fbpx

Las incógnitas del nuevo Código.

pregunta signoFecha: 25-ago-2015

Cita: MJ-MJN-88559-AR

Por Jorge H. Gentile (*)

Con la sanción del Código Civil y Comercial se contrarió la Constitución y los reglamentos de Congreso.

El cambio de Néstor Kirchner por su esposa en la presidencia hizo pensar a algunos que las transgresiones institucionales iban a ser revertidas por quien, hasta entonces, había sido una destacada legisladora.

Nos equivocamos de cabo a rabo. En estos ocho años, el desmanejo institucional y la concentración de poder se acrecentó y la bonanza económica se vino a pique.

Pero el mayor desatino fue sancionar este Código, que es la norma que sigue en importancia a la Constitución, sin antes haber hecho un estudio y debate serio, y, luego, haber adelantado su vigencia, para 1.º de agosto de 2015, para evitar que el nuevo Congreso lo derogue o modifique en diciembre.

El anteproyecto fue redactado a las apuradas en el año 2011, por los jueces de la Corte, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton -sin dejar sus cargos y por el que firmaron ese año 9886 fallos-, y por la exjueza Aída Kemelmajer de Carlucci; que lo elevaron a la presidente en el año 2012; la que, luego de hacerle varias reformas, lo envió al Congreso, con la intención de aprobarlo ese mismo año, argumentando, como hizo Napoleón, que sería mejor recordado no por las batallas ganadas sino por haber aprobado el Código Civil.

En el Congreso se creó una Comisión Bicameral para dictaminar en 90 días, la que convocó en 14 ciudades del país audiencias públicas en las que se recibieron 1500 ponencias, que nunca fueron tenidas en cuenta.

Pero la sanción se postergó, por diferencias entre Cristina y la Corte, cuyos presidente y vice eran Lorenzetti y Highton. Recién después de que el Alto Tribunal falló en 2013 a favor del gobierno el juicio contra Clarín, en dos noches, y con la oposición ausente, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron, sin debate y con el voto solitario del oficialismo, el nuevo Código con 2671 artículos.

Ello contrarió lo encomendado a la comisión redactora, que era «reformar, actualizar y unificar» los dos Códigos; ya que lo que se aprobó fue uno nuevo, breve, que dejó fuera de su texto, y dispersa en distintas leyes, muchas materias que debieron ser incluidas, si su gestación hubiera sido más prolija, y si se hubiera escuchado a otras voces. Ello implica no otra cosa que la «descodificación». Esto desconcierta a jueces y abogados, que no están preparados para aplicarlo.

Entre las muchas objeciones que merece está la de haber derogado el calendario gregoriano -por lo que no sabemos en qué año estamos, ni cuándo será bisiesto-; el haber suprimido las obligaciones naturales; el no haber explicación de los cambios efectuados, con notas al pie de los artículos, como hizo Vélez en su Código, o de otra manera; el haber sustraído del Código la responsabilidad civil de los funcionarios públicos y del Estado nacional, las provincias y los municipios, delegando su regulación en sus respectivos gobiernos, contrariando el principio de igualdad; el haber hecho lo propio con el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales -por lo que los 427 municipios de Córdoba podrán tener plazos diferentes para exigir el cobro de sus tributos-; o el hacer que las obligaciones en moneda extranjera deban pagarse en pesos, sin aclarar en qué cotización; o el haber reducido al matrimonio a una mera sociedad, en la que la obligación de fidelidad -incluso la referida a «la salud y a la enfermedad»- es solo moral, y que, junto con el nuevo divorcio «exprés», contribuirán a debilitar aún más las familias, cédula básica de nuestra sociedad. Ya se discute si en los juicios en trámite se debe o no aplicar, y cómo, el nuevo Código.

Su sanción es inconstitucional por haber sido tratado en ambas cámaras en sesiones especiales, sin que antes se haya votando una moción para hacerlo sobre tabla -porque el oficialismo no tenía los dos tercios exigidos por el Reglamento-; el dictamen de la Bicameral, y no el de la comisión habilitada, no se votó en general y luego en particular, como indica la Constitución, sino en una sola votación. La publicación en el orden del día de la Cámara baja fue defectuosa por no contener el dictamen de la comisión permanente, por haber caducado el de la Comisión Bicameral, y porque los diputados no tuvieron siete días para hacer observaciones como también indica el Reglamento.

Estos vicios generarán muchos pleitos donde abundarán los planteos de inconstitucionalidad, de parte de los que no les convenga la aplicación del nuevo Código, lo que tornará incierto sus resultados y aumentará la litigiosidad.

Parece haber llegado la hora de preguntarles a los candidatos cómo resolverán este entuerto.

————–

(*) Profesor emérito, UNC. Catedrático de Derecho Constitucional, UCC. Exdiputado de la Nación.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: