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No es responsable un motor de búsqueda de internet, si no se acredita la lesividad de los contenidos ni la obligación de bloquearlos.

ParBuscadores internettes: Sagües Guillermo Ernesto y otro c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 13-may-2015

Cita: MJ-JU-M-95026-AR | MJJ95026 | MJJ95026

No existe responsabilidad civil de un motor de búsqueda de internet, si no se acredita la lesividad de los contenidos, ni se prueba que se tenía conocimiento cierto e individualizado de la existencia de dichos contenidos y del deber de bloquearlos.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia apelada que condenó a un motor de búsqueda de contenidos en internet, al pago de una suma de dinero a favor del actor en concepto del daño moral causado por la conducta antijurídica que le atribuyó a dicha empresa en ocasión de no haber bloqueado los contenidos supuestamente injuriantes contra el mismo.

2.-Uno de los requisitos de admisibilidad formal del recurso de apelación consiste en la existencia del gravamen entendiendo por tal, el perjuicio concreto que la resolución susceptible de ser impugnada por esa vía le causa al apelante ya que, de lo contrario, faltaría uno de los requisitos genéricos a los actos procesales de la parte, cual es el interés. En consecuencia de ello se descarta totalmente la apelación a quien hubiere obtenido lo que pedía (del voto en disidencia del Dr. Antelo)

3.-Quien resulta victorioso en la contienda por fundamentos distintos de los que invocó, no tiene derecho de apelar aunque sí debe exponerlos al contestar el memorial de su contraria y, a todo evento, hacer la reserva de las cuestiones federales no tratadas en la sentencia que estima favorables a su posición (del voto en disidencia del Dr. Antelo)

4.-El derecho a la impugnación se basa en la necesidad de revocar lo resuelto y no en la conveniencia de que se adopten otras razones que sirvan para mantener inalterable la decisión (del voto en disidencia del Dr. Antelo)

5.-El hecho de que, en ciertos casos, pueda tenerse al daño moral por configurado in re ipsa, no implica relevar al interesado de aportar elementos que permitan definir su cuantía (del voto en disidencia del Dr. Antelo)

6.-No es procedente el dictado medida cautelar que ordene al responsable de un motor de búsqueda de sitios de internet bloquear la información agraviante respecto de del actor y la obligación de monitorear permanentemente la red para evitar que se reitere la conducta, puesto que su alcance tan general torna dificultosa, sino imposible, la verificación de su efectivo acatamiento, máxime cuando su cumplimiento involucra un medio altamente dinámico debido a los nuevos sitios que en forma permanente son incorporados; vulnerando además lo dispuesto en el art. 1º de Ley 26.032 (del voto del Dr. Recondo por sus fundamentos – mayoría)

7.-Las medidas cautelares se deben analizar en función de una decisión definitiva a la que tiene por objeto garantizar, ya que están destinadas a asegurar la eficacia práctica de la sentencia e impedir que se tornen ilusorios los derechos de la peticionaria por el transcurso del tiempo que insuma el proceso y es por ello que el proceso cautelar no se justifica por sí solo (del voto del Dr. Recondo por sus fundamentos – mayoría)

8.-En la actualidad, no existen en la legislación argentina disposiciones específicas que regulen la actividad desarrollada por los buscadores de internet y su consecuente deber de resarcir si el ejercicio de aquella provoca un perjuicio hacia terceros. En función de ello, para la resolución de conflictos vinculados a dichas cuestiones debe establecerse un juego armónico entre los derechos de jerarquía constitucional, las normas de derecho interno e internacional que protegen la actividad de los buscadores y las herramientas que me proporciona la teoría general de la responsabilidad civil (del voto del Dr. Gusman por sus fundamentos – mayoría)

9.-La actividad de los buscadores en internet, debe ser analizada a la luz de la protección que le confiere la libertad de expresión como garantía constitucional y la especial valoración que debe conferírsele a ésta en sociedades democráticas (del voto del Dr. Gusman por sus fundamentos – mayoría)

10.-La delimitación del contenido esencial de los derechos requiere escudriñar -entre otros aspectos- su naturaleza, el bien que protege, su finalidad (la que se tuvo en mira al consagrarlo y la que se ha ido agregando en el devenir del tiempo), su ejercicio funcional y el que resulte de articularlo con otros derechos, sin prescindir en el análisis del elemento fáctico del caso concreto (del voto del Dr. Gusman por sus fundamentos – mayoría)

11.-La aceleración de los cambios históricos, el avance científico y tecnológico y el aumento de las necesidades espirituales y materiales, a lo que se adiciona la revolución de las comunicaciones, requieren del ámbito jurisdiccional una perspectiva dinámica en correspondencia con los sistemas de comunicación, el crecimiento exponencial de la tecnología y su gravitación sobre la mentalidad, las actividades y los comportamientos individuales y sociales (del voto del Dr. Gusman por sus fundamentos – mayoría)

12.-No basta cualquier pedido de bloqueo para achacar al buscador el deber de reparar, sino que deben concurrir dos circunstancias. Por un lado, el sitio que el sujeto considera injuriante debe encontrarse debidamente individualizado, mientras que, por el otro, el enlace o el contenido al que el buscador redirecciona debe resultar lesivo hacia quien pretende la reparación del perjuicio. La acreditación de aquellos extremos, recae sobre quien peticiona la tutela legal, en la medida que el núcleo básico de la injuria está dado por la subjetividad: el comportamiento o conducta que para una persona es injuriante, para otro puede no serlo. En otras palabras, la ausencia de contenidos que puedan ser considerados ofensivos hacia el reclamante, impiden de por sí la admisión de la acción puesto que en la ponderación de los derechos en juego debe primar aquél tutelado por la libertad de expresión y la imposibilidad de admitir la censura previa.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos «Sagües Guillermo Ernesto y otro c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios», y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. El juez de primera instancia admitió la demanda condenando a Google Inc. al pago de $60.000, con más sus intereses y costas, a favor del doctor Guillermo Ernesto Sagües en concepto del daño moral causado por la conducta antijurídica que le atribuyó a dicha empresa en ocasión del dictado de una medida cautelar en su contra (fs. 386/391 y vta.).

Apelaron ambas partes (fs. 304 y fs. 397 y autos de concesión de fs. 395 y de fs. 398). La demandada expresó agravios a fs. 413/423 y vta., mientras que la actora hizo lo propio a fs. 425/444. El traslado ordenado por la Sala a fs. 445 fue contestado a fs. 446/447 y a fs. 448/473 y vta.

II. El 15 de abril de 2009 el apoderado judicial del señor Guillermo Ernesto Sagües promovió este juicio contra la empresa Google Inc. («Google») con el objeto de que se la condenara al pago de los daños y perjuicios que sufrió el señor Sagües a raíz de la información injuriante y mendaz que aquella había difundido sobre él; también pidió que se le ordenara a la demandada a cesar definitivamente esa conducta (fs. 4/13 y vta.).

El letrado puso de relieve que su mandante era abogado y Presidente del Colegio Público de Abogados del Departamento Judicial de San Isidro, con una vasta trayectoria profesional y académica, y que Google había aceptado propalar noticias falsas sobre él avasallando su derecho a la intimidad, al honor y a la dignidad humana.En lo tocante a los hechos se remitió al acta de constatación y al relato efectuado en el incidente de medidas cautelares iniciado unos meses antes (causa nº 10.646/2008 que se tiene a la vista).

A fs. 15/43 y vta. el actor amplió su demanda. Expuso que Google presta el servicio de «hosting» mediante un contrato en el cual, en forma gratuita u onerosa, concede a un particular el derecho a alojar archivos en un servidor propio o ajeno que queda a disposición del público. Enunció las principales posiciones jurídicas sobre la responsabilidad que le incumbe a la demandada en casos como el de autos citando jurisprudencia y doctrina, tanto nacional como extranjera, sobre el tema (fs. 27 y vta. y ss.). Consideró que Google debe afrontar las derivaciones dañosas relacionadas con el «hosting», sea porque conoce la información que incorpora a la red y está en condiciones técnicas de controlar y evitar la difusión de contenidos lesivos a los derechos personalísimos de terceros (fs. 30 a fs. 32), sea porque la actividad informática, en especial la que se relaciona con los bancos de datos, es riesgosa para terceros; en virtud de ello y de la magnitud de las ganancias que obtiene la empresa, tiene la obligación de resarcir los perjuicios (fs. 32 y vta.). Remitió en lo restante a lo actuado en el ya referido incidente de medida precautoria, ofreció prueba y pidió el acogimiento de la acción dejando librado al criterio del juez la cuantía de la reparación (fs. 37 V).

III. A fs. 60/75 Google compareció contestando la demanda, oponiendo la excepción de defecto y pidiendo que se citara como tercero al autor de los contenidos objetados, esto es, el doctor Roberto Terrile, que pertenecía a una corriente crítica de la gestión llevada a cabo por el doctor Sagües en el Colegio de Abogados de San Isidro.No controvirtió la existencia de las páginas referidas, aunque discrepó del actor en cuanto a la responsabilidad que éste le endilgó. Negó el carácter injuriante y mendaz de las notas, como así también ser el proveedor de contenidos de la red y funcionar del modo en que Sagües lo había descripto. En ese sentido, puntualizó que los motores de búsqueda sirven como intermediarios entre el público y las páginas web; por lo tanto sostuvo que la empresa no es proveedora de todo lo que aparece divulgado en esas páginas (fs. 60/60 y vta.).

Relató que el buscador se alimenta a través de un sistema informático que recorre en forma continua la parte más amplia de Internet que pueda abarcar. Esos índices vinculan cada palabra que el sistema informático encuentra en las páginas de Internet recorridas a partir de las direcciones URL. El usuario, al recurrir al buscador, incluye una o varias palabras definiendo los parámetros de su búsqueda. El buscador se orienta en función de los índices previamente formados y proporciona al usuario todas las direcciones de URL correspondientes a las páginas que contienen las palabras establecidas por éste. Destacó su rol de intermediario y, por ende, su falta de responsabilidad con apoyo en la jurisprudencia que reconoce, únicamente, a los autores de las páginas y ediciones comprendidas en ellas como responsables de los perjuicios provocados a particulares en hipótesis como la del sub lite.

Acusó la inexistencia de los presupuestos de la responsabilidad civil, sobre todo, de la ilicitud de su obrar ya que ejerce una industria lícita alentada por normas específicas tales como el decreto 1279/97 y la ley 26.032, y no está obligado a lo imposible, como ser, controlar todo lo que se difunda por la red (fs. 62 y vta./fs.65). Negó que su actividad hubiese generado los perjuicios invocados por Sagües porque fue el doctor Terrile el autor de las notas y el propio actor se abstuvo de utilizar la «herramienta de solicitud de eliminación de contenidos» prevista en el menú para erradicarlas (fs. 70 vta.). Descartó que el caso quedara regido por las pautas de la responsabilidad objetiva ya que no había norma que la determinara para estos supuestos.

Finalmente, adujo que su actividad contribuía al ejercicio de la libertad de expresión protegida por la Constitución nacional.

Ofreció prueba, hizo reserva del caso federal, pidió que se acogiera la citación de tercero y que, al tiempo de la sentencia, se rechazara la acción, con costas.

IV. En el fallo obrante a fs. 386/391 el juez de primera instancia admitió la demanda, con costas.

Consideró el doctor Rojas Salinas que la causa del deber de responder no se encontraba en la actividad de Google sino en el incumplimiento oportuno de la medida cautelar dictada en este proceso. Al respecto puso de relieve que la firma mentada había procedido con «desidia e indiferencia» omitiendo el acatamiento de la providencia (considerando V, fs. 389 y vta. fs. 390).

V. Recurso de la demandada (fs. 414/426)

Es necesario enfatizar que la condena impuesta a la recurrente no se funda en su actividad ni en los argumentos expuestos por el actor en sus escritos introductorios de la instancia. Por lo visto, ella encuentra su razón de ser en el incumplimiento de la medida precautoria y en el carácter agraviante de las notas atribuidas al doctor Terrile.

Yendo a lo primero, en el ya citado expediente nº 10.646/2008 que tengo a la vista surge que, unos meses antes de la iniciación de este pleito, el doctor Sagües pidió una medida cautelar innovativa consistente en el bloqueo de las páginas http://www.axj.puntoforo.com y http://www.cortenla-casi.blogspot.com a las que se accedía por medio del buscador de la accionada (fs. 71, I, primer párrafo, del cit.expte.).

El doctor Anderson hizo lugar al pedido ordenándole al responsable del sitio http://www.google.com.ar «bloquear la información respecto de Guillermo Sagues, a que se refieren las páginas http://www.axj.puntoforo.com y http://www.cortenla-casi.blogspot.com a las que se accede a través del buscador de la demandada» (fs. 108/108 y vta., considerando IV, segundo párrafo). La finalidad no sólo abarcaba las notas relevadas en el acta notarial de fs. 1/3 sino cualquier otra que, en esos sitios, se publicara en el futuro. La resolución fue confirmada por la Sala (fs. fs. 163 expte. cit.).

La empresa demandada adujo que debía emplazarse al autor de los comentarios bloqueados para evitar que reiterase ulteriormente una conducta similar (fs. 123); pero lo cierto es que no probó que le fuera imposible hacerlo desde el punto de vista técnico. Al respecto, el dictamen del perito en informática Fernando Daniel Viura ilustró sobre uno de los modos posibles de obturar dicha reiteración (fs. 175/199, en especial, numeral 15, fs. 193 y vta. y numeral 18, fs. 194 y fs. 194 y vta.).

En su recurso Google no se hace cargo de las aportaciones del experto, sino que repite la idea expuesta en primera instancia, a saber, que el acatamiento literal de la cautelar conculca la libertad de expresión consagrada por la Constitución nacional y, más específicamente a su respecto, por la ley 26.032 (fs. 135 del expte. cit. y recurso, fs. 418 y ss.).

Con tal comprensión del asunto, no veo que los sucesivos incumplimientos en que incurrió en el proceso cautelar estén justificados; el primero de ellos fue denunciado el 22 de abril de 2009, es decir, días después de presentada la demanda (fs. 128/129 y vta. del expte. cit. y fs. 13 y vta. del principal). A él siguieron otros más (v.gr. fs. 169; fs. 177/177vta.; fs. 196/198 y fs. 208/209) que dieron lugar a la aplicación de sanciones conminatorias (fs. 170, fs. 179, fs.231 y depósito de fs. 239/245 y vta.).

En el contexto indicado cabe desestimar el primer y cuarto agravio (fs. 422/423), ya que la ilicitud de su obrar quedó configurada con dichos incumplimientos (arts. 505 y 666 bis del Código Civil y Llambías, Jorge Joaquín, Tratado de derecho civil -Obligaciones-, Buenos Aires, Editorial Perrot, segunda edición actualizada, tomo I, nro. 79 págs. 93 a 100).

El segundo aspecto a considerar es el carácter ofensivo de los comentarios bloqueados (fs. 1/2 del expte. cit. y). El recurrente no realiza un examen pormenorizado de ellos ni, por ende, rebate la calificación hecha por el a quo sobre el punto (considerando I del fallo, fs. 387 y vta./388).

Los enunciados comprendidos en el tercer agravio (fs. 419 y vta. y ss. de la apelación) son apreciaciones genéricas extraídas de fallos jurisprudenciales que no bastan para tener por cumplida la carga que impone el artículo 265 del Código Procesal. La argumentación encaballada en el derecho a la libertad de expresión del doctor Terrile (recurso, fs. 418 y ss.) no tiene relación con aquélla que hace a la responsabilidad de Google. Reitero, una vez más: a la empresa no se la condena por haber sido un instrumento de canalización de las notas, sino por la conducta que observó en el proceso cautelar. El interés del doctor Terrile en mantener abierta la forma de exteriorizar sus opiniones es personal de él y no integró la controversia debido al rechazo de su citación (fs. 82/82 y vta.; y fs. 109/111).

La misma suerte deben correr las objeciones sobre la existencia del daño -en las que no se incluye la reducción de la suma fijada- (fs. 422 y vta. y fs. 423). Lo escueto de ellas revela que no pasan de ser una mera disconformidad del accionado con las razones dadas por el magistrado de primera instancia (art. 265 del Código Procesal).

Finalmente, en lo que concierne al cuestionamiento por la imposición de las costas (fs.423 vii), no veo motivos para apartarse del principio que sienta el artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal.

Corresponde, pues, rechazar el recurso examinado, con costas al vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

VI. Recurso de la actora (fs. 425/444)

El primer agravio de esta parte tiene relación con los fundamentos por los cuales fue admitida la pretensión. Entiende que, «Sin perjuicio de la brillante y contundente sentencia dictada en autos-no podemos perder de vista que la corriente mayoritaria, se viene inclinando por la aplicación conjunta de responsabilidad objetiva y subjetiva-» (fs. 433 y vta. III, a). Postula que Google Inc. es «plenamente responsable por la información que incorpora en sus bases de datos, a través de robots informáticos DISEÑADOS Y DIAGRAMADOS POR HUMANOS (los técnicos de las accionadas -sic-) que utilizan para rastrear Internet y publicar a través de su servicio de búsqueda web» y que, por ende, debe ser condenada con apoyo en el artículo 1113 del Código Civil (fs. 434, tercer párrafo, las mayúsculas son del original, y cuarto párrafo). Explica que la demandada cuenta con los conocimientos y medios técnicos para controlar los contenidos antes de su indexación. Desde esa óptica preconiza que el deber de responder deriva, ya de una conducta culposa, ya de la teoría del riesgo inherente a la actividad, o más específicamente, del «riesgo-provecho» (fs. 435 y vta., fs. 438 y vta.). Cita jurisprudencia y doctrina en ese sentido (fojas cit. y fs. 439 a fs. 440 y vta.).

Es sabido que uno de los requisitos de admisibilidad formal del recurso de apelación consiste en la existencia del gravamen entendiendo por tal, el perjuicio concreto que la resolución susceptible de ser impugnada por esa vía le causa al apelante ya que, de lo contrario, faltaría uno de los requisitos genéricos a los actos procesales de la parte, cual es el interés (art.242 del Código Procesal; Carnelutti, Francesco, Instituciones del proceso civil, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-Argentina, traducción de la quinta edición italiana de Santiago Sentís Melendo, 197, tomo II, págs. 191 y 192; Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1975, tomo V, pág. 85; Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, La Plata, Editora Platense SRL, 1985, págs. 67 y 68 y págs. 335 a 339).

En consecuencia de ello se «descarta totalmente» la apelación a quien «hubiere obtenido lo que pedía» (Fenochietto, Carlos Eduardo-Arazi, Roland, Código procesal civil y comercial de la Nación comentado y concordado, Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma S.R.L., 1983, tomo I, pág. 766, parágrafo 3, primer párrafo; en igual sentido, Rivas, Adolfo Armando, Tratado de los recursos ordinarios, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1991, tomo 1, pág. 242).

Concordemente con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha juzgado que quien resulta victorioso en la contienda por fundamentos distintos de los que invocó, no tiene derecho de apelar aunque sí debe exponerlos al contestar el memorial de su contraria y, a todo evento, hacer la reserva de las cuestiones federales no tratadas en la sentencia que estima favorables a su posición (doctrina de Fallos: 253: 463; 258:7; 300:1117; 311:696; 315: 2125; y causa C. 1142 LXIII. R.O. «Cargill SASC c/Estado Nacional -AFIP-DGI-(GC)- resolución 9, 10 y 13/04 s/Dirección General Impositiva» fallada el 26 de junio de 2012). Expresado de otro modo, el derecho a la impugnación se basa en la necesidad de revocar lo resuelto y no en la conveniencia de que se adopten otras razones que sirvan para mantener inalterable la decisión.

En virtud de lo expuesto, el planteo que se examina queda excluido de la jurisdicción revisora de la Sala por no causarle al apelante ningún gravamen.

La segunda cuestión se vincula con el monto de la indemnización (fs.440 y vta. III. b). Recuerdo que al demandar el recurrente dejó librada su determinación al criterio de los jueces (fs. 37. V). No hubo entonces, ni hay ahora, ninguna pauta concreta que autorice a definir una suma en concepto de daño moral que supere los $60.000 establecidos en el fallo (art. 265 del Código Procesal). El aspecto predominantemente resarcitorio de la partida obliga al examen de la relación entre la conducta antijurídica que causó el daño con los padecimientos íntimos de la víctima (art. 1078 del Código Civil y Orgaz, Alfredo, El daño resarcible, Córdoba, Marcos Lerner, 1992, págs. 226 a 229; esta Sala, causa «Delgado de Cardeo, María R.c/Empresa Ferrocarriles Argentinos» del 12/12/1990 publicada en LL, 1991-C-227). El hecho de que, en ciertos casos, pueda tenérselo por configurado in re ipsa, no implica relevar al interesado de aportar elementos que permitan definir su cuantía (CSJN «González Eduardo A. c/Trenes de Buenos Aires S.A.» , sentencia del 7/12/04, en Fallos 327:5528).

En consecuencia, se desestima el recurso, con costas al actor vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Por ello, juzgo que la sentencia debe ser confirmada, con costas a cada recurrente vencido.

Así voto.

El Dr. Recondo dijo:

I. En cuanto a los hechos de la causa me remito a la descripción realizada en los Considerando I al IV del voto del doctor Guillermo Alberto Antelo. Sin perjuicio de ello, realizaré algunas consideraciones que me impiden compartir el criterio.

II.El señor juez de primera instancia entendió que la demandada se encontraba exenta de responsabilidad salvo cuando, advertida del daño que provoca el acceso a la información e identificado el sitio o página del caso, omitiese tomar las medidas del caso para evitarlo.

En autos está fuera de discusión que Google tomó conocimiento del requerimiento que mereció la tutela judicial el día 4 de marzo de 2009 cuando se le notificó la concesión de la medida cautelar (ver cedula de fs.112). Al respecto, el sentenciante puso de manifiesto que la firma demandada había omitido acatar la providencia y, en consecuencia, la condenó a reparar los daños y perjuicios ocasionados.

Contra ello se agravió la demandada aduciendo que actuó de manera diligente ya que eliminó de sus buscadores todos los URLS que el actor individualizara.

III. En las actuaciones la actora solicitó y obtuvo originalmente una medida cautelar en los siguientes términos.Allí se ordenó que el responsable del sitio http://www.google.com.ar deberá bloquear la información respecto de Guillermo Sagüés, a quien se refieren las páginas (debió decir blog) http://www.axj.puntooforo.com y http://www.cortenla-casi.blogst.com a las que se accede a través del buscador de la empresa demandada (fs.108 y vta.).

A la luz de los acontecimientos posteriores, dicho pronunciamiento -si bien fue confirmado por la Sala tal como era la línea jurisprudencial al tiempo del dictado- implicó en los hechos otorgar una medida cautelar de alcance amplio que importaba la eliminación de todo tipo de información publicada sobre el actor en un blog y la obligación de la empresa de monitorear permanentemente la red para evitar que se reiterase la conducta agraviante (ver fs.163/164).

En este sentido, tengo para mí que no es procedente una prohibición con la amplitud con que fue concedida, toda vez que -tal como lo entendió la Sala oportunamente- no se puede soslayar las dificultades que entraña la determinación del cumplimiento de medidas cautelares con el alcance amplio decidido, lo que constituye un indicio de su improcedencia.De hecho, la forma en que ha sido dispuesta la medida persuade de su ineficacia ínsita, puesto que su alcance tan general torna dificultosa, sino imposible, la verificación de su efectivo acatamiento (ver causa 8805/09 del 14-4-11; Sala 1, causa 6103/06 del 31-08-10), máxime cuando el cumplimiento de esa orden involucra un medio altamente dinámico debido a los nuevos sitios que en forma permanente son incorporados (ver esta Sala, causa 7489/07 del 29-10-11).

No se puede soslayar -por un lado- que no es procedente una prohibición con la amplitud con que fue concedida toda vez que en principio encuentra como impedimento los alcances de la ley 26.032 que establece que «la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión» (art. 1º). Y por el otro que las medidas cautelares se deben analizar en función de una decisión definitiva a la que tiene por objeto garantizar, ya que están destinadas a asegurar la eficacia práctica de la sentencia e impedir que se tornen ilusorios los derechos de la peticionaria por el transcurso del tiempo que insuma el proceso y es por ello que el proceso cautelar no se justifica por sí solo.

IV.Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa «Rodríguez, María Belén c/ Google Inc s/ daños y perjuicios» fallada el 28 de octubre de 2014, entendió que sobre los buscadores no existe una obligación general de vigilar los contenidos que se suben a la red y que son provistos por los responsables de cada una de las páginas de la web y que se configura un comportamiento antijurídico por parte del buscador cuando toma un conocimiento efectivo de que está causando un perjuicio individualizado y, no obstante ello, no adopta las medidas necesarias como para corregir o hacer cesar dicha situación lesiva de la esfera jurídica ajena (Considerando 15, 16 y 17).

Por su parte, la Sala tras verificar la dificultad en determinar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas sobre bases amplias, ante el dinamismo del medio digital que constantemente incorpora nuevos sitios, y en atención a la modificación de la jurisprudencia del fuero en cuanto al alcance con que resulta prudente emitir la tutela cautelar, modificó la medida cautelar dictada originalmente, a fin de que «sea el actor quien denuncie los URLS cuyo bloqueo solicite, debiendo el juez fijar un plazo para que la firma cumpla con la orden que dicte» (fs.303/306 del expediente nº 10646/08).

V. Con tal comprensión del asunto y a la luz de lo resuelto por el Alto Tribunal en el precedente citado y lo decidido por la Sala a fojas 303/306 al modificar el alcance de la cautelar, se impone analizar la conducta de la demandada.

Al respecto, no veo que en autos pueda endilgársele responsabilidad alguna a Google pues cada vez que fue puesto en conocimiento efectivo de la existencia de contenidos lesivos y se le proporcionaron datos precisos respecto de las páginas que vinculan al actor, procedió a bloquearlos.En efecto, adviértase que ante las persistentes y reiteradas manifestaciones del autor de los posteos y de los mensajes, Google procedió a bloquear cientos de resultados de su buscador (ver fs.120/124, 172/174vta, 181/182, 201/207, 211 y vta, 233 y 264/265).

En tales condiciones, corresponde acoger los agravios de la demandada y rechazar la demanda interpuesta, con costas de ambas instancias por su orden.

La forma en que se decide torna abstracto expedirme sobre los agravios de la actora.

El Dr. Gusman dijo:

I. Coincido con la opinión de mi colega, Dr. Ricardo Recondo, en que debe revocarse la sentencia apelada en cuanto admitió la acción interpuesta por el Sr. Guillermo E. SAGUES y comparto los argumentos que han sido expuestos en su voto, en la medida que efectivamente no se ha comprobado el alegado incumplimiento de GOOGLE INC. frente al bloqueo de los sitios que en concreto le fueron anoticiados en el marco de la medida cautelar tramitada bajo n°10.646/08. Sin embargo, a tenor de la novedad de la cuestión planteada, entiendo que corresponde hacer alguna aclaración con respecto a la ilicitud de los contenidos, en tanto aquello ha sido materia de agravio por la demandada en el punto V de la pieza obrante a fs. 413/424. En ese sentido, encuentro fundadas -y, como se verá, atendibles- las alegaciones esbozadas por la apelante en la medida en que no se ha acreditado a lo largo de la causa la lesividad de los contenidos, cuyos enlaces le irrogarían un daño al accionante.

A partir de fs. 419vta. y hasta fs. 422 el apelante satisface de manera acabada la obligación de criticar en forma concreta y razonada la sentencia que impugna.Ello, pues no sólo se ha limitado a citar fallos jurisprudenciales, sino que ha expuesto también el porqué, en este caso, no se ha demostrado que la reproducción de los contenidos alojados en las páginas de terceros, podrían considerarse agraviantes hacia sus derechos personalísimos, como así tampoco que aquellos excedan la divulgación de ideas o información cuya garantía constitucional ampara la libertad de expresión.

Para analizar aquella cuestión, corresponde recordar que, en la actualidad, no existe en nuestra legislación disposiciones específicas que regulen la actividad desarrollada por los buscadores y su consecuente deber de resarcir si el ejercicio de aquella provoca un perjuicio hacia terceros. En función de ello, y no sin antes advertir la complejidad y la importancia del tema, la resolución del presente pleito debe establecerse de acuerdo al juego armónico que se plantea entre los derechos de jerarquía constitucional -en los que las partes sustentan sus posturas-, las normas de derecho interno e internacional que protegen la actividad de los buscadores y las herramientas que me proporciona la teoría general de la responsabilidad civil. Todo esto, sin perjuicio de poner de resalto lo imprescindible que resulta en estos supuestos la intervención del legislador para sentar reglas claras en la materia que eviten arribar a criterios contrapuestos, que puedan confluir en situaciones disvaliosas para los justiciables (en igual sentido, C.N.Civ., Sala A, «R., M. B. c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios» , del 13/05/2013, publicado en L.L. 2013-C, 639, J.A. 2013-III, 26).

En el marco de la legislación interna, y tal como fue apuntado por mi colega a cuyo voto adhiero, tanto la Ley N°26.032, como el Decreto Nº1279/97, consagran la protección que merecen los servicios de internet.En ese sentido, la primera de las referidas normas, en su artículo 1°, dispone que «la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión». Por su parte, el mentado decreto determina que el servicio de internet «se considera comprendido dentro de la garantía que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los medios de comunicación social» (art. 1°). De allí que ninguna duda existe respecto de que la actividad de los buscadores debe ser analizada a la luz de la protección que le confiere la libertad de expresión como garantía constitucional y la especial valoración que debe conferírsele a ésta en sociedades democráticas (conf. doctrina C.S.J.N. Fallos:167:121, 248:291, entre otros).

Dicho esto, está claro que en el «sub lite» nos encontramos frente al conflicto que se presenta entre los derechos personalísimos al honor, nombre e intimidad del actor (art. 19 de la Constitución Nacional, art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros) y aquellos que tutelan la actividad desplegada por las demandadas que, genéricamente, puede considerarse protegida por el derecho a la libertad de expresión y la relevancia que conlleva el acceso colectivo a la información (arts. 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional, arts.13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

De este modo, no se trata de un conflicto entre intereses puramente privados, sino que se enfrentan exigencias que hacen al interés general de la comunidad -acceso a la información, prohibición de censura previa, libertad de expresión- y los imperativos que protegen derechos fundamentales del individuo, los que también conforman, el interés público (conf. Sala I, causa 9847/07 «P.P. c/ Yahoo S.R.L. s/ Daños y perjuicios», del 6/09/12). Ahora bien, la delimitación del contenido esencial de los derechos requiere escudriñar -entre otros aspectos- su naturaleza, el bien que protege, su finalidad (la que se tuvo en mira al consagrarlo y la que se ha ido agregando en el devenir del tiempo), su ejercicio funcional y el que resulte de articularlo con otros derechos, sin prescindir en el análisis del elemento fáctico del caso concreto (conf. TOBÍAS, José W. «Derechos personalísimos y libertad de información», L.L., 17/12/2007, p. 1 y ss.).

En materia de «libertad de expresión», no puedo dejar de ponderar el compromiso que contrajo la República Argentina de tutelar el derecho de toda persona a la libertad de investigar, opinar, expresar y difundir su pensamiento por cualquier medio (art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), sin que pueda ser molestada a causa de ello, derecho que también incluye investigar y recibir informaciones y opiniones, de difundirlas, sin limitación de fronteras (art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), lo que compromete tanto a la prensa escrita como a los medios electrónicos de comunicación (conf. Dictamen de la Procuración General de la Nación, en la causa «D.C.V. c/ Yahoo de Argentina S.R.L.y otros s/ daños y perjuicios», del 22/08/13).

Por otra parte, cuando analizamos la situación que se plantea respecto de los buscadores -como facilitadores a los usuarios del acceso a los contenidos que estos enlazan-, no debe desconocerse el llamado «derecho de información», de naturaleza individual. En razón de ello, tampoco puede obviarse la consideración de garantizar a toda persona el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, los recursos de la cultura y las manifestaciones del espíritu como un derecho humano esencial. Así lo tiene dicho el Máximo Tribunal al entender que la aceleración de los cambios históricos, el avance científico y tecnológico y el aumento de las necesidades espirituales y materiales, a lo que se adiciona la revolución de las comunicaciones, requieren del ámbito jurisdiccional una perspectiva dinámica en correspondencia con los sistemas de comunicación, el crecimiento exponencial de la tecnología y su gravitación sobre la mentalidad, las actividades y los comportamientos ind ividuales y sociales (Fallos: 314:1517). En igual sentido, se ha dicho que teniendo en cuenta «el alcance global que tiene la internet, que permite que una cantidad incalculable de personas en todo el mundo expresen sus opiniones y vuelquen información respecto de múltiples temas y que, a su vez, aumenta de manera significativa la capacidad de buscar y acceder a esa información, quienes realizan la actividad de facilitar dicha búsqueda y/o difusión en la red cumplen un rol esencial dentro de la libertad de expresión, pues potencian el ejercicio de su dimensión social» (conf. C.S.J.N. «»R. M. B. c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios» del 28/10/14, (R. 522. XLIX), de la disidencia parcial de los Dres. LORENZETTI y MAQUEDA).

II. En el marco del Derecho Internacional, también encontramos directrices que establecen principios generales en materia de libertad de expresión en Internet.Así, la «Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet» elaborada con la intervención de los relatores que se ocupan de la libertad de expresión de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa y la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos emitida el 1° de junio de 2011, fijó los siguientes estándares: a) La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet sólo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el Derecho Internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba tripartita); b) Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses; c) Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de comunicación -como telefonía o radio y televisión- no pueden transferirse sin más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, atendiendo a sus particularidades; d) Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden a través de Internet; e) La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida; f) Deben fomentarse medidas educativas y de concientización destinadas a promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, independiente y responsable de Internet («alfabetización digital») (conf. apartado 1, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/ expresion/showarticle.asp?artID=849).

De este modo, queda claro que los comités internacionales encargados de la interpretación de las normas cuya aplicación deviene obligatoria para nuestro país en virtud del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, abogan por la admisión restrictiva del reproche que pudiera dirigirse contra los buscadores de internet, dando así un marco de protección inherente a la responsabilidad que pudiera imputársele por los contenidos generados por terceros (conf. ZUNINO, Marcos «La responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet y libertad de expresión», L.L. 2012-F,821).

Asimismo, respecto del bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP («Internet Protocol» etiqueta numérica que identifica una interfaz), puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) establece que constituyen «una medida extrema -análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión- que sólo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual», y que los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión (conf. acápite 3.; y VANINETTI, Hugo, A. y VANINETTI Gustavo J. «Responsabilidad de los buscadores y libertad de expresión», L.L. 2014-A, 120).

Por otra parte, fija como pauta directriz al momento de analizar el deber de reparar, que «las normas de responsabilidad, incluidas las exclusiones de responsabilidad, en los procedimientos civiles, deberían tener en cuenta el interés general del público en proteger tanto la expresión como el foro en el cual se pronuncia (es decir, la necesidad de preservar la función de «lugar público de reunión» que cumple Internet)» (conf.acápite 4, punto «b»).

Por último, desde el punto de vista del derecho comparado -fuente material del derecho- ha habido desarrollos legislativos y jurisprudenciales en distintos ordenamientos jurídicos extranjeros (vgr. Estados Unidos, Unión Europea, entre otros). Y en ese sentido, sin adentrarme en un análisis exegético de las distintas disposiciones adoptadas por cada país, se advierte que la tendencia dominante en materia de responsabilidad de los buscadores pasa por exigir el conocimiento que éstos tengan del contenido lesivo de los datos originados en páginas de terceros por ellos enlazadas.

III. Sobre la base de lo expuesto, corresponde poner de resalto, que no basta cualquier pedido de bloqueo para achacar al buscador el deber de reparar, sino que deben concurrir dos circunstancias. Por un lado, el sitio que el sujeto considera injuriante debe encontrarse debidamente individualizado, mientras que, por el otro, el enlace o el contenido al que el buscador redirecciona debe resultar lesivo hacia quien pretende la reparación del perjuicio. La acreditación de aquellos extremos, recae sobre quien peticiona la tutela legal, en la medida que el núcleo básico de la injuria está dado por la subjetividad: el comportamiento o conducta que para una persona es injuriante, para otro puede no serlo. En otras palabras, la ausencia de contenidos que puedan ser considerados ofensivos hacia el reclamante, impiden de por sí la admisión de la acción puesto que en la ponderación de los derechos en juego debe primar aquél tutelado por la libertad de expresión y la imposibilidad de admitir la censura previa.

Aclarado ello, considero necesario analizar las constancias agregadas a la causa n°10.646/08 por quien solicitó la tutela anticipada.En el marco de las medidas cautelares, el accionante adjuntó un acta notarial mediante la cual el notario interviniente hizo constar que «al poner en el buscador en la sección «web» el nombre de su representado,»Guillermo Sagues» aparecen en los resultados de búsqueda, distintos sitios que se refieren a su representado, en especial los sitios http://www.axj.puntoforo.com y http://www.cstenla-casi.blogspot.com, en los que se refieren en forma grave a su persona» (fs. 1). Asimismo, se acompañó junto con aquella constatación copia del resultado de búsqueda en la que los sitios referidos aparecen ordenados en los tres primeros enlaces. Sin embargo, tanto de la lectura del acta como de la transcripción que el buscador realiza de los citados sitios, no alcanzo a vislumbrar manifestaciones injuriantes a la persona del Dr. SAGUES. A modo de ejemplo, es válido mencionar que el segundo de los resultados siquiera hace referencia directa al actor, sino que menciona a la conducta que habría tenido su cónyuge, motivando la supuesta denuncia de una abogada (fs. 2). Por lo demás, tampoco fueron acompañadas copias de los blogspot cuyo bloqueo fue solicitado a título precautorio para poder analizar si el enlace con aquellos contenidos podía configurar un agravio o una ofensa hacia los derechos personalísimos, cuya protección se pretendió. Ahora bien, sin perjuicio de ello, anoticiada la demandada de la medida cautelar, procedió a bloquear los enlaces existentes hasta esa fecha (v. fs. 120/124 de la causa n°10.646/08).

En el mismo orden de ideas, han sido adunadas con posterioridad nuevas búsqueda que también se relacionan con manifestaciones de terceros en foros o blogspot (fs. 128, 168, 196/197). De los extractos que pueden leerse de las copias de búsqueda acompañadas parecerían relacionarse con la actividad pública y profesional del demandante.Esta circunstancia que se relaciona con los términos que surgen en los párrafos de descripción que arroja el buscador, ha sido ponderada por el Tribunal a la hora de revisar los alcances de la medida cautelar con alcance genérico (v. fs. 303/306). Allí se dijo que el actor no demostró que los datos informados no guarden relación con él o sean mendaces, agregándose al respecto que no resulta admisible «su afirmación de que si no fuese por la actividad del buscador el sitio en cuestión resultaría desconocido e inaccesible para los «internautas», habida cuenta de que ese acceso a la información es, precisamente, el que protege la ley 26.032″ (fs. 305). Por otra parte, en aquella oportunidad se puso de resalto el cumplimiento que la accionada dio al bloqueo de cada uno de los sitios que le fueran identificados.

Asimismo, con respecto a la índole de las manifestaciones que se desprenden de los resultados de búsqueda, la resolución del Tribunal obrante a fs. 352/355 ha sido clara en cuanto a que las expresiones volcadas no están relacionadas con la vida privada o la esfera de la intimidad del actor, sino con su actuación profesional y política en ámbitos públicos del ejercicio de la abogacía.

En razón de lo dicho y las constancias aportadas a la causa, entiendo que en la conducta del buscador no se constituyó un ejercicio irregular del derecho a la libertad de expresión que tutela la actividad que aquél desarrolla, impidiendo tener por configurado el actuar antijurídico que se le imputa como requisito para admitir su responsabilidad.

Por todo lo expuesto, analizando la cuestión desde el punto de vista del factor de atribución -culpa-, como lo hizo mi colega a cuyo voto adhiero, o desde la ilicitud de la conducta, considero que no ha quedado demostrado presupuesto alguno para endilgarle al buscador el deber de responder.

Con lo que terminó el acto, de lo que doy fe.

Buenos Aires, de mayo de 2015.

Y VISTO:lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda, con costas de ambas instancias por su orden (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

Por la manera en que se resuelve y lo dispuesto por el artículo 279 del Código Procesal, se dejan sin efecto los honorarios fijados a fs. 391.

Primera instancia: teniendo en cuenta el monto por el que razonablemente hubiera prosperado la demanda, la naturaleza del proceso (fs. 48), las etapas cumplidas, el resultado obtenido, el mérito, la calidad y eficacia de la labor profesional y el carácter de la actuación, se fijan las siguientes sumas: ($.) a favor de los letrados de la parte actora, doctores Adolfo M. Legizamón Peña -doble carácter en tres etapas- y Leonor Lisman -patrocinante en audiencia de fs. 170-, respectivamente; (arts. 6, 7, 9, 10, 20, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432). Con relación a los letrados intervinientes por la parte demandada, dado el encuadramiento dentro de las previsiones del art. 2º de la Ley de Arancel que hizo el juez de grado (ver fs. 391, cuarto párrafo), cabe mantener el temperamento allí adoptado.

Por las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito en informática Lic. Fernando D. Viura, el mérito y la calidad de sus informes (fs. 175/199, 224/226vta., 228/236vta., 245/251vta., 260/262vta. y 269/271), se fijan a su favor pesos TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($3.350).

Por el incidente de a fs. 82/83, se establecen las siguientes sumas: ($.) a favor del doctor Adolfo M. Legizamón Peña (art. 33 de la Ley de Arancel).

Por el incidente de fs. 137/137vta., se establecen las siguientes sumas: ($.) a favor del doctor Adolfo M. Legizamón Peña (art. 33 de la Ley de Arancel).

Segunda instancia: visto el resultado obtenido y el mérito, la extensión y eficacia de las tareas llevadas a cabo, se regulan: ($.) para el letrado de la actora en doble carácter, doctor Adolfo M. Legizamón Peña, en total por su actuación en el recurso de la actora y en el de la demandada (arts. 6, 7, 9 y 14 de la Ley de Arancel). Respecto de los letrados de la demandada, corresponde estar a lo dispuesto en el art. 2º de la Ley de Arancel.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

Regístrese, notifíquese a las partes, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

Alfredo Silverio Gusman

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