Incremento escalonado de la cuota de alimentos que el progenitor deberá abonar a favor de su hijo menor de edad, retroactivamente a la fecha de inicio del proceso de mediación

AumentosPartes: P. P. N. y otro c/ B. C. E. s/ alimentos

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 8-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-95080-AR | MJJ95080 | MJJ95080

Se establece un incremento escalonado de la cuota de alimentos que el progenitor deberá abonar a favor de su hijo menor de edad, retroactivamente a la fecha de inicio del proceso de mediación, bajo las directrices del Código Civil y Comercial de la Nación.

Sumario:

1.-Corresponde modificar la cuota alimentaria y fijarla en forma escalonada a favor del hijo menor de edad, teniendo en cuenta la prueba producida, en forma retroactiva a la fecha de inicio del proceso de mediación.

2.-El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se aplica a las consecuencias producidas después de su entrada en vigencia, y cualquiera sea la óptica desde la que se analice la cuestión. En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, según lo dispuesto en su propio art. 7 , las nuevas normas procesales resultan ya operativas respecto a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, esto es, a aquellos juicios iniciados y no concluidos, o pendientes, en lo que fuera pertinente y considerando la preclusión de actos o etapas realizadas.

3.-El cambio terminológico de patria potestad por responsabilidad parental no implica un simple reemplazo nominal, sino una transformación de fondo en la relación entre padres e hijos, pues el obsoleto concepto de patria potestad llevaba ínsita la idea de los hijos como objeto de protección y no como sujetos de derecho en desarrollo, asimismo, pone, como regla general, en cabeza de ambos progenitores la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos.

4.-Conforme dispone el art.638 del aludido cuerpo legal, la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Este cambio terminológico de ‘patria potestad’ por la de ‘responsabilidad parental , se ha realizado de conformidad con el art. 5° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que alude, en primer término, a las ‘responsabilidades’ de los padres, y el art. 7° de la Ley 26.061, que se refiere a la responsabilidad familiar .

5.-Atendiendo al carácter mutable de toda prestación alimentaria y al fundamento de equidad de las decisiones judiciales, en casos de objetivas dudas en torno a la producción, admisión, conducencia o eficacia de las pruebas, habrá de estarse por un criterio amplio en favor de ella, máxime en juicios como el de alimentos donde si no es posible acreditar el caudal económico del alimentante, mediante la prueba directa de sus haberes, debe estarse a lo que resulta de las pautas que permiten una apreciación de su capacidad patrimonial, a través de sus actividades, forma y medios de vida; además, las presunciones e indicios en punto a la entidad de los ingresos del alimentante deben considerarse con un criterio amplio y favorable a las aspiraciones legítimas de la parte reclamante.

6.-Los alimentos son debidos desde el día en que se inició el proceso de la mediación y durante todo su transcurso, pues a partir de la sanción de la Ley 26.589 (B.O. 6/5/2010), vigente a la fecha de la mediación, se modificó el art. 644 del Código Procesal estableciéndose en el art.57 de la citada ley que el juez mandará abonar la suma que considere equitativa por meses anticipados desde la fecha de interposición de la mediación.

7.-La cuestión de la retroactividad del reclamo es abordada por el art. 669 CCivCom., cuya letra zanja en definitiva los debates doctrinarios y jurisprudenciales habidos en punto a esta materia.

Fallo:

Buenos Aires, 8 de Agosto de 2015.-

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

Vienen estos autos a conocimiento de este Tribunal en virtud de las apelaciones deducidas por ambas partes contra la resolución dictada a fs.574/577, por la cual la Sra.Juez de grado hace lugar a la demanda, fijándose la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) en concepto de alimentos que el demandado deberá abonar a favor de su hijo menor de edad, M.L.B.P.-

Los recurrentes dan fundamento a sus apelaciones, la actora mediante el memorial que luce a fs.586/588 y el demandado con la pieza obrante a fs.598/602. Corridos los traslados pertinentes, las partes se han contestado mutuamente los agravios.-

La resolución en cuestión también fue materia de queja para la Defensora de Menores de la instancia anterior, recurso que fue mantenido y fundado por la Sra.Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara a fs.623/626, quien solicita se declare desierto el recurso deducido por el alimentante y se eleve el “quantum” alimenticio fijado en la instancia de grado.-

La reciente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, el 1º de agosto de 2015, con posterioridad al dictado de la resolución recurrida, nos plantea la necesidad de determinar, en primer término, cuál es el derecho aplicable al caso, atento que en el nuevo ordenamiento se encuentran entrelazadas normas de derecho de fondo con otras netamente procesales.

Sostiene de los Santos que la necesidad de incluir estas normas para asegurar la eficaz aplicación de las disposiciones sustanciales, deriva del carácter esencialmente instrumental del proceso respecto del derecho sustancial, y el Congreso Nacional cuenta con facultades para dictar normas procesales cuando sea pertinente asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo y evitar el riesgo de desnaturalizar instituciones propias del derecho material (De los Santos, Mabel A., “Cuestiones procesales a la luz del Código Procesal Modelo de Familia (que responde al nuevo Código Civil y Comercial)”, Suplemento Especial Código Civil y Comercialde la Nación. Familia 2014 (diciembre), 04/12/2014, 125, La Ley Online: AR/DOC/4394/2014).

El legislador podría haber resuelto expresamente la cuestión relativa al momento a partir del cual debían aplicarse las normas procesales que incluye, su aplicabilidad a los juicios en trámite, pero omitió consignar alguna previsión específica al respecto, por lo cual debe considerarse, siguiendo el criterio histórico de la Corte Suprema de la Nación, que las leyes que organizan los procedimientos son de inmediato aplicables a los juicios en trámite, en tanto no se invaliden actuaciones válidamente cumplidas con arreglo a las leyes anteriores ( CSJN, Fallos: 211:589; 220:30; 306:2101; 241:123; 307:1018; 317:499; 323:1285 ; 324:1411 ; 326:2095 , entre otros).

En consecuencia, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, según lo dispuesto en su propio art. 7, las nuevas normas procesales resultan ya operativas respecto a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, esto es, a aquellos juicios iniciados y no concluidos, o pendientes, en lo que fuera pertinente y considerando la preclusión de actos o etapas realizadas.

Situación jurídica es la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada, concepto claramente superior al de derecho adquirido, por cuanto está desprovisto de todo subjetivismo y carácter patrimonial. La situación jurídica se puede encontrar: 1) constituida, 2) extinguida 3) en curso, o sea, en el momento de producir sus efectos. Roubier recurrió a la idea de “situación jurídica” estableciendo que ésta tiene una faz estática y una faz dinámica, en esta última se aplica el principio del efecto inmediato de la ley nueva. Para esta teoría los aspectos dinámicos son los de la creación o constitución y de la extinción; cuando una de estas fases está concluida es un hecho cumplido y la ley nueva no puede volver sobre ella.Pero la situación jurídica no se agota en su aspecto dinámico, sino que tiene una fase estática, durante la cual ella produce sus efectos: los efectos posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley son regulados por ella (principio del efecto inmediato de la ley nueva) (Roubier, Paul, “Le Droit transitoire (conflits des lois dans le temps)”, Paris, 1960, citado por Medina, Graciela, “Efectos de la ley con relación al tiempo en el Proyecto de Código”, LA LEY 2012-E, 1302 – DFyP 2013 (marzo), 01/03/2013, 3, Cita Online: AR/DOC/5150/2012).

Por su parte, la doctrina de la relación jurídica distingue etapas: 1) la constitución (momento de creación); 2) los efectos de una relación jurídica anteriores a la entrada en vigencia de una nueva ley, 3) los efectos posteriores a esa entrada en vigencia; y 4) la extinción de la relación jurídica. La relación jurídica es un vínculo jurídico entre dos o más personas, del cual emanan deberes y derechos. Hay relaciones que se extinguen inmediatamente después de producidos los efectos, pero otras producen sus efectos durante un cierto período de tiempo.

La doctrina de la relación jurídica establece criterios especialmente útiles para las relaciones de larga duración, distinguiendo su constitución, sus efectos; y su extinción: 1) En cuanto a su constitución: las relaciones jurídicas constituidas bajo una ley persisten bajo la ley nueva aunque ésta fije nuevas condiciones para dicha constitución;2) En cuanto a los efectos, se rigen por la ley vigente al momento en que estos efectos se producen, de modo que los efectos pasados se rigen por la ley antigua y los futuros por la ley nueva;3) En cuanto a la extinción, se rige por la ley vigente al momento en que ésta ocurre.

Las consecuencias son todos los efectos -de hecho o de derecho- que reconocen como causa a una situación o relación jurídica existente.El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se aplica a las consecuencias producidas después de su entrada en vigencia (1º de agosto de 2015), y no caben dudas que, cualquiera sea la óptica desde la que se analice la cuestión, la materia alimentaria constituye uno de los ejemplos más claros en los que tales efectos continúan a lo largo del tiempo hasta configurarse alguna de las causales de extinción de la obligación.

Conforme dispone el art.638 del aludido cuerpo legal, la responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

Como podemos apreciar, este cambio terminológico de “patria potestad” por la de “responsabilidad parental”, se ha realizado de conformidad con el artículo 5° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que alude, en primer término, a las “responsabilidades” de los padres, y el artículo 7° de la ley 26.061, que se refiere a la “responsabilidad familiar”.

Se ha sostenido que ello, no implica un simple reemplazo nominal, sino una transformación de fondo en la relación entre padres e hijos y, consigo, los fines y alcances de la institución en análisis. El obsoleto concepto de patria potestad llevaba ínsita la idea de los hijos como objeto de protección y no como sujetos de derecho en desarrollo. Ello, sin dejar de tener en cuenta el vínculo verticalista o de poder de los padres sobre los hijos en el marco de aquella “patria potestad” que no se estrecha con la concepción de los niños como sujetos plenos de derechos (Código Civil y Comercial de la Nación-Comentado, Ricardo Luis Lorenzetti, Miguel F.De Lorenzo, Pablo Lorenzetti-Coordinadores, Tomo IV, Autora:Herrerra, Marisa, pág.264/265).-

Así, la responsabilidad parental es entendida como un instituto previsto para la formación integral, protección y preparación del niño para “elpleno y armonioso desarrollo de su personalidad” y para “estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad” (Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño). Aquélla no sólo incluye las funciones nutricias (alimento, sostén y vivienda), sino también las funciones normativas, esto es, aquellas tendientes a la educación, diferenciación y socialización (Ob.citada, pág.267).

El desarrollo del niño se manifiesta de manera continua y de a poco va tomando integridad su propia personalidad.- Es allí, donde la responsabilidad parental se erige como magna función para ambos progenitores, que apunta a satisfacer las necesidades del hijo, teniendo como vértice esencial su interés superior.

En tanto el niño crece, va clarificando su comprensión a cerca del peso, significado y sentido de sus conductas, lo que implica necesariamente ponerlo en posición de que en mayor o menor medida pueda ir, a su tiempo, ejerciendo los derechos que le sean propios, siendo así artífice de su proceso madurativo y desarrollo personal.

Por esta razón, la noción de autonomía progresiva no se encuentra sujeta al estricto cumplimiento de una determinada edad cronológica, sino que atendiendo al caso concreto, y la calidad de acto de que se trate, habrá de ameritarse el grado de madurez tanto psíquica-anímica como intelectiva alcanzada por el niño, a fin de verificar, si cuenta con la cabal comprensión de la situación planteada y, en tal caso, pueda ejercer por sí los derechos que le asistan.-

De esta forma, el art.639 recepta los principios por los que se rige la responsabilidad parental, a saber, el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo.A mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos y el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.-

Asimismo, diferenciado de la responsabilidad parental encontramos el cuidado personal que consti tuye uno de los deberes y derechos de los progenitores que derivan del ejercicio de aquella y atañe a la vida cotidiana del hijo (art.648) y que en caso de tratarse de padres no convivientes el cuidado personal puede ser asumido por uno de ellos o por ambos (art.649).-

Por otra parte, el art.650 dispone que el cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado.-

Nótese que, la figura del cuidado personal adquiere relevancia en todos aquellos supuestos en los cuales hay un “desmembramiento” entre titularidad y ejercicio. Es en este contexto de ruptura entre los progenitores en el cual la custodia personal tiene virtualidad. El cuidado personal involucra los pequeños actos de la vida cotidiana de los hijos que pueden ser de diversa índole.(Ob.citada, pág.330).- La flamante normativa pone, como regla general, en cabeza de ambos progenitores la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos.También que la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, contemplando además que los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionados a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado (art.659).-

Ahora bien, en lo que respecta al compromiso asumido por parte del padre que convive con el hijo, debe tenerse en cuenta que éste efectúa a diario una contribución en especie, ya que tiene a su cargo el cuidado y supervisión directa de aquel, labores éstas que si fueran asumidas por terceros serían valuables económicamente.- Así, lo ha entendido el legislador en tanto tal extremo podemos apreciarlo plasmado en la letra del art.660, en cuanto expresa que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.-

En relación a ello se ha dicho que el principio de igualdad entre hombre y mujer que receptan varios instrumentos internacionales de derechos humanos, en especial, la CEDAW, que en su artículo 16 se ocupa de la aplicación de este principio en todas las cuestiones relacionadas con los hijos, ha consolidado la idea de que la dedicación al cuidado de los hijos tiene un valor económico y que ello debe ser tenido en cuenta al resolver los conflictos referidos a este tema, siendo uno de ellos la obligación alimentaria. El Código reconoce de manera precisa que quien se queda a cargo del cuidado personal del hijo contribuye en especie al cumplimiento de la obligación alimentaria a su cargo.Esta consideración se deriva de la obligada perspectiva de género, por la cual se defiende la idea de que el trabajo en el hogar tiene valor económico y que ello debe estar expresamente contemplado.(Ob.citada, Tomo citado, pág.399).-

Sentado lo expuesto, a fin de examinar la decisión recurrida y en orden a lo dispuesto en el último párrafo del art.643 del CPCC, pasaremos a analizar a continuación los elementos de prueba obrantes en autos.-

A la sazón, cabe destacar que el artículo 386, segunda parte, del Código Procesal establece: “No tendrán (los jueces) el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisorias para el fallo de la causa”.

Mediante una interpretación conceptual, se denota que existe la facultad de valorar únicamente las pruebas que fueren esenciales y decisivas. Ello también significa que puede hacerse una comparación y un cotejo de los elementos para arribar a una fuerza convictiva. Es decir hay dos caminos: 1) expresar únicamente las pruebas que fueren esenciales y decisivas; 2) expresar las mismas y, además, formular una compulsa con las otras.-

Así, cuando se realiza una confrontación de las piezas probatorias, es posible advertir cuál o cuáles ofrecen mayor grado de verosimilitud, cuál o cuáles exhiben mayor fuerza de credibilidad. Todo ello, por supuesto, es el resultado de un análisis en el cual se aprecian las piezas probatorias en sí mismas y en su relación con las demás. Emerge así un saldo. Este saldo precisamente es el que determina la selección de las pruebas y que, a la vez, lleva a su apreciación, entendida como la actividad intelectual que realiza el juzgador para determinar la fuerza probatoria relativa que tiene cada uno de los medios de prueba en su comparación con los demás, para llegar al resultado de la correspondencia que en su conjunto debe atribuirles respecto de la versión fáctica suministrada por las partes.La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal (.)”, tomo II, página 356). El examen lógico conduce a ciertos principios de su ámbito.-

A tal efecto, debe tenerse en cuenta que frente a la peculiar naturaleza de este tipo de proceso no es aconsejable ni conveniente apreciar los medios probatorios con rigor propio de un proceso de conocimiento, siendo necesario aplicar, en cambio, un criterio de juzgamiento amplio y flexible, atendiendo al carácter mutable de toda prestación alimentaria y al fundamento de equidad de las decisiones judiciales en estos litigios (Morello-Sosa-Berizonce-Tessone, Códigos Procesales …,Tomo VII-A, pág.329).-

Recipiendario de tan nutrida jurisprudencia es el artículo 710 del nuevo Código en tanto establece que los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba y que la carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar.

De esta forma se subsume en el artículo citado el principio de “favor probationes”, que significa que, en casos de objetivas dudas en torno a la producción, admisión, conducencia o eficacia de las pruebas, habrá de estarse por un criterio amplio en favor de ella, máxime en juicios como el de alimentos donde, como se ha dicho, si no es posible acreditar el caudal económico del alimentante, mediante la prueba directa de sus haberes, debe estarse a lo que resulta de las pautas que permiten una apreciación de su capacidad patrimonial, a través de sus actividades, forma y medios de vida; además, las presunciones e indicios en punto a la entidad de los ingresos del alimentante deben considerarse con un criterio amplio y favorable a las aspiraciones legítimas de la parte reclamante.Por otra parte, la norma citada al comienzo consagraría la figura de las “cargas dinámicas” en virtud de la cual, si bien ambas partes deben llevar a consideración del juzgador la prueba sobre la verdad de sus dichos.- (Guahnon, Silvia; Juicio de alimentos en el Código Civil y Comercial LL, 25/3/2015).-

En el caso que nos ocupa, de la contestación del oficio librado a la Fuerza Aérea Argentina (ver fs.258/271), surge que el demandado, como Oficial Superior, presta servicios en el Centro Asistencial Palomar desde el 10 de Diciembre de 2008, informe que fue ampliado a fs.384/436 y fs.508/555, donde puede apreciarse que en el mes de julio de 2013 percibía una remuneración neta de $ 17.356,11.-

A fs.97, la AFIP pone en conocimiento del Tribunal que el accionado se registra inscripto ante esa administración, en calidad de contribuyente, encontrándose activo en el régimen de seguridad social empleadores desde enero de 2011.-

A fs.91 el Banco Patagonia da cuenta que el alimentante es titular de una caja de ahorro y de un plazo fijo con vencimiento en el mes de febrero de 2012.-

De los certificados de dominio expedidos por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, emerge que el demandado es titular de dos propiedades ubicadas en el Partido de Almirante Brown (ver fs.343/348).-

También a fs.350 el Banco Galicia informa que el accionado posee una cuenta caja de ahorro y un plazo fijo de titularidad compartida y el Banco Macro que posee tarjetas de crédito Visa y MasterCard (fs.447).-

A ello se suma lo manifestado por la Sociedad Odontológica en cuanto a las sumas percibidas por el demandado por el periodo comprendido entre los años 2007 y 2012 acompañando las planillas pertinentes al respecto.-

A fs.454/455 luce la pericial contable producida en autos, la que da cuenta que el demandado es empleador de V F y L R en su consultorio ubicado en la localidad de Adrogué, Pcia.de Buenos Aires, que no efectúa presentación de ganancias por ser monotributista, detallando a continuación la facturación del periodo comprendido entre 2010 y 2012.- Respecto de la actora, informa que al apersonarse en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea Argentina, a fin de determinar los ingresos que percibe aquella como odontóloga de tal institución, no le fue exhibida ninguna documentación al tiempo que informa que al constituirse en el consultorio de la accionante sito en esta ciudad, pudo comprobar que no presenta ganancias por ser monotributista y está exenta en Ingresos Brutos por ser profesional actuante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De igual modo que lo hace respecto del demandado, detalla la facturación de la accionante durante el mismo lapso de tiempo informado en relación a aquel.-

En suma, de todo lo expuesto puede concluirse que la cuota fijada en la instancia de grado habrá de ser modificada, fijándose la misma escalonadamente de la siguiente manera: hasta el 1 de enero de 2012: $ 2.500 (pesos dos mil quinientos); hasta el 1 de enero de 2013:$ 3.200 (pesos tres mil doscientos); hasta el 1 de enero de 2014 $ 4.000 (pesos cuatro mil); hasta el 1 de enero de 2015 $ 5.500 (pesos cinco mil quinientos) y desde el 1 de enero de 2015 y en lo sucesivo $ 6.000 (pesos seis mil).-

No debe perderse de vista que “en el proceso alimentario, no es necesario que la prueba sea directa de los ingresos del alimentante, pues no requiere su demostración exacta, sino que exige un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la pensión”(RED-26, pág.68)-

Además, no puede pasar inadvertido que, el camino que se emprende con el nacimiento de un hijo no admite claudicaciones, a pesar de las dificultades que pudieran presentarse en la actualidad en nuestro país.-

Por último, es dable recordar que este tipo de resoluciones no produce los efectos de cosa juzgada, por lo que es pasible de revisión en lo sucesivo en la medida que cualquiera de las partes demuestre que los hechos han variado.-

Desde otro ángulo, también fue materia de queja para el demandado la cuestión de la retroactividad del reclamo.-

La temática así expuesta es abordada por el art. 669 Código Civil y Comercial, cuya letra zanja en definitiva los debates doctrinarios y jurisprudenciales habidos en punto a esta materia, respecto de los cuales esta Sala se había pronunciado en numerosas resoluciones sosteniendo que aquella debía establecerse retroactivamente a la fecha de inicio del proceso de mediación, aún sin que hubiera existido petición expresa al respecto, por cuanto el art. 644 citado debía ser armonizado con la posterior inclusión de este tipo de procesos en el ámbito de la ley 24.573 (conf. D´Acunto, Claudia Inés y Mattera, Marta del Rosario, Mediación familiar: alimentos. (Retroactividad de la cuota – honorarios del mediador), E.D. 182-1502).-

A partir de la sanción de la ley 26.589 (B.O.6/5/2010), vigente a la fecha de la mediación, se modificó el art.644 del Código Procesal estableciéndose en el art.57de la citada ley que el juez mandará abonar la suma que considere equitativa por meses anticipados desde la fecha de interposición de la mediación.-

En la normativa en análisis, lo que se resuelve no es la cuestión de fondo acerca del nacimiento de la obligación alimentaria, sino desde cuándo ella es exigible en supuestos en donde uno de los obligados no cumple con su efectiva satisfacción. En suma, teniendo en cuenta el derecho vigente aludido en párrafos anteriores, los alimentos son debidos entonces desde el día en que se inició el proceso de la mediación y durante todo su transcurso.- Por el periodo anterior, la actora tendrá derecho al reembolso de lo gastado, en caso de considerarlo pertinente, en la parte correspondiente.-

Para finalizar, nos permitimos saltar el marco estrictamente jurídico de la cuestión aquí debatida, y ensayar una reflexión con un enfoque mas humano acerca de la bondad en el esfuerzo de superar la ruptura, tratando de disolver aquello que a lo largo de la relación fue relevante y que por alguna razón quedó atascado, nutriendo desencuentros y hostilidades.-

Los Hijos se fortalecen en el amor de los padres que aunque ya no permanezcan unidos, lo estarán en ellos para siempre.-

Aceptar lo que nos ha brindado el otro y agradecer, nos pone directamente en disposición de valorar lo recibido y desde ahí poder superar la ruptura, ya que la gratitud mitiga el victimismo y el resentimiento.En la medida en que podemos ver lo que nos ha aportado una relación y lo que hemos aprendido de ella, estamos disponibles para cerrarla y abrirnos a los siguientes sucesos de nuestra existencia.-

Este gran reto, que implica asumir una actitud madura y despojada de egoismos yoicos, que nos invita a tolerar lo imperfecto de la vida y de los otros, nos trasciende y nos eleva en la excelsa tarea de educar y contener a quienes nos suceden -nuestros Hijos- acompañándolos y robusteciéndolos en el maravilloso camino de formarse como personas de bien.-

Por todo lo expuesto y oído que fuera la Sra.Defensora de Menores de Cámara, el Tribunal RESUELVE: Modificar la cuota alimentaria en la instancia de grado de conformidad con lo ameritado en los considerandos, fijándose la misma escalonadamente de la siguiente manera: hasta el 1 de enero de 2012: $ 2.500 (pesos dos mil quinientos); hasta el 1 de enero de 2013: $ 3.200 (pesos tres mil doscientos); hasta el 1 de enero de 2014 $ 4.000 (pesos cuatro mil); hasta el 1 de enero de 2015 $ 5.500 (pesos cinco mil quinientos) y desde el 1 de enero de 2015 y en lo sucesivo $ 6.000 (pesos seis mil), con costas al demandado atento el reiterado criterio mantenido por esta alzada al respecto (art.68 del CPCC).-

Regístrese y notifíquese a la Sra. Defensora de Menores de Cámara en su despacho, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N°15/13 art.4°) y devuélvase.-