Se encuentran excluidos los juicios ejecutivos de la remota posibilidad de que en el marco de ellos se proceda al embargo de sueldos de empleados públicos.

DineroPartes: C. J. N. c/ D. C. G. s/ ejecutivo

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe

Sala/Juzgado: Primera

Fecha: 1-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-93542-AR | MJJ93542 | MJJ93542

Se encuentran excluidos los juicios ejecutivos de la remota posibilidad de que en el marco de ellos se proceda al embargo de sueldos de empleados públicos.

Sumario:

1.- Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido contra la providencia por la que no se hizo lugar a la medida cautelar solicitada -embargo sobre los haberes que percibía el demandado como empleado de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas-, con base en lo establecido en el Dec. Nac. Nro. 6754/43 .

2.- Si en el documento que sirve de base a la ejecución no consta la causa de la obligación, como en principio no cabe investigarla en el juicio ejecutivo, debe entenderse que trasunta un mutuo de dinero; y en tales condiciones, cabe estar a lo prescripto en el art. 1º del Dec. Ley 6754/43 que declara inembargables a los sueldos de los empleados y obreros de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo que el documento base de la ejecución se encuentre certificado de conformidad con lo dispuesto en el art. 2, inc. a y b, del precitado ordenamiento -ratificado por la Ley 13.894.

3.- Cabe revocar la providencia que no hizo lugar al embargo de haberes del empleado público, medida que debe ser admitida en la proporción establecida por el Dec. Ley 6754/43, ya que tratándose de títulos ejecutivos no resultaría de aplicación cuando la causa que motivó su libramiento no puede ser determinada, ya sea debido a que no está expresada en el cuerpo del título, o bien cuando el ejecutado -siendo su carga – no acreditó que la deuda provenga de préstamos de dinero o compraventa de mercaderías, que, en resumen, es lo que acontece en el caso, de lo que se sigue que, estando vedado en el juicio ejecutivo indagar la causa de la obligación, resulta imposible vincularla a alguno de los supuestos establecidos por la normativa en estudio. (Del voto en disidencia del Dr. Fabiano)

Fallo:

Santa Fe, 01 de Abril de 2015.- Y VISTOS: Estos caratulados “C., J. N. C/ D., C. G. S/ EJECUTIVO” (Expte. Sala I N° 126 – Año 2013), originarios del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nro. 18 de la localidad de San Justo, venidos para resolver el recurso de apelación interpuesto en subsidio por el apoderado del actor (v. fs. 13 y vto.), contra el decreto de fecha 06.12.2012 (v. fs. 12), concedido mediante resolución de fecha 05.02.2013 (v. fs. 15/16), en relación y con efecto suspensivo; y, CONSIDERANDO:

1. Que mediante providencia de fecha 06.12.2012 (v. fs. 12), la A quo no hizo lugar a la medida cautelar solicitada -embargo sobre los haberes que percibía el demandado como empleado de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del Ministerio de Obras Públicas-, con base en lo establecido en el Decreto Nacional Nro. 6754/43.

Contra el mismo, el apoderado del actor deduce recurso de revocatoria y apelación en subsidio (v. fs. 13 y vto.), resolviendo la A quo rechazar el primero y conceder el segundo mediante pronunciamiento de fecha 05.02.2013 (v. fs. 15/16).

2. Que radicados los presentes en esta sede, se corre traslado al apelante a fs. 35, quien levanta dicha carga procesal a fs. 36/37, manifestando que le agravia el decreto resistido en tanto no hace lugar a la medida cautelar solicitada, con base en el Decreto Nacional 6754/43, el que, si bien se encuentra vigente, carece de justificación y razonabilidad en la actualidad. Alega que el hecho de que el A quo haga una interpretación exegética del mencionado decreto, sin tener en cuenta que el contexto social e histórico que motivó al legislador del año 1943 es totalmente diferente al que nos toca en la actualidad.Agrega la inferior hace un prejuzgamiento de la cuestión al negar el embargo preventivo deduciendo que la deuda proviene de un préstamo de dinero o compra de mercadería, lo cual no es materia de discusión en este tipo de proceso, ya que se trata de un juicio ejecutivo por pagarés impagos y, por lo tanto, abstracto e incausado. Menciona que la A quo se limita a citar el precedente “Coinauto”, sin dar fundamento alguno, interpretando con premura que en los autos de marras se discute un caso análogo al reseñado en el fallo resistido. Finalmente, se agravia que la sentenciante de la anterior instancia no haya reparado en que la normativa citada crea un privilegio en favor de los empleados públicos en desmedro de los empleados privados, vulnerando garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, privándolo de asegurar su crédito con el embargo preventivo de los haberes del demandado.

Que evacuado el traslado ordenado, los presentes se encuentran en estado de ser resueltos.

3. Ello así, se anticipa que el recurso de apelación deducido no ha de tener acogida en esta sede.

3.1. Previo al desarrollo argumental que corresponde, no aparece sobreabundante recordar la -literalidad- de las normas aplicables al caso que ocupa nuestra atención.

El artículo 1º del decreto ley 6754 (ratificado por ley 13894) declara “inembargables los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración Nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del presente decreto”.

Por su parte, el artículo 2º del mismo cuerpo legal prescribe que “En lo sucesivo las personas comprendidas en el artículo anterior, podrán garantizar las obligaciones en él mencionadas, afectando a su cumplimiento hasta el veinte por ciento de su remuneración nominal mensual. Los créditos así privilegiados no entrarán a prorrateo en caso de concurso:no quedarán liberados por la carta de pago ni sufrirán perjuicio por ningún embargo. Para la validez del privilegio, deben llenarse los siguientes requisitos: a.- Que la deuda conste en un documento público o privado y sea a sola firma. b.- Que la repartición en que preste servicios el deudor, haya certificado en el documento, que aquél se halla en condiciones de gravar su sueldo con el privilegio de afectación, de acuerdo a la reglamentación que oportunamente dictará el Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Hacienda. c.- Que el acreedor sea entidad autorizada expresamente por este decreto. d.- Que el interés pactado no sea superior al ocho por ciento anual. e.- Que los préstamos no excedan de dos meses de sueldo, salvo los casos que especialmente determine la reglamentación”.

A su turno, el artículo 11º (ibídem) prescribe que “Las deudas que las personas comprendidas en el artículo 1 contraigan con posterioridad a la fecha de este decreto, sin afectación de haberes, estarán sujetas al siguiente régimen: a.- Las que no tengan su origen en préstamos en dinero o en suministro de mercaderías, tales como las provenientes de servicios profesionales, contratos de locación, créditos del Fisco, alimentos, litis expensas, etc., se ejecutarán de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. b.- Las que tengan su origen en suministro de mercaderías, sólo podrán hacerse efectivas mediante juicio ordinario y no darán lugar a embargos, salvo que exista sentencia firme que condene al deudor al pago de la deuda. Los embargos que se libren conforme a lo dispuesto en este inciso, nunca excederán del diez por ciento del sueldo del empleado, ni de la cuota que prescribe la ley número 9511 cuando ésta fuera inferior a dicho diez por ciento. Si la cuota de afectación se hallare cubierta por obligaciones certificadas, se tomará como base para determinar si procede o no el embargo y aplicar la escala correspondiente, la porción del haber mensual no afectada.El empleado que no justifique satisfactoriamente estos embargos, se hará pasible de medidas disciplinarias que podrán llegar hasta la cesantía”.

3.2. Así las cosas y como bien lo puso de manifiesto la magistrada actuante en la primera instancia, más allá que la inembargabilidad de salarios de empleados públicos dispuesta por el Decreto Ley 6754/43 fue y sigue siendo objeto de discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales, es lo cierto que toda discusión cesa -por principio de economía procesal y en virtud del acatamiento a la doctrina de los precedentes de los Tribunales Superiores de la pirámide judicial- cuando se advierte que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en reiterados fallos, v. por ejemplo Fallos 217:218, citado por DE LAZZARI, Eduardo Néstor; “Medidas Cautelares”, ed. Librería Editorial Platense, La Plata 1984, Tomo I, pág. 444 y también por MORELLO, Augusto Mario, SOSA, Guadalberto Lucas y BERIZONCE, Roberto Omar; “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados”, ed. Librería Editorial Platense, La Plata 1993, Tomo II-C, pág. 798) cuanto la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe (a partir del leading case “Coinauto” fallo del 30.3.2005 in re “COINAUTO S.A. contra MARTINS, Oscar A. -Ejecución prendaria- sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” -Expte. C.S.J. Nro. 503, Año 2002-, espigado en A y S t 206 p 1-9) se han expedido no solo sobre la “constitucionalidad” de aquélla normativa sino, fundamentalmente, sobre sus alcances y-eventualmente- límites.

Recordemos que aunque en nuestra provincia los fallos de la Excma.Corte Suprema de Justicia no sean de “obligatorio” seguimiento por parte de los Tribunales inferiores (como sucede, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires), no puede dejar de repararse en el carácter que ostenta el Alto Tribunal Provincial.

Precisamente, éste es Tribunal de Garantías Constitucionales y, cuenta además, con la autoridad de tener (en algunos casos) el carácter de Intérprete Final de la Constitución Provincial.

En esa inteligencia, participo de la corriente doctrinal que otorga efecto “vinculante” aunque “condicionado” a los pronunciamientos de los Tribunales Superiores, en particular los del vértice de la organización judicial.

En este sentido, para Sagüés, la “Corte ha extendido el valor de su propia jurisprudencia, dándole efecto vinculante, aunque condicionado, configurando así una regla de derecho constitucional consuetudinario. En ciertos casos argumentó que los jueces tenía el deber moral de seguir sus directrices (“Pastorino”, Fallos, 25:368), y en otros alegó un deber institucional (“Santín”, Fallos 212:59), con una salvedad: los jueces pueden apartarse del criterio de la Corte dando fundamentos suficientes, y siempre que ese alejamiento no signifique desconocimiento deliberado de la autoridad y prestigio del alto tribunal (“Santín”, Fallos, 212:59). Al respecto, el juez o tribunal disidente de la Corte debe dar nuevos fundamentos que justifiquen modificar la posición sentada por ella (“Cerámica San Lorenzo”, L.L., 1986-A-178). Pero, algunas veces, la Corte habla lisa y llanamente del deber de los tribunales inferiores ‘de someterse a sus precedentes’, dada la ‘autoridad institucional de sus fallos’ y ‘en su carácter de supremo intérprete de la constitución Nacional'(“Jáuregui”, Fallos, 315:2386)” (SAGÜÉS, Néstor Pedro; “Elementos de Derecho Constitucional”, ed. Astrea, 3ra. Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires 1999, Tomo I, pág. 282).

A su turno, la Corte Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, ha receptado la doctrina judicial referida en numerosos antecedentes (v.gr. “Gutiérrez”, A. y S., T. 119, pág. 119; “Vallejos”, T. 119, pág. 483; “Parón”, T. 120, pág. 374; “Dutto”, T. 123, pág. 272; “T., N.R. Y otro -Homicidio Culposo- s/Competencia”, fallo del 8.6.94, Zeus, entrega del 30.10.95; “Morales, Juan C. c/ Transporte Gral. Las Heras S.R.L. -Cobro de Australes- s/ Recurso de Inconstitucionalidad”, fallo del 20.5.98, Zeus, entrega del 11.5.1999, etc.).

4. En particular, porque es lo que aquí interesa, tengo para mi que en “Coinauto” la Corte Suprema de Justicia de la Provincia limitó la procedencia de los embargos sobre sal arios de empleados públicos sólo a los casos de “juicios ordinarios” con “sentencia firme” (y siempre que se trate de obligaciones derivadas de determinadas fuentes).

Así surge -a mi juicio- no solo del tipo de proceso en que se expidió (se trataba de un típico juicio ejecutivo -ejecución prendaria-) sino, fundamentalmente, del siguiente párrafo: “es forzoso destacar que en última instancia la normativa en cuestión no consagra una inembargabilidad absoluta, universal y permanente de las remuneraciones de los empleados estatales, sino que simplemente impone limitaciones para ciertos supuestos – obligaciones derivadas de determinadas fuentes (artículo 11, decr. cit.)- en cuanto al tipo de proceso a seguir (ordinario) y en los órdenes temporal y cuantitativo, participando entonces de una categoría de normas cuya constitucionalidad ha sido avalada por la jurisprudencia de la Corte Federal (Para la cuestión de las leyes sucesivas sobre la materia; ver Sosa, Félix A., “Una cuestión sobre embargabilidad de salarios y pensiones”, en L.L., T. 156, págs. 1196 y sgtes.), y cuya vigencia no puede ser desconocida por los acreedores respectivos, como lo pretende la actora” (voto de los Dres. GUTIERREZ, FALISTOCCO, GASTALDI y SPULER).

Tal es la interpretación que también otorgó a dicho “leading case” la Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe (que, valga la pena remarcar, es Alzada del único Juzgado de Primera Instancia especializado en la materia en ésta Circunscripción, esto es el de “Ejecución Civil de Circuito”) en fallo del 28.4.1988 espigado en Revista Vélez Sarsfield, Tomo I, pág.250 cuando indicó que “La intención del legislador al establecer limitaciones a la embargabilidad de sueldos de los empleados públicos, es evitar embargos sobre salarios en virtud de sentencias dictadas en juicio ejecutivo” (citado y avalado por Alvarado Velloso, Adolfo en su “Estudio del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe”, ed. Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, Rosario 2014, Tomo 4, pág. 3155, fallo N° 12288).

En otros términos (y como es de aplicación pacífica en aquél tribunal de primera instancia especializado -donde tuve el honor de desempeñarme como Secretario de Primera Instancia del Juzgado de Ejecución Civil de Circuito-) los salarios de los empleados públicos son embargables “solo” en “juicios ordinarios” y siempre que haya “sentencia firme”.

No proceden nunca en los “juicios ejecutivos” (sean embargos “preventivos”, “ejecutivos” o, aún, “ejecutorios”).

Es más, no se me escapa que (allende los tribunales del país que han declarado la inconstitucionalidad del Decreto Ley 6754/43, cuestión que aquí no nos interesa no ya por la argumentación que contienen -que podría compartirse o no- sino porque -como se anticipó- en nuestra Provincia luego del leading case “Coinauto” todo debate quedó clausurado) aún aquellos órganos jurisdiccionales proclives a tener una apertura hacia la embargabilidad de los haberes de empleados públicos tan solo se “animan” a proclamar que en los “juicios ejecutivos” procedería la cautelar de marras (y a título “ejecutorio”, nunca “preventivo” o “ejecutivo”) luego de que -también- haya “sentencia firme” (ver en tal sentido el excelente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala civil y comercial del 15.9.2004 in re “Banca Nazionale del Laboro c.Savid, Domingo y otra” donde se dijo que “Toda vez que el decreto-ley 6754/1943 (Adla, IX-A, 431) habilita la traba del embargo sobre el haber del empleado público cuando exista sentencia firme recaída en juicio ordinario que condene al deudor al pago de la obligación, igual solución, por ser idénticas las situaciones, debe propugnarse en los supuestos de juicio ejecutivo donde, no habiendo mediado oposición del ejecutado, ha recaído sentencia firme” -espigado en LLC 2004 -diciembre-, 1131, con nota de Francisco Junyent Bas y Sandra E. Lalliya – DJ 2004-3, 1311, con nota de Francisco Junyent Bas y Sandra E. Lalliya).

De todas maneras, no comparto -aún- tal criterio, no solo porque no surge de la normativa aplicable sino, fundamentalmente, porque este intríngulis ya fue resuelto en otros fallos donde se intentó esta argumentación, diciéndose que “Aún cuando se comparta que la inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos es relativa, ya que el decreto-ley y normas posteriores han autorizado una cuota de afectación de ellos para el pago de obligaciones demandadas judicialmente, no se comparte el resto del argumento, ya que la exigencia de sentencia firme dictada en juicio ordinario -léase cosa juzgada material- difiere de la sentencia firme dictada en juicio ejecutivo -cosa juzgada formal-, y, no coincide con uno de los propósitos del legislador al establecer limitaciones, ya que precisamente entre ellos ha estado, el de evitar embargos sobre salarios en virtud de sentencias dictadas en juicios ejecutivos (conf. J.A. 1979-III-síntesis, cit. por RODRÍGUEZ, Tratado de la Ejecución, pág. 346)” (Cámara de Apelación de Circuito de Santa Fe, fallo del 28.4.88 in re “Bonadeo, Héctor E. c/ Carreras, Mirta s/Ejecutivo”, DEPETRIS, SABATÉ y JOZAMI de ROYO COSTA).

5.Coinciden con este razonamiento, señeros fallos de otros prestigiosos tribunales de la República Argentina, como por ejemplo, el conocido fallo del 17.6.2003 de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, en PLENO dictado in re “Baielli, Juan C. c/ Agüero Gladis Esther y otro s/ cobro ejecutivo”, donde se fijó con fuerza de doctrina legal que “no es embargable el sueldo, salario, pensión, jubilación de las personas comprendidas en el artículo 1° del decreto 6.754/43 en el marco de la ejecución de títulos incausados” .

Es más, algunos Tribunales incluso “presumen” la “causa” de la obligación instrumentada en los títulos de crédito (ante la imposibilidad de investigarla en los “juicios ejecutivos”) y, desde allí, estiman también aplicable la inembargabilidad de salarios de empleados públicos en éste tipo de procesos. Así, por ejemplo, se ha dicho que “Es sabido que los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados de la administración nacional, provincial o municipal y de las entidades autárquicas, no pueden embargarse con relación a obligaciones emergentes de préstamos de dinero o de compra de mercaderías. Se entenderá que trasunta un mutuo de dinero cuando en el documento que sirve de base a la ejecución no conste la causa de la obligación” (C.C.C.Mar del Plata, fallo del 13.3.2003 in re “ORSI, SUSANA SILVIA C/ ACUÑA, EVA NOEMI S/ COBRO EJECUTIVO”).

6. En otro orden de ideas, si bien es harto conocido que “El patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, consecuentemente, la inembargabilidad de ciertos bienes es de índole excepcional, de interpretación restrictiva, en la duda, debe estarse por la embargabilidad” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 4ta, fallo del 8.10.1987 in re “Martínez, Gregorio c/ Gattari s/ Inc. embargo”, Zeus T.46, J-51), lo cierto es que “in claris non fit interpretatio” de modo que, la exégesis de las normas atinentes del Decreto ley 6754/43 no dejan margen al intérprete como para eximir su cumplimiento en los -juicios ejecutivos-.

En efecto por una parte se ha dicho hasta el cansancio que “Del juego de los artículos 1 y 11 del Decreto Ley 6754/43 surge que, tratándose de un empleado público y de una deuda proveniente de un préstamo en dinero (tal es objetivamente un descubierto en cuenta corriente) el embargo de sueldos es improcedente” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Martín, fallo del 7.3.1991, in re “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Parada, Horacio Alejandro y otra s/ Cobro Ejecutivo”).

Pero además, y en todo caso, no solo hay que justificar que se está en el ámbito de un -juicio ordinario- sino que además, deberá acreditarse el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 2º apartado “b” del ordenamiento pluricitado.

En tal sentido se ha dicho que “El decreto ley 6754/43, ratificado por ley 13894, dispone la inembargabilidad de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de los empleados y obreros de la Administración nacional, provincial y municipal, tratándose de obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías cuando no se ha cumplido con las exigencias previstas en el apartado “b” del art. 2 de dicho ordenamiento, y no media sentencia de condena firme emitida en un juicio ordinario (art. 1 dec. Ley 6754/43, ratificado por ley 13894). Así entonces, la negativa del juez de grado deviene arreglada a derecho, por cuanto en él instrumento de crédito, no se consigna la certificación que exige el inciso “b” del art. 2 ni se ha acompañado la autorización prevista por el inciso “c” del art. 2 de la misma norma y se aprecia, por consiguiente, la inembargabilidad del sueldo de los ejecutados (art. 219 inc. 3 del Cód.Proc.)” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala 2da., fallo del 13.5.93 in re “Grodsinsky, Eduardo c/ Homad s/ Cobro Ejecutivo”).

7. Volviendo al campo de los -juicios ejecutivos, ninguna duda cabe que se encuentran excluidos de la remota posibilidad de que en el marco de ellos se proceda al embargo de sueldos de empleados públicos.

Coincide con esta postura la jurisprudencia mayoritaria, habiéndose dicho que: “El art. 1 del decreto 6754/43 declara la inembargabilidad de los sueldos por acción ejecutiva” (Cámara Nacional de Comercio, Sala D, agosto 12 de 1974, E.D. 58-157); “No es procedente la embargabilidad de sueldos de los empleados públicos en juicio ejecutivo” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, diciembre 30 de 1969, E.D. 34-198); “El sueldo de los empleados públicos es inembargable en el juicio ejecutivo, en tanto no resulta posible determinar ni indagar la causa antecedente de la emisión de los títulos abstractos” (Cámara Nacional de Comercio, Sala A, fallo del 23.4.1997 in re “Banco de Crédito Argentino c/ Cantero, Roberto O.”, L.L. 1997-D-296).

Es que, se sostiene que en los juicios ejecutivos no procede indagar la -causa- de la obligación y, por lo tanto, mal puede esgrimirse que estos títulos abstractos puedan dar pábulo a considerar la deuda que los origina para, desde allí, desembocar en una posible eximición de la normativa bajo estudio.

Así se ha dicho que: “Los pagarés presentados por el embargante como sustento de la ejecución tienen origen en una relación creditoria que, como tal, encuadra en la categoría de préstamos de dinero contemplada en el decreto-ley 6754/43, ratificado por ley 13984.En tales circunstancias, encontrándose vedada la realización de indagación alguna acerca de la causa de la obligación, no resulta procedente examinar si concurren en el caso los supuestos de excepción a la inembargabilidad de sueldos previstos en el ordenamiento legal citado (del voto en disidencia del doctor Rodríguez)” (Cámara de Apelación de Concordia, Sala III, fallo del 11.4.1997 in re “Fachinelli, C. H. c/ Arozena, J.”, L.L. Litoral 1997-1212).

Solo cabrían hacer algunas excepciones para alguna jurisprudencia, si es que en alguna cláusula enunciativa inserta en el título se ha expresado que el importe debido proviene de un contrato de locación de servicios, pues el citado instrumento también desempeña una función probatoria de la relación que vincula a las partes, no obstante el carácter meramente enunciativo que ostenta.

En este andarivel, se ha predicado que “La circunstancia de hallarse vedada la discusión de la causa de la obligación en el juicio ejecutivo no impide la procedencia del embargo de sueldos de un empleado público, si en alguna cláusula enunciativa inserta en el título se ha expresado que el importe debido proviene de un contrato de locación de servicios, pues el citado instrumento también desempeña una función probatoria de la relación que vincula a las partes, no obstante el carácter meramente enunciativo que ostenta” (Cámara de Apelación de Concepción del Uruguay, Sala Civil y Comercial, fallo del 14.11.1996 in re “Ayastuy, Gregorio A. c/ Lescano, Eduardo”, L.L. Litoral 1998-1701).

De todas maneras, “Aún cuando la ejecución se sustente en un préstamo de dinero no procede el embargo del sueldo de un empleado municipal si el mutuo no cumplió con las condiciones del decreto ley 6754/43” (Cámara Nacional de Comercio, Sala D, fallo del 29.8.1985 in re “La Liberal, Caja de Crédito c/ Piacentel, Eugenio y otro”, L.L.1986-A-227).

Concordantemente, se ha resuelto que “Si en el documento que sirve de base a la ejecución no consta la causa de la obligación, como en principio no cabe investigarla en el juicio ejecutivo, debe entenderse que trasunta un mutuo de dinero; y en tales condiciones, cabe estar a lo prescripto en el art. 1º del dec. Ley 6754/43 que declara inembargables a los sueldos de los empleados y obreros de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo que el documento base de la ejecución se encuentre certificado de conformidad con lo dispuesto en el art. 2, inc. a y b, del precitado ordenamiento -ratificado por la ley 13894-” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Trenque Lauquen, fallo del 6.11.88, in re “Crivelli de Rodríguez, Elda c/ Dominici, Pedro s/ Cobro Ejecutivo”).

8. Finalmente, también debe recordarse que la normativa aludida es de “orden público procesal” y, por tanto, poco importa la aquiescencia o silencio del “embargado” o, aún, como es éste el caso, que el magistrado repela la cautelar aún no estando trabada la litis con el “ejecutado”.

En efecto, es sabido que “En principio, la problemática de la inembargabilidad está relacionada con el orden público procesal, y consecuentemente, exenta de los mecanismos del consentimiento procesal” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 4ta, fallo del 8.10.1987 in re “Martínez, Gregorio c/ Gattari s/ Inc. embargo”, Zeus T. 46, J-51).

Pero además “La inembargabilidad puede ser alegada en cualquier estado del juicio, aún cuando los bienes hubieran sido ofrecidos a embargo por el deudor, pues constituyen disposiciones de orden público” (Cámara de Apelación de Paraná, Sala 2ª. Civil y Comercial, fallo del 14.7.1992 in re “Díaz, Gregorio I. c/ Noir, Juan V. s/ Incidente de levantamiento de embargo”, Zeus T.63, R-4, nº 14477).

Ello así, pues “En materia de bienes inembargables no se está en un terrero de disponibilidad absolutamente libre o librado a la pura autonomía de la voluntad individual, pues existen normas legales tuitivas, no del deudor desaprensivo, sino de las consecuencias familiares (por ello, sociales) del incumplimiento. Se faculta a discernir conforme el sentido humanitario del juez, pues el derecho creditorio propio de las relaciones patrimoniales tiene un límite humano-social: la dignidad de la subsistencia del deudor y su familia (del voto de la mayoría)” (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 2da., fallo del 7.7.1992 in re “Banco de Galicia y Buenos Aires c/ Rubén C. Maineri y/o s/ Demanda Ejecutiva”, Zeus T. 59, J-348).

9. Por todo lo expuesto, cuanto corresponderá será no hacer lugar al recurso de apelación deducido confirmando la resolución de la primera instancia, sin costas atento a que no existe aún contraparte en la incidencia.

Por ello, la SALA PRIMERA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE SANTA FE, RESUELVE: 1) No hacer lugar al recurso de apelación deducido confirmando la resolución de la primera instancia. 2) Sin costas atento a que no existe aún contraparte en la incidencia.

Insértese, hágase saber y bajen.

FABIANO VARGAS DE CÉSARIS

(En disidencia) (Por sus fundamentos)

PENNA

(Secretaria) DISIDENCIA DEL DR. FABIANO:

1.En primer término, cabe resaltar, en alusión al pretendido menoscabo al principio de igualdad que se derivaría de la ausencia de idéntico beneficio para los empleados de la actividad privada, que el mismo no exige uniformidad en la legislación, ni tampoco le impide al legislador -dentro de los márgenes de justicia- contemplar en forma distinta situaciones que considere razonablemente diferentes (CSJSF, Fallos 271:383; 274:300; 277:278; 299:181), pues “la Constitución entrega a la discreción y sabiduría de los gobiernos una amplia latitud para ordenar y agrupar distinguiendo y clasificando los objetos de la legislación” (Fallos 184:398; 238:60), sin que los jueces estén facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación que se dicte sobre la materia (Fallos 313:850), toda vez que ello constituye una cuestión de política legislativa que los magistrados no pueden revisar sin incurrir en un exceso de sus atribuciones constitucionales (Fallos 324:3184, con cita de Fallos, 272:231; 313:228; 316:2732).

En este sentido, es deber de los Magistrados respetar tales decisiones legislativas aun cuando el fundamento para el trato diferente sea “opinable” (Fallos, 276:218, 279:182; 307:629; 308:857; 325:11), de manera tal que, a la hora de descalificar normas con base en el principio de igualdad, se impone un escrutinio muy estricto, que determina que “tales descalificaciones sólo sean posibles ante fórmulas legales ostensible e injustificadamente arbitrarias” (Fallos 312:851).

En definitiva, sólo el “trato desigual entre iguales” repugna al principio de igualdad contemplado en nuestra Constitución y habilita a denunciar discriminación, careciendo, en el caso de marras, el apelante de interés legítimo para reclamar tal avasallamiento.

2.Aún menos fuerza justificatoria exhiben las apreciaciones en cuanto al cambio de la situación existente al momento de la sanción del decreto en cuestión, ya que, más allá que resulte opinable si subsisten las razones originariamente tenidas en miras por el legislador, lo cierto es que aquéllas no resultan argumento suficiente para desplazar otros de mayor entidad, vinculados con los límites impuestos al control de constitucionalidad y al principio de presunción de validez de los actos estatales, arraigados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos 100:318; 220:1458; 247:121; 251:455). En consecuencia, en caso de duda se debe optar por la constitucionalidad de dichos actos normativos (CSJN Fallos 306:655).

3. No obstante la debilidad argumental de la tesis hasta aquí expuesta por el apelante, lo cierto es que le asiste razón en el fondo de la cuestión.

Y es que esta Sala ha dicho que “la cautelar solicitada dentro de un proceso ejecutivo vinculado a obligaciones cartulares asumidas mediante dos pagarés sin protesto en las cuales, como es inherente a su naturaleza, no se hace alusión a la causa que genera la obligación, es claro que tal circunstancia impide poner en juego la regla de inembargabilidad para ‘obligaciones emergentes de préstamos de dinero o de compra de mercadería’ que sienta el art. 1° del mencionado decreto 6754/43, ratificado por Ley 13.894, siendo que no dándose un supuesto singular de excepción legalmente prevista, la embargabilidad debe ser la regla y lo que la limite debe interpretarse con sentido restrictivo (conf. Alsina, “Tratado.”, 2a. Ed. Vol. V, pág. 105; ídem Cám. Nac. Com., Sala D, 7/8/92, LL 1992-R-227; ídem Cám. 2a, Sala 1a., La Plata, causa B-35618, int. 459/72, citado por Eduardo De Lazzari, “Medidas cautelares”, Ed. Platense, 1989, tomo 1, pág. 445; en similar sentido Cám. Apel. Civ. y Com., Rosario, Sala 3a., 14/5/75, Juris 48-52 y 29/8/80, Juris 64-53).” (v.esta Sala, 14.04.1998, “Gigliotti, Elisabet del Carmen c/ Martínez Zuviría, Arturo s/ Ejecutivo”, F° 156, Libro de Protocolos, T° 38-A; 09.03.2005, “Cervetto, Américo Fernando c/ Banchio, José Luis y otros s/ Ejecutivo”, F° 95, Libro de Protocolos, T° 1-A).

En igual sentido se pronunció la Sala C de la Cámara Nacional de Apelación en lo Comercial, in re “Citiban k N. A. c/ Chaneton, María S.”, sosteniendo que “toda vez que la aplicación del régimen de inembargabilidad de sueldos de empleados públicos que consagra el decreto 6754/43, se encuentra condicionada a que la obligación provenga de ‘préstamos de dinero’ o de ‘compra de mercadería’, resulta inadmisible la aplicación de excepcional régimen a la ejecución de un pagaré, pues no existe posibilidad legal de relacionar la obligación nacida de título cambiario con alguno de los vínculos contractuales a que hace mención el art. 1° de dicho decreto”. (v. Cám. Nac. Apel. Com., Sala C, 24.06.2003, LL 2003-F-24, postura reiterada en fallo del 15.08.2003, in re “Citibank N. A. c/ Ledesma, Gladys S.”, LL 2003-F-660).

En definitiva, no procede el embargo de salarios percibidos por empleados estatales cuando la causa de la obligación tenga origen en la compraventa de mercadería -salvo la existencia de sentencia firme en juicio ordinario-, pero nunca si se trata de préstamos de dinero.

Mas, tratándose de títulos ejecutivos no resultaría de aplicación el Decreto Ley cuando la causa que motivó su libramiento no puede ser determinada, ya sea debido a que no está expresada en el cuerpo del título, o bien cuando el ejecutado -siendo su carga (v. Cám. Nac. Apel. Com., Sala D, 19.05.2007, “Finan-Sueldo S. A. c/ Navarro, Berta Isabel”, LL Online, AR/JUR/3391/2007)- no acreditó que la deuda provenga de préstamos de dinero o compraventa de mercaderías, que, en resumen, es lo que acontece en estos actuados (v. demanda de fs.10/11 y las copias de los pagarés obrantes a fs. 4/9).

De ello se sigue que, estando vedado en el juicio ejecutivo indagar la causa de la obligación, resulta imposible vincularla a alguno de los supuestos establecidos por la normativa en estudio.

4. Mención aparte cabe hacer respecto de la aplicabilidad al caso concreto de la doctrina sentada por la Excma. Corte Suprema de nuestra Provincia in re “Coinauto”. En dicho precedente, la Excma. Corte Suprema provincial se pronunció a favor de la constitucionalidad del Decreto 6754/43 y no sobre el fondo de la cuestión, de lo que se sigue que, además de las razones expuestas supra y conforme la regla del “stare decisis”, deben rechazarse los argumentos dirigidos -exclusivamente- a cuestionar la decisión de la A quo con base en la violación del principio de igualdad alegado, aún no habiendo reclamado el apelante, de manera expresa, la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de marras.

Sin embargo, y con relación a la cuestión de fondo, no siendo aplicable en este sentido el precedente citado, la A quo yerra al resolver el rechazo de la medida cautelar reclamada, con base en el Decreto Ley 6754/43, el cual, debido a la prohibición de indagar sobre la causa del título que se ejecuta y siendo la inembargabilidad la excepción y no la regla, no resulta operativo en este caso.

5. Que, a mérito de lo expuesto, cuanto corresponde es hacer lugar al recurso de apelación deducido por el apoderado del actor, revocando el pronunciamiento resistido y ordenando hacer lugar a la medida cautelar ambicionada, en proporción de ley.

FABIANO

PENNA

(Secretaria) FUNDAMENTOS DE LA DRA. DE CÉSARIS:

Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Abraham Vargas y a las razones que la sustentan, con excepción de las consideraciones expuestas en el punto 7 en cuanto pudiera interpretarse que en las ejecuciones cambiarias existe una imposibilidad absoluta de interponer excepciones causales o personales.Ello así porque la abstracción cambiaria no opera entre sujetos vinculados de modo directo (suscriptor/beneficiario; endosante/endosatario), de allí que se aplique sólo cuando el título ha circulado, que no es el caso de autos (art. arts. 18 Decreto Ley 5965/93 y art. 20 Lch). La Sala Segunda que naturalmente integro, en reiterados pronunciamientos ha decidido que en un juicio ejecutivo las defensas del sujeto pasivo se ven restringidas exclusivamente a las derivadas del título -principio de autonomía y abstracción- pero pueden surgir, además, de la relación fundamental -negocio causal- si el actor es un sujeto vinculado en el nexo cambiario en forma directa e inmediata con el accionado, y son de fácil probanza, acomodándose a la sumariedad del proceso ejecutivo, pues el rigor cambiario también juega en los términos procesales (“Bertinetti, J. C. y otra c/ Ulla, A. y Arias, S.”, R. 239, FS° 290, L. 4; “Colome, J. C. y otro c/ Mirizio, H.”, R. 153, F° 140, L. 6 y “Recomovil S. A. c/ Acosta, N. y otro s/ Ejecutivo”, R. 462, F° 262, L. 5). O sea, no existe óbice legal alguno proveniente del derecho cambiario que impida valorar y ponderar en la ejecución cambiaria aspectos extracartulares originados en la llamada “relación fundamental” cuando en aquella se enfrentan sujetos vinculados en forma directa. Esta doctrina, con distintos matices, sustenta el voto de los magistrados que conformaron la mayoría, en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Comercio, dictado el 29.06.2011, convocada para decidir el conflicto interpretativo planteado entre las normas sustantivas vinculadas con la teoría general de los títulos valores cambiarios -en particular, la abstracción- y las normas de la ley de defensa del consumidor N° 24.240, reformada por ley 26.361 (el fallo está reseñado en LL 2011-D-421, con nota de Martín Paolantonio, “Abstracción cambiaria, juicio ejecutivo y Derecho del consumidor”).

Por ello, y las circunstancias del caso, juzgo inadmisible la pretensión cautelar.

DE CÉSARIS

PENNA

(Secretaria)

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