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Anotaciones sobre el incumplimiento de las medidas cautelares en el procedimiento de violencia familiar.

violenciaFamiliarPor Diego O. Ortiz (*)

SUMARIO: <i>I. Introducción. II. Las medidas cautelares y su relación con el cumplimiento. III. Las sanciones civiles ante el incumplimiento. IV. Desde el inicio civil hasta la búsqueda de una respuesta penal. V. Conclusión.</i>

I. INTRODUCCIÓN
Los procesos de familia se diferencian de los demás en que no persiguen dar la razón a una parte y declarar culpable a la otra -ni fijar quién es el ganador o el perdedor-, sino que lo que tratan es de eliminar el conflicto familiar yacente y encontrarle una solución, así sea provisoria o a corto plazo.
Cuando hablamos del procedimiento de denuncia de violencia familiar, la cuestión se complejiza. Primero, porque cada situación presentada es particular por varios motivos: los distintos tipos de familias, la existencia y la cantidad de niños, niñas o adolescentes involucrados en situaciones de maltrato, la existencia de padecientes mentales, adultos mayores, la convergencia de los tipos de violencia, la ausencia, carencia o existencia de redes familiares, profesionales o de amigos, ser de otra nacionalidad, padecer de una enfermedad, etcétera. En segundo lugar, un expediente de esta naturaleza está vivo. Las situaciones que viven las partes cambian constantemente. Es difícil que el derecho acompañe a los hechos, puesto que estos van a un ritmo vertiginoso, y entre que ocurren nuevos hechos y el letrado los informa por escrito al tribunal para que decida, suele pasar un tiempo en donde ocurre otro, y el letrado lo informa, y así sucesivamente. Esto quiere decir que el transcurso de los hechos de violencia generalmente no va a ir en paralelo con las decisiones judiciales ni será contemporáneo.
La idea de este artículo es mencionar una serie de anotaciones útiles sobre el incumplimiento de las medidas cautelares y las sanciones que acarrea dicho incumplimiento.

II. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y SU RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO
Las medidas cautelares son las herramientas jurídicas procesales para hacer efectivos los derechos de la víctima y para garantizarle el mantenimiento de su integridad psicofísica.
El solo dictado de una medida cautelar en este procedimiento, es «un papel firmado por una autoridad judicial». Para que la víctima «sostenga» la denuncia y la resolución con las medidas, es necesario que cuente con asistencia psicológica y asesoramiento jurídico constante, porque si no la denuncia, -como se dice vulgarmente- «cae». Ya sea porque la denunciante permite que el agresor se acerque o ingrese al hogar del cual fue excluido por orden judicial, la inasistencia o la poca regularidad en la concurrencia a espacios psicoterapéuticos y servicios de patrocinio jurídico, etcétera. Permitir al agresor el acercamiento no es la intención deliberada de la denunciante del mero incumplimiento de una orden de carácter obligatorio, sino que es propio de la temática caracterizada por la naturalización e invisibilización de la violencia.
Hay expedientes cuya denunciante no está informada de las medidas tomadas, porque solo ha hecho la denuncia y no ha visto la resolución con las medidas. Cabe ser reiterativo, pero generalmente el abandono del expediente no se debe a una desidia, sino a una naturalización de la violencia y a la esperanza -en la denunciante- de que con el perdón del denunciado, las cosas van a cambiar y la violencia va a desaparecer.
También la falta de seguimiento del expediente puede darse en que no se le han explicado a la denunciante los pasos a seguir -o no los ha comprendido- del procedimiento después de haber recibido las medidas. De ahí, la necesidad de contar con un letrado que la patrocine en este procedimiento.

III. LAS SANCIONES CIVILES ANTE EL INCUMPLIMIENTO
Si durante el plazo de vigencia de las medidas cautelares, el denunciado las incumple, ya sea acercándose, ingresando al hogar del que ha sido excluido, contactándose por vía telefónica, entre otros medios; en el orden civil, hay una serie de sanciones que establecen las leyes especiales de protección.
El art. 32 de la Ley 26.485 da una serie de pautas que tiene que tener el juez. Expresa que ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el / la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificarlas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras. Frente a un nuevo incumplimiento, «deberá aplicar» alguna/s de las siguientes sanciones:
a. Llamado de atención.
b. Comunicación de los hechos de violencia al lugar de trabajo del agresor.
c. Asistencia obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.
Asimismo, el artículo plantea, pero en el orden penal, que cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del /de la juez/a con competencia en materia penal que, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el Juzgado Nacional en lo Correccional.
El art. 7 bis de la Ley 12.569 de la Pcia. de Buenos Aires (modificada por la Ley 14.509) sigue la línea de lo estipulado por la Ley 26.485, pero con una diferencia fundamental. Establece que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares, se dará inmediatamente cuenta al Juez, Jueza o Tribunal, quienes podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también evaluar la conveniencia de modificarlas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras.
Frente a un nuevo incumplimiento, el juez o jueza podrá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones y menciona las de la Ley 26.485 (inc. a, b y c) y agrega el inc. d, que establece la orden de realizar trabajos comunitarios en los lugares y por el tiempo que se determinen.
Por último, agrega en el ámbito penal que, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez o jueza deberá poner el hecho en conocimiento del juez o jueza con competencia en materia penal, que es el juez correccional como ya he mencionado.
Ambas leyes requieren, para la adopción de sanciones, la reiteración de incumplimiento de la medida. La gran diferencia entre las dos leyes es que la Ley 26.485, de ámbito nacional, establece la obligación del juez de actuar ante el incumplimiento reiterado de la medida decretada. En cambio la Ley 12.569, de la Pcia. de Buenos Aires, le da la facultad al juez de actuar ante el incumplimiento. O sea que puede hacerlo o no. En caso de duda, nos tenemos que inclinar por la aplicación de la Ley de alcance nacional 26.485 (art. 1), cuya norma es más protectora para las personas en situación de violencia. Esto quiere decir que tenemos que abogar por que, ante un nuevo incumplimiento, el juez aplique una sanción específica como un deber y no como una facultad.

IV. DESDE EL INICIO CIVIL HASTA LA BÚSQUEDA DE UNA RESPUESTA PENAL
La interposición de una denuncia civil puede contener entre sus hechos la presunción de delitos especiales, como por ejemplo amenazas simples, lesiones leves, hostigamiento, que llevan a una derivación penal al Juzgado correspondiente. De la investigación de esos delitos y posterior sentencia, puede existir la imposición de una pena, como por ejemplo la suspensión del juicio a prueba o la denominada «probation». Por otro lado, una denuncia civil que no tiene entre sus hechos presuntos delitos especiales, pero en el transcurso del procedimiento, existe el incumplimiento de la medida cautelar notificada, puede tener una sanción en el ámbito penal por el delito de desobediencia ante el reiterado incumplimiento de la medida.
Las leyes especiales de protección -la Ley 26.485 y la Ley 12.569- mencionan como sanción, la desobediencia. Este delito surge del art. 239 del Código Penal, que dice que el que desobedeciere una orden de autoridad competente será penado con penas de 15 días a un año de prisión.
El delito está en incumplir la manda efectuada por la autoridad judicial, la orden del juez que es de carácter obligatorio. En estos supuestos, el delito está tipificado ante el incumplimiento de las medidas de protección. Dos cuestiones para tener en cuenta sobre este delito son las siguientes:
Primero, para derivar las actuaciones a la justicia penal correspondiente por el delito de desobediencia, la medida cautelar tiene que estar notificada fehacientemente al denunciado. Esto quiere decir que este tiene que estar avisado, ya sea por medio de cédula de notificación, telegrama o cualquier medio de notificación. Si no está notificado de la existencia de las medidas tomadas por el juez y que se deben cumplir, no se le puede reprochar el delito de desobediencia. El denunciado ante la imputación del delito, puede decir: «¡Yo no sabía nada de esto!». Con esta aclaración, se desecha la idea de que, si un tercero le informa al denunciado de la existencia de la medida, ya es suficiente para denunciar la desobediencia.
El problema está en que, muchas veces, es difícil notificar las medidas, ya sea por no encontrar el domicilio donde vive la persona o por no poder identificarlo allí (porque la vivienda no tiene numeración, está ubicado detrás de un comercio, etc.), por desconocer el domicilio laboral, por la propia resistencia del denunciado a notificarse, etcétera.

V. CONCLUSIÓN
Como cierre, tenemos que tener en cuenta varias cosas de las anotaciones anteriores:
– El tipo de denuncia que se interpone (si es civil o penal). Esto nos va a dar la pauta acerca de qué se persigue con cada una: si protección de la víctima mediante la adopción de las medidas cautelares o la responsabilidad del agresor mediante la imposición de una pena que depende del delito que se le imputa.
– El tipo de sanción ante el incumplimiento de las medidas (si es una sanción civil, como un llamado de atención o si es una sanción penal, como la suspensión del juicio a prueba).
De lo que se trata es de que haya un reproche al denunciado al desoír la orden judicial, ya que la inexistencia de sanciones convertiría en letra muerta las medidas.
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(*) Abogado, UBA. Profesor Universitario en Ciencias Jurídicas, UBA. Especialista en Violencia Familiar, UMSA. Director de la Revista de Actualidad en Derecho de Familia de Ediciones Jurídicas. Autor de publicaciones sobre temas de su especialidad.

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