Si no se puede determinar qué parte infringió la señal luminosa, la demandada debe responder.

Accidente motocicletaPartes: Pallares María Cristina c/ Transportes Sur-Nor Comercial e Industrial S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 2-jun-2015

Cita: MJ-JU-M-93376-AR | MJJ93376 | MJJ93376

Si no se puede determinar qué parte infringió la señal luminosa, la demandada debe cargar con las consecuencias, en tanto le corresponde acreditarlo. Cuadro de rubros indemnizatorios.
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Sumario:

1.-Corresponde confirmar que no existió la eximente de responsabilidad invocada por la demandada, -hecho de la víctima-, toda vez que ninguna de las declaraciones testimoniales resulta suficiente para tener por cierto cómo fue que sucedieron los hechos y era la demandada quien debía acreditarlo.

2.-La ausencia de prueba sobre cual de los participantes del accidente infringió el semáforo no puede conducir a hacer soportar a la propia accionante las consecuencias disvaliosas del incumplimiento de esa carga que pesaba sobre su contraria.

3.-Siendo que el dictamen médico aparece fundado en principios de naturaleza científica, propios de la esfera del saber de quien lo suscribe, a falta de otros elementos que demuestren el error o desacierto en que pudo haber incurrido aquél en su análisis, cabe atenerse a lo que de este resulta, en cuanto a la determinación de las consecuencias dañosas del accidente y el porcentaje de incapacidad.

4.-Corresponde confirmar los montos fijados para resarcir la incapacidad sobreviniente comprensiva del daño físico, daño psícológico y daño estético, toda vez que no solo no resultan elevados, sino que además, si bien no hay prueba concreta acerca de la repercusión patrimonial que las graves lesiones físicas, estéticas y psicológicas han dejado en la actora, cabe presumir que su gravedad la colocó y la colocará de aquí en más en una situación de mucha mayor vulnerabilidad teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad profesional de la demandante, preponderantemente de índole intelectual, dedicada al servicio de la salud.

5.-El hecho de que se indemnice a la actora por la incapacidad psíquica que padece, en modo alguno obsta a la determinación de una suma resarcitoria para afrontar las erogaciones que demande el tratamiento psicológico, toda vez que esos tratamientos no garantizan la remisión absoluta de las secuelas existentes, sino tan sólo la morigeración de las mismas o impiden su agravamiento.

6.-Se confirma la indemnización por daño moral toda vez que luce justa teniendo en cuenta los padecimientos que la actora sufrió, tales como las lesiones, la naturaleza de las secuelas permanentes, los períodos de internación, intervenciones quirúrgicas, temores por su supervivencia y por la recuperación de su salud, los tratamientos a que debió someterse y el prolongado período de recuperación.

7.-No corresponde admitir el rubro pérdida de chance, toda vez que la actora no acreditó que, como consecuencia del accidente, haya perdido la posibilidad de postularse al concurso de oposiciones y antecedentes para la ocupación de la vacante existente de la jefatura de psiquiatría médica en el hospital donde se desempeñaba como médica psiquiatra.

8.-Corresponde admitir el reembolso de los ‘gastos por personal doméstico’ ante las graves dificultades ambulatorias por las que atravesó la actora, las cuales sin duda requerían contar con una ayuda especial; máxime siendo que vive sola.

Fallo:

ACUERDO N° En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de junio del año dos mil quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala «I» de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos: «Pallares, María Cristina c/ Transportes Sur-Nor Comercial e Industrial S.A. y otros s/ daños y perjuicios», respecto de la sentencia corriente a fs. 435/54 y su aclaratoria de fs. 462, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dras. CASTRO y UBIEDO.

Sobre la cuestión propuesta la DRA. CASTRO dijo:

I. La sentencia de fs. 435/54 y su aclaratoria de fs. 462 hizo lugar a la demanda y condenó a Luis Héctor Godoy, «Transportes Sur-Nor Comercial e Industrial Sociedad Anónima» y «Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros» a abonar a María Cristina Pallares la suma de $ 1.512.000 con mas sus intereses y las costas.

Apelaron ambas partes. La actora expresó agravios a fs. 510/13 que fueron contestados a fs. 530/39. La demandada y citada en garantía hicieron lo propio con la pieza de fs. 523/28 que no fue contestada.

II. Según relató la actora en su demanda, el accidente acaeció el día 8 de mayo de 2010 siendo aproximadamente las 15:30 hs., cuando intentaba cruzar la Avda. Luis María Campos en su intersección con la calle Olleros de esta ciudad, por la senda peatonal y habilitada por el semáforo. Sostuvo que al alcanzar la mitad de su cruce peatonal, fue violentamente embestida por el interno 91 de la línea 15, conducido en la ocasión por el codemandado Godoy quien no respetó la luz del semáforo que le impedía el cruce.Dijo también que el colectivo circulaba a una gran velocidad (unos 80 km/h), que por el gran impacto sufrido fue levantada en el aire, golpeando la cabeza y cara contra el parabrisas y luego de dar varias vueltas en el aire fuera arrojada a una distancia aproximada de 33 pasos, a la altura del edificio ubicado en el número 1121 de Luis María Campos.

Los demandados reconocieron la existencia del siniestro pero señalaron que éste se produjo por culpa de la propia víctima, quien cruzó la intersección casi a mitad de cuadra, a paso rápido, apareciendo en forma sorpresiva e imprevista.

El sentenciante evaluó la confesión ficta del codemandado Godoy solicitada por la actora a fs. 278 y a través de la cual tuvo por cierto que tras violar la luz del semáforo embistió a Pallares cuando ésta se encontraba cruzando la senda peatonal (ver posiciones 7° y 8°) . Ello y la ausencia de otros elementos probatorios en contrario, llevó al a quo a considerar la exclusiva responsabilidad de los demandados en el accidente que tuvo por víctima a la actora. De ello se agravian los demandados y su aseguradora.

III. Liminarmente, y como señala el Sr. juez a quo corresponde señalar que el accidente debe juzgarse a la luz del art. 1113, segundo párrafo del Código Civil; en consecuencia, a la accionante sólo le incumbía la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño sufrido, mientras que para eximirse de responsabilidad correspondía a la demandada la acreditación de la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debía responder, caso fortuito o fuerza mayor.

No está discutido que el accidente ocurrió en la intersección de la Avda. Luis María Campos y Olleros, en ocasión en que María Cristina Pallares intentaba su cruce.Tratándose de una intersección donde el tránsito estaba dirigido por semáforos, lo decisivo en orden a la culpabilidad de los partícipes radica en determinar cuál de ellos infringió las señales luminosas, careciendo en principio de relevancia las presunciones legales o jurisprudenciales a las que habitualmente es preciso acudir para dirimir aquella cuestión, derivadas, v. gr., del embestimiento, la prioridad de paso, etc. Así lo ha resuelto esta Sala en numerosos casos análogos (exptes. 69.459, 77.849, 85.618, 88.497, etc.). Sin embargo, no hay prueba que permita esclarecer el punto, lo que no puede sino afectar a la emplazada, sobre quien pesaba la carga de probar tal extremo.

La ausencia de prueba sobre este extremo no puede conducir -como pretende la quejosa en sus agravios- a hacer soportar a la propia accionante las consecuencias disvaliosas del incumplimiento de esa carga que pesaba sobre su contraria.

Es cierto y este Tribunal comparte el criterio de que la confesión ficta carece de un valor absoluto y su eficacia debe ser apreciada de conformidad con todos los elementos de juicio que obran en el proceso, ya que si bien ésta crea una situación desfavorable al absolvente, puede ser destruida por los demás elementos obrantes en autos, de modo tal de que el valor de la ficción no supere al de la realidad (Fenocchietto – Arazi :»Código Procesal.» t. 2 pg. 426).

Sin embargo, en autos no hay otros elementos de prueba que permitan desvirtuarla. Aquella que pretenden hacer valer en los agravios y que fue la que oportunamente alegaron al contestar la demanda, resulta claramente insuficiente.

En efecto, ni los dichos del Oficial Preventor (fs. 1, causa penal), ni el croquis confeccionado en el marco de dichas actuaciones (fs. 7, causa penal), me persuaden de una solución distinta.

En principio, el Oficial no dijo que el accidente ocurrió a la altura del n° 1137 de la Avda.Luis María Campos, como se dice en los agravios, sino que al arribar al lugar observó «-sobre la avenida Luis Maria Campos al número 1137, a un femenino tendido sobre la cinta asfáltica, más precisamente sobre el carril rápido de la antes mencionada avenida-«, lo que bien pudo haber ocurrido por efecto del desplazamiento del impacto. El croquis de fs. 7 al que se refieren también los demandados no induce a una conclusión distinta, desde que grafica las posiciones finales tanto del ómnibus cuanto de la víctima. No podria ser de otra manera ya que arribó al lugar con posterioridad al siniestro.

En cuanto a la información que recabó el Oficial en el lugar, resulta sumamente imprecisa. Dijo el Oficial que la mayoría habría referido que la mujer había cruzado mal, «según el relato de una mujer que había visto el hecho y se había alejado del lugar al arribo del declarante». Como se ve, no son sino trascendidos efectuados por personas a quienes no se pudo identificar. Por lo demás, este relato se encuentra contrarrestado por el de la testigo Bergés -ocasional transeúnte que auxilió a la actora en el momento del hecho- y que manifestó que aquella le habría manifestado que había cruzado bien (fs. 376) -.

En definitiva, ninguno resulta suficiente para tener por cierto cómo fue que sucedieron los hechos y siendo que era la demandada quien debía acreditar la eximente invocada: hecho de la víctima, extremo que no pudo ser probado, no cabe sino rechazar los agravios vertidos sobre el punto y confirmar la sentencia apelada en este aspecto.

IV.Trataré a continuación las quejas de las partes relativas a los distintos rubros que integran la indemnización.

Demandada y aseguradora cuestionan la suma otorgada para resarcir la incapacidad sobreviniente física ($ 600.000), el daño psicológico ($ 400.000), su tratamiento ( $ 7.800) el daño estético ( $100.000) y el moral ( $ 300.000). La actora objeta el rechazo de las partidas reclamadas por «personal doméstico», «pérdida de chance» e «intervención quirúrgica por cirugía estética» y considera reducido el daño moral.

Liminarmente, corresponde señalar que a criterio de esta Sala los reclamos efectuados en concepto de «daño físico», «daño psicológico» y «daño estético» remiten, en definitiva a diversos aspectos del daño a la persona, consistente en la disminución de sus aptitudes en tanto se traduce indirectamente en un perjuicio de índole patrimonial (art. 1068, Cód. Civil), por lo que deberían ser tratados en conjunto bajo la denominación «incapacidad sobreviniente».

A raíz del accidente sufrido el día 8/05/10 María Cristina Pallares fue derivada al Hospital Fernández donde fue internada en terapia intensiva con múltiples lesiones hasta el 27/05/10, en que la pasan a Sala General.

Según el relato que hizo el perito médico en su informe de fs. 386/92 basado en los antecedentes médicos, la actora sufrió las siguientes lesiones: fractura de pelvis, sacro, y ramas ilio e isquiopúbicas derechas, fractura diafisaria de tibia y peroné izquierda, fractura de platillo tibial rodilla izquierda, fractura de radio y cubito izquierdo mas luxación de cabeza del radio, fracturas de arcos costales 3° a 9°,contusión pulmonar bilateral con hemotórax izquierdo y lesión en LII, fractura de apófisis trasversa izquierda de vértebra lumbar, laceración hepática y escoriación en mejilla izquierda. Se le practica laparotomía exploradora evidenciando hemoperitoneo, lesión hepática en el segmento VIII al cual se le realiza la rafia. Se colocan tubos de avenamiento pleural en tórax izquierdo y derecho.Toracotomía y hemostasia de lesión del lóbulo inferior izquierdo, más fijación de fracturas con clavijas de tres arcos costales y resección de fragmento de 7ma. costilla. Embolización de la arteria hipogástrica bilateral. Politransfundida. El 12/05/10 se colocan clavijas y tornillos en sacro. El 17 /05/10 se realiza osteosíntesis de antebrazo y pierna izquierda. Permanece con ventilación mecánica por una semana, hasta el 18/05/10 cuando se extuba. Permanece en UTI hasta el 27/05/10 cuando pasa a sala general. En la evolución en la terapia presenta una escara con úlcera en talón de pie izquierdo. El 15/06/10 se le otorga el alta hospitalaria y la derivan a la Clínica Santa Catalina para su rehabilitación donde permanece internada hasta el 09/09/2010. Luego continuó con rehabilitación en forma ambulatoria. En noviembre de 2010 le retiran la osteosíntesis del peroné, y del platillo tibial en mayo del 2011 en el Hospital Británico.

Continúa diciendo el perito que «actualmente camina con bastón, r efiere renguera por acortamiento del miembro inferior izquierdo, dificultad para subir y bajar escaleras, vértigo posicional, cervicalgia y cefaleas, lumbalgia con ciatalgia derecha en cara posterior de muslo. Además dolores en todas las zonas lesionadas que la obligan a tomar analgésicos y se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico» (fs. 389 vta.).

Enumera las secuelas: cervicalgia postraumática con vértigo posicional (8 %), lumbociatalgia postraumática (8%), fractura de pelvis derecha (10%), fractura de cubito y radio izquierdos, con material de osteosíntesis ( 15 %), fractura de platillo tibial izquierdo ( (16 %), fractura de peroné proximal izquierdo ( 3 %), fractura diafisaria de tibia y peroné izquierdos, consolidada en deseje (20 %), limitación de movilidad de la cadera derecha (9 %) , fracturas costales múltiples (6 %), sutura hepática (5 %), cicatrices en rostro (8%), cicatrices en miembros ( 5%), cicatriz laparotomía (10%), lesión pulmonar con incapacidad restrictiva moderada ( 15 %), secuela de escara en talón izquierdo (3%), acortamiento de miembro inferior izquierdo (4%). (ver fs.390)

El perito también constató las múltiples cicatrices que le quedaron a la actora en la región subpalpebral izquierda (2 cm), en la mejilla derecha (4 cm x 1 cm) , en el tórax correspondiente a los tubos de avenamiento pleural, la toracotomía realizada y la fijación de fracturas costales (las de los tubos tienen unos 2 cms. cuadrados y se encuentran en ambas bases pulmonares; las de la toracotomía que tiene unos 30 cm. de largo en hemitórax izquierdo atravesada por unos 33 puntos de sutura y en el frente del tórax presenta otra cicatriz de unos 20 cm. de largo atravesada por 24 puntos de sutura). También cicatrices en la espina ilíaca antero superior izquierda (4 cm. x 1 cm), múltiples escoriaciones en ambas piernas. En la pierna izquierda una cicatriz de unos 20 cm. atravesada por 24 puntos de sutura, en el talón izquierdo una cicatriz de 8 cm., en brazo izquierdo dos cicatrices de unos 15 cm. atravesadas por 18 puntos de sutura y en la mano derecha, tres cicatrices de unos 4cm. cuadrados. (ver fs. 388 vta/ 389 ) .

A nivel psíquico, la actora posee un nivel intelectual alto con percepciones que se ajustan a la realidad. Sin embargo, aparecen cierta desorganización producto de estímulos que la movilizan. Su capacidad se halla disminuida por las tensiones emocionales, que le impiden desplegar sus recursos internos-exhibe cierta dificultad para establecer relaciones interpersonales, sus experiencias con los estímulos externos han sido traumáticas que se aísla por temor a ser dañada. Evidencia una tendencia a protegerse defensivamente de aquello que le resulta perturbador-(ver fs. 387 vta. «descripción de la realidad»)

La paciente presenta un estado de ánimo disfórico, disminución de la capacidad de sentir placer. De las pruebas administradas, surge el bloqueo afectivo y la agresión. Se acentúan lo sentimientos de soledad, tristeza y desesperanza.Hay un «antes y un después del accidente». Es evidente en su producción la sensación de desapego, la reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas, la restricción de la vida afectiva, la sensación de un futuro desolador por la ruptura sufrida-Tiene marcas en el cuerpo que la convocan al lugar del siniestro-(fs. 387 vta. «síntesis diagnóstica»). Presenta un Desarrollo Psíquico Postraumático severo, generador de un 25 % de incapacidad. Recomendó el perito además, un tratamiento psicológico y psiquiátrico por espacio de un año. El primero con una frecuencia semanal y el segundo con controles mensuales mas medicación (ver fs. 390 vta, primer párrafo).

La incapacidad -aplicada a la fórmula de la incapacidad restante- arroja un 84,13 %. Se trata de una incapacidad total y definitiva. Las secuelas se encuentran consolidadas desde el punto de vista médicolegal. Son de etiología traumática y tienen con los hechos de autos de ser probados relación de causalidad (ver fs. 390 vta., segundo párrafo).

Si bien las referidas conclusiones periciales fueron impugnadas a fs. 400/401 por la demanda y citada en garantía, mereciendo las aclaraciones del experto que lucen a fs. 409, lo cierto es que las consideraciones efectuadas para fundamentar sus disensos no bastan, a mi juicio, para descalificar la labor pericial.

También corresponde destacar que dicho escrito impugnatorio no fue avalado por un profesional médico. Pese a que la interesada dijo haber contado para su confección con el asesoramiento de la consultora técnica (Dra.Krumekaduk) el escrito sólo fue suscripto por la letrada apoderada de los demandados a quien no cabe suponer dotada de los conocimientos técnicos de la materia específica a la que alude.

En tales condiciones, y siendo que el dictamen aparece fundado en principios de naturaleza científica, propios de la esfera del saber de quien lo suscribe, a falta de otros elementos que demuestren el error o desacierto en que pudo haber incurrido aquél en su análisis, cabe atenerse a lo que de este resulta.

Conviene no obstante recordar el carácter relativo que adquieren en el análisis integral del caso los porcentajes de incapacidad. Reiteradamente hemos dicho que a fin de determinar el resarcimiento debido a título de incapacidad sobreviniente, las secuelas aludidas deben ponderarse en tanto representen indirectamente a la víctima un perjuicio de orden patrimonial (art. 1068, Código Civil), es decir en tanto impliquen una minusvalía con compromiso de las aptitudes productivas y de la vida de relación en general, frustrando de esa manera posibilidades económicas o incrementando gastos, lo que se valorará atendiendo a las circunstancias personales, socioeconómicas y culturales de aquélla, sin aceptar sin más los porcentajes de incapacidad propios del derecho laboral o previsional, y aceptándolos como un dato, mas no decisivo, pues de lo que se trata es de apreciar la concreta incidencia de las secuelas, según su naturaleza y entidad, sobre una persona determinada, en orden al mencionado menoscabo patrimonial. (conf. Esta Sala, exptes. N° 83.084, 83.217, 84.881, 85.128, 86.897, 88.191, 88.841, entre otros).

Así, habré de valorar las graves secuelas halladas a la luz de las condiciones personales de la damnificada.Y en este sentido es imposible soslayar las graves limitaciones que le acarrearán en su vida no solo laboral, sino también en lo profesional, entendido éste en su sentido mas amplio, ya que como se verá, tenía un considerable desarrollo, sino también en otros aspectos de su vida, social, recreativa y de relación en general.

La actora tenía 53 años de edad al momento del accidente, soltera, sin hijos, que vive sola y es Médica Psiquiatra y Médica especialista en Medicina Legal (fs. 194 y fs. 240/7), desempeñándose en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas «T. de Alvear». A fs. 223/4 el citado nosocomio informa que durante el período 13-05-2010 y hasta el 5/08/2011 gozó de licencia médica por largo tratamiento. Informó asimismo que la actora se reintegró a su función normal y tareas habituales en el área de urgencias desde su alta médica, período en cual -dada la relación de dependencia- cabe presumir que le era abonado el sueldo, el que -según declaró a fs. 5 del beneficio de litigar sin gastos- ascendía para el mes de octubre de 2010 a la suma de $ 6.000 aprox. (ver comprobante de fs. 29/30 del beneficio de litigar sin gastos) y que se integraba con otros ingresos que obtenía en forma privada a través de la atención de pacientes particulares y derivados de la Obra social (ver declaración de fs. 10/11 y 17/18 del beneficio de litigar sin gastos) y que debió dejar de atender con causa en el accidente (ver declaración de fs. 293/4 de estos autos) .

No hay una prueba concreta acerca de la repercusión patrimonial que las graves lesiones físicas, estéticas y psicológicas han dejado en la actora, pues si bien no la inhabilitaron para continuar desempeñando su cargo para trabajar -tal como lo prueba la informativa de fs.221/5- cabe presumir que su gravedad la colocó y la colocará de aquí en más en una situación de mucha mayor vulnerabilidad sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad profesional de la demandante, preponderantemente de índole intelectual, dedicada al servicio de la salud.

La declaración del testigo Lopapa -Lic. En Servicio Social y compañero de guardia en el Hospital Alvear donde la actora trabaja- fue ilustrativa acerca de las graves limitaciones que padece la actora: » en cuanto a lo físico ella se manejaba con bastones canadienses por lo que no podía salir en ambulancia y las habituales que hacen a la restricción de los pacientes, ya que el hospital donde trabajan es un hospital psiquiatría. Desde entonces se muestra insegura, trata de estar a resguardo, ya que los pacientes son bastante agresivos y una cosa que le llamó la atención es, que ella era una persona muy decidida para afrontar situaciones críticas, ahora consulta todo, es indecisa, pregunta y repregunta todo y hasta desconfía de lo que hacen los compañeros dada su propia inseguridad. También tarda mucho en llegar al hospital dado que le cuesta movilizarse. Antes era una persona muy puntual y ahora no. -» (ver fs. 293/4, respuesta a pregunta séptima).

Y ponderando todo ello, así como dije la edad de la actora, su entorno socio económico, probable vida útil y sus posibilidades genéricas que involucran su aspecto no solo laboral o profesional sino también, social, recreativo y de relación en general, considero que las sumas asignadas por el a quo para resarcir la incapacidad sobreviniente comprensiva del daño físico ( $ 600.000), daño psícológico ($ 400.000) y daño estético ($ 100.000) y cuyo total asciende a la suma de $ 1.100.000 no resulta elevada como sostiene el demandado y su aseguradora, razón por la cual -a mi juicio- debe ser confirmada.

V.Con relación a los gastos por «tratamiento psicológico» destaco que el hecho de q ue se indemnice a la actora por la incapacidad psíquica que padece, en modo alguno obsta a la determinación de una suma resarcitoria para afrontar las erogaciones que demande el tratamiento recomendado por el perito médico legista, toda vez que esos tratamientos no garantizan la remisión absoluta de las secuelas existentes, sino tan sólo la morigeración de las mismas o impiden su agravamiento. De tal suerte que es correcto reconocer sendas partidas por los ítems que se tratan.

Respecto al quantum establecido, no se advierte que la suma reconocida por el sentenciante no se compadezca con la incapacidad establecida o se muestre exorbitante como dice la quejosa, teniendo en cuenta la gravedad del caso, de las secuelas halladas y la incapacidad estimada, por lo que propongo confirmar esta partida.

VI. En cuanto a la indemnización otorgada a Pallares por daño moral, cabe señalar que para la consideración de esta reparación, esta Sala tiene presente las condiciones personales de la víctima, tales como edad -53 años al momento del accidente-, sexo, educación, relaciones familiares y sociales, nivel cultural, etc; además de evaluar los padecimientos que el accidente le reportó, tales como lesiones sufridas, naturaleza de las secuelas permanentes, período de internación, intervenciones quirúrgicas a que debió ser sometida, temores por su supervivencia y por la recuperación de su salud, tratamientos a que debió someterse, prolongación del período de recuperación.

Atendiendo a todas estas consideraciones -a las que alude el dictamen médico de fs. 386/92 y la declaración testimonial de Lopapa a fs. 293-, y que en el caso de la actora han sido de consideración, dos internaciones prolongadas, con las correlativas intervenciones quirúrgicas, secuela de cicatrices notorias ya descriptas -ver fotografías de fs. 65/81-, marcha claudicante por acortamiento del miembro inferior izquierdo debiendo utilizar bastón (fs.389 vta.) y demás constancias anteriormente señaladas, considero que la indemnización del daño moral estimada por el sentenciante ($300.000) se muestra acorde a las circunstancias del caso, razón por la cual deberá ser confirmado.

VII. Como consecuencia del accidente la actora dijo al demandar que había perdido la posibilidad de postularse al concurso de oposiciones y antecedentes para la ocupación de la vacante existente de la jefatura de psiquiatría médica en el hospital Alvear donde se desempeñaba como médica psiquiatra.

Sin embargo, al ser requerida dicha información al nosocomio, informó a fs. 223/4 que «con relación al cargo vacante de jefatura de psiquiatría, cabe mencionar que la Comisión Asesora Técnica Administrativa de este Hospital resolvió en Acta n° 304 de fecha 24 de octubre de 2011, solicitar al nivel central la autorización para que se realice el llamado a la selección interna para cubrir un cargo de Jefe de Sección Guardia del día Jueves en carácter de reemplazante».

Coincido con el a quo en que ello ocurrió con posterioridad al reintegro laboral de la actora que -según el mismo nosocomio informó- ocurrió a partir del mes de agosto de 2011 (ver fs. 223/4).

Las quejas que vierte la actora no alcanzan a revertir los fundamentos dados por el juez al decidir el punto.

Ni la mención efectuada por el testigo Lopapa ( fs. 293) («que se perdió la posibilidad de concursar por la Jefatura de Guardia en el Hospital Alvear que en ese momento se hallaba vacante», y que «-se habría reintegrado a fines del año pasado», respuesta pregunta quinta y sexta, fs. 294 y vta.) ni la que pudo hacerse en el psicodiagnóstico en cuanto a que la actora se habría reintegrado con posterioridad a esa fecha y, por ende, con posterioridad a la apertura del concurso que dice se vio privada de participar, pueden contrarrestar la información que surge del propio nosocomio.Si ello no era así, parece claro que ameritaba por parte de la actora una prueba mucho más irrefutable sobre el extremo, cosa que no le hubiera sido difícil conseguir de su propia empleadora. Debía ella – en aras de su propio interés y por estar en mejor situación para lograrlo- acreditar la fecha exacta en que se reincorporó -si es que pretende que no fue aquella informada a fs. 223/4- y que los motivos de su no presentación al concurso respondieron al lamentable suceso que le tocó vivir.

Siendo ello así, se advierte claramente que ninguna prueba se arrimó a fin de probar la pérdida de chance alegada; por lo que deberán ser rechazados los agravios y confirmarse este aspecto de la sentencia.

VIII. El juez rechazó una partida tendiente a afrontar las cirugías estéticas reparadoras en el entendimiento de que no había sido probada mediante la prueba pericial médica. La actora se agravia solicitando se conceda una suma por tal concepto habida cuenta la existencia comprobada de cicatrices que merecen ser reparadas.

La descripción de las cicatrices que se hizo en el acápite correspondiente permite deducir que éstas son de gran envergadura. El perito médico, por su parte, no descartó que ellas sean pasibles de intervención. Dijo al respecto «-considerando los deseos de la paciente se podría intentar reparar los inesteticismos por las cicatrices a un costo de $ 50.000-» (ver fs. 390 vta., segundo párrafo).

Atendiendo a esta circunstancia, estimo que deberá revocarse este aspecto de la sentencia y accederse al reclamo. En cuanto al monto y siendo que la interesada pidió expresamente en los agravios la suma de $ 20.000, el rubro habrá de prosperar por dicha suma.

IX. La actora solicitó ser reembolsada por los «gastos por personal doméstico» en que dijo haber incurrido durante el período que va del 9.9.2010 hasta el 15.10.2010 (ver demanda fs. punto «c» del punto VI de fs.85) . El juez rechazó el reclamo por falta de prueba.

Coincido con la quejosa cuando solicita se revoque este aspecto del fallo, si se atiende a las graves dificultades ambulatorias por las que atravesó Pallares, las cuales sin duda requerían contar con una ayuda especial, máxime, si -como sucede en el caso de autos- la actora vive sola. Por lo demás, el menoscabo se encuentra acreditado con la declaración del testigo Lopapa en esta causa donde manifiesta que «-Luego le tuvo que conseguir una persona para que la atendiera en la casa, ya que no se podía movilizar bien-» (ver respuesta pregunta segunda, fs. 296) . El mismo testigo declara en el beneficio de litigar sin gastos que con los ingresos la actora decía «-atender parte de su rehabilitación y todos los gastos de mantención, incluidos los de una empleada que la ayuda con sus tareas domésticas y que he visto en su domicilio en las oportunidades en que he concurrido» (fs. 10 vta., citada causa). Siendo ello así, propongo revocar este aspecto del decisorio y conceder por este ítem la suma de $ 2.900 que es la solicitada expresamente por la actora en los agravios.

X. Pese a que es cierto lo aducido por la quejosa en cuanto a que la parte resolutiva no lo refleja, el juez fue claro en el «considerando V» (ver fs. 442 vta.) al establecer que conforme la doctrina plenaria mencionada (en referencia a «Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A.» , «Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial S.A.» ) correspondía «-rechazar el planteo de la compañía aseguradora y hacer extensiva la condena en los términos del artículo 118 de la ley 17.418 contra Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros». En consecuencia, y toda vez que éste aspecto no fue cuestionado por la aseguradora, quien tampoco solicitó aclaratoria en la instancia de grado, deberá aclararse que la condena se hace extensiva a la aseguradora, resultando inoponible a la parte actora la franquicia invocada por esta última.

XI.Se deja establecido que los importes determinados en este pronunciamiento lo son a valores de la sentencia apelada.

XII. El Sr. Juez de grado dispuso adicionar a los importes de las indemnizaciones reconocidas intereses desde la fecha del hecho hasta la del efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, conforme la doctrina plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil recaída in re «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios» . De ello se agravia la demandada y su aseguradora cuestionando la aplicación de dicha tasa desde la fecha del hecho hasta el dictado de la sentencia.

En primer lugar corresponde señalar que no soslayo que la reciente ley 26.853 de Creación de las Cámaras Federales de Casación derogó el art. 303 del Código Procesal (art. 12 de la citada ley), norma ésta que asigna fuerza obligatoria a la interpretación de la ley establecida en una sentencia plenaria. No obstante y sin perjuicio de la postura que se adopte sobre la vigencia temporal de tal derogación, lo cierto es que comparto la interpretación legal que resulta del voto de la mayoría en el citado fallo plenario, razón por la cual me remito a sus términos.

No obstante ello, esta sala comparte el criterio de fijar la tasa referida sólo a partir del pronunciamiento de primera instancia. Es que hallándose los importes determinados a esa fecha y libres hasta entonces de deterioro a causa de la desvalorización monetaria, la tasa activa, dada su composición importaría compensar ese deterioro, inexistente, incrementando en forma indebida el significado económico de la condena. Así lo ha resuelto esta Sala en numerosos casos análogos (conf. exptes.n°59.408/03 el 5 de noviembre de 2009; 19.835/06 del 15 de octubre de 2009, 99575/06 del 26 de marzo de 2010 entre otros).

En consecuencia, y de acuerdo al temperamento adoptado por esta Sala en los autos «Martínez, Eladio Felipe c/ Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios» del 15 de marzo del año 2013 y sus citas, entre otros; me lleva a propiciar que desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8 % anual, como tasa pura -suf icientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales- y a partir de allí la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina establecida en el fallo en recurso.

En consecuencia propicio que se fije la tasa del 8 % anual desde el evento dañoso hasta el decisorio recurrido y a partir de allí la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina establecida en el fallo en recurso.

XIII. Por lo dicho hasta aquí, soy de opinión que deberá modificarse la sentencia apelada , elevando la indemnización a favor de María Cristina Pallares a la suma de un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos pesos ($ 1.434.900), con más los intereses de acuerdo a la forma que acabo de proponer en el considerando XII, disponiendo que la condena ha sido extensiva a la aseguradora «Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros» resultando inoponible a la actora la franquicia oportunamente invocada, e imponiendo las costas de alzada a la demandada y aseguradora sustancialmente vencidas.

Por razones análogas, la Dra. UBIEDO adhiere al voto de la Dra. Castro.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art.64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

Se hace constar asimismo que la Vocalía n° 25 se halla vacante.

MARÍA LAURA RAGONI

SECRETARIA

Buenos Aires, 2 de junio de 2015

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve: 1°) Modificar la sentencia de fs. 435/54 con el siguiente alcance: a) Elevar la indemnización a favor de María Cristina Pallares a la suma de un millón cuatrocientos treinta y cuatro mil novecientos pesos ($1.434.900); b) Establecer que los intereses corran en la forma establecida en el considerando XII del primer voto; c) Disponer que la condena ha sido extendida a la aseguradora «Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros» resultando inoponible a la actora la franquicia oportunamente invocada. 2°) Imponer las costas de alzada a la demandada y aseguradora sustancialmente vencidas.

Atento lo resuelto precedentemente y lo establecido en el art. 279 del Código Procesal, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios efectuadas en la sentencia de grado.

Teniendo en cuenta las constancias de autos, la labor profesional apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto por el que prospera la demanda con sus intereses al solo efecto regulatorio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 6,7,9,19,37,38 y concordantes de la ley 21.839, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, en conjunto, Dres. Graciela Genovese y Alberto Carlos Hadida en ($.) y los correspondientes a los letrados apoderados de la parte demandada y de la citada en garantía, en conjunto, Dres. Luz María Herrera, Martín Guillermo Blanco y Agostina Carla Gremone en ($.).

Considerando los trabajos efectuados por los expertos, su incidencia en el resultado del proceso, las pautas del decreto ley 7887/55, el art. 478 del Código Procesal y la ley de arancel de abogados de aplicación supletoria, regúlanse los honorarios del perito ingeniero mecánico Julio Alberto Bonelli en la suma de ($.) y los del perito médico Dr. Jaime Pablo Gavalda en la suma de ($.).

Atento lo establecido en el art. 1º inc. g) del Anexo III, del Decreto 1467/2011, se fijan los honorarios de la mediadora Dra. Gabriela Abiniacar en ($.).

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art. 14 de la ley 21.839, regúlanse los honorarios de la Dra. Graciela Genovese en ($.) y los de la Dra. Agostina Carla Gremone en ($.).

Regístrese y notifíquese.

PATRICIA E. CASTRO

CARMEN N. UBIEDO

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