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Aplicación del art. 36 de la LDC a la relación que une a las partes al surgir de los términos del contrato que el préstamo dinerario brindado por la actora sería aplicado a la adquisición del automotor prendado y que el mismo sería destinado para uso particular.

contrato inmoviliarioPartes: HSBC Bank Argentina S.A. c/ Rodríguez Espín Maria Verônica s/ secuestro prendario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: E

Fecha: 30-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95566-AR | MJJ95566 | MJJ95566

Aplicación del art. 36 de la LDC a la relación que une a las partes al surgir de los términos del contrato que el préstamo dinerario brindado por la actora sería aplicado a la adquisición del automotor prendado y que el mismo sería destinado para uso particular.

Sumario:

1.-La cuestión vinculada a la aplicación de lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 24.

240.-texto según Ley 26.361 .- que prevé la competencia imperativa de los jueces correspondientes al domicilio real del consumidor en los conflictos suscitados por operaciones de crédito para el consumo, ha sido materia de pronunciamiento por esta Sala in re Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos s/ ejecutivo , del 26.8.09, donde se confirmó la declaración oficiosa de incompetencia dispuesta por el magistrado de grado y en el mismo sentido el 29 de Junio de 2011 dictó el fallo plenario Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores .

2.-Aun encontrándose el deudor impedido de promover recurso alguno en el marco del secuestro prendario, lo cierto es que está fuera de discusión que el título que otorga el derecho de secuestrar fue originado en una deuda contraída con el objeto de adquirir bienes para consumo y en ese contexto, no cabe soslayar que las normas que rigen el secuestro prendario son, en definitiva, disposiciones meramente procesales o de forma, que deben armonizarse y coordinarse con todo el ordenamiento vigente (C.N.: 31 y CPCCN: 34, 4 ).

3.-Si de los términos del contrato surge claramente que el préstamo dinerario sería aplicado a la adquisición del automotor prendado y que el mismo sería destinado para uso particular, cabe concluir entonces que estamos ante una relación de consumo en los términos del art. 3 de la LDC. y que las circunstancias personales de las partes y elementos obrantes en las actuaciones permiten formar convicción positiva respecto del encuadramiento de la relación jurídica dentro de las operaciones regidas por el art. 36 de la LDC.

4.-La primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas de la ley prendaria, se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, en los principios de lex posterior derogat prior y lex specialis derogat generalis, y en la jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor -reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42 -.

5.-No puede pasarse por alto que la ley de Defensa del Consumidor es ley de orden público (art. 65 ); por lo cual, como allí se otorga al consumidor un régimen especial derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, sus normas son de aplicación imperativa y deben tenerse como modificatorias de la legislación sustancial y procesal, en todo aquello que esté regulado de forma incompatible. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2015.

Y VISTOS:

1. La cuestión vinculada a la aplicación de lo dispuesto en el art. 36 de la ley 24.240.-texto según ley 26.361.- que prevé la competencia imperativa de los jueces correspondientes al domicilio real del consumidor en los conflictos suscitados por operaciones de crédito para el consumo, ha sido materia de pronunciamiento por esta Sala in re «Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos s/ ejecutivo», del 26.8.09, donde se confirmó la declaración oficiosa de incompetencia dispuesta por el magistrado de grado (v. fallo in extenso publicado en La Ley el 25.11.09).

Tampoco debe perderse de vista que el

29.6.11 se ha dictado -en el mismo sentido- el fallo plenario «Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores».

Asimismo, lo relativo a créditos con garantía prendaria fue resuelta por la Sala, en el mismo sentido, en autos «Banco Comafi S.A. c/ Villalba Sonia Ines S/Secuestro prendario», del 17.2.10.

Toda vez que, en lo pertinente, los fundamentos de dichos fallos resultan aplicables al sub lite, cabe remitirse a los mismos (v. esta Sala, «Banco Comafi S.A. c/ Aguilera Vega Dionicio s/ secuestro prendario» (Expte. N° 19239/09), del 4.3.10).

2.En el caso, la quejosa sostuvo, por un lado, que la ley 24.240 de Defensa del Consumidor no puede ser aplicada en el marco de una acción extrajudicial inaudita parte, como el presente secuestro prendario.

Por el contrario, juzga el tribunal que, aun encontrándose el deudor impedido de promover recurso alguno en el marco del secuestro prendario, lo cierto es que está fuera de discusión que el título que otorga el derecho de secuestrar fue originado en una deuda contraída con el objeto de adquirir bienes para consumo.

Véase que, de los términos del contrato surge claramente que el préstamo dinerario sería aplicado a la adquisición del automotor prendado y que el mismo sería destinado para uso particular.

Cabe concluir entonces que estamos ante una relación de consumo en los términos del art. 3 de la

L.D.C. y que las circunstancias personales de las partes y elementos obrantes en las actuaciones permiten formar convicción positiva respecto del encuadramiento de la relación jurídica dentro de las operaciones regidas por el art. 36 de la L.D.C.

En ese contexto, no cabe soslayar que las normas que rigen el secuestro prendario son, en definitiva, disposiciones meramente procesales o de forma, que deben armonizarse y coordinarse con todo el ordenamiento vigente (C.N.: 31 y CPCCN: 34, 4).

De modo que la primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas citadas, se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, en los principios de lex posterior derogat prior y lex specialis derogat generalis, y en la jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor -reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42-.

Por otro lado, tampoco puede pasarse por alto que la ley de Defensa del Consumidor es ley de «orden público» (art. 65); por lo cual, como allí se otorga al consumidor un régimen especial derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, sus normas son de aplicación imperativa y deben tenerse como modificatorias de la legislación sustancial y procesal, en todo aquello que esté regulado de forma incompatible.

3. Por lo expuesto, y oída la señora Fiscal General, desestímase el recurso de apelación y se confirma la decisión apelada. Sin costas dada la inexistencia de contradictorio.

Notifíquese a la señora Representante del Ministerio Público en su despacho y, con su resultado, devuélvase, encomendándose al juez de la primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr. 36, 1) y las notificaciones pertinentes.

Comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. N° 15/13).

ÁNGEL O. SALA

MIGUEL F. BARGALLÓ

HERNÁN MONCLÁ

MARCELA L. MACCHI

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