El nuevo Código Civil y Comercial y su proyección sobre el orden laboral. Presunciones y pericial contable

TrabajadoresAutor: Chedrese, Virginia

Fecha: 12-mar-2015

Cita: MJ-DOC-7106-AR | MJD7106

Sumario:

I. Introducción. II. Los principios del derecho del trabajo. III. La prelación de normas y jerarquías en el derecho del trabajo. IV. Diferencias entre el procedimiento laboral y el procedimiento civil. V. El arte de probar. VI. Los medios de prueba. VII. El rol de los jueces en el procedimiento laboral. VIII. La reforma a partir de los artículos 330 y 331 del nuevo Código Civil y Comercial. IX. La defensa de la aplicación del derecho procesal laboral. X. Conclusión.

Doctrina:

Por Virginia Chedrese (*)

I. INTRODUCCIÓN

El derecho del trabajo a partir de su estructura de normas de protección es la rama jurídica de los derechos que reconoce la desigualdad intrínseca en la relación entre trabajador y empleador, relación que se verifica, a partir de la propiedad de los medios de producción y la puesta a disposición -por un precio devenido en salario- de la fuerza de trabajo.

A partir de hechos o factores sociales el derecho del trabajo adquiere su importancia inicial por tener lugar en un determinado espacio temporal. El Estado ya no era el mismo Estado de corte liberal, sino que se constituye en un «Estado de bienestar».

Esta nueva realidad del ámbito socioeconómico da espacio a un Estado regulador de las relaciones de trabajo bajo un paradigma distinto. Inicialmente se tradujeron en medidas básicas como la limitación de la jornada, para llegar poco a poco a la protección de un nuevo negocio jurídico, el llamado contrato de trabajo.

Surgen cuestiones esenciales tales como el «núcleo duro» del contrato de trabajo regido por el orden público laboral determinando una nueva relación de fuerzas en donde la autonomía de la voluntad queda sustraída de la facultad de ellas, estableciéndose un conjunto de normas imperativas que establecen un mínimo que debe garantizarse al trabajador, con base en la irrenunciabilidad de sus normas, la condena al fraude laboral, la sustitución de las cláusulas nulas de los contratos y la presunción a favor del trabajador en la interpretación de las leyes.

Conjuntamente con el orden público laboral coexisten en este nuevo escenario los principios de derecho del trabajo, reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se apoya todo el ordenamiento jurídico laboral con la finalidad de proteger la dignidad del trabajador, desde el inicio de la relación laboral, durante su desarrollo y al momento de su extinción.

II.LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

Tal como hemos adelantado, la regulación laboral no está determinada por la libre voluntad de las partes, sino que la regula considerando la relación disímil entre los participantes de este nuevo negocio jurídico.

El principio protectorio (art. 14 bis de la CN) regulado en los arts. 7 , 8 , 9 , 13 de la LCT, el de irrenunciabilidad de derechos conforme 7, 12 , 13, 15 , 58 de la LCT, el de continuidad de la relación laboral tal como se expresa en los arts. 10 y 90 de la LCT, los de primacía de la realidad y buena fe de los arts. 14 y 63 de la LCT respectivamente, el de igualdad y no discriminación que se hallan en los arts. 14 bis de la CN, 17, 70 , 72, 73 , 81 , 172 , 187 LCT, los de equidad y justicia social del art. 11 de la LCT, el de gratuidad en el procedimiento regulado en el art. 20 de la LCT, el de razonabilidad de los arts.65 , 66 y 242 de la LCT y finalmente el de progresividad incorporado por las normas del derecho internacional conforme la Convención de Viena del Derecho de los Tratados del año 1969 y el bloque constitucional a partir de la reforma del año 1994.

Con el devenir de los cambios sociales, la evolución cada vez más compleja de las relaciones laborales debido -entre otras- al avance tecnológico y su incorporación al mundo laboral, la toma de conciencia por parte de los actores sociales, el curso de estas relaciones da paso a nuevos principios tales como los de esfuerzo compartido, el de nivelación social, el de proporcionalidad, el de discriminación inversa, el de homogeneización, el de parasubordinación, el de pluralidad de los microsistemas, el de integración y pacificación, el de integración jurídica en el orden social, el de normalización del trabajo atípico que, si bien no están específicamente regulados en nuestro ordenamiento escrito, se derivan de estos y de los contratos entre las partes en sí mismos al aplicar el derecho como la regulación de la dinámica entre los intervinientes.

III. LA PRELACIÓN DE NORMAS Y JERARQUÍAS EN EL DERECHO DEL TRABAJO

El orden jerárquico y de prelación de las fuentes surge claramente de los arts. 31 y 75 inc. 22 de la CN si tenemos en cuenta el derecho en general.

Por lo tanto, encontramos como norma de jerarquía máxima la Constitución Nacional junto con los tratados de derecho internacional relativos a los derechos humanos (los incorporados en el art. 75 inc.22 de la CN), en segundo lugar tenemos a los demás tratados, luego a las leyes y finalmente a los convenios colectivos y laudos arbitrales.

Puntualmente en el caso del derecho del trabajo, el orden jerárquico de las normas, si bien se relaciona con el orden de prelación, no es identificable con este en donde impera la norma más favorable para el trabajador como emanación directa del marco teórico apuntado.

Recibida la aclaración, podemos inferir que si una norma aunque sea de rango inferior es más favorable al trabajador, esta es la norma a aplicar en el derecho del trabajo.

Dada la especialidad que nos ocupa, a los efectos de resolver este tipo de conflictos en el área de prelación se debe considerar la prelación de las fuentes y estas son:

1. La ley se impone, en principio -teniendo en cuenta el principio protectorio por sobre todas las normas-, ante las demás normas ya que es la ley la que tiene jerarquía superior a los convenios conforme lo normado en la Ley 14.250 art. 7.

2. Una ley posterior deroga a una anterior en tanto ocupen el mismo espacio normativo; pero en el caso de que una «ley general» posterior complementa a una ley especial y esta ley especial otorga mejores derechos a los trabajadores, solo la sustituye total o parcialmente, según el caso.

3. En cuanto a los convenios colectivos, este es derogatorio de una ley anterior menos beneficiosa para el trabajador como así también derogatorio de cláusulas menos favorables en un contrato individual y de otro convenio colectivo anterior, aun siendo este más beneficioso para el trabajador. Las cláusulas normativas del convenio colectivo no se incorporan al contrato individual.

4. Respecto de los contratos de trabajo anteriores a leyes o convenios colectivos posteriormente aparecidos, este no se verá afectado en cuanto tenga más beneficios para los trabajadores.El contrato individual es el que se impone al convenio colectivo y a la ley.

Por lo tanto a partir de estas directivas y en el caso de existir colisión de dos o más fuentes del derecho del trabajo, siempre se deben aplicar las normas que resulten de mayor beneficio a los trabajadores.

El llamado «conglobamiento por instituciones» es el método adoptado por la LCT y conceptualmente refiere a tomar las normas más favorables de cada instituto y a partir de allí se dividen las normas por instituto y luego se elige la que es más beneficiosa para el trabajador.

IV. DIFERENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO LABORAL Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL

El procedimiento laboral es la norma adjetiva en donde tienen espacio material la aplicación de las normas ya mencionadas. Es el motor de las normas laborales, lo que pone en funcionamiento la estructura protectoria del Estado y lo hace visible a las partes.

Ello así, si bien el derecho procesal del trabajo comparte con el derecho procesal civil institutos procesales comunes como la acción, la prueba, la cosa juzgada o la sentencia, en orden a los principios que rigen cada una de las materias, posee notorias diferencias. Recordemos que la autonomía de la voluntad en el derecho civil no está vedada, que se considera a las partes iguales ante la ley y el Estado cuenta con la mínima intromisión en el proceso, por ejemplo, al no impulsar las actuaciones de oficio sin promover la perención de plazos.

En cambio, en el derecho del trabajo, la autonomía de la voluntad de las partes se encuentra restringida so pena de nulidad, tal como lo hemos considerado previamente.

El Estado interviene en el negocio y donde determina de antemano las normas que serán de aplicación, disposiciones que se caracterizan por reunir las notas de forzosas, imperativas e irrenunciables, rige el principio protectorio consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional -entre otros- y fulmina la legalidad del contrato y de sus relaciones con la aplicación del orden público laboral.Se protege al trabajo en sus diversas formas conjuntamente con la protección del ser humano trabajador para que alcance una igualdad sustantiva y real frente al empleador, trata de equilibrar las posiciones que por naturaleza son desiguales habida cuenta de la hiposuficiencia permanente de la figura del trabajador frente a la del empleador.

La debilidad y el estado de necesidad devenidos por la misma subsistencia hacen que este ser humano trabajador se desempeñe bajo relación de dependencia, relación que al serle disvaliosa desde su origen debe regularse a partir de las normas que limitan los abusos y la violencia protegiéndolo desde el inicio de la oferta de trabajo y luego durante la relación laboral en sí hasta su extinción.

Esta situación de hiposuficiencia y de necesidad de regulación protectoria también tiene espacio en las normas de procedimiento laboral porque de otra forma, sería contradictorio con el régimen de protección de las leyes de fondo.

A partir de ello, nos encontramos con nuevas diferencias con el proceso civil, de carácter eminentemente dispositivo, mientras que en las causas laborales quien juzga tiene una participación activa y ha sido dotado de facultades inquisitivas en donde la búsqueda de la celeridad, la economía y la gratuidad son su norte.

V. EL ARTE DE PROBAR

Se dice por los pasillos de Tribunales: «El arte de litigar es el ar te de probar».

Por su parte, la Real Academia Española define el sustantivo de esta forma: «Prueba: 1. f. Acción y efecto de probar. 2. f. Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. 3. f. Indicio, señal o muestra que se da de algo, para saber cómo resultará en su forma definitiva […] 11. f. Der.Justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce como eficaces».

Nos referimos a la llamada prueba jurídica, a la actividad que lleva al objetivo de «hacer justicia» y esta prueba no necesariamente debe ser específica sino que debe estar en consonancia con los hechos que son el contexto del proceso porque, sin hechos no existiría el proceso.

Algunas de las pruebas están reguladas específicamente, tales como la testimonial, la confesional, la pericial -todas ya mencionadas- y otras no, pero esto no sería impedimento alguno para su admisibilidad ya que se intenta esclarecer racionalmente lo acontecido en tiempo pretérito.

Lo que se pretende es llegar mediante la prueba a la verdad material con el fin de resguardar un derecho, de recuperarlo o bien de adjudicárselo a uno u otro sujeto.

Ahora bien, de lo que hablamos es de hechos jurídicos, hechos relevantes y conducentes para la solución de la controversia.

La aseveración de determinados hechos jurídicos por las partes y la prueba consecuente son el camino marcado al magistrado para generar convicción con un resultado: llegar a resolver el conflicto generando una consecuencia jurídica.

Como dice Michelle Taruffo: «La idea de que la prueba sirve para persuadir al juez de que los hechos de la causa se han producido de una cierta forma es un lugar común que parece tener algún fundamento: el hecho de que la asunción de las pruebas se realice oralmente en audiencia, eventualmente con un método dialéctico como el interrogatorio cruzado, y que los abogados funden sus argumentaciones también sobre las pruebas puede hacer pensar en una dimensión o en una valencia “persuasiva” del fenómeno probatorio. Por otra parte, resulta innegable que factores persuasivos o retóricos existen en la asunción de las pruebas en juicio.Sin embargo, el problema no es establecer si esos factores existen sino decidir si son tan importantes como para justificar una teoría “retórica” de la prueba que pueda ser asumida como dominante o incluso como teoría exclusiva o única prueba».

Probar entonces tiene una concreta definición. Probar es convencer al juez sobre la existencia o no de los hechos aseverados en el proceso.

VI. LOS MEDIOS DE PRUEBA

Los medios de prueba son los que define cada uno de los códigos de procedimiento de carácter local (recordemos que es una de las facultades no delegadas al poder nacional por parte de los Estados provinciales tal como lo define la Constitución Nacional argentina en su art. 5).

Estos medios de prueba tienen lugar y se agotan en el proceso. Las partes eligen los mismos y el juez hace o no lugar conforme las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN) y ejecuta medidas que a su entender y conforme sus facultades considera (arts. 36 CPCCN y 80 de la LO).

Por otro lado y a mayor abundamiento, tal como reza Devis Echandía «no hay que confundir la fuente de la prueba con el medio a través del cual se manifiesta; esta última noción comprende los métodos aceptados en cada ley procesal como vehículo de la prueba; por ejemplo, el testimonio, el documento, el indicio, la confesión, la inspección por el juez mismo, el dictamen de peritos.Gracias a estos medios el juez llega a conocer el hecho que se va a probar, bien sea en forma indirecta (mediante razonamientos deductivos e inductivos, en cuyo caso es preponderante la acción mental), o en forma directa si el hecho fuente es el mismo hecho que quiere probarse (lo último cuando el juez lo percibe en un medio y la inspección, y entonces, la actividad perceptiva es la preponderante, pero siempre existe actividad mental para calificar lo percibido). Es decir, la distinción entre medio y fuente opera también en la prueba directa, porque aquel será la inspección, la confesión, la declaración del testigo que presenció los hechos, y fuente el hecho inspeccionado, confesado o narrado, del cual se deduce la prueba del otro o de él mismo».

A partir de esto cobra gran importancia la actividad del juez, de las partes y de los terceros desarrollada durante el proceso, a los efectos de aportar las pruebas de las que pretende valerse, tal como lo indica el procedimiento local adjetivo que a partir de las reglas de la sana crítica llega a una razonable convicción acerca de los hechos llevados a su estrado.

VII. EL ROL DE LOS JUECES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL

Tal como se infirió, los jueces durante el procedimiento laboral cuentan con la obligación de ejercer un rol activo en su carácter de directores del proceso instando activamente la actividad jurisdiccional con el fin de colectar las pruebas para llegar a la verdad material.

Deben asumir un rol colaborador con ambas partes considerando los principios que rigen al derecho del trabajo. Asumen entonces empatía para lograr una mejor solución al conflicto porque se encuentran frente a un trabajador que, en la mayoría de los casos, persigue un crédito que hace a la subsistencia propia y de su familia.

Esta empatía se refleja en la capacidad otorgada a los magistrados por el art.80 de la Ley 18.345 (modificado por la Ley 24.635 ) que faculta a decretar las medidas de prueba que estimen convenientes tales como solicitar ampliación de pruebas periciales, careo de testigos, llamado de las partes personalmente a dar la razón de sus dichos.

Si bien estas facultades inquisitorias bajo ninguna circunstancia pueden suplir la negligencia de las partes (contrariamente se estarían violando los principios de igualdad y del debido proceso), no debe confundirse con la neutralidad ya que, se sigue siendo imparcial pero aplicando las normas protectorias del derecho del trabajo.

VIII. LA REFORMA A PARTIR DE LOS ARTÍCULOS 330 Y 331 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Ambos artículos se refieren a la prueba contable y a su efectividad.

En el caso del art. 330 podemos resumir las pautas dadas en varios enunciados, el primero es que la contabilidad prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto el segundo no presenta registros contrarios incorporados a una contabilidad regular, el segundo es el regulado cuando determina que quien no está obligado a llevar contabilidad regular, esta sirve como principio de prueba y en tercer lugar, la prueba de contabilidad es indivisible.

La nueva regulación en cuanto a la prueba contable, referida en este artículo, tiene su recepción inicial en el proyecto de reforma del Código Civil del año 1998 en donde se toma como indicador regulatorio el sentido «tradicional» del otorgamiento de la eficacia probatoria de los libros que llevan los comerciantes. En este sentido, se distinguen varias situaciones, la primera cuando una de las partes lleva la contabilidad y la otra no, la segunda cuando ambas partes lo hacen (sean o no contradictorios los asientos) y la tercera, ambas llevan la contabilidad pero solo una de ellas de forma regular. Se infiere y de forma «tradicional» como advertimos precedentemente, que se le da a los libros de comercio, el valor de principio de prueba en pleito entre un comerciante y un no comerciante.Es evidente que esta postura «tradicional» está íntimamente ligada al ejercicio del comercio, al mundo de los negocios y de las empresas.

Es pacífica la interpretación de que los libros de comercio y su fuerza probatoria se manifiestan tanto a favor como en contra de la persona que los lleva, de quien es responsable de ello. También es conocido, y no por ello sentamos posición al respecto, que nadie está obligado a declarar en su contra (art. 18 de la CN) y que rara será la oportunidad de encontrar algún comerciante que registre en vez de a su favor, causando su propio perjuicio.

En cuanto a la eficacia probatoria de la prueba contable, ya sea contabilidad obligada o voluntaria, como medio de prueba en juicio, está reducida a la condición de si esta está llevada en la forma prescripta por el ordenamiento legal.

Los requisitos que determina la ley son los previstos en las formalidades extrínsecas que indican los arts. 323 a 325 del nuevo código. Por su parte, los asientos deben estar respaldados por la documentación indicada en el art. 321 . En cuanto a la contabilidad no llevada como comúnmente se ha estilado -documentación en soporte papel-, tal particularidad debe contar con la autorización correspondiente para tener eficacia probatoria (conforme art. 329 ). Si se cumplen estas recomendaciones, se determinan dos factores, el primero la regularidad de la contabilidad y el segundo, la eficacia probatoria de quien la lleva, siempre teniendo en cuenta las consideraciones que valorará el juez interviniente conforme las reglas de la sana crítica ante la eventual falta de alguna u otra formalidad impuesta.Con relación a lo dispuesto respecto de «probar contra quienes los lleva y contra los sucesores, sin admitirse prueba en contrario, aunque ellos hayan sido llevados en forma» tiene su razón de ser en la propia naturaleza de la documentación, ya que tendremos que asimilarla a una confesión de carácter escrito efectuada por quien responde por ella teniendo en cuenta lo determinado en la «teoría de los actos propios», en donde la buena fe es la regla y en donde nadie puede alegar su propia torpeza.

Por otra parte, es innovadora la regulación de la indivisibilidad de la prueba contable y conforme la misma decimos que en uso de cuestiones procesales básicas, como la prueba confesional es indivisible -ya d icho previamente-, la contable también tendría que correr la misma suerte y, consecuentemente, quien invoca la prueba del adversario como medio probatorio debe considerarla en su totalidad sin discriminación alguna acerca de su conveniencia.

Por otro lado, el art. 331 refiere a la prohibición por parte de la autoridad pública de efectuar investigaciones en la contabilidad, salvo en los casos de autorización legal específica y a la comunicación de libros como medida probatoria.

Es dable tener en cuenta que la prohibición dispuesta reproduce el articulado respectivo existente del Código de Comercio (art. 57 ) y por otro lado, refiere a investigaciones llevadas a cabo «de oficio», por fuera de algún proceso ya iniciado.

Esta inviolabilidad, por llamarla de algún modo, tiene su origen ni más ni menos que en el art. 18 de nuestra Carta Magna en donde reza que: «Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación».

Ahora bien, sin perjuicio de la imposibilidad alegada por la norma, esta cede ante la existencia de una ley que determine en qué casos y bajo qué condiciones previamente justificadas, tiene espacio el allanamiento de los papeles y documentación privados de una persona.

En cuanto a la «comunicación» de los libros o registros contables, nos señala Carlo Tessona que la comunicación de los registros contables y la exhibición de los mismos, técnicamente, se refieren a distintas cuestiones. Por un lado, en la exhibición, el registro se consigna al juez, mientras que en la comunicación (tal como lo establece el nuevo código), al interesado. En la primera se toma por parte de la autoridad judicial la última parte del libro -la que está sujeta a controversia-, en la otra, se puede examinar su contenido completo por el interesado determinando cuál es su completa situación patrimonial. Por último, la exhibición se puede pedir en toda controversia en cambio, la comunicación, solo en los casos dispuestos taxativamente por la ley.

Entonces, teniendo en cuenta las consideraciones previas, la exhibición general de registros, o sea su comunicación, solo tiene lugar cuando se necesitan resolver cuestiones de carácter específico en donde no se arguye controversia alguna referida a la formalidad de los mismos, como tampoco se aduce riesgo alguno referido a la pérdida de los secretos del negocio de la persona «investigada».

Con relación a la oportunidad del pedido de la exhibición general o comunicación, esta puede solicitarse extrajudicialmente y, en caso de ser negada, se recurre a la justicia con el fin de determinar si esta negativa es justificada o no.Es competente, como en todos los asuntos patrimoniales, el juez del lugar del domicilio en donde se hallan los libros contables (salvo en el caso de la quiebra, donde el quebrado es representado por el síndico y se tiene en cuenta su domicilio).

Tal como ya hemos inferido, como la exhibición del tipo general excepcional, son excepcionales los casos en los que tiene lugar. La misma se solicita a instancia de parte. Se verifica previamente si está asistida por un interés legítimo y si este se califica como tal a instancias del proceso. Puede ser pedida antes del inicio del pleito como una diligencia preliminar o bien como parte del pleito durante la etapa probatoria.

En el caso de solicitar una medida cautelar sin citación de la contraria -inaudita parte- debemos tener en cuenta previamente la eficacia probatoria de la medida toda vez que, tal como reza el art. 330 ya estudiado, no resultaría idónea, este tipo de medida, para esclarecer la eficacia probatoria de los registros en estudio.

El art. 328 del citado ordenamiento establece la oportunidad temporal para solicitar la exhibición general determinando el plazo de diez años, salvo que alguna ley especial determine uno diferente.

En cuanto a su cumplimiento hay dos oportunidades, la judicial y extrajudicial. La judicial es como ya se advirtió, a pedido de parte (parte procesal) y es el juez quien debe evaluar la procedencia o no de la medida y, en caso de ser positiva su resolución, deben auxiliar con la medida los auxiliares de justicia, en este caso, los peritos. En el segundo de los casos, cuando el pedido y la autorización es extrajudicial, es el interesado en forma personal asistido por un experto -también llamado perito de parte- quien realiza la medida.

En caso de negativa, se solicita el auxilio de la fuerza pública y, nos aventuramos a decir que también se podría solicitar el secuestro de los libros.En el caso de la «exhibición de carácter parcial», casos en donde no hay necesidad alguna de efectuar la medida con carácter general, como sería en el caso de una quiebra, por ejemplo, se ordena la medida de investigación solo con ese carácter, el limitado (o parcial).

La investigación, por consiguiente, se deriva solamente respecto de «los registros o libros en cuanto tengan relación con la cuestión controvertida de que se trata» ya que la exhibición parcial no se funda en las anotaciones que son comunes a los involucrados. Este vínculo de unidad o comunión no existe. Son remisiones devenidas de hechos controvertidos que aparecen en la instancia de la investigación.

Es menester agregar que este tipo de medidas parciales pueden ser parte de cualquier proceso, sea cual fuere el objeto del mismo. El propósito a llevar a cabo puede ser respecto de la figura del demandante, del demandado o de un tercero por cuanto es admisible sí solo sí existe responsabilidad por parte de la persona que lleva la contabilidad a ser puesta a la orden del juez y como ya se alegó, de forma limitada en orden a la controversia planteada.

A diferencia de la exhibición completa, la parcial es en general a pedido de parte y con autorización judicial (el juez ordena la medida que considera procedente) salvo acuerdo previo de las partes.

Con relación a la competencia de quien debe ordenar la misma, es el juez del lugar de asiento de los libros quien debe hacerlo. Recordemos que el depósito de los libros contables en los estrados del juzgado no corresponde ya que, tal como dice claramente la norma, los libros solo quedan a disposición de su dueño. No corresponde sustraerlos. En todo caso, es el dueño de los libros quien puede voluntariamente determinar otro lugar en donde exhibirlos en el momento que así lo determinare.Párrafo aparte merece realizar la evaluación pericial de los libros en una exhibición de tipo parcial y, como una obviedad, debemos indicar que están autorizados a concurrir los peritos intervinientes -sean los auxiliares de justicia que fueron sorteados en el expediente y, en caso de ser autorizados, los consultores técnicos de las partes-, por su parte, el dueño de los libros puede comparecer pero no así la contraparte. Esta negativa tiene lugar por cuestiones lógicas. Estamos tratando con una medida limitada, en el domicilio del contrario en donde muy probablemente se encuentren todos sus libros contables, por lo que sería de carácter netamente improcedente dejar ventilar asuntos privados de la contabilidad de la otra parte.

En caso de negativa respecto del cumplimiento de la orden del juez con relación a la exhibición de los libros, ya hemos dicho que el secuestro es improcedente, por lo que la omisión de mostrarlos impide la verificación de la veracidad o no de los libros y estados contables de la parte a investigar por lo que, de ser así, nos confiamos en que podría solicitarse al magistrado tener presente la omisión y considerar la misma como una presunción en contra del sujeto.

Ya hemos verificado que, conforme el nuevo ordenamiento, la medida es a pedido de parte siendo que la misma «de oficio» no está regulada. No obstante, nada impide que conforme las facultades instructorias del proceso el juez pueda determinarlas en orden a las medidas para mejor proveer de las que se encuentra habilitado.

IX. LA DEFENSA DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO PROCESAL LABORAL

El derecho procesal del trabajo se define como un sistema articulado con un fin, la solución de uno o varios conflictos en un ámbito temporal y material determinados.

Nos referimos entonces a los conflictos devenidos a partir de la relación descripta en el art.4 de la LCT teniendo en cuenta que «el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley». Asimismo el art. 23 del mismo ordenamiento determina una presunción con relación a la existencia del contrato de trabajo haciendo la salvedad: «… salvo que solo por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrare lo contrario. Esta presunción operará igualmente cuando se utilicen figuras no laborales, para caracterizar el contrato, y en tanto que por las circunstancias no sea dado de calificar de empresario a quien presta un servicio».

Es de esta forma que llegamos al concepto de «trabajo individual», concepto al que refiere la Ley procesal 18.345 de carácter nacional (conjuntamente con sus modificaciones), que regulará el campo de actuación del procedimiento.

El derecho procesal del trabajo como dijimos regula las relaciones expresadas en la Ley de Contrato de Trabajo , tales como la existente entre trabajador y empleador -la más básica- y las otras no tan claras como la figura del socio empleado, la del empleado de las universidades públicas, la de los dependientes de empresas de Estado, entre otras lo que lleva a entender que este «proceso» regula los conflictos jurídicos entre estos trabajadores y sus respectivos empleadores y todas las relaciones conexas que surjan en el devenir de la relación de trabajo.

A partir de la introducción del art. 155 de la ley procesal laboral, quedan incorporados a la regulación adjetiva cuestiones procesales «importadas» de otro derecho procesal como es el procesal civil. No son cuestiones generales sino todo lo contrario. Son medidas de carácter «supletorio» que llegan a suplir las lagunas del derecho procesal especial devenidas por la existencia previa de relaciones ya reguladas con anterioridad.Debemos recordar que estas medidas ajenas al procedimiento laboral deben ser compatibles con el mismo, no lo reemplazan, lo completan y se aplican a modo de remisión.

En este sentido el Dr. Podetti dice: «No puede, pues, a mi juicio, negarse la interdependencia del derecho procesal del trabajo y del derecho civil, en cuanto este debe ser supletorio de aquel, y en cuanto el primero va a influir en la reforma del segundo».

Más allá de la compatibilidad y aplicación de las disposiciones devenidas a partir del art. 155 citado, debemos recordar que el derecho procesal del trabajo tiene características que le son propias debido a las cuestiones que debe atender. Estas medidas determinan cuestiones básicas con relación a la improrrogabilidad de la competencia, del rol de los jueces con relación a sus derechos y deberes, la inmediación en el proceso, la actuación de oficio, la gratuidad, las pruebas orales, las facultades instructorias precisas y las facultades ordenatorias del proceso a fin de lograr la celeridad procesal como así también la necesidad del llamado a conciliación y/o arbitraje con el fin de acortar plazos y abordar a un mejor servicio de justicia con los alcances de la protección sostenida por los parámetros y lineamientos laborales irrenunciables.

X. CONCLUSIÓN

Las normas laborales son normas de carácter especial que a su vez nacen de relaciones generadas a partir de una relación de inequidad entre los involucrados, no así las normas civiles en donde la igualdad es la regla.

A partir de la no equivalencia se verifica el surgimiento de una regulación que tiene como propósito la protección de quien resulta ser el más débil de la relación pero que, en definitiva a partir de las limitaciones mencionadas, tutela a ambas partes.Este devenir necesitó de normas adjetivas que echen a andar el andamiaje generado por las relaciones de trabajo y sus reglamentaciones, surgiendo así las normas procesales laborales.

Ahora bien, a partir de la ratificación por parte del Estado argentino de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados del año 1969 -Ley 19.865 -, nuestro país está obligado a dar cumplimiento de buena fe con las disposiciones dispuestas en los tratados internacionales -cláusula de pacta sunt servanda del art. 26 del tratado citado-.

En tal sentido, debemos volver a hacer hincapié en el principio de la progresividad, principio que se incorporó a nuestro derecho interno a través del Pacto de San José de Costa Rica -tratado de los derechos económicos, sociales y culturales constitucional a partir del año 1994 conforme los términos del art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional- y que, en su art. 26 y bajo el título “Desarrollo progresivo” reza: «Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados».

A mayor abundamiento, el art. 7 de la LCT establece que las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas.

Tales actos, de no ser consecuentes con el precepto precitado, llevan aparejada la sanción prevista en el art.44 de la LCT, se decreta la nulidad del acto inválido, y la sustitución automática por la cláusula válida valiendo así la continuidad de la relación laboral y del contrato existente entre las partes.

Asimismo, el art. 12 de la LCT establece el principio de irrenunciabilidad al precisar que será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.

Por su parte, el art. 52 de LCT obliga a los empleadores a «llevar un libro especial, registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio» sin importar la cantidad de empleados que tenga bajo su dependencia y, como dice el Dr. Gabriel Tosto en la redacción del comentario del artículo mencionado obrante en Ley de Contrato de Trabajo, «la norma general introduce aquí una obligación empresarial específica que consiste en llevar un libro que contenga toda la información relativa a los contratos de trabajo que celebre. Esta obligación alcanza a cualquier empleador […] Es que la relevancia de la obligación patronal tiene dos aspectos bien diferenciados: por un lado, constituye el ámbito de contralor de la actividad administrativa; por el otro, es un elemento de prueba frente a un conflicto entre las partes de un contrato de trabajo».

Asimismo el art. 7 de la Ley 24.013 o «ley antievasión» impone al empleador la carga de inscribir al trabajador en el libro especial del art. 52 de la LCT o documentación laboral equivalente con más la afiliación del dependiente al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la obra social (estos requisitos son acumulativos).

El momento de la registración es al comienzo del período de prueba conforme lo establece imperativamente el art.92 bis de la LCT (Ley 25.877 del 2 de marzo de 2004), caso contrario o bien cuando esta no se condice con la realidad contractual (se inscribe parcial o tardíamente), se presume iure et de jure que el empleador ha renunciado a contar con el beneficio que le otorgaba dicho período.

En cuanto a la eficacia probatoria de los libros del empresario, esta está sujeta a apreciación judicial tal como lo determina el art. 53 de la LCT toda vez que: «Los jueces merituarán en función de las particulares circunstancias de cada caso los libros que carezcan de algunas de las formalidades prescriptas en el artículo 52 o que tengan algunos de los defectos allí consignados» por lo tanto, es el magistrado quien valorará conforme las reglas de la sana crítica, las presunciones legales a favor del trabajador y los principios del campo normativo (arts. 9 , 12 , 14 y 23 de la LCT, entre otras) dando prioridad a lo que realmente acontece en los hechos, los efectos de la documentación contable «defectuosa» en el resultado del proceso.

En idéntico sentido, es el art. 55 de la LCT el que regula la falta de exhibición de los libros por parte del empleador disponiendo una presunción a favor del dependiente o de sus causahabientes -contenidos en la demanda-, «sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos». Esta es una presunción iuris tantum que, si bien admite prueba en contrario a ser valorada por el magistrado actuante, tiene operatividad directa.

Tanto las presunciones de los arts. 52 al 54 de la LCT como la omisión prevista en el art. 55 del mismo cuerpo legal se encuentran condicionadas a la demostración de los hechos sobre los cuales se apoyan por cuanto los jueces deben resolver valorando los elementos de juicio existentes en la causa valiéndose de la hiposuficiencia del trabajador y los principios de justicia social teniendo en cuenta su carácter de sujeto de preferente tutela.El art. 57 de la LCT también regula presunciones a favor del trabajador en cuanto se refiere al silencio por parte del empleador ante una intimación fehaciente. Tal es así que: «Constituirá presunción en contra del empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo sea al tiempo de su formalización, ejecución, suspensión, reanudación, extinción o cualquier otra circunstancia que haga que se creen, modifiquen o extingan derechos derivados del mismo. A tal efecto dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable el que nunca será inferior a dos (2) días hábiles».

La eficacia y operatividad de la presunción mencionada tiene lugar cuando se ha probado la existencia de una relación laboral a partir de una sentencia judicial.

La ley valora la actitud del empleador -teniendo en cuenta el principio de buena fe- toda vez que este deberá contestar «en tiempo y forma oportunos» la intimación del trabajador so pena de activar la presunción en su contra.

Por otro lado, el art. 80 de la Ley Orgánica (Ley 18.345 de Procedimiento Laboral) en su párrafo pertinente indica que:«En cualquier estado del juicio podrá decretar las medidas de prueba que estime convenientes, requerir que las partes litigantes reconozcan los documentos que se les atribuyen, interrogar personalmente a las partes, a los peritos y a los testigos y recabar el asesoramiento de expertos» y entonces, como director del proceso y con base en facultades exclusivas, puede disponer incluso la exhibición de los libros y documentación contable en el domicilio que sirvió de base para habilitar la competencia del tribunal (por ejemplo, para el supuesto concreto de verificar la extensión de la jornada laboral).

El juez laboral cuenta con la potestad especial de actuar activamente en el proceso con el fin de lograr mayor celeridad, economía y concentración procesal, teniendo en cuenta los principios protectorios, de irrenunciabilidad y, las normas de nulidad de cláusulas restrictivas de los derechos del trabajador, entre otros.

Se impone al magistrado laboral la facultad inquisitiva con el propósito de llegar a la verdad material con el límite de no suplir la negligencia o morosidad de alguno de los litigantes, pudiendo decretar «de oficio» todas las medidas probatorias que considere pertinentes, apartándose aun de las ofrecidas por las partes.

Por su parte la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha dicho que: «En verdad, todos los libros de los comerciantes son llevados unilateralmente. Los libros principales gozan eficacia probatoria porque pueden ser confrontados, en caso de conflicto entre comerciantes, con los del adversario. En las relaciones entre comerciantes y no comerciantes no alcanzan ese registro, y valen como principio de prueba, susceptible de ser desvirtuada por evidencia contraria. Lo que no es razonable es negarles toda eficacia, postura que convierte la carga legal en una verdadera encerrona».

La Dra. Gabriela Vázquez afirma que: «Dentro de este marco, la decisión adoptada por la actora resultó ajustada a derecho.Ante su intimación, que fue recibida el 17.03.07 por la empresa, esperó un tiempo prudencial para concluir en que se configuraba silencio de su contraparte (nueve días) y dispuso, de esta manera, la finalización del vínculo que la unía con su otrora empleadora el día 26.03.07 (fs. 6) obrando con buena fe. No es un detalle menor, que el contrato de trabajo, se caracteriza por tener una ejecución periódica y, conforme las posturas adoptadas por ambas partes, tenía una frecuencia de, por lo menos, cinco días por semana. En este contexto, no podía solicitársele a la accionante que aguardase más allá del plazo que esperó para poner fin al vínculo, ya que durante nueve días no se le comunicó en qué situación laboral se encontraba a pesar de su intimación. Por lo expuesto, y si bien reconozco que la demandada comenzó el proceso de contestación dentro de un plazo razonable, el carácter recepticio de toda comunicación me lleva a entender que el período de trece días que transcurrió entre la fecha de imposición en el Correo Oficial, y la fecha en que fue efectivamente recibida por la actora, solo puede imputarse a la responsabilidad de la demandada (en sentido análogo, CNAT, Sala IV, “Sánchez, Mirtha c/ Instituto Salesiano Colegio Santa Catalina s/ despido”, del 20.06.96)».

Por lo tanto y a modo de cierre, habiendo observado la normativa y jurisprudencia especializada, no estamos en desacuerdo alguno con la modificación y posterior incorporación de las nuevas normas al derecho positivo y por consecuencia al derecho procesal laboral, es más, dentro de un marco destinado a construir un derecho más justo, a partir de las premisas dadas.

Las leyes laborales (la LCT, LNE y la de ordenamiento laboral, entre muchas otras) regulan de manera razonable las relaciones entre trabajadores y empleadores teniendo en consideración la reglamentación irrenunciable y jurisprudencia cristalizada, que garantizan los derechos de los trabajadores previstos en el art. 14 bis y en normas internacionales incorporadas directamente a la Carta Magna o bien ratificadas por nuestro país.

Caso contrario, se violarían derechos adquiridos, disposiciones de orden público en abierta contradicción de la propia Constitución Nacional, porque, en definitiva, el trabajador no es un asiento contable en los libros de su empleador y, como indicamos, sujeto de preferente tutela.

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(*) Abogada, UBA. Magíster en Relaciones del Trabajo y Relaciones Internacionales (tesis a ser evaluada para su defensa), UNTREF. Ayudante de primera ad honorem de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, UBA. Ayudante de segunda de Práctica Procesal Laboral, UBA. Secretaria privada del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 64. Colaboradora en Tratado de derecho del trabajo (inédito). Ponente en congresos.

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