Se deja sin efecto el plazo fijado para que los clientes del Banco demandado, agrupados por la asociación de consumidores, ejerzan el derecho de exclusión

DemandaPartes: Adduc c/ Citibank NA Sucursal Argentina s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: E

Fecha: 4-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92576-AR | MJJ92576 | MJJ92576

Se deja sin efecto el plazo fijado para que los clientes del Banco demandado, agrupados por la asociación de consumidores, ejerzan el derecho de exclusión, debiendo por otro lado la actora publicar edictos durante dos días para que los clientes tomen conocimiento del reclamo.

Sumario:

1.-El art. 54 de la LDC regla que la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el accionado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto para aquellos que manifiesten su voluntad en contrario …previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga…». La ley no fija, entonces, un término en el cual deban expedirse los consumidores, estipulándose que pueden hacerlo en modo previo a la sentencia».

2.-Cuando la norma no exige esfuerzo en su interpretación, la misma debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto.

3.-En la materia y de acuerdo a lo normado por el art. 3 de la ley 24.240, debe prevalecer la interpretación más favorable al consumidor.

4.-El art. 54 de la LDC dispone que la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto aquellos que manifiesten su voluntad en contrario, previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga…». Parece claro, entonces, a la hora de especificar que el efecto expansivo de la cosa juzgada únicamente tendrá lugar cuando se trata de una sentencia que hace lugar a la demanda.

5.-La publicación del art. 54 de la LDC no puede realizarse sin antes resolverse con carácter firme si la asociación actora posee o no legitimación activa para entablar la demanda, y nada impide que, una vez producida la prueba ofrecida por las partes, se resuelva la excepción de falta de legitimación antes de dictar sentencia sobre el fondo del asunto y que, cumplido, se decidiera lo correspondiente con relación a la publicación.

6.-En el precedente Halabi» , la CSJN tiende a evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar.

7.-La admisión formal de toda acción colectiva requiere de la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas resultando esencial» que se arbitrara en tales casos, un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte.

8.-El hecho de que la resolución sobre la ausencia de legitimación se haya visto diferida no puede importar que pueda prescindirse de poner en conocimiento la promoción de la acción, en tanto si así fuera se violentaría el espíritu y la letra del art. 54 de la LDC.

9.-La norma del artículo 54 de la ley 24240 persigue que, en forma previa al dictado de la sentencia, los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, tengan la oportunidad de manifestar su voluntad de que no se le extiendan los efectos de la cosa juzgada. Así es que, para que puedan ejercer dicho derecho en forma previa al fallo, deben ser puestos en conocimiento de que la acción fue incoada, también antes del pronunciamiento. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 4 de febrero de 2015.-

Y VISTOS:

ADDUC y Citibank apelaron la resolución de fs. 293/294 en cuanto ordenó que la actora publicara edictos por dos días en el Boletín Oficial y en Ámbito Financiero, a los efectos de hacer saber la existencia de estas actuaciones a los clientes de la demandada a fin de que hicieran uso de la opción otorgada por el art. 54, 2do. párrafo de la Ley de Defensa del Consumidor.

La actora fundó su recurso con la presentación de fs. 302/305, cuyo traslado fue respondido a fs. 311/312.

Y, la demandada sostuvo el suyo con el escrito de fs. 294/295, cuyo traslado quedó sin contestar.

La Señora Fiscal General subrogante dictaminó a fs. 329/330 que debía confirmarse la resolución apelada.

Recurso de ADDUC

3. a) La imposición a la actora de abonar la publicación de edictos en el diario Ámbito Financiero

Adujo la accionante que el costo de la publicación de edictos por dos días en Ámbito Financiero excedía sus posibilidades. Citó, asimismo, el caso fallado por esta sala in re «Proconsumer c/ Wall Mart Argentina S.R.L. s/ ordinario», del 24.05.2013, donde se consideró que el sistema de publicidad instaurado podía significar la imposibilidad de continuar con el trámite del juicio.

A instancias de lo propiciado por la Fiscal subrogante, se intimó a la actora a que acompañara un presupuesto relativo al costo de los edictos (v. fs. 318, 319 y 321).

ADDUC cumplió con la manda en su presentación de fs. 325/327, de la que se desprende que el precio de publicación en Ámbito Financiero ascendía a $ 13.740.

Por consiguiente el valor comprometido o en discusión en el recurso relativo al costo de tales avisos, no supera el mínimo de apelabilidad del art.242 del Código Procesal -texto según ley 26.536- que asciende a $ 20.000 (en similar sentido ver esta Sala in re «Fasce Osvaldo L.», del 19.04.2006, y, «ABN Amro Bank NV c/ Menéndez Roberto Daniel y otro s/ ejecutivo»; y, en similar sentido: CNCom., sala B, 17.12.2007, «Buron Mario c/ ABN Amro Bank Suc. Argentina s/ oficio ley 22.172»).

Perspectiva desde la cual la cuestión resultaba inapelable, y así se declara.

Finalmente, se deja sentado que en el precedente de este Tribunal invocado por ADDUC a fs. 304 vta. de su memorial, las publicaciones ordenadas sí superaban el límite referido; mereciendo recordarse que allí: (i) la orden no consistió en publicar edictos sino anuncios, (ii) se determinó que debían realizarse en La Nación, Clarín y BAE Negocios, (iii) los mismos debían contar con las siguientes características: 5 muy destacados

en los primeros dos periódicos y por lo menos 2 en página impar y en día domingo, con tamaño de media página, y 2 días en página impar, y al menos uno muy destacado, en el tercer medio gráfico.

b) En lo relativo al plazo de 30 días fijado para el ejercicio del derecho de exclusión.

El art. 54 de la LDC regla que la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el accionado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto para aquellos que manifiesten su voluntad en contrario «…previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga…».

La ley no fija, entonces, un término en el cual deban expedirse los consumidores, estipulándose que pueden hacerlo en modo «previo a la sentencia».

Cuando la norma no exige esfuerzo en su interpretación, la misma debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema in re «Transportadora de Gas del Norte S.A.s/resolución nº 1546/99 Enargas», del 29.08.2006).

Máxime teniendo en cuenta que, en la materia y de acuerdo a lo normado por el art. 3 de la ley 24.240, debe prevalecer la interpretación más favorable al consumidor.

En virtud de lo anterior, y con tales alcances, corresponde estimar la queja y dejar sin efecto el plazo establecido en el decisorio en revisión, determinando que el término en cuestión será el previsto en el mentado art. 54 de la LDC (esta Sala; «Adduc c/ Galeno Argentina s/ ordinario» del 5/12/14).

3.c) Respecto del alcance de la cosa juzgada.

Atribuyó la actora error a la sentencia en cuanto indicó que los consumidores contaban con un plazo para excluirse del proceso colectivo y que, caso contrario, «quedarían afectados por la sentencia a dictarse, sea cual fuere el resultado del pleito» -v. fs. 304 vta-

Adujo que el art. 54 de la ley 24.240 establece en este tipo de acciones un mecanismo de cosa juzgada «secundum eventum litis», es decir que el fallo que extiende sus efectos a los consumidores es únicamente el que resulta favorable.

El ya citado art. 54 de la LDC dispone que «la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto aquellos que manifiesten su voluntad en contrario, previo a la sentencia en los términos y condiciones que el magistrado disponga…».

Parece clara, entonces, a la hora de especificar que el efecto expansivo de la cosa juzgada únicamente tendrá lugar cuando se trata de una sentencia que hace lugar a la demanda.

Ahora bien, lo dispuesto en la resolución apelada no se aparta del encuadre legal referenciado ni contradice la pretensión de la actora, en tanto expresamente establece que la sentencia que haga lugar a la pretensión -es decir, la sentencia favorable- es la que hará cosa juzgada para el demandado y todos los consumidores que se encuentren en igualdad de condiciones – párrafo segundo, fs.293-.

Consecuentemente, en este aspecto la resolución apelada será confirmada.

Recurso de Citibank

Se agravió la entidad financiera explicando que no es el elegido por el Juez de grado, el momento procesal oportuno para disponer la publicación en cuestión. Indicó que la excepción de falta de legitimación activa interpuesta por su parte debía resolverse con carácter previo al dictado de la sentencia. Argumentó, también, que:

La publicación del art. 54 de la LDC no puede realizarse sin antes resolverse con carácter firme si la asociación actora posee o no legitimación activa para entablar la demanda, (ii) nada impedía que, una vez producida la prueba ofrecida por las partes, se resolviera la excepción de falta de legitimación antes de dictar sentencia sobre el fondo del asunto y que, cumplido, se decidiera lo correspondiente con relación a la publicación.

Tal como se reconoce en la expresión de agravios, la consideración de la excepción de falta de legitimación activa interpuesta quedó diferida para el momento en el que se dicte la sentencia definitiva (v. fs.276/277), en resolución que se encuentra firme.

No puede entonces válidamente proponerse que la cuestión atinente a tal defensa sea resuelta con carácter previo a tal oportunidad procesal, so pena de alterar dicha resolución que se haya alcanzada por el principio de cosa juzgada.

Finalmente, nada impide que se ponga en conocimiento la promoción de esta acción, en este estadío procesal.

En el ya citado precedente «Halabi» , la CSJN tiende a evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar…». Juzgó, entonces, que la admisión formal de toda acción colectiva requería de la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación, y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas. Y destacó que, además, resultaba «esencial» que se arbitrara en tales casos, «…un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte…». Criterio que luego reiteró in re «PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales» , del 21.08.2013.

Ahora bien, el hecho de que la resolución sobre la ausencia de legitimación se haya visto diferida no puede importar que pueda prescindirse de poner en conocimiento la promoción de la acción, en tanto si así fuera se violentaría el espíritu y la letra del art.54 de la LDC.

En efecto, dicha norma persigue que, en forma previa al dictado de la sentencia, los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, tengan la oportunidad de manifestar su voluntad de que no se le extiendan los efectos de la cosa juzgada. Así es que, para que puedan ejercer dicho derecho en forma previa al fallo, deben ser puestos en conocimiento de que la acción fue incoada, también antes del pronunciamiento.

De este modo también: (i) se cumple con la manda del Alto Tribunal en el citado precedente «Halabi», donde expresamente propició que en estos casos debía resguardarse debidamente el derecho de la defensa en

juicio, y garantizarse la adecuada notificación de todos aquellos que pudieran tener un interés en el resultado del litigio; (ii) se evita que exista superposición de procesos colectivos con un mismo objeto y que, eventualmente, se dicten sentencias contradictorias (ver, en tal sentido, considerando 20 de ése fallo, y, en similar sentido: considerando 16 de «PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales», del 21.08.2013; y, considerando 7 de «Recurso de hecho deducido por la demanda en la causa Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A.s/ amparo», del 23.09.2014).

Así es que, de las pautas brindadas por el Máximo Tribunal y del propósito perseguido con la notificación se sigue que, la puesta en conocimiento de los potenciales afectados de la promoción de la acción, debe ser cumpliment ada de modo previo a la sentencia; y el procedimiento instaurado por el magistrado a tales fines, no vulnera ni los derechos de Citibank ni es susceptible de generar -como lo invoca en el memorial- falsas expectativas en sus clientes.

Es reiterada la doctrina del Supremo Tribunal en virtud de la cual los fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas fueren sobrevivientes a la interposición del recurso extraordinario (Fallos 298:33, 301:947), criterio que resulta aplicable también a los casos de apelaciones ordinarias (Fallos 311:1219); y, aquella que indica que las sentencias deben considerar las modificaciones introducidas por nuevos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las cuales no es posible prescindir (Fallos: 312:555; 315:123 y 327:4495 , entre otros; y, esta Sala in re «Elgorriaga y Garat, Juan Carlos c/ Consolidar AFJP s.a. s/ ordinario», del 04.09.2009)

La CSJN in re «Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A. s/ amparo», del 23.09.2014, estimó necesaria la creación de un Registro de Acciones Colectivas en el que se inscribieran todos los procesos de tal naturaleza que tramiten ante los tribunales del país, tendiente a:(i) evitar el escándalo jurídico que podría representar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas y a lograr la economía procesal que mejor se ajuste a un adecuado servicio de justicia; y, (ii) brindar información a los tribunales y a los legitimados colectivos o individuales acerca de la existencia de acciones de esa naturaleza, para favorecer el acceso a la justicia al permitir a los habitantes conocer su existencia y las sentencias de las que puedan ser beneficiarios.

Dicho registro fue creado mediante Acordada 32/2014, del 1ero. de octubre de este año.

Así las cosas, procederá también que en virtud de la normativa hoy vigente (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 5° y 6° del Código Procesal), se ordene -en la oportunidad pertinente- la inscripción de la promoción de la acción en el referido Registro Público de Acciones Colectivas.

Por ello, se resuelve: (i) admitir el recurso de apelación de ADDUC con el único alcance de dejar sin efecto el plazo fijado para que los interesados ejerzan el derecho de exclusión; (ii) declarar inapelable el recurso de apelación interpuesto por la actora respecto de las publicaciones ordenadas en la instancia anterior, sin costas atento el carácter oficioso de la decisión; (iii) rechazar el recurso incoado por Citibank; (iv) disponer que -en la oportunidad pertinente- el magistrado ordene la inscripción de la promoción de la acción en el referido Registro Público de Acciones Colectivas. Costas de Alzada a la demandada sustancialmente vencida, salvo las de la incidencia resuelta en el apartado 3.a y 3.c de la presente.

Notifíquese a la Fiscal subrogante en su despacho, comuníquese (cfr. Acordada C.S.J.N. B° 15/13) y devuélvase sin más trámite, encomendándose al juez de la primera instancia las diligencias ulteriores y las notificaciones pertinentes (Cpr. 36:1).

Ángel O. Sala

Miguel F. Bargalló

Marcela L. Macchi – Prosecretaria de Cámara

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