Condenan al importador de bicicleta a abonar una indemnización por un accidente ocurrido a causa del producto defectuoso

accdeiten bicicleta 3Partes: Trigueros Raúl Omar c/ Vaitech Internacional s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: H

Fecha: 18-sep-2015

Cita: MJ-JU-M-94870-AR | MJJ94870 | MJJ94870

Condenan al importador de un cuadro de bicicleta que tenía una soldadura fallada a abonar una indemnización por un accidente ocurrido a causa del producto defectuoso, con fundamento en el art. 1109 del Código Civil. Cuadro de rubros indemnizatorios.

cuadro
Sumario:

1.-Corresponde admitir una acción de daños intentada contra el importador de un cuadro de bicicleta que tenía una de sus soldaduras fallada, por quien sufrió un accidente a causa del producto defectuoso, ello con sustento en los arts. 1109 y 902 del CCiv., ya que el demandado debía conocer y verificar los productos que vende y si estos tienen las cualidades necesarias para evitar la producción de un daño.

2.-Tratándose de una acción de daños con sentencia de grado dictada antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación y dirigida contra el importador de un producto defectuoso por quien adquirió una bicicleta usada, resultan aplicables las normas sobre responsabilidad extracontractual del Código de Vélez Sarsfield, ello por aplicación del art. 7 de la normativa citada y en virtud de que los litigantes no tuvieron un vínculo contractual.

3.-Del informe del perito mecánico surge que el accidente aconteció luego de que se produjera una falla en la unión del tubo inferior y el tubo telescópico, una deficiencia en el proceso de soldado; si la demandada hubiera revisado el cuadro como corresponde, indudablemente hubiera advertido el defecto, máxime si se considera que se dedica exclusivamente a importar partes de bicicletas.

4.-El sindicado como responsable deberá acreditar el nexo causal entre la omisión de usar el casco y el daño ocasionado o el agravamiento del mismo dado que pueden existir menoscabos que no tengan con dicha omisión vinculación alguna; y en tanto la lesión más importante que tuvo la víctima residió en un traumatismo craneano no hay dudas de que se produjo la agravación del daño por aquél hecho.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de 2015, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos: «Trigueros, Raúl Omar c/ Vaitech Internacional s/ Daños y perjuicios», y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio, el Dr. Kiper dijo: Contra la sentencia de primera instancia (fs. 505/518), en la que se hizo parcialmente lugar a la demanda incoada por Raúl Omar Trigueros respecto de Vaitech Internacional S.R.L.; apela la parte demandada, quien, por las razones expuestas en su presentación de fs. 535/541, intenta obtener la modificación de lo decidido. A fs. 543/545 fueron contestados dichos argumentos, encontrándose los autos en condiciones de dictar un pronunciamiento de carácter definitivo. En el fallo se condenó a Vaitech Internacional S.R.L. a abonar, en el plazo de diez días, una indemnización de daños y perjuicios. Se tuvo por cierto que el actor había sufrido un accidente cuando se rompió el cuadro de su bicicleta, importado por la parte demandada. Vaitech Internacional S.R.L. se agravia de la procedencia de la acción y de que se haya aplicado la Ley de Defensa del Consumidor. Sostiene que el reclamante nunca invocó dicha norma y que el juez de primera instancia se extralimitó al hacerlo. También hace hincapié en que se citó el texto reformado con la ley 26.361, sancionada varios años después del accidente. Destaca que jamás tuvo una relación contractual con el actor, resaltando que ni armó ni vendió la bicicleta. Igualmente, afirma que Raúl Omar Trigueros no logró acreditar el incumplimiento, el daño, la antijuridicidad y la relación de causalidad.Y manifiesta que el hecho se produjo por la exclusiva culpa de la víctima porque no tenía puesto el casco.

Finalmente, se queja del monto del daño moral y de la forma en que se dispuso formular el cómputo de los intereses, fijados conforme la tasa activa cartera general (préstamos) del Banco de la Nación Argentina. El actor, al contestar el traslado de la expresión de agravios, requiere que se declare la deserción del recurso interpuesto por la contraria. No obstante, me parece que la presentación de referencia cuenta con suficientes argumentos que justifican avanzar en su tratamiento. Resulta conveniente, para una mejor ilustración y entendimiento del caso, realizar una breve reseña de las cuestiones sometidas al conocimiento del juez de la instancia anterior y de las traídas a estudio, por vía de apelación, ante este Tribunal. Raúl Omar Trigueros inició una demanda tendiente que se condene a Vaitech Internacional S.R.L. a abonarle una indemnización de daños y perjuicios. Relató que compite oficialmente en carreras de bicicletas, razón por la que siempre ha intentado contar con rodados de primer nivel. Señaló que en junio del 2002 le compró a Daniel Balmaceda una bicicleta marca Vairo Bicycles, importada de Estados Unidos por Vaitech Internacional S.R.L. Dicho rodado había sido adquirido por Daniel Balmaceda en una bicicletería que se llama Casa Daye, comercio explotado por Miguel Ángel Aye, que se dedica al armado y venta de bicicletas. Refiere que el 14 de agosto del 2002 circulaba por la Avenida Triunvirato de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando sintió que la bicicleta se desarmaba, cayéndose al piso y resultando lesionado. Al recibir el alta pudo verificar que se había roto el cuadro y que existía un defecto en una de las soldaduras. Al contestar el traslado de la demanda, Vaitech Internacional S.R.L. negó los hechos invocados. Indicó que no era una fábrica de bicicletas, sino que solamente importaba, entre otros elementos, cuadros, horquillas, asientos y frenos.Afirmó que el hecho se produjo por la exclusiva culpa de la víctima y que podría haberse caído al pisar un pozo, morder un cordón o realizar una maniobra imprudente. En definitiva, concluyó apuntando que no tiene responsabilidad debido a que lo único que hizo fue vender un cuadro, que no fabricó, a un comerciante que armó una bicicleta que posteriormente fue adquirida por Daniel Balmaceda, persona que, más tarde, terminó vendiéndosela al reclamante.

En la sentencia apelada se entendió, con sustento en un informe pericial mecánico, que el cuadro se rompió porque una de sus soldaduras era defectuosa. No se consideró que el hecho de que Raúl Omar Trigueros tuviera las lesiones en la cabeza justificara el rechazo de la acción. Sólo había que reducir la indemnización. Finalmente, se condenó a la accionada al pago de veintinueve mil ciento cincuenta pesos ($29.150.-), más intereses. Cabe aquí aclarar que para fundar la decisión se acudió al Derecho de los Consumidores. Se aplicaron las disposiciones de la ley 24.240 y la modificación introducida por la ley 26.361. Las costas se impusieron en su totalidad a la demandada. Resumidos de esta manera sucintamente los antecedentes del proceso, corresponde avocarse a su solución.

A esta altura no se discute ninguno de los hechos narrados, quedando ya fuera de toda controversia que el actor iba sin el casco en su bicicleta, que era usada, cuando se rompió el cuadro. Tampoco se cuestiona que el desperfecto se produjo por la falla de una de las soldaduras. Referí que uno de los agravios de Vaitech Internacional S.R.L. tiene que ver con la ley aplicable.

Esta queja puede dividirse en dos partes:primero, apunta al hecho de que se hayan citado una serie de normas del Derecho del Consumo que no fueron mencionadas en el escrito de inicio, violándose de ese modo el principio de congruencia y el derecho de defensa; y, segundo, se vincula con la circunstancia de que se haya considerado que existió una relación de consumo con sustento en algunos artículos comprendidos en la ley 26.361, norma sancionada después del accidente Comenzaré con los agravios desplegados en torno a la decisión de aplicar un marco jurídico no invocado en la demanda. Es sabido que al juez le corresponde calificar la relación sustancial en la litis y la norma jurídica que la rige, aunque las partes lo hagan en forma errónea (Alsina, Hugo; Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Ediar, Buenos Aires, 1957, 2ª edición, t. II, p. 246, n° 30/1). Cualquier error en la calificación de la acción no tiene repercusiones porque el juzgador debe fundar en derecho su decisión, tal como lo dispone el inc. 4 del art. 34 del Código Procesal. Se trata de un principio expresado con la fórmula iura novit curia. Juegan aquí principios que hacen a la subsistencia misma de la sociedad, pues si se encomienda a los jueces la vital función de dirimir los conflictos y ellos, por el motivo que fuere, se negaren a cumplir con esa específica misión, la situación que sobrevendría sería la de una virtual denegación de justicia, susceptible de poner en peligro el orden social y la tranquilidad pública (Salvat, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil Argentino, Parte General, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1958, 10ª edición actualizada por Víctor M. Romero del Prado, t. I, p. 155, n° 257).

Al ser ello así, los primeros cuestionamientos desplegados por Vaitech Internacional S.R.L. serán desestimados. De manera tal que ahora corresponde mencionar el derecho aplicable.Hay que tener en cuenta que el actor adquirió la bicicleta en junio del 2002 y que el accidente fue en agosto de ese mismo año, época en la que aún no se había reformado la ley 24.240 con la ley 26.361, publicada en el Boletín Oficial el 7 de abril del 2008. Cabe destacar, asimismo, que la sentencia de primera instancia se dictó el 6 de abril del 2015, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación dispone lo siguiente: «A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario.

La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo». Se trata de un artículo complejo, que prevé diferentes situaciones. Al respecto, enseña la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci que los hechos cumplidos están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron y, a su vez, que el nuevo ordenamiento no se proyecta atrás ni altera el alcance jurídico de las situaciones y consecuencias de los hechos y actos realizados y agotados en un momento bajo un determinado dispositivo legal (Kemelmajer de Carlucci, Aída; La aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes, 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, ps. 30/31). Ya lo explicaba Moisset de Espanés al estudiar la reforma introducida al Código Civil de Vélez Sárfield con la Ley 17.711.Dicho jurista apuntó que «- pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo, prohibido categóricamente-salvo que la propia ley haya consagrado de manera expresa una excepción a esa irretroactividad» (Moisset de Espanés, Luis; La Irretroactividad de la Ley y el Nuevo art. 3 del Código Civil (Derecho Transitorio), Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Dirección General de Publicaciones, 1976, ps. 17/18).

Con respecto a las normas del derecho del consumo, la regla se invierte en el sentido de que, al contrato de consumo en curso de ejecución, le son aplicables las nuevas leyes supletorias que puedan sancionarse, siempre y cuando, obviamente, por fidelidad a un principio cardinal que informa la materia, sea más favorable al consumidor. O sea, las leyes de protección de los consumidores, sean supletor ias o imperativas, son de aplicación inmediata. No dispone la aplicación retroactiva de la ley sino su aplicación inmediata a los contratos en curso de ejecución (Kemelmajer de Carlucci, Aída; ob. cit., ps. 60/61). Entonces, y como la relación está concluida, considero que lo correcto es recurrir a las normas vigentes en el año 2002. De manera tal que no se tiene que aplicar lo establecido en la ley 26.361 ni en las demás leyes y decretos modificatorios sancionados con posterioridad al hecho bajo estudio. Se decidió que la Ley de Defensa del Consumidor es inaplicable al servicio de asistencia al viajero si fue contratado antes de su entrada en vigencia y, también, se estableció que no correspondía aplicar sanciones pecuniarias (daño punitivo) si los hechos acontecieron con anterioridad a la incorporación de la figura al régimen legal (CNCom., Sala E, 24-2-2000, La Ley 2000-D-740 y CNCiv., Sala D, 22-9-2010, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Año XIII, N° 7, julio de 2011, p. 140, respectivamente, citados por Kemelmajer de Carlucci, Aída; ob. cit., ps.61 y 95).

En este estado, es fundamental expedirse en torno a si las normas de protección a los consumidores son de aplicación al supuesto bajo estudio. Y es aquí donde encuentro una regla de suma importancia. Se encuentra en el primer párrafo del art. 2° de la Ley de Defensa de los Consumidores, que conforme su redacción original decía: «Quedan obligados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Se excluyen del ámbito de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas». Recuerdo, nuevamente, que Raúl Omar Trigueros compró una bicicleta usada a Daniel Balmaceda, un conocido suyo. De la declaración testimonial de Daniel Balmaceda surge que trabaja como chofer y que se trata de un adepto al ciclismo, igual que el actor. Fue él quién adquirió el cuadro nuevo en un local llamado Casa Daye, objeto que posteriormente vendió al actor (conf. fs. 301). De manera tal que no se trata de un comerciante profesional, sino que resulta un particular que hizo una venta aislada. Estos extremos imponen que se excluya la aplicación de las normas del Derecho del Consumo al presente supuesto. El artículo transcripto precedentemente dice claramente que la ley no es aplicable a los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas usadas. Parte de la base de que se trata de una negociación que no entra en el circuito de las contrataciones masivas en el mercado, sino que, por el contrario, adquiere el carácter de contrato negociado en situación paritaria (Farina, Juan M.; Defensa del consumidor y del usuario, 3ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2004, p. 108). Todo contrato entre consumidores está fuera del alcance de la ley; ya que la nota de profesionalidad tanto en el régimen derogado [se refiere al art.2 transcripto precedentemente] como en el actual es esencial para la caracterización de este tipo de contratos (Santarelli, Fulvio G., en Ley de defensa del consumidor Comentada y anotada; dirigida por los Dres. Sebastián Picasso y Roberto A. Vázquez Ferreyra, 1ª edición, Buenos Aires, La Ley, 2009, T. I, p. 51). En consecuencia, se utilizarán las normas del Código Civil de Vélez Sárfield para resolver el conflicto. Advierto que en el caso los litigantes no tuvieron un vínculo contractual y que la regla res inter alios acta impide que se les aplique la responsabilidad por negocios. Si así hubiera sido podría decirse que la accionada incumplió con la obligación tácita de seguridad, que tiene sustento en la primera parte del art. 1198 del Código Civil derogado. Pero no es el caso. De manera tal que hay que analizar la situación conforme las pautas estipuladas para los casos de responsabilidad extracontractual.

Al ser ello así, se debe determinar si rige el art. 1109 o el 1113 del Código Civil de Vélez Sárfield. Jorge Bustamante Alsina es esclarecedor. Afirma lo siguiente: «Tratándose de daños causados con intervención de cosas, parecería que habría que situar esta responsabilidad dentro de la norma del art. 1113 del Cód. Civ. Sin embargo, esta norma responsabiliza solamente al dueño o guardián sea que el daño lo hubiese causado con la cosa, o bien que hubiese sido ocasionado por el riesgo o vicio de la cosa. En uno y otro caso no se señala a otro responsable que no sea el dueño o guardián-Si excluimos la aplicación del art. 1113, por las razones que acabamos de enunciar, no existe en nuestro ordenamiento jurídico otra norma que no sea el art. 1109. En última instancia todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio» (Bustamente Alsina, Jorge, Responsabilidad civil por productos elaborados o defectuosos, La Ley, T. 1992-E, Sec.doctrina, ps. 1069/1070). Por ende, sólo podría condenarse a Vaitech Internacional S.R.L. si hubo culpa o negligencia de su parte, basándose en el art. 1109 del Código Civil derogado. La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci admite que cuando se acciona contra quien no es el fabricante nos encontramos ante un supuesto que suscita muchas dificultades. Sostiene que, en principio, parecería que la acción sólo sería procedente si el vendedor o transmitente tenía conocimiento del vicio o defecto, o debía tenerlo en razón de su profesión (Kemelmajer de Carlucci, Aída en Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, dirigido por Augusto César Belluscio y coordinado por Eduardo A. Zannoni; Astrea, 1ª edición, 3ª reimpresión, Buenos Aires, Astrea, 2002, T. 5, p. 539). Se trata de una postura que me parece acertada y, por eso, la tomaré para resolver. Hay que preguntarse, entonces, si Vaitech Internacional S.R.L. tuvo conocimiento, o debería haberlo tenido, del defecto que existía en el cuadro que importó.

El perito mecánico, Ing. Rubén G. Biscardi, explicó que el cuadro es de una aleación de aluminio y corresponde a una bicicleta de carreras marca Vairo, modelo RX700. Explicó, asimismo, que el accidente aconteció luego de que se produjera una falla en la unión del tubo inferior y el tubo telescópico. Y concluyó indicando que «la falencia se corresponde a una deficiencia en el proceso de soldado-ese defecto de soldadura es un defecto de fabricación, el cual se detectó en el lado derecho en la unión entre el tubo inferior y el tubo telescópico-» (fs. 371/375). Es importante que Vaitech Internacional S.R.L. conozca y verifique los productos que vende y si éstos tienen las cualidades necesarias para evitar la producción de un accidente. No puedo pasar por alto que si no hiciere dicha revisión, o si fuera deficiente, introduciría al mercado un producto dañino.Esto es lo que ha sucedido en el supuesto bajo estudio ya que, si la demandada hubiera revisado al cuadro como corresponde, indudablemente hubiera advertido el defecto, máxime si se considera que se dedica exclusivamente a importar partes de bicicletas (al contestar el traslado de la acción comentó que se dedica a importar cuadros, horquillas, frenos y otros elementos [fs. 227 vta.]). Debería haber extremado su cuidado, tal como lo dispone el art. 902 del Código Civil de Vélez Sárfield. Por ende, entiendo que su conducta no ha sido diligente y, por esa razón, entiendo que tiene que ser condenada con sustento en el art. 1109 del Código Civil de Vélez Sárfield. No obsta a ello que el actor no llevara el casco. Sobre el tema he sostenido que, en ocasiones, el hecho de la víctima no tiene incidencia causal en el hecho ilícito, pero sí en la extensión del resarcimiento. Así, por ejemplo, cuando no se tiene colocado el casco en un accidente de tránsito, el evento puede ser total responsabilidad del demandado (autoría), pero quizás algunos daños hubieran sido menores si la víctima hubiese tomado dicha precaución.

El sindicado como responsable deberá acreditar el nexo causal entre la omisión de usar el casco y el daño ocasionado o el agravamiento del mismo dado que pueden existir menoscabos que no tengan con dicha omisión vinculación alguna La lesión más importante que tuvo Raúl Omar Trigueros residió en un traumatismo craneano (conf. inf. pericial médico de fs. 405/409). De ahí que no me quepan dudas de que se produjo la agravación del daño por aquél hecho. Sin embargo, disiento con Vaitech Internacional S.R.L. en cuanto a que si la víctima no estaba utilizando el casco se tiene que rechazar la pretensión.Ello, fuera de que no pueda pasarse por alto que en la sentencia se dispuso que la reducción de la indemnización.

En suma, por las razones antedichas, y recordando que los jueces no tienen la obligación de analizar todos los argumentos desarrollados por las partes sino aquellos que resultan importantes para la resolución del caso, propongo a mis colegas que se confirme este sustancial aspecto del fallo apelado.

A continuación, estudiaré el cuestionamiento formulado por Vaitech Internacional S.R.L. en torno al monto del daño moral, única partida indemnizatoria criticada. Se fijaron siete mil pesos ($7000.-).

Para estimar la cuantía del daño, el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante para luego establecer una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que más que en cualquier otro rubro queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a la ponderación de las diversas características que emanan del proceso.- «La determinación del monto no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales pues no media interdependencia en tales rubros, ya que cada uno tiene su propia configuración pues se trata de daños que afectan a esferas distintas» (cfr. Llambías, «Obligaciones» T. I, pág. 229).

Así, si se tien en en consideración las características que presentó el hecho, la repercusión que en los sentimientos del damnificado debió generar la ocurrencia misma del accidente como una agresión inesperada a su integridad física (a fs.405/409 el perito médico legista indicó que el actor padeció un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento y que hoy en día presenta una incapacidad física permanente del 4% y que no sufre de incapacidad psicológica), el tratamiento recibido y sus características personales (tenía 51 años al momento del hecho y actualmente está desocupado -entre otras particularidades que han sido prolijamente reseñadas en la sentencia-), estimo que la suma adecuada; propiciando su confirmación.

Finalmente, resta que me expida con respecto a que se haya dispuesto calcular los intereses conforme la tasa activa.

Los daños cuya reparación se persigue por medio de esta acción judicial se han producido en forma coetánea con el hecho ilícito motivo de la litis, entonces la obligación del responsable de volver las cosas a su estado anterior y de indemnizar los restantes perjuicios sufridos ha nacido a partir del momento en que tuvo lugar el obrar antijurídico. Si en esta oportunidad nace el deber de reparar los perjuicios, como contrapartida surge el derecho del damnificado a ser indemnizado; y ello es así independientemente de que el actor hubiere efectuado o no erogaciones previas al dictado de la sentencia.

En efecto, a poco que se observe que los intereses tienen por finalidad compensar al acreedor la indisponibilidad del uso de su capital, se advierte que, si éste es debido desde el momento en que se produjo el daño (o lo que es lo mismo, desde que el damnificado se hallaba habilitado a reclamarlo), corresponde computarlos desde la fecha del accidente.

Por lo demás y referente a la tasa que debe usarse, recuerdo el plenario dictado por esta Cámara in re «Samudio de Martinez Ladislaa c/Transporte Doscientos Setenta SA s/daños y perjuicios» (20-4-2009).

Entonces, creo que se debe confirmar esta parte de la sentencia.

Por todo ello, y si mi voto fuere compartido, propongo al Acuerdo que se confirme el fallo apelado en todas las cuestiones que decide y fueron materia de agravios.Con costas de la presente instancia a Vaitech Internacional S.R.L. quien resultó sustancialmente vencida (conf. art. 68 del CPCCN).

La Dra. Abreut de Begher dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

El Dr. José Benito Fajre dijo:

Adhiero a las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper en su voto, proponiendo la solución allí indicada.

Con lo que se dio por finalizado el acto, firmando los señores Jueces por ante mí de lo que doy fe.- Fdo.: José Benito Fajre, Liliana E. Abreut de Begher, Claudio M. Kiper.

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2015.

Y VISTO, lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo transcripto precedentemente, por unanimidad, el Tribunal decide confirmar el fallo apelado en todas las cuestiones que decide y fueron materia de agravios. Con costas de la presente instancia a Vaitech Internacional S.R.L. (conf. art. 68 del CPCCN). Regístrese, comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública dependiente de la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y oportunamente, devuélvase.-

Fdo.:

José Benito Fajre.

Liliana E. Abreut de Begher.

Claudio M. Kiper.

A %d blogueros les gusta esto: