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Es despido sin causa el comunicado al trabajador por acta notarial si en la misma no consta el motivo rupturista.

Despido (2)Partes: Fernández de Nevares Agustín c/ Fernandez Roque Omar s/ cobro de pesos

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario

Sala/Juzgado: Segunda

Fecha: 1-jul-2015

Cita: MJ-JU-M-95663-AR | MJJ95663 | MJJ95663

Es despido sin causa el comunicado al trabajador por acta notarial si en la misma no consta el motivo rupturista.

Sumario:

1.-Toda vez que del acta notarial labrada por escribano surge que el demandado notificó al actor de las prescindencia de los servicios a partir de la fecha y que a su disposición están los haberes correspondientes y que en el plazo de 48 horas debe hacer entrega de la vivienda, se extingue el contrato de trabajo habido entre las partes, por imperio de los caracteres especificados y al omitir el cumplimiento del art. 68, – indicación del motivo rupturista en la oportunidad de comunicar al trabajador su voluntad- se configuró un despido incausado.

2.-La comunicación por acta notarial del empleador al trabajador de que prescinde sus servicios, no puede ser receptado como válido, pues aún cuando el despido tiene carácter unilateral y recepticio por lo que una vez que entra a conocimiento del destinatario, en el caso el trabajador, el vínculo quedó disuelto y no es habitual que la demandada comunique el despido a través de un acta notarial, en el caso, no puede ser válido atento el incumplimiento en la mención del motivo rupturista en el acta notarial labrada.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 01 días del mes de julio del año dos mil quince, se reunieron en Acuerdo las Sras. Juezas de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, Dras. Lucía María Aseff, Roxana Mambelli y Adriana María Mana, para resolver en autos: «Fernández de Nevares Agustín c/ Fernandez Roque Omar s/ Cobro de Pesos» (Expte. N° 924/2011), el recursos de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el fallo Nro. 106 del 27 de febrero de 2014, dictado por la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la 3ra. Nominación (Dra. María Silvia Albertti) de la ciudad de Rosario. Hecho el estudio del juicio, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

1- ¿Es justa la sentencia impugnada? 2- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dras. Mana, Aseff y Mambelli.

A la primera cuestión: La Dra. Mana dijo: La sentencia Nro. 106 del 27 de febrero de 2014, a cuyos fundamentos de hecho y de derecho me remito en mérito a la brevedad, resuelve lo siguiente: 1) Hacer parcialmente lugar a la demanda y condenar a Roque Omar Fernández a abonar a Agustín María Fernández de Nevares dentro del término de 5 días la suma que resulte de la planilla a practicarse, según los considerandos, de los siguientes rubros declarados procedentes: indemnización por antigüedad (arts. 69 y 76 ley 22248); sueldo anual complementario proporcional 2010 y 2011 (art.ñ 40 ley 22248); vacaciones proporcionales 2010 y 2011 (art. 23 ley 22248); remuneracions adeudadas diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, con más los intereses fijados; 2) Costas a la demandada, art. 102CPL; oportunamente se regularán los honorarios profesionales. (fs. 240 vta./241).- Contra la sentencia de fs. 235/241 se alza en apelación la demandada a fs. 242. Concedido el recurso y elevadas las actuaciones, expresa sus agravios la accionada a fs.258/261; los que son contestados por el actor a fs. 264/267, quedando los presentes en estado de resolver.

Agravios Los reproches vertidos por la demandada se enderezan a cuestionar que la sentenciante de grado: 1) considere que el actor ingresó a trabajar el día 01/10/2010. 2) estime que el contrato asociativo de explotación tambera requiera «sellado de ley». 3) desconozca el Acta Notarial Nro. 20 de fecha 15/02/2011 pasada por ante la Escribana Gabriela Sofía Tassioli titular del registro 138. 4) considere que el actor haya cumplido funciones de encargado de tambo. 5) sostenga que las cartas no llegaron a «esfera de conocimiento del actor ya que fueran devueltas al remitente». 6) disponga que el actor pueda considerarse injuriado y en situación de despido indirecto cuando ya había sido despedido por la demandada. 7) haya considerado que el salario del actor fuera de $ 6.000. 8) establezca una tasa de interés equivalente a una vez y media la tasa activa promedio fijada por el Banco de la Nación argentina. 9) le imponga las costas.

Trataré los agravios en el orden que considere metodológicamente adecuado y en forma conjunta alguno de ellos.

Respecto a las modalidades del contrato de trabajo que vinculó a las partes cuestiona el quejoso lo decidido en el fallo en crisis respecto a la fecha de ingreso y categoría detentada por el trabajador.

Al respecto de las constancias de autos advierto que en el escrito de demanda el trabajador indicó que «.ingresó a prestar servicios en fecha 01.10.10.», realizando las tareas de Encargado de Tambo (fs. 9 vta.), lo que ha sido negado por la demandada en su responde quien aseveró que el actor «.ingresó a trabajar en el establecimiento la Maruka, tambo Los Girasoles el día 01/02/11. Se lo categorizó como Ordeñador Tambero en los términos de la Ley 22.248.» (fs.48).

Habiendo alegado el trabajador una fecha de ingreso y categoría diferente, frente a la negativa de la demandada, correspondía al dependiente la acreditación de su versión ya que «cada parte carga con la obligación de probar los extremos en que funda su pretensión. «. (CNTrab. Sala II, diciembre13-994.- Martin Blas B.c. Vinisa S.A. y otro. DT, 1995- A, 401.).

En este contexto coincido con la sentenciante de grado respecto a que «De la prueba rendida en autos analizada a la luz de la sana critica, surge que efectivamente la fecha de ingreso del actor fue en el mes de octubre de 2010.», transcribiendo la declaración testimonial de Van Houte (fs. 237 y vta.) y en cuanto a que el actor logró acreditar la categoría laboral que invoca.

A contrario de lo pretendido por el quejoso, la declaración de Van Houte resulta suficiente para acreditar un ingreso anterior y la categoría de encargado de tambo.

Así, el Sr. Pedro Van Houte (fs.72) expresó: «Yo por mi trabajo pasaba en mi auto por el Establecimiento la Maruca cerca de Funes donde trabajaba el actor como encargado de tambo y donde comencé a entablar relación con él, y ya a principios o mediados de octubre del año 2010 el ya estaba trabajando ahí» (respuesta a la segunda pregunta).

Cabe señalar que el declarante no conoce los hechos sobre los que relata sólo porque pasaba por el camino público que está a 700 metros del tambo como afirma el quejoso, sino que del contexto de su declaración se evidencia que el mismo asistía al tambo, ya que expresamente refiere «.donde comencé a entablar relación con él.», por lo demás no refiere de oídas que el accionante era encargado de tambo, ya que solo al responder acerca de la remuneración abonada al actor el testigo dijo «Lo que se por charlas y conversaciones con gente del tambo y con Agustín Fernández que me comentaron.» (respuesta a la cuarta pregunta), pero no cuando contestó sobre la fecha de ingreso y tareas del actor, donde sus dichos se evidencian contundentes.

Cabe señalar que si bien el tradicional tópico del derecho romano antiguo testis unus, testis nullus ha sido hace ya bastante tiempo superado por el derecho procesal, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que el testimonio único, para poder ser la fuente de convicción que de sustento exclusivo a una decisión judicial condenatoria dentro del sistema de evaluación que se encuadra en las reglas de la sana crítica, debe poseer ciertas notas distintivas.

Es así que se exige que el testigo exhiba un conocimiento directo y personal de los hechos, que exprese lo que sabe con precisión, claridad y detalles, que pueda fundamentar sus aseveraciones, que explique claramente las razones que permitan evaluar si su conocimiento y sus expresiones son veraces, y que se desprenda de ellas su total objetividad y sinceridad.

Además, los dichos de quien tenga dentro del proceso esta categoría, no deben aparecer controvertidos o desvirtuados por ningún otroelemento de la causa que conduzca al juzgador a dudar de sus declaraciones.

Y en tal sentido cabe resaltar que el relato que efectúa esta persona proviene de su directo conocimiento de los hechos, resulta objetivo e imparcial, sus respuestas son coherentes y no hay nada en ellas que permita dudar de su sinceridad, por lo que coincido con el sentenciante en cuanto a que el actor ha logrado acreditar la fecha de ingreso que denuncia en su escrito de inicio y la categoría pretendida atento que el testigo en análisis presenta suficiente eficacia probatoria a los fines de probar los hechos debatidos.

Agrega el apelante que «.es clave, también lo expresado por el propio actor ante la posición Nro. 7 al aclarar que su padre estuvo trabajando ahí en el campo y que desconoce el contrato.» pretendiendo justificar la presencia del actor en el campo durante el período que no trabajo en virtud del contrato habido con el padre del actor.

Ahora el contrato asociativo de explotación tambera que se dice celebrado celebrado entre la demandada y el padre del actor no fue reconocido, de manera que, más allá de que dicho contrato requiera o no del sellado de ley, lo cierto es que el mismo, no fue reconocido en autos, lo que le resta eficacia probatoria al mismo.

Conforme lo expuesto precedentemente y habiéndose acreditado las condiciones de trabajo invocadas, las quejas deducidas en primer, segundo y cuarto lugar no resultan atendibles.

Examinaré en lo sucesivo la extinción del contrato de trabajo habido entre las partes en virtud de existir controversia respecto al modo de extinción del mismo. El actor refiere que el contrato finalizó por despido indirecto ocurrido en fecha 5 de marzo de 2011, mientras que el demandado afirma que el vinculo habido se extinguió en los términos del art. 64 inc. c) de la ley 22.248 (despido sin causa) y dentro de los plazos del art. 63, el que fue notificado mediante Escritura Notarial N° 20 de fecha 15/02/11 (fs.48).

Comenzaré por referirme a las características del despido, para luego examinar el modo en que operó la extinción del contrato de trabajo. Así, Julio Armando Grisolía señala las siguientes: – acto unilateral del empleador (despido directo) o del trabajador (despido indirecto) que extingue el contrato, es decir que se produce por su sola voluntad; – acto recepticio, ya que se torna eficaz desde el momento en que el acto llega al conocimiento del destinatario; – acto extintivo, porque desde que es recibida la notificación, los efectos del contrato cesan para el futuro y ninguna de las partes puede invocar hechos posteriores para justificar la medida; – acto informal, es decir que puede manifestarse verbalmente o por escrito o incluso surgir de un comportamiento inequívoco de las partes (cf. Grisolía, Julio Armando. «Régimen indemnizatorio en el contrato de trabajo» Ed. Nova Tesis, Rosario (Santa Fe), agosto 2001, pág. 21).

De lo expresado, puede colegirse que una vez que la Escribana Gabriela Sofía Tazzioli, titular del Reg. N° 138 de Funes en fecha 15 de febrero de 2011 labró el acta de notificación notarial y notificó al actor «.de las prescindencia de los servicios a partir de la fecha y que a su disposición están los haberes correspond ientes y que en el plazo de 48 horas debe hacer entrega de la vivienda.» (fs. 73), se extingue el contrato de trabajo habido entre las partes, por imperio de los caracteres especificados.

El art. 68. dispone que: » La resolución del contrato de trabajo por injuria de cualquiera de las partes, o en el supuesto previsto en la última parte del art.52, deberá comunicarse por escrito, con mención de los motivos en que se fundare.

Cuando por razones debidamente justificadas la comunicación no pudiere ser notificada, la misma se practicará a la oficina administrativa del trabajo, directamente o por telegrama, expresando la determinación y sus motivos» La sentenciante hizo prevalecer el despido indirecto en que se coloco el trabajador, al respecto cabe señalar que asiste razón al quejoso en este punto ya que el mismo no puede ser receptado como válido. El despido tiene carácter unilateral y recepticio por lo que una vez que entra a conocimiento del destinatario, en el caso el trabajador, el vínculo quedó disuelto. Si bien no es habitual que la demandada comunique el despido a través de un acta notarial, ello no impide otorgar validez al acto, recordando tiene plena validez la extinción notificada por este medio ya que a través del acta notarial la patronal comunicó en forma expresa su voluntad de rescindir el contrato de trabajo que lo vinculaba en lo sucesivo, la que no ha sido atacada de falsa y la misma es plenamente válida y con ella se extinguió el contrato de trabajo habido sin invocación de causa alguna.

En nuestro ordenamiento legal tanto el empleador como el trabajador pueden extinguir el contrato de trabajo fundado el primero en despido en justa causa o considerándose el trabajador en situación de despido indirecto.Pero es exigencia para ambos que en la comunicación del distracto se exprese claramente la voluntad rescisoria con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato -los que no podrán variarse a la hora de demandar-, a fin de que los mismos puedan ser valorados prudencialmente por los jueces y también se le permita a la contraparte su derecho constitucional de defensa.

Como se advierte en el supuesto de autos, la accionada no ha observado el cumplimiento de aquella exigencia en oportunidad de comunicar al trabajador su voluntad rupturista, motivo por el cual, estamos en presencia de un despido incausado, pretendiendo el demandado quedar amparado en el art. 63 de la ley 22.248 que dispone que durante los primeros noventa días el contrato de trabajo puede ser rescindido sin derecho a indemnización alguna, norma cuya aplicación no corresponde al caso de autos ya que conforme fuera dispuesto en el tratamiento del agravio anterior la fecha de inicio de la relación laboral fue el 1 de octubre de 2010, habiendo operado la rescisión en fecha en fecha 15 de febrero de 2011, trascurrieron más de los noventa días que prevé la norma y por ello corresponde el pago de los rubros indemnizatorios.

De manera que habiendo operado el despido sin justa causa en la fecha que consta en el acta notarial, el trabajador debió acreditar que el contrato continuo vigente de manera que renacieran las obligaciones laborales de ambas partes.

Respecto a que el actor haya sido relevado por el Ministerio de Trabajo con posterioridad a su desvinculación, ello no resulta suficiente a los fines de probar que continuó trabajando bajo las órdenes del empleador.

Es que, adhiero a los fundamentos brindados por mi colega respecto a la fuerza probatoria del acta del Ministerio de Trabajo expuestos en el acuerdo Nro. 347 de fecha 22 de noviembre de 2013, en los autos «RODRIGUEZ, LUCAS c/ COLOMBO, CRISTIAN s/ COBRO DE PESOS» (Expte. Nro.272/2012): «.ninguna duda cabe respecto del carácter de funcionario público de quien labró el acta e intervino por el Ministerio, tornando el dicho documento en instrumento público. Sin embargo, el instrumento público hace plena fe respecto de los hechos cumplidos por el oficial público o pasados ante su presencia (CC, 979, inc. 2; 993); pero lo plena fe no se extiende a la sinceridad del contenido de lo declarado que se rigen por los principios de los arts. 994 y 995 del mismo cuerpo legal. De tal modo, basta la prueba en contrario para desvirtuar la verdad de los hechos referidos ante el oficial público que excedan del acto mismo».

Del acta labrada por el Ministerio de Trabajo en fecha 23 de febrero de 2011 emerge que el inspector fue atendido por Fernández de Nevares Agustín en el establecimiento del demandado, haciendo plena fe el hecho de la presencia del actor en el tambo propiedad de la demandada, ya que ello fue constatado por el inspector del trabajo.Ahora bien, respecto al carácter en que el mismo se encontraba allí el propio actor declaró que lo hacía en su carácter de encargado de tambo, y que el inspector del Ministerio de Trabajo no constató que el actor se encontrara prestando tareas, sino la presencia del mismo allí.

Consecuentemente ha sido desvirtuado en autos en virtud del despido dispuesto por la demandada, por lo demás del expediente remitido por el ministerio de Trabajo se evidencia que el propio demandado cuestionó el carácter invocado por el atendiente y expresamente en su descargo mencionó el despido de dicho dependiente, no consintiendo con ello la patronal una continuidad laboral que amerite un posterior despido indirecto.

Tampoco debe soslayarse que el actor habitaba una vivienda ubicada en el tambo, lo que hace presumir que la presencia del mismo en el establecimiento de la demandada ocho días después del despido se debía a que aún no había hecho entrega de la vivienda que ocupaba.

En conclusión estimo que el contrato de trabajo se extinguió en fecha 15 de febrero de 2011 por despido incausado dispuesto por la demandada mediante acta notarial n° 20 lo que tiene consecuencias en orden a los rubros remuneratorios e indemnizatorios receptados que deberá calcularse a dicha fecha.

Por lo que corresponde hacer lugar a las quejas deducidas en tercer y sexto lugar por el quejoso.

El tratamiento de los cuestionamientos relativos a que la sentenciante considere que las cartas no llegaron a esfera de conocimiento del actor ya que fueran devueltas al remitente se torna innecesario debido a lo decidido respecto a la forma de extinción del contrato de trabajo.

No obstante lo cual cabe cabe recordar que quien elige un medio de comunicación para hacer saber su voluntad corre con las consecuencias que de ella derivan, de manera que en principio la consecuencia de utilizar un medio que no resulte eficaz será que el despacho deba considerarse inexistente en virtud del carácter recepticio de las comunicaciones telegráficas.

Conforme emerge de las constancias de la causa el domicilio constituido por el accionante fue elde Montevideo 2026 2° Piso «C» de la ciudad de Rosario (el subrayado me pertenece).

De la respuesta brindada por Correo Argentino emerge que la CD N° 082443189 (Cf. fs. 68) fue remitida por el demandado al domicilio de Montevideo 2026 de la ciudad de Rosario sin precisar el piso y el departamento, lo cual obstaculiza que la misma haya llegado a esfera de conocimiento del actor por negligencia del propio demandado.

No obstante, la CD N° 082439065 fue dirigida correctamente al domicilio mencionado (cf. fs. 69), por lo que, comparto criterio que comparto «.la culpa del receptor puede exonerar de responsabilidad al emisor ante el no perfeccionamiento de la comunicación cursada. Como culpa del receptor entendemos básicamente «negligencia» o «desinterés» en facilitar un intercambio fluido de correspondencia, lo que se materializa, según la definición del art. 512 del Código Civil, en la «omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar» (Cf. Antonio VAZQUEZ VIALARD, Ley de Contrato de Trabajo, Comentada y Concordada, Tomo III, Ed. Rubinzal – Culzoni, Pág. 394).

De manera que el actor no cumplió con la obligación de diligencia ni con el principio de buena fe, principio este bifronte que debe ser observado tanto por el trabajador como por el empleador, en tanto conforme informa el correo desconoció el despacho mencionado, tal como surge de lo informado a fs.70.

En séptimo lugar reprocha el recurrente que la jueza de origen considere que el salario del actor fuera de $ 6.000 con fundamento en que la una errónea interpretación de la fecha de ingreso y categoría del actor impacta directamente en todo el razonamiento posterior efectuado por el juez de grado.

Habiendo quedado acreditado en autos las modalidades denunciadas por el trabajador esto es fecha de ingreso y categoría detentada y no existiendo otro cuestionamiento atendible por parte del recurrente corresponde confirmar lo decidido en el fallo de grado, por lo que el agravio será rechazado.

Pasando al examen de la octava queja deducida cuestiona el apelante la determinación de la tasa de interés efectuada por la sentenciante de grado.

La magistrada aplicó «.un interés equivalente a una vez y media la tasa activa promedio que fija el Banco de la Nación Argentina para descuento de documentos», sosteniendo el quejoso que la misma es elevada y fuera de todo parámetro inflacionario y alejada de la realidad social y tribunalicia, pretendiendo la aplicación de la Tasa Promedio (fs.260 vta.).

Entiendo que los fundamentos expuestos por el apelante resultan suficientes para conmover la tasa de interés dispuesta por la sentenciante, y resultan de aplicación los fundamentos vertidos por esta Sala en autos «Blanco c/ Asociart ART» -Acuerdo Nº 197/2014-, donde señalamos que «Como parámetro a fin de hallar un interés adecuado, se puede mencionar lo que refiere Grisolía en torno a que ‘. el medio a emplear para mantener el valor del crédito adeudado depende de la existencia y de la magnitud del perjuicio a reparar, pero también de la calidad del acreedor, no pudie ndo soslayarse que la integridad del crédito laboral se halla directamente garantizada por la Constitución, sin que pueda existir pretexto para privar a un habitante de la Nación- más aún tratándose de un trabajador, sujeto especialmente tutelado por el texto constitucional- de parte de su propiedad, acordada por las leyes y declarada por los jueces, ni para promover el enriquecimiento sin causa del deudor moroso en razón de su propia mora» (Grisolía, Julio Armando, «La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales», LL 05/05/2014,1, Impuestos 2014 (junio) 215.AR/DOC/1349/2014).

En dichos autos se concluyó que «. de continuar aplicando la tasa de interés fijada en «Díaz c/ Charge» (esto es, el promedio mensual de la tasa activa que fija el BNA para el otorgamiento de préstamos) se estaría depreciando el capital; por lo que concluimos que de aplicarse una vez y media la tasa activa sumada del BNA para descuento de documentos a 30 días, se evitaría el desfasaje del capital y al mismo tiempo se produciría una compensación por la privación del uso del dinero, en tanto si a dicha tasa se le resta la variación de los precios al consumidor se obtiene una tasa de interés pura positiva.

«Dicha tasa será aplicada a partir del 01/01/2014 en tanto a partir de esa fecha se verifica un incremento marcado de la inflación que se observa de la variación de los índices de precios al consumidor.» Por lo dicho, corresponde receptar parcialmente el presente agravio y disponer que la tasa de interés fijada por la a quo se aplique a partir del 01/01/2014.

En el noveno agravio cuestiona el apelante la imposición de costas impuesta por la sentenciante pretendiendo que en virtud de los rubros que no prosperaron las costas sean repartidas en virtud del principio de vencimiento reciproco.

Entiendo que asiste razón en este aspecto al apelante, las costas deberán ser proporcionales al éxito obtenido por cada parte tal como reza el art. 102 del CPL.

El art.102 del CPL dispone que si el resultado del pleito fuere parcialmente favorable para ambos litigantes, las costas se compensarán o distribuirán prudencialmente por el juez o tribunal en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos, pero en el caso de reducirse las pretensiones de una de las partes a través de la sentencia, si la disminución no supera el veinte por ciento, impone la condenación total en costas a la parte parcialmente derrotada.

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la entidad de los rubros receptados como aquellos que recibieron diferente suerte, corresponde modificar el régimen de costas dispuesto en primera instancia y atendiendo que la cuestión principal excede lo meramente numérico, al encontrarse en discusión la procedencia de los rubros indemnizatorios y remuneratorios derivados del distracto, lo que fue receptado, estimo que corresponde adecuar en función del art. 102 del CPL las costas impuestas, pues el carácter de litigante vencido lo constituye, para el demandado, el hecho de que la acción haya prosperado en su contra, por ello y en su lugar imponer las costas en un sesenta 60% a la parte demandada y en un 40% a la parte actora.

Las razones hasta aquí expuestas me conducen a propiciar la recepción parcial de los agravios de la demandada, en el sentido de modificar el modo y la fecha de extinción del contrato de trabajo, la tasa de interés y el régimen de costas impuesto por la sentenciante, y la confirmación de la sentencia en todo lo demás que fue materia de agravios.

Voto, pues, por la afirmativa parcial.

A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Atento lo expuesto por la Vocal preopinante, voto en idéntico sentido.- A la misma cuestión: La Dra. Aseff dijo: Que advirtiéndose que existen dos votos totalmente coincidentes, se abstiene de emitir opinión sobre la cuestión planteada en virtud de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 10.160.- A la segunda cuestión: La Dra. Mana dijo:Los fundamentos que anteceden me llevan a: I) Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia en relación a la fecha y modo de extinción del contrato de trabajo, la tasa de interés y el régimen de costas impuesto por la sentenciante En su lugar, receptar que el contrato de trabajo finalizó mediante despido dispuesto por la demandada en fecha 15 de febrero de 2011; modificar la tasa de interés estableciendo desde que cada suma se hubiere devengado corresponderá aplicar el promedio mensual de la tasa activa que fija el BNA para el otorgamiento de préstamos y disponer que la tasa de interés fijada por la a quo se aplique a partir del 01/01/2014 e imponer las costas en un 60% a cargo de la demandada y un 40% a cargo de la actora, confirmando el decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios; III) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada (arg. art. 102 del CPL); IV) Fijar los honorarios profesionales en un cincuenta por ciento de los que en definitiva sean regulados en Primera Instancia.

Así voto.

A la misma cuestión: La Dra. Mambelli dijo: Corresponde votar el voto propuesto por la Dra. Mana, así voto.- A la misma cuestión: La Dra. Aseff dijo: Que tal como dijera precedentemente y en virtud de lo previsto por el art. 26 de la ley 10160, me abstengo de emitir opinión.- A mérito del Acuerdo que antecede, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Laboral; RESUELVE:I) Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por la demandada y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia en relación a la fecha y modo de extinción del contrato de trabajo, la tasa de interés y el régimen de costas impuesto por la sentenciante En su lugar, receptar que el contrato de trabajo finalizó mediante despido dispuesto por la demandada en fecha 15 de febrero de 2011; modificar la tasa de interés estableciendo desde que cada suma se hubiere devengado corresponderá aplicar el promedio mensual de la tasa activa que fija el BNA para el otorgamiento de préstamos y disponer que la tasa de interés fijada por la a quo se aplique a partir del 01/01/2014 e imponer las costas en un 60% a cargo de la demandada y un 40% a cargo de la actora, confirmando el decisorio en todo lo demás que fuera materia de agravios; III) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada (arg. art. 102 del CPL); IV) Fijar los honorarios profesionales en un cincuenta por ciento de los que en definitiva sean regulados en Primera Instancia.

Insértese, hágase saber y oportunamente bajen.- (Autos: «Fernandez de Nevares Agustín c/ Fernandez Roque Omar s/ Cobro de Pesos». Expte. N° 924/2011).-

(siguen las firmas.)

MANA

MAMBELLI

ASEFF

(art. 26, ley 10160)

NETRI

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