Se admitió una indemnización por gastos sin que exista prueba concluyente, para una mujer que fue empujada por un empleado de supermercado.

AccidentePartes: Cardaci Hilda Roberta c/ Jumbo Retail Argentina S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 30-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-95994-AR | MJJ95994 | MJJ95994

En una acción de daños intentada por una mujer que se accidentó en un incidente con un empleado de un supermercado, se admitió una indemnización por gastos sin que exista prueba concluyente, en consonancia con el principio de reparación plena receptado en el Código Civil y Comercial. Cuadro de rubros indemnizatorios.

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Sumario:

1.-Corresponde confirmar la indemnización por gastos médicos, de farmacia y traslados otorgada a una persona que cayó en un supermercado al ser empujada por un empleado, pues, si bien no obra prueba concluyente que de cuenta de esas erogaciones, ello no es obstáculo para indemnizar este rubro, a fin de no vulnerar el derecho a la víctima a ser resarcida en forma plena (art. 1740 del CCivCom.).

2.-Resulta inaplicable el Código Civil y Comercial a un proceso de daños intentado contra un supermercado si la situación de que se trata ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior, pues al haber nacido al amparo de esta normativa, ella es la que regula el proceso -art. 7 , CCivCom.-.

Fallo:

Buenos Aires, a los 3 días del mes de noviembre de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala «J» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: «Cardaci, Hilda Roberta c/ Jumbo Retail Argentina S.A. s/ daños y perjuicios».

La Dra. Zulema Wilde dijo:

Contra la sentencia de fs. 245/249, se alzan la parte actora, quién expresa agravios a fs. 259/265, y la parte demandada, quién hace lo propio a fs. 267/269. Corrido el traslado de ley pertinente, el mismo fue evacuado a fs. 271/273 por la accionante. Con el consentimiento del auto de fs. 276 quedaron los presentes en estado de resolver. I. La sentencia de autos sostiene que tratándose de una relación de consumo se genera responsabilidad objetiva del proveedor y éste está obligado a probar la ruptura del nexo causal a fin de desobligarse. Abonado el extremo que la actora cayó al piso del supermercado tras haber sido empujada por un empleado, ello es suficiente para tener por configurada la violación de la obligación de seguridad del centro comercial ante el hecho de no haberse probado la imposibilidad absoluta de cumplimiento de esa obligación. Lo decidido condena a pagar la suma de pesos ciento veinticinco mil ($ 16.500) a favor de la actora, con más sus intereses. Tanto la actora como la demandada se agravian por la cuantificación de los daños.

II.- Cuestión Preliminar El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art.7, sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior. Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente. Teniendo que entrar a conocer en el «sub examine» únicamente en lo atinente a los rubros indemnizatorios, es dable destacar que la doctrina de la reparación integral del daño ha sido desplegada por la Corte Suprema en numerosos y sucesivos fallos, como un derecho de raigambre constitucional que se aplica a todas las ramas del ordenamiento jurídico. Con fallos como en el caso «Arostegui», (CSJN, 08/04/2008, «Arostegui, Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Compañía S.R.L» ) y «Aquino» (CSJN, «Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A» (21/09/2004), entre muchos otros, el Máximo Tribunal jerarquizó este Derecho a la reparación integral del daño injustamente sufrido. El Código Civil y Comercial de la Nación, ha recepcionado los fundamentos de tales fallos en su art. 1738, él que enumera en forma cabal los perjuicios a reparar de los damnificados de lesiones: la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de so obtención y la pérdida de chances.Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Asimismo, refiere a la reparación plena en el art. 1740.

III

IV.- Daño Moral

III. a) Se agravia la actora por la suma concedida en este carácter, considerándola reducida, por lo que solicita su elevación.

III. b) A su turno la demandada entiende que el monto otorgado es elevado, por lo que solicita su reducción.

III. c) Por su parte el Juez de grado otorgó una indemnización de $ 15.000 por este rubro.

III. d) En cuanto al daño moral, debe decirse que este se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes. Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro. Como ya sostuviera este Tribunal «si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, «satisfacer», en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria» ( autos «Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A.y otros s/sum» del 31.03.81). Para que surja el daño moral, es menester que, además de un eventual desmedro económico, concurra una «repercusión en los intereses existenciales» del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de relativa entidad (conf. Orgaz, «El daño resarcible», pág. 259). Lo que se repara es el resultado dañoso, el perjuicio susceptible de apreciación desde la óptica del entendimiento, de la sensibilidad o de la voluntad de la persona, no la actividad del responsable, hecho ilícito o incumplimiento contractual, etcétera, que ha sido sólo la causa eficiente de aquél (Zannoni, «El daño en la responsabilidad civil», Astrea, 1982, pág. 1982, pág. 231).- En relación a este rubro, debe reconocerse la extrema dificultad que presenta al juzgador su estimación, pues tratándose de vivencias personales, no puede precisar cuánto sufrió el damnificado a raíz del suceso, pudiendo sólo evaluar la magnitud del dolor que puede provocar el hecho en el común de las personas, valorándolo a la luz de las circunstancias particulares acreditadas en la causa. Por otra parte, debe desestimarse el argumento de la actora referido a la supuesta «actitud desaprensiva que ha asumido la demandada al desentenderse y despreocuparse de la evolución de los daños inflingidos a mi mandante en su sede por uno de sus dependientes -» (ver fs. 260vta), pues, como se ha dicho ya, la indemnización por daño moral no se adeuda a título de pena impuesta al infractor, sino de reparación de un daño real causado a los más íntimos sentimientos del damnificado. Por ende, debe procederse a su determinación con la debida prudencia, a fin de que no se constituya en una fuente de enriquecimiento ilícito para aquél. Es por todo ello que, no requiriendo el daño moral una prueba cabal para su reconocimiento y cuantificación, atento las condiciones de la damnificada, edad avanzada y los padecimientos sufridos, la suma reconocida se considera ajustada a derecho.Por lo que no cabe más que rechazar los rezongos vertidos por la parte actora y por la parte demandada sobre el particular. Es por ello que, se propicia su confirmación. (art. 165 CPCCN).-

IV.- Gastos médicos, de farmacia y de traslados.-

IV. a) A su turno, la parte actora se agravia por el monto concedido en este carácter, considerándolo reducido y solicitando su elevación.

IV. b) La parte demandada hace lo propio por considerar este rubro elevado y solicita su reducción

IV. c) La sentencia de primera instancia estableció una indemnización de $ 1.500 por este concepto. (Ver fs. 248).

IV. d) Reiteradamente se ha pronunciado este Tribunal en el sentido de que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela. En el caso, consta que la actora ha debido ser atendida en el Hospital San Camilo el día de la emergencia y en otras oportunidades producto de un traumatismo en el hombro -consecuencia del hecho que nos ocupa-, por que lo se desprende que, atento su edad, ha tenido que trasladarse seguramente tomando taxis o servicios de remis. Asimismo, de las constancias médicas de autos surge que se le han indicado sesiones de kinesiología (ver fs. 188/189). Es que si bien no obra prueba concluyente que de cuenta de estas erogaciones, ello no es obstáculo para indemnizar este rubro, a fin de no vulnerar el derecho de la victima a ser resarcida en forma plena (art.1740 C.C.C.) Cabe agregar que, en relación a ello también se expidió muestro Máximo Tribunal, «Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor» (C.S.J.N. Fallos 288:139). Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el art.165 del Cód. Procesal, cuando se trata del accionante. (conf. C. N. Civ., esta Sala, 22/03/2010,expte 89.107/2006, «Ivanoff, Doris Verónica c/ Campos, Walter Alfredo» daños y perjuic ios»). Se entiende que, aunque no estén fehacientemente comprobados, estos gastos derivados del hecho dañoso, como ser gastos de traslados, gastos de medicamentos y/o de atenciones médicas, se han irrogado, y la suma que se ha otorgado se considera ajustada a derecho, por lo que no cabe más que el rechazo de las argumentaciones vertidas tanto por la parte actora solicitando su elevación, como por la parte demandada requiriendo su reducción. Por ello, se propicia su confirmación.(Art. 165 CPCC).

V. Gastos por contratación de personal. Se agravia la parte actora por cuanto el juez «a quo» le ha rechazado la indemnización por este concepto. Nótese que en autos no obra prueba idónea para tener por probado este extremo. Es que, tal como sucede tanto con los hechos alegados como con los daños y rubros reclamados, el principio que rige en materia probatoria es que quien alega un hecho debe probarlo. Por lo tanto, es la actora quien debe probar los daños que fundamenta y los rubros que reclama.Si bien no se requiere en algunos rubros y daños la acreditación fehaciente y certera, sí se necesita de un mínimo despliegue probatorio que de sustento a los reclamos entablados. En este caso la actora aduce que a raíz del hecho de marras ha tenido que contratar los servicios de personal domestico y/o asistencial debido a su incapacidad de bastase sola. Aquí nos encontramos con dos circunstancias, la primera es que las lesiones e incapacidad alegada no ha sido demostrada ya que no se ha ofrecido prueba tendiente a ello. En segundo lugar, esas supuestas erogaciones son fácilmente demostrables ya que la contratación de un servicio domestico en principio debería constar inscripto en la AFIP. Asimismo, el requerir recibo, en este caso puntual, era un recaudo que debió tomar la actora a los fines de poder demostrar estos gastos en la instancia judicial. Por otra parte, la inflexibilidad del sistema impositivo ha incrementado los requisitos de contralor en estos últimos años, lo que ha llevado a la obligación no sólo de los contribuyentes a orquestar sus movimientos con más adecuación y precisión, sino a hacer recaer sobre aquél que participa en compraventas, con la obligación de exigir la respectiva factura o recibo. Por todo lo argumentado, no corresponde más que el rechazo del rezongo introducido por la parte actora sobre el particular.

V. Intereses

VI. a) Se agravia la actora por la tasa de interés aplicada en la instancia de grado. VI. b) La sentencia de grado otorgó la tasa pasiva desde el hecho hasta la sentencia y, desde allí en adelante hasta el efectivo pago, la tasa activa.Conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria imperante en el fuero corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.- Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 «Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.»; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 «Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros»; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, «Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo»; entre otros).-

Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, «Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro» ; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, «Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro»; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 «Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro» ; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 «Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros»; Id., id., 17/11/2009, «Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros»), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N.Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, «Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, «Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín», entre otros).- Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio , la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005, «Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios»).-

Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación, en relación a los rubros admitidos se ha fijado una indemnización a «valor actual», «los intereses moratorios correspondientes a los rubros admitidos, cuya cuantificación fue fijada a la fecha de la elaboración de esta sentencia» (ver fs. 249), es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la tasa activa «a partir de cada daño objeto de reparación» importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado.- En tal caso, se estaría computando dos veces la «desvalorización» o «depreciación» monetaria:una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.- Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido «implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido».- Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, corresponde rechazar los agravios vertidos por la actora en materia de intereses y confirmar el fallo recurrido sobre el particular. En consecuencia, se propone al Acuerdo que: I. Se confirme la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios. II. Atento a que la actora pudo creerse son derecho a agraviarse como lo ha hecho y a los fines de no vulnerar el principio de reparación integral .hoy llamada reparación plena, las costas de esta instancia se imponen en el orden causado.-

Las Dras. Beatriz A.Verón y Marta del Rosario Mattera adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-

Buenos Aires, noviembre 3 de 2015.-

Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar la sentencia en todo lo que decide y ha sido materia de apelación y agravios. II. Atento a que la actora pudo creerse son derecho a agraviarse como lo ha hecho y a los fines de no vulnerar el principio de reparación integral .hoy llamada reparación plena, las costas de esta instancia se imponen en el orden causado.-

Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ( Acordada N° 15/14 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-

Fdo. Dra. Zulema Wilde-

Dra. Beatriz Verón-

Dra. Marta del Rosario Mattera.

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