva, comprende o no a los intereses y las costas.

Ya he tenido oportunidad de pronunciarme sobre dicha cuestión al emitir mi voto como integrante de la Sala X de esta Cámara en la causa «Duarte, Aldo Rubén c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. S.A. y otro», (sentencia definitiv a Nº 18.539 de fecha 31/05/2011).

Allí sostuve -y aquí lo reitero- que el mentado art. 34 carece de limitación como la prevista en el art.19 del decreto 334/96 y, por ende, ante la ausencia de aclaración de la ley, resulta prudencial y razonable admitir la inclusión del capital con más los intereses y las costas del juicio.

De acuerdo con lo dicho, voto por la afirmativa en este plenario.

LA DOCTORA CAÑAL, dijo:

Tal como lo sostuve al votar en la causa «Orue, Martín Ramón c/ Responsabilidad Patronal A.R.T. S.A. s/ accidente», expte. nro. 21.903/07, Sentencia Nº 93.449 del 15.3.13, el objeto del Fondo de Reserva administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, es abonar o contratar las prestaciones de la A.R.T. que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación, según lo dispone el artículo 34, primer párrafo de la ley 24.557.

Por lo tanto, se entiende que corresponde el capital más sus accesorios.

Ello es así, pues el Fondo de Reserva está administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cambio, la excepción que hace el artículo 19 del Decreto 334/96, se refiere al Fondo de Garantía, que estará a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que sí excluye expresamente los intereses, las costas y gastos causídicos, tema que en esta convocatoria no se discute.

En efecto, el Fondo de Reserva fue creado por la Ley de Riesgos del Trabajo para cubrir las prestaciones a cargo de las aseguradoras que éstas dejaran de abonar.En cambio, el Fondo de Garantía, fue creado para que, en caso de insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado el trabajador se encuentre facultado a gestionar las prestaciones.

De esta manera, se protege mejor el crédito, ya sea porque se lo muestra incólume y facilita su reclamo.

-Desde ya, dejo a salvo que la presente es una mera opinión, de conformidad con lo que inveteradamente vengo sosteniendo en relación con los Fallos Plenarios.

Consecuentemente, a la pregunta formulada respondo por la AFIRMATIVA.

LA DOCTORA PINTO, dijo:

En esta oportunidad se somete a consideración de los integrantes de la Cámara el alcance de la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el art. 34 de la ley 24.557. En efecto la pregunta es ¿La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas?.

Como integrante de la Sala IV de esta Cámara que tengo el honor de integrar he tenido ocasión de pronunciarme sobre el tema en cuestión, en consonancia con precedentes incluso anteriores a mi incorporación (ver, entre otros, «Reyes Guerrero, Pedro c/ Disco S.A. y otro s/ interrupción prescripción», S.D. Nro. 96.923 del 28/12/2013, etc.); al respecto he sostenido que el Fondo de Reserva fue creado por el art. 34 de la ley 24.557 con el objeto de abonar o contratar las prestaciones a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación; es administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación que otorga las prestaciones por intermedio de otra A.R.T. contratada a tal efecto. A diferencia del Fondo de Garantía, previsto en el art. 29 y 33 L.R.T. -que sólo responde por las prestaciones dinerarias excluyendo los intereses, costas y gastos causídicos, conforme art.19 del decreto 334/96- ni la ley 24.557 ni su reglamentación, formulan limitación alguna a la responsabilidad del pago del Fondo de Reserva, en materia de intereses y costas.

Desde tal perspectiva, teniendo en consideración que el fundamento de la norma es tutelar el crédito del trabajador damnificado -dentro del marco de la ley de riesgos del trabajo- frente a supuestos de insolvencia patrimonial de la A.R.T., no cabe efectuar una interpretación contraria al trabajador incapacitado como consecuencia de su labor y corresponde entender que el capital es comprensivo de sus accesorios como los intereses, desde la exigibilidad del crédito hasta su efectivo pago.

Tal como señala el Sr. Fiscal General del Trabajo, dos son los «Fondos» que prevé la ley 24.557: uno es el Fondo de Reserva y otro es el Fondo de Garantía. Más allá de la utilización del legislador de una misma palabra -que podría llevar a confusión- lo cierto es que se trata de dos entes autónomos, con diferentes objetivos, que actúan en la esfera de dos organismos disímiles y que, sólo respecto del segundo, la norma reglamentaria acota su responsabilidad en materia de intereses y costas; ello obsta a interpretar extensivamente una norma limitativa de la responsabilidad en un crédito alimentario como el derivado de un infortunio laboral.

Por la razones expuestas y compartiendo el dictamen del Sr. Fiscal General, voto por responder afirmativamente al interrogante del presente Acuerdo Plenario.

EL DOCTOR BRANDOLINO, dijo:

Adhiero al dictamen del Sr. Fiscal General por compartir sus fundamentos.

EL DOCTOR ZAS, dijo:

Por las razones expuestas por el Sr. Fiscal General ante la Cámara Dr. Eduardo O. Álvarez, que coinciden en lo substancial con el criterio que he seguido en calidad de vocal de la Sala V (ver, entre otros, «Carricaburo, Luis Gastón c/ Responsabilidad Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.s/ accidente – acción civil», sentencia definitiva Nº 73.082 del 29/04/2011), mi respuesta al interrogante planteado será afirmativa.

EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:

Comienzo por señalar que no es la primera vez que debo expedirme sobre el tópico que motiva la presente convocatoria a acuerdo plenario, razón por la cual, con carácter previo a establecer los motivos que fundan mi voto, adelanto desde ya mi respuesta afirmativa al interrogante planteado, pues, a mi modo de ver, la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su calidad de administradora del fondo de reserva previsto por el art. 34 de la ley 24.554, alcanza tanto a los intereses como a las costas causídicas.

En efecto, en relación con la cuestión central que suscitó el debate, he tenido oportunidad de exponer opinión al emitir mi voto en los autos caratulados «Benítez, Ernesto Fabián c/ Fabritam S.R.L. y otro s/ accidente – acción civil» (S.D. Nº 17.119 del registro de la Sala IX de esta Cámara, del 30/06/2011), así como en las actuaciones «Coronel, Ariel Argentino c/ Covelia S.A. y otro s/ accidente – acción civil» (S.D. Nº 17.545 del registro de la Sala IX que tengo el honor de integrar, del 29/12/2011), «Monzón, Analía Giselle c/ Fundación Científica de Vicente López y otro s/ accidente – acción civil» (S.D. Nº 18.505, asimismo del registro de esta Sala IX, del 30/04/2013) y «Encina, César Daniel c/ Coto C.I.C.S.A. s/ accidente – acción civil» (S.D.Nº 18.688 del registro de la Sala IX del 28 de junio de 2013), cuando sostuve que «… si bien el artículo 19, inciso 5º del decreto 334/96 -reglamentario de la ley 24.557- excluye expresamente a los intereses, costas y gastos causídicos de la responsabilidad del Fondo de Garantía de la L.R.T., no existe ninguna disposición que contenga igual exclusión respecto del Fondo de Reserva de la L.R.T. (repárese en que las normas a las que alude la apelante también se refieren al Fondo de Garantía). Por otra parte… el citado artículo 34, primer párrafo de la ley 24.557 establece expresamente que el objeto del Fondo de Reserva de la L.R.T. es abonar o contratar «…las prestaciones a cargo de la A.R.T. que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación…», prestaciones que- ante la ausencia de aclaración de la ley- cabe interpretar como comprensivas del capital más sus accesorios, entre ellos los intereses devengados desde la exigibilidad el crédito hasta el efectivo pago (en igual sentido ver S.D. Nº 91.705 de fecha 19/02/10, recaída en autos «Catalán, Walter Antonio c/ Prevención A.R.T. S.A. s/ accidente – acción civil», del registro de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)…».

En virtud de ello y de acuerdo a los fundamentos expuestos por mi distinguido colega Dr. Roberto Pompa, a los que adhiero en su totalidad, voto por la AFIRMATIVA al interrogante planteado.

EL DOCTOR GUISADO, dijo:

Por los fundamentos expuestos por la Dra. Pinto Varela (que se ajustan al criterio expresado por el suscripto en los antecedentes por ella citados), voto por la respuesta AFIRMATIVA al interrogante propuesto.

EL DOCTOR FERA, dijo:

Me adhiero al dictamen del señor Fiscal General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por compartir sus fundamentos.

Por la NEGATIVA, en minoría, vota el doctor:PESINO.

EL DOCTOR PESINO, dijo:El artículo 34 de la ley 24.557 creó el denominado «Fondo de Reserva de la L.R.T.», a fin de afrontar las prestaciones a cargo de las A.R.T., que éstas dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación. El mismo es administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y se forma con los recursos previstos en la ley, y con un aporte a cargo de las A.R.T., cuyo monto es anualmente fijado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Las prestaciones a que se refiere la norma son las previstas en los Capítulos IV y V de la L.R.T.

Ciertamente que, como lo señala el señor Fiscal General en su dictamen, no existe, respecto de ese Fondo de Reserva, una disposición semejante a la del inciso 5 del artículo 19 del Decreto 334/96 que, en cuanto al tema, determina que la obligación del Fondo de Garantía «alcanza al monto de las prestaciones, excluyéndose expresamente los intereses, costas y gastos causídicos».

Sin embargo, a mi modo de ver, ello no autoriza a concluir que, al no existir una salvedad semejante con relación al Fondo de Reserva, este deba afrontar el cumplimiento integral de una condena, porque tanto la ley como su reglamentación no regulan las mismas situaciones.

En efecto, el artículo 19 del Decreto 334/96, que impone el régimen del artículo 29 d e la ley 24.557, se refiere a los empleadores autoasegurados y requiere, en todos los casos la intervención judicial.

Así, puede verse en los incisos 1 («El trabajador o sus derechohabientes deberán realizar, por ante la autoridad judicial competente, las gestiones razonablemente indispensables… y solicitar la declaración de insuficiencia patrimonial dentro de los 30 días de vencido el plazo…»), 3 («El pedido de declaración de insuficiencia patrimonial debe ser debidamente fundado y tramitará en los mismos autos).

Las gestiones realizadas por ante el juez de la causa se considerarán a los fines probatorios de la determinación de lainsuficiencia patrimonial… La resolución que recaiga se notificará a las partes conforme a las leyes locales y será recurrible en el plazo y con los alcances que pueda serlo la sentencia definitiva), 4 («Cuando el empleador o su patrimonio se encuentren sometidos a un proceso universal, el trabajador, sus derechohabientes o la Aseguradora requerirán el pago de las prestaciones por la vía que corresponda pudiendo solicitar por ante el juez de la causa la declaración de insuficiencia patrimonial») y, fundamentalmente el 5 que no deja duda en cuanto a que el pago de las prestaciones por el Fondo de Garantía se produce «… en los casos de insuficiencia patrimonial judicialmente declarada…» (todos los destacados son míos).

Recuerdo que el requisito de la declaración judicial de insuficiencia patrimonial, siguiendo los criterios jurisprudenciales existentes durante la vigencia de los regímenes anteriores a la L.R.T., sólo requería la demostración de la imposibilidad del empleador de afrontar el pago por la causa que fuese, sin ser necesaria la prueba de su insolvencia.Adviértase que ni siquiera las disposiciones antes aludidas utilizan este término pidiendo solamente la «insuficiencia patrimonial».

Por lo tanto, si para que le Fondo de Garantía asuma las obligaciones del empleador autoasegurado es necesaria una declaración judicial, no se revela contrario a derecho que se excluyeran de sus obligaciones los intereses, las costas y los gastos causídicos.

Pero el artículo 34 de la ley 24.557 no se refiere a los empleadores autoasegurados, sino a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo en liquidación, proceso que se encuentra regulado por los artículos 50 y 51 de la ley 20.091 y que sólo requiere una mera intervención judicial o de control.

En efecto, el artículo 50 establece que la liquidación debe hacerse por los órganos estatutarios, sin perjuicio de la fiscalización de la autoridad de control y sólo si el asegurador no procediera a su inmediata liquidación o si la protección de los intereses de los asegurados lo requiere, la autoridad de control, «puede» solicitar del juez ordinario competente su designación como liquidadora. Y aún la liquidación forzosa es asumida por la autoridad de control. Obsérvese que los aseguradores no son susceptibles de ser declarados en quiebra, ni pueden recurrir al concurso preventivo (art. 51).

Por ende, si para la liquidación de una A.R.T.no es necesario un proceso judicial, no resultaba necesaria una reglamentación específica, similar a la del artículo 19 del Decreto 334/96, pues va de suyo que mal se pueden generar intereses, costas y gastos causídicos cuando la liquidación es llevada a cabo por la autoridad de aplicación.

Y esta interpretación, a mi modo de ver es la correcta, independientemente del derrotero judicial posterior de la ley 24.557, en tanto la habilitación de la vía judicial para los reclamos de los trabajadores afectados, a través de su reiterada declaración de inconstitucionalidad, no permite soslayar que el procedimiento de liquidación no requiere la intervención judicial y que aun cuando a través del mismo pudiese procurarse la reparación de enfermedades no nomencladas, esa situación ha sido atendida así sea en parte, por el Decreto 1278/2000 que creó el FONDO FIDUCIARIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, como herramienta para asistir al correcto funcionamiento del sistema de prestaciones previsto en la Ley Nº 24.557 (art. 13) y que debe ser aplicado al «… costo de las prestaciones otorgadas por enfermedades no incluidas en el listado previsto en el artículo 6, apartado 2 a) de la Ley Nº 24.557, aunque reconocidas como de naturaleza profesional, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 6, apartado 2 b) de la misma ley, hasta que resulten incluidas en el listado de enfermedades profesionales, se abonará exclusivamente con los recursos del Fondo creado por el presente Decreto.» (art. 14, inc.b).

Es obvio que la tramitación del pago de las prestaciones va a insumir un cierto tiempo, y que el acreedor en definitiva puede ver mermado el importe de su crédito lo que puede generar su derecho a cobrar intereses, pero esta situación no está contemplada en la convocatoria, la que da por supuesto que existe un proceso judicial en el que, por liquidación de la A.R.T., el crédito debe ser afrontado por el Fondo de Reserva.

El Fondo de Reserva fue creado para afrontar las prestaciones que no pudiesen ser abonadas por liquidación de una A.R.T. Se entiende, dentro de la economía de la norma, la que a tales fines no preveía la intervención judicial para disponer el pago de las prestaciones.

En todo caso, «de lege ferenda» podría introducirse alguna modificación legislativa o reglamentaria que atienda los eventuales accesorios de las prestaciones, pero ello no autoriza, repito, a extender las obligaciones del Fondo de Reserva, más allá de lo que fue previsto en origen.

Por ello doy mi respuesta negativa al interrogatorio formulado.

Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORíA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina:

«La responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación como Administradora del Fondo de Reserva previsto en el artículo 34 de la Ley de 26 Riesgos del Trabajo se extiende a los intereses y a las costas».

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, previa lectura y ratificación, por ante mí. Doy Fe.

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