La obligación de saneamiento y los vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial

Codigo CivilAutor: Arias Cáu, Esteban J.

Fecha: 31-jul-2015

Cita: MJ-DOC-7342-AR | MJD7342

Sumario:

I. Introducción. II. El régimen histórico de los vicios redhibitorios. III. El nuevo sistema de vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial. IV. De las acciones y cargas del acreedor. V. Conclusión.

Doctrina:

Por Esteban Javier Arias Cáu (*)

I. INTRODUCCIÓN

La garantía de saneamiento, según Lorenzetti, es un «género conceptual que abarca: 1. La garantía de evicción; 2. los vicios redhibitorios, y 3. el saneamiento que permite que el adquirente ejerza la acción de cumplimiento, solicitando al garante que perfeccione el título o subsane los defectos (.) o que lo indemnice de los daños sufridos.» (1). Es decir que el saneamiento propiamente dicho comprende aquellos defectos de derecho (evicción) o de hecho (vicios redhibitorios) aplicable exclusivamente a los contratos onerosos. Esta postura también es compartida por Rubén Stiglitz, quien afirma que «no obstante la aparente igualdad con que son tratadas allí ambas figuras, esta última absorbe a la primera en todo su alcance» (2).

Pues bien, nos proponemos analizar una de las especies de la mentada garantía de saneamiento, esto es el instituto de los vicios redhibitorios y su nueva configuración en el Código Civil y Comercial. En otras palabras, trataremos el instituto de los vicios ocultos que reconoce sus antecedentes en el derecho romano y ha llegado a nuestros días con nuevos perfiles, brindando soluciones novedosas a la contratación moderna.

II. EL RÉGIMEN HISTÓRICO DE LOS VICIOS REDHIBITORIOS

1. Antecedentes

Si bien existían vestigios de su regulación en la Ley de las XII Tablas, especialmente con relación a la venta y las medidas del fundo o heredad -«actio de modo agri»-, ya en la época de Cicerón se relacionaba la omisión en denunciar los vicios de los bienes raíces como contrarios a la buena fe (3). Sin embargo, el gran aporte jurídico provino de los edictos que impusieron los ediles curules (4) y de allí que las acciones que tutelan al comprador también son conocidas como «acciones edilicias». Así, afirma Argüello que la responsabilidad por los vicios ocultos o redhibitorios «fue regulada sobre nuevos principios por los ediles curules, que tenían a su cargo la policía de los mercados.Según el edicto de los ediles, el vendedor de esclavos o de ciertos animales estaba obligado a declarar expresamente los vicios o defectos de lo que vendía y a ofrecer garantías de su inexistencia. Si así no procedía, el comprador estaba autorizado a ejercitar la «actio redhibitoria», en el término de dos meses o la «actio quanti minoris», en el de seis» (5).

Es decir que, en esta época, se admitía la subsistencia de dos vías o acciones que poseían plazos diferentes, según hubiera existido garantía expresa o no. Mediante la redhibitoria se devolvía la cosa al vendedor y podía ejercitarse en el plazo de seis meses «cuando el vendedor ha dado caución por los defectos de la cosa» (6); o bien en el plazo de dos meses, si no había tal caución. Por el contrario, podía el comprador ejercer la «quanti minoris» en el plazo de un año si había previa caución, o bien en el plazo de seis meses si no se había otorgado caución alguna por el vendedor.

Posteriormente, parecería ser que con los compiladores de Justiniano, se «extiende el sistema edictal de los ediles curules a todas las compraventas» (7), determinándose las siguientes acciones: a. La «actio redhibitoria» que permite la resolución del negocio, devolviéndose la cosa al vendedor (8) y debe ejercitarse en el plazo de seis meses; b. La «actio aestimatoria» o «quanti minoris» que permite mantener el negocio, pero habilita a pedir la reducción del precio y que debe ejercitarse dentro del año; c. La «actio empti» que permite accionar contra el vendedor doloso para lograr la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, que no tiene plazo de ejercicio.

2.Concepto

Podemos brindar ya una noción conceptual de los vicios redhibitorios, en el derecho romano, sosteniendo que son «los defectos ocultos de la cosa, existentes al tiempo de la celebración de la compraventa, que la hacían inútil para su destino o que disminuían notoriamente su valor» (9).

Es decir que el instituto de los vicios redhibitorios se aplicaba al contrato oneroso de compraventa con relación a aquellos «defectos» (10) que tuviera la cosa, al momento de su celebración, que eran graves para su destino natural o bien que disminuían su valor para el comprador, generándose dos acciones con dos plazos diversos, a juicio o decisión exclusiva del comprador, ya sea para devolverla (redhibición) o bien para quedársela («quanti minoris»), compensándose la diferencia de valor tenida en mira al principio del acto jurídico.

Para la doctrina civil, se llaman «vicios redhibitorios» aquellos «defectos ocultos de la cosa que existen al tiempo de la adquisición y cuya importancia es tal que de haberlos conocido el comprador no la habría adquirido o habría dado menos por ella» (11). Desde otro lado, se ha dicho que son vicios redhibitorios «los defectos ocultos importantes de la cosa existentes al momento de su enajenación a título oneroso que, de haberlos conocido a la celebración del contrato, hubieran incidido evitándola o estableciendo un precio menor» (12).

A. Terminología

El vocablo «vicio» deriva del latín «vitium» que significa ‘defecto o falta de algo’. Por su parte, el vocablo «redhibitorio» procede del latín «redhibitorius», derivado del verbo «»redhibere» (devolver, hacer tomar), formado por el prefijo «red-» (variante de «re-«, ‘de nuevo’ y ‘otra vez’) y «habere» (‘tener’)» (13). Parafraseando a Ulpiano, por tanto, decimos que redhibir ‘es hacer que el vendedor tenga por segunda vez lo que había tenido; y porque esto se hacía volviéndolo, se llamó redhibición, que es lo mismo que volver’, o de-volver la cosa, agregamos nosotros.Como bien explica Borda, el término redhibitorio implica la «idea de que el adquirente tiene el derecho de hacer retomar la cosa al enajenante y de exigirle que este le devuelva el precio» (14). Compartiendo el aserto, se ha dicho que ese término significa «retomar, volver a tener» (15).

3. Naturaleza jurídica

Para la mayoría de la doctrina nacional, el instituto de los vicios redhibitorios es una «especie» de la denominada garantía de saneamiento.

Sin embargo, otros niegan la naturaleza jurídica de la «actio redhibitoria» como especie de la garantía de saneamiento afirmando, en estos términos, que sería más adecuado hablar de «responsabilidad» del enajenante: «constituye una responsabilidad objetiva, sin culpa, que obliga (.) a restituir las cosas a su estado primitivo -redhibición-, sea o no de buena fe. Si el enajenante conocía o debía conocer, por razón de su oficio o arte, los vicios o defectos ocultos de la cosa y no los manifestó al adquirente, responde además de los daños y perjuicios ocasionados» (17).

Desde una postura ecléctica, y sin profundizar demasiado, se ha dicho: «Se trata de una garantía que la ley reconoce a todo adquirente a título oneroso para ponerlo a cubierto de sorpresas desagradables y para brindar una mayor seguridad en los negocios jurídicos. Por ello, esa garantía es debida inclusive por el enajenante de buena fe, que desconocía los vicios. Es un caso de «responsabilidad contractual sin culpa»» (18). En igual sentido, se expide Nicolau afirmando que es «un supuesto de responsabilidad objetiva del transmitente, pues debe la garantía, aunque sea de buena fe» (19).

Por último, se ha propuesto «distinguir» la noción de vicio redhibitorio de la garantía legal por vicios redhibitorios, afirmando que la garantía «es la facultad legal objetiva por la que el adquirente a título oneroso de una cosa que padece tales defectos puede accionar por resolución del contrato o disminución del precio» (20).

4.Ámbito de aplicación

La especie de esta garantía de saneamiento, que denominamos como vicios redhibitorios, tiene como ámbito de aplicación «todos» los contratos onerosos que tengan por objeto cosas. Es decir, aquellos en los cuales existen ventajas y sacrificios recíprocos. Por lo cual, todo el que «transfiere el dominio de una cosa a otra persona por título oneroso debe garantía por ellos» (21).

En otros términos, la garantía de saneamiento tiene su fundamento en «que se otorgan al adquirente a título oneroso, se presenta como un efecto natural del vínculo, quien transmite algo y cobra por ello un precio debe garantizar que su adquirente no será molestado por otra persona que invoque un mejor derecho, y también debe asegurar que la cosa transmitida es apta para su destino y que no tenga defectos que disminuyan su valor» (22).

Por otro lado, comprende solo aquellos vicios o anomalías de «cosas», ya sean muebles o inmuebles. Por lo tanto, se aplican analógicamente a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación y que tengan utilidad económica.

En cambio, no resulta aplicable el régimen de los vicios redhibitorios a los derechos intelectuales «porque no se trata de cosas materiales, no puede haber vicio en la materialidad, sino un vicio en el derecho, y en consecuencia debe aplicarse el régimen de la garantía de evicción» (23).

5. Proyectos de modificación

El Proyecto de Código único o también conocido como «Proyecto de 1987», en las modificaciones al Libro II del Código Civil no modificó el concepto ya analizado del art. 2164. Sin embargo, incluyó como nuevo art. 2176 el siguiente texto:«Si el vendedor conoce o debía conocer, por razón de su oficio o arte, los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá este, a más de las acciones de los artículos anteriores, el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos si optare por la rescisión del contrato».

»Cuando se trate de productos de consumo, se aplicará la imputación objetiva de responsabilidad del art. 1113. Responderán concurrentemente el vendedor, el productor o fabricante, el importador, el mayorista, y quien haya puesto su marca en el producto, sin perjuicio de las acciones de regreso».

Como vemos, se mantiene inalterado el carácter de accesoria de la acción de daños, si el comprador acciona mediante la redhibitoria, y para e l supuesto de omisión u mala fe del vendedor que conocía el vicio oculto.

Se advierte que el párrafo segundo propuesto incluía la responsabilidad «objetiva y concurrente» de toda la cadena de producción, para aquellos casos regidos por el derecho del consumidor que, recordemos, al momento de su presentación no existía en la República Argentina (24).

El Proyecto de la Comisión designada por el Decr. 468/92 o Proyecto del Ejecutivo de 1993, estableció en el Libro II, Sección III «De las fuentes de las obligaciones», Parte I «De los contratos en general», Título X «De los efectos de los contratos onerosos», dos capítulos: a. Capítulo I «De la evicción» (arts. 906 a 917); b. Capítulo II «De los vicios redhibitorios» (arts. 918 a 929). En otros términos, este Proyecto «no contiene un apartado para la obligación de saneamiento en general, sino que destinaba todo un Título a los efectos de los contratos onerosos (arts. 906 a 929, con 24 artículos), dividido en la garantía por evicción y la garantía por vicios redhibitorios» (25).

El art. 918 definía a los vicios redhibitorios:«Son vicios redhibitorios los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso, goce o posesión, se transmitió por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, que la hicieren impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, si de tal modo disminuyeren el uso de ella que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido o habría dado menos por ella» (26).

El Proyecto de la Comisión Federal de Juristas de 1993 no estableció la obligación de saneamiento, restringiéndose a modificar normas de los contratos, en general y en particular. En lo que nos interesa, al regular el contrato de compraventa estableció en el art. 1353: «El vendedor responde por evicción y vicios redhibitorios» (27).

El Proyecto de Código Civil para la República Argentina de 1998 trata la obligación de saneamiento (28) en la Sección VIII, Cap. IX, Título II, del Libro IV, desde los arts. 997 a 1022, brindando disposiciones generales en el parágrafo 1.°, y regulando luego la garantía de evicción (parágrafo 2.°) y la garantía por defectos ocultos (parágrafo 3.°), siguiendo una metodología germana.

En los Fundamentos, expresa: «El saneamiento, pues, abarca las garantías por evicción y por vicios redhibitorios; tal es también su comprensión conforme al Diccionario de la Real Academia Española. Pero excede ese ámbito, pues la garantía por evicción obliga al transmitente a título oneroso a salir en defensa del adquirente (art. 2108 del Código Civil) y, si la evicción se produce, a hacerle restituciones y a indemnizarlo (por ejemplo, arts. 2118 a 2121 del CCiv); la garantía por vicios redhibitorios da derecho al adquirente a título oneroso para «ejercer la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato», y -si se trata del comprador- «la acción para que se baje del precio el menor valor de la cosa por el vicio redhibitorio» (acción «quanti minoris» o estimatoria) (arts. 2165, 2172 y 2174 del CCiv). El saneamiento -mencionado a veces por el Código Civil, arts.1414, 2109, 2110, 2159, 2173, 3957, nota a los arts. 923 y 3970- va más allá, porque también da lugar a que el adquirente ejerza las acciones de cumplimiento del contrato: por lo tanto, aquel tiene asimismo derecho a requerir al garante que perfeccione el título, o subsane los defectos (art. 505, inc. 1, del CCiv), o que le indemnice los daños que ha sufrido (art. 505, inc. 3, del Código Civil). Tanto la garantía por evicción como la garantía por vicios redhibitorios son consideradas «cláusulas naturales» de los contratos onerosos, incluyendo a las donaciones con cargos y remuneratorias (arts. 2097, 2173, 2180, 2146 del CCiv)» (29).

En el art. 1015, inc. b, considera que hay vicios redhibitorios «si los defectos son de tal importancia que hacen la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación habría sido significativamente menor» (30).

El Proyecto de 1998 constituye el antecedente inmediato del Código Civil y Comercial de la Nación.

III. EL NUEVO SISTEMA DE VICIOS REDHIBITORIOS EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

1. Del método

El Código Civil y Comercial de la Nación, siguiendo al Proyecto de 1998, posee una parte general (Libro I) y una parte general del contrato (Libro III), pero además ha incorporado, como novedad metodológica, algunos institutos propios del derecho de defensa del consumidor, como propiciaba la autorizada doctrina. En particular, incluyó la relación de consumo (art. 1092 ), definió el contrato de consumo (art. 1093 ) como tipo general y transversal a los contratos, principios que informan la materia propia del consumidor (arts. 1094 y 1095 ) y la regulación específica del proceso de formación del consentimiento.A su vez, el texto de la Comisión de reformas en materia de obligación de saneamiento y que también «tiene su fuente inmediata en el Proyecto de Código Civil de 1998, del cual se ha tomado la regulación del instituto introduciéndose algunas mínimas modificaciones o quitas» (31).

Precisamente, en la parte general del contrato, reglamentó la obligación de saneamiento (32) (arts. 1033 a 1058), estableciendo tres parágrafos, a saber: Parágrafo 1.° «Disposiciones generales»; Parágrafo 2.° «Responsabilidad por evicción», Parágrafo 3.° «Responsabilidad por vicios ocultos».

Dentro de las disposiciones generales establece los sujetos responsables (art. 1033), las garantías comprendidas en la obligación de saneamiento (art. 1034 ), incorpora como supuesto las adquisiciones a título gratuito (art. 1035 ), limitándola a una adquisición anterior a título oneroso, ratifica su carácter de cláusula natural de los contratos onerosos bajo el epígrafe «Disponibilidad» (art. 1036 ), determina la interpretación restrictiva para el caso de supresión y disminución de la garantía (art. 1037 ) y establece los supuestos en los cuales se las tiene por «no convenidas» (art. 1038 ), según haya sido el conocimiento o la actuación profesional del enajenante o el adquirente.

Luego desarrolla los criterios de responsabilidad. Así, determina las «opciones» en materia de responsabilidad que posee el acreedor de la obligación (art. 1039 ), siguiendo al art. 10 bis de la Ley 24.240; dispone como principio general la responsabilidad por daños (art. 1040 ), reglamentándose las excepciones; los casos de pluralidad de bienes (art. 1041 ) y de sujetos obligados (art. 1042 ); y restringe la posibilidad de invocar la ignorancia o error del obligado al saneamiento (art. 1043 ).

En lo que nos interesa, el parágrafo 3.° establece la «Responsabilidad por vicios ocultos», a partir del art.1051 hasta el 1058 , «con lo cual se advierte que el CCCN sigue la metodología de considerar los vicios ocultos en general, para luego diferenciar cuáles generarán responsabilidad de los que no lo hacen» (33).

Sin embargo, la cuestión metodológica se ha solucionado parcialmente en comparación a la del Código de Vélez, que regulaba la evicción y los vicios redhibitorios luego del contrato oneroso de renta vitalicia, como un efecto natural de los contratos onerosos. En efecto, con Nicolau y aplicándola extensivamente a los vicios redhibitorios, decimos que «el problema metodológico se supera parcialmente porque, si bien ahora se ubica el tema en la teoría general del contrato, en estricto sentido técnico jurídico hubiera sido preferible ubicarlo en una Parte general, en el régimen de los actos jurídicos porque el instituto refiere a cualquier transmisión de derechos o división de bienes» (34).

Empero, además, existe otra cuestión de diseño y que corresponde señalar, y es aquella que tiene su relación cuando en el caso se configura un contrato de consumo (art. 1093), en virtud de que las soluciones legales previstas en las disposiciones generales relativas a la obligación de saneamiento deberán ser confrontadas con los principios interpretativos del derecho de defensa del consumidor, insertos en el propio Código Civil y Comercial (arts. 1094 y 1095) como en el régimen especial (art. 3 y 37 de la LDC). En otras palabras, el «régimen especial de responsabilidad derivado del saneamiento previsto en el Código Civil y Comercial contradice en algunos aspectos la normativa de protección al consumidor (Ley 24.240 y art.42 de la CN) por lo que habrá que tener en cuenta en el caso concreto que, ante la duda, prevalece la norma más protectoria que, por lo general, será la norma especial de protección al consumidor» (35).

En suma, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del 1 de agosto de 2015, existirán dos regímenes legales, según sea el caso. Por un lado, habiéndose unificado la materia civil y comercial, estará el régimen legal del Código para aquellas adquisiciones mediante contratos perfeccionados a título oneroso, con la salvedad del art. 1035. Por otro lado, el régimen especial (36) de la Ley 24.240 y aquellas normas complementarias y concordantes, cuando se perfeccione un contrato de consumo.

2. Noción

El Código Civil y Comercial ha reformulado la noción de vicios ocultos que nos viene del derecho romano, adaptándola al régimen del consumidor, y estableciendo un nuevo concepto, en estos términos:

A. Reformulación de la noción

«Art. 1051 – Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos. La responsabilidad por defectos ocultos se extiende a: a) los defectos no comprendidos en las exclusiones del art. 1053; b) los vicios redhibitorios, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa improp ia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor» (37).

Por un lado, mantiene el concepto tradicional, con ligeras variantes, al definir a los vicios redhibitorios como «los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, el adquirente no la habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente menor». Las variantes, las encontramos, precisamente, en la frase «razones estructurales o funcionales» que tiene su antecedente mediato en el art. 918 del Proyecto del Ejecutivo de 1993 (art.918) lo cual «amplía el espectro de casos» (38).

En efecto, recordemos que la mayoría de la doctrina consideraba que el art. 2164 del Cód. Civil establecía una noción abstracta de vicio redhibitorio, en la cual el juicio era objetivo y dependía de la naturaleza de la cosa. Esta noción «estructural» comprende dos elementos: que exista un defecto de la cosa y que ese defecto la haga impropia para su destino o que disminuya el uso de ella. Por el contrario, la norma recepta el criterio «funcional», que es un juicio subjetivo y que depende del «destino o uso que le iba a dar el adquirente concreto» (39), siempre y cuando el enajenante hubiera tenido «conocimiento» de él. En otros términos, interesa el «destino concreto que le daría el adquirente. Frente a esto se formula una noción funcional de vicio, diciendo que hay vicio redhibitorio cuando el defecto de la cosa la hace impropia para el adquirente concreto, para el uso que motivó su adquisición en un caso dado, de manera que se extiende o se restringe el concepto de vicio redhibitorio» (40). Con razón, se ha dicho que dependerá del juez «apreciar en cada caso particular la gravedad del vicio en función del destino previsto para la cosa adquirida, cuando esa finalidad no está especificada en el contrato, habrá de estarse al uso común que normalmente se le da» (41).

En suma, comprenden o integran la nueva noción de vicio redhibitorio todos aquellos «vicios de estructura, de formación, de conformación, de producción, como los que afectan las funciones, actividades, utilidades, dinamismo esencial de la cosa.También podrá entenderse como vicio a aquel que no hace al dinamismo por ser la cosa estática, pero inútil para su función (banco de madera con una de sus patas en mal estado). No se comprenderían los vicios leves o defectos de estructura o de funciones que no hacen a la esencia de la cosa, es decir aquellos que son secundarios o que de tan pequeños no devalúan a la cosa en su sustancia, pues por lo que afectan no fue precisamente adquirida» (42).

Por otro lado, extiende la responsabilidad por vicios ocultos a aquellos «defectos no comprendidos en las exclusiones del art. 1053», que interpretado «a contrario» incluiría a aquellos defectos que el adquirente no conoció a pesar de un examen adecuado al momento de la adquisición o bien hizo reserva expresa sobre ellos o bien revestían características especiales de complejidad, de acuerdo con los usos del lugar. Como también están incluidos los defectos que existían al tiempo de la adquisición. Veamos su texto:

«Art. 1053 – Exclusiones. La responsabilidad por defectos ocultos no comprende: a. los defectos del bien que el adquirente conoció, o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, excepto que haya hecho reserva expresa respecto de aquellos. Si reviste características especiales de complejidad, y la posibilidad de conocer el defecto requiere cierta preparación científica o técnica, para determinar esa posibilidad se aplican los usos del lugar de entrega; b. los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición. La prueba de su existencia incumbe al adquirente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la transmisión» (43).

En consecuencia, podemos concluir que existen defectos ocultos o vicios redhibitorios «per se» o clásicos y defectos extensibles por las partes contratantes (arts. 1052 y 1053), que también están incluidos en la garantía.Se ha mencionado, por tanto, que están contenidos también en la noción, pero mediante una interpretación «a contrario sensu», los siguientes: «a. los defectos del bien que el adquirente conocía o debió haber conocido mediante dicho examen al momento de la adquisición, es decir, de la tradición de la cosa y b. los defectos del bien que existían al tiempo de la adquisición (art. 1051, inc. a)…» (44).

B. Requisitos

La doctrina mayoritaria, con relación al Código Civil de Vélez, enunciaba los requisitos que debían cumplirse para que funcionara la garantía por vicios redhibitorios de la siguiente manera (45): a) Debe tratarse de un vicio material en la cosa en sí misma; b) Existente al tiempo del negocio; c) El negocio debe ser de transmisión a título oneroso; d) Debe estar oculto; e) Debe ser grave; f) El adquirente debe haberlo ignorado; g) No debe haber pacto expreso de irresponsabilidad por vicios redhibitorios.

Pues bien, corresponde ahora indagar en torno al nuevo concepto que surge del Código Civil y Comercial, del cual se ha brindado una noción y que citamos a continuación: «. el adquirente no conocía los defectos o no debía haberlos conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición y no deben existir al tiempo de la adquisición, mismos requisitos que se exigen para considerar a un vicio redhibitorio como abarcado por la garantía, a lo que se le debe añadir que los defectos deben hacer la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales o disminuir su utilidad a tal extremo que, de haberlos conocido, no habría adquirido el bien o hubiera pagado mucho menos. También debemos reiterar que se pueden hacer vicios redhibitorios de los que no lo son por ampliación convencional de la garantía (art. 1052)» (46).

C.Naturaleza jurídica

Por último, también se ha reformulado la naturaleza jurídica de garantía que surgía de los textos del Código de Vélez, y se ha optado por considerarla ahora como «responsabilidad por vicios ocultos». Ello surge prístino del epígrafe del art. 1051 que reza «Contenido de la responsabilidad por vicios ocultos».

En términos similares, se expresó que ha sido receptada por la ley «la categoría de responsabilidad por evicción y redhibición, aunque no se la califique, es evidente que se trata de una responsabilidad civil objetiva» (47). Comparte el aserto Crovi, afirmando que «la responsabilidad por los vicios redhibitorios constituye una responsabilidad objetiva, sin culpa, que obliga al enajenante a restituir las cosas a su estado primitivo (redhibición) sea o no de buena fe, pero hay defectos que no originan responsabilidad» (48).

Recordemos que la doctrina no era pacífica en torno a la naturaleza jurídica de esta especie de la garantía de saneamiento, en el Código de Vélez, esbozándose diferentes tesis que mencionamos a continuación.

Para la mayoría de la doctrina nacional, el instituto de los vicios redhibitorios es una «especie» de la denominada garantía de saneamiento (49). Para otros, en cambio, negaban esta configuración afirmando que sería más adecuado hablar de «responsabilidad» del enajenante (50), postura que parece haber sido receptada por la norma citada.

Por último, algunos sostenían una postura ecléctica (51), pero caracterizándose como una responsabilidad sin culpa. En igual sentido, se expide Nicolau afirmando que es «un supuesto de responsabilidad objetiva del transmitente, pues debe la garantía, aunque sea de buena fe» (52).

3. Presupuestos de la responsabilidad

Por lo tanto, de un análisis abarcativo de los arts. 1051, 1052 y 1053 del Código Civil y Comercial, para que sea procedente la responsabilidad por vicios ocultos, se requiere encuadrar el caso en algunos de los supuestos siguientes: a. Defectos que el adquirente no conoció a pesar de un examen adecuado al momento de la adquisición o bien hizo reserva expresa sobre ellos (art.1053, inc. a); b. Defectos que revestían características especiales de complejidad y requieren preparación (científica o técnica), de acuerdo con los usos del lugar (art. 1053, inc. a); c. Defectos que existían al tiempo de la adquisición (art. 1053, inc. b); d. Defectos que hacen la cosa impropia para su destino, ya sea estructural o funcional (art. 1051); e. Defectos que las partes establecen convencionalmente (art. 1052, inc. a); f. Garantía de inexistencia de defectos del enajenante (art. 1052, inc. b); g. Garantía especial concedida por el fabricante o comercializador (art. 1052, inc. c).

Veamos alguno de ellos.

A. Defectos que el adquirente no conoció a pesar de un examen adecuado al momento de la adquisición o bien hizo reserva expresa sobre ellos (art. 1053, inc. a)

Este supuesto se aplicará por lo general en contratos comerciales o empresarios, en los cuales se requiere, previamente, realizar un análisis de los bienes adquiridos. Si se trata de «cosas de género», se realizan muestreos, en los cuales puede o no surgir el defecto. A todo evento, en ambos casos, también es factible realizar una expresa reserva para el supuesto de exteriorizarse luego el vicio.

Cabe recordar que el art. 2173 del CCiv no establecía un criterio claro, por lo cual los autores esbozaban diferentes opiniones. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, existiendo opiniones encontradas entre los autores (53). Así, Borda sostenía que se trata de una cuestión sujeta a la libre apreciación judicial, bastando «con el cuidado que pone en sus negocios un propietario diligente» (54). Parecía compartir el aserto Nicolau, cuando decía que el «vicio es oculto cuando el adquirente emplea la diligencia adecuada al caso , según las circunstancias de tiempo, lugar y personas (art.512 del CCiv) y, aun así, no puede detectarlo» (55).

Por último, Calderón afirmaba que la «diligencia del adquirente debe apreciarse en concreto, conforme las circunstancias del caso, no requiriéndose el examen de un experto, excepto en los negocios en que, por sus características o magnitud, las reglas de la prudencia imponen dicho examen» (56).

B. Defectos que revestían características especiales de complejidad y requieren preparación (científica o técnica), de acuerdo con los usos del lugar (art. 1053, inc. a)

El art. 926 del Proyecto de 1993 establecía: «Se considerará que el vicio es oculto cuando no sea aparente para una persona que cuente con conocimientos ordinarios a su respecto. Solo se requerirá especial preparación científica o técnica cuando la cosa revistiese una complejidad que excede la común, conforme a los usos del lugar de celebración del contrato».

Es dable advertir que la materia civil y comercial se ha regulado conjuntamente en el Código Civil y Comercial, siguiendo al Proyecto de 1993 y de 1998, por lo cual habrá supuestos en los cuales se requiera una preparación particular o específica y que serán aquellos propios del derecho empresario. En el caso antedicho, el «enajenante se libera de responsabilidad si el adquirente conocía los vicios o si tenía la posibilidad de conocerlos por su preparación científica o técnica. La aplicación de este eximente queda librada al criterio judicial» (57) y que será tamizada por los usos del lugar, criterio propio del derecho comercial.

C. Defectos que existían al tiempo de la adquisición (art. 1053, inc. b)

Toda la materia de vicios redhibitorios exige que el defecto material de la cosa sea grave y oculto, para el adquirente, pero que ya se encuentre en germen o potencia. Por lo tanto, los vicios «deben existir al momento de la adquisición, aunque se hagan visibles con posterioridad.Las circunstancias posteriores que hagan impropia la cosa o disminuyan su valor no hacen funcionar esta garantía porque son fruto del desgaste por el uso normal o devienen del caso fortuito» (58).

La norma sigue los antecedentes romanos y del Código de Vélez, que también entendían aplicable la noción, en la medida que el vicio existiera como regla (59) al momento del negocio, o, en rigor, de la adquisición -art. 2168 (60)-, que debía ser entendido cuando se hizo la «tradición» de la cosa (arg. art. 577 del CCiv), y no cuando se celebró o se perfeccionó el contrato, aplicándose la teoría del título y del modo (61). En sentido contrario, aquellos posteriores al momento de la tradición «no son imputables al vendedor y deben atribuirse a la acción del tiempo o a culpa del adquirente» (62).

D. Defectos que hacen la cosa impropia para su destino, ya sea estructural o funcional (art. 1051)

Estos vicios deben hacer que la cosa adquirida o transmitida «sea impropia» para su destino, tanto abstracto (estructural) como concreto (funcional). Se ha receptado la postura doctrinal que propiciaba un «juicio subjetivo» en el cual el adquirente adquirió la cosa para un destino particular y así lo había manifestado al enajenante. En tal sentido, se dijo que la «impropiedad (estructural o funcional) de la cosa para su destino solo es exigible a los fines de ejercer la acción por resolución contractual o redhibitoria, no así la acción por disminución del precio o «quanti minoris»» (63).

Por lo tanto, la jurisprudencia deberá valorar ahora no solo el carácter del vicio de la cosa en «su naturaleza, sino también se atenderá a las previsiones de las partes expuestas en el contrato» (64).

Se ha abandonado, por tanto, la noción abstracta o estructural contenida en el art. 2164 del Código de Vélez (65), considerada como tal por la mayoría de la doctrina porque la noción conceptual del vicio redhibitorio «se construye a partir de dos elementos:que exista un defecto en la cosa y que ese defecto la haga impropia para su destino o disminuya el uso de ella» (66).

E. Defectos que las partes establecen convencionalmente (art. 1052, inc. a)

La norma tiene su antecedente en el art. 2167 del CCiv, que admitía que las partes establecieran como vicios redhibitorios a aquellos que naturalmente no lo fueran. En términos similares, el art. 920 del Proyecto de 1993 establecía: «Pueden también por contrato hacerse vicios redhibitorios de los que no lo son, cuando el enajenante garantice la no existencia de ello o la calidad de la cosa pretendida por el adquirente».

Pues bien, ahora las partes podrán también «agravar la responsabilidad» del enajenante o transmitente a título oneroso (art. 1036). Estas cláusulas serán habituales en derecho empresario, no así en materia del derecho de defensa del consumidor.

F. Garantía de inexistencia de defectos del enajenante (art. 1052, inc. b)

El art. 919 del Proyecto de 1993 rezaba, en su proemio: «El enajenante garantiza la ausencia de vicios redhibitorios de la cosa». Recordemos que, en el derecho romano, el enajenante también podía brindar una garantía expresa de la inexistencia de defectos en las cosas vendidas (animales o esclavos).

G. Garantía especial concedida por el fabricante o comercializador (art. 1052, inc. c)

Este supuesto pueda darse tanto en la contratación empresaria como en el derecho del consumidor, según el producto, en el cual cualquier eslabón de la cadena de producción o comercialización amplifique su responsabilidad garantizándose la calidad del bien.

En el segundo párrafo de la norma comentada, se admite que el adquirente en este supuesto tendrá la opción de ejercer los derechos resultantes de la garantía especial o bien recurrir al régimen habitual de vicios redhibitorios, salvo pacto en contrario.

4.Modificación convencional

En el régimen del Código Civil, la garantía por vicios redhibitorios constituía una «cláusula natural» del contrato oneroso y que la ley insertaba «supletoriamente» en el plexo contractual ante el silencio de las partes (art. 2173). Empero, también, esta garantía podía convertirse en «accidental», si las partes modificaban la ley, ya sea por exceso (67) o bien por defecto, con fundamento en la autonomía privada. Por ejemplo, pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios redhibitorios, conforme la pauta autorizada por el art. 2166 del CCiv, siendo que el «límite a la autonomía de la voluntad está dado por el dolo, por lo que la supresión o disminución de la garantía si hubo engaño, serían nulas» (68). En tal caso, por el fraude «habría dolo y no podría admitirse la validez de tales cláusulas sin amparar una conducta contraria a la lealtad» (69).

A. Disponibilidad de la garantía

El Código Civil y Comercial ha ratificado el criterio de considerar la obligación de saneamiento -art. 1036 (70)- como una cláusula natural del contrato y también posibilita a las partes aumentarla, disminuirla e incluso suprimirla. En otros términos, en ambos «Códigos, en el Civil y en el CCyCN, se puede disponer de la garantía por saneamiento, pero se tendrá por dispuesta si las partes nada dicen al respecto, a pesar de que este último punto no es aclarado por el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero sí en el CCyCN, como también lo hacían los Proyectos de 1992 y 1998 (71)».

Sin embargo, el límite ha sido modificado de doble manera. Por un lado, las cláusulas de «supresión y disminución de la responsabilidad» son de interpretación restrictiva -art.1037 (72)-, por lo cual «en caso de duda se concluirá que la tiene o cubre el caso en discordia» (73). Por otro lado, se eliminaron las referencias a la mala fe y al dolo que contenía el Código Civil de Vélez (art. 2166), incorporándose dos supuestos en los cuales la supresión y disminución de la responsabilidad se tendrán por «no convenidas»: a) Si el enajenante conoció o debió conocer la existencia de los vicios; b) Si el enajenante actúa profesionalmente en la actividad.

Por lo demás, el art. 1052 establece los supuestos en los cuales las partes pueden establecer convencionalmente o como cláusula accidental del contrato, cuando un defecto se clasificará como redhibitorio, en estos términos:

«Art. 1052 – Ampliación convencional de la garantía. Se considera que un defecto es vicio redhibitorio: a) si lo estipulan las partes con referencia a ciertos defectos específicos, aunque el adquirente debiera haberlos conocido; b) si el enajenante garantiza la inexistencia de defectos, o cierta calidad de la cosa transmitida, aunque el adquirente debiera haber conocido el defecto o la falta de calidad; c) si el que interviene en la fabricación o en la comercialización de la cosa otorga garantías especiales. Sin embargo, excepto estipulación en contrario, el adquirente puede optar por ejercer los derechos resultantes de la garantía conforme a los términos en que fue otorgada» (74).

B. De los contratos comprendidos

En el régimen del Código Civil, estaba claro que tratándose la garantía por vicios ocultos de un «efecto natural de los contratos onerosos», estaban comprendidos todos aquellos en los cuales existía una ventaja con un sacrificio respectivo. Por ello, la doctrina mencionaba al contrato de compraventa como contrato principal, en el cual también se extendía su aplicación a la donación con cargo o remuneratoria.

El Código Civil y Comercial, en su art. 1033, dispone su aplicación al transmitente por título oneroso como también a aquellos antecesores, si han efectuado la transferencia a título oneroso (art.1035). Esta última solución ya había sido propiciada por la doctrina, al calor del Código de Vélez. Por ello, se ha dicho que «los subadquirentes a título gratuito que hubieren obtenido el bien del adquirente a título oneroso podrán disponer de esa garantía. Esos subadquirentes podrán hacer uso de la garantía contra el transmitente originario siempre y cuando ya no se hubiera hecho uso de ella por el adquirente oneroso o el defecto no hubiera desaparecido» (75 ).

«Art. 1033 – Sujetos responsables. Están obligados al saneamiento: a. el transmitente de bienes a título oneroso; b. quien ha dividido bienes con otros; c. sus respectivos antecesores, si han efectuado la correspondiente transferencia a título oneroso».

IV. DE LAS ACCIONES Y CARGAS DEL ACREEDOR

Una vez que el acreedor de la obligación de saneamiento ha descubierto un vicio redhibitorio en el bien adquirido, el Código Civil y Comercial ha establecido una serie de cargas y de opciones a su favor, ya sea en la parte general como en particular en materia de vicios redhibitorios, y que esquematizaremos a continuación.

1. De las cargas previas: La denuncia

Para que el acreedor pueda ejercer alguna de las opciones legales contenidas a su favor, previamente debe cumplir algunas cargas que ahora se han establecido.

Así, el adquirente tiene la carga de denunciar la existencia del defecto oculto al garante dentro del plazo de 60 días de haberse manifestado o bien desde que el adquirente pudo advertirlo, si se exteriorizó en forma gradual -art. 1054 (76)-. Este último supuesto es novedoso, ya que se caracteriza por la «manifestación gradual del defecto, en tal caso el plazo se inicia desde que el adquirente pudo advertirlo (acá si se asemeja a la idea de descubrimiento, solo que se fijará en el momento que razonablemente debió haberlo descubierto)» (77).

Luego se regulan dos supuestos de plazos mediante los cuales el garante puede desobligarse de esta garantía, a saber: a) Plazo de extinción: Incumplimiento de la carga -art. 1054-; b) Plazo de caducidad de la garantía -art.1055- (78).

Pues bien, si el adquirente no denunció la configuración del vicio redhibitorio (arts. 1051, 1052 y 1053) en el plazo de 60 días corridos, se extingue la responsabilidad del garante por vicios ocultos. Entendemos que la denuncia debe ser realizada al garante por algún medio fehaciente que le permita cumplir con esta carga y al mismo tiempo le sirva para preconstituir la prueba de dicho hecho. La norma que comentamos tiene su antecedente inmediato en el art. 1018 del Proyecto de 1998, «pero esta última norma no preveía que el incumplimiento de la carga de denunciar el defecto extingue la responsabilidad por vicios ocultos, aunque si estaba prevista la falta de denuncia como causa de caducidad de garantía en el artículo siguiente» (79).

Asimismo, se han regulado dos plazos de caducidad según se trate de un inmueble o mueble. Para cuando se traten de cosas inmuebles el plazo legal es de tres años «desde que la recibió» (art. 1055, inc. a); y para las cosas muebles será de seis meses «desde que la recibió o puso en funcionamiento» (art. 1055, inc. b).

En suma, alguna doctrina explica que si «se trata de un vicio oculto que hace a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, que el adquirente no conoció o no debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de la adquisición, y que el mismo defecto existía al menos en su germen al tiempo de la entrega del bien, el adquirente debe denunciarlo dentro de los 60 días de haberse manifestado, plazo idéntico si se trata de un inmueble o un mueble, pero ante la caducidad de la garantía por los defectos ocultos impuesta por la norma, esa denuncia podrá hacerse, aún en el último día, siempre que no hayan transcurrido 3 años desde que se recibió el inmueble o 6 meses desde que la cosa mueble se recepcionó o se puso en funcionamiento» (80).

Por último, en el párr.3.°, se establece una regla que admite la ampliación convencional de los plazos antedichos, aspecto sobre el cual la doctrina discutía en torno a su legalidad. También se ha distinguido el instituto de la caducidad en los contratos del plazo de prescripción liberatoria al remitirse al Libro VI.

2. Opciones generales a favor del acreedor

De las disposiciones generales (parágrafo 1.°) de la Sección IV de la «Obligación de saneamiento» y conforme el art. 1039 (81) del CCivCom, el acreedor puede elegir entre: a. Reclamar la subsanación de los vicios; b. Reclamar un bien equivalente cuando sea fungible; y c. Pedir la resolución (82) del contrato.

De este modo, siguiéndose las «opciones» previstas por el art. 10 bis de la LDC, se ha establecido un criterio similar en general para el acreedor de la obligación de saneamiento. Comenta Nicolau que esta dirección resulta «concordante con la tendencia que muestran distintos modelos jurídicos en el derecho comparado, entre los cuales cabe mencionar al Código Civil alemán reformado (parágrafos 434, 435, 437 y 439 para la regulación del saneamiento en el contrato de compraventa), la Directiva 99/44/CE sobre «Determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo» (art. 3), y los Principios Europeos de los contratos (vg. reglas 8101, 8102, y las contenidas en el Cap. IX de los PECL), entre otros (83)».

La norma dispone tres posibles opciones para el acreedor: a. Reclamar la subsanación de los vicios, en la medida que ello fuere posible; b. Reclamar un bien equivalente cuando sea fungible; y c. Pedir la resolución del contrato.

La primera opción del acreedor consiste en reclamar el saneamiento «stricto sensu» de los vicios fácticos de la cosa. Tratándose, por lo general, de aquellos defectos que sean graves, pero que no hacen a la esencia de la cosa. En tal sentido, se dijo que «por estos vicios no podrá ejercer las acciones de reclamo de un bien equivalente si era fungible (art. 1039, inc.b) o la resolución del contrato (art. 1039, inc. c), acciones solamente disponibles para cuando el vicio la hace impropia para su destino, aunque el acreedor también podrá ejercer la acción de daños y perjuicios» (84).

Con respecto a esta última opción, con López de Zavalía, creemos que el término correcto debió haber sido «rescisión» (85). Con otros argumentos, Nicolau afirma que «la resolución es el medio de extinción del acto por causa sobrevenida. En nuestra opinión, se trata de un error técnico que debiera subsanarse sobre todo en materia de evicción. La existencia del vicio en el derecho al momento de la transmisión implica que el acto tiene un vicio originario y, en consecuencia, es pasible de nulidad relativa, que puede, o no, ser alegada por el adquirente porque solo a él beneficia» (86).

En iguales términos ocurre con el vicio redhibitorio, puesto que se encontraba en la cosa antes de su transmisión, pero se exteriorizó luego de la tradición, por lo tanto técnicamente correspondería una rescisión y no una resolución del contrato.

Corresponde recordar, a fin de aventar interpretaciones equivocadas, que el art. 1039 del CCivCom establece distintas opciones a favor del acreedor de la obligación de saneamiento, pero que no son acumulables. Bien se ha dicho que son «opcionales», y «habiendo ejercido el acreedor de la obligación de saneamiento una de esas acciones señaladas, ya no podrá ejercer la otra, es decir que una vez realizada la opción, no se puede volver atrás, tampoco son acumulables, pero la acción por los daños sufridos sí puede adicionarse a la acción elegida» (87) (volveremos más adelante sobre esta última acción).

3. Opciones específicas del acreedor

En materia de vicios redhibitorios, el acreedor de la garantía posee opciones específicas en materia de resolución (88) del contrato, cuando elija esta opción. Para ello, el art. 1056 (89) establece que:a) Debe tratarse de un vicio redhibitorio; b) Si se utilizó la ampliación convencional de la garantía.

Esta solución, como bien se dijo, no estaba prevista en el Código Civil para el supuesto de «vicios redhibitorios, sino que estaban previstas la acción redhibitoria para dejar sin efecto el contrato y la acción de reducción del precio -«quanti minoris o estimatoria»- (arts. 2165, 2172 y 2174 del CCiv)» (90).

Sin embargo, se ha establecido un límite para la resolución del vínculo en el art. 1057, en estos términos:

«Artículo 1057 – Defecto subsanable. El adquirente no tiene derecho a resolver el contrato si el defecto es subsanable, el garante ofrece subsanarlo y él no lo acepta. Queda a salvo la reparación de daños» (91).

Por lo cual, si el defecto del bien es subsanable (art. 1039 inc. a) y el garante ofrece expresamente solucionarlo o enmendarlo, el acreedor puede aceptar o no esta solución. Si la acepta, no hay problema alguno. Empero, si no la acepta, tampoco podrá resolver el contrato por imperio legal (art. 1039 inc. c, «a contrario» y 1057 «in fine»), sin perjuicio de quedarle la reparación de daños y de los casos específicos del régimen del consumidor.

Dependerá del caso concreto determinar cuándo un defecto es subsanable y qué plazos tendrá el garante para solucionar el desperfecto. En otros términos, esta cuestión particular dependerá de «los usos y prácticas, dentro ?de? un tiempo razonable, aunque la norma no haga referencia a tales circunstancias» (92).

4. Derogación de la «actio quanti minoris»

Empero, cabe alertar que, con esta disposición, el Código Civil y Comercial ha derogado la acción estimatoria o «quanti minoris», porque no faculta al acreedor de la obligación de saneamiento a quedarse con la cosa, mediante una disminución del precio.

A. Antecedentes del Código Civil

Las acciones que se originaban ante el cumplimiento de los requisitos esbozados en el art.2164 del CCiv, en materia de compraventa y siguiendo a las fuentes romanas, eran la «redhibitoria» o también conocida como «rescisoria» (93) y la «quanti minoris» o estimatoria.

La primera tiene por objeto la devolución de la cosa al vendedor por ser impropia para su destino esencial; en cambio, en la segunda se persigue que «se disminuya» su precio al menor valor de la cosa que posee el vicio, ya que todavía es susceptible de uso o goce por parte del adquirente. Empero, hay que tener en cuenta que la conjunción «o» implica que el adquirente podrá intentar (94) una u otra, pero una vez elegida alguna de ellas, ya no podrá int entar la otra (95) (art. 2175), agregándose la «acción de daños» para el supuesto de que se intente la «redhibitoria» y siempre que el vendedor haya conocido el vicio y no lo haya manifestado al adquirente (art. 2176) (96): «es decir, procede en caso de dolo y como accesoria de la actio redhibitoria».

En conclusión, esta especie de la garantía de saneamiento otorgaba al adquirente cuatro acciones: a) Acción redhibitoria; b) Acción estimatoria; c) Acción de daños y perjuicios como accesoria; d) Acción de cumplimiento para cosas de género.

B. Proyectos de unificación

El Proyecto de 1993 mantenía ambas acciones, la redhibitoria y la «quanti minoris», en estos términos: «La existencia de vicios redhibitorios habilitará al adquirente para demandar la resolución. En los contratos en que se hubiese pagado un precio en dinero, también contará con una acción para requerir su disminución». Comentándose la norma, los proyectistas afirmaron que abre «la posibilidad del adquirente de ejercer la acción redhibitoria o la «quanti minoris» cuando existe precio en dinero. De este modo, se mejora la solución actual, en la cual el art. 2180 rectifica lo establecido en el art.2172, que solo alude a compradores y vendedores al referirse a la acción por reducción del precio» (97).

El Proyecto de 1998 también contenía la acción redhibitoria y la «quanti minoris». En particular, en esta última, se facultaba al acreedor a pedir la resolución parcial del acto, con una disminución proporcional del precio.

C. Conclusión preliminar. Nuestra opinión

Sin embargo, esta opción de quedarse con la cosa, previa reducción del precio, no está contenida expresamente en el Código Civil y Comercial, abandonándose una antigua y extensa tradición que nos viene del derecho romano, y que Vélez Sarsfield mantuvo en su Código Civil (arts. 2165, 2172 y 2174 del CCiv).

Para cierta doctrina, si bien acepta esta derogación expresa, interpreta que puede subsanarse mediante la extinción parcial de los actos jurídicos. Así, afirma que el «nuevo sistema admite en varios artículos la extinción parcial de los actos jurídicos (por ejemplo, arts. 389, 989 y 1122) e inclusive regula la evicción parcial en materia de donaciones (art. 1557), por lo cual nos parece debe interpretarse que es admisible solicitar la extinción parcial del acto, aun cuando no haya norma especial expresa» (98).

En nuestra opinión, teniendo en cuenta el método seguido por el legislador y en virtud de que el Proyecto de 1998 sí regulaba la acción «estimatoria», creemos que ha sido derogada expresamente para la materia civil y comercial. Ello surge en general del análisis del art. 1039 y en particular del inciso c, que faculta al acreedor de la obligación de saneamiento a «declarar la resolución del contrato». En particular, el art. 1056 con el epígrafe «Régimen de las acciones» faculta al acreedor a «declarar la resolución del contrato: a. si se trata de un vicio redhibitorio».

Sin embargo, la acción estimatoria o «quanti minoris» se mantiene para el régimen especial de defensa del consumidor (LDC).

5.De la prescripción liberatoria

En el Libro VI «Disposiciones comunes a los derechos personales y reales», Título I «Prescripción y caducidad», Capítulo II «Prescripción liberatoria», Sección I «Comienzo del cómputo», el art. 2560 dispone un plazo residual para las acciones personales, en estos términos:

«Artículo 2560 – Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local».

Este plazo genérico o residual será aplicable para aquellos vicios que no encuadren en la categoría de redhibitorio (art. 1051), habiéndose afirmado que será el «plazo común para la acción de cumplimiento en la relación de consumo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 26.994» (99).

A. Del plazo especial

Sin embargo, luego ha establecido plazos especiales en distintos supuestos. Precisamente, uno de ellos ha sido la acción en materia de vicios redhibitorios.

«Art. 2564 – Plazo de prescripción de un año. Prescriben al año: a) el reclamo por vicios redhibitorios…».

Por lo tanto, en este aspecto, el Código Civil y Comercial ha ampliado los plazos para la acción de responsabilidad en materia de vicios redhibitorios, contenidos en el Código Civil (3 meses) y el Código de Comercio (6 meses), fijándolo en un año.

Empero, creemos que se mantendrá la discusión en torno a aquellos casos amparados en el régimen del consumidor pudiéndose invocar el plazo residual de cinco años, por ser el más favorable al consumidor (arts. 1094 y 1095 del CCivCom). Otra doctrina, en cambio, afirmó que a «partir de la vigencia del CCyCN, con la Ley 26.994, Anexo II, también se quita el plazo de prescripción de la acción judicial del art. 50 de la Ley 24.240 que fuera reformado en su oportunidad por la Ley 26.361 como señaláramos, por lo que dicho plazo para la relación de consumo se regirá por el plazo anual del art. 2564, inc.a), para la acción por vicios redhibitorios» (100).

El Proyecto de 1993 lo establecía también en un año, pero agregándose ciertas precisiones, en estos términos: «Art. 928 – Las acciones nacidas de esta garantía prescribirán al año de entregada o puesta en funcionamiento la cosa mueble en el modo previsto en el contrato, o desde que el vicio se hiciese aparente si la cosa fuere inmueble. Estas acciones no podrán ser ejercidas en ningún caso pasados diez años desde la entrega o puesta en funcionamiento de la cosa» (101).

Asimismo, se agregaba en el art. 929: «La garantía legal por vicios redhibitorios es independiente de las garantías de buen funcionamiento, reemplazos de partes o de la cosa defectuosa otorgadas por el fabricante, importador o cualquier otro sujeto que haya intervenido en la fabricación o comercialización de la cosa. La acción prescribirá al año del vencimiento de la garantía». Comentándose la norma, se dijo que se «ha considerado oportuno separar expresamente la garantía por vicios redhibitorios de la que convencionalmente se acuerde al adquirente de la cosa para evitar dudas, prevenir litigios improcedentes y robustecer la seguridad jurídica» (102).

B. De la caducidad

Alguna doctrina intenta interpretar armónicamente los plazos de caducidad y de prescripción en estos términos: «si se trata de la manifestación del vicio de un inmueble, para que pueda ejercerse la acción por la garantía por defectos ocultos, aquel debe hacerse ostensible dentro de los 3 años desde que el adquirente lo recibió, teniendo un año para accionar por la garantía desde que se conoció el defecto.Es decir que, desde la recepción de un inmueble, el adquirente oneroso tiene 3 años de garantía por defectos ocultos, periodo que una vez transcurrido hace cesar ese régimen tuitivo, y dentro de ese tiempo, no después, repetimos porque la garantía ya estaría extinguida, manifestado el vicio el adquirente debe hacérselo conocer al transmitente dentro de los 60 días de conocido, sea inmueble o mueble la cosa que padece el defecto, teniendo también a partir de esa fecha liberada la acción por vicios» (103).

6. Daños comprendidos

A diferencia del Código Civil, que solo tenía la acción de daños cuando el acreedor de la garantía por vicios ejercía la acción redhibitoria y el enajenante había actuado con dolo, el Código Civil y Comercial ha establecido con carácter general la «responsabilidad por daños» en la primera parte del art. 1040.

A. De la regla

En efecto, la regla ha sido sentada en el art. 1040 en estos términos:

«Artículo 1040 – Responsabilidad por daños.El acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos en el artículo 1039…».

Este agregado ha sido destacado por la doctrina, afirmándose que es «para destacar que la reforma introduce como regla general la adición del derecho de reclamar por los daños y perjuicios a más de las acciones derivadas del saneamiento a favor del acreedor de esta…» (104).

Por lo tanto, se sigue «a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor en la línea de la posibilidad de acumular el reclamo por daños a la acción elegida beneficiando así al adquirente que, con el régimen de Vélez Sarsfield, esta indemnización queda siempre sujeta a que se haya ejercido la acción redhibitoria y el transmitente haya actuado con mala fe o dolo y no en otras circunstancias» (105).

De este modo, se ha concluido con la discusión en torno a la responsabilidad por daños como acción accesoria de la redhibitoria, como contenía el Código de Vélez y sus fuentes, para modernizarse el régimen estableciéndola como criterio general. Así, ha triunfado la tesis minoritaria que había extendido su aplicación incluso para aquellos supuestos no previstos en la acción redhibitoria, o bien cuando no existía mala fe, pero el enajenante era un profesional o un empresario. En otros términos, «el CCivCom permite siempre la acción por daños, ya que se establece por regla que el acreedor de la obligación de saneamiento también tiene derecho a la reparación de los perjuicios si reclama la subsanación de los vicios, un bien equivalente si es fungible o la resolución del contrato (conf. art. 1040 que remite al art. 1039)» (106).

Por supuesto, los daños deberán ser acreditados y para ello deberán darse en el caso los presupuestos de responsabilidad civil.

B. Las excepciones

Luego, el art.1040 establece las excepciones, en las cuales no será posible la reparación de los daños, en la obligación de saneamiento, a saber: a. si el adquirente conoció, o pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios; b. si el enajenante no conoció, ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios; c. si la transmisión fue hecha a riesgo del adquirente; d. si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa.

En el primer supuesto, en el cual el adquirente conoció la existencia de los vicios, no corresponden los daños porque se presupone que debió actuar con diligencia, ya sea requiriéndose su previa subsanación o bien disminuyendo el precio. En otras palabras, se «presume que ha sido diligente y conociendo el vicio ha paliado la situación con una negociación en el precio. Si no lo hizo debe soportar el daño derivado de su propia conducta (art. 1040 inc. a)» (107).

En el segundo supuesto, si el enajenante no conoció ni pudo conocer la existencia de los vicios, tampoco deberá responder por daños, en virtud de que se presume su buena fe. Sin embargo, esta solución tiene su propia excepción en la última parte de la norma.

En el tercer supuesto, al tratarse de un contrato que contenía cierto riesgo para el adquirente, entonces tampoco funciona la regla de la responsabilidad por daños. Por supuesto, ha sido destacado por la doctrina que esta eximente funciona solo en los contratos paritarios o negociados, y no en aquellos de consumo (107).

C. El retorno a la regla

Por último, en virtud de la unificación de la materia civil y comercial, tratándose de una adquisición entre profesionales, se agrega un párrafo que implica un retorno a la regla general, en materia de responsabilidad, en estos términos:«La exención de responsabilidad por daños prevista en los incisos a y b no puede invocarse por el enajenante que actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe profesionalmente en esa actividad».

En efecto, la exención de responsabilidad por daños no funciona en aquellos casos en los cuales el adquirente conoció la existencia de los vicios (art. 1040, inc. a) o el enajenante no conoció la existencia del vicio (art. 1040, inc. b), si se trataba de un enajenante o transmitente que actúan profesionalmente.

Sin embargo, este criterio tomado por el legislador ha sido objeto de crítica, afirmándose que recurre a un factor de atribución subjetivo. Por su parte, Nicolau afirma que «no es justo que un transmitente de buena fe, que puede ser el débil jurídico de la relación, deba daños y perjuicios además de la restitución del precio si se prueba que no conoció ni pudo conocer la existencia del vicio» (109).

V. CONCLUSIÓN

A modo de síntesis, esbozamos las conclusiones más relevantes para explicar las diferencias entre los regímenes previstos en el Código Civil, el Código de Comercio y el régimen del consumidor, en materia de vicios en los productos o servicios, comparándola con las modificaciones producidas por el Código Civil y Comercial.

1. Los contratos podían ser civiles, comerciales o de consumo según los sujetos, objeto y causa de la relación jurídica trabada, debiendo aplicarse a cada relación su propio régimen normativo en el marco del diálogo entre las fuentes. Esto es el Código Civil, el de Comercio y el régimen del consumidor (Ley 24.240), respectivamente.

El Código Civil y Comercial ha previsto su propio régimen general de prelación normativa (art. 963), de integración (art. 964) que deberá tamizarse con el contrato de consumo (art. 1093) y las propias reglas generales del derecho del consumidor (art.1094 y 1095). Sin perjuicio de las propias reglas del régimen especial (Ley 24.240).

2. La obligación de saneamiento no estaba contenida expresamente en el Código Civil, pero era inferida por la doctrina de diversas normas de su articulado, considerándola como un efecto natural de los contratos onerosos.

El Código Civil y Comercial, en cambio, ha regulado expresamente la obligación de saneamiento (arts. 1033 y cctes.) incluyendo como especies a la evicción y los vicios redhibitorios (art. 1034), pero considerándola ahora como un supuesto de responsabilidad objetiva (110).

3. El Código Civil limitaba las garantías de evicción y vicios redhibitorios a los contratos celebrados a título oneroso, excluyendo los gratuitos, aunque la doctrina la extendía al antecesor a título oneroso. En el régimen del consumidor se incluyen dentro de sus beneficiarios a los consumidores y también a los «sucesivos adquirentes», conforme los arts. 1 y 11 de la LDC, a diferencia del Código Civil que brinda una mayor garantía al comprador en la compraventa con relación al adquirente de otros contratos, comprendiendo tanto las adquisiciones a título oneroso como también a título gratuito.

El Código Civil y Comercial ha regulado expresamente que el adquirente a título gratuito puede ejercer las acciones por saneamiento «correspondientes a sus antecesores» (art. 1033, inc. c, y art. 1035).

4. Con respecto a la noción de vicios redhibitorios o defectos en general, resulta útil el denominado diálogo de las fuentes, entre los códigos de fondo y el régimen del consumidor porque permite partir de conceptos ya consolidados por la doctrina y al mismo tiempo verificar las diferencias (111), que son de carácter sustancial, como hemos manifestado en el texto.

En el régimen del consumidor, por razones terminológicas y sustanciales, debería en rigor hablarse de vicios (112) o defectos en la LDC y no de vicios redhibitorios, toda vez que el plexo legal incluye en el género tanto a los defectos ostensibles y con mayor razón a los ocultos.Empero, tampoco se exige que los vicios revistan gravedad, bastándose que se lesione el principio de identidad del pago, comprendiéndose toda la gama de defectos: levísimos, leves y con mayor razón los graves.

El Código Civil y Comercial ha reformulado la noción de vicios redhibitorios (art. 1051) ampliando su configuración (art. 1052 y 1053), comprendiéndose los vicios o defectos estructurales (objetivos) como funcionales (subjetivos).

5. El Código Civil regula la responsabilidad del enajenante según su conocimiento previo de los vicios, conforme su arte, profesión u oficio, como también siguiéndose el criterio de la buena o mala fe.

El régimen de los vicios en el régimen del consumidor contiene una presunción «jure et de jure» mediante la cual el proveedor conoce o debe conocer los vicios de un producto que comercializa y no puede pretender ampararse en el conocimiento profesional que pueda tener un consumidor, por razones de su profesión u oficio.

El Código Civil y Comercial abandona el criterio de la buena o mala fe, y adhiere al conocimiento o de la profesionalidad, en virtud de la unificación de la materia civil y comercial.

6. El Código Civil admite la ampliación de la garantía, que puede ser aumentada, disminuida e incluso suprimida, salvo dolo, puesto que constituye un efecto o cláusula natural de los contratos celebrados a título oneroso.

La garantía contenida en el régimen de la LDC puede ser ampliada por las partes pero no restringida, en virtud de su carácter de orden público (art. 65, LDC) tornándose en un piso inderogable para las partes. Es decir que esta garantía puede ser modificada convencionalmente por las partes, ya sea extendiendo los plazos o bien redefiniendo nuevos vicios: arg. art. 2167 del CCiv. Este aspecto todavía no ha sido debidamente desarrollado por la doctrina.

El Código Civil y Comercial también la considera como una cláusula natural de los contratos, pudiéndose ser aumentada, disminuida o suprimida (art.1036). Sin embargo, se establecen dos límites a esta facultad de las partes, puesto que las cláusulas de supresión y disminución serán de interpretación restrictiva (art. 1037) y se tendrán por no convenidas (art. 1038) cuando el enajenante conoció o debió conocer la existencia de los vicios; o bien, actúa profesionalmente en la actividad que corresponda a la enajenación.

7. El Código Civil admite el ejercicio de las acciones de cumplimiento y de daños (art. 505 del CCiv) en general. En materia de vicios redhibitorios concede la acción redhibitoria y la estimatoria, con carácter alternativo, pudiéndose incluir la acción de daños como accesoria de la primera (arg. art. 2167 del CCiv), en el caso de dolo del enajenante.

El régimen del consumidor no distingue entre las acciones «redhibitoria» y «quanti minoris» en materia de la acción por daños, puesto que la «admite en todos los casos», conforme lo autoriza el art. 10 bis (113). En otras palabras, el consumidor tiene siempre (114) la posibilidad de promover una acción responsabilizatoria en contra del proveedor, aunque devuelva o se quede con el producto y haya una diminución del precio, estableciéndose además una presunción «juris et de jure» en el art. 18, inc. a, a favor de aquel. Toda la noción se construye y fundamenta también en la publicidad (115) que realizan los proveedores de bienes y servicios generando (116) en el consumidor expectativas legítimas (117) que luego deben cumplirse, bajo pena de sanción por el régimen del consumidor.

El Código Civil y Comercial solo regula la acción redhibitoria o rescisoria del vínculo contractual (art. 1039, inc. c, y art. 1056) derogándose expresamente la «quanti minoris» o estimatoria. Empero, siguiéndose al derecho de defensa del consumidor y a diferencia del Código Civil, establece como regla la reparación de daños (art. 1040).

8) El Código Civil y el de Comercio establecían un plazo de prescripción corto para reclamar la garantía de vicios redhibitorios.El Código Civil ha modificado el sistema de vicios y el ejercicio de las acciones, incluyéndose una carga de denuncia (art. 1054) y modificándose el régimen de prescripción de la acción a un año (118).

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(1) LORENZETTI, Ricardo L.: Tratado de los contratos. Parte general, 1.ª ed, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2004, p. 671 y ss. Conf., CALDERÓN, Maximiliano R.; TINTI, Guillermo P. y RIBA, Mariana A.: «Garantía por defectos de derecho (evicción)», en GONZÁLEZ, José E.; TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, Marina A.: Teoría general de los contratos, Ábaco, Buenos Aires, 2004, p. 265; Conf., STIGLITZ, Rubén: Contratos. Teoría general. Reimpresión, Buenos Aires, Depalma, 1994, t. I, p. 605.

(2) Conf., STIGLITZ, Rubén: Contratos. Teoría general. Reimpresión, Buenos Aires, Depalma, 1994, t. I, p. 605, quien al hablar de evicción y saneamiento afirma que «no obstante la aparente igualdad con que son tratadas allí ambas figuras, esta última absorbe a la primera en todo su alcance». En el derecho comparado, el art. 1837 del Código Civil chileno establece que «la obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de esta, llamados «vicios redhibitorios»». El Código Civil peruano de 1984 dispone que «hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión, o el uso de un bien» (art. 1484), el cual obliga al transmitente a «responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor» (art. 1485). En el art. 1503 del Código venezolano, se prescribe: «Por el saneamiento que debe el vendedor al comprador responde aquel: 1. de la posesión pacífica de la cosa vendida, y 2. de los vicios o defectos ocultos».

(3) Se expresaba de este modo:«En orden a los bienes raíces, ordena entre nosotros el derecho civil que el vendedor advierta todas las faltas que sepa de aquello que vende. Porque como solamente obligue la ley de las Doce Tablas a cumplir lo que expresamente se prometió, condenando a la pena del duplo al que lo negase, han establecido pena también los jurisconsultos por lo que se oculte, determinando que el vendedor quede responsable a las faltas que tenga su heredad, si, sabiéndolas, no las manifestó claramente al tiempo de la venta». CICERÓN: De officiis, III, 16, 17. Utilizamos la traducción española de Manuel de VALBUENA. Madrid, Espasa Calpe, p. 141.

(4) Con relación a los antecedentes romanos de los cuales deriva este instituto jurídico, en especial los dos famosos edictos de los ediles curules, nos remitimos a: LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J.: Teoría de los contratos. Parte general, 4.ª ed., reimpr. (1997). Buenos Aires, Zavalía, 2003, t. I, N.° 41, p. 784 nota 1.

(5) ARGÜELLO, Luis: Manual de Derecho Romano. Historia e instituciones, 3.ª ed. corregida, 3.ª reimpr. Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 321. Cfr., Dig. 21, 1, 28. Sin embargo, agrega DI PIETRO que, «si no pedía el comprador la «stipulatio» previa, y luego aparecían los vicios, podía accionar por las dos vías señaladas, por la «redhibitoria», dentro de los seis meses; por la «quanti minoris», en el año». GAYO: Institutas, texto traducido, notas e introducción por DI PIETRO, Alfredo: 5.ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 519, nota 142.

(6) Conf., MACKELDEY, Ferdinand: Elementos del Derecho Romano, 3.ª ed. corregida. Madrid, Librería de Leocadio López, 1876, p. 247.

(7) Conf., GAYO: Institutas, texto traducido, notas e introducción por DI PIETRO, Alfredo: 5ª edición, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1997, p. 519, nota 142. En igual sentido, ver: GHIRARDI, Juan C. y ALBA CRESPO, Juan J.: Manual de Derecho Romano, 1.ª edición (1999), Reimpresión, Eudecor, Córdoba, 2000, p. 512; MACKELDEY, Ferdinand: Elementos del Derecho Romano, 3.ª edición corregida, ed.Librería de Leocadio López, Madrid, 1876, p. 246, nota 3.

(8) Si el vendedor acata la decisión del juez de restituir solo debe devolver el precio; pero si no acepta, la condena dictada será por el duplum o doble.

(9) GHIRARDI, Juan C. y ALBA CRESPO, Juan J.: Manual de Derecho Romano, 1.ª ed. (1999), reimpr., Eudecor, Córdoba, 2000, p. 512.

(10) Claramente se trata de una «anomalía nociva o imperfección de la cosa». Cfr., NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 392.

(11) BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª ed. actualizada por BORDA, Alejandro. La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 225: «Todo el que transfiere el dominio de una cosa a otra persona por título oneroso debe garantía por ellos».

(12) Conf., CALDERÓN, Maximiliano R.: «Garantía por defectos de hecho (vicios redhibitorios)», en GONZÁLEZ, José E.; TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, Marina A.: Teoría general de los contratos. Buenos Aires, Ábaco, 2004, p. 292.

(13) Conf., SOLIGO SCHULER, Nicolás A.: Etimologías de Derecho Civil, 1.ª ed., Buenos Aires, Ad-Hoc, 2004, p. 85, quien agrega que el uso jurídico, según la etimología de la palabra, «significa ‘al deshacer o redhibir el comprador el contrato por la aparición de un defecto oculto, el vendedor literalmente «vuelve a tener» la cosa entregada, con la consecuente devolución del precio…’».

(14) BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª ed. actualizada por Alejandro BORDA. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 225.

(15) NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 392.

(16) LORENZETTI, Ricardo L.: Tratado de los contratos. Parte general, 1.ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 671 y ss., quien agrega que la garantía de saneamiento es un «género conceptual que abarca: 1. La garantía de evicción; 2. los vicios redhibitorios, y 3.el saneamiento que permite que el adquirente ejerza la acción de cumplimiento, solicitando al garante que perfeccione el título o subsane los defectos (.) o que lo indemnice de los daños sufridos. Conf., STIGLITZ, Rubén: Contratos. Teoría general (reimpr.). Buenos Aires, Depalma, 1994, t. I, p. 605, quien al hablar de evicción y saneamiento afirma que «no obstante la aparente igualdad con que son tratadas allí ambas figuras, esta última absorbe a la primera en todo su alcance». En el derecho comparado, el art. 1837 del Código Civil Chileno establece que «la obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de esta, llamados «vicios redhibitorios»». El Código Civil peruano de 1984 dispone que «hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión, o el uso de un bien» (art. 1484), el cual obliga al transmitente a «responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor» (art. 1485). En el artículo 1503 del Código venezolano, se prescribe: «Por el saneamiento que debe el vendedor al comprador responde aquel: 1. de la posesión pacífica de la cosa vendida, y 2. de los vicios o defectos ocultos».

(17) MOSSET ITURRASPE, Jorge: Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 486. Al comenzar el tratamiento de la garantía de saneamiento, se afirma que «es una responsabilidad objetiva (.) no derivada necesariamente de la imputabilidad subjetiva, de la culpa o del dolo.La culpa o el dolo del enajenante -su mala fe- tienen como consecuencia agravar su responsabilidad en cuanto a los daños resarcibles, como sanción por haber conocido al tiempo de la enajenación el peligro y no haberlo comunicado o declarado al adquirente (.) Estimamos más adecuado hablar de «responsabilidad» que de garantía legal impuesta como elemento natural y fundar esa responsabilidad en la contratación ilegítima y no en el cumplimiento de una obligación u obligación de garantía».

(18) BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª edición actualizada por Alejandro BORDA. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 225: «Mientras la evicción compromete el derecho mismo que se ha transmitido, aquí solo está en juego la integridad económica y práctica de la cosa».

(19) NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 393, distinguiendo: «La buena o mala fe se tiene en cuenta para la indemnización de los daños y perjuicios, no para la restitución del precio».

(20) CALDERÓN, Maximiliano R.: «Garantía por defectos de hecho (vicios redhibitorios)», en GONZÁLEZ, José E.; TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, Marina A.: Teoría general de los contratos. Buenos Aires, Ábaco, 2004, p. 292: «Se trata de una garantía objetiva, desde que no requiere ningún factor subjetivo para su procedencia, funcionando por la sola existencia de los vicios».

(21) BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª edición actualizada por Alejandro BORDA. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 225, quien agrega: «Se trata de una garantía que la ley reconoce a todo adquirente a título oneroso para ponerlo a cubierto de sorpresas desagradables y para brindar una mayor seguridad en los negocios jurídicos».

(22) CROVI, Luis D.: «Obligación de saneamiento», en RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Buenos Aires, Abeledo, 2014, t. III, p. 572.

(23) NICOLAU, Noemí L., Fundamentos de Derecho Contractual.Teoría general del contrato, Buenos Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 400.

(24) Ya se notaba la impronta de Atilio A. ALTERINI, que luego fue plasmada en el anteproyecto de la que fue la Ley 24.240, conjuntamente con Roberto LÓPEZ CABANA y Gabriel A. STIGLITZ.

(25) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p.160.

(26) En los comentarios se expresa que «se mantiene la definición del actual art. 2164, pero se le adicionan algunas expresiones tendientes a precisar el concepto y ajustarlo a la realidad contemporánea». Conf., Reformas al Código Civil. Proyecto y notas de la Comisión designada por Decreto 468/92. Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 186.

(27) Conf., Unificación de la legislación Civil y Comercial. Proyecto de 1993, Zavalía, Buenos Aires, 1994, p. 56.

(28) En el art. 998 del Proyecto, se especi fica que el «obligado al saneamiento garantiza por evicción y por defectos ocultos conforme a lo dispuesto en esta Sección, sin perjuicio de las normas especiales». En cambio, en el año 1998, ya se encontraba vigente la Ley 24.240, denominada Ley de Defensa del Consumidor, por lo cual era lógico derivarse a sus postulados.

(29) Conf., Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1999, p. 59. Fundamentos N.° 177.

(30) En iguales términos, ver: ALTERINI, Atilio Aníbal: Contratos. Civiles, comerciales, de consumo. Teoría general (reimpr.). Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2006, p. 553. Este criterio también fue seguido en el art.918 del Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993.

(31) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos, La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p. 145.

(32) En el esquema del Código Civil y Comercial: Libro III «Derechos personales», Título II «Contratos en general», Capítulo 9 «Efectos», arts. 1033 a 1058.

(33) KITAINIK, Nicolás: «Obligación de saneamiento», en BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires, Hammurabi, 2014, t. I, p. 605.

(34) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 145.

(35) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 146.

(36) Por razones de espacio, remitimos a nuestros trabajos anteriores: ARIAS CÁU, Esteban J.: «El consumidor inmobiliario y los vicios en la Ley de defensa del consumidor», Doctrina Microjuris, MJD4451 ; ARIAS CÁU, Esteban J.: «Estudio comparativo en torno a la responsabilidad en materia de vicios (Derecho Civil vs. Derecho del consumidor)», en LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. (dir.): Responsabilidad Civil. Homenaje al Profesor Doctor René A. Padilla. Buenos Aires, La Ley, 2010, p. 164.

(37) Cfr., art. 1015, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1999, p. 323.

(38) KITAINIK, Nicolás: «Obligación de saneamiento», en BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires, Hammurabi, 2014, t. 1, p. 605.

(39) Conf., CIFUENTES, Santos (dir.) y SAGARNA, Fernando A. (coord.): Código Civil.Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. III, p. 48.

(40) NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 393, quien brinda el ejemplo de un auto antiguo con un defecto en los frenos.

(41) CROVI, Luis D.: «Obligación de saneamiento», en RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Buenos Aires, Abeledo, 2014, t. III, p. 593.

(42) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos, La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p.164.

(43) Cfr., art. 1017, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1999, p. 324.

(44) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos: Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p.165.

(45) Hemos seguido algunas notas de CIFUENTES, Santos (dir.) y SAGARNA, Fernando A. (coord.): Código Civil. Comentado y anotado. Buenos Aires, La Ley, 2004, t. III, p. 47; Ampliar en: LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J.: Teoría de los contratos. Parte General…, 4.ª ed. (1997), reimpr. Buenos Aires, Zavalía, 2003, t. I, p. 785, quien afirma: «Para que un defecto dé lugar a la acción redhibitoria, debe tratarse de un vicio de hecho, oculto, ignorado, grave y existente al tiempo de la adquisición». Adviértase que no incluye la onerosidad como requisito, dándola por sobreentendida.

(46) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación.Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos, La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p. 166.

(47) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 147 y ss.

(48) CROVI, Luis D.: «Obligación de saneamiento», en RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Abeledo, Buenos Aires, 2014, t. III, p. 595.

(49) LORENZETTI, Ricardo L.: Tratado de los contratos. Parte general, 1.ª ed. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2004, p. 671 y ss., quien agrega que la garantía de saneamiento es un «género conceptual que abarca: 1. La garantía de evicción; 2. los vicios redhibitorios, y 3. el saneamiento que permite que el adquirente ejerza la acción de cumplimiento, solicitando al garante que perfeccione el título o subsane los defectos (.) o que lo indemnice de los daños sufridos.». Conf., STIGLITZ, Rubén: Contratos. Teoría general (reimpr.). Buenos Aires, Depalma, 1994, t. I, p. 605, quien, al hablar de evicción y saneamiento afirma que «no obstante la aparente igualdad con que son tratadas allí ambas figuras, esta última absorbe a la primera en todo su alcance». En el derecho comparado, el art. 1837 del Código Civil chileno establece que «la obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de esta, llamados «vicios redhibitorios»». El Código Civil peruano de 1984 dispone que «hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión, o el uso de un bien» (art.1484), el cual obliga al transmitente a «responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para la cual fue adquirido o que disminuyan su valor» (art. 1485) En el artículo 1503 del Código venezolano, se prescribe: «Por el saneamiento que debe el vendedor al comprador responde aquel: 1. de la posesión pacífica de la cosa vendida, y 2. de los vicios o defectos ocultos.

(50) MOSSET ITURRASPE, Jorge: Contratos, Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 1995, p. 486. Al comenzar el tratamiento de la garantía de saneamiento, se afirma que «es una responsabilidad objetiva (.) no derivada necesariamente de la imputabilidad subjetiva, de la culpa o del dolo. La culpa o el dolo del enajenante -su mala fe- tienen como consecuencia agravar su responsabilidad en cuanto a los daños resarcibles, como sanción por haber conocido al tiempo de la enajenación el peligro y no haberlo comunicado o declarado al adquirente (.) Estimamos más adecuado hablar de «responsabilidad» que de garantía legal impuesta como elemento natural y fundar esa responsabilidad en la contratación ilegítima y no en el cumplimiento de una obligación u obligación de garantía».

(51) BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª ed. actualizada por Alejandro BORDA, La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 225: «Mientras la evicción compromete el derecho mismo que se ha transmitido, aquí solo está en juego la integridad económica y práctica de la cosa». Luego, concluía: «Se trata de una garantía que la ley reconoce a todo adquirente a título oneroso para ponerlo a cubierto de sorpresas desagradables y para brindar una mayor seguridad en los negocios jurídicos. Por ello esa garantía es debida inclusive por el enajenante de buena fe, que desconocía los vicios. Es un caso de «responsabilidad contractual sin culpa»».

(52) NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 393, distinguiendo:«La buena o mala fe se tiene en cuenta para la indemnización de los daños y perjuicios, no para la restitución del precio».

(53) Las tres opiniones pueden esquematizarse del siguiente modo: a. El vicio es aparente cuando es percibido por el adquirente, aunque sea valiéndose de la opinión o asesoramiento de terceros; b. El vicio es oculto cuando no puede ser percibido por el adquirente concreto, en virtud de sus condiciones personales; c. El vicio es aparente u oculto a priori, teniendo en cuenta la cosa que se trata, siendo la imagen el adquirente tipo o medio. Ampliar en CIFUENTES, Santos (dir.) y SAGARNA, Fernando A. (coord.): Código Civil. Comentado y anotado. Buenos Aires, La Ley, 2004, t. III, p. 47. Comentario al art. 2164, donde incluye los autores que sostienen cada posición doctrinaria.

(54) BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª edición actualizada por Alejandro BORDA, Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 226.

(55) NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 394.

(56) CALDERÓN, Maximiliano R.: «Garantía por defectos de hecho (vicios redhibitorios)», en GONZÁLEZ, José E.; TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, M arina A.: Teoría general de los contratos. Buenos Aires, Ábaco, 2004, p. 292.

(57) CROVI, Luis D.: «Obligación de saneamiento», en RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Buenos Aires, Abeledo, 2014, t. III, p. 595.

(58) CROVI, Luis D.: «Obligación de saneamiento», en RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Buenos Aires, Abeledo, 2014, t. III, p. 595.

(59) Decimos como regla toda vez que por excepción «puede ser posterior a la transmisión del riesgo de la cosa, como ocurre en el contrato de locación (art. 1525), o hacer eclosión ese vicio o defecto después de la tradición, pero reconociendo su causa adecuada en una etapa anterior o coetánea…». Conf., SPOTA, Alberto G.y LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. (actualizador): Contratos. Instituciones de derecho civil, 2.ª ed. actualizada y ampliada. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. VII, p. 971.

(60) En la nota, VÉLEZ SARSFIELD agrega, sin embargo, que sigue la opinión de TROPLONG, en materia probatoria «que el adquirente, que es el demandante, debe probar la existencia del vicio en el momento de la adquisición». Cfr., BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos. 21.ª ed. actualizada por Alejandro BORDA. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 228; CALDERÓN, Maximiliano R.: «Garantía por defectos de hecho (vicios redhibitorios)», en GONZÁLEZ, José E.; TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, Marina A.: Teoría general de los contratos. Buenos Aires, Ábaco, 2004, p. 293: «El tiempo de la adquisición de la cosa debe identificarse con el momento de su entrega y no con la celebración del contrato…».

(61) Pueden verse las distintas hipótesis en LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J.: Teoría de los contratos. Parte General, 4.ª edición (1997), (reimpr.), Zavalía, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 789 y ss.

(62) BORDA, Guillermo A.: Manual de Derecho Civil. Contratos. 21.ª ed. actualizada por Alejandro BORDA. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 228.

(63) CALDERÓN, Maximiliano R.: en GONZÁLEZ, José E.; TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, Marina A.: Teoría general de los contratos. Buenos Aires, Ábaco, 2004, p. 293.

(64) CROVI, Luis D.: «Obligación de saneamiento», en RIVERA, Julio C. – MEDINA, Graciela (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Abeledo, Buenos Aires, 2014, t. III, p. 592.

(65) Recordemos que Vélez Sarsfield siguió al Esboço de Freitas, para quien los vicios redhibitorios en general eran «los defectos ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce, se ha transmitido por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición: 1. Si la hicieren inútil para el uso o goce a que fue destinada; 2.Si de tal modo disminuyeren ese uso o goce que, a haberlos conocido el adquirente, no la hubiera adquirido, o hubiera dado menos por ella». Cfr., FREITAS, Augusto T. de: Código Civil. Obra fundamental del Código Civil Argentino. García Santos y Roldán, Buenos Aires, 1909, t. II, p. 363. Art. 3581. Esta obra es la traducción del famoso Esboço de Freitas.

(66) NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato. Buenos Aires, La Ley, 2009, t. I, p. 392. En efecto, explica las dos nociones que pueden darse en materia de vicios redhibitorios: 1) Noción abstracta; 2) Noción funcional o concreta.

(67) CALDERÓN, Maximiliano R.: en GONZÁLEZ, José E.; TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R.; RIBA, Marina A.: Teoría general de los contratos. Buenos Aires, Ábaco, 2004, p. 294. Así, las partes pueden excluir la responsabilidad «acordando que nunca responde el enajenante por defectos ocultos».

(68) Conf., CIFUENTES, Santos (dir.) y SAGARNA, Fernando A. (coord.): Código Civil. Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2004, t. III, p. 52. En idéntico sentido, ver: NICOLAU, Noemí L.: Fundamentos de Derecho Contractual. Teoría general del contrato, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 401; SPOTA, Alberto G.: Instituciones de derecho civil. Contratos, reimpresión. Buenos Aires, Depalma, 1980, Volumen IV, p. 211.

(69) BORDA, Guillermo A., Manual de Derecho Civil. Contratos, 21.ª edición actualizada por Alejandro BORDA. Buenos Aires, La Ley, 2008, p. 234.

(70) Cfr., art. 1000, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1999, p. 321.

(71) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 167.

(72) Cfr., art.1001, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria. Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Nación, 1999, p. 321.

(73) KITAINIK, Nicolás: «Obligación de saneamiento», en BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires, Hammurabi, 2014, t. 1, p. 598.

(74) Cfr., art. 1016, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1999, p. 323. Otras fuentes las encontramos en el art. 924 del Proyecto de 1993, que reza: «La garantía por vicios redhibitorios funcionará sin necesidad de ser mencionada en el contrato. Las partes podrán, de común acuerdo, ampliarla, restringirla o suprimirla, siempre que no hubiese mala fe en el enajenante. Este, aunque se hubiese excluido la responsabilidad por los vicios redhibitorios, deberá responder por aquellos que hubiese conocido o debido conocer». Cfr., Reformas al Código Civil. Proyecto y notas de la Comisión designada por decreto 468/92. Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 188.

(75) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 166 y ss.

(76) Cfr., art. 1018, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria. Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Nación, 1999, p. 324.

(77) KITAINIK, Nicolás: «Obligación de saneamiento», en BUERES, Alberto J. (dir.), Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires, Hammurabi, 2014, t. 1, p. 605.

(78) Cfr., art. 1019, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria. Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Nación, 1999, p.324.

(79) CROVI, Luis D.: «Obligación de saneamiento», en RIVERA, Julio C. y MEDINA, Graciela (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Buenos Aires, Abeledo, 2014, t. III, p. 596.

(80) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 172.

(81) Cfr., art. 1003, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria, Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 1999, p. 321.

(82) Sin embargo, el art. 10 bis, inc. c, de la Ley 24.240 establece la opción de «rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado…»

(83) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 150.

(84) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos, La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p. 164, agregándose: «… con las reservas especiales que se indican, acumulable a la de subsanación de los vicios, pero los (…) a indemnizar seguramente serán de poco monto o muchos rubros serán de difícil acreditación (por ejemplo, la compleja prueba para demostrar el lucro cesante sufrido por vicios ocultos no esenciales a la cosa, es decir que no hacen a la cosa impropia para su destino)».

(85) LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J.; Teoría de los contratos. Parte General, 4.ª edición (1997), reimpresión. Buenos Aires, Zavalía, 2003, t. I, p.794, quien considera que su naturaleza jurídica es, precisamente, la de una rescisión, en estos términos: «Es una rescisión unilateral prevista en el contrato, que solo tiene efectos interpartes y no en relación con terceros».

(86) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 150.

(87) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos: Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 161.

(88) En contra: LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J.: Teoría de los contratos. Parte General, 4.ª edición (1997), (reimpr.). Zavalía, Buenos Aires, 2003, t. 1, p. 794, quien considera que su naturaleza jurídica es, precisamente, la de una rescisión, en estos términos: «Es una rescisión unilateral prevista en el contrato, que solo tiene efectos interpartes y no en relación con terceros».

(89) Cfr., art. 1020, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, co n Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria. Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Nación, 1999, p. 324.

(90) KITAINIK, Nicolás: «Obligación de saneamiento», en BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación Buenos Aires, Hammurabi, 2014, t. 1, p. 607.

(91) Cfr., art. 1021, Proyecto de Código Civil de la República Argentina, con Nota de elevación, Fundamentos y Legislación complementaria. Buenos Aires, Ministerio de Justicia de la Nación, 1999, p. 324.

(92) KITAINIK, Nicolás: «Obligación de saneamiento», en BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación. Buenos Aires, Hammurabi, 2014, t. 1, p. 608.

(93) Conf., LÓPEZ DE ZAVALÍA, Fernando J.: Teoría de los contratos.Parte General, 4.ª edición (1997), reimpresión. Buenos Aires, Zavalía, 2003, t. 1, p. 794, quien considera que su naturaleza jurídica es, precisamente, la de una rescisión, en estos términos: «Es una rescisión unilateral prevista en el contrato, que solo tiene efectos interpartes y no en relación con terceros».

(94) En opinión de MOSSET ITURRASPE se trata de acciones alternativas. Conf., MOSSET ITURRASPE, Jorge: Contratos. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1995, p. 488.

(95) Se afirma que la norma citada tiene su antecedente en el art. 3589 del Esboço de FREITAS y hemos comprobado la veracidad del aserto. En efecto, el artículo citado expresa: «En todos los casos competen al comprador las dos acciones del artículo anterior -e refiere a la redhibitoria y la «actio quanti minoris»-, pudiendo intentar una u otra; más no tendrá derecho para intentar una de ellas después de ser vencido o de haber intentado la otra». Cfr., FREITAS, Augusto T. de, Código Civil. Obra fundamental del Código Civil Argentino. Buenos Aires, García Santos y Roldán, 1909, t. II, p. 366. Art. 3589. En opinión de SPOTA, debería admitirse una acción subsidiaria de la principal, para el caso de ser rechazada la segunda. Por ejemplo: «deduciéndose la acción redhibitoria y, en subsidio, la acción estimatoria o quanti minoris»». Conf., Conf. SPOTA, Alberto G. y LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. (actualizador). Contratos. Instituciones de derecho civil, 2.ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, La Ley, 2009, t. VII, Cap. XXXII, p. 991.

(96) La buena fe se presume y debe probar el comprador la mala fe, pero si por su oficio, arte o profesión el vendedor debía conocer los vicios que tenía la cosa vendida, que la hacen impropia para su destino, se presume que es culpable. Conf., CIFUENTES, Santos (dir.) y SAGARNA, Fernando A. (coord.): Código Civil. Comentado y anotado, Buenos Aires, La Ley, 2004, t. III, p. 62. Comentario al art. 2176.

(97) Cfr., Reformas al Código Civil.Proyecto y notas de la Comisión designada por decreto 468/92. Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 187.

(98) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 150.

(99) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 165.

(100) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos, La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p. 174.

(101) Reformas al Código Civil. Proyecto y notas de la Comisión designada por Decr. 468/92: Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 189.

(102) Reformas al Código Civil. Proyecto y notas de la Comisión designada por Decr. 468/92. Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 189 y ss.

(103) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos, La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p. 172 y ss.: «Puede ocurrir, y a veces sucede así en la práctica, que por más que se haya realizado la comunicación, no pueda llegar a conocimiento del transmitente por ausencia, enfermedad, porque no quiera notificarse, etc., de la denuncia del adquirente de la existencia del vicio».

(104) KITAINIK, Nicolás: «Obligación de saneamiento», en BUERES, Alberto J. (dir.): Código Civil y Comercial de la Nación, Hammurabi, Buenos Aires, 2014, t.I, p. 599.

(105) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. La Ley, Buenos Aires, febrero, 2015, p. 161.

(106) SAGARNA, Fernando A.: «La garantía por vicios redhibitorios en el Código Civil y Comercial de la Nación. Comparación con el Código Civil, el Código de Comercio y la Ley de Defensa del Consumidor», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 176: «Asimismo, la acción por daños está prevista aunque el defecto oculto de la cosa sea subsanable, haya o no ofrecido el garante subsanarlo».

(107) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 151.

(108) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 151: «Por supuesto, esta excepción no puede ser alegada cuando se trata de una relación de consumo o el acto ha sido celebrado por adhesión (art. 984 y ss.), pues, como es sabido en esos casos la autonomía privada se encuentra restringida por la imposición de la parte fuerte».

(109) NICOLAU, Noemí L.: «La obligación de saneamiento y la responsabilidad por evicción en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación», en STIGLITZ, Rubén S. (dir.): Suplemento especial. Contratos. Buenos Aires, La Ley, febrero, 2015, p. 151.

(110) MOSSET ITURRASPE, Jorge: Contratos, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 486.Al comenzar el tratamiento de la garantía de saneamiento, se afirma que Buenos Aires, «es una responsabilidad objetiva (.) no derivada necesariamente de la imputabilidad subjetiva, de la culpa o del dolo».

(111) Ampliar en JUNYENT BAS, Francisco; MOLINA SANDOVAL, Carlos A.; GARZINO, María C. y HEREDIA QUERRO, Juan S.: Ley de defensa del consumidor. Comentada, anotada y concordada. Buenos Aires, Errepar, 2013, p. 183 y sig. Comentario del art. 18, LDC.

(112) ARIAS CÁU, Esteban J.: «Estudio comparativo en torno a la responsabilidad en materia de vicios (Derecho Civil vs. Derecho del consumidor)», en LEIVA FERNÁNDEZ, Luis F. P. (dir.): Responsabilidad Civil. Homenaje al Profesor Doctor René A. Padilla Buenos Aires, La Ley, 2010, p. 164.

(113) Conf., LORENZETTI, Ricardo L.: Consumidores, 2.ª edición actualizada, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, p. 352.

(114) En contra: JALIL, Julián E.: «Compraventa de automotores y ley de defensa del consumidor», en PICASSO, Sebastián y VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A.: Ley de defensa del consumidor. Comentada y anotada. Buenos Aires, La Ley, 2011, t. III, p. 514, que expresa: «Asimismo, vale decir que quien opte por esta vía no podrá exigir los daños y perjuicios consecuencia del defecto, en ese caso deberá recurrir a la acción redhibitoria».

(115) Conf., ANGELINI, Luciano V. y ARIAS CÁU, Esteban J.: «La heterointegración y la publicidad en el contrato de consumo», LA LEY 2/12/2011, 5.

(116) Como bien lo grafica autorizada doctrina: «Ocurre que lo oculto o no oculto tiene que ver con la mirada de una persona entendida, experta, experimentada o diligente; la mirada legal hacia los consumidores o usuarios no los ubica en esas categorías; más bien entre los necesitados, pero inexpertos; deseosos de adquirir, pero desconocedores de bienes, de sus tipos y calidades». MOSSET ITURRASPE, Jorge y WAJNTRAUB, Javier H.: Ley de defensa del consumidor. Ley 24.240, 1.ª ed. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 27.

(117) ZENTNER, Diego H.: Contrato de consumo, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 56: «El principio de confianza, impregnado de un fuerte cariz protectorio, se orienta a garantizarle al consumidor la concreción de todo aquello de manera imperativa».

(118) Art. 2564 – «Plazo de prescripción de un año. Prescriben al año: a. el reclamo por vicios redhibitorios…».

(*) Abogado, UNT. Magíster en Derecho Empresario, Universidad Austral. Profesor adjunto de Derecho Civil III (Contratos), Universidad Católica de Santiago del Estero, DASS. Secretario de la sede Jujuy del Instituto Noroeste, dependiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.

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