El corrimiento de las fronteras procesales en el ámbito de la salud mental

shutterstock_87942775Por :Diego O. Ortiz (*)
“Hoy prevalece un cambio de visión en materia de capacidad de las personas físicas, es imprescindible salir de moldes rígidos que podíamos sostener en el siglo pasado”.Luis D. Crovi

I. Introducción
Relacionado a la capacidad, el derecho es la disciplina que le da vida jurídica a la persona, se la restringe o restituye. Esto depende del supuesto que se presente.
El respeto por los derechos de las personas con padecimiento mental tiene resguardo nacional e internacional por medio de instrumentos que configuran un cambio de paradigma, llamado “modelo social de la discapacidad”. Este paradigma, que pasa de un abordaje tutelar a un reconocimiento de los padecientes mentales como sujetos de derechos, está caracterizado por la existencia de nuevos conceptos, la necesidad de trabajo interdisciplinario, nuevos dispositivos y órganos, nuevas reglas de actuación procedimental, el protagonismo del padeciente, etc.
Podríamos decir que durante los últimos años, se ha producido un corrimiento de las fronteras (jurídicas y psicológicas) en el campo de los procedimientos en materia de salud mental. Esto nos obliga a analizar algunos temas relacionados al procedimiento, que den cuenta de este corrimiento.

II. Ámbito procesal
a) Competencia

La atribución de competencia en razón del territorio, en estos supuestos, requiere analizar los aspectos sustanciales, antes que utilizar formulismos procesales. El fundamento de este requerimiento es que el lugar de competencia sea el de mayor protección de los intereses del padeciente ya sea por su cercanía, la posibilidad de tomar y ejecutar medidas, etc.
El hecho de que el juez que conoce en el trámite se encuentre en el mismo lugar que el establecimiento donde habita el eventual incapaz coadyuva al contacto directo y personal del órgano judicial con el afectado. Además, favorece la concentración de todas las diligencias médicas destinadas a determinar su estado de salud, propende a eliminar trámites procesales superfluos u onerosos y evita la prolongación excesiva de los plazos. Todos aspectos vinculados a los principios de inmediatez y economía procesal.
Esto quiere decir que si estamos ante un conflicto negativo de competencia territorial, se debe tener en cuenta el lugar de internación o el lugar de realización del tratamiento del padeciente.
b) El concepto de debido proceso
El debido proceso se refiere al “conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier … acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (Corte IDH, caso “Baena, Ricardo y otros. Excepciones preliminares”, sentencia del 2/2/2001).
Este concepto, con mayor razón, debe ser observado en los procesos en los que se plantea una internación psiquiátrica coactiva, es decir involuntaria. Esta mayor observación reside en el estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el cual se encuentran frecuentemente quienes son sometidos a tratamientos de esta índole, erigiéndose como esencial el control por parte de los magistrados de las condiciones en que aquella se desarrolla.

c) El defensor del padeciente mental

Actualmente, se plantea la posibilidad de designar a un abogado solo en los casos de internaciones en contra de la voluntad del paciente, para que se oponga a la internación y solicite la externación en cualquier momento (en el supuesto de internación voluntaria, también puede designar un abogado). Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. Esto es para asegurarle al padeciente una asistencia jurídica técnica que proteja su persona.
En conclusión, como dice Martínez Alcorta, el abogado, bajo este paradigma, se convierte en un quijote de la pretensión de su asistido. Dejando el ropaje tutelarista del defensor especial –como una suerte de auxiliar del juez– para pedirle, y eventualmente exigirle, al magistrado todas aquellas medidas tendientes a lograr la sustitución de la internación manicomial por alguno de los dispositivos comunitarios, entre otras cosas.

d) La adopción de medidas urgentes
El tiempo… pasa y los operadores de justicia deben saberlo y actuar en consecuencia a ello, o sea, tomar medidas. Más cuando estamos ante un proceso de familia caracterizado por el bienestar y la capacidad de la persona.
Las medidas cautelares en el ámbito de la salud mental son una vía procesal expeditiva para acortar los tiempos y garantizar derechos a las personas que tienen un padecimiento mental. Tienen una interpretación particular de sus presupuestos de admisibilidad. Sus caracteres son: flexibilidad, amplitud, libertad y enfoque interdisciplinario.
La tutela de los derechos esenciales del padeciente mental impone al juez la obligación de tomar las medidas urgentes de carácter patrimonial y personal.

e) La inmediación con el padeciente
El contacto directo del juez con el padeciente mental permite conocer a este “la cara, los gestos y pensamientos del expediente”.
Esto quiere decir que el expediente caratulado “x”, que estaba en el despacho o en el casillero del juzgado, cobra vida con este encuentro, no porque el juez no sepa que detrás de ese expediente hay una persona, sino porque conoce “personalmente” a la persona del expediente.

f) Las evaluaciones de carácter interdisciplinario
La Ley nacional 26.657 de Salud Mental produjo un profundo impacto en el régimen de capacidad, incapacidad e inhabilitación previsto por el Código Civil, modificando el art. 482 del mencionado cuerpo legal e incorporando el art. 152 ter.
A partir de la sanción de dicha ley, se requiere que las evaluaciones producidas en el marco de los procedimientos de insania e inhabilitación sean de carácter interdisciplinario. Esto permite determinar con mayor precisión las futuras restricciones que eventualmente deberían adoptarse respecto del ejercicio de la capacidad jurídica del causante. (J. M. E. s/ insania y curatela, Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala I, 22-may-2012, MJ-JU-M-72375-AR | MJJ72375 | MJJ72375).

g) La sentencia en estos supuestos
La sentencia en estos supuestos debe ser conocida principalmente por aquel a quien se le van a limitar determinados actos, como, por ejemplo, un acto de disposición.
Al mismo tiempo, se le debe explicar el contenido y resolución de la sentencia, de manera que comprenda qué actos a partir de ella, va poder hacer o no y que la limitación de sus actos no es para perjudicarlo, sino que es para su protección. Desde ya, esto depende de cada caso y de cada patología en particular.
h) La posibilidad de un nuevo examen y de revisión
Los causantes necesitan ser reevaluados periódicamente a fin de verificar su estado. Vedar la posibilidad de un nuevo examen contemplado con la Ley 26.657 sería ir en detrimento de los derechos de las personas padecientes mentales.
Este examen dará cuenta del nuevo estado de la persona para que la sentencia los contemple. La finalidad de este es que la realidad personal se encuentre reflejada en la situación jurídica declarada, en la medida que la persona lo necesite, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado.
Con respecto a la revisión, la Corte Europea ha establecido que, independientemente de la complejidad -por su naturaleza médica- de estos casos de internación, las autoridades nacionales tienen la obligación sin demora de revisar su legalidad, debiendo organizarse el sistema judicial -o el correspondiente- de tal forma que esta revisión se dé en intervalos periódicos, razonables, con fundamento en que la demora en realzarla no solo extiende la duración de la detención, sino que puede dar lugar a evaluaciones psiquiátricas equivocadas que no correspondan a la actual situación mental de la persona (caso “X. v. United Kingdom [art. 50]”, 7215/75 -1982-, ECHR 8, 18/10/1982). A su vez, con la Ley 26.657 se incorpora la revisión de las sentencias cada tres años, lo que permite la “movilidad” y flexibilización del encuadre jurídico a la par de las modificaciones en los diagnósticos interdisciplinarios efectuados con intervención de las distintas profesiones que abordan la problemática de la salud mental.

III. Conclusión

Los aspectos procesales mencionados anteriormente permiten ver atisbos del paradigma de salud mental caracterizado por la protección, la contemplación de las necesidades y la búsqueda de soluciones justas para el padeciente. No me refiero a soluciones estrictamente formales y jurídicas, sino a “soluciones de vida”.
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(*) Abogado, UBA. Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, UBA. Especialista en Violencia Familiar, UMSA. Docente de Derecho de Familia en la Cátedra del Dr. Azpiri, UBA. Coautor de Violencia Familiar, Aspectos prácticos, de Editorial Hammurabi y autor de Medidas cautelares de violencia familiar, de Ediciones Jurídicas.

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