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Por no referir al art. 1113 C.Civ. en la demanda, no procede la reparación basada en la ley civil en favor de un trabajador.

Bicycle-AccidentPartes: L. M. A. c/ Ministerio de Economía -Inst. Lot. y Cas.- y otro/a s/ accidente de trabajo – acción especial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fecha: 24-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93924-AR | MJJ93924 | MJJ93924

Rechazo de la reparación integral fundada en el derecho común, pues en ningún momento la actora siquiera insinuó una eventual identificación de sus tareas con el concepto de «cosa» al que alude el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto hizo lugar al reclamo sistémico por el accidente sufrido por la trabajadora, pero rechazó la reparación integral fundada en la ley civil, pues en ningún momento la actora siquiera insinuó una eventual identificación de sus tareas con el concepto de cosa al que alude el segundo párrafo del art. 1113 del CCiv., ni invocó que al haber intervenido una cosa productora del daño le correspondiera a la demandada acreditar la exclusiva culpa de la víctima para eximirse de responsabilidad, ni alegó que ante supuestos como el de autos a la accionante sólo le correspondía demostrar la ocurrencia del evento para obtener un resarcimiento por los daños sufridos.

2.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, declarando la inaplicabilidad de la Res. de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01 , y -por mayoría- la inconstitucionalidad de la Ley Prov. 14.399 , por lo que se revoca la sentencia impugnada en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses adeudados, los que deberán liquidarse con arreglo a la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.

Fallo:

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 24 de junio de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Negri, Genoud, Hitters, de Lázzari, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 116.810, «L. , M. A. contra Ministerio de Economía -Inst. Lot. y Cas.- y otro/a. Accidente de trabajo – Acción especial».

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 1 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 925/944).

La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 973/978), concedido por el citado tribunal a fs. 980.

Por su parte, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires también dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 982/991), cuya denegatoria (fs. 1001 y vta.) motivó la interposición de la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1088/1091 vta.), la que fue declarada procedente por esta Corte mediante resolución obrante a fs. 1095/1096 vta.

Dictada a fs. 1106 la providencia de autos, sustanciados los traslados que -en razón de la entrada en vigencia de la ley 14.399- se ordenaron a fs. 1097 y vta. y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 973/978?

En su caso:

2ª. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del deducido a fs. 982/991 vta.?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I.El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente que protagonizó el día 17 de febrero de 2003, M. A. L. sufrió fractura multifragmentaria de cabeza del peroné, lesión en rodilla izquierda y trastorno por estrés postraumático, que la incapacitan de manera parcial y permanente en un 65% de la total obrera. En tales condiciones, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida y condenó a Provincia A.R.T. S.A. a abonar el resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales, y a otorgar la totalidad de las prestaciones médicas y farmacéuticas, rehabilitación, provisión de prótesis y ortopedia -si fuere menester- y el tratamiento psiquiátrico, farmacológico y psicoterapéutico indicado por la perito médico-psiquiatra interviniente en autos (conf. arts. 11 ap. 4 inc. «a», 14 ap. 2 inc. «b» y 20 de la ley 24.557, texto según decreto 1278/2000; v. vered., fs. 925 vta./927 y sent., fs. 939 in fine/940 vta.).

En cambio, rechazó la pretensión de la accionante vinculada al pago de una indemnización integral -sustentada en las disposiciones del Código Civil- por los daños y perjuicios derivados del infortunio (v. sent., fs. 935/938 vta.).

II. Contra ese último aspecto del pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 44 inc. «d» de la ley 11.653; 34 incs. 3 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial, 1113 del Código Civil y 14, 17 y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 973/978).

Sostiene que el eje de la cuestión traída a conocimiento de esta Suprema Corte se halla definido por la errónea interpretación y aplicación que del art.1113 del Código Civil ha llevado a cabo el tribunal sentenciante para resolver la contienda.

En ese sentido, afirma que, según el criterio expuesto por este Tribunal, la expresión «cosa» que contiene el citado precepto puede ser utilizada para designar una tarea; y, también, que la asimilación del empleador con la figura del dueño o guardián respecto de las consecuencias del riesgo de la labor que se presta subordinadamente o en relación de dependencia representa un adecuado empleo del respectivo concepto, enmarcado en la unidad y contextualidad del orden del derecho.

Alega que en autos se encuentra acreditado que el infortunio fue provocado por una dependiente de la Provincia de Buenos Aires -Baigorria-, la cual embistió a la actora mientras se trasladaba en bicicleta dentro de su lugar de trabajo para cumplir con sus tareas habituales.

Señala que, frente a supuestos como el que acontece en la especie -de responsabilidad del principal por el hecho del dependiente-, cuando el factor de atribución es el riesgo creado u obligación tácita de seguridad, al damnificado le alcanza con demostrar el hecho para obtener la respectiva reparación por los perjuicios sufridos.

Expresa, asimismo, que de conformidad con las prescripciones del art. 1113 del Código Civil, al haber quedado acreditado que en la producción del daño intervino una cosa, para que la demandada quede eximida de responsabilidad debe acreditar la culpa de la víctima en la producción del evento dañoso.

III. El recurso no prospera.

1. El tribunal del trabajo juzgó acreditado que M. A. L. sufrió un accidente mientras se trasladaba por una de las calles internas del Hipódromo de La Plata -lugar donde desempeñaba sus tareas- y que, como consecuencia de dicho acontecimiento, padece una incapacidad parcial y permanente del 65% de la total obrera, habiendo percibido la suma de $ 34.386,48 en concepto de prestaciones dinerarias de la ley 24.557 a cargo de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo codemandada.Sin embargo, rechazó la pretensión vinculada al cobro de una indemnización integral -sustentada en las normas del derecho común- por los daños y perjuicios provocados por el infortunio (v. vered., fs. 925/927 y sent., fs. 935/938 vta.).

Para arribar a esta última definición, tuvo especialmente en cuenta la doctrina de este Tribunal que establece los extremos que necesariamente deben verificarse para que se configure la «responsabilidad refleja» a la que se hace mención en el primer párrafo del art. 1113 del Código Civil (v. fs. 935).

Siguiendo tales directrices se detuvo inicialmente a calificar a la señora Claudia Baigorria, quien participó del accidente (una colisión de bicicletas), como dependiente del Estado provincial (v. fs. 935 in fine/936).

Luego, sostuvo que no había resultado probada la culpa o negligencia de ésta en el suceso de autos, toda vez que, si bien fue ella quien embistió a L. , ninguna probanza se había producido tendiente a demostrar la responsabilidad en el acaecimiento del evento, y el carácter de «embistiente» no es prueba irrebatible de responsabilidad (v. vered., fs. 936 in fine y vta.).

Sobre tal base descartó que en el caso se encontraran configurados los factores atributivos de responsabilidad civil de la Provincia de Buenos Aires. Ello, señaló, porque además de haberse omitido en la demanda toda alegación relativa a qué hechos sustentarían la responsabilidad «subjetiva y/u objetiva» atribuida a la empleadora, la norma del art. 1113 del Código Civil -en cuanto endilga responsabilidad al principal por el hecho de su dependiente- no prescinde del concepto de culpa, y, precisamente -destacó-, en las presentes actuaciones no hubo de producirse prueba eficiente tendiente a acreditar la culpabilidad o negligencia de la señora Baigorria en la causación del accidente (v. sent., fs. 936/938 vta.).

2.La crítica que porta el remedio extraordinario en examen se presenta insuficiente para obtener la modificación de lo decidido.

La línea argumental que trae el recurrente sólo exhibe la pretensión de rediseñar en casación -ante el resultado del fallo, adverso a sus intereses- un nuevo enfoque del tópico introduciendo un razonamiento que estuvo ausente en la instancia de grado.

Surge del escrito de demanda (v. fs. 39/45), e incluso de la respuesta dada al traslado que autoriza la norma del art. 29 de la ley 11.653 (v. fs. 112/113 vta.), que en ningún momento la actora siquiera insinuó una eventual identificación de sus tareas con el concepto de «cosa» al que alude el segundo párrafo del art. 1113 del Código Civil (v. rec., fs. 976 vta.), ni invocó que al haber intervenido una cosa productora del daño le correspondiera a la demandada acreditar la exclusiva culpa de la víctima para eximirse de responsabilidad (v. rec., fs. 977 in fine), ni alegó que ante supuestos como el de autos, del Estado provincial, a la accionante sólo le correspondía demostrar la ocurrencia del evento para obtener un resarcimiento por los daños sufridos (v. rec., fs. 977).

Luego, y en tanto se apoya en una novedosa estructura de fundamentos, los agravios que definen el contenido de la crítica devienen inatendibles.

Tiene dicho esta Suprema Corte que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las razones blandidas en la instancia extraordinaria que son fruto de una reflexión tardía (conf. causas L. 107.146, «Chiro», sent. de 29-V-2013; L. 107.119, «Galmes», sent. de 25-IV-2012; L. 98.496, «Berón», sent. de 2-VII-2010; entre muchas).

IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art.289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores Kogan, Pettigiani, Negri, Genoud, Hitters y de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado, en representación de Provincia A.R.T. S.A. (conf. dec. 3.858/2007; v. fs. 840 y vta. y fs. 845 y vta.), denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 44 inc. «d» de la ley 11.653; 622 y 623 del Código Civil; 11 inc. 4 ap. «a» y 14 inc. 2 ap. «b» y de la ley 24.557; resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99 y 287/01; del decreto 1278/2000; arts. 11, 15 y 31 de la Const itución de la Provincia de Buenos Aires; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita.

1. Cuestiona la decisión de grado que, con sustento en la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dispuso la aplicación de intereses sobre el capital de condena a cargo de Provincia A.R.T. S.A. a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina en las operaciones de descuento de documentos.

Sostiene que el dictado de la mentada resolución se justifica en el marco del procedimiento administrativo previsto por la ley 24.557 para el pago de las prestaciones dinerarias allí contempladas, así como en el contexto de lo dispuesto por la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 104/98 y de las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación 24.852/96 y 24.808/96.

Señala que la resolución 287/01 tiene un objeto claro y concreto:sancionar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo por la mora en el cumplimiento de las prestaciones determinadas dentro del sistema administrativo previsto por la ley 24.557.

Puntualiza -además- que la propia actora, al promover la acción judicial, cuestionó el régimen sobre competencia e intervención de las comisiones médicas contemplado en la Ley de Riesgos del Trabajo; de allí que resulte absurda la decisión del tribunal de grado de aplicar la citada resolución, cuando ésta se enmarca en un sistema que ha sido tachado de inconstitucional.

Alega, asimismo, que la utilización de la tasa prevista en dicha resolución se ha convertido en una práctica de determinados tribunales en orden a sortear la aplicación de la doctrina legal de esta Corte que prescribe la liquidación de los intereses sobre el capital de condena con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

2. Se agravia además porque el tribunal de mérito la condenó a abonar la prestación prevista en el art. 14, inc. 2 ap. «b» de la Ley de Riesgos del Trabajo en un único pago, por cuanto -aduce- en el específico supuesto de autos no se encuentran configurados los extremos que ameriten la declaración de inconstitucionalidad del sistema de renta periódica que dicho precepto contempla.

Expresa que la norma en crisis tiende a complementar en forma razonable el ingreso que el trabajador puede obtener a través de su capacidad residual, resultando más adecuada que la entrega del capital en un único importe, pues la reparación se efectúa a medida que el daño se concreta a través de una indemnización que tiende a compensar el menor ingreso o gasto que se produce como consecuencia del hecho dañoso.

3. Finalmente, objeta la sentencia de grado en cuanto estableció que correspondía otorgar a la actora la compensación dineraria adicional prevista en el art. 11 inc. 4 ap.»a» de la ley 24.557.

Alega que dicha prestación fue establecida con el objeto de complementar la renta periódica prevista en el art. 14 inc. 2 ap. «b» del mismo cuerpo legal y, por lo tanto, al declararse su inconstitucionalidad, aquella no debe abonarse.

II. El recurso prospera parcialmente.

1. Inicialmente habré de señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado, en la especie, por el monto de condena a cuyo pago se encuentra obligada la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, sumado a la diferencia que se verifica entre el importe proveniente de los intereses que el a quo ordenó calcular sobre dicho capital, y el que habría de obtenerse por aplicación de la doctrina legal cuyo quebrantamiento se denuncia en el recurso- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. ley 14.141; Acord. 3590/12). Por tal razón, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido sólo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 -primer párrafo, in fine- de la ley 11.653.

Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (conf. causas L. 116.470, «Armesto», sent. de 6-III-2013; L. 103.432, «Zanuttini», sent. de 6-XI-2012; L. 109.022, «Villa», sent. de 31-VIII-2011; entre otras).

En consecuencia, esta Suprema Corte debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por el recurrente.

Sin embargo, a fs. 982 vta. el recurrente evidencia que en el caso, en cuanto se ha juzgado sobre la validez constitucional del art. 14 ap 2. inc.»b» de la ley 24.557, se encuentra en juego una cuestión federal, razón que a su criterio justifica la admisibilidad del recurso prescindiendo de la limitación referida al valor del agravio.

Le asiste razón; tal tesitura se refleja en distintos pronunciamientos de esta Corte (así causas Ac. 91.670, «M.A.», res. de 8-II-2006; Ac. 92.459, «V., O.», resol. de 30-XI-2005; entre otras).

En ese sentido, se ha señalado que, por razones de celeridad y economía procesal, las decisiones de este Tribunal deben adecuarse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes «Strada» (Fallos 308:490), «Christou» (Fallos 310 v.1: 324) y «Di Mascio» (Fallos 311:2478), en cuanto a que todo pleito radicado ante la justicia provincial en el que se susciten cuestiones federales debe arribar al alto Tribunal sólo después de «fenecer» ante el órgano máximo de la judicatura local, dado que los tribunales de provincia se encuentran habilitados para entender en causas que comprendan puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (conf. causa L. 85.710, «Aguirre», sent. de 26-IX-2007).

2. Aclarado ello, y alterando el orden de los agravios en la forma en que han sido propuestos, habré de señalar que el dirigido a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, inc. 2 ap. «b», de la Ley de Riesgos del Trabajo no puede tener favorable recepción.

a. En la causa M.3724.XXXVIII, «Milone» (sent. de 26-X-2004), la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, si bien en la órbita de la prestación contemplada en el originario texto de dicha norma, entendió que -en el caso- la misma resultaba inconstitucional.

Tal como lo señalé al sufragar en el precedente L. 103.467, «E., R.» (sent. de 26-X-2011), las consideraciones expuestas en el citado fallo «Milone», en sustancia, llevaron posteriormente al alto Tribunal, en la causa S.461.XLII, «Suárez Guimbard» (sent.de 24-VI-2008), a juzgar inconstitucional el sistema de pago mensual receptado en el art. 15.2 de la Ley de Riesgos del Trabajo (conf. dec. 1278/2000).

En este último caso, el alto Tribunal reiteró que la indemnización de pago periódico, para respetar las mandas constitucionales, debe «consagrar una reparación equitativa (.) que resguarde el sentido reparador in concreto»; lo contrario implicaría no dar cumplimiento al mandato orientado a «asegurar» una condición de labor equitativa (art. 14 bis, Const. nac.) y que, en ese contexto, la norma examinada resulta censurable ya que «por su rigor» se desinteresa de la concreta realidad sobre la que debe obrar (consid. 2°).

Tuvo en miras que las incapacidades derivadas de accidentes laborales llevan usualmente al trabajador -y en su caso, a su familia- a una «profunda reformulación de su proyecto de vida», para lo cual la indemnización se presentará como un dato relevante, por lo que, de ser inadecuada, puede añadir una nueva frustración (consid. 3º).

Recordó -nuevamente, remitiendo a «Milone»- que respecto del sistema originario previsto en la ley 24.557, hubo de señalarse que éste «reducía drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular su proyecto de vida, en tanto le impedía absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a las víctimas» (consid. 4º).

Luego de reseñar ciertos datos de la causa (consids. 5º y 6º), concluyó que, en el caso, el sistema de renta periódica conduce a un pago mensual que «no da satisfacción al objetivo reparador que la norma predica», a la vez que impide a los beneficiarios (en el precedente que se relata: los derechohabientes del trabajador) el ejercicio de «un ámbito de libertad constitucionalmente protegido» en el que se inserta la formulación del «proyecto de vida» (consid. 7º).

Agregó que no obstaba a tal definición la circunstancia de que con la sanción del dec.1278/2000 se haya reconocido a los beneficiarios -junto a la renta periódica- la percepción de una prestación adicional de pago único de $ 50.000, pues si bien ello traduce una mejora en la prestación originaria, «no deja de conculcar el derecho del beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito según sus necesidades» (consid. 8º).

La Corte federal hubo de expedirse una vez más sobre la invalidez del pago en forma de renta en la causa G.852.XLIV, «Gioia, Gustavo Américo y otro c/ Consolidar A.R.T. S.A.» (sent. de 18-X-2011), donde manifestó que el art. 15.2 de la ley 24.557 no supera el test de constitucionalidad.

Con arreglo a la doctrina legal de este Tribunal y a la jurisprudencia de la Corte nacional citadas, y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, considero que la decisión plasmada en la instancia de grado debe ser confirmada.

b. En el sub lite, el tribunal de origen juzgó acreditado que la actora, quien prestaba servicios en el Hipódromo de La Plata, sufrió un accidente de trabajo el día 17 de febrero de 2003 que le generó una incapacidad psicofísica del 65% de la total obrera (arribando a dicho porcentual al considerar que la trabajadora era portadora de una minusvalía del 72 ,53% con la inclusión de los «factores de ponderación» y del 57,26% con la exclusión de estos últimos), que a la fecha del infortunio contaba con 35 años y que el valor mensual de su ingreso base ascendía a $ 690,99. Se declaró además que el perito contador plasmó en su informe de fs. 815/833 que a la señora L. le correspondería percibir una renta periódica de $ 382,18, o bien de $ 471,67 -según se tomara en cuenta el porcentaje de incapacidad consignado por la Comisión Médica (52%), o el determinado por el perito médico desinsaculado en autos (65,80%), respectivamente-, determinada en base a las disposiciones del art.14.2.b de la ley 24.557.

Indudablemente, la minusvalía que porta la actora ha modificado su modo de vida. Con ese escenario, el pago de la prestación contemplada en el art. 14, inc. 2 ap. «b», de la ley 24.557, a través de una renta periódica conforme los elementos que surgen de la causa, no garantiza a la damnificada su ya menguada libertad para encauzar y reformular su proyecto de vida en el futuro.

Tales aspectos justifican en la especie la declaración de inconstitucionalidad del sistema de cancelación de la reparación que le corresponde a la actora por su incapacidad laboral permanente parcial, incompatible con los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional y que fue peticionada en la demanda (fs. 35 vta.).

3. También resulta improcedente el embate por el que se objeta la condena a la aseguradora de riesgos del trabajo al pago de la compensación dineraria adicional prevista en el art. 11, inc. 4 ap. «a», de la ley 24.557 (conf. decreto 1278/2000), toda vez que es el producto de una reflexión que el recurrente realiza recién en esta instancia extraordinaria y resulta, por ende, extemporáneo (conf. causa L. 91.290, «de Lorenzo», sent. de 28-IX-2011, entre otras).

Ello así, pues frente al planteo de inconstitucionalidad introducido por la actora en su demanda (fs. 35 vta.), enderezado a desactivar la modalidad de pago en forma de renta periódica (art. 14 inc. 2 ap. «b», L.R.T.), la accionada, en la etapa procesal oportuna, no trajo argumento alguno del tenor de los que ahora pretende introducir a fin de fundar su impugnación.

4. Distinta solución he de proponer en relación al tipo de tasa sobre el cual debe liquidarse el monto de capital reconocido en la sentencia.

4.1.El tribunal de grado -en lo que ha sido motivo de crítica- ha resuelto aplicar a partir del 24 de mayo de 2007 la resolución 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que fija la tasa activa del Banco Nación, sobre la base que es ésta la norma específica aplicable a la cuestión.

El embate del recurrente es de recibo.

Conforme lo sostuvo este Tribunal en el precedente L. 113.328, «Martínez», la aludida resolución tiene por objeto regular una situación concreta que se plantea en el ámbito del procedimiento administrativo previsto en la ley 24.557, luego no cabe extenderla al ámbito del proceso judicial como el aquí tramitado.

4.2. Casado este aspecto de la decisión, corresponderá establecer el interés aplicable al capital de condena desde la fecha de su exigibilidad.

Dicho pronunciamiento debe tener presente la sanción de la ley provincial 14.399 (B.O., 12-XII-2012) que modifica el art. 48 de la ley 11.653. Ello, en función del planteo efectuado por el impugnante (v. fs. 1102/1105 vta.) al contestar la vista conferida por esta Corte a fs. 1097 y vta. en el que cuestiona la validez constitucional de aquella normativa y solicita su inaplicabilidad en el caso.

Cabe recordar también que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (conf. causas L. 85.534, «O., C.», sent. de 13-II-2008; L. 89.455, «Pirro», sent. de 12-IV-2006), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. Fallos 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891, entre otros), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.

En ese contexto, no puede soslayarse que la norma cuestionada ya ha sido declarada inconstitucional por este Tribunal -entre otros- en el precedente L. 108.164, «Abraham» (sent.de 13-XI-2013), cuyos conceptos habré de reproducir a continuación para fundar mi respuesta a dicha temática.

a. La ley 14.399 fija la tasa para el cálculo de los intereses que deberán adicionarse al monto total de la condena en los procesos laborales. En concreto, dispone la aplicación del «. promedio de la tasa activa» establecida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.

De los fundamentos del proyecto se desprende que, al margen de su incorporación en el régimen procedimental, con su sanción se ha procurado contemplar un aspecto sustancial, no adjetivo, concerniente a los derechos del trabajador dependiente. Se establece así una tasa por considerarla más adecuada a los intereses implicados en la relación de trabajo. Ello explica la mención que en los fundamentos de la iniciativa se hace al plenario de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata de fecha 30 de agosto de 2001 y a la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99.

b. Por sus características, la norma es de aplicación inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia -esto es, el 21-XII-2012- respecto de aquellos créditos laborales cuyo reconocimiento resulte aún materia de controversia, conforme surge del art. 3 del Código Civil, en línea con el criterio del tribunal (conf. causas L. 35.909, «Góngora de Carrizo»; L. 35.251, «Mantuano»; L. 35.908, «Silvero de Sequeira»; todas con sent. de 4-XI-1986, en «Acuerdos y Sentencias», 1986-III, 580). Así, esta Corte declaró aplicable la ley 23.928 (B.O., 28-III-1991) aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (conf. causa Ac. 37.456, «I.B.M. Arg. S.A.», sent. de 22-X-1991), en igual línea, a los hechos in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción (art. 3, cit.; conf. causas Ac. 63.091, «Fisco de la Pcia. de Bs. As.», sent. de 2-VIII-2000; Ac.49.095, «Cánepa», sent. de 12-IV-1994) y, en especial, una vez entrada en vigencia la aludida norma nacional para definir, precisamente, la tasa de interés (causas Ac. 43.448, «Cuadern, Daniel c/ Sagedico S.A. s/Cobro de australes» y Ac. 43.858, «Zgonc, Daniel Roberto y ot. c/ Asociación Atlético Villa Gesell s/Cobro de australes», ambas de 21-V-1991).

Ante la subsistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la ley 14.399, sus efectos habrían de regir esta litis, por lo que se impone dirimir el planteo de inconstitucionalidad introducido por el Fisco provincial.

c. Según se dijo, la ley local aludida establece el accesorio del capital que procede en los litigios laborales como reparación por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria finalmente reclamada en juicio.

Hasta su puesta en vigor tenía aplicabilidad la directiva general emergente del primer párrafo del art. 622 del Código Civil, en cuanto dispone: «El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar» y la interpretación que en torno a ello ha sostenido este Tribunal.

d. Sabido es que en esta materia la doctrina de la Corte, a partir de la sanción de la ley 23.928, aplica la denominada tasa pasiva en ausencia de acuerdo de partes y de interés legal (causas Ac. 38.680, «Reyes», sent. de 28-IX-1993; Ac. 49.987, «Magnan», sent. de 16-VI-1992; Ac. 43.858, «Zgonc», sent. de 21-V-1991; Ac. 43.448, «Cuadern», sent. de 21-V-1991), criterio que fue ratificado en el precedente «Ginossi» y que no ha sido alterado por el abandono del sistema de convertibilidad (ley 25.561; conf.causa cit.).

En tales condiciones, la evaluación constitucional de la ley 14.399 exige discernir si una norma local como la mencionada puede válidamente regular aspectos de una relación jurídica del derecho común; y, en todo caso, si se trata de una de las «leyes especiales» a las que se hace referencia en el art. 622 del Código Civil. Anticipo una respuesta negativa.

e. No cabe duda que la ordenación jurídica de las relaciones del trabajo es un ámbito cuya legislación, de orden común, las provincias han delegado al estado federal, privativo del poder legislativo de la Nación (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y concordantes, Const. nac.; Fallos 320:1344; 311:1795; 275:254; 256:215; entre otros). Tampoco que, en ese campo, ha de incluirse precisamente el tramo que la ley 14.399 viene a regular: el relativo a los efectos de la mora en el cumplimiento de la obligación pecuniaria emergente del contrato de trabajo y su resarcimiento mediante la aplicación de los intereses. Ello revela la incompatibilidad entre la normativa provincial enjuiciada y la atribución de competencias constitucionales prevista en la cláusula de los códigos (art. 75 inc. 12, C.N.).

Para más, tampoco podría encuadrar en el supuesto del segundo párrafo del art. 622 del Código Civil, dispositivo que prevé la sanción por inconducta procesal, ya instituido en el ámbito laboral por la Ley de Contrato de Trabajo (art. 275, L.C.T.).

f. Nada obstaría en términos constitucionales a que se incorporare una disposición sustantiva, de contenido análogo al que en este pleito se cuestiona. Probablemente ello sería valorado positivamente en el marco de las relaciones laborales, como instrumento de protección de la parte más débil de ese vínculo y desincentivo a la morosidad patronal en el reconocimiento de los derechos materiales de los trabajadores.

Ahora bien, una normativa que apuntare a ese objeto debería provenir del Congreso de la Nación, pues así lo impone la Constitución (art. 75 inc.12, C.N.).

g. Cuando lo ha entendido perti nente, en otras materias de derecho común, el legislador nacional ha ejercido la atribución de establecer una tasa legal. Por ejemplo, en el art. 565 del Código de Comercio, respecto de la tasa activa, sobre cuyos contornos esta Corte se ha pronunciado en diversas ocasiones (conf. causas C. 101.538, «Eduardo Beraza S.A.», sent. del 14-IX-2011; C. 94.239, «Candiano», sent. del 30-VI-2010; Ac. 78.860, «Sinigagliese», sent. del 30-VI-2004; Ac. 57.803, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. del 17-II-1998; Ac. 61.335, «Río Paraná S.A.», sent. del 18-XI-1997; Ac. 59.006, «Debiazzi», sent. del 10-XII-1996; Ac. 55.593, «Ugarte y Cía. S.A.», sent. del 14-VI-1996; Ac. 55.356, «Tecnocom San Luis S.A.», sent. del 4-IV-1995; Ac. 51.259, «Banco de la Provincia de Buenos Aires», sent. del 20-XII-1994).

En cambio, en cuestiones laborales, no ha destinado una regla para abordar la cuestión aquí tratada, pese a que ha reglado otros tópicos, como, vgr., los efectos de la calificación de la conducta del empleador y de la mora en el cumplimiento de determinadas obligaciones, por incorporación directa en el régimen general del contrato de trabajo (art. 275, L.C.T.; ley 26.696, respecto del art. 15), o por conducto de leyes especiales (art. 2, ley 25.323 y 9, ley 25.013).

h.Es dable reiterar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que estos aspectos jurídicos sustanciales corresponden a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto ya que, al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que la contradigan (Fallos 311:1795, con sus propias citas; 308:2588; 303:1801; 275:254; 269:373; 235:571; 226:727; 176:115).

En materia laboral se constata un ejemplo claro de descalificación de una norma provincial (la ley 9.497 de la Provincia de Santa Fe) destinada a regular un instituto de aquellas relaciones jurídicas materiales, como es la jornada de trabajo (Fallos 308:2569).

i. Todo lo expuesto revela que la ley provincial objetada en autos se encuentra en pugna con la Constitución nacional (arts. 31, 75 inc. 12, 126 y cctes.), en tanto legisla sobre una materia de derecho común cuya regulación es competencia exclusiva del Congreso de la Nación.

Por ello, la ley 14.399 deviene inconstitucional y no es aplicable en el caso.

j. A la vez, la ausencia de pacto en lo que respecta a los intereses determina la plena vigencia en autos de la doctrina legal en la materia, elaborada por esta Corte en uso de las facultades que el art. 622 confiere a la judicatura y, por tanto, en el caso, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561; y 622 del Cód. Civil; conf.causas L. 94.446, «Ginossi», sent. de 21-X-2009; Ac. 92.667, «Mercado», sent. del 14-IX-2005; L. 80.710, «Rodríguez», sent. del 7-IX-2005; L. 79.789, «Olivera», sent. del 10-VIII-2005; L. 87.190, «Saucedo», sent. del 27-X-2004; L. 88.156, «Chamorro», sent. del 8-IX-2004; L. 79.649, «Sandes», sent. del 14-IV-2004; L. 75.624, «Taverna», sent. del 9-X-2003; L. 77.248, «Talavera», sent. del 20-VIII-2003; L. 76.276, «Vilchez», sent. del 2-X-2002; Ac. 68.681, «Mena de Benítez», sent. del 5-IV-2000; Ac. 72.204, «Quinteros Palacio», sent. del 15-III-2000; Ac. 57.803, «Banco de la Prov. de Bs. As.», sent. del 17-II-1998).

Desde ya el a quo ha violado dicha doctrina, invocada por el recurrente a fs. 986.

III. En virtud de lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 y casar el pronunciamiento de grado en cuanto aplicó -a partir del 24 de mayo de 2007- intereses sobre el capital de condena a la tasa activa mensual del Banco de la Nación Argentina. Los autos han de volver al tribunal de origen para que efectúe una nueva liquidación de tales accesorios de conformidad con lo resuelto en la presente. Costas de esta instancia por su orden atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 y 289 del C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:

1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto II aps. 1 y 2, de su voto.

2. En lo concerniente al tópico vinculado a la condena de la aseguradora de riesgos del trabajo al pago de la compensación dineraria adicional contemplada en el art. 11, ap. 4 inc.»a», de la ley 24.557, juzgo que dicha decisión ha de permanecer inmodificada, aunque por los fundamentos que a continuación expongo y que he desarrollado al sufragar en las causas L. 116.976, «Salguero», sent. del 15-IV-2015; L. 116.679, «P., C.C.», sent. del 8-IV-2015 y L. 115.523, «Quiroga», sent. del 4-III-2015).

a. Tal como fuera relatado en el voto del colega que inaugura el acuerdo, la recurrente sostiene que dicha prestación fue establecida con el objeto de complementar la renta periódica prevista en el art. 14 ap. 2 inc. «b», de la ley 24.557 y, por lo tanto, al haber sido declarada por el a quo su invalidez constitucional, aquélla no debe abonarse (v. fs. 989 in fine/990 vta.).

b. La crítica así ensayada es improcedente.

El texto del art. 11 de la ley 24.557, al tratar el régimen legal de las prestaciones dinerarias, establece en su ap. 4º (t.o. dto. 1278/2000) que «en los supuestos previstos en el art. 14 apartado 2, inc. b (.) de la presente ley, junto con las prestaciones allí previstas, los beneficiarios percibirán, además, una compensación dineraria adicional de pago único.».

Luego, este Tribunal ha declarado -en línea con los argumentos esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «Suárez Guimbard» (causa S.461.XLII, sent. del 24-VI-2008)- que corresponde declarar la inconstitucionalidad de la modalidad de pago en forma de renta periódica prevista en el art. 14 ap. 2 inc. «b» de la ley 24.557 cuando se ha comprobado -conforme los elementos que resultan de la causa- que la misma se revela incompatible con los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, sin que la prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 inc. 4 de dicha ley (incorporada por el decreto 1278/2000) alcance para sanear dicha disvaliosa situación (conf. causa L. 103.467, «E., R.», sent.del 26-X-2011).

En la causa antes referida -en la que se confirmó por unanimidad la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad de la forma de pago establecida en el art. 15 ap. 2 de la ley 24.557-, el más alto Tribunal de la Nación había señalado -ratificando las consideraciones vertidas en el fallo «Milone»- que el sistema de renta periódica conducía a otorgar un pago mensual que no daba satisfacción al objetivo reparador que la norma predica, a la vez que impedía a los beneficiarios el ejercicio de un ámbito de libertad constitucionalmente protegido, en el que se inserta la formulación de su proyecto de vida (cons. 7mo.). Añadió a ello que «no obstaba a dicha conclusión, la circunstancia de que, a tenor de la reforma introducida por el decreto 1278/2000, junto con la prestación complementaria de renta periódica, los beneficiarios percibieran, además, una compensación dineraria adicional de pago único». Es que, «si bien por esta modificación se pretendió dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador [.], originadas en el infortunio laboral (Boletín Oficial, 29.558, 1a. sección, 3 de enero de 2001, pág. 2) y traduce una mejora en la prestación originaria del sistema, el pago adicional en cuestión no alcanza a desvirtuar las conclusiones del considerando precedente, toda vez que su percepción no deja de conculcar el derecho del beneficiario a disponer libremente de la totalidad de su crédito, según sus necesidades» (cons. 8vo.).

Lo señalado anteriormente evidencia que lo argumentado por el recurrente no encuentra recepción ni en la doctrina legal de este Tribunal ni en la jurisprudencia que emana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, correspondiendo, en consecuencia, rechazar este tramo de la queja y confirmar la sentencia atacada en cuanto condenó a Provincia A.R.T. S.A. a abonar la prestación adicional de pago único ($ 30.000) prevista en el art. 11 ap. 4 inc. «a» de la ley 24.557 (incorporada por el dec. 1278/2000).

3.Finalmente, habré de señalar que comparto la propuesta del doctor Soria de declarar inaplicable al caso la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, como así también en cuanto decreta la inconstitucionalidad de la ley 14.399. Ello, por los fundamentos que expuse, y doy aquí por íntegramente reproducidos, al votar en primer término en la causa L. 108.142, «Díaz» (sent. del 13-XI-2013) -conformando la mayoría que define el contenido actual de la doctrina establecida por esta Corte ante casos sustancialmente análogos al presente (conf. causas L. 90.768, «Vitkauskas»; L. 102.210, «Campana»; L. 108.164, «Abraham» y L. 110.487, «Ojer», sentencias del 13-XI-2013, entre otras)- (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812).

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria, con el siguiente alcance.

En primer lugar, he de señalar que, tal como lo manifesté en la causa L. 82.724, «M., N.M.» (sent. del 7-III-2007), teniendo en cuenta lo manifestado por la Corte Suprema nacional en la causa «Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ acc. Ley 9688» (sent. del 26-X-2004) y la innegable gravitación que -más allá de lo que pueda sostenerse sobre su eventual aptitud vinculatoria- cabe reconocerle en todo caso atento su ubicación en la cúspide del ordenamiento judicial (arts. 5, 108, 123 y 127, Const. nacional), razones de celeridad y economía procesal me llevan a adoptar el criterio allí abrazado respecto del régimen de pago a través de una «renta periódica» y, en consecuencia, confirmar la correspondiente parcela de la sentencia impugnada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 14, ap. 2 inc.»b», de la ley 24.557.

Y, en segundo término, respecto a las cuestiones en torno a la tasa de interés, comparto la propuesta de mi colega que abre el acuerdo de declarar inaplicable al caso la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, y con relación al tratamiento relativo a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399, decisión que comparto, habré de circunscribirme a lo que se condice con el tenor de mi adhesión parcial al desarrollo argumental similar efectuado por la doctora Kogan en la causa L. 108.142, «Díaz» y que también he expuesto en la causa L. 102.210, «Campana» (ambas sentenciadas en fecha 13-XI-2013), a las cuales me remito por razones de brevedad.

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

1. Tal como se señala en el voto que abre el acuerdo, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. ley 14.141; Ac. 3590/12) y ello determina, como regla, que la admisibilidad del recurso sólo podrá justificarse en el marco de excepción previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.

Sin embargo, dado que en la especie se cuestiona la validez constitucional de los arts. 14.2 b) de la ley 24.557 y 48 de la ley 11.653, modificado por la ley 14.399 (v. fs. 1102/1105 vta.), por configurar cuestiones federales, corresponde la apertura de la instancia extraordinaria sin las restricciones derivadas del valor del litigio que la norma procesal impone.

Luego, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa «Di Mascio», sent.del 1-XII-1988, entre otras), hallándose en debate una cuestión de naturaleza federal, las formalidades procesales que regulan los recursos extraordinarios locales no pueden restringir el acceso a la Suprema Corte a fin de que resuelva la cuestión constitucional planteada (conf. doctr. causas L. 89.651, «Salum», sent. del 11-VII-2012; L. 97.703, «Vega», sent. del 22-VI-2011, entre otras).

2. En otro orden, también participo de las consideraciones que el citado colega expone en el punto II.4.1 de su sufragio. Revocada entonces la sentencia en cuanto dispuso liquidar los intereses conforme lo dispuesto por la resolución 287/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, corresponde establecer cuál es la tasa aplicable.

a. Dicha decisión no puede escindirse del análisis de las prescripciones de la ley provincial 14.399 (B.O., 12-XII-2012), modificatoria del art. 48 de la ley 11.653, cuya invalidez constitucional ha sido planteada por el recurrente (fs. 1102/1105 vta.).

Debe decirse, en primer lugar, que de conformidad con lo establecido en el art. 3 del Código Civil, y en línea con la interpretación de este Tribunal (conf. causas L. 35.909, «Góngora de Carrizo»; L. 35.251, «Mantuano»; L. 35.908, «Silvero de Sequeira»; todas con sents. del 4-XI-1986, en «Acuerdos y Sentencias», 1986-III-580), el mencionado texto legal debe aplicarse en forma inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia -esto es el 21-XII-2012- respecto de aquellos créditos cuyo reconocimiento resulte aún materia de controversia, de modo que, ante la persistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley, la regulación que ésta contiene -captando las consecuencias de la situación pendiente- resulta aplicable respecto del tramo ulterior de ésta.

b.Sentado esto, corresponde analizar el planteo de inconstitucionalidad introducido por la accionada.

1) La reforma, destinada a regular sobre el interés moratorio, fija la alícuota que por tal concepto deberán adicionar los tribunales del trabajo y genera -de suyo- el interrogante relativo a si una ley local puede establecer los intereses por la mora en el pago, en el caso concreto, de créditos de índole laboral.

2) Aun en su limitada especificidad (se refiere al cálculo de intereses que debe fijarse en orden a una deuda pecuniaria) el tema remite, y no de un modo indirecto, a una cuestión fundacional.

La relación provincias-Nación en sus respectivas competencias legislativas.

En las Constituciones de 1853 y 1860, bases de nuestra organización política y jurídica, se proclamó el principio de que todas las facultades no delegadas al gobierno nacional permanecían en poder de las provincias.

En ese orden de ideas se derivó en el Congreso nacional la atribución de dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería (art. 67 inc. 11, Const. nac. 1853-1860).

(Enumeración ésta a la que, mucho después, la luminosa reforma de 1957, sin modificar para nada aquel contexto, incorporara el de Trabajo y Seguridad Social).

3) El sentido cuidadoso, hasta prudente, de la inicial previsión, claramente reflejado en el art.126 de la Constitución nacional al expresar que las provincias no pueden legislar sobre materias propias de los códigos de derecho común que allí enumera -Civil, Penal, Comercial y de Minería- «. después de que el Congreso los haya sancionado.», se vio revelado en los años inmediatamente posteriores a 1853-1860 en dos hechos que no pueden ser soslayados; y que evidenciaron la necesidad de que, demorada la legislación nacional, mantuvieran las provincias esa función, supliendo con su actividad legislativa una delegación no consumada aún en los hechos.

Me refiero al Código de Comercio de la Provincia de Buenos Aires, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo y al Código Penal de Carlos Tejedor.

Uno y otro cubrieron, durante el tiempo de sus vigencias temporales en la mayoría de las provincias, la ausencia de la legislación general que a la Nación le había sido confiada.

4) Corresponde esta evocación histórica porque, aunque en otro contexto y con rasgos de distinta magnitud, vuelve a darse la misma circunstancia: la necesidad de una legislación provincial actual que resuelva contenidos que la Nación aún no ha decidido.

Aludo a lo que ocurre con la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos laborales.

El Código de Trabajo y Seguridad Social no ha sido dictado, ni como cuerpo separado, independiente, ni unificado a otros códigos.Tampoco una ley que resuelva la cuestión en examen.

Y en consecuencia, una determinación tan radicalmente propia como es la tasa de interés para los créditos laborales (que debe contemplar los efectos del tiempo en una relación marcada por la vulnerabilidad de las partes), ha quedado librada a una definición judicial fundada en otra rama del derecho, con distintos matices y requerimientos particulares.

5) La ley 14.399 de la Provincia de Buenos Aires ha venido a suplir esa omisión.

Lo ha hecho, ciertamente, anticipándose a una legislación general aún no dictada.

Pero subsanando, al menos momentáneamente, la morosidad de un legislador que lleva años sin resolver esta decisiva cuestión.

Ha tratado que una normativa específica, genuinamente referida al trabajo, reconduzca una solución que en el seno de la jurisdicción judicial y de la doctrina laboral ha sido objeto de decisiones controversiales.

Y lo ha hecho decidiendo que sea la tasa activa la que cubra los tiempos de espera del trabajador en orden a los dineros que como indemnización o salario le corresponden.

6) Más allá de las dificultades que pueda suscitar su inicial cálculo numérico, la definición conceptual es clara: significa la elección de la tasa activa para los créditos laborales, lo que desplaza otra decisión sobre el tema y, al incidir directamente sobre su monto definitivo, consagra un principio esencialmente vinculado a los que rigen las relaciones laborales.

Ninguna incongruencia constitucional advierto en todo esto.

Antes bien, destaco la sana decisión del legislador provincial de definir un tema preterido por las normas generales que rigen la materia, con una solución que reafirma la justicia protectoria, matriz última y profunda del derecho del trabajo.

c. Por las razones expuestas, los autos deben volver a la instancia de origen a fin de que se practique nueva liquidación de los intereses conforme «el promedio de la tasa activa» que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (art. 48, conf.ley 14.399). Ello, obviamente, sin perjuicio en el caso de la aplicación del principio que veda la reformatio in pejus (conf. L. 58.473, «Villavicencio», sent. del 22-IV-1997; L. 56.742, «Carbone», sent. del 17-XII-1996; entre muchas otras).

Por lo tanto corresponde admitir este tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, declarar la constitucionalidad de la citada ley local y, en consecuencia, liquidar los intereses con el alcance indicado en el párrafo anterior.

Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Adhiero a los fundamentos expuestos por la doctora Kogan en los aps. 1 y 2 de su voto.

En lo que hace al agravio relativo a la tasa de interés aplicada por el a quo al capital de condena, comparto la solución propuesta por el doctor Soria, toda vez que esa temática ha sido resuelta por esta Corte en casos sustancialmente análogos al presente y en sentido favorable al impugnante (L. 90.768, «Vitkauskas»; L. 102.210, «Campana»; L. 108.142, «Díaz»; L. 108.164, «Abraham» y L. 110.487, «Ojer», sentencias del 13-XI-2013; L. 113.328, «M., O.E.», sent. del 23-IV-2014; L. 116.923, «Ortega» y L. 117.080, «Espíndola», ambas con sentencia del 4- VI-2014), resultando ello suficiente para dar respuesta al sub judice (art. 31 bis ley 5827, texto según ley 13.812).

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

I. A excepción de lo manifestado en el punto II ap. 3, adhiero al voto del distinguido colega doctor Soria, debiéndose destacar particularmente, en relación a lo expuesto en el ap. II. 4 de dicho sufragio, que, como allí se recuerda, una problemática sustancialmente idéntica ha sido abordada en la causa L. 113.328 «M., O. E.» (sent.del 23-IV-2014), en donde expuse las razones por las cuales la resolución 414/99 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo -luego modificada por su similar 287/01- no resulta de aplicación a supuestos como el aquí planteado, esto es, cuando para la fijación definitiva de una minusvalía laboral ha debido transitarse un proceso judicial.

Casado tal aspecto de la decisión, y tal como también tuve oportunidad de indicar en la causa antes mencionada, corresponde aplicar al caso la tasa de interés señalada por el doctor Soria, de conformidad con el desarrollo expuesto a partir de la causa L. 90.768, «Vitkauskas» (sent. del 13-XI-2013), en donde adherí al voto del doctor Genoud, y a cuyos fundamentos -a los fines de dar respuesta a la cuestión planteada en orden a la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley 14.399- me remito en honor a la brevedad.

II. En lo relativo al cuestionamiento del pago de la compensación fijada en el art. 11 inc. 4 ap. «a» de la ley 24.557, comparto las argumentaciones expuestas por la doctora Kogan en el ap. 2 de su voto y señalo, a todo evento, que la tesis sustentada por la quejosa colisiona con los lineamientos que emanan de la doctrina elaborada por esta Corte en el precedente L. 103.467, «E.,R.» (sent. del 26-X-2011), lo cual sella, en definitiva, la suerte adversa del embate.

Así lo voto.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Adhiero al punto II aps. 1, 2, 3 y 4.1 del voto del doctor Soria, estos últimos en cuanto remite a lo resuelto en la causa L. 113.328, «M., O.E.» (sent. del 23-IV-2014).

En lo que concierne al tipo de tasa de interés aplicable, habré de señalar que en la causa L. 110.487, «Ojer» (con sent.del 13-XI-2013), donde -con mi voto- me cupo abrir el respectivo acuerdo, propuse a mis distinguidos colegas no sólo la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 en cuanto modificó el art. 48 de la ley 11.653 e impuso la tasa activa de interés para los créditos laborales, sino también la revisión de la doctrina sentada al respecto a partir de la causa L. 94.446, «Ginossi» (sent. del 21-X-2009). En este último expediente se había dispuesto, por mayoría de la que no participé, la aplicación de la tasa pasiva usada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones, mientras que mi propuesta fue la de reconocer a los jueces la facultad, dentro de ciertos límites, de fijar tales tasas, acorde a lo prescripto en el art. 622 del Código Civil.

En dicha causa «Ojer» (como en otras dictadas en la misma fecha: L. 90.768, «Vitkauskas»; L. 108.164, «Abraham»; L. 108.142, «Díaz»; L. 102.210, «Campana»; así como otras de fecha mas inmediata: L. 99.031, «Luque», sent. del 23-IV-2014; L. 109.020, «Brandan», sent. del 4-VI-2014; L. 117.018, «Crisci», sent. del 4-VI-2014; L. 97.079, «Reynoso», sent. del 23-IV-2014; L. 117.203, «Klena», sent. del 7-V-2014) se resolvió, por mayoría, continuar con la citada doctrina de «Ginossi», más allá de que también fuera declarada la invalidez constitucional de la reforma legislativa.

Pues bien: de la misma manera que antes lo hice, aunque siempre dejara a salvo mi opinión, he de plegarme al voto mayoritario y aceptar como doctrina legal de esta Suprema Corte (en los términos de los arts.279 y 289 del C.P.C.C.) la de que los intereses moratorios en los créditos laborales deben ser calculados a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, según lo que resulte de prorratear diariamente dicha tasa.

Sólo agrego una consideración más: el recurso extraordinario previsto en la legislación de la Provincia de Buenos Aires tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (conf. Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación de nuestro colega Juan Carlos Hitters; 2ª edición, pág. 42) lo cierto es que el nuestro presenta, a la altura de la ley procesal, una nota particular. Según se legisla en nuestro código formal, el recurso extraordinario local no sólo autoriza a revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, ya citado).

Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas A. 71.590, «Giusti», sent. del 27-XI-2013; L. 113.584, «Rodríguez», sent. del 18-IX-2013; L. 103.596, «Lamas», sent. del 22-V-2013, por citar sólo las más recientes) y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L.116.824, «G., R.E.», sent. del 23-X-2013; L. 44.643, «Kieffer», sent. del 20-XI-1990).

Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.

En función de todo ello y -lo reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal.

Así lo voto.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte actora a fs. 973/978; con costas (arts. 289, C.P.C.C.).

En cuanto al deducido por Fiscalía de Estado en representación de Provincia A.R.T. a fs. 982/991, por mayoría, se lo acoge parcialmente, se declara la inaplicabilidad de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) 287/01; la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399, y se revoca la sentencia impugnada en lo relativo a la tasa que declaró aplicable para el cálculo de los intereses adeudados, los que deberán liquidarse con arreglo a la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquéllos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa. Costas de esta instancia por su orden (art. 289, C.P.C.C.).

Vuelvan los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.

Regístrese y notifíquese.

JUAN CARLOS HITTERS

LUIS ESTEBAN GENOUD

HECTOR NEGRI

HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

DANIEL FERNANDO SORIA

GUILLERMO LUIS COMADIRA

Secretario

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