La enfermedad preexistente del menor contribuyó causalmente al daño psíquico sufrido por la caída en la escuela por una zancadilla de un compañero

shutterstock_174166424Partes: G.G, F.C. por su hijo menor G.E.A. c/ M.D. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza

Sala/Juzgado: Cuarta

Fecha: 11-may-2015

Cita: MJ-JU-M-92603-AR | MJJ92603 | MJJ92603

La enfermedad preexistente del menor contribuyó causalmente al daño psíquico sufrido a raíz de la caída en la escuela, cuando un compañero le hizo una zancadilla. Cuadro de rubros indemnizatorios.

cuadro 1

Sumario:

1.-Cabe concluir que la grave enfermedad preexistente que padecía el menor accidentado en la escuela, con un prolongado tratamiento de la misma, ha influido causalmente en el diagnóstico de fobia social compatible con una reacción vivencial anormal neurótica grado II, por más que la perito aclare que el miedo o comportamiento de evicción no se deban a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o a una enfermedad médica, sino al hecho traumático vivido que precede al daño psíquico.

2.-Si el daño psíquico o psicológico se encuentra acreditado puede resarcirse, sin que esto implique duplicidad de reclamo, como daño material siempre que la lesión sufrida haya producido una alteración patológica de la psiquis traducida en una enfermedad mental que requiera de tratamiento y/o medicación, o bien como daño moral si la lesión se produce en los sentimientos, creencias, facultades, posibilidades, características o vida de relación de una persona.

3.-Cualquiera sea la definición que se adopte o postura respecto a la autonomía o no del daño psíquico, resulta innegable que la integridad psíquica de la persona es objeto de protección jurídica, de modo tal que toda lesión a la psique debe ser resarcida sin perjuicio de las lesiones corporales que el afectado haya sufrido o no, ya que cuerpo y psique son una unidad inescindible.

Fallo:

En la ciudad de Mendoza a los once días del mes de mayo de dos mil quince, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces, trajeron a deliberación para resolver en definitiva los autos N° 162.874/50.882, caratulados “G. G. , F. C. P/SU HIJO MENOR G. , E. A. C/ M. , D. y OTS. P/ D. Y P.”, originarios del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada en los Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, venido al Tribunal en virtud de los recursos de apelación planteados a fs. 342 por la demandada Dirección General de Escuelas y a fs. 344 por la parte actora, en contra de la sentencia de fs. 323/330.

Practicado a fs. 371 el sorteo establecido por el art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Dres. Ferrer, Leiva y Sar Sar.

De conformidad con lo ordenado en el art. 160 de la Constitución Provincial, se plantearon las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión:

¿Debe modificarse la sentencia en recurso?

Segunda cuestión:

¿Costas?

Sobre la primera cuestión propuesta, el Sr. Conjuez de Cámara, Dr. Claudio A. Ferrer, dijo:

I.- Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 323/330, por la cual el Sr. Juez “a quo” hace lugar parcialmente a la demanda incoada por F. C. Gómez González, en representación de su hijo menor Esteban A. Gómez y, en consecuencia, condena a la Dirección General de Escuelas a pagarle a este la suma de $25.000, con más sus intereses y la rechaza contra D. Elena M. ; Marcela Verónica Hetcher; Juan Manuel Celedón y Viviana Celedón.

A fs. 358/359 expresa agravios el Dr. Mario Sergio Fernández, por la demandada Dirección General de Escuelas, objetando la existencia del daño y el monto de resarcimiento que se ordena pagar en la sentencia, con costas.

A fs.364/365, el Dr. Abraham Néstor Majul, por el actor E. A. Gómez, desiste del recurso de apelación interpuesto a fs. 344 y contesta el traslado de la expresión de agravios, solicitando se declare desierto el recurso de apelación incoado por la Dirección General de Escuelas y, en subsidio, que se lo rechace, con costas.

II.- PLATAFORMA FÁCTICA:

Que a fs. 17/20 se presenta la Sra. F. C. Gómez González, por su hijo menor E. A. Gómez y promueve demanda por daños y perjuicios en contra de D. E. M. ; Marcela Verónica Hetle; padres del menor Juan Manuel Celedón y Dirección General de Escuelas, solicitando se los condene al pago de la suma de $7.000 o lo que en más o en menos pudiere corresponder a tenor de la prueba a rendirse.

Relata que el día 28 de Julio de 2004, aproximadamente a las 12:45hs., a la entrada de la jornada escolar del turno tarde, en la Escuela n° 1-139 Caseros, su hijo E. A. Gómez, alumno de 2° año “C”, se desplazaba por la galería corriendo, oportunidad en que el alumno Juan Manuel Celedón, compañero del mismo curso, le hizo una zancandilla, tras la cual su hijo cae sufriendo hemorragia de ambas fosas nasales y un corte en el labio superior.Explica que el menor fue trasladado por el Servicio Coordinado de Emergencias al Hospital Notti, en donde, luego de hacerle los estudios de rigor, se le diagnosticó una fractura de hueso propio de la nariz.

Aclara que, además, su hijo padece, según diagnóstico del 28-11-99, leucemia linfoblástica aguda, habiéndosele hecho el tratamiento de dos años según protocolo y concurriendo a controles periódicos.

Afirma que su hijo debió ser operado como consecuencia del accidente, padeciendo dolores y estudios complejos, antes y después de la intervención, habiendo quedado muy vulnerable a las caídas, dolores, padecimientos y temores constantes, con mucho miedo a estar dentro y fuera del establecimiento educacional al que concurre.

Luego de referirse a la responsabilidad de cada uno de los demandados, menciona que el menor ha quedado afectado física y psíquicamente con graves padecimientos, aclarando que sufre mareos, dolores de cabeza y molestias al respirar y que el monto que se reclama abarca tanto el daño estético, como el psíquico y el moral.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 35/36, comparece el Dr. Mario Fernández, por la Sra. D. Elena M. y la Sra. Marcela Verónica Hetcher, contesta la demanda interpuesta en su contra, solicita su rechazo con costas y adhiere al responde efectuado por la Dirección General de Escuelas.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 39/42 se presenta el Dr. Marcelo Fabián Puertas, por la Dirección General de Escuelas y contesta la demanda solicitando su rechazo con costas.

Refiere que su representada carece de responsabilidad respecto del daño sufrido por el menor E. A. Gómez por configurarse los presupuestos del caso fortuito que prevé, como eximente, el art. 1117 del C.Civ.

Indica que los docentes del establecimiento educativo realizaron una vigilancia efectiva de los alumnos para evitar que estos realicen actividades que por su peligrosidad les pueda causar un daño, sin que pudieran evitar la producción del accidente que escapó al cuidado y previsión normal y que se presentó como un hecho irresistible.

Impugna el monto peticionado como resarcimiento.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

A fs. 48/53, se presenta el Dr. Pedro Alberto García Espetxe, por Fiscalía de Estado y contesta la demanda solicitando su rechazo con costas.

Luego de las negativas generales y particulares, afirma que la Dirección General de Escuelas no es responsable por un golpe producido al estar jugando varios niños, siendo estos quienes deberían responder por el daño causado.

Impugna la entidad de las lesiones y el nexo causal entre el daño y la actuación del personal escolar.

Ofrece pruebas y funda en derecho.

III.- LA SENTENCIA RECURRIDA:

El Sr. Juez “a quo” considera probado con las constancias de autos que el 28 de julio de 2.004, alrededor de las 12:45hs., el niño Gómez, alumno de 2° grado “C” de la Escuela Caseros, estaba corriendo en la galería, cuando el alumno Juan Manuel Celedón le hizo una zancadilla, tras la cual cae, produciéndose lesiones.

Afirma que al no existir controversia sobre el modo de producción del accidente resulta irrelevante la prueba de la asunción de todas las diligencias debidas para liberar al establecimiento educativo y que la eximente de responsabilidad fundada en el caso fortuito debe ser analizada con un criterio de excepcionalidad, no revistiendo el accidente que sufriera el menor Gómez el carácter de imprevisible e inevitable para hacer operativa esa exención.

Expresa que la D.G.E. resulta responsable por los daños sufridos por el menor Gómez conforme lo normado por el art. 1117 del C. Civ., pero que no resultan responsables por ese hecho, ni los padres del alumno Juan Manuel Celedón, que en ese momento habían transferido su guarda al establecimiento educativo (art.1115 del C. Civ.), ni la vicedirectora y la maestra (D. Elena M. y Marcela Verónica Hetcher), respecto de quienes no se ha probado un accionar culposo.

En relación a la valoración y cuantificación de los daños, sostiene que en la etapa de los alegatos se piden tres rubros conformados por incapacidad sobreviniente; daño moral y daño psíquico – tratamiento psicológico, pero que la suma de $7.000, solicitada al demandar, se refería solo a daño estético, psíquico y moral.

Refiere que el cambio de los rubros en los alegatos importa avanzar sobre el derecho de defensa de los demandados, por lo que solo trata el daño moralpsíquico y el tratamiento psicológico.

Aclara que el daño moral es independiente del daño patrimonial y que, en este caso, con las constancias de las pericias médicas se ha acreditado que la integridad física del menor actor se vio lesionada, aunque sin dejarle secuelas incapacitantes desde el punto de vista neurológico, ni otorrinolaringológico, pero que sí le causaron padecimientos físicos y morales que deben ser reparados.

Considera que la perito psicóloga concluyó que el menor padece un cuadro que se corresponde con una reacción vivencial anormal neurótica grado II, con una incapacidad del 10%, que necesita tratamiento psicoterapéutico y que si bien esa pericia fue observada, lo cierto es que los fundamentos recién fueron expresados en los alegatos, lo cual relativiza el poder convictivo de la observación al privar al Tribunal de la opinión o contestación del perito.

En definitiva, tiene en cuenta la entidad de las lesiones; que necesitó ser trasladado a un Hospital, con internación temporaria y que sufre una incapacidad psicológica del 10% que requiere de tratamiento psicoterapéutico, estimando prudencial hacer lugar al resarcimiento, en conjunto (comprensiva de daño moral, psicológico y tratamiento psicológico), por la suma de $25.000, con más intereses de la Ley 4087 desde la fecha del accidente y hasta el dictado de la sentencia y a partir deallí los del plenario “Aguirre”.

Impone las costas por lo que prospera la demanda a la demandada D.G.E. y a la parte actora por lo que se la rechaza respecto de los codemandados D. Elena M. ; Marcela Verónica Hetcher; Juan Manuel Celedón y Viviana Celedón.

IV.- LA EXPRESION DE AGRAVIOS Y SU CONTESTACION:

En la expresión de agravios de fs. 358/359, el Dr. Mario Sergio Fernández, por la demandada Dirección General de Escuelas, menciona que la sentencia le causa agravio porque decide simplemente seguir el criterio de la pericia psicológica, en la que se indica la existencia de una fobia social, producida como consecuencia del hecho traumático vivido, que se corresponde con una reacción vivencial anormal neurótica de grado II, que requiere tratamiento y le genera una incapacidad del 10%, sin que el Juez, ni la perito se hayan cuestionado razonablemente de qué modo han podido influir en el cuadro descripto los antecedentes terapéuticos de la infancia, de la familia y de su entorno a raíz de la leucemia padecida y afortunadamente curada.

Refiere que se da por cierto que existió un único traum a y que se debe exclusivamente al accidente escolar, aclarando que no debe haber quedado tan afectado el menor por un accidente sin secuelas, ni necesidad de tratamiento.

Menciona que el sentenciante no se encuentra obligado por semejante pericia y que resulta claro que si la fobia existe y se corresponde a una reacción vivencial anormal neurótica, muy poco tiene que ver con ella la D.G.E.

Estima que para el hipotético caso en que se concluya en la existencia de padecimientos que deban ser reparados por la D.G.E., el resarcimiento no debería superar la suma de $8.000, ya que una superior haría lugar a una mera especulación dineraria, efectuada por la parte actora con fines de lucro a partir de un accidente.

A fs. 369/380, el Dr. Abraham Néstor Majul, por E. A.Gómez, contesta el traslado de la expresión de agravios, solicita se declare desierto el recurso de apelación incoado por la D.G.E. y, en subsidio, que se lo rechace con costas, todo conforme a las razones que esboza a las que me remito en honor a la brevedad.

V.- TRATAMIENTO DEL RECURSO:

Ante todo debo mencionar que el accionante solicita se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por la Dirección General de Escuelas por considerar que sus agravios no reúnen los requisitos que a esos efectos establece el art. 137 del C.P.C.

Tal como lo sostienen Lino E. Palacio y Adolfo Alvarado Velloso (C.P.C. y C.N.; Rubinzal-Culzoni; 1962, t. 6, p. 389 y ss; cit. por Andrea Meroi; Sobre la expresión de agravios, LL Litoral 2014 (septiembre), 837; AR/DOC/3080/2014) podríamos listar las hipótesis de expresiones de agravio idóneas: debe ser una crítica concreta y razonada, que ataque la línea de razonamiento del a quo, indicando concretamente los puntos en los cuales el apelante está disconforme; a tal fin, el interesado debe precisar punto por punto los errores, omisiones o deficiencias de la sentencia, y poner de manifiesto los errores de hecho o de derecho, cual puede ser la defectuosa aplicación de la ley o la equivocación en el proceso mental y lógico del pensamiento del Juez, concretando puntualmente cada una de las quejas y las razones en que se apoya, indicando con argumentos y pruebas dónde se encuentra el error de juicio del Juez y expresando cuál es la solución que se pretende del Tribunal “ad quem”.

En definitiva, como lo ha expresado este Cuerpo, con otra integración (autos Nº 33.711/113.860 caratulados “RAMONOT, ENRIQUE L.C/MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS P/DAÑOS Y PERJUICIOS”; del 02/02/2012), puede decirse, siguiendo a Podetti, que cuando un sujeto realiza el acto de disconformidad con una resolución judicial, que implica la interposición de un recurso, contrae la obligación procesal de dar al Tribunal que debe resolver el recurso, las razones de hecho y jurídicas, que lo fundamenten. Si no lo hace deja de cumplir con la obligación (rectiuscarga) procesal, negándose a contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la recta aplicación del derecho, y debe ser considerado rebelde y sancionarse esa rebeldía con la deserción del recurso. (PODETTI, Ramiro, “Tratado de los Recursos”, Buenos Aires, Ediar, 1.975, pág. 288).

Dicho con otras palabras, la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica completa y autosuficiente que contenga el análisis razonado y crítico de la resolución impugnada, caso contrario con sujeción al art. 137 del C.P.C., debe declararse desierto el recurso de apelación.

El análisis de los fundamentos formulados por la D.G.E., implican una crítica que, con un mínimo de suficiencia, cumple con los recaudos del art. 137 del C.P.C., por lo que, participando del criterio amplio que entiende que la Alzada no debe autolimitarse en sus poderes de revisión al aferrarse a interpretaciones severas que terminen frustrando el derecho de defensa del recurrente, considero que no corresponde hacer lugar al pedido de deserción del recurso en cuestión.

Cabe advertir que no es objeto del recurso de apelación la responsabilidad que se le atribuye a la Dirección General de Escuelas por los daños sufridos por el actor E. A. Gómez como consecuencia del accidente que este sufriera dentro de la Escuela n° 1-139, el 28 de julio del 2.004, conforme lo normado por el art. 1117 del C.Civ., ni tampoco lo es la ausencia de configuración de la eximente esgrimida por la mencionada demandada al contestar la acción interpuesta en su contra, fundada en el caso fortuito o la valoración conjunta del daño moral; daño psíquico y tratamiento psicológico y determinación de una indemnización por un monto mayor al reclamado en la demanda que realiza el sentenciante, fundándose en que son rubros que deben indemnizarse a valores actuales, a lo que agrego, por tratarse de obligaciones de valor que, como consecuencia del principio de la reparación integral (art. 19 C.N. y 1083 C.Civ.), imponen tener en cuenta la depreciación de la moneda a los efectos de otorgar una indemnización justa, lo cual me impide ingresar en su análisis, ya que, conforme se ha expresado en otras oportunidades, las Cámaras de Apelaciones son revisoras de lo actuado y decidido en primer grado, es decir, que su jurisdicción está limitada por el alcance de los recursos concedidos que determinan el ámbito de su competencia decisoria, fundado en el principio de congruencia que sustentan los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

Así se ha expresado que la congruencia de la sentencia pronunciada por los Tribunales de apelación deviene de un comportamiento lógico, por un lado, el que resulta de la relación procesal, y por el otro, el nacido de la propia limitación que el apelante haya impuesto a su recurso, siendo la expresión de agravios la que señala el marco de la competencia del Tribunal, no pudiendo éste resolver de oficio cuestiones ajenas a las planteadas en la impugnación, o que no han sido puestas a su consideración, menos respecto de las cuales no hubiere recaído sentencia en primera instancia, de otra manera su decisión puede ser atacada por exceso de poder, considerando el pronunciamiento como una sentencia “ultra petita” (DE SANTO, “El Proceso Civil”, t. 1 VIII-A, ps. 299 y ss., Ed.Universidad Buenos Aires, 1987.).

Lo que sí ha sido materia de agravio es la valoración y cuantificación que el Juez a quo realiza respecto del daño que ordena resarcir, en especial, por haber seguido las conclusiones de la pericia psicológica que indica la presencia de una fobia social, producida como consecuencia del hecho traumático vivido (accidente en el establecimiento educativo), que le genera una incapacidad del 10% y requiere de tratamiento psicoterapéutico, sin haberse cuestionado, ni el Juez, ni el perito, de qué modo han influido en ese cuadro otros antecedentes traumáticos de la infancia, de la familia y de su entorno a raíz de la leucemia padecida y curada.

En ese aspecto señala la apelante que el sentenciante no está obligado por semejante pericia y que de existir aquel cuadro, muy poco tiene que ver en ello la Escuela o la D.G.E., estimando que si alguna relación tuviera el resarcimiento no debería superar los $8.000 a la fecha de la sentencia.

Más allá de que solo haya sido materia de agravio la valoración y cuantificación del daño, que en la sentencia se lo califica como moralpsíquico y tratamiento psicológico, parece oportuno recordar que el art. 1078 del C. Civ., establece que “La obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima.”.

Siguiendo a Matilde Zavala de González, podríamos decir que “El daño moral compromete lo que el sujeto “es”, en tanto que el daño patrimonial lesiona lo que la persona “tiene”. Las principales vertientes del daño moral residen en lesiones que afectan la vida, la salud o la dignidad de las personas, es decir, su existencia y su integridad psicofísica, espiritual y social. Acorde con el anterior texto del Art.1.078 del Código Civil, que conserva vigencia práctica por su valor doctrinario, dicho perjuicio consiste en el agravio moral que se ocasiona a la persona, “molestándola en su seguridad personal, o en el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legítimas.” Esta definición es amplia y permite abarcar diversas proyecciones del daño moral: a) Molestias en la seguridad personal: Los hechos que atentan contra la vida, salud o libertad de las víctimas generan por fuerza un daño moral (in re ipsa), pues destruyen o menoscaban su personalidad. Por ejemplo: secuestro, una amenaza, calumnia que genera el riesgo de imputación penal; b) Molestias en el goce de los bienes. Los bienes económicos son necesarios para la subsistencia y el desenvolvimiento digno de la vida. También es factible que haya intereses espirituales vinculados a determinados bienes patrimoniales (un anillo de matrimonio o cualquier otro recuerdo afectivo). En tales casos, el hecho lesivo ocasiona un daño moral con independencia del valor económico de esos objetos. Sin embargo, no todo perjuicio patrimonial ocasiona un daño moral; por ejemplo, los Tribunales no reconocen un menoscabo espiritual resarcible en los accidentes de tránsito cuando sólo se deterioran los vehículos, sin lesiones personales. Para que surja un daño moral, es menester que, además del desmedro económico, concurra una repercusión en los intereses existenciales del sujeto y no se reputa que suceda sólo ante molestias o inconvenientes de relativa entidad; c) Herida de las afecciones legítimas: Esta es una pauta genérica que engloba a los supuestos anteriores. La noción de “afecciones” se vincula con los sentimientos de la víctima y, por extensión, con toda alteración anímica (en su intelecto o en su voluntad). Las afecciones deben ser “legítimas” en el sentido de razonables, (no es necesario un reconocimiento legal). Hoy se entiende al daño moral más allá de la órbita sensitiva, como un desmejoramiento espiritual o de la personalidad y aunque no haya dolor.Las formas más frecuentes de daño moral residen en el dolor, la angustia, la tristeza, etc. Por ello, la noción de daño moral ha sido muy subjetivada y emparentada con los sufrimientos síquicos. Dicho perjuicio sería la contrapartida de la felicidad, como estado de bienestar espiritual que gozaba la víctima antes del hecho. Pues es evidente que la dimensión espiritual de la persona no se reduce a su sensibilidad, sino que comprende la existencia intelectual y volitiva, tanto en la soledad como en las relaciones con los demás”. (“Resarcimiento de daños. Presupuestos y funciones del Derecho de Daños”, Buenos Aires, Hammurabi, Tomo 4, 1.999, pág. 178, 181/182).

Con otras palabras, se ha conceptualizado al daño moral como toda alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra (conf. Mosset Iturraspe y Kemelmajer de Carlucci “Responsabilidad Civil”, p. 242) o como el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J.J., “Tratado de Derecho Civil – 243). Obligaciones”, t.I, p. 297/298, n

Por su parte, respecto del daño psíquico y su necesidad de tratamiento, ordenado resarcir de manera conjunta con el daño moral por el sentenciante, se ha sostenido, siguiendo la posición mantenida por la S.C.J.M., que sea este daño autónomo o no autónomo, se entiende que es una lesión, una perturbación patológica de la personalidad de la víctima que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente, pero siempre implica una perturbación de la normalidad del sujeto que trasciende su vida individual y de relación, por lo que a los efectos de no superponer indemnizaciones por aspectos íntimamente relacionados, cabe distinguir las siguientes posibilidades:a) si se acreditada adecuadamente la necesidad de un tratamiento psicoterapéutico para aliviar o elaborar los daños psíquicos causados por el hecho de que se trate, el gasto consecuente debe ser incluido en el rubro de los gastos terapéuticos que pueden ser futuros o a realizarse; b) si la alteración psíquica produce una pérdida patrimonial porque provoca incapacidad o aumenta la incapacidad del damnificado debe ser resarcida juntamente con el daño material provocado por ella y finalmente c) si la alteración psíquica produce sufrimiento extrapatrimonial, debe ser resarcida juntamente con el daño moral, pero no como un daño independiente (cfr. S.C.J.M. in re “Solís Vda. de Calvo y Ots. en J: 134.377, Solís Vda. de Calvo c./ Salvador Nazareno p./ D. y P. p./ Inc. Cas.”; in re “La Segunda Coop. de Seg. Grales. en J: Colombo, Inés c./ José Nogara y Ots. p./ D. y P. s./ Cas.”; Revista del Foro de Cuyo, T° 34, p. 131).

Por ello, en relación al daño psíquico o psicológico, si el mismo se encuentra acreditado, puede resarcirse sin que esto implique duplicidad de reclamo, como daño material siempre que la lesión sufrida haya producido una alteración patológica de la psiquis traducida en una enfermedad mental que requiera de tratamiento y/o medicación o bien como daño moral si la lesión se produce en los sentimientos, creencias, facultades, posibilidades, características o vida de relación de una persona.Lo cierto es que, cualquiera sea la definición que se adopte o postura respecto a su autonomía o no, lo que resulta innegable es que “la integridad psíquica de la persona es objeto de protección jurídica, de modo tal que toda lesión a la psique debe ser resarcida sin perjuicio de las lesiones corporales que el afectado haya sufrido o no, ya que cuerpo y psique son una unidad inescindible” (KRAUT, Alfredo J., “Los derechos de los pacientes”, Abeledo Perrot, 1997) y esta es justamente la posición que adoptó el Juez a quo y que, anticipo, comparto, con independencia de los términos o expresiones utilizadas, tanto en la demanda para efectuar el reclamo de su resarcimiento, como en la sentencia para acogerlo.

No soslayo que, tal como lo afirma la apelante en sus agravios, tanto la perito psicóloga (fs. 234), como el Juez al dictar la sentencia, omiten toda consideración de circunstancias preexistentes (leucemia) que pueden haber contribuido causalmente con el diagnóstico de fobia social compatible con un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica grado II, que le representa al actor una incapacidad del 10% y requiere de tratamiento psicoterapéutico, enfermedad de una singular gravedad que no se encuentra controvertido haya padecido, antes del hecho que motivó este proceso, E. Axel Gómez.

Si bien es cierto que el Juez es soberano en la apreciación de los hechos dentro de los que se encuentran los dictámenes periciales, también lo es que debe aducir razones de entidad suficiente para apartarse de las conclusiones del perito, pues su conocimiento es ajeno al del hombre de derecho (Fenochietto-Arazi, Código Procesal., Tomo 2, pág. 524), debiendo demostrar que el dictamen se halla reñido con principios lógicos o máximas de experiencia, o que existen en el proceso elementos probatorios de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos para poder apartarse de sus conclusiones (Arazi, Roland, “La prueba en el proceso civil”, pág.289 y jurisprudencia citada en notas 31 y 32), aun cuando ello no implica que no deba considerarse que la claridad en las conclusiones del perito es indispensable para allegar el suficiente poder convictivo al ánimo del Juez (Conf. Devis Echandía, Hernando, “Teoría General de la prueba judicial”, Tomo II, pág. 336) y que sus conclusiones deben ser convincentes, como consecuencia lógica de sus fundamentos y motivaciones, de modo que el Juez, si al apreciar el dictamen entiende que presenta conclusiones poco claras y carentes de sustento, no podrá otorgarle la eficacia probatoria indispensable para formar convicción sobre los hechos controvertidos (Conf. Varela, Casimiro, “Valoración de la prueba”, pág. 196), lo que permite afirmar que “el Juez no puede ser un funcionario pasivo ante el dictamen pericial, pues por el contrario en su interpretación debe asumir siempre un rol dinámico para determinar si la investigación efectuada por el perito corresponde a la realidad objetiva que fuera sometida a su estudio, y al mismo tiempo si éste formuló las deducciones sobre la base del conocimiento científico” (Salva-dor F. Scimé – “Valor Jurídico del Peritaje y Legalidad del Trastorno Mental No Permanente” – LA LEY, 1990-E, 53).

Tal como lo refiere el sentenciante y lo reafirma el actor al responder los agravios de la demandada, la observación de la pericia psicológica efectuada por esta última (fs. 246), al expresar sus fundamentos recién en la etapa de los alegatos, debe ser apreciada con un criterio severo, ya que, al hacerse de ese modo se impide que el perito pueda aportar nuevos datos o elementos que cohonesten aún más su dictamen (4° Cam. Civ. Com. Mendoza, L.S. 135-199; cit. en Código Procesal Civil de Mendoza, Coord. Horacio G. Gianella; p. 283), pero ello no implica que ese informe no deba ser valorado, dentro de las reglas de la sana crítica (art.207 C.P.C.) y conforme al rol dinámico del Juez al que antes hiciera referencia.

Ahora bien, lo que resulta muchas veces dificultoso a la hora de resolver es poder determinar si la sintomatología que presenta quien acciona por el resarcimiento de este tipo de daños guarda adecuada relación causal con el antecedente dañoso que motiva el proceso, porque, sin dudas, cada persona, antes del hecho dañoso que motiva un proceso judicial, ha vivido una serie de circunstancias que han ido moldeando su personalidad y su psiquis, lo que permite afirmar que, en la mayoría de los casos se presentan condiciones de concausalidad (endógenas y exógenas) que deben compatibilizarse para arribar a una solución justa.

Para poder delimitar estos casos resulta de suma importancia advertir si los trastornos previos (endógenos) han tenido una importancia significativa en el desarrollo de la vida del sujeto desde antes del hecho dañoso o si, por el contrario, el individuo tenía una vida normal y estable, en cuyo caso el hecho traumático habrá servido para agravar o evidenciar aquella enfermedad de base, siendo “necesario distinguir entre el daño producido como consecuencia del siniestro y aquél derivado de la situación anterior del damnificado, pues el causante de un hecho ilícito sólo debe cargar con las consecuencias derivadas del primero” (CNCiv., sala I, 17-8-2000, La Ley, 2000-F, 681).

En definitiva, para apreciar la relación causal entre el daño que se reclama y el evento dañoso, es necesario realizar un juicio de probabilidad in abstracto, es decir, un pronóstico objetivo del resultado acaecido. Por ello es necesario que exista experiencia, que solamente la da la regularidad de los eventos, a la cual se adicionarán datos científicos indubitados. Con todo se deduce si la consecuencia pudo ocurrir de acuerdo a hechos similares anteriores. (Código Civil, Bueres – Highton, Tº 2B, pág. 428, Ed.Hammurabi).

De esta manera la relación causal se infiere a partir de las características del hecho fuente, en el sentido de si es o no idóneo para producir las consecuencias que se invocan, debiendo valorarse si existe causalidad entre el suceso y los resultados que se le atribuyen, sin soslayar que “al Juez le es suficiente para llegar a la convicción de la existencia de la relación de causalidad la prueba de una probabilidad bastante cierta en tal sentido”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B, 1999/02/02, “F., J. c. Consultorios Médicos Bogotá y otros”, LL 1999 C, 768) y que “en materia de prueba de la relación de causalidad entre un determinado hecho y las consecuencias que el actor le imputa para fundamentar la solicitud de resarcimiento de los daños y perjuicios causados, el juzgador puede válidamente recurrir a las “presunciones hominis”, siempre que el demandante haya acreditado el acaecimiento del hecho y de las consecuencias ocurridas, además de las circunstancias de tiempo, lugar y modo que caracterizan a ambos.” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, sala II, 1998/06/25, “F., E. y otra c. S. M. F.y otros”, LL Litoral, 1998-2, 783).

La realidad nos muestra que, muchas veces o al menos más de las que resulta dable esperar, en especial en torno a la determinación de la incapacidad psíquica o psicológica, los jueces nos encontramos con informes periciales que determinan graves secuelas de este tipo, las cuales, conforme al orden natural de las cosas, no resultan ser una consecuencia previsible del evento dañoso que no tuvo características espectaculares, ni puso efectivamente en riesgo la vida del accionante, ni le ocasionó siquiera un daño físico relevante, pero que, por el contrario, importan una incapacidad psíquica relevante, siendo justamente en estos casos cuando, sin dejar de atender a los principios de reparación integral que imperan en el derecho de daños, se debe profundizar el análisis de la adecuada relación causal entre el evento dañoso y las secuelas psíquicas, verificando con rigor que las secuelas determinadas en los informes periciales encuentren debido sustento en elementos objetivos obrantes en la causa ya que si ese respaldo no existe la pericia carece de fundamentos aunque traduzca un gran conocimiento teórico.

Efectuadas estas aclaraciones, debo concluir en que indudablemente la grave enfermedad de leucemia linfoblástica aguda, con un prolongado y afortunadamente satisfactorio tratamiento de la misma, que tal como lo indica la perito psicóloga Lic. Blanca Berducci (fs. 234), implicó que Esteban A.Gómez debiera realizar tratamiento psiquiátrico y psicológico en el Hospital Humberto Notti, ha influido causalmente en el diagnóstico de fobia social compatible con una reacción vivencial anormal neurótica grado II, por más que la perito aclare que el miedo o comportamiento de evicción no se deban a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o a una enfermedad médica, sino al hecho traumático vivido que precede al daño psíquico.

Es decir, no hay duda que en el subexamen, el hecho que padeciera el actor en la escuela resulta ser causa adecuada del resultado dañoso, ya que, normal u ordinariamente puede producir el daño en trato, pero también lo es que existía una causa adecuada preexistente que contribuyó, sin excluirse mutuamente entre ellas, a la producción del perjuicio.

Al mismo tiempo, considero que, aún ante la presencia de aquella concausa que contribuye al diagnóstico psicológico efectuado por la perito, al momento de cuantificar el resarcimiento, el Juez a quo también valoró la entidad de las lesiones padecidas por el actor, que si bien no le han dejado secuelas permanentes desde el punto de vista neurológico, ni otorrinolaringológico (pericias médicas de fs.191 y 276), sí implicaron la necesidad de su traslado al Hospital Humberto Notti y su internación temporaria, a lo que agrego, conforme a la historia clínica (fs.134/170), por presentar fractura de hueso propio de la nariz que debió ser reducida y fijada.

No debe perderse de vista que la dimensión social de la persona humana impone expandir el resarcimiento de este tipo de daños más allá de la esfera puramente psíquica, siendo resarcible todo perjuicio inferido a un ser humano en su vida de relación, con desmedro objetivo en sus vínculos, ya que ese menoscabo afecta la normalidad de su vida.

En ese sentido debemos tener especialmente en cuenta que el actor, al momento del hecho (28-07-2004), era un niño de 7 años de edad, que había sido sometido anteriormente a un tratamiento médico, prolongado y generalmente cruento, como consecuencia de una grave enfermedad (leucemia), lo cual, como lo sostiene la apelante, necesariamente debe haber influido en su personalidad y contribuido como concausa en la fobia social diagnosticada por la perito psicóloga, pero que, al mismo tiempo y por esos mismos antecedentes, debe ser contemplado como un agravante del daño causado, ya que, en esas condiciones precarias de salud física y psíquica, la vergüenza y humillación de un niño que sufre un hecho de esas características (zancadilla de un compañero que lo hace caer al piso y le provoca la fractura de los huesos de la nariz), tiene que haberle perturbado, en mayor medida que lo que podría sucederle a otros niños sanos, su equilibrio social.A partir de ello, insisto en que, lo que realmente importa, cualquiera sea la calificación que se haya dado al daño, es encontrar una indemnización justa, plena e integral para ese daño, sin que aparezca como inadecuado, inequitativo, injusto o arbitrario, ni mucho menos que la apelante haya podido demostrar esa circunstancia, el resarcimiento otorgado por el Juez a quo en la suma de $25.000 (comprensiva del daño moral, psicológico y tratamiento psicológico), por lo que el agravio debe desestimarse, confirmándose la sentencia de grado. ASI VOTO.

Sobre la misma y primera cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva y la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijeron:

Que por lo expuesto precedentemente por el miembro preopinante, adhieren al voto que antecede.

Sobre la segunda cuestión propuesta el Sr. Conjuez de Cámara, Dr. Claudio A. Ferrer, dijo:

Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por la apelante que resulta vencida en esta instancia impugnativa (arts. 35 y 36 del C.P.C.). ASI VOTO.

Sobre la misma y segunda cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara, Dr. Claudio F. Leiva y la Sra. Juez de Cámara, Dra. Mirta Sar Sar, dijeron:

Que por las mismas razones adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acuerdo, pasándose a dictar sentencia definitiva, la que a continuación se inserta.

SENTENCIA:

Mendoza, 11 de mayo del 2015.

Y VISTOS:

Por las razones expuestas, el Tribunal

RESUELVE:

) 1 Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada Dirección General de Escuelas a fs. 342 contra la sentencia de fs. 323/330, la que se confirma en todos sus términos.

) 2 Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).

) 3 Regular los honorarios profesionales de los Dres. Cristian J. Arnau y Abraham Néstor Majul en las sumas de ($.) y ($.), respectivamente; y a los Dres. Ivana L. Moreno y Mario S. Fernández en las sumas de ($.) y ($.), respectivamente y sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 5394 (Arts. 3, 15 y 31 de la Ley Arancelaria). Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y bajen.

caf/dds/5182

Dr. Claudio A. Ferrer

Conjuez de Cámara

Dr. Claudio F. Leiva

Juez de Cámara

Dra. Mirta Sar Sar

Juez de Cámara

Dra. Andrea Llanos

Secretaria de Cámara

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