Daño moral para el conductor del automovil con desperfectos de fabricación que por el accidente falleció un acompañante y otro sufrió lesiones.

Choque de autosPartes: R. O. c/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 4-dic-2015

Cita: MJ-JU-M-96017-AR | MJJ96017 | MJJ96017

El fabricante del automóvil debe responder por el daño moral reclamado por el conductor, que sufre un siniestro donde fallece uno de sus acompañantes y es herido un segundo, en tanto el accidente ocurrió como consecuencia de las fallas de fabricación del vehículo. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Según dispone el art. 1 de la Ley 24.240 en su actual redacción, tal ordenamiento normativo …tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario… ; y de seguido, al definir este último sujeto lo hace precisando que es aquel que es parte en una relación de consumo o que, sin serlo, …adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social… Esta definición se encuentra en lo normal asociada a una persona humana, aunque la ley también ha incluido a las personas jurídicas como eventuales consumidores o usuarios.

2.-El artículo primero de la Ley 24.240, en su redacción original, incorporó expresamente a las personas jurídicas como consumidoras o usuarias; aunque luego limitó tal inclusión respecto de aquéllas que contrataran …a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social… . Este concepto genérico fue nuevamente acotado a los específicos negocios que detalló en el párrafo siguiente. La reforma de la ley de Defensa del Consumidor dispuesta por la ley 26.361 amplió el concepto de usuario o consumidor al considerar como tal …a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social… .

3.-A su vez, la Ley 26.361 derogó el segundo párrafo del artículo 2 original de la Ley 24.240 que restringía el concepto en tanto descartaba tal calidad a …quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros . La actual redacción orienta nítidamente tanto el concepto de consumidor como el de usuario a su calidad de destinatario final del bien adquirido o el servicio recibido. Pauta que también es utilizada por el Código Brasileño de Defensa del Consumidor, que en su artículo segundo dispone que ‘Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final’. Resulta objetivamente claro, entonces, que las personas jurídicas pueden ser calificadas como consumidores. Así ha sido precisado por la ley, tanto en su actual redacción como en la anterior, que en su artículo primero indicaba como tal tanto a las ‘personas físicas’ como a las ‘personas jurídicas’ .

4.-Para que la calidad de consumidor pueda ser otorgada en los hechos, tanto el texto original de la norma como su redacción actual, requiere que tanto la persona física como la jurídica, adquiera o utilice …bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social… . Tal exigencia importaba (e importa), encuadrar como consumidor a la persona física que adquiera un producto o goce de se servicios con destino a un uso esencialmente privado; mientras que en el caso de las personas jurídicas, el acto podría ser interpretado como de consumo cuando los bienes o los servicios adquiridos no se relacionen de manera específica con el ciclo productivo o, dicho de otro modo, con su particular competencia profesional.

5.-La fórmula legal conserva el criterio amplio de considerar como consumidores a las personas físicas y a las jurídicas, en la medida que actúen fuera del ámbito de su actividad profesional, que en el caso de las últimas supone obrar fuera de su objeto social o giro comercial específico. Va de suyo que tal precisión, o con mayor propiedad, tal rasgo distintivo que excluye a la persona jurídica de la categoría de consumidor (el uso profesional del bien o servicio), provocó un debate sobre sus límites, los cuales aparecen más concretos al referirnos a personas físicas. Es que resulta más sencillo identificar el uso personal o doméstico del bien o servicio en una determinada persona física; mientras que para determinarlo en la persona jurídica es necesario conocer previamente su giro comercial o profesional para luego definir si la prestación tuvo por destino final a la empresa y si fue incorporado a su giro comercial o profesional, o a una función ajena a su objeto.

6.-Frente a la orfandad probatoria, cabe estar al curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 CCiv.), que lleva a concluir que una sociedad mercantil que por definición tiene por objeto …la producción o intercambio de bienes o servicios… (art. 1 ley 19.550, tanto en su redacción original como en la derivada de la Ley 26.994 ) adquiere bienes (en el caso un vehículo) para incorporarlo a su giro productivo y no para un consumo final.

7.-Cabe descartar la relación de consumo entre los demandados y la sociedad compradora, situación que no se es modificada al momento del accidente, cuando en aquel tiempo la camioneta era de propiedad de la sociedad y la víctima solo contaba con una autorización para conducirla.

8.-Aunque se intensifiquen las medidas técnicas de control y seguridad sobre los procesos de fabricación, no es descartable la existencia de un cierto porcentaje de productos que, sea por deficiencia del material utilizado para abaratar su costo, sea por ineficiencia de la mano de obra, entran en el proceso de comercialización en condiciones peligrosas para el consumidor. Cabría agregar a esta descripción de las posibles hipótesis que puedan dar por resultado un producto defectuoso la situación que aquí es debatida, cual es una falla en el diseño de cierta pieza de un automotor, la cual puesta en el mercado, sea como individualidad o como parte de un producto mayor o más complejo, genere un riesgo cierto pues su ulterior funcionamiento irregular puede provocar un daño concreto.

9.-Al referirse a productos elaborados , la doctrina los ha conceptualizado como las cosas muebles fabricadas o elaboradas, o sea aquellos que son el resultado de la transformación de otras cosas por la actividad del hombre aplicada a los mismos, excluyendo las materias primas de la agricultura tales como los productos del suelo, las crías de los animales y productos de la pesca.

10.-Las materias primas quedan excluidas del concepto de productos elaborados en la medida en que estas no hubieren sido sometidas a procesos de industrialización que pudieran tornarlos nocivos luego de una inicial transformación.

11.-Un producto podría ser considerado defectuoso o vicioso cuando presenta: defectos de diseño (o sea que ya en su concepción ha sido imperfecto); defecto de fabricación; defecto de conservación (que provocan que un producto apto deje de serlo); defecto de información o instrucción (la insuficiencia o ineficacia del instructivo que acompaña al producto acrecienten los riesgos de uso); defecto por publicidad engañosa (pues se le atribuyen cualidades que no posee lo cual puede generar un daño potencial al consumidor.

12.-Quien resulte responsable del daño que pudiera ser provocado por el producto vicioso, debe resarcir a quien ha sido el afectado. Como principio general, el deber genérico de no dañar establecido por el artículo 1109 del código civil así lo impone.

13.-La más moderna doctrina no ha limitado el deber del responsable a indemnizar a la víctima. También le es impuesto a aquel alertar al consumidor de inmediato una vez detectada la falla, y en su caso procurar el retiro del producto del mercado (tanto los que están puestos a la venta como aquellos que ya se encuentran en poder de su destinatario), a fin de diluir el peligro y evitar nuevos daños.

14.-Antes del dictado de la ley de defensa del consumidor, que encaró con mayor detalle este problema, la doctrina había intentado resolver situaciones como las que se plantean en la causa, donde quien se dijo afectado demanda al fabricante del automotor con quien no tuvo relación negocial directa y la doctrina encuadró el tema inicialmente en lo normado por la segunda parte del art. 1113 del CCiv., al entender que se estaba frente a un supuesto de responsabilidad extracontractual. En este caso comienza a jugar la noción de riesgo creado que genera una responsabilidad objetiva, en cuanto crea una presunción de culpa , aunque esta solución normativa se desdibuja al analizar la hipótesis de autos: que la víctima no hubiere tenido relación directa con el fabricante, lo cual aleja a este último de la condición de dueño o guardián de la cosa.

15.-La probabilidad no es lo mismo que la mera posibilidad. La probabilidad supone verosimilitud, fundada en apariencia de verdad. La posibilidad no puede ser la base de una sentencia condenatoria. La probabilidad sí puede serlo; fundar una condena a indemnizar, en atención a aquello que se muestra como cierto o verdadero.

16.-El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquél. Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinado que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas.

17.-La posible liberación del fabricante no puede llegar sólo por una demostración de su ausencia de culpa , sino por la comprobación de la ausencia de causalidad entre la cosa fabricada y el daño. Adviértase que toda la pugna probatoria entre las partes se plantea más en el plano de la causalidad que en el de la culpabilidad: el damnificado debe probar que su daño le ha sido causado por el vicio de fábrica presente en el producto elaborado que lo dañó, lo cual es definitivo para fijar la responsabilidad del fabricante más allá de la existencia de culpa. A su vez, éste último debe procurar acreditar que ha quedado rota la relación causal entre el daño y la cosa que aparentemente lo comprometía.

18.-La noción de daño moral se halla vinculada con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, en las afecciones legítimas o en la tranquilidad anímica, que no son equiparables ni asimilables a las meras molestias, dificultades, inquietudes, o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial.

19.-Si bien no ha sido producida prueba concreta, entiendo evidente que un conductor que sufre un accidente, sin ningún tipo de responsabilidad propia, y en el mismo fallece uno de sus acompañantes y es herido un segundo, padece por ese sólo hecho un agravio en sus sentimientos que justifica su reparación y tal injuria se ahonda si el mismo es condenado patrimonialmente por el hecho sin poder demostrar, por su desconocimiento oportuno, que su despiste y vuelco fue provocado por un hecho que le es ajeno, como lo fue la rotura de una pieza del rodado que tenía vicios constructivos, habiendo también cursar un proceso penal en donde fue acusado de homicidio culposo. Así, entiendo que en supuestos como el de autos la procedencia de la indemnización del daño moral no requiere de prueba concreta, pues la mera situación objetiva del actor lleva a presumir la existencia de un perjuicio extramatrimonial ( en el caso, se fijó una indemnización de pesos 100.000 ).

20.-El art. 40 de la Ley 24.240 dispone que el fabricante -entre otros- será responsable por el daño provocado al consumidor resultante del vicio de la cosa, y que sólo se liberará total o parcialmente si demuestra que la causa del daño le fue ajena; es decir que aquél se debe a culpa inexcusable de la víctima o al hecho de un tercero por quien no debe responder (del voto en disidencia del Dr. Juan José Dieuzeide).

21.-De la norma del art. 40 de la Ley 24.522 se desprende claramente que la responsabilidad es objetiva, como consecuencia de lo cual no cabe imponerle al consumidor la carga de probar que el vicio se debe a la culpa del fabricante, en tanto se encuentra incluida una obligación de seguridad (del voto en disidencia del Dr. Juan José Dieuzeide).

22.-Si bien con base en algún elemento incorporado a las actuaciones podría llegarse a suponer que el accidente pudo haber ocurrido por un desperfecto en el rodado, lo cierto es que el esquema probatorio se basa en hechos y circunstancias que, amalgamados, conducirán a una conclusión, conformando aquéllos el tipo de prueba denominada indiciaria. Y en este caso concreto, esos antecedentes no sólo no proporcionan la certeza absoluta, sino que tampoco tienen una conexión tan íntima como para despejar toda duda razonable, pues -como dije antes- también se desprenden de los expedientes que tengo a la vista otros indicios que demuestran que hubo un actuar descuidado o negligente del actor al momento del siniestro, que elevó el riesgo de que aquél se produzca (del voto en disidencia del Dr. Juan José Dieuzeide). N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 4 de diciembre de 2015, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “R. O. contra FORD ARGENTINA S.C.A. Y OTRO sobre ordinario”, registro n° 47177/2007 , procedente del JUZGADO N° 2 del fuero (SECRETARIA N° 3), en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Dieuzeide, Vassallo, Heredia.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Dieuzeide dijo:

1.- Que corresponde conocer en los recursos de apelación interpuestos:

Por las demandadas Ford Argentina S.C.A. en fs. 484 (fabricante) y A. Russoniello S.A. (concesionaria y/o vendedora) en fs. 493, y por el actor en fs. 486, contra la sentencia dictada en fs. 469/481 que admitió parcialmente la demanda. Los agravios fueron expresados en fs. 501/510 y fs. 525/527 por las primeras y en fs. 515/523 por el segundo y contestados por éste en fs. 531/533 y en fs. 529/530 respectivamente, y por Ford Argentina S.C.A. en fs. 535/541.

a) Los antecedentes del proceso fueron adecuadamente reseñados en la sentencia de la primera instancia, no obstante lo cual es oportuno tener presente que el objeto mediato de la pretensión del actor fue el de obtener la reparación de los daños y perjuicios “por la suma que resultare de losconceptos reclamados, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse.y del prudente arbitrio judicial” -con más intereses y costas-, que consideró derivados del “vicio de fabricación del vehículo.Ford Ranger.dominio DZK 690”.

Es de recordar, que González incluyó en su reclamo tanto los daños y perjuicios generados como consecuencia de la frustración del contrato de compraventa celebrado con la concesionaria (restitución del valor del vehículo actualizado más intereses por la inutilización del bien), cuanto los ocasionados a raíz del siniestro ocurrido el 6.12.03 -en el que falleció uno de los ocupantes (Galina) y se lesionó gravemente otro (Rueda)- contemplativos de “los gastos” incurridos por aquél y Diálogo Publicidad S.A. (adquirente del rodado y posterior cedente a su favor de “todos los derechos litigiosos.respecto del vehículo.dominio DZK 690”), de “las acciones legales” promovidas por los sucesores del fallecido y por Rueda, y del daño moral, en tanto el accidente “ocurrió como consecuencia de las fallas de fabricación del vehículo” (v. fs. 29/29v. apartado II y fs. 37/37v. apartado IV).

b) El señor juez “a quo” fundó sustancialmente su decisión en las siguientes consideraciones: I) Juzgó acreditada la rotura del palier en el momento del siniestro conforme acta de verificación labrada en la comisaría de Villa General Belgrano (v. sumario nro. 417/08), considerando corroborada esa conclusión con la declaración del Cabo 1° Carpegna allí brindada. El vicio de fabricación en tal pieza habría resultado de la confesión extrajudicial de la fabricante (c.p.c. 425; nota de mayo de 2006 y su reiteración por telegrama de noviembre de 2006), sin que obstara la explicación dada -campaña para revisar los vehículos por eventuales desperfectos-. Consideró además que configura una presunción contra Ford Argentina S.C.A. la no presentación de las especificaciones técnicas de fabricación de la pieza o del informe pericial privado (c.p.c. 163:5 y L.D.C. 53:3 párr. -texto según ley 26.361-); y -en los términos del c.p.c.386- expresó su convencimiento sobre la demostración del hecho constitutivo invocado por el actor (palier roto como consecuencia del reseñado vicio), eximiéndose de meritar el estudio metalográfico por no apreciarlo convincente -se produjo más de ocho años después del siniestro, sin individualizarse la pieza y consignándose la recepción del palier de la rueda trasera derecha-. II) Tras analizar los antecedentes de los autos acumulados “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios” -expediente nro. 112.527/04- y “Rueda Héctor A. c/ R. O. y os. s/ daños y perjuicios” -expediente nro. 106.012/2005- y el informe del ingeniero designado en este juicio nro. 47.177/07, y sin soslayar que la velocidad y el mal estado del camino tuvieron “un protagonismo relevante”, señaló que la rotura del palier causada en su vicio de fabricación es un hecho que “cabe presumir” sucedido “como consecuencia de.factores de marcha exigida” y que “decisivamente también debió haber influido en la provocación del vuelco”; descartando otra alternativa por no existir elemento o indicio en ese sentido y no ocurriéndosele “de qué forma el vuelco pudo haber dañado el palier”. Concluyó en que aquella rotura se produjo durante la marcha determinando la pérdida de control del vehículo, no obstante lo cual apreció razonable pensar que las consecuencias del accidente debieran haber sido menos trascendentes si el actor hubiera conducido dentro de los límites de la ley de tránsito y a una velocidad permitida, cuanto que de no haberse presentado el vicio “quizás” aquella pérdida y el posterior vuelco “no se hubiesen producido”. Juzgó entonces “prudente” la distribución de la responsabilidad en un 50% para cada uno de los hechos causantes (conducción de R. y falla en el palier). III) Enmarcó el caso como una relación de consumo (ley 24.240:1 y 2), expresando que aun pudiéndose presumir -sin prueba en contrario- que Diálogo Publicidad S.A.adquirió el vehículo para incorporarlo a un proceso productivo, es indudable que -al momento del siniestro- el actor -autorizado para conducirlo mediante certificación notarial del 6.5.02- estaba utilizándolo para su disfrute personal (arts. 1 y 3). Apreció coadyuvantes de esa conclusión, la cesión y transferencia de los derechos litigiosos respecto del rodado realizada -el 20.12.06- por la sociedad en favor del actor y el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la concesionaria, atribuyendo responsabilidad solidaria a la fabricante y a la vendedora -aunque en un 50%- por los daños y perjuicios derivados del vicio. IV) En cuanto a los rubros reclamados: A) Admitió en igual porcentaje el resarcimiento de los gastos por la reparación del vehículo, difiriendo su determinación para la etapa de ejecución de sentencia (c.p.c. 165, 502, 503, 504 y ccdtes.). B) Consideró indudable el padecimiento de un daño para el actor por la ausencia del rodado y -atendiendo a la responsabilidad atribuida- reconoció en tal concepto la suma de $ 10.000 (c.p.c. 165). C) Desestimó el reclamo por reintegro de gastos calificándolo genérico e indemostrado (c.p.c. 377 y 165:3); a más de apreciarlo un aspecto accesorio e integrativo de la sentencia (c.p.c. 163:8 y 68) y -en cuanto concernía a los causados en la sustanciación del proceso- de la condena en costas (c.p.c.77). D) Dispuso que las demandadas reintegraran al actor -una vez firme la sentencia dictada en los juicios promovidos en sede civil- el 50% de lo que aquél deba abonar eventualmente en función de la condena que le pudiere ser impuesta, por tratarse de un daño eventual (fallo apelado) y configurarse el supuesto de “sentencia abierta”; destacando además que la fabricante no refirió concretamente en qué consistió la invocada negligencia en la defensa y que el pronunciamiento dictado en aquellos procesos no aparecía derivado de una mala conducción procesal o de una deficiencia defensiva o probatoria -el no uso del cinturón de seguridad fue opuesto como argumento de resistencia y sustentó la concluida contribución de Galina y Rueda en la producción de los resultados dañosos y su incidencia en la cuantía de los perjuicios-. E) No habiendo sido el vicio de fabricación la causa exclusiva del siniestro, el daño moral no podía presumirse. Por ello, no existiendo prueba idónea a su respecto, desestimó su reparación. V) Tras admitir entonces parcialmente la demanda, impuso las costas a las demandadas vencidas (c.p.c. 68).

c) La fabricante, en sus agravios, criticó la sentencia invocando una equivocada apreciación de la prueba. Tras sostener como “punto clave” a dilucidar si el palier se rompió antes del accidente o como consecuencia de éste, señaló:

I) El pasarruedas dañado y la cubierta sin aire no implicaron que la pieza estuviera rota antes del vuelco, lo cual fue además demostrado con la pericia mecánica del 23.12.03. Excluyó también esa posibilidad el “funcionamiento normal” del tren trasero referido en la causa penal, resultando un error de apreciación judicial ponderar por sobre aquella prueba técnica la declaración de Carpegna -supuesta rotura del palier-; más aún cuando el informe de ingeniería producido en este juicio nro. 47.177/07 tampoco corroboró que aquélla hubiera causado el siniestro.Por ello, luego de negar confesión extrajudicial del vicio invocado e insistir en la realización de una campaña genérica para revisar los vehículos por eventuales desperfectos, apreció que existía una discrepancia entre la conclusión del experto -probable rotura del palier como consecuencia del vuelco- y la imposibilidad aludida por el sentenciante. II) Sustentándose en los antecedentes de estas actuaciones, de la causa penal y de los juicios civiles, cuestionó la atribución de responsabilidad en mitades. Fue probada la “exclusiva culpa” del actor en el accidente por su impericia, imprudencia y violación a la ley de tránsito (la “inadecuada” velocidad a la que circulaba quedó evidenciada por la “destrucción” de la camioneta, debiendo haber sido “considerablemente mayor” a la invocada por Rueda -80km/h.-), coadyuvando la distracción y el entretenimiento “(a los que posiblemente no fuera ajena la cerveza)” -más aun si se consideraban las malas condiciones de la ruta: camino de tierra con profundos huellones-. Asimismo, atendiendo al te stimonio de Prado (“buen estado” del vehículo antes del vuelco, su preparación “para.travesías y competencias todo terreno” y su participación en una de ellas “en la misma zona hacía pocos meses”), invocó como probable que R. -en el momento del siniestro- hubiera conducido con “la misma actitud y modalidad con que lo hacía en aquéllas”, afirmando además que el atribuido defecto -de haber existido- se hubiera exteriorizado previamente atento la sobreexigencia que ellas implican. Por lo demás, ni el actor (antes de esta demanda) ni sus acompañantes dijeron haber sentido la caída del vehículo en su sector trasero antes de los “tumbos” o escuchado ruido alguno en tal sentido, ni tampoco mencionaron otra causa del hecho distinta a la caída de aquél en una huella profunda y la posterior pérdida de dominio, vuelcos y despiste hacia la mano contraria; resultando la posterior afirmación de R. -“siente un ruido metálico y a continuación el vehículo se va de ‘cola’”- una invención oportunista e indemostrada.Apreció como corroborante de la responsabilidad del actor ciertas conclusiones de la sentencia civil (conducta “cuanto menos, negligente en tanto no cumplió con las precauciones que las circunstancias de tiempo y lugar le exigían”), e invocó la interrupción del nexo causal y la eximición de su responsabilidad por no existir concausa que le sea imputable.

III) Criticó la procedencia y cuantía de los rubros reconocidos. A) La decisión de Alzada en la cual se sustentó la admisión de la restitución del valor del vehículo “nada tiene que ver con el planteo formulado” para resistirla. Negada la existencia y legitimidad de la cesión celebrada entre la adquirente y el actor, éste incumplió su carga de probarla pese a ser el único que estaba en condiciones para hacerlo (c.p.c. 377). B) La “privación de uso” no fue aspecto mencionado en la demanda, por lo que su arbitraria admisión infringió las previsiones del c.p.c. 163:6 y el principio de congruencia, agraviando garantías constitucionales (debido proceso, defensa en juicio y tutela judicial efectiva). Supletoriamente, destacó la inexistencia de “mayores fundamentos” que justificaran su “quantum”, con mayor razón si se atribuyó una responsabilidad en un 50%. C) Fue improcedente la desestimación de la negligente defensa invocada. En el proceso “Rueda Héctor A. c/ R. O. y os. s/ daños y perjuicios” el actor no mencionó la falta de cinturón de seguridad ni compareció a las audiencias testimoniales allí fijadas, revelando un inadecuado control de la prueba. IV) Tampoco procedió la imposición de costas a cargo suyo y de la concesionaria.Frente a la distribución de responsabilidades por mitades, fue equivocado concluir en que las demandadas resultaron sustancialmente vencidas, por lo que -teniendo en cuenta la desestimación de tres de los cuatro rubros (uno de ellos, solo parcial) y soslayándose la privación de uso (no reclamada)-, solicitó fueran distribuidas un 30% a cargo suyo y de la concesionaria y el otro 70% de R.

d) El actor, por su parte, criticó el fallo por incongruente, contradictorio y violatorio de las previsiones del c.p.c. 163:6, sosteniendo que el sentenciante: I) No arribó a una justa compensación del daño, ya que si bien admitió la existencia de un vicio de fabricación, cuantificó la condena como si se tratara de culpa concurrente pese a que no tuvo intervención en tal proceso.

Sostuvo que el defecto resultó ser la única causa del accidente, y -aun entendiéndose lo contrario- podría haberse disminuido la responsabilidad de las demandadas en el resarcimiento por el siniestro, pero no en el valor de reposición del vehículo. II) Los alcances de la reparación del vicio fueron improcedentes. Aclaró haber reclamado por un lado la restitución y por otro los daños y perjuicios -éstos últimos divididos entre los causados por el accidente y el daño moral-, y criticó su tratamiento uniforme. La frustración del contrato -definida como la “utilización del vehículo en todo terreno.o simple utilización- no fue reconocida como daño, debiendo aquélla ser indemnizable independientemente mediante la reposición del bien o su valor actualizado; pues tal omisión y la reparación de la pieza resultaron inconsistentes con la sana crítica y el debido proceso.Tras considerar que la unidad fue adquirida 0 km., que no pudo utilizársela por diez años, que un automóvil reparado no se equipara a uno nuevo (carece de piezas originales), que pierde su valor de reventa, y que no fue probado que con la medida ordenada se igualarían las condiciones de un 0 km.; solicitó la reposición de un vehículo como el adquirido y “en buenas condiciones”. III) Fue improcedente la exclusión de la prueba metalográfica. Ese informe reveló el conocimiento del vicio que la fabricante tenía o debió tener; vislumbró un engaño y un daño evitables; y refirió el mal estado de la pieza y su fabricación con una calidad inferior a la permitida. Por lo demás, resistió la duda sobre el elemento peritado sosteniendo que, frente al ofrecimiento y consentimiento de aquélla por la demandada, el juzgador se extralimitó en su conclusión. IV) Este habría incumplido además su deber de fundamentar lógica y legalmente su decisión. A más de dejar de lado aquel informe, no ponderó las presunciones legalmente previstas pues soslayó las publicidades de Ford Argentina S.C.A. (unidad “preparada para enfrentar cualquier desafío” y de “utilización para todo terreno”), resultando incongruente que se le atribuyera responsabilidad cuando manejaba a una velocidad de entre 50 y 80 km/h. en un camino con huellas (para la camioneta en cuestión, un camino dificultoso no es causal de accidente en tanto se la adquiere precisamente para poder transitarlos). Por lo demás, durante el trámite de las causas “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios” y “Rueda Héctor A. c/ R. O. y os.s/ daños y perjuicios” no se conocía el vicio de fabricación, partiéndose de la premisa -ahora- “falaz” del buen estado del vehículo; no pudiendo en este juicio, en cambio, desconocerse que ese defecto fue la causa del vuelco ya que ni por las condiciones del terreno ni por la velocidad, se hubiera desembocado en tan trágico accidente de no haber existido aquél. V) La responsabilidad imputada -que apreció comprensiva únicamente de la reparación de los daños derivados del accidente- resultó improcedente. Su fundamento -arbitrario e injusto- se basó en antecedentes donde no pudieron evaluarse todas las circunstancias del siniestro

-desconocimiento del vicio y ausencia de inspección del vehículo-; no habiendo tampoco indicios sobre una mala maniobra, el consumo de bebidas, el exceso de velocidad -aspecto cuestionado al apelarse el fallo civil-, o la imposibilidad de transitar el camino por su mal estado, lo cual fue precisamente por confiar en las características de diseño publicitadas por la fabricante. Las conclusiones del sentenciante no derivaron entonces de hechos demostrados, y afectaron sus garantías pues demostrado el error de fabricación, no procede la compensación de culpas. VI) El daño moral fue rechazado infundadamente. No se diferenció el vicio del accidente en sí, mezclándose las culpas y responsabilidades y desestimándoselo íntegramente pese a la decidida culpa concurrente. Tras entender equivalente aquel perjuicio a los montos de condena de los juicios acumulados “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios” y “Rueda Héctor A. c/ R. O. y os. s/ daños y perjuicios”, solicitó la valoración de los “daños emocionales” como la pérdida de confianza en su manejo, la desconfianza de sus pares, la imputación de la muerte de un amigo y las lesiones de otro, apreciando su indemnización como una consecuencia inmediata del demostrado vicio que imponía su reconocimiento cuanto menos en el porcentaje pertinente.VII) Los omitidos intereses sobre las sumas condenadas debieron aplicarse conforme la tasa activa por resultar parte de la pretensión y de su justa recomposición. VIII) Luego de insistir en que la reparación de la pieza dañada resultó injusta e insuficiente, solicitó la elevación del reconocimiento por privación de uso invocando la aplicación de un criterio “ajustado a parámetros acordes a la realidad económica financiera del país”. Asimismo, cuestionó el rechazo de los gastos derivados del siniestro y del daño moral sosteniendo que “solo a través del mismo” podría recomponerse justamente su perjuicio y solicitando una cuantificación ajustada al valor de la condena civil que le fue impuesta.

e) La concesionaria, de su lado, criticó el fallo recurrido por cuanto: I) La cuestión resultó ajena a las previsiones de la ley 24.240 -adquisición del vehículo para su incorporación al negocio del comprador- por lo que fue improcedente extenderle responsabilidad por juzgársela derivada de un defecto en el producto; resultando además ilógica la posterior afirmación del sentenciante referida a un “uso con destino al disfrute personal”. La cesión de derechos en favor del actor no posibilitó tal inferencia ni la reconversión de la relación contractual originaria; y no siendo la titular registral de la unidad una agencia ni integrante del complejo de comercialización de automotores, es exorbitante pretender que responda por los sucesivos usuarios particulares adquirentes. II) No fue fehacientemente demostrada la falla del vehículo o de alguno de sus componentes en el evento dañoso. La concluida rotura del palier como causa del siniestro fue solo posible atento la sustracción de elementos procesales como la pericia técnica, en la cual nada se concluyó en tal sentido ni se refirió que dicha pieza estuviera rota; resultando inapropiada la aplicación de “una especie de teoría dinámica de la prueba” en tanto las partes no pueden sustituir aquélla.III) Cuestionó además la imposición de costas, la “elevada” regulación de los honorarios y la aplicación de la tasa activa sobre los montos de resarcimientos rec onocidos.

2.- Juzgo esclarecedor antes de examinar el fondo de la cuestión, establecer los hechos, antecedentes y elementos de prueba que considero relevantes para la resolución del presente conflicto.

a) En este juicio nro. 47.177/07:

I) El actor fundamentó su legitimación para demandar, por un lado con base en la cesión del 20.12.06 realizada a su favor por la titular registral de todos los derechos y acciones relacionados con el juicio “Diálogo Publicidad y otro c/ Ford Argentina S.C.A. s/ daños y perjuicios” causado en los vicios de fabricación de la Pick Up Ford Ranger dominio DZK 690, notificada a las demandadas en la mediación privada celebrada el 23.2.07; y, por otro, en la autorización para conducirla otorgada el 6.5.02 mediante instrumento con firmas certificadas, ratificado en su autenticidad por la otorgante.

Refirió que el 6.12.03 conducía a velocidad reglamentaria y sin carga dicha camioneta por el camino provincial a Yacanto cerca del cruce a Atos Pampa -Villa General Belgrano, Córdoba-, acompañado por Galina en el asiento delantero y por Prado y Rueda en la parte trasera; que aquélla volcó y quedó apoyada sobre el costado derecho; que como consecuencia del siniestro, el primero falleció, el último resultó gravemente herido y él y Prado salieron ilesos. Agregó que sintió un ruido metálico y a continuación el vehículo se fue de “cola”; y que intentó corregir la dirección de marcha sin éxito, y a los pocos segundos aquél dio vueltas sobre sí mismo.

Continuó diciendo que el accidente ocurrió por fallas de fabricación de la unidad, las cuales conoció mediante la nota del 17.5.06 y el telegrama del

21.11.06 remitidos por Ford Argentina S.C.A.Según constancias que tengo a la vista, el último -aludiendo a la “Campaña A5S01”- refirió que “En nuestros procesos de evaluación y control hemos detectado que resulta necesario el reemplazo de componentes del sistema de tracción trasero.”, solicitándose la realización de dichas tareas “a la brevedad” y “sin cargo” (fs. 24 y 232/234). En la primera se requirió una visita inmediata a cualquier concesionario Ford “para proceder al reemplazo de componentes del sistema de tracción trasero. sin.cargo”, señalándoselo como “preventivo y requerido para garantizar las condiciones de seguridad de manejo del vehículo” desde que “Salvo su reemplazo, es posible que dicho sistema pueda experimentar una falla en ciertas condiciones de manejo que pudieran ocasionar la pérdida de tracción y una potencial pérdida de control sobre el vehículo” (fs. 136).

Atribuyó así negligencia a las demandadas en la construcción, control y verificación del rodado, sosteniendo que la rotura del palier dejó sin tracción la rueda trasera izquierda, determinando su vuelco las huellas existentes en el camino; que las pericias efectuadas por la fabricante y un perito de parte comprobaron la falla en dicha pieza (“palier.roto.en un lugar donde en teoría hay una zona debilitada por defectos de fabricación”), surgiendo aquel vicio por la calidad de los materiales o por el diseño del anillo continente del seguro del rodamiento o por la forma de ese alojamiento o por el diámetro de aquélla, fisurándose inicialmente para luego romperse por los esfuerzos propios a que está sometida (fs.29/41).

II) Ford Argentina S.C.A., entre otras cuestiones, imputó al actor exclusiva responsabilidad en el accidente, apreciándola derivada de la impericia, imprudencia y distracción o entretenimiento -al que podría no haberle sido ajena la cerveza ingerida previamente- que provocaron la introducción de la rueda izquierda en el huellón, la pérdida absoluta de su dominio, su desplazamiento hacia la mano contraria y sus vuelcos.

Tras considerar que las meras condiciones de la ruta no provocan un siniestro, agregó que el peligro conocido de circular por caminos como el transitado por R., lo obligaba a extremar su cuidado en el manejo, el cual -en el caso concreto y atendiendo al estado de destrucción de la camioneta- consideró inapropiado.

Invocando la ausencia de efracciones en el suelo, descartó la rotura del palier como hecho previo al evento dañoso; aseverando que aun entendiéndose esto ocurrido, el vuelco no se hubiera producido y la destrucción de la unidad no hubiera sido tal si la velocidad hubiera sido acorde y reglamentaria. Agregó que aquella posibilidad quedó además excluida con el informe pericial presentado en el sumario; que la inexistencia anterior del invocado defecto pudo corroborarse con el testimonio de Prado en tanto la participación habitual en travesías todo terreno implicaba una sobre exigencia que necesariamente se hubiera exteriorizado previamente; y que ni el actor ni sus acompañantes manifestaron haber sentido -antes de los “tumbos”- ruido alguno o caída del vehículo en su sector trasero, ni alegaron causa del hecho distinta a su caída en una huella profunda del camino, resultando ser esta demanda un oportunismo de R. frente a las comunicaciones antes reseñadas que reconoció haberle remitido (fs.83/96).

III) La excepción de falta de legitimación activa liminarmente opuesta por la concesionaria fue finalmente rechazada por el tribunal de revisión, el cual sostuvo que el efecto directo de la cesión de derechos es la transmisión del -valga la redundancia- derecho objeto del contrato “cum omni sua causa”, habiendo comprendido la aquí celebrada -derechos litigiosos consecuencia de vicios de fabricación en el estado inicial de la causa- la facultad del cesionario de, en ocasión concreta de accionar, promover el reclamo contra todos aquellos considerados responsables de los daños y perjuicios invocados (fs. 166/168).

La demandada, luego, resistió el planteo por cuanto el bien fue adquirido por Diálogo Publicidad S.A. para su propio negocio, la venta realizada al actor no integró la cadena de comercialización, el hecho imputado resultó notoriamente ajeno a su actividad y la causa del accidente no fue la rotura del palier.

Finalmente, tras invocar la inaplicabilidad al caso de las previsiones de la ley 24.240, concluyó en que no cupo extenderle responsabilidad alguna en tanto el siniestro derivó de un defecto del producto -vicio oculto- (fs. 101/107).

IV) El informe de parte -formulado por el ingeniero mecánico Grattón el 1.6.06- dio cuenta de una fractura en dos partes del palier trasero izquierdo contigua al alojamiento de un anillo “seguer” y del comienzo de la falla con una fisura y su posterior propagación como respuesta a la tensión a la que estaba sometida la pieza (fractura “frágil”); agregando que su origen “puede deberse” al alojamiento para el anillo, no teniendo “datos para agregar” acerca de la calidad del proceso de fabricación de la pieza ni de los materiales utilizados (fs. 206/210).

V) La fabricante no remitió los antecedentes técnicos que determinaron las comunicaciones para reemplazar el palier, lo cual -en los términos del c.p.c. 388-, se tuvo presente (fs. 267). Tampoco facilitó las especificaciones técnicas de su fabricación (fs.375).

VI) Informada la recepción del palier en una sola pieza y sin su “plato” y la realización de un ensayo en un laboratorio especializado (fs. 375), tal informe reveló que: (i) fue recibida “la parte A, del lado del estriado que entra en el diferencial del eje trasero, correspondiente a la rueda derecha trasera del Vehículo Pickup Ford, Ranger.Dominio GXR-677” (v. foto de fs. 390 y fs. 392 apartado titulado “Material recibido para ensayar.”); (ii) un alto contenido de microinclusiones no metálicas en el material del palier significa un alto contenido de fisuras, que se agrandan por propagación durante el uso del vehículo hasta su “rotura catastrófica”, colapsando la pieza “instantáneamente”; (iii) el palier analizado tiene un nivel “microinclusionario” 4 (el máximo es 2), incumpliendo la calidad requerida para su fabricación y encontrándose incluso prohibida por cuanto se fisura durante el proceso de forjado; y (iv) el elevado número de microinclusiones constituyó el fundamento de la falla de la pieza, deduciéndose que “el origen de la causa de la rotura por fatiga del palier se debe al alto grado de oxidación de la colada con que se fabricó el acero” (fs. 390/413).

VII) Tras inspeccionar el vehículo, el perito ingeniero mecánico -en su informe de fs.425/432- refirió que el vuelco “aparentemente” se inició “recostándose” la camioneta “sobre su lateral izquierdo” para luego continuar su giro “impactando con el techo”; que la banda de rodamiento de los cuatro neumáticos estaba en buen estado de uso; que la rueda trasera derecha aparecía desinflada, apretada por la llanta y cuarteada (esto último, por el paso del tiempo) y la trasera izquierda se encontraba sobre la caja y desinflada (sin verificarse que hubiera reventado); y que en su lugar estaba la cañonera sin el palier (entregado para el ensayo), mostrando el rodado -fuera de los daños derivados del vuelco- un buen estado de mantenimiento.

Sustentándose en elementos de este proceso y de la causa penal y tras describir la “probable mecánica” del accidente, concluyó en que “no tiene elementos de juicio taxativos para determinar cuál fue la causa del vuelco, es decir, “si el rodado vuelca y como consecuencia del mismo se rompe el palier” o “si se rompe el palier y como consecuencia de dicha rotura el rodado vuelca”” (fs. 428 apartado f).

Agregó que es “técnicamente incierto o imposible” la determinación “precisa” de la velocidad de desplazamiento del vehículo; que no obstante, atendiendo a sus “características técnicas” y al informe pericial glosado en los autos “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios”, su uso al momento del accidente debe considerarse “absolutamente normal” “moderado y lógico”; que resulta entonces “altamente probable como motivo del vuelco, lo que se expresa en.las conclusiones del Informe Metalográfico.”, remitiéndose a este ensayo también en lo que se refiere a los motivos de rotura del palier; que para dete rminar el coeficiente de seguridad de tal pieza debió accederse al “pliego de fabricación”, lo que no pudo hacerse por no haber sido acompañado; y que las posibles maniobras de un conductor experto con un palier roto estarían limitadas por el factor sorpresa y la duración del evento.

Finalmente, frente a las impugnaciones formuladas por el actor (fs.434), mencionó la factibilidad de que un palier de características similares al estudiado se rompa durante el uso del rodado -ocasionando un accidente- o que pueda hacerlo con el vehículo en marcha en condiciones normales de clima y terreno (fs. 439).

b) Del Sumario nro. 417/03 instruido en la Comisaría de Distrito Villa General Belgrano (Córdoba), surge que:

I) El 6.12.03 Carpegna fue comisionado para constituirse en la zona rural de Atos Pampa camino Yacanto por un accidente automovilístico, constatando que a unos 3000 mts. al cruce a Atos Pampa -del lado Oeste del camino de tierra- estaba el vehículo dominio DZK 690 “apoyando el costado derecho.sobre el suelo con el frente orientado hacia el Norte”.

El denunciante señaló que -según manifestaciones de Prado- se dirigían hacia el campo La Escondida y “por las malas condiciones del camino” el conductor perdió el control del vehículo, saliendo despedido en contramano y dando vuelcos sobre sí mismo; que la ruta se encontraba “en malas condiciones de transitabilidad” con “huellas profundas.y.seco”; que no había frenadas pero sí “una derrapada con las ruedas traseras de la camioneta de unos siete metros aproximadamente a unos veinte metros de donde quedó el vehículo”; y que la rueda trasera izquierda estaba “desinflada y toda la campana de freno y llantas flojas como si hubiera una rotura en el extremo del palier” (fs. 1).

Sostuvo también que -según los acompañantes del conductor- el vehículo “no circulaba a gran velocidad”; que aquél perdió el control por “pisar unas huellas profundas”; y que momentos previos al siniestro “se encontraban.almorzando y bebiendo cerveza” (fs. 85, v. copia certificada de fs. 179 del expediente “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os.s/ daños y perjuicios”).

II) Prado, de su lado, expresó que el rodado circulaba “en forma lenta”; y que sintió que “se desplaza hacia la izquierda la caja y hacia la derecha la trompa, tratando el conductor.de enderezar[lo] con una maniobra en sentido contrario, no pudiendo.impedir el vuelco.” (fs. 15).

III) Rueda, por su parte, señaló que la camioneta circulaba a una velocidad “normal a unos cincuenta Km por hora”; y que “en momentos que venían conversando” sintió el desplazamiento de aquélla, coincidiendo con Prado tanto en lo que concernió a su forma cuanto a las maniobras intentadas por R. (fs. 16).

IV) En el “Informe Técnico Numérico” de la Policía de la Provincia de Córdoba -del 23.12.03- se detalló, entre otros, el “Daño” del “pasarruedas trasero izq.” (sic), dándose cuenta además de “Cubiertas del lado izq. Sin aire.-“, “Tren trasero En funcionamiento normal”, y unidad sin “ninguna adulteración” (fs. 48/49).

c) En los expedientes acumulados “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios” y “Rueda Héctor A. c/ R. O. y os. s/ daños y perjuicios”, tramitados ante el Juzgado Civil 71, que tengo a la vista en copias certificadas, se destacan como antecedentes relevantes, los siguientes:

I) En el primero -nro. 112.527/2004-, la cónyuge, hijos y madre de Galina demandaron a Diálogo Publicidad S.A. y a O. R. por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de aquél como consecuencia del accidente sufrido con el vehículo en cuestión.

En el segundo -nro. 106.012/2005-, hizo lo propio Rueda reclamando los daños y perjuicios provenidos de tal hecho.

En ambos juicios, los actores coincidieron -en rasgos generales- con la descripción dada en este proceso nro. 47.177/07 en cuanto a la mecánica y consecuencias del siniestro (fs. 5/20 y fs. 48/58, respectivamente).

II) La aseguradora citada en garantía opuso, en los dos juicios, defensa de falta de cobertura.En subsidio, resistió ambas demandas sosteniendo que a la ocurrencia del accidente contribuyeron dos factores: la falta de idoneidad o impericia de R. para conducir “en condiciones de notoria mayor exigencia que las que le impone una conducción urbana” y el estado del camino. Finalmente, señaló que la muerte de Galina derivó de su propia negligencia (no usaba cinturón de seguridad) (fs. 224/229 y fs. 112/118, respectivamente).

III) Los demandados, en la causa “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios”, invocaron como eximentes de su responsabilidad la imprudencia de Galina por la reseñada omisión y el mal estado de la ruta (fs. 330/339).

De su lado, en el juicio “Rueda Héctor A. c/ R. O. y os. s/ daños y perjuicios”, alegaron la autorización de conducción en favor de R. y atribuyeron la ocurrencia del siniestro a las malas condiciones del camino (fs. 125/139).

IV) De los testimonios brindados en ambos procesos -en cuanto aquí interesa- es de destacar lo siguiente:

A) Prado sostuvo que “el camino tenía una huella. bien pronunciada. era de tierra.”; que “irían a unos 50 km por hora.no era una velocidad exagerada”; y que “sintió que el vehículo comenzó a derrapar hacia la izquierda, Osvaldo corrige doblando hacia la derecha y ahí se produce una inclinación hacia la izquierda y el vehículo comienza a volcar.y a la vez gira.” (fs. 590/592 de los autos nro. 112.527/2004). Agregó que el estado del rodado antes del vuelco era “bueno”; que “era una camioneta preparada para hacer travesías y competencias todo terreno”; y que “R. les había comentado que había realizado una travesía todo terreno en la misma zona hacía pocos meses” (fs. 209/212 del juicio nro. 106.012/2005).

B) Rueda, de su lado, dijo que “en un momento el conductor mete la goma, el tren delantero izquierdo de la camioneta en una huella seca.y.pierde el control.y se produce el vuelco” pese las frustradas “maniobras desesperadas”; que la velocidad era “de aproximadamente ochenta kilómetros por hora, con un margen de error del veinticinco por ciento en más o en menos”; que “la aptitud de manejo de.R. era normal”; que en el almuerzo previo al siniestro “tomaron cerveza”, ingiriendo éste “un vaso”; que “el camino era de tierra.pedregoso.y en general.estaba en buenas condiciones [salvo] la huella.medianamente profunda”; y que “venían conversando, distraídos.animados, entretenidos en el momento previo del accidente” (fs. 442/446 del juicio “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios”).

V) Sustentado en los antecedentes de la causa penal y en la constatación del vehículo, el informe de ingeniería mecánica producido en ese juicio nro. 112.527/2004 reveló que aquél circulaba por una calle de tierra en mal estado; y que por las condiciones del camino, derrapó y volcó, aunque no iba -según los testigos- a gran velocidad (fs. 651).

VI) La sentencia de grado dictada en los expedientes acumulados (apelada por ambas partes), admitió parcialmente los reclamos sobre la convicción de que las conductas de R. (incumplimiento de precauciones exigidas y velocidad excesiva para las condiciones deficientes del camino) y de Galina (no uso del cinturón de seguridad) contribuyeron a la producción de los resultados dañosos (fs. 802/819 del juicio “Berretta Mónica E. y otros. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios” y copias certificadas de fs. 566/577 de los autos “Rueda Héctor A. c/ R. O. y os.s/ daños y perjuicios”).

3.- Señalo que en atención al modo en que fueron esbozadas las críticas ensayadas por los recurrentes, aprecio suficiente para decidir el mérito de la cuestión propuesta a juzgamiento la base reseñada precedentemente.

Por otro lado, preliminarmente y más allá de la forma o alcance con que aquéllas fueron introducidas, es de destacar que si bien los agravios refieren principalmente a la falta de valoración de ciertas pruebas o su incorrecta ponderación, lo cierto es que -tal como lo propició el señor juez de primera instancia y lo expuso concretamente la fabricante recurrente- el “thema decidendum” en este juicio reside básicamente en determinar cuándo ocurrió la rotura del palier, y si ésta se produjo por fallas o defectos estructurales de la pieza o por causa de la colisión o, si tal fractura sucedió luego de acaecido el siniestro y por consecuencia del mismo.

La solución sobre ese concreto aspecto determinará, en su caso, la procedencia -o no- de introducirse en los otros cuestionamientos que -por fuera de aquella particular situación- aluden al alcance y distribución de responsabilidades, a la ponderación de presunciones legales, a la procedencia y cuantificación de los rubros invocados, a la aplicación de intereses y a la imposición de costas.

Sin soslayar, por lo demás, en ninguno de los supuestos, que el examen de fundabilidad de aquéllos será efectuado teniendo en cuenta que los jueces no están obligados a seguir a los litigantes en todos y cada uno de sus planteos sino solamente en los que consideren pertinentes para la correcta composición y decisión del conflicto (C.S.J.N. Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271; 291; 390; 297:140; 310:970; etc.).

a) La reseña de ciertas pruebas producidas en el trámite de este proceso y en la causa penal permitirían vislumbrar a primera vista cierto desperfecto en la fabricación del palier de la camioneta siniestrada.Más esa primera perspectiva, no obstante, aparece luego desdibujada por circunstancias que -relacionadas con los mismos datos objetivos- desvirtúan una concreta afirmación.

I) En aquel sentido se pronunció Ford Argentina S.C.A. en la nota del 17.5.06 y en su posterior telegrama del 21.11.06 remitidos a la sociedad adquirente, oportunidades en las que -reitero- refirió la necesidad de reemplazar -preventivamente y para garantizar las condiciones de seguridad- componentes del sistema de tracci ón trasero frente a la posibilidad de experimentar una falla generadora de la pérdida de tracción y de una potencial pérdida de control sobre el vehículo (v. “supra” 2.a.I tercer párrafo).

Sin perjuicio de ello, aprecio destacables dos cuestiones que -como adelanté- les restarían contundencia como elementos determinantes del invocado defecto:

Fecha de firma: 04/12A/2)01D5 e un lado, la alusión formulada en la comunicación telegráfica que hizo referencia a cierta “Campaña A5S01” como sustentatoria de esa notificación.

Al respecto se manifestó la fabricante en su expresión de agravios al negar -tal como lo hizo además al contestar demanda- su confesión o reconocimiento extrajudicial respecto del defecto alegado, arguyendo la realización de una campaña genérica tendiente a revisar vehículos como los aquí involucrados -y fabricados durante determinado período- por eventuales desperfectos (v. “supra” 1.c.I y fs. 85 apartado IV.2).

B) Por otro lado, y como dato no menor y por lo tanto insoslayable, la falta de una afirmación rotunda sobre la circunstancia comunicada, refiriendo el contenido de aquellos avisos -más elocuentemente el de la mencionada nota del 17.5.02- a la posibilidad o probabilidad (“es posible”) de que el sistema de tracción trasero “pueda” experimentar una falla que “pudieran” ocasionar la pérdida de tracción y una “potencial” pérdida de control del vehículo (v.”supra” 2.a.I tercer párrafo).

II) Una exposición conjetural -y, por ende, carente de fuerza convictiva suficiente- se desprende del relato brindado por Carpegna en el sumario instruido en la comisaría de Villa General Belgrano, en el cual señaló que la rueda trasera izquierda estaba desinflada y la campana de freno y llantas se encontraban flojas “como si hubiera” una rotura en el extremo del palier (v. apartado 2.b.I anteúltimo párrafo).

III) El ensayo metalográfico oportunamente llevado a cabo, en principio, revelaría también un vicio en la fabricación del palier. En efecto: Tal informe de laboratorio dio cuenta de que la pieza analizada presentaba un nivel microinclusionario 4 que no solo incumplía la calidad requerida para su elaboración sino que, incluso, estaba prohibida por cuanto se fisuraba durante el período de forjado; concluyendo en que tal elevado número de microinclusiones constituyó el fundamento de su falla y en que “el origen de la causa de la rotura por fatiga del palier se debe al alto grado de oxidación de la colada con que se fabricó el acero” (v. “supra” 2.a.VI).

A) Esa afirmación, sin embargo, aparece -cuanto menos- insuficiente para considerarla sustento adecuado del denunciado vicio, pues las conclusiones allí arribadas comprenden el examen de cierta pieza que -según resulta del mismo ensayo- no corresponde al palier afectado o a aquel perteneciente a la camioneta involucrada en el siniestro: en el apartado titulado “Material recibido para ensayar.”, se dejó constancia de la recepción de una parte del palier correspondiente a la rueda trasera “derecha” del vehículo Pick Up Ford Ranger “Dominio GXR-677″, distinto -claro está- al de la pieza y unidad en cuestión -rueda trasera izquierda del dominio DZK 690- (v.”supra” 2.a.VI).

B) Aquel particular aspecto, por lo demás, aparece consentido por ambas partes dado que -sustanciado el contenido de tal análisis- ninguna de ellas formuló observación o aclaración alguna al respecto.

IV) Los antecedentes reseñados impiden por sí mismos concluir con absoluta convicción en la existencia de un vicio en la fabricación del rodado siniestrado, imponiéndose -frente a la duda razonable derivada de aquellos- una solución adversa al reclamo del actor sustentado precisamente, tal como lo expresó en su demanda, en ese invocado supuesto.

Empero, más allá de estas conclusiones -que podrían “prima facie” ser resistidas por aquél a tenor de los argumentos que las precedieron-, es dato incontrastable que -aún en la mejor de la hipótesis para el demandante- la existencia de un defecto de fabricación en la unidad no debe necesariamente ser tenida como causa del accidente aquí ocurrido, ya que tal relación de causalidad entre el invocado vicio y el daño de él derivado, debe ser razonablemente probada como condición de la atribución de responsabilidades a las aquí demandadas por tal hecho (v. mi voto en antecedente caratulado “Hernán Manrique S.A. c/ Ford Argentina S.C.A. y otro s/ ordinario” -expediente nro. 64.269/2007- y su acumulado -expediente nro.64.057/2007- del 11.3.14).

b) De tal modo, y contrariamente a las pretensiones de R., juzgo no lograda en este juicio la demostración reseñada; pues, los elementos objetivos incorporados al proceso durante su tramitación -no solo los derivados de éste sino también de los antecedentes de los relacionados que tengo a la vista- no aparecen suficientes para sustentar una conclusión o afirmación en aquel sentido.

I) El “informe técnico numérico” labrado por la Policía de la provincia de Córdoba algunos días después del accidente, detalló como elementos dañados -entre otros- el pasarruedas trasero izquierdo, refiriendo no obstante que el tren trasero se encontraba “en funcionamiento normal” y que la unidad no presentaba “adulteración” (v. “supra” 2.b.IV).

II) Por otro lado, es de recordar que el informe del ingeniero mecánico Grattón -perito de la parte actora que intervino años después del siniestro- dio cuenta de una fractura del palier trasero izquierdo en dos partes y del comienzo de una falla con una fisura y su posterior propagación por la tensión a la que aquél estaba sometido (fractura “frágil”). Mas al referirse a sus orígenes, solo señaló que “puede deberse” al alojamiento para el anillo “seguer” sin tener “datos para agregar” sobre la calidad del proceso de fabricación de la pieza ni de los materiales empleados para ello (v. “supra” 2.a.IV).

La potencialidad referida en el relato sobre la causa de la rotura y la ausencia de cualquier otra manifestación relacionada con la aptitud o cualidades del procedimiento y/o materias primas empleadas para fabricar la unidad, me eximen de ahondar en el análisis o ponderación de tal presentación.

III) Asimismo, en el informe de ingeniería elevado durante la sustanciación de los juicios acumulados nros.112.527/2004 y 106.012/2005, el experto -sustentándose en los antecedentes de la causa penal- no aludió como causa del siniestro a otra circunstancia distinta de la de las malas condiciones del camino por el que transitaba el vehículo (v. “supra” 2.c.V).

IV) Pero más allá de la reseña que antecede, juzgo como elemento determinante de la conclusión que señalé “supra” 3.a la pericia del ingeniero mecánico producida en el trámite de estas actuaciones. Liminarmente, es cierto que tras describir la “probable mecánica” del accidente sostuvo -valga la redundancia- “altamente probable” como motivos o causas del vuelco y de la rotura del palier lo expresado en “las conclusiones del Informe Metalográfico” (v. “supra” 2.a.VII tercer párrafo). Empero, esa expresión eventual se desdibuja frente a su rotunda y contundente conclusión -basada en los datos de este proceso y de la causa penal- de que “no tiene elementos de juicio taxativos para determinar cuál fue la causa del vuelco, es decir, “si el rodado vuelca y como consecuencia del mismo se rompe el palier” o “si se rompe el palier y como consecuencia de dicha rotura el rodado vuelca”” (v. “supra” 2.a.VII segundo párrafo).

No soslayo sus afirmaciones relacionadas con la imposibilidad de determinar el coeficiente de seguridad de la pieza -necesidad de accederse al “pliego de fabricación” no acompañado por la fabricante- ni las impugnaciones formuladas por el actor respecto del dictamen. Pero, más allá de haber sido la primera cuestión ponderada en el trámite de este juicio (v. “supra” 1.b.I y 2.a.V) y la segunda respondida oportunamente por el experto (v.apartado 2.a.VII “in fine”), lo cierto y relevante a mi juicio es que ninguna de ellas incide en aquella concreta y determinante conclusión a la que arribó el perito interviniente; la cual evidencia la anunciada indemostración o falta de prueba de relación causal alguna entre el invocado hecho y el pretendido daño, máxime cuando, como aquí aconteció, ese trascendente dictamen pericial aparece ajustado a las previsiones dispuestas por el c.p.c. 472.

En efecto, para la ponderación de su valor probatorio, tal norma impone al experto determinadas pautas de contenido, tales como la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se fundó. En otras palabras, el peritaje no puede constituir una mera opinión del auxiliar, prescindible del necesario sustento científico. Pues un dictamen carente de fundamentación adecuada y suficiente -a más de ser susceptible de impugnaciones y pedidos de explicaciones- resulta, en definitiva, pasible de ineficacia probatoria (Scolarici G.M., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, dir. Highton E.I.-Areán B.A., t. 8, art. 472, p. 488/489, ed. 2007).

En tal escenario, las conclusiones del experto deben ser convincentes como consecuencia lógica de sus fundamentos y motivaciones de modo que, si al apreciar el dictamen, el juez lo entiende poco claro y sin sustento, no podrá otorgarle la eficacia indispensable para dar convicción sobre los hechos controvertidos. Por lo demás, debe existir un orden también lógico en el dictamen ya que -tal como sucede con toda prueba- si aparece contraria a máximas de experiencia común, a hechos notorios, a principios elementales de lógica o al orden natural de las cosas, debe descartárselo como elemento probatorio por tales deficiencias; y las plenas facultades del magistrado para apreciarlo no pueden ejercerse con discrecionalidad, pues para apartarse de sus conclusiones debe suministrar razones muy fundadas.Es que, aun cuando las normas procesales no le acuerden el carácter de prueba le gal, es evidente que siempre que sea necesaria una apreciación específica acerca del campo del saber del perito para desvirtuarlo, es imprescindible aportar elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o en el inadecuado uso que hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que por su profesión o título habilitante, necesariamente ha de suponérselo dotado; pues si bien el juez es soberano al sentenciar en la apreciación de los hechos, dentro de los que se encuentran los que surgen del informe pericial, para apartarse de las conclusiones de éste debe aducir razones de entidad suficiente -esto es, muy fundadas- en tanto el conocimiento de aquél es ajeno al del hombre de derecho. En conclusión, la naturaleza de la prueba pericial no constriñe al magistrado a aceptarla necesaria o ciegamente, mas -al igual que lo que ocurre con las restantes y dentro del régimen de la sana crítica imperante en nuestro sistema procesal-, para su apreciación dispone de un margen de libertad en la interpretación y valoración de todos y cada uno de los elementos incorporados al proceso en tanto no caiga en una actitud arbitraria o sólo sustentada en un capricho personal (Areán B.A., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, dir. Highton E.I.-Areán B.A., t. 8, art. 477, p. 544/553, ed. 2007).

V) En este marco, apartándome de las conclusiones del señor juez de grado y de su convencimiento formulado en los términos del c.p.c. 386 (v. “supra” 1.b), juzgo que los informes periciales presentados -particularmente el elevado por el ingeniero mecánico designado en este juicio nro.47.177/07- aparecen suficientemente fundados; por lo que su manifiesta imposibilidad de determinar concretamente la causa del vuelco (“si el rodado vuelca y como consecuencia.se rompe el palier” o “si se rompe el palier y como consecuencia.el rodado vuelca”; v. “supra” 2.a.VII segundo párrafo) impide concluir con razonable certeza que el accidente se haya producido exclusivamente por los defectos del palier ni que tal pieza se haya roto con anterioridad al vuelco y que fuera entonces su causa.

A) Ello, más aún cuando los elementos o antecedentes de este juicio o de las causas relacionadas que vislumbraron una situación contraria o en sentido diverso del enunciado -esto es, que aquella fractura fue la causa del siniestro- lo hicieron dentro del marco de lo conjetural (v. apartado 3.a precedente).

B) Y sin que a lo dicho obsten, insisto, las comunicaciones remitidas por la fabricante mediante nota del 17.5.06 y telegrama del 21.11.06 referidas -como lo expuse antes- a la necesidad de reemplazar preventivamente y para garantizar las condiciones de seguridad, componentes del sistema de tracción trasero frente a la posibilidad de experimentarse una falla y la consecuente pérdida de tracción y -potencialmente- de control sobre el vehículo.

Pues, a más de las circunstancias que ponderé “supra” 3.a.I, es dato relevante y determinante -y, por ende, cuanto menos en mi opinión prevaleciente por sobre cualquier otro elemento- la reseñada falta de prueba acabada de que la rotura del palier haya antecedido al accidente y resultara su causa. En este sentido, recuérdese, aprecié fundado y eficaz el dictamen pericial, otorgándole aptitud probatoria suficiente a las conclusiones del experto en cuanto a la reiterada inexistencia de “elementos de juicio taxativos para determinar cuál fue la causa del vuelco” (v. “supra” 2.a.VII.segundo párrafo) y su consecuente imposibilidad de aseverar con un grado de probabilidad razonable la ocurrencia de aquella fractura como previa al siniestro.

C) Por lo demás, atendiendo a la naturaleza de la cuestión debatida y a las circunstancias que -en el caso particular- podrían haber generado o incidido en el origen del hecho alegado, no es dato menor el testimonio brindado por Prado en el trámite de los juicios acumulados en cuanto refirió que la unidad “era una camioneta preparada para hacer travesías y competencias todo terreno”, habiéndoles R. “comentado que había realizado una travesía todo terreno en la misma zona hacía pocos meses” (v. “supra” 2.c.IV.A).

La declaración, por cierto no cuestionada ni impugnada por las partes, revela -tal como lo expresó la fabricante al expresar sus agravios (v. “supra” 1.c.II)- que antes de la ocurrencia del siniestro, el vehículo fue expuesto a una sobreexigencia en su uso. Debe considerarse como hecho público y notorio (v. Couture E., “Fundamentos del derecho procesal civil”, nro. 150, p. 232, ed.1993) que tal redoblado esfuerzo caracteriza o resulta atribuible a aquel tipo de competiciones, por lo que no resultaría irrazonable pensar que sometida la camioneta a tal utilización extrema, el alegado defecto de la pieza -sindicado por el actor como causa del hecho dañoso- debió haberse exteriorizado en esa situación, donde las condiciones de conducción y transitabilidad del rodado importaban -insisto- una mayor exigencia en su funcionamiento.

VI) Sobre la base de las consideraciones expuestas, juzgo que no se encuentra debidamente demostrado que la falla denunciada (defecto o vicio de fabricación) fuera la causa del accidente sufrido por la camioneta en cuestión.

4.- Desde otra perspectiva, es de resaltar que el actor también invocó responsabilidad de la fabricante demandada en los términos previstos por la ley 24.240:40.

a) Liminarmente, resalto que la solución que adoptaré en el juicio

-desde ya adelanto adversa a las pretensiones del demandante- me eximen de ahondar en el agravio expresado por la concesionaria con referencia a la inaplicabilidad al caso de las previsiones de la ley de Defensa del Consumidor; el cual, por cierto, aparece además insuficiente en los términos previstos por el c.p.c. 265.

b) Hecha tal salvedad, es de recordar que el citado art. 40 dispone que el fabricante -entre otros- será responsable por el daño provocado al consumidor resultante del vicio de la cosa, y que sólo se liberará total o parcialmente si demuestra que la causa del daño le fue ajena; es decir que aquél se debe a culpa inexcusable de la víctima o al hecho de un tercero por quien no debe responder.

De tal norma se desprende claramente que la responsabilidad es objetiva, como consecuencia de lo cual no cabe imponerle al consumidor la carga de probar que el vicio se debe a la culpa del fabricante (Monti J.L., “Esbozo sobre el daño resarcible en el derecho comercial-Presupuesto y aplicaciones”, en Derecho de Daños -V parte-, ps. 198 y 224, ed.2002) en tanto se encuentra incluida una obligación de seguridad (esta Sala, 21.6.06, “Larche Isabel c/ Inter-Rep S.R.L.”).

I) Sin soslayar nada de lo dicho “supra” 3, desde la hipótesis que más beneficiaría al actor -esto es, considerar que R. demostró el vicio de la cosa que invocó- y aun considerando que las pruebas aportadas darían cuenta de tal defecto o falla de fabricación como eventual causa del accidente, lo cierto es que las conclusiones en ellas arribadas no despejan todo tipo de dudas -o toda duda razonable- sobre tal aspecto.

Tampoco omito considerar los reseñados avisos de la fabricante mencionando la necesidad del reemplazo de componentes del sistema de tracción trasero frente a la posible existencia de fallas en ciertas condiciones de manejo y su potencial peligro (v. “supra” 2.a.I tercer párrafo). Mas, esas notificaciones fueron realizadas con posterioridad al accidente e incluso ya transcurridos cuatro años -y algunos meses más en el caso del telegrama- después de adquirido el vehículo por parte de la sociedad compradora.

II) Por otro lado, dentro del marco en que debe analizarse -según lo antes dicho- la relación jurídica entre la fabricante y el adquirente (en el caso Diálogo Publicidad S.A., posterior cedente a favor del actor en los términos señalados “supra” 2.a.I), juzgo aquí configurado un supuesto de eximición de responsabilidad, considerando demostrado por la defensa que la causa del daño le fue ajena sea en virtud de la culpa del actor (que era su conductor) o de condiciones externas que incidieron en el hecho dañoso pero que no le son imputables. Corroboran tal conclusión las distintas declaraciones testimoniales brindadas en el sumario instruido inmediatamente después del siniestro y en el tramite de los procesos acumulados.A) Carpegna refirió que -según relato de Prado- la pérdida de control del vehículo se originó por “las malas condiciones del camino” y por “pisar” aquél “unas huellas profundas”; circunstancia ésta que ratificó el propio declarante al sostener que la ruta estaba “en malas condiciones de transitabilidad” con “huellas profundas” y “seco” (v. “supra” 2.b.I segundo párrafo).

B) Prado, por su parte, aludió a la existencia de una “huella. pronunciada” en el camino de tierra y al desplazamiento de la camioneta e intento de su conductor de enderezarla “con una maniobra en sentido contrario” (v. “supra” 2.b.II y 2.c.IV.A).

C) En igual sentido se expidió Rueda, quien señaló que R. “mete la goma, el tren delantero izquierdo.en un huella seca.y pierde el control.y se produce el vuelco” pese a sus frustradas “maniobras desesperadas”; y que aquella circunstancia ocurrió “en momentos que venían conversando” pues previamente al accidente “tomaron cerveza” (el conductor “un vaso”) y “venían.distraídos.animados, entretenidos” (v. “supra” 2.b.III y 2.c.IV.B).

D) No soslayo el aspecto relacionado con la velocidad a la que el actor habría conducido el vehículo al momento del siniestro, ni las conclusiones contrapuestas arribadas en tal sentido.

El perito interviniente, por un lado, indicó “técnicamente incierto o imposible” su determinación “precisa” pero, atendiendo a las “características técnicas” y a la pericia glosada en los autos “Berretta Mónica E. y os. c/ Diálogo Publicidad S.A. y os. s/ daños y perjuicios” (basada, a su vez, en dichos testimoniales), consideró un uso de la camioneta “absolutam ente normal” “moderado y lógico” (v. “supra” 2.a.VII tercer párrafo y 2.c.V). Los testigos también señalaron que aquélla “no circulaba a gran velocidad” (relato de Carpegna referido por los acompañantes del conductor; v. “supra” 2.b.I “in fine”), que lo hacía “en forma lenta” “normal” a “unos 50 km por hora” (manifestaciones de Prado -v.”supra” 2.b.II y 2.c.IV.A- y de Rueda -v. “supra 2.b.III) u “ochenta kilómetros por hora, con un margen de error del veinticinco por ciento en más o en menos” (dichos de Rueda; v. “supra” 2.c.IV.B).

Por su parte y en discrepancia con esas afirmaciones, la señora juez de grado interviniente en los procesos civiles sustentó la admisión parcial del reclamo en la conducta negligente que le atribuyó a R. -incumplimiento de las precauciones exigidas por las circunstancias de tiempo y lugar-, y en la excesiva velocidad con que conducía la unidad a tenor de las condiciones de transitabilidad del camino.

No obstante la reseñada discordancia sobre la cual no abriré juicio, lo cierto es que la conclusión que adelanté “supra” encuentra su principal y autosuficiente argumento en los antecedentes reseñados en los apartados 4.b.II.A, B y C que preceden; sin que a aquélla obste circunstancia alguna relacionada con la cuestión aquí mencionada.Máxime, si se tiene en cuenta que las apreciaciones vertidas por la sentenciante civil en el concreto aspecto aquí analizado, aparecen enunciadas como un juicio de valor u opinión propio de aquélla que -en mi parecer- no puede considerarse -a primera vista- respaldado por evidencia alguna.

III) Sin perjuicio de ello, las demás circunstancias expuestas -que, conforme lo dicho, pueden resumirse en malas condiciones del camino, realización de maniobras bruscas y desatención en el manejo- coadyuvan a concluir en el sentido que adelanté “supra”, justificando en el caso concreto la eximición de responsabilidad en los términos que, inicialmente, propició el actor.

IV) Asimismo, una vez más, es de destacar que -también por hipótesis-, si la pericia de ingeniería mecánica o cualquier otro elemento o dato objetivo incorporado a este juicio o a las causas acumuladas, revelaran una potencialidad dañosa del defecto con aptitud suficiente para responsabilizar a las demandadas en los términos de la citada ley 24.240:40, lo cierto y determinante es que -a mi entender- no se logró acreditar suficiente ni razonablemente el nexo causal entre la falla y el daño sufrido por el actor, sino que -tal como lo esbocé anteriormente y seguiré desarrollando a continuación- puede tenerse por acreditada una culpa de la víctima que, en consecuencia, hace jugar la parte final de la citada norma.

Es que, aun en el caso de considerarse que no se alcanzó la solidez necesaria que vislumbre un estado de certeza pasible de afirmar que el resultado fatal es objetivamente imputable al obrar descuidado del actor, son relevantes y contundentes -insisto- las conclusiones arribadas por el ingeniero mecánico en los términos indicados “supra” 2.a.VII segundo párrafo (“no tiene elementos taxativos para determinar cuál fue la causa del vuelco”); resultando cualquier otro antecedente alusivo al vicio como posible causa del siniestro una exposición genérica, sin determinación precisa sobre la oportunidad o momento concreto de la rotura del palier y, por lo tanto, sostenida sobre un sustento meramente conjetural.

En definitiva -y dicho deotro modo- si bien con base en algún elemento incorporado a las actuaciones podría llegarse a suponer que el accidente pudo haber ocurrido por un desperfecto en el rodado, lo cierto es que el esquema probatorio se basa en hechos y circunstancias que, amalgamados, conducirán a una conclusión, conformando aquéllos el tipo de prueba denominada indiciaria. Y en este caso concreto, esos antecedentes no sólo no proporcionan la certeza absoluta, sino que tampoco tienen una conexión tan íntima como para despejar toda duda razonable, pues -como dije antes- también se desprenden de los expedientes que tengo a la vista otros indicios que demuestran que hubo un actuar descuidado o negligente del actor al momento del siniestro, que elevó el riesgo de que aquél se produzca (v. Leguisamón H., “Las presunciones judiciales y los indicios”, cap. IX. A, p. 92, ed. 1991; De Diego J.A., “Cómo bajar el costo laboral con los tickets” cap. I, nro. 2, p. 8, ed. 1996, y considerandos del D. 592/95).

V) En razón de ello, y no habiéndose acreditado debidamente el nexo de causalidad, admitiré los agravios expresados por las demandadas respecto a la procedencia del reclamo en sí mismo y a la valoración de la prueba formulada en tal sentido, revocando la sentencia apelada con el alcance de rechazar totalmente la demanda. Considero no obstante que las costas de ambas instancias deben ser impuestas por su orden en tanto, por las particularidades del caso y de las circunstancias que se sucedieron a su respecto, el actor pudo creerse objetivamente con derecho a peticionar del modo en que lo hizo (c.p.c.68 segundo párrafo).

5.- La solución que antecede me exime de analizar tanto las restantes críticas formuladas por la defensa cuanto las quejas introducidas por R.

6.- Por todo lo expuesto, normas y doctrina judicial y de los autores citadas, si mi voto es compartido propongo al acuerdo admitir los agravios expresados por las demandadas respecto a la procedencia del reclamo en sí mismo y a la valoración de la prueba formulada en tal sentido, revocando la sentencia apelada con el alcance de rechazar totalmente la demanda. Con costas de ambas instancias por su orden en tanto, por las particularidades del caso y de las circunstancias que se sucedieron a su respecto, el actor pudo creerse objetivamente con derecho a peticionar del modo en que lo hizo (c.p.c. 68 segundo párrafo).

El señor Juez de Cámara, doctor Gerardo G. Vassallo dijo:

I. Conforme el sorteo efectuado oportunamente, me ha sido asignado pronunciarme en segundo término en el marco de este Acuerdo.

Analizadas en profundidad las constancias de la causa, como de aquellas que han sido ofrecidas como prueba, he llegado a una conclusión distinta a la que propone mi colega el señor Juez Dieuzeide.

La complejidad de la causa y lo opinable de algunas cuestiones puestas a debate, me han llevado a demorarme algo más de lo deseado (dos meses desde la llegada a esta vocalía). Por ello pasaré directamente a considerar los puntos que entiendo trascendentes, evitando extenderme en aspectos que no siento relevantes y de imprescindible atención para dictar un voto integral y fundado (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 278:271; 287:230; 294:466; etc.; esta Sala, 13.10.2006, “Paramen c/ Rutilex Hidrocarburos S.A. s/ ordinario”).

II. Como bien apuntó el vocal preopinante, el señor O. R., dedujo demanda contra Ford Argentina SCA y la concesionaria A. Russoniello S.A. por los daños y perjuicios que alegó haber sufrido como consecuencia de los atribuidos vicios de fabricación del vehículo Pick Up Ford Ranger, dominio DZK 690.Apunto aquí que la legitimación que invoca Rodriguez se apoya en la cesión de derechos que concretó en su favor la sociedad Diálogo Publicidad S.A., propietaria del vehículo, instrumentada mediante escritura del 20.12.2006.

Como bien fue reseñado por el colega que me precedió en el voto, el actor sufrió un accidente automovilístico el 6.12.2003 cuando conducía el referido vehículo, acompañado por tres personas, por un camino de tierra (el camino provincial Yacanto, en la provincia de Córdoba), cuando sorpresivamente vuelcan, lo cual genera el fallecimiento de uno de los transportados (señor Galina) y lesiones graves en otro (el señor Rueda). Hecho que al momento no se encuentra controvertido.

La cuestión litigiosa finca en que el actor invoca como causa del evento a la rotura de un elemento esencial del rodado (palier trasero izquierdo de la camioneta), el cual fue posible por la fabricación defectuosa de tal producto.

De su lado, Ford Argentina SCA negó tal vicio de elaboración, y negó que el vehículo se hubiera despistado por la rotura sorpresiva del palier, el cual bien pudo haberse fracturado como consecuencia del violento vuelco que sufrió la camioneta. Además, con sustento en lo decidido en sendas causas civiles, mediante las cuales los deudos del fallecido y el lesionado reclamaron indemnizaciones a R., la terminal automotriz atribuyó el accidente a la conducción temeraria del actor y a cierta ingesta alcohólica.

De su lado A. Russoniello S.A., concesionaria que vendió el vehículo 0km a Diálogo Publicidad S.A.opuso, en lo que aquí interesa, defensa de falta de legitimación para obrar, al negar no sólo la aplicación al caso de la ley de defensa al consumidor, sino también que el actor integre la cadena de comercialización.

Como fue adelantado por mi colega, la sentencia de primera instancia admitió parcialmente la demanda y condenó a ambas demandadas a abonar al actor parte del resarcimiento perseguido, al atribuirle a este último un 50% de culpa concurrente y a negar algunos de los rubros pretendidos.

Para así concluir entendió que la rotura del palier se produjo en el momento del accidente, y que fue ella la que provocó el vuelco y los infortunios y daños consecuentes. Es que la fractura de la pieza fue la que determinó que el conductor perdiera el control del rodado; sin embargo el sentenciante entendió que la excesiva velocidad que R. le impuso a la camioneta agravó las consecuencias del despiste.

En cuanto al resarcimiento pretendido entendió acertado reconocer: a) cierta suma, cuya determinación difirió para la etapa de ejecución de sentencia, en concepto de restitución del valor del vehículo. En rigor lo concedido como indemnización por este rubro fue el dinero necesario para reparar el rodado y dejarlo en perfectas condiciones de uso. b) La cantidad de $ 10.000 en concepto de privación de uso, ello en cabeza de ambos demandados teniendo en cuenta la existencia de culpa concurrente; y c) La obligación de restituir el 50% de la condena, que le corresponda abonar al actor por las demandas sufridas como consecuencias del siniestro.

De su lado, rechazó el pedido de reembolso de gastos causídicos y el daño moral pretendido.

III.Todas las partes apelaron la sentencia.

a) El actor, por cuanto consideró que no existió culpa concurrente alguna.

Para así postularlo, sostuvo que al momento del suceso conducía a velocidad reglamentaria, siendo el defecto de fabricación la única causa del accidente.

Además se agravió de los alcances de la reparación que le fue reconocida por entenderla exigua.

b) La concesionaria reiteró las defensas opuestas en su tiempo, particularmente en punto a la inaplicabilidad de las disposiciones de la ley 24.240, amén no haber sido demostrado de modo eficiente el defecto constructivo del vehículo.

c) Ford Argentina SCA también impugnó el fallo al entender que se encontraba debidamente probada la exclusiva culpa del actor en la producción del evento.

En subsidio criticó la procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios reconocidos.

IV. Resulta evidente que la sustancia del conflicto finca en determinar si el palier izquierdo se fracturó por defectos de fabricación y si ello ocurrió inmediatamente antes del despiste, siendo entonces tal rotura su causa.

En tanto la sentencia concluyó que tal pieza fue la causa del vuelco, cabría iniciar este voto analizando el recurso deducido por Ford Argentina SCA.

Empero entiendo útil, a fin de desbrozar cuestiones que aparecen, en principio, accesorias al tema de fondo, conocer en primer término la apelación planteada por A. Russoniello S.A., pues definir si es aplicable al caso la ley 24.240 también determinaría si aquella es pasible de condena.

a) Aplicabilidad en el caso, de las disposiciones de la ley de Defensa del Consumidor.

La sentencia de primera instancia consideró aplicable al sub lite las disposiciones de la ley 24.240, al sostener que si bien el titular del rodado era Diálogo Publicidad S.A. y que “.a falta de prueba en contrario, cabría presumirse que dicha sociedad adquirió dicho bien para su incorporación a un proceso productivo, .no caben dudas que al momento del siniestro que motiva este reclamo el actor estaba haciendo uso con destino al disfrute personal del rodado (art. 1 y 3 LDC).” (fs.477).

No comparto la conclusión del fallo.

Según dispone el artículo 1 de la ley 24.240 en su actual redacción, tal ordenamiento normativo “.tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario.”; y de seguido, al definir este último sujeto lo hace precisando que es aquel que es parte en una relación de consumo o que, sin serlo, “.adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.”.

Esta definición se encuentra en lo normal asociada a una persona humana, aunque la ley también ha incluido a las personas jurídicas como eventuales consumidores o usuarios.

Cabe aquí transcribir el voto que emití en la causa “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa”, donde desarrollé este tema.

Allí dije que “.El artículo primero de la ley 24.240, en su redacción original, incorporó expresamente a las personas jurídicas como consumidoras o usuarias; aunque luego limitó tal inclusión respecto de aquéllas que contrataran “.a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social.”.

“Este concepto genérico fue nuevamente acotado a los específicos negocios que detalló en el párrafo siguiente. La reforma de la ley de Defensa del Consumidor dispuesta por la ley 26.361 amplió el concepto de “usuario o consumidor” al considerar como tal “.a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.”.

A su vez derogó el segundo párrafo del artículo 2 original que restringía el concepto en tanto descartaba tal calidad a “.quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”.

“La actual redacción orienta nítidamente tanto el concepto de consumidor como el de usuario a su calidad de destinatario final del bien adquirido o el servicio recibido.Pauta que también es utilizada por el Código Brasileño de Defensa del Consumidor, que en su artículo segundo dispone que ‘Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final’. Resulta objetivamente claro, entonces, que las personas jurídicas pueden ser calificadas como consumidores. Así ha sido precisado por la ley, tanto en su actual redacción como en la anterior, que en su artículo primero indicaba como tal tanto a las ‘personas físicas’ como a las ‘personas jurídicas’”.

“Pero para que tal calidad pueda ser otorgada en los hechos, tanto el texto original de la norma como su redacción actual, requiere que tanto la persona física como la jurídica, adquiera o utilice “.bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.”. Tal exigencia importaba (e importa), encuadrar como “consumidor” a la persona física que adquiera un producto o goce de se servicios con destino a un uso esencialmente privado; mientras que en el caso de las personas jurídicas, el acto podría ser interpretado como de consumo cuando los bienes o los servicios adquiridos no se relacionen de manera específica con el ciclo productivo o, dicho de otro modo, con su particular competencia profesional (Hernández C., La noción de consumidor y su proyección sobre la legitimación para accionar, página 264, en Consumidores, Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2009-I)”.

“Los conceptos transcriptos, que fueron desarrollados por el autor en vigencia de la ley 24.240 en su redacción original, permanecen incólumes luego del dictado de la ley 26.361.En este sentido ha dicho que “.la fórmula legal conserva el criterio amplio de considerar como consumidores a las personas físicas y a las jurídicas, en la medida que actúen fuera del ámbito de su actividad profesional, que en el caso de las últimas supone obrar fuera de su objeto social o giro comercial específico (Hernández C., obra citada, página 269). Va de suyo que tal precisión, o con mayor propiedad, tal rasgo distintivo que excluye a la persona jurídica de la categoría de consumidor (el uso profesional del bien o servicio), provocó un debate sobre sus límites, los cuales aparecen más concretos al referirnos a personas físicas (Picasso S. y Vázquez Ferreira R., Ley de Defensa del Consumidor, Comentada y Anotada, T. I, página 32). Es que resulta más sencillo identificar el uso personal o doméstico del bien o servicio en una determinada persona física; mientras que para determinarlo en la persona jurídica es necesario conocer previamente su giro comercial o profesional para luego definir si la prestación tuvo por destino final a la empresa y si fue incorporado a su giro comercial o profesional, o a una función ajena a su objeto” (mi voto en: esta Sala, 18.10.2010, “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/ Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. s/ ordinario”).

En la especie, resulta claro (y es que así lo reconoce la misma sentencia impugnada) que el automóvil fue adquirido por una persona jurídica de carácter privado (Diálogo Publicidad S.A.) que presumiblemente lo hizo para introducirlo en su cadena de comercialización, y es que no existe prueba en esta causa que demuestre lo contrario. En rigor, R. ni siquiera intentó acreditar tal extremo para enmarcar su relación como la de un “usuario” o “consumidor”.

Frente a esta orfandad probatoria, cabe estar “al curso natural y ordinario de las cosas” (art.901 código civil), que lleva a concluir que una sociedad mercantil que por definición tiene por objeto “.la producción o intercambio de bienes o servicios.” (art. 1 ley 19.550, tanto en su redacción original como en la derivada de la ley 26.994) adquiere bienes (en el caso un vehículo) para incorporarlo a su giro productivo y no para un consumo final.

Frente a ello cabe descartar la relación de consumo entre los demandados y la sociedad compradora, situación que no se es modificada al momento del accidente. Es que en aquel tiempo la camioneta era de propiedad de Diálogo Publicidad S.A., y R. solo contaba con una autorización para conducirla (ver fs. 29, sumario 417/03 “Homicidio Culposo”, Comisaría de Distrito Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba).

De hecho fue Diálogo Publicidad S.A., mediante un apoderado (Hugo Fernando Romero) quien invocando su derecho de propiedad, procedió a retirar el vehículo de sede policial (fs. 83, sumario policial ya mencionado).

Tampoco se ha invocado, y menos probado, que en esa oportunidad el vehículo no estaba siendo utilizado para una finalidad comercial. Y va de suyo que la simple cesión de derechos que formalizó Diálogo Publicidad S.A. a favor de R. tres años después del accidente, nada cambia la naturaleza del negocio habido en su oportunidad entre A. Russionello S.A. y la titular registral del rodado.

Lo hasta aquí concluido no perjudica fatalmente la pretensión de la actora, pues aún descartada la aplicación de ley 24.240, la pretensión resarcitoria puede ser analizada por las vías que autoriza el derecho común.

No obstante ello, todo lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para eximir de responsabilidad a la concesionaría A. Russoniello S.A. en tanto, por lo dicho, no es posible aplicar en el caso la ley de Defensa del Consumidor, y particularmente su artículo 40 que responsabiliza de los vicios del producto vendido a toda la cadena de comercialización.Argumento jurídico en que se fundamentó la condena.

Superado este tema, cabe ingresar en el conflicto sustantivo.

b) Vicios de fabricación. Causa del accide nte. Responsabilidad de la terminal automotriz:

La sentencia de primera instancia juzgó acreditada la rotura del palier como consecuencia de la existencia de un vicio de fabricación.

Para llegar a tal contundente decisión, el señor Magistrado consideró:

1) que de un análisis integral del acta de verificación llevada a cabo en la comisaría de Villa General Belgrano (fs. 48 sumario policial), y de la declaración del cabo 1° Dino Bruno Carpegna (fs. 1 mismas actuaciones) se desprendía la existencia de daños en el sistema de tracción trasero izquierdo, más concretamente en la rueda trasera izquierda (que se encontraba desinflada) y en “toda la campana de freno y llanta flojas como si hubiera una rotura en el extremo del palier”; 2) de la calificada como confesión extrajudicial de Ford Argentina SCA en los términos del artículo 425, que se desglosa de la nota de fs. 136 y del telegrama de fs. 24 en donde se le comunica a Diálogo Publicidad S.A., la existencia de un defecto en un componente del sistema de tracción trasero de la camioneta; y 3) la presunción en contra para la misma fabricante que derivó, a juicio del señor Juez a quo, de la omisión de atender la intimación que le requirió acompañar las especificaciones técnicas de fabricación del palier.

Estas premisas fueron objetadas por la recurrente Ford Argentina SCA, al conceder otra valoración a lo actuado en sede policial (sólo se constató daños en el pasaruedas, una cubierta sin aire y se afirmó expresamente que el tren trasero se encontraba funcionando normalmente); y que el peritaje técnico no había podido determinar la causa del vuelco.

Por último relativizó la trascendencia de las misivas al sostener que “. se trató de una campaña genérica, tendiente a revisar los vehículos por eventuales desperfectos que no estaban aún comprobados.” (fs.503).

Cabe analizar entonces si cabe responsabilizar a la codemandada Ford Argentina S.C.A. por la ocurrencia del siniestro que generó los daños que R. alegó o, por el contrario, si tal vínculo fáctico y jurídico no puede verificarse lo cual llevaría a revocar el fallo en estudio y absolver a la terminal automotriz.

A fin de brindar un marco que guie la ponderación de las constancias probatorias allegadas a este proceso, como las que obran en las causas traídas en copia ad effectum videndi, cabe reseñar algún desarrollo doctrinal que, a mi juicio, define los principios esenciales que rigen la responsabilidad del fabricante por bienes elaborados.

Entiendo útil, con este objetivo, remitirme al voto que dicté en la causa “Hernán Manrique c/ Ford Argentina”, del 11.03.2014, donde se debatió un caso similar al presente relacionado también con la rotura del palier izquierdo de un vehículo aparentemente idéntico al aquí estudiado.

Allí dije: “Es evidente la importancia que el tema ha adquirido en la medida en que se ha generalizado la producción en serie de bienes elaborados. Como admite el maestro Llambías al iniciar un trabajo sobre este particular, “.aunque se intensifiquen las medidas técnicas de control y seguridad sobre los procesos de fabricación, no es descartable la existencia de un cierto porcentaje de productos que, sea por deficiencia del material utilizado para abaratar su costo, sea por ineficiencia de la mano de obra, entran en el proceso de comercialización en condiciones peligrosas para el consumidor” (Llambías, J.J., Daños causados por productos elaborados, Responsabilidad Civil, Doctrinas Esenciales, VI, 115). Cabría agregar a esta descripción de las posibles hipótesis que puedan dar por resultado un producto defectuoso la situación que aquí es debatida, cual es una falla en el diseño de cierta pieza, la cual puesta en el mercado, sea como individualidad o como parte de un producto mayor o más complejo, genere un riesgo cierto pues su ulterior funcionamiento irregular puede provocar un daño concreto”.

“Al referirse a “productos elaborados”, la doctrina los ha conceptualizado como “.las cosas muebles fabricadas o elaboradas, o sea aquellos que son el resultado de la transformación de otras cosas por la actividad del hombre aplicada a los mismos, excluyendo las materias primas de la agricultura tales como los productos del suelo, las crías de los animales y productos de la pesca.” (Bustamante Alsina, J., Responsabilidad civil por productos elaborados o defectuosos, LL 1992-E, 1064)”.

“Va de suyo que las materias primas quedan excluidas de este concepto en la medida en que estas no hubieren sido sometidas a procesos de industrialización que pudieran tornarlos nocivos luego de una inicial transformación”.

“En una enumeración quizás algo más completa de la que resulta del párrafo antes transcripto de autoría del Dr. Llambías, un producto podría ser considerado defectuoso o vicioso cuando presenta: defectos de diseño (o sea que ya en su concepción ha sido imperfecto); defecto de fabricación; defecto de conservación (que provocan que un producto apto deje de serlo); defecto de información o instrucción (la insuficiencia o ineficacia del instructivo que acompaña al producto acrecienten los riesgos de uso); defecto por publicidad engañosa (pues se le atribuyen cualidades que no posee lo cual puede generar un daño potencial al consumidor). (Boragina, Juan Carlos, Responsabilidad por daños causados por productos elaborados defectuosos, RCyS 2011-X, 281)”.

“Resulta indiscutible que quien resulte responsable del daño que pudiera ser provocado por el producto vicioso, debe resarcir a quien ha sido el afectado.Como principio general, el deber genérico de no dañar establecido por el artículo 1109 del código civil así lo impone”.

“En rigor, la más moderna doctrina no ha limitado el deber del responsable a indemnizar a la víctima. También le es impuesto a aquel alertar al consumidor de inmediato una vez detectada la falla, y en su caso procurar el retiro del producto del mercado (tanto los que están puestos a la venta como aquellos que ya se encuentran en poder de su destinatario), a fin de diluir el peligro y evitar nuevos daños (Pizarro R., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, T. II, página 342)”.

“Antes del dictado de la ley de defensa del consumidor, que encaró con mayor detalle este problema, la doctrina había intentado resolver situaciones como las que se plantean en la causa, donde quien se dijo afectado demanda al fabricante (Ford Argentina S.A.) con quien no tuvo relación negocial directa”.

“En el plano del derecho común, tanto Llambías como Bustamante Alsina, en los trabajos que he citado con antelación, encuadraron el tema inicialmente en lo normado por la segunda parte del artículo 1113 del código civil, al entender que se estaba frente a un supuesto de responsabilidad extracontractual. En este caso comienza a jugar la noción de “riesgo creado” que genera una responsabilidad objetiva, en cuanto crea una presunción de culpa”.

“Sin embargo esta solución normativa se desdibuja al analizar la hipótesis de autos: que la víctima no hubiere tenido relación directa con el fabricante, lo cual aleja a este último de la condición de dueño o guardián de la cosa”.

“En esta situación, el Dr. Bustamante Alsina recurre al principio ya citado del artículo 1109 imputando al fabricante una actuación culposa por haber puesto en el mercado un producto confiable.Afirmó así que “.si el daño es ocasionado por defectos de la cosa, consumible o no, que la hacen nociva para su uso o consumo, ello sucede porque quien la fabricó o elaboró incurrió en culpa, haciendo o dejando de hacer por negligencia o imprudencia, aquello que era indispensable para que el producto sirviera regularmente a su destino de uso o consumo” (Bustamante Alsina, J., artículo citado)”.

“En la misma línea, Llambías entendió que “.el lanzamiento a la circulación de un producto con un vicio de fábrica, que verosímilmente anticipa la futura causación de un daño, luego efectivamente realizado, constituye un acto de culpa que compromete a su autor con arreglo a la pauta del artículo 1109. Por tanto el damnificado por el vicio de fabricación de un producto elaborado tiene acción extracontractual contra el fabricante, que se apoya en la culpa del demandado” (Llambías, J.J., artículo ya citado)”.

“Algún autor estimó aplicable la norma del artículo 1113 del código civil al caso del reclamo al fabricante, aún cuando no existiera un vínculo directo entre este y el damnificado”.

“Es que para ello postuló una interpretación amplia del concepto de guardián al sostener que esta noción “.no sólo comprende a aquéllos que Fecha de tienen un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa, sino también a los que se sirven de ella recibiendo un beneficio económico, como sucede con el elaborador y todos los integrantes de la cadena de comercialización” (Boragina, J., artículo citado)”.

“Con igual objetivo, aplicar a estos casos la responsabilidad objetiva que establece el ya citado artículo 1113, brindan una argumentación que transita otros carriles”.

“Entienden que el momento en que se crea el riesgo, concepto que estiman punto de partida para aplicar aquella normativa, es aquel en el que se fabrica el producto.Y desde esta posición, se ha señalado que “.ha de aprehenderse allí, y no después, la titularidad o guarda jurídica de la cosa a los efectos del funcionamiento de la norma, puesto que el régimen de la responsabilidad civil no está, ni debe estar, necesariamente vinculado con la regulación del derecho real de dominio. Es el dueño o guardián en el momento de introducción del riesgo el que debe responder. Y este no es otro que el fabricante” (López Cabana, R. y Lloveras, N., La responsabilidad civil del industrial, ED 64:549; en una línea similar, Stiglitz R. y Stiglitz, G., Efectos de los contratos y responsabilidad del fabricante, LL 1986-C, 2)”.

“En el caso estos autores ponen el acento en el concepto de riesgo como factor de imputación, que conforme la interpretación transcripta, se lo ha calificad o como “riesgo provecho”.

“Con tal base, estos autores eximen de responsabilidad a los posteriores propietarios o guardianes por no ser los creadores del riesgo que al concretarse provoca el daño cuyo resarcimiento es pretendido”.

“A diferencia de esta postura doctrinaria, nuevas voces han calificado al riesgo como un factor objetivo de imputación. Desliga este factor de atribución del elemento tradicional, de índole subjetiva, que radica en la culpabilidad (Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por Daños – Responsabilidad de la empresa, T.IX, páginas 16/17). Tal calidad se asienta en el carácter profesional de “dañador” y frente a ello la mayor vulnerabilidad de la víctima, que utiliza un producto que ha sido diseñado y elaborado por una empresa que es conocedora de la tecnología y en tal carácter la utiliza para obtener un resultado eficiente y seguro”.

“A su vez, como lo ha señalado la Sala E de esta Cámara, “.los modernos procesos de fabricación en forma mecánica y en gran parte automatizada, desvirtúan el concepto de acción humana u omisión como fundamento de la responsabilidad subjetiva; y atento a que la citada responsabilidad nace del hecho de que el artefacto vicioso puesto por el fabricante en el comercio no sirva para su destino y en consecuencia lesione el patrimonio del usuario, corresponde aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva encuadrada en el cciv 1113.” (CNCom Sala E, 22.8.1986, “Severino Carlos c/ Boris Garfunkel e hijos S.A.”)”.

“En el caso el carácter objetivo del factor de atribución que deriva del riesgo generado por la empresa, aparece más nítido puesto que ha quedado probado que el producto vicioso fue diseñado, fabricado en serie por una proveedora de la codemandada Ford (Talesol del Uruguay) y puesto en circulación por Ford Argentina S.A. al incorporarlo en un modelo de su marca. Así no solo ha sido acreditada la producción del “riesgo” por parte de esta demandada, sino además que por tratarse de una falla de diseño, aquel defecto afectó a toda una serie de rodados y derivan de una errada decisión empresarial y profesional que, a diferencia de los defectos de fabricación, pudieron ser evitados con una adecuada labor técnica (Pizarro R., obra citada, T.II, página 343/344)” (esta Sala, 11.3.2014, “Hernán Manrique c/ Ford Argentina SCA y otro s/ ordinario”).

Analizadas las pruebas colectadas, con apoyo en el marco jurídico que acabo de reseñar, adelanto que encuentro suficientes elementos para responsabilizar a Ford Argentina SCA por los perjuicios padecidos por el actor con motivo del accidente sufrido el 6.12.2003, en tanto el despiste y posterior vuelco del vehículo Pick Up Ford Ranger, dominio DZK 690, tuvo su causa en la rotura de una pieza vital del vehículo, que presentaba defectos de fabricación.

Como una primera aproximación favorable a esta conclusión se encuentra la nota fechada en mayo de 2006 enviada por la fábrica automotriz a los propietarios de este modelo de vehículo (entre ellos Diálogo Publicidad SA, mediante la cual les comunicó que debían concertar de inmediato una visita al concesionario vendedor o a cualquier otro concesionario “Ford” para proceder al reemplazo de componentes del sistema de tracción trasero. A lo que le agregó, que salvo su reemplazo, era posible que dicho sistema pudiera experimentar una falla en ciertas condiciones de manejo que pudieran ocasionar la pérdida de tracción y una potencial pérdida de control (fs. 136).

Como se deriva de la redacción de esta nota y sobre todo del posterior telegrama de fecha 21.11.2006 tal convocatoria es realizada a puntuales propietarios (de vehículos Ford Ranger Diesel, doble cabina, fabricados entre el 1.8.2001 y el 28.2.2003 o entre el 13.9.y el 8.11.2004) y anunciando un concreto desperfecto (“componentes del sistema de tracción trasero”). En el primer caso (nota de mayo de 2006), la codemandada sostuvo que el “. reemplazo es preventivo y requerido para garantizar las condiciones de seguridad de manejo del vehículo”, aunque luego advierten de severas consecuencias (pérdida de tracción y una potencial pérdida de control sobre el vehículo”), que no aparecen compatible con una inocua campaña que sólo persiga otorgar más seguridad a un rodado ya seguro.

Tal conclusión resulta aún más nítida al repasar el telegrama de diciembre de 2009 (fs. 232/233), pues allí Ford Argentina SCA refiere que en sus “.procesos de evaluación y control, hemos detectado que resulta necesario el reemplazo de componentes del sistema de tracción trasero.” (el subrayado me pertenece) por lo cual reclama que a la brevedad los titulares de tales vehículos concurran a las concesionarias a realizar tal cambio.

Es aquí más evidente la necesidad urgente de reemplazar piezas del “sistema de tracción trasero”; requerimiento que sólo podía derivar de defectos de piezas que componen tal mecanismo o errores de construcción o ensamble que volvieran al vehículo inseguro. Aunque al requerir el reemplazo de piezas, es de presumir que las mismas han presentado vicios graves que influyen en la seguridad de marcha de la camioneta.

Estas misivas no han sido desconocidas por la codemandada Ford Argentina, lo cual permite considerarlas, como lo hace la sentencia de grado, “una confesión extrajudicial” en los términos de la primera parte del artículo 425 del código procesal que por ser realizadas por escrito y a la contraria deben ser interpretadas como prueba “plena” que la obliga en juicio (Highton E. y Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 8, página 163; Arazi, R., y Rojas, J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T, II, página 501; Fenocchietto, C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T.2, página 596; Palacio, L, y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 8, página 328/331).

Es obvio que la codemandada al remitir sendas misivas no está reconociendo explícitamente el defecto de alguna pieza y justifica tal campaña (sólo en la primera nota) como un “reemplazo preventivo”.

Sin embargo a poco que se ahonde el análisis, la conclusión será claramente diferente y compatible con lo ocurrido en el sub judice.

Carece de todo sentido lanzar una campaña para el reemplazo de piezas de automóviles construidos con varios años de antelación, si no se tiene certeza en punto a defectos esenciales en algún componente del sector a trabajar. Y, cuanto menos, una alta expectativa que tal pieza genere, sea por rotura o por un funcionamiento defectuoso, una consecuencia grave que afecte la seguridad de los ocupantes ocasionales del vehículo. Esto último es dicho claramente en la misiva de mayo de 2006 cuando advierte que en su configuración de fábrica, o sea de omitirse el reemplazo, “.el sistema pueda experimentar una falla en ciertas condiciones de manejo que pudieran ocasionar la pérdida de tracción y una potencial pérdida de control sobre el vehículo” (fs. 136).

Entiendo evidente que Ford Argentina SCA conocía la existencia de vicios graves en el “sistema de tracción trasero” de la camioneta Ford Ranger, diesel, doble cabina, de suficiente magnitud como para poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Y frente a ello implementó una costosa campaña, en tanto comprendía el cambio de piezas “gratuito” en un buen número de rodados, amén de los gastos de publicidad.

Tampoco la terminal podía descartar que una campaña como la que diseñaron, derivara en algún descrédito para la marca, pues implícitamente estaban reconociendo con ella que sus productos no eran lo suficientemente confiables en las condiciones que salieron de fábrica.Todo ello no pudo ser lanzado por una simple intención de brindar aún más seguridad a un vehículo que ya se presentaba seguro. Lo claro para mí, diría casi obvio, es que Ford Argentina se vio en la necesidad de conjurar riesgos graves y ciertos, cuya ocurrencia tendría un impacto económico mayor que el derivado de la implementación de esta campaña,

Y conforme tal lógica empresaria, optó por convocar a los titulares de los vehículos a cambiar piezas defectuosas, antes de arriesgarse a un sinnúmero de accidentes y futuras demandas que no sólo afectaran patrimonialmente a la compañía, sino que también lo hiciera fundamentalmente a su marca.

Esta confesión extrajudicial se ve ratificada por otros elementos probatorios colectados en la causa, en particular el peritaje técnico (fs. 425/432) que fue complementado por el estudio metalográfico realizado por la Fundación M. N. Savio, a pedido del experto y con la conformidad de las partes (fs. 390/413).

Este informe complementario, en el cual el perito ingeniero apoyó buena parte de sus conclusiones, fue claro al referir como resultado de sus estudios que “.el palier analizado tiene un nivel microinclusionario de 4 (cuatro). No sólo no cumple con la calidad requerida para fabricar dicha pieza, sino que además, en la industria metalúrgica, un acero Nivel 4 (cuatro) es una calidad que está prohibida para fabricar una pieza mediante el proceso de forjado, porque durante dicho proceso, la pieza se fisura.” (fs. 413).

Es que durante el desarrollo de este estudio complementario, los expertos encontraron huellas de fatiga del material, y una gran densidad de microinclusiones no metálicas lo cual significa “.un alto contenido de fisuras contenidas dentro del material del palier. Estas fisuras se agrandan por propagación dentro del material del palier, durante el uso del vehículo, lo que provoca aumento de tamaño de las fisuras, hasta que llega a un punto en que las fisuras son tan grandes que se produce una rotura catastrófica, y la pieza colapsa inmediatamente” (fs.413).

Como ya fue referido, este estudio concluyó que el palier tenía un “nivel microinclusionario de 4 (cuatro), mientas los de buena calidad no podían superar un nivel 2 (dos), o sea la mitad del producto incluido por Ford en este tipo de rodados.

Y conforme estos estudios, la Fundación que realizó este estudio concluyó q ue “. el origen de la causa de la rotura por fatiga del palier se debe al alto grado de oxidación de la colada con que se fabricó el acero.” (fs. 390/413). O sea, la mala calidad del producto con que Ford Argentina SCA equipó a la Ford Ranger diesel doble cabina, como la que el actor conducía al tiempo del siniestro.

No ignoro que este dictamen complementario fue cuestionado por Ford Argentina SCA al tiempo de alegar, y luego excluido por el sentenciante al descartar su fuerza probatoria por haberse llevado a cabo ocho años después del accidente, y sin que se tomaran las medidas de seguridad del caso para asegurar que el palier estudiado se corresponda con el que integraba la camioneta siniestrada al momento del accidente.

Sin embargo entiendo desechables, en el caso, todas estas objeciones.

Como resulta del capítulo de ofrecimiento de prueba correspondiente al descargo de Ford Argentina SCA, fue esta quien requirió la realización del estudio metalográfico del palier (fs. 95). Va de suyo que tal requerimiento nada predica sobre la autenticidad del material sobre el que debía realizarse el análisis. Sin embargo existen otros elementos que permiten suponer que el estudio se realizó sobre el palier legítimo.

El actor puso, con suficiente antelación, el producto a disposición del perito (fs. 210; noviembre de 2009). Dijo allí que el mismo se encontraba en poder de su perito de parte (Ing. Gratton). O sea, la demandada tuvo conocimiento con tiempo suficiente para poder evaluar si se trataba del palier original de la camioneta siniestrada o si, por el contrario, tal pieza había sido dolosamente sustituida.

Pero la codemandada nada parece haber dicho.En lugar de oponerse al estudio o reclamar alguna medida específica para verificar que el mismo se realizaría sobre la pieza correcta, Ford se anotició de la institución que haría el dictamen y los costos que ocasionaría (fs. 304). Y en una conducta congruente con una tácita conformidad sobre la concreción del peritaje y de la institución que lo practicaría, depositó los fondos presupuestados (fs. 370).

Pocos días después el perito ingeniero comunicó que la parte actora le había entregado la pieza a peritar. Que luego de concertar la fecha de reunión con el Director del Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Fundación Savio para la entrega del producto y constatar así la factibilidad del estudio, el experto dijo haber concurrido a la misma con los consultores técnicos de ambas partes (por parte de Ford el ingeniero La Padula).

En tal reunión, y reitero en presencia de los expertos de sendos litigantes, el ingeniero Crisanti (director de Fundación Savio) “.verificó la pieza y determinó que se podía realizar el ensayo sobre la misma.” (fs. 375). Parece evidente que la tarea de Crisanti debió ser controlada por ambos ingenieros de parte, por lo cual todo óbice sobre la identidad del producto pudo y debió ser señalada en tal ocasión.

Por último, cabe destacar que tanto después de realizado el estudio complementario como de presentado el peritaje técnico por el experto nombrado de oficio, la codemandada Ford Argentina SCA no formuló impugnación alguna a sendos informes, lo cual ratifica su ausencia de reparos técnicos sobre lo actuado. Observaciones que, obviamente, debieron plantearse de mantener dudas o certezas sobre la falta de identidad del palier analizado.

Pero existe otro elemento que ratifica la conclusión anterior.

Habitualmente, toda pieza que integra un rodado posee algún número de serie o identificación que permite aseverar que tal fue el producto incluido por el fabricante al ensamblar el automóvil.

De no contar con tal identificación, la terminal bien pudo aportar, como reiteradamente se le reclamó (fs.195, 210, 229, 301 y 304) las especificaciones técnicas de fabricación de la pieza, lo cual hubiera permitido evaluar si la peritada tenía igual composición química e identidad física con la provista por Ford Argentina SCA. Al no hacerlo, la tardía impugnación que realizó la codemandada al tiempo de alegar, no supera una queja dogmática.

Cabe recordar en este punto que frente a una concreta y oportuna impugnación a la identidad de la pieza por parte de Ford, cabía al actor producir prueba para resistir el ataque (art. 377 código procesal); en el caso tal carga se invierte al ser Ford Argentina SCA quien se encuentra en mejores condiciones para demostrar tal extremo.

Tradicionalmente se ha dicho que corresponde al actor la prueba de los hechos constitutivos, aquéllos que dan nacimiento a su derecho, mientras que el demandado debe probar los hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la pretensión del contrario. Sin embargo el mentado artículo 377, que legisla sobre la distribución de la carga probatoria entre los litigantes, no recepta estrictamente aquella interpretación tradicional. El código de rito establece que “.incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer”. Luego en un segundo párrafo dispone que cada parte “.deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción”. No establece los hechos que debe probar con exclusividad cada parte, sino que indica a todos los litigantes que deberán probar los hechos que afirman, en tanto sean controvertidos y los que constituyan el presupuesto de hecho de la norma en que se basen (Leguisamón E., La necesaria madurez de las cargas probatorias dinámicas, Colegio Público de Abogados, Temas de Derecho Procesal, Revista de doctrina No.2, página 80). Como puede advertirse, el juego de las cargas probatorias carece de la rigidez planteada por la doctrina tradicional, conclusión compatible con la buena fe que debe primar en la actuación de las partes ante la Justicia. Es que quien comparece ante los tribunales y esgrime una pretensión o alega una defensa, tiene la obligación de colaborar en la búsqueda de la verdad. En rigor cada parte invoca su verdad, y en tal inteligencia, debe aportar los medios para que el juez pueda conocer lo que realmente sucedió y así aplicar el derecho sobre una base fáctica veraz. En esta nueva cultura del proceso judicial se enmarca la teoría de las cargas probatorias dinámicas, que coloca el “onus probandi” a cargo de la parte que se encuentra en mejores condiciones fácticas para acreditar un hecho controvertido. Como señala Leguisamón, “El principio de las cargas probatorias dinámicas implica que el proceso no se desarrolla a la manera de una lucha, sino que, en razón de la colaboración de las partes con el tribunal, cabe requerir la prueba de ciertos hechos a ambas partes y, en especial, a la que está en mejores condiciones de probarlos” (nota citada, página 83). Según puede concluirse, estos conceptos se apoyan claramente en la necesaria buena fe que deben guardar quienes se presentan ante los tribunales de justicia requiriendo la solución de un conflicto. Buena fe que reprocha, la cómoda negativa del demandado respecto de los hechos alegados por su contrario, sin prestar colaboración alguna en pos de la búsqueda de la verdad.Colaboración que en muchos casos, como en el presente, se encuentra claramente a su alcance atento la posición contractual asumida en la fabricación del producto y en la selección de las piezas que componen el vehículo (mi voto en esta Sala, 14.4.2009, “Giraldez, Adriana Noemí c/ Consorcio Propietarios del Dock 14 y otros s/ ordinario”).

Lo expuesto justifica largamente el rechazo de la tardía impugnación que Ford Argentina SCA realizó al peritaje metalográfico, decisión que permite su invocación en esta sentencia como prueba idónea a los fines perseguidos.

El análisis del peritaje mecánico, que utiliza como elemento de trabajo el estudio metalográfico ya validado, concluye como altamente probable que la causa del accidente sea la rotura sorpresiva del palier, conforme lo expresa el informe complementario antes citado.

Es que aún cuando el experto sostuvo, con toda lógica, que no tiene elementos que le permitan un juicio irrefutable en punto a si el rodado volcó como consecuencia de la fractura del palier o este se partió con causa en los golpes derivados del siniestro, el uso totalmente normal del vehículo como lo indican los testimonios de los pasajeros presentes al tiempo del accidente, la velocidad que como veremos más adelante no puede ser juzgada como excesiva, y la situación objetiva del palier, le permitieron concluir con razonable certeza que el producto defectuoso fue la causa del despiste y vuelco.

Resulta prácticamente imposible, como sucede habitualmente en el ámbito judicial, contar con una prueba irrefutable sobre el modo como ocurrieron los hechos.En este caso no imagino el medio probatorio que permitiera conocer de modo indubitable y en tiempo real, si el palier se rompió antes o después del vuelco.

Frente a esta imposibilidad, presente como dije en buena parte de los pleitos que se apoyan en hechos pasados y hoy controvertidos, el Juez merita las presunciones que derivan de las probanzas producidas y mediante un análisis integral, conforme los principios de la sana crítica, define, con alto grado de certeza, como ocurrieron los hechos en que se fundó la pretensión y la defensa.

La doctrina se ha volcado a superar este tipo de obstáculos que volvería muchas veces imposible atender el llamado “daño injusto”.

Uno de las vías sugeridas para demostrar la relación de causalidad es el juicio de probabilidad.

Como dice Mosset Iturraspe, “.la probabilidad no es lo mismo que la mera posibilidad. La probabilidad supone verosimilitud, fundada en apariencia de verdad. La posibilidad no puede ser la base de una sentencia condenatoria. La probabilidad sí puede serlo; fundar una condena a indemnizar, en atención a aquello que se muestra como cierto o verdadero” (obra y tomo citados, página 250).

A fin de abonar esta posición, el autor se remitió a un fallo del que transcribió lo siguiente: “el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste debe haber sido causado u ocasionado por aquél.Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinado que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas” (CCiv y Com Azul, Sala II, 11.6.1996, “Álvarez c/ Planta”, JA 1997-II, 183).

En el caso, el peritaje técnico, producido sobre la pieza en cuestión y complementado ello con la mecánica del siniestro a la luz del estado en que quedó la camioneta y el testimonio de las personas presentes, permiten arribar al resultado ya indicado: el accidente fue provocado por la rotura sorpresiva del producto defectuoso con que Ford Argentina equipó este vehículo.

Véase que los dichos de Héctor Rueda en sede policial, al día siguiente del accidente, revelan un desplazamiento normal del rodado, a unos 50km por hora “ya que venían con las ventanillas abiertas”. En este ambiente distendido, en el cual los pasajeros venían conversando tranquilamente, “.siente que el rodado se desplaza hacia la izquierda la caja y hacia la derecha la trompa sin haber ningún tipo de maniobra anterior como de esquivar tratando el conductor RODRIGUEZ de enderezar el rodado con una maniobra en sentido contrario no pudiendo este impedir el vuelco del mismo.” (fs. 16 actuaciones policiales ya citadas)

De igual forma declara Daniel Prado, otro de los ocupantes del vehículo, quien explicó que se dirigían a la localidad de Yacanto, “. haciéndolo en forma lenta, que luego de haber pasado unos tres mil metros de la bifurcación de los caminos siente que el rodado se desplaza hacia la izquierda la caja y hacia la derecha la trompa, tratando el conductor, RODRIGUEZ, de enderezar el rodado con una maniobra en sentido contrario, no pudiendo este impedir el vuelco del mismo.” (fs.15 mismas actuaciones policiales).

Como he señalado, ambas declaraciones fueron prestadas al día siguiente del siniestro, lo cual permite concederles mayor certeza dado el escaso tiempo transcurrido y la imposibilidad de tratarse de una manifestación dirigida por un interés propio o de un tercero.

La mecánica de los hechos que ambos pasajeros describen de modo similar resulta compatible con la rotura del palier izquierdo. Como lo dicen los testigos, sorpresivamente la caja viró hacia su izquierda, lo cual constituye un movimiento lógico frente a la fractura del mismo lado del eje trasero. Y ante tal evento, como señaló la propia Ford al describir en sus misivas las eventuales consecuencias del no reemplazo de la pieza defectuosa, el conductor perdió el control del vehículo.

Si bien el relato del actor tiene una relevancia relativa dado su interés en el resultado del pleito, también sus dichos son congruentes con la mecánica del despiste y vuelco al decir que luego de un ruido metálico comenzó a perder el control del vehículo (fs. 32).

En este punto aparece relevante el dictamen pericial cuando, interrogado sobre las posibilidades de maniobra frente a un palier roto, el ingeniero respondió que “un conductor experto en el manejo puede llegar a realizar algún tipo de maniobra, siendo las mismas limitadas por el factor sorpresa y el tiempo de duración del evento” (fs. 428, pto. g).

Y como corolario de este cúmulo de presunciones precisas y concordantes, la conducta desplegada por Ford Argentina SCA no fue acorde a la buena fe que debe presidir toda actuación ante la Justicia.

Como ya dije, fue requerido en reiteradas oportunidades sobre las especificaciones técnicas de fabricación de la pieza, reclamo que no contestó, a pesar de anunciar que estaba buscando los antecedentes para generar la respuesta (fs. 224).

Ni siquiera acompañó los antecedentes técnicos que justificaron el reemplazo de piezas del tren trasero y la emisión de las notas convocando a los propietarios (requerimiento de fs.251). Menos aún precisó si la pieza defectuosa que debían reemplazar era el palier o, en su defecto, otro componente del sistema de tracción del vehículo (fs. 301).

Tales incumplimientos justificaron que el señor Magistrado de la instancia anterior tuviera en cuenta tal desatención al tiempo de la sentencia, conforme lo prevé el artículo 388 del código procesal (fs. 267).

Demás está decir que frente a este cúmulo de pruebas concordantes, carece de toda relevancia la verificación técnica realizada en sede policial, en la Provincia de Córdoba, que indica que el tren trasero aparece “en funcionamiento normal” (fs. 48 sumario policial).

En principio, no se trata de un experto universitario pues su sello lo nomina como “cabo”, lo cual permite inferir su calidad policial. Pero además se contradice con otra constatación policial como la obrante en fs. 1v del mismo sumario que al referirse al eje trasero izquierdo lo describe de la siguiente manera “.la rueda trasera izquierda se encontraba desinflada y toda la campana de freno y llantas flojas como si hubiera una rotura en el extremo del palier”.

Lo hasta aquí expuesto justifica, como ya lo anticipé, concluir que el despiste y posterior vuelco del vehículo, con los infortunios y daños padecidos fue generado por la ruptura de una pieza incluida en el vehículo por su fabricante, la aquí codemandada Ford Argentina SCA., que conforme la evaluación técnica era de una mala calidad al punto de estar prohibido ese tipo de acero (nivel 4) para elaborar un producto como el aquí analizado.

c) Relación de causalidad:

Si bien con lo dicho ha quedado definida la existencia de un defecto en el producto, establecido el carácter objetivo del factor de atribución, y acreditado que fue tal defecto el que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo con su despiste y vuelco, cabe analizar si la conducta del actor tuvo algún tipo de incidencia en el evento a fin de asignarle algún tipo de incidencia en lo ocurrido que justifique su condena.Frente a la responsabilidad objetiva asignada al fabricante, éste debió acreditar algunas de las eximentes que, en lo puntual, afecten el nexo causal (culpa de la víctima, hecho o culpa de un tercero respecto del cual no deba responder; y caso fortuito o fuerza mayor ajeno al riesgo de la actividad desplegada).

A su respecto la sentencia de primera instancia consideró que correspondía imputar culpa concurrente a señor R. a quien atribuyó un manejo imprudente.

Sucintamente, el señor juez a quo entendió que: “.la velocidad y el mal estado del camino tuvieron un protagonismo relevante tanto en la generación, como en las consecuencias del vuelco de la camioneta.” (fs. 476/476 vta.).

Y en este sentido, aun cuando descartó que el palier se hubiera roto como consecuencia del vuelco, concluyó que una conducción dentro de los límites que marcaba la ley de tránsito y las velocidades permitidas, si bien no hubieran evitado el accidente, tal vez hubieran disminuido sus consecuencias.

Contra tal decisión se alzaron la parte actora y Ford Argentina SCA por lo cual en este punto ambos recursos serán conocidos en forma conjunta.

El actor se agravió de la imputación parcial de responsabilidad que le fue atribuida.

Sostuvo así, en primer lugar, que aquella responsabilidad no podía ser aplicada en la pretensión resarcitoria con causa en el vicio de fabricación por cuanto su parte no participó del proceso de fabricación.

Consideró que las constancias juzgadas en las causas civiles no podían ser valoradas en esta instancia mercantil, por cuanto durante la tramitación de aquellos procesos se desconocía la existencia de un vicio de fabricación y por consiguiente la prueba allí rendida se basó en otro ángulo de perspectiva.

Pero además, alegó que no existían indicios de ninguna naturaleza que supusieran un actuar indebido por parte del señor R. al conducir su camioneta (respecto a alguna mala maniobra, o exceso de velocidad).

Por su parte Ford Argentina SCA, también apeló el fallo al considerar que el señor R.resultaba el único responsable del accidente, en tanto que por su impericia, distracción e imprudencia perdió el dominio del automóvil.

Debo precisar aquí que la evaluación que se hace de seguido lo es a partir de la totalidad de la prueba producida en esta causa y en aquellas que las partes ofrecieron en su oportunidad.

Es cierto que en sede civil el aquí actor fue condenado en los juicios que le promovieron los deudos del señor Galina, fallecido en el suceso, y por el señor Rueda, lesionado en el evento. Y tal fallo tuvo sustento en la excesiva velocidad que, según la magistrada actuante, imprimió R. a su manejo.

Empero tal conclusión no puede trasladarse a esta causa que no sólo tiene distintas partes, sino que se debate con sustento en imputaciones diferentes, como ser la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. Hipótesis que sólo tuvo en cuenta el señor R. al conocer, años después del accidente y una vez avanzados los pleitos en trámite en sede civil, con motivo de las misivas remitidas por Ford Argentina SCA a los titulares de las unidades Ford Ranger.

Hecha esta aclaración, ingreso en el estudio del punto.

No encuentro de la prueba rendida en autos (concretamente de las constancias de las causas civiles y penal) que hubiera sido acreditado un conducir temerario por parte del actor, suficiente como atribuirle algún grado de responsabilidad en el accidente sufrido.

Y es que: a) ni de las fotografías copiadas a fs. 18/21 de la causa policial (también agregadas a fs. 254/257 de los autos “Berreta Mónica E. c/ Dialogo Publicidad SA s/ Daños y Perjuicios”); b) ni de las declaraciones testimoniales de los señores Héctor Alejandro Rueda (fs. 442/446 de los autos “Berreta Mónica Ercilia y otros c/ Dialogo Publicidad S.A. s/ Daños y Perjuicios”), y Daniel Eduardo Prado (fs. 590/592 de los autos “Berreta Mónica Ercilia y otros c/ Dialogo Publicidad S.A.s/ Daños y Perjuicios”); c) ni de la pericial mecánica producida en sede civil (a fs. 571 de los autos “Berreta Mónica Ercilia y otros c/ Dialogo Publicidad S.A. s/ Daños y Perjuicios”), se deprende impericia, distracción o imprudencia en el conducir del señor R. al momento de producirse el accidente, así como tampoco que hubiera estado circulando a una alta velocidad, ni que el camino presentara dificultad como para que una camioneta todoterreno no pudiera circular normalmente sin peligro de perder el control.

Así, las supuestas malas condiciones del camino que tanto fundamentan la mecánica del accidente juzgada en los procesos civiles y penal no aparecen con nitidez en aquellas fotografías, de las que se desprende un camino con cierta huella marcada, pero que carece de la profundidad para provocar el siniestro padecido.

Cabe reparar que el vehículo en que se desplazaban las cuatro personas era de los llamados “todo terreno” que claramente estaba preparado para transitar peores caminos que el entonces encarado.

Las declaraciones de los testigos Rueda y Prado que prestaron en sede policial al día siguiente del suceso, ya citadas en párrafos anteriores, describen un desplazamiento lento y sin dificultades, al punto de mantener todos los ocupantes una charla distendida.

Por otra parte, tampoco se advierte que el actor hubiera conducido a una velocidad excesiva el día del accidente.

En este sentido, el perito Simón Berdichevsky si bien atribuyó el vuelco a las malas condiciones del camino, precisó claramente que el actor no “.iba a gran velocidad.”, tanto que luego concluyó que: “.observando que todos los testigos aseguran que la velocidad era moderada.” (fs. 571 de los autos “Berreta Mónica Ercilia y otros c/ Dialogo Publicidad S.A. s/ Daños y Perjuicios”).

Conclusión que se condice con la declaración del señor Daniel Eduardo Prado, quien manifiesta que “.irían a unos 50 Km. por hora.”, “.que no era una velocidad exagerada.” (fs. 590/592 de los autos “Berreta Mónica Ercilia y otros c/ Dialogo Publicidad S.A.s/ Daños y Perjuicios”).

Y que además, también podría coincidir con la declaración Héctor Alejandro Rueda, quien si bien adujo una velocidad de 80 km/h, también aclaró que podía existir un margen de error de un 25% (ver declaración testimonial de fs. 442/446 en los autos “Berreta Mónica Ercilia y otros c/ Dialogo Publicidad S.A. s/ Daños y Perjuicios”). De hecho en sede policial dijo que la velocidad no superaba los 50km por hora.

Y frente a esta velocidad y el tipo de automóvil utilizado, es poco probable que el mismo hubiera perdido estabilidad por morder una huella.

Y es que este tipo de rodados están preparados para grandes esfuerzos, lo cual los hace aptos aún para contingencias como las invocadas.

El testigo Daniel Eduardo Prado reconoció (al ser preguntado sobre el estado de la camioneta antes del vuelco) que: “.era una camioneta preparada para hacer travesías y competencias todo terreno. Agrega que O. R. les había comentado que había realizado una travesía todo terreno en la misma zona hacía pocos meses.” (fs. 211 de los autos “Rueda Héctor Alejandro c/ R. O. y otros s/ Daños y Perjuicios”).

Finalmente el mismo Prado explicó que el actor “.era una persona acostumbrada a manejar vehículos todoterreno.” (fs. 211 de los autos “Rueda Héctor Alejandro c/ R. O. y otros s/ Daños y Perjuicios”). Por lo que aparece dudosa la atribución de un conducir imprudente.

El desplazamiento por un camino de tierra como el que se observa en las fotografías, en un vehículo como el utilizado, no permiten atribuir a su conductor algún tipo de responsabilidad o incidencia en el evento. Claramente el despiste fue provocado por la rotura sorpresiva del palier, lo cual produce una rápida pérdida de control del automóvil, aún en una pista pavimentada y seca.De todos modos aun cuando pudiera considerarse excesiva para un camino de tierra, una velocidad de 50 km/h, lo cierto es que tampoco ha sido probado por la fabricante que tal hecho hubiera sido la causa generadora de la colisión.

En este punto ha dicho la jurisprudencia que “.la posible liberación del fabricante no puede llegar sólo por una demostración de su “ausencia de culpa”, sino por la comprobación de la “ausencia de causalidad” entre la cosa fabricada y el daño. Adviértase que toda la pugna probatoria entre las partes se plantea más en el plano de la causalidad que en el de la culpabilidad: el damnificado debe probar que su daño le ha sido causado por el vicio de fábrica presente en el producto elaborado que lo dañó, lo cual es definitivo para fijar la responsabilidad del fabricante más allá de la existencia de culpa. A su vez, éste último debe procurar acreditar que ha quedado rota la relación causal entre el daño y la cosa que aparentemente lo comprometía” (CNCom, Sala A, 13.2.2007, “Z., J. c/ Expocarne S.A. s/ daños y perjuicios”, Abeledo Perrot on line Nº 35010881).

Lo hasta aquí dicho demuestra, a mi juicio, que el vicio del producto fue la causa que provocó el vuelco de la camioneta en estudio.

Tal conclusión justifica revocar parcialmente la sentencia en estudio en punto a que extendió la responsabilidad del evento a R., a quien deberá absolverse íntegramente.

Definido estos aspectos de la litis, cabe ahora adentrarse en los agravios articulados respecto de los daños sufridos.

V.Daños:

Como se dijo, la sentencia de primera instancia admitió la restitución del valor del rodado (quantum necesario para reparar la unidad), la cantidad de $ 10.000 en concepto de privación de uso (teniendo en cuenta la existencia de culpa concurrente), y la obligación parcial de restituir la condena que le corresponda abonar al actor por las demandas sufridas como consecuencias del siniestro.

Por otra parte, rechazó el pedido de reembolso de gastos causídicos y el daño moral pretendido.

Contra ello se alzaron todas las partes.

La codemandada Ford Argentina SCA consideró inadmisible el reconocimiento de un daño en concepto de restitución del valor del vehículo, por cuanto no había acreditado que la cesión de derechos que le otorgó Diálogo Publicidad S.A. fue irregular.

Además, solicitó no se reconociera suma alguna en concepto de privación de uso en tanto que aquél rubro nunca había sido solicitado por el pretensor. Supletoriamente, atacó el quantum del resarcimiento.

Por último, cuestionó los importes debidos en concepto de restitución de sumas por condenas judiciales, aduciendo excepción de negligente defensa y se agravió de la imposición de costas.

Por su parte, el Señor R. se agravió por haber sido calificado como corresponsable del siniestro; de la valoración de la prueba, del rechazo del rubro daño moral y de la omisión de fijar intereses sobre los rubros de la condena.

Sentado ello, corresponde analizar todos y cada uno de las impugnaciones efectuadas.

a) Valor del rodado:

Como adelanté, la codemandada alegó que la cesión invocada era irregular pues no había referenciado el acta de directorio de la sociedad cedente que autorizó tal operación.

Ha sido dicho reiteradamente que es obligación del escribano actuante comprobar las facultades de los otorgantes del acto. Así, tratándose de una cesión de derechos, cupo al notario constatar las facultades del presidente del directorio de Diálogo Publicidad S.A.para concretar tal negocio.

Y no impugnada la actuación del escribano, el agravio propuesto carece de todo sustento.

De todos modos la sentencia de primera instancia será modificada en cuanto dispuso resarcir a R. sólo en un 50% del valor de reparación del rodado. Es que descartada ya la responsabilidad del actor en el evento, no existe fundamento que justifique deducción alguna.

En cuanto a la imposición de réditos entiendo que sólo cabrá otorgar intereses puros sobre el quantum que sea definido en la etapa de ejecución de sentencia.

Ha sido mi criterio como el de esta Sala admitir intereses, en casos como el presente donde los valores serán fijados a valores actuales, los que conforme con la doctrina plenaria fijada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 16/12/58 in re “Gómez, Esteban c/ Empresa Nacional de Transportes” , corresponde sean calculados desde el día en que se produjo el perjuicio que en el caso debe fijarse en la fecha del accidente (esta Sala, 15.12.2006, “Mabromata Daniel José c/ Lloyds Bank LTD SA s/ Sumario”; CNCiv Sala L, 13.5.2009, Álvarez, Fabián Gustavo c/ Falabella, Salvador; LL 2009-D, 167).

Como he dicho, por tratarse de un capital fijado a valores actuales, será autorizada una tasa del 8% anual, que devengará hasta el efectivo pago.

b) Privación de uso:

Como bien dijo Ford Argentina SCA, el señor R.no reclamó en su escrito de demanda un resarcimiento por este concepto.

Así la sentencia exorbitó los límites del reclamo, lo cual justifica su revocación en este punto.

c) Restitución de sumas por condenas judiciales:

Ford Argentina SCA reeditó los mismos argumentos planteados oportunamente al contestar demanda sobre los que la sentencia de grado se expidió puntual y concretamente.

Esta circunstancia coloca al agravio en plena infracción a la regla prevista por el artículo 265 del código de rito.

Sólo ha reiterado ciertos hechos (falta de cinturón de seguridad en el fallecido Galina y el lesionado Rueda; y la ausencia del actor a varias audiencias testimoniales).

Sin embargo no ha desarrollado y menos probado en la instancia anterior la incidencia que pudieran haber tenido tales planteos de haber sido concretados.

Al expresar agravios la codemandada se limita a describir aquellos hechos, sin brindar argumentación jurídica y fáctica alguna que permita dar sustento a la crítica.

Y tal omisión justifica, sin más, la desestimación del recurso.

Sólo cabrá modificar la sentencia en este punto en cuanto sólo otorga el 50% del resarcimiento en virtud de la responsabilidad con currente que ha sido ya descartada.

Por tanto propondré la derogación de tal límite.

d) Daño moral:

La sentencia de primera, rechazó el presente rubro argumentando dos cuestiones. La primera, se basó en la participación y responsabilidad compartida juzgada para con el actor, y la segunda en la ausencia de prueba idónea que pudiera acreditar que el accionante sufrió una afectación espiritual como consecuencia del vicio que presentó la camioneta que derivó en el accidente anteriormente relatado.

Por su parte, el actor recurrente sostuvo que, en primer lugar: “.el a quo omite diferenciar el vicio de fabricación del accidente ocurrido, mezclando las culpas y responsabilidades.” (fs.521).

En segundo lugar, adujo que la responsabilidad que le fue endilgada y que lo llevó a la reparación en las causas civiles, le generó un daño concreto.

A su vez, (y a la pérdida concreta del bien) agregó haber padecido: i) una pérdida de confianza en el manejo, ii) ser víctima de desconfianza de sus propios pares, iii) que se le haya imputado el daño causado por la muerte de un amigo y lesiones a otro.

Veamos:

Inicialmente, como ha ocurrido al tratar otros rubros, cabe descartar como fundamento de rechazo la corresponsabilidad de R. en el hecho dañoso.

La cuestión ha sido zanjada en párrafos anteriores por lo cual no cabe mayor desarrollo aquí.

Sólo restaría analizar la necesidad de prueba específica para acreditar este perjuicio.

Ha sido dicho que la noción de daño moral se halla vinculada con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los sentimientos personales, en las afecciones legítimas o en la tranquilidad anímica, que no son equiparables ni asimilables a las meras molestias, dificultades, inquietudes, o perturbaciones que pueda llegar a provocar un simple incumplimiento contractual, en tanto estas vicisitudes o contrariedades son propias del riesgo de cualquier contingencia negocial (CNCom Sala A, 22.5.1986, “Danisewski Juan c/ Jorge Hitszfelder”; CNCom Sala A, 30.8.1995, “Criado c/ Federación Patronal Coop. de Seguros”; CNCom Sala B, 30.12.1981, “Coprave S.A. c/ Asociación de Cooperativas Coop. Ltda”; CNCom Sala B, 21.12.1984, “Feldman R. c/ Barraco C.”; CNCom Sala C, 10.11.89, “Lucarelli J. c/Asorte S.A.”; esta Sala, 25.6.1990, “Desup S.R.L c/ Irusta Cornet J.”; esta Sala, 26.2.2008, Áquila, Dora Rosa c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A.; CNCom Sala E, 28.8.1985, “Cammarata, R. c/ La Defensa Cía. Arg.de Seguros SA”).

En el caso tal daño aparece nítido.

Si bien no ha sido producida prueba concreta, entiendo evidente que un conductor que sufre un accidente, sin ningún tipo de responsabilidad propia, y en el mismo fallece uno de sus acompañantes y es herido un segundo, padece por ese sólo hecho un agravio en sus sentimientos que justifica su reparación.

Tal injuria se ahonda si, como ocurrió en este caso, el mismo es condenado patrimonialmente por el hecho sin poder demostrar, por su desconocimiento oportuno, que su despiste y vuelco fue provocado por un hecho que le es ajeno, como lo fue la rotura de una pieza del rodado que tenía vicios constructivos.

A su vez, debió cursar un proceso penal en donde fue acusado de homicidio culposo.

Así, entiendo que en supuestos como el de autos la procedencia de la indemnización del daño moral no requiere de prueba concreta, pues la mera situación objetiva del actor lleva a presumir la existencia de un perjuicio extrapatrimonial.

Teniendo en cuenta tales parámetros, considero prudente fijar un resarcimiento por daño moral del orden de $ 100.000.

Al tratarse de un importe que es calculado a la fecha de la sentencia de primera instancia, cabrá aplicar intereses a una tasa del 8% anual desde la fecha del accidente hasta dicho fallo, conforme los fundamentos desarrollados al tratar el resarcimiento titulado “valor del rodado”.

A partir de allí el capital devengará réditos a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días, sin capitalizar.

Es que al tratarse de una suma fijada a valores a la fecha de la sentencia en estudio, resulta impertinente aplicar la tasa Banco Nación sin limitación alguna, pues de así hacerlo se estaría compensando doblemente la desvalorización del signo monetario.

Tal reparo pierde justificación en el período que va desde la fijación del quantum de la indemnización (fecha de la sentencia de primera instancia) hasta el efectivo pago.

Por ello desde allí cabe autorizar los accesoriosa la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de documentos comerciales a treinta días (CNCom en pleno, 27.10.1994, “S.A. La Razón”), sin capitalizar (CNCom en pleno, 25.8.2003, “Calle Guevara”), hasta el efectivo pago.

VI. Resta únicamente referirme a las costas del proceso.

Ahora bien, como ocurre en la mayoría de los sistemas procesales y sostiene la doctrina clásica, la imposición de costas se funda en el criterio objetivo del vencimiento (Chiovenda, G., Principios de derecho procesal civil, T. II, p. 404, Madrid, 1925; Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, T. II, p. 472, Buenos Aires, 1942).

Este criterio ha sido adoptado también, como principio, en la ley procesal vigente (art. 68 del Código Procesal; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Explicado y Anotado Jurisprudencial y Bibliográficamente, Santa Fe, 1989, T. 3, p. 85), lo que implica que el peso de las costas debe ser soportado por quien provocó una actividad jurisdiccional sin razón suficiente (Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, n° 315, Buenos Aires, 1971).

Por otra parte la exención de costas al vencido reviste carácter excepcional, pues como regla no es justo que el triunfador se vea privado del resarcimiento de los gastos que ha debido hacer para lograr que se le reconozcan sus derechos (esta Sala, 21.10.2006, “Srebro, Brenda c/ Red Cellular SA y otro”; CNFed. Civ. Com. Sala III, 13.12.91, “Antorcha Cía. de Seg. SA c/ Buque Monte Rosa”, LL 1992-C, p. 155).

En la especie los gastos causídicos de ambas instancias deben ser impuestos en su totalidad a la empresa automotriz demandada, por ser sustancialmente vencida.

Sólo cabe su modificación respecto de la codemandada A. Russoniello S.A. que serán soportados por el actor (artículo 68 código procesal).

VII.Por lo hasta aquí expuesto, y a diferencia de la solución plasmada en el voto que dio inicio al debate, propongo al Acuerdo que estamos celebrando revocar parcialmente la sentencia en estudio con el siguiente resultado:

a) Admitir parcialmente la demanda deducida por O. R., con el efecto de condenar únicamente a Ford Argentina S.C.A. a abonar al primero una indemnización comprensiva de: 1) la suma que resulte determinada en el procedimiento de ejecución de sentencia (ítem nominado como “valor del rodado”), tal como se dispuso en primera instancia, con la salvedad que deberá pagarse la totalidad del quantum, con más los intereses aquí fijados en la forma establecida en el punto a), del título V (Daños); 2) revocar el otorgamiento de resarcimiento por privación de uso; 3) ampliar al 100% el reintegro del monto que deba abonar conforme la condena que le fuera impuesta en sede civil, conforme las pautas establecidas en la instancia anterior; y 4) conceder la cantidad de $ 100.000 en concepto de daño moral, con más los intereses aquí dispuestos.

Imponer las costas de ambas instancias a cargo de Ford Argentina S.C.A.

b) Absolver a Russoniello SA, con costas al actor en ambas instancias. Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Pablo D. Heredia dijo: Adhiero al voto del señor Juez Vassallo.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara por mayoría acuerdan:

(a) I. Admitir parcialmente la demanda deducida por O. R., con el efecto de condenar únicamente a Ford Argentina S.C.A. a abonar al primero una indemnización comprensiva de:1) la suma que resulte determinada en el procedimiento de ejecución de sentencia (ítem nominado como “valor del rodado”), tal como se dispuso en primera instancia, con la salvedad que deberá pagarse la totalidad del quantum, con más los intereses fijados en el punto a), del título V (Daños); 2) revocar el otorgamiento de resarcimiento por privación de uso; 3) ampliar al 100% el reintegro del monto que deba abonar conforme la condena que le fuera impuesta en sede civil, conforme las pautas establecidas en la instancia anterior; y 4) conceder la cantidad de $ 100.000 en concepto de daño moral, con más los intereses dispuestos en el punto d), del título V (Daños).

(b) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de Ford Argentina S.C.A.

(c) Absolver a Russoniello SA, con costas al actor en ambas instancias.

(d) Difiérase la fijación de los honorarios hasta tanto sean regulados los de la anterior instancia.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13).

Gerardo G. Vassallo

Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

Julio Federico Passarón

Secretario de Cámara