Expresar “mal desempeño” en la comunicación que extingue el vínculo laboral, resulta genérico e impreciso.

Despedido empresaPartes: Juriccich César Eduardo c/ Domicela S.A. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 7-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93570-AR | MJJ93570 | MJJ93570

En tanto el empleador alegó “mal desempeño” en la misiva rescisoria, se juzga ilegítimo el despido por pérdida de confianza ante la generalidad de las manifestaciones vertidas.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido por pérdida de confianza decidido por la empleadora, pues no se concretó en qué consistieron el mal desempeño y los reiterados comportamientos contrarios al deber de fidelidad y lealtad, de modo que no queden dudas acerca de los hechos injuriantes imputados al trabajador, por lo que el actor tiene derecho a percibir las indemnizaciones ante el despido incausado.

2.-Resultó correcta la decisión adoptada en el fallo recurrido en lo concerniente a la comunicación del despido efectuada por la empleadora del actor, pues los términos vertidos en la misiva respectiva contienen términos genéricos en torno a los incumplimientos imputados al demandante y resultan insuficientes para cumplir con las expresas exigencias del art. 243 de la LCT.

3.-Resulta inadmisible la pretensión de condena solidaria al codemandado que impulsa el demandante, pues en el escrito de demanda no se mencionó causa alguna por la cual debía ser condenado, ni siquiera se invocaron las normas por las cuales demandó la pretendida condena solidaria.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, el 7-5-15 , para dictar sentencia en los autos caratulados “JURICICH, CESAR EDUARDO C/DOMICELA S.A. Y OTRO S/DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I – La sentencia de grado anterior, mediante la cual se admitió el reclamo, es apelada por las partes según los términos de fs. 557/564; 567/568 y 571/581, que fueron replicados a fs. 588/589; 595/605 y 606/609.

A fs. 563vta., 569 y 584, la letrada de Domicela S.A., el letrado de Di Doménico y el ex – letrado del actor (Dr. Couyoupetrou), respectivamente, apelan sus honorarios por estimarlos reducidos.

II – En lo que atañe a las quejas deducidas por las partes, atento versar sobre cuestiones conexas me expediré conjuntamente en relación a las mismas, a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

Al respecto, considero que la compulsa de las constancias de la causa permite verificar que el análisis efectuado por el magistrado de la instancia anterior aparece realizado en sana crítica y dentro del contexto en que se planteó y desarrolló la controversia (cf. arts. 377 y 386, del CPCCN y art. 16 del C. Civil).

En tal sentido, considero que resultó correcta la decisión adoptada en el fallo recurrido en lo concerniente a la comunicación del despido efectuada por la empleadora del actor, pues los términos vertidos en la misiva respectiva contienen términos genéricos en torno a los incumplimientos imputados al demandante y resultan insuficientes para cumplir con las expresas exigencias del art.243 de la L.C.T., en cuanto exige la “.expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato”.

De allí que, los términos en los que se fundó la pérdida de confianza, al exponerse que fue por “mal desempeño, ejercicio y diligencia en la función laboral y sus reiterados comportamiento rotundamente contradictorios al deber de fidelidad y lealtad que debe guardar conforme sus condiciones laborales”, evidencian la generalidad de la causa invocada pues en esas actitudes aparecen incluidos un sinnúmero de incumplimientos que no fueron especificados y que, en virtud del principio de la invariabilidad de la causa, debieron ser circunstanciados.

En definitiva, no se concretó en qué consistieron el mal desempeño y los reiterados comportamientos contrarios al deber de fidelidad y lealtad de modo que no queden dudas acerca de los hechos injuriantes imputados al trabajador, todo lo cual torna incausada la medida rescisoria y, por ende, el actor tiene derecho a percibir las indemnizaciones ante el despido incausado (cf. art. 245 y concs. de la L.C.T).

Respecto de la crítica que expone la empleadora por la aplicación del art. 2º de la ley 25.323, considero que carece de trascendencia en la medida que no rebate los fundamentos del fallo que centrados en el reconocimiento efectuado a fs. 117 de su responde, acerca de la admisión de recepción de la misiva dirigida por el actor a procurar el pago de las indemnizaciones que contempla la norma. Además, cabe destacar que también a fs. 118 reconoció la recepción de la misiva de fs. 32, en la cual también se le notificó dicho reclamo, todo lo cual debilita la crítica (cf. art. 116, L.O.).

En cuanto al reproche que efectúa el actor respecto del rechazo de la multa del art.45 de la ley 25.345, el intercambio cablegráfico ilustra que no esperó el plazo que establece el decreto 146/01 para la conminación a la entrega de los certificados de trabajo que regula aquella norma, lo cual torna infundada la crítica.

También carece de razón el cuestionamiento que efectúa el demandante en relación con el rechazo de la sanción prevista en el art. 132 bis L.C.T., pues no surge remitida de manera expresa a su empleadora la intimación previa exigida por el art. 1º del decreto 146/01, en procura de que aquella ingrese los aportes previsionales y sociales en el plazo pertinente, lo cual obsta al progreso de dicha sanción.

La aplicación del art. 1º de la ley 25.323, que cuestiona la empleadora, aparece correcta a la luz de las pruebas reunidas, especialmente por las declaraciones de Abelo (fs. 312), que dio cuenta de la prestación personal del demandante en calidad de empleado a partir del año 1998, es decir, con anterioridad a la fecha de registro del vínculo laboral en el año 2001. Sobre el particular destaco -tal como se hiciera en el fallo recurrido- que esa declaración no aparece debidamente rebatida por la accionada y, por ende, resulta idónea a los fines probatorios mencionados (cf. arts. 377; 386; 445 y 456 del CPCCN y art. 90, L.O.).

En relación con el salario admitido en el fallo de grado anterior, aparece justificado por las circunstancias mencionadas a fs. 548 “in fine”/vta. del citado pronunciamiento, especialmente en lo concerniente a la certificación de ingresos agregada a fs. 349/382I, debiendo agregar, además, la presunción emergente del art. 55 de la L.C.T.atendiendo a las modalidades labores reseñadas y la categoría laboral del demandante, que permiten inferir que el importe de $ 8.605,07 mensual no resulta exagerado (C.S.J.N Fallos 308:1078 in re “Ortega, Carlos c/Seven Up Concesiones y otra” del 10/7/86).

Respecto del tope de convenio invocado por la empleadora y que dijo haber sido soslayado en el fallo recurrido, advierto que la pretensión de aplicación luce tardía en la medida que en el escrito de responde no se invocó convenio colectivo alguno como aplicable a la relación habida con el actor, lo cual impide a este Tribunal expedirse al respecto por no haber sido puesto a consideración del juez de la anterior instancia (cf. art. 277 del CPCCN).

Lo dicho en relación al módulo salarial admitido deja sin sustento la crítica que expone la demandada respecto del preaviso, integración del mes de despido y vacaciones, pues aquella fue deducida sobre la base de un salario menor.

Respecto de la pretensión de condena solidaria al codemandado Di Doménico que impulsa el demandante, considero de carece de relevancia en la medida que -como lo destacó el magistrado anterior- en el escrito de demanda no se mencionó causa alguna por la cual debía ser condenado, ni siquiera se invocaron las normas por las cuales demandó la pretendida condena solidaria, lo cual debilita la crítica (cf. arts. 65 y 116, L.O.).

En cuanto al reproche que Domicela S.A. efectúa ante la eventual aplicación de astreintes cabe destacar que dado el carácter provisional del rubro, no resulta de tratamiento en esta oportunidad y deberá ser resuelta ante el eventual incumplimiento y posterior aplicación de esa sanción. Sin embargo, estimo que resulta insuficiente el plazo impuesto en el fallo recurrido para el cumplimiento de entrega de los certificados del art. 80 L.C.T., por lo que sugiero elevarlo a 30 días a partir de la notificación que deberá practicarse en la etapa del art.132 L.O.

En consecuencia, con excepción del plazo de entrega de los certificados del art. 80 L.C.T. mencionado en el párrafo anterior, sugiero confirmar el fallo recurrido en lo restante que decide, incluso la imposición de las costas de la instancia anterior pues el resultado del litigio evidencia que Domicela S.A. resultó objetivamente vencida (cf. art. 68, 1º párr., CPCCN) y respecto del codemandado Di Doménico las particularidades del caso pudieron llevar al convencimiento del actor de encontrarse asistido de derecho para litigar como lo hizo (cf. art. 68, 2º párr. CPCCN).

III – Respecto de las apelaciones de honorarios deducidas por las partes y los profesionales intervinientes, teniendo en cuenta el mérito, extensión y oficiosidad de los trabajos realizados en la anterior instancia por los profesionales cuyas regulaciones se cuestionan, evaluadas en el marco del valor económico en juego, los emolumentos discernidos a favor de los mismos lucen acordes con esos parámetros y respetuosos de los aranceles legales vigentes, razón por la cual sugiero confirmarlos (cf. art. 38, L.O., 6; 7; 8 y concs. de la ley 21.839 -mod. por ley 24.432- y dec.- ley 16.638/57).

IV – Por la forma en que se resuelven los recursos, sugiero imponer las costas de alzada por el debate suscitado entre el actor y Domicela S.A. a cargo de ésta (cf. art. 68, 1º párr., CPCCN) y por la controversia planteada entre aquél y el codemandado Di Doménico, se distribuyan en el orden causado, por idéntico fundamentos a los expuestos en párrafos anteriores (art. 68, 2º párr. CPCCN).

Regúlense los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por sus labores en primera instancia (art. 14, ley 21.839).

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. Mario S. Fera no vota (art. 125, L.O.).

A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado anterior en lo que fue materia de apelación con excepción del plazo para la entrega de los certificados de trabajo del art. 80 L.C.T. que se fija en 30 días a contar desde la notificación que deberá practicarse en la etapa del art. 132 L.C.T.; 2) Imponer las costas de alzada por el debate suscitado entre el actor y Domicela S.A. a cargo de ésta y por la controversia planteada entre aquél y el codemandado Di Doménico, se distribuyen en el orden causado y 3) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por sus labores en primera instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ante mí:

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