Deben abstenerse de obstaculizar la comercialización de diarios y revistas dentro del predio del Mercado Central

Diarios (2)Partes: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. c/ Corporación Mercado Central de la Ciudad de Bs. As. Y otros s/ medidas cautelares

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: II

Fecha: 17-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-94369-AR | MJJ94369 | MJJ94369

La encartada debe abstenerse de obstaculizar la comercialización de diarios y revistas dentro de su predio pues afecta derechos constitucionales.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la medida cautelar solicitada por el medio gráfico a los fines de que las autoridades de la demandada impidan la realización de cualquier acto que obstaculice la distribución, comercialización y/o adquisición de los diarios de propiedad de la actora en el ámbito territorial de la demandada pues la venta de periódicos y revistas fue impedida en el predio sin que pudiera identificarse el origen de la orden que así lo dispuso.

2.-Dado que existieron actos de terceros que impidieron la comercialización de diarios y revistas de la actora, dentro del ámbito de la demandada, se justifica el dictado de la medida cautelar a los fines de evitar ese hecho, pues afecta los derechos constitucionales a la información, libertad de prensa, trabajar y comerciar; máxime ante la especial protección que tienen los derechos mencionados, como así también la prohibición que pesa sobre los actos de censura previa.

3.-Se confirma la medida cautelar toda vez que no se ha desconocido que la venta de los medios de la actora estaba impedida en el predio de la demandada, y tal hecho suscita un agravio constitucional a las libertades de expresión y de comerciar; más aun siendo que los actos de clausura invocados por la demandada resultan irrelevantes a tales efectos pues sólo tuvieron vigencia temporal acotada y existe prueba que acredita que las publicaciones de la actora siguieron vedadas con posterioridad.

4.-Si bien las medidas innovativas justifican una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, también lo es que no se puede descartar su aplicación por temor a incurrir en prejuzgamiento cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada.

5.-La identidad entre el objeto de la medida precautoria y el de la acción no es, en sí misma, un obstáculo a su procedencia en tanto se encuentren reunidas las exigencias que hacen a su admisibilidad; máxime siendo que la cobertura dada a título cautelar tiene carácter provisional, puede ser modificada si cambian las circunstancias que le dieron lugar y queda supeditada a lo que se resuelva en la definitiva.

Fallo:

Buenos Aires, 17 de abril de 2015.- HE

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 150, fundado a fs. 169/172, replicado a fs. 174/178, contra la resolución de fs. 143/147; y

CONSIDERANDO:

1°) En el referido pronunciamiento, el señor juez de grado hizo lugar a la medida cautelar solicitada por Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. -de aquí en más AGEA- y dispuso que las autoridades de la Corporación Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires debían “impedir y/o evitar y/o abstener la realización de cualquier acto o hecho (positivo o negativo) que implique obstaculizar y/o entorpecer y/o impedir de cualquier forma la distribución y/o distribución y/o comercialización y/o adquisición de los diarios “Clarín”, “Olé”, “Muy” y “La Razón” y de cualquier otro producto (de la actora) . en los puntos de venta de diarios y revistas y en el ámbito territorial de la Corporación del Mercado Central. En el supuesto que dichos hechos o actos provengan de personas que no estén bajo las responsabilidades o competencias de sus cargos, deberán comunicar dentro del plazo de un día de realización, el nombre del/los autor/es de la disposición, orden o ejecución de esos actos y hechos”.

Para así decidir, el magistrado tuvo por acreditado, prima facie, que la venta de periódicos y revistas de la AGEA fue impedida en el predio del Mercado Central y que no pudo identificarse el origen de la orden que así lo dispuso. Por consiguiente, estimó que la información no había llegado al público como debía hacerlo porque actos de terceros lo impidieron, lo que justificaba el dictado de una medida cautelar, conclusión no implicaba atribuir autorías o responsabilidades a personas públicas o privadas, pues ello sería materia de debate en el proceso de conocimiento.Y afirmó que se encontraban afectados los derechos constitucionales a la información, libertad de prensa, trabajar y comerciar, poniendo de resalto la especial protección que tienen los mencionados en primer y segundo término, como así también la prohibición que pesa sobre los actos de censura previa.

2°) La cautelada cuestiona el fallo por los motivos que se exponen a continuación: a) la intimación para que denuncie al autor de la supuesta orden de prohibición viola el principio de congruencia pues no fue pedida por la actora, circunstancia que provoca la nulidad de la medida; b) ningún funcionario o agente de la Corporación Mercado Central dio la orden de interrumpir la venta de las publicaciones de su contraria y las clausuras a las que hace alusión tangencial fueron decididas por motivos diversos; c) la determinación de quién ha dado la supuesta orden de prohibición de venta de los diarios aludidos, aspecto indispensable para juzgar sobre el mérito de la pretensión de la actora, excede el ámbito de conocimiento de una medida cautelar; d) el plazo fijado para que sus autoridades informen de dónde partió la orden es insuficiente; y, e) la sentencia es equiparable a definitiva pues establece la responsabilidad de los tres funcionarios que deben hacerla cumplir.

3°) Así planteada la cuestión, en lo que se refiere al planteo de nulidad no se advierte que la decisión violente del principio de congruencia al fijar un plazo para que las autoridades de la cautelada informen sobre la existencia de una orden externa a la Corporación Mercado Central.

Tal previsión por parte del a quo operaba en su beneficio pues les permitía, en la medida de sus posibilidades, señalar quién había dispuesto que no se comercializaran los medios de AGEA dentro de su predio y de esa forma redirigir la restricción cautelar. Y era congruente con la tesitura de limitar la petición cautelar al ámbito del Mercado Central y disponer que sus directivos sean los encargadas de hacer cumplir la manda.Juega, por lo demás, el principio procesal que permite al magistrado disponer una medida diferente a la solicitada a fin de evitar perjuicios innecesarios al titular de los bienes (conf. art. 204 del Código Procesal).

4°) Ello establecido, la Sala estima que los argumentos dirimentes de la decisión apelada resisten incólumes a las críticas de la recurrente.

En efecto, tal como se reseñó en el primer considerando, el a quo sostuvo que las constancias arrimadas por la peticionaria acreditaban, prima facie, que se había impedido la venta de las publicaciones de la actora en el predio del Mercado Central, extremo que provoca la afectación de ciertos derechos de rango constitucional. Y desde su óptica tal comprobación justificaba el dictado de una medida cautelar aun cuando no se hubiera determinado quién fue el autor de la orden de obstaculizar la venta.

El memorial bajo examen, empero, lejos está de rebatir el núcleo de la decisión recurrida, pues no ha desconocido que la venta de los medios de la actora estaba impedida en el predio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires y que esto suscita un agravio constitucional a las libertades de expresión y de comerciar. Los actos de clausura invocados resultan irrelevantes a tales efectos pues sólo tuvieron vigencia temporal acotada y del acta de constatación notarial invocada en la decisión apelada surge que las publicaciones de AGEA siguieron vedadas con posterioridad (ver fs. 10/11).

Es claro, pues, que no se presenta en la especie una crítica concreta y razonada del fallo apelado, motivo por el cual corresponde desestimar sin más el recurso deducido (conf. arts. 265 y 266 del Código Procesal).

5°) Los restantes cuestionamientos ensayados por la recurrente, referidos a aspectos tangenciales de la controversia, carecen de entidad para modificar el pronunciamiento apelado.

5.1) Es claro que el a quo no atribuyó responsabilidad alguna a los directivos de la recurrente, aspecto que priva de sustento las críticas ensayadas en este sentido.La medida cautelar recayó sobre ellos porque su carácter de autoridades superiores de la Corporación Mercado Central los ponía en mejores condiciones de hacerla cumplir.

5.2) Tampoco son atendibles las críticas sobre el supuesto carácter definitivo de la medida pues no ha mediado imputación de responsabilidad y la acción principal tendría un objeto más amplio que el requerido en estas actuaciones (ver fs. 19 vta.).

En ese orden, cabe agregar que si bien las medidas innovativas justifican una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa (conf. Fallos 316:1833; 319:1069 , entre otros), también lo es que la propia Corte Suprema ha sostenido que no se puede descartar la aplicación de una medida cautelar por temor a incurrir en prejuzgamiento cuando existen fundamentos que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, añadiendo que estos institutos procesales enfocan sus proyecciones sobre el fondo del litigio, porque su objetivo es evitar la producción de perjuicios que podrían producirse en caso de inactividad del órgano jurisdiccional y tornarse de muy dificultosa o imposible reparación al tiempo de dictarse la sentencia definitiva (conf. Fallos: 320:1633 ).

Desde esta perspectiva, la identidad entre el objeto de la medida precautoria y el de la acción no es, en sí misma, un obstáculo a su procedencia en tanto se encuentren reunidas las exigencias que hacen a su admisibilidad (conf. esta Sala, causa 7802/07 del 20.11.07, entre muchas otras). Y además tampoco puede obviarse que la cobertura dada a título cautelar tiene carácter provisional, puede ser modificada si cambian las circunstancias que le dieron lugar y queda supeditada a lo que se resuelva en la definitiva.5.3) Lo argumentado sobre la necesidad de determinar quién es el responsable de la orden atacada por la actora desatiende los derechos constitucionales en juego, en particular la prohibición de la censura previa contemplada en el art. 14 de la Constitución Nacional, aludida por el señor juez y sobre la cual nada dice la recurrente.

En ese sentido, la decisión es consistente con la postura reiterada de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión: las restricciones estatales o de particulares sobre ese derecho deben juzgarse con un escrutinio más estricto que el que habitualmente se sigue para casos meramente patrimoniales. Los medios de comunicación constituyen el ámbito natural para la realización de los actos amparados por la libertad de expresión y en especial toda censura previa que sobre ella se ejerza padece una “fuerte presunción de inconstitucionalidad” (ver en este sentido: Fallos 312:916 -“Verbitsky” -, voto del juez Fayt; Fallos 315:1943 -“Servini de Cubría” -; Fallos 324:975 -“S., V. c. M., D.A.”-, votos concurrentes de los jueces López, Vázquez y Fayt, y el voto disidente del juez Petracchi; Corte Suprema de los Estados Unidos: “Bantam Books Inc. v. Sullivan”, 372 U.S. 58 -1963-).

5.4) Finalmente, ponderando que la medida cautelar se ha dictado hace más de tres años, resulta inconducente el agravio sobre la exigüidad del plazo fijado.

En virtud de lo expuesto, esta Sala RESUELVE: desestimar la apelación deducida, con costas (arts. 68 y 69 del CPCCN).

Hágase saber a los intervinientes la vigencia de las acordadas CSJN n° 31/11, 38/13 y 3/5 en materia de notificaciones electrónicas.

El doctor Alfredo Silverio Gusman no suscribe por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y remítase a la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

GRACIELA MEDINA