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Obligación de la obra social de brindar las prestaciones requeridas por el afiliado para el tratamiento de la enfermedad oncológica padecida.

MédicosPartes: C. M. F. c/ OSUOMRA – Forjar salud- delegac. Rafaela s/ amparo

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 31-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-92189-AR | MJJ92189 | MJJ92189

Obligación de la obra social de brindar las prestaciones requeridas por el afiliado para el tratamiento de la enfermedad oncológica padecida.

Sumario:

1.-La obra social demandada está obligada a brindar la cobertura de las prestaciones médicas requeridas por la amparista según la indicación de su médico tratante, toda vez que pesa sobre la accionada la obligación de dar cobertura total por padecer el afiliado una enfermedad oncológica, y de las pruebas surge que envió una nota expresando el consentimiento para la atención del afiliado donde consta el diagnóstico y no se objeta la cobertura de gastos, por lo que el consentimiento expresado por la accionada, formulado en forma posterior a la promoción del amparo se encuadrada en la llamada la teoría de los actos propios, que veda la posibilidad de adoptar una conducta contraria a la intención ya manifestada que no puede contradecir.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A.

Abele, Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de esta ciudad, Dr. Duilio M. Francisco Hail, en los autos caratulados: «Expte. N° 38 – Año 2015 – C., M. F. c/ O.S.U.O.M.R.A. -FORJAR SALUD- DELEG. RAFAELA s/ AMPARO».

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? 1. A la primera cuestión la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

1.1. La sentencia de Primera Instancia.

El Juez de la instancia anterior hace lugar al recurso de amparo y, en consecuencia condena a la demandada O.S.U.O.M.R.A. y/o FORJAR SALUD (Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica) Delegación Rafaela, a solventar la operación de extirpación del riñón izquierdo a causa de un tumor compatible con blastoma, que incluye medicación e internación en un 100% de cobertura, en el Hospital Italiano de la ciudad de Córdoba con el médico especialista en cirugía uriológica que lo diagnosticó y trata el Dr. Daniel Bengochea, el reintegro inmediato de los pagos y/o gastos que el actor deba realizar en caso de extrema urgencia, y toda otra prestación necesaria exigida por su patología y patologías conexas. E impone las costas a la demandada (fs.121 a 123).

Para así resolver comienza analizando la situación fáctica a los fines de constatar que la vía del amparo ha sido correctamente elegida para resolver la cuestión.

A continuación señala que el objeto del amparo es una cuestión de salud, por lo que ese derecho superior que encuentra amplio acogimiento normativo, nombra especialmente el Art. 75 inc. 22 de la C.N. y algunos de los tratados que por esa vía fueron incorporados al derecho interno.

Analizadas las pruebas rendidas concluye que es innegable la necesidad de la intervención quirúrgica de M. F. C. Y califica de arbitraria la conducta de la accionada al negarse a cubrir dicha prestación en el nosocomio de la ciudad de Córdoba, donde ha sido debidamente diagnosticado y, ciudad en la que vive su núcleo familiar. Señala además que resulta aun más arbitrario dado que el instituto donde pretende operarse el actor es prestador de O.S.U.O.M.R.A.

1.2. Contra dicho fallo, la parte accionada interpone recursos de nulidad y apelación, en forma fundada, dando así cumplimiento con lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 10 de la Ley 10.456 (fs. 124 a 127). Dichos recursos fueron concedidos a fs. 128.

1.3. El recurrente mantiene en la Alzada el recurso de nulidad (fs. 124 y vto.).

Para sostenerlo afirma que la sentencia presenta vicios en su forma, por carecer de requisitos esenciales que hacen a su construcción. Entre los requisitos que entiende el Sentenciante ha omitido mencionar la aplicación del derecho a los hechos y la fundamentación.

Asegura que el A-quo ha omitido dar tratamiento a la legislación vigente en materia de salud, en especial las leyes 23.660 y 23.661.Tacha de grosera la falta de tratamiento de dichas leyes porque ambas partes han debatido en sus escritos iniciales acerca del principio de la evidencia médica, la cobertura del P.M.O., la intervención del médico auditor, la supuesta conducta arbitraria y la elección del médico tratante.

Continúa diciendo que la falta de subsunción jurídica invocada integra por otra parte la omisión de fundamentar la sentencia, y agrega el Sentenciante no solo ha olvidado el derecho aplicable sino también el debate sobre los hechos.

Critica la valoración de la prueba, el análisis fáctico y asegura que le faltó definir si la prestación solicitada se encuentra en el P.M.O., si la accionada está obligada a dar cobertura en otra provincia, si está justificado el hecho de que el actor no tenga parientes en la ciudad donde reside, cuándo el actor se encuentra en condiciones de apartarse de la cartilla de prestadores propuesta por la obra social y cuál de las partes obró conforme a derecho.

Concluye que por todo ello, el acto jurisdiccional carece de toda validez y debe ser impugnada mediante el recurso de nulidad interpuesto.

1.4. Corrido el pertinente traslado, la parte actora contesta a fs. 129, expresando que las manifestaciones de la contraria no califican como agravio, ya que evidencian un disentir en la forma en que la sentencia se funda. Y agrega que para que un agravio sea tal deben cumplirse ciertas cargas procesales y de fondo que el recurrente no realiza.

1.5. Ingreso al tratamiento del recurso.

Nuestro Código de rito en su Art.360 reconoce la procedencia del recurso de nulidad «contra las resoluciones pronunciadas con violación u omisión de las formas prescriptas en este código bajo esa penalidad o que asuman carácter substancial».

Tengo dicho en anteriores pronunciamientos, que la jurisprudencia ha sostenido reiterada y unánimemente que la finalidad última de este recurso es el resguardo de la garantía constitucional del debido proceso y que procede siempre que exista una indebida restricción al derecho de defensa en juicio, por violación u omisión de las formas y solemnidades sustanciales que preceptúan las leyes.

También, pacíficamente se ha considerado al recurso de nulidad como remedio excepcional, de interpretación restrictiva, taxativa y limitada a los casos expresamente previstos en la ley.

La nulidad que torna procedente el recurso puede provenir de un vicio en el procedimiento -la que queda subsanada con el consentimiento o con el llamamiento de autos-, o de la forma o contenido de la resolución. En ambos casos, si son de orden público quedan purgadas por la cosa juzgada.

Aclarado el marco legal dentro del cual debe resolverse el planteo, paso a analizar el mismo. Deviene obligatorio recordar, que tanto para fundar el recurso de nulidad como el de apelación, debe hacerse tal manera que los escritos resulten autosuficientes y demostrativos de los vicios que afecten el fallo atacado, sin olvidar, obviamente, mencionar con claridad el perjuicio que se infringe al recurrente.

El mismo recurrente resume en dos, los agravios en los que funda la nulidad:la aplicación del derecho a los hechos y la fundamentación.

Al explicar el primer agravio califica de escueto el análisis de los hechos y señala que no se ha dado tratamiento a la legislación vigente en materia de salud, citando las leyes 23.660 y 23.661.

Al referirse a la fundamentación asegura que el A-quo no realiza ningún juicio de valor.

Se equivoca el recurrente al afirmar que no se ha dado tratamiento a la legislación vigente, porque el Juez de la anterior instancia en el apartado V explica que el presente amparo refiere al derecho a la vida y a la salud y no a un mero incumplimiento contractual. Califica de superior el derecho a la salud y menciona el Art. 75 inc. 22 de la C.N. y cuatro tratados internacionales mencionados en el mismo, que fueron suscriptos por nuestro país como Estado miembro y que ahora quedaron incorporados al derecho interno con rango constitucional. Las Leyes 23.660 y 23.661 son infraconstitucionales e infraconvencionales. Corolario de ello, es que no pueden contradecir una norma superior.

En definitiva la sentencia está fundada en derecho y el no haber tratado y analizado las leyes 26.660 y 26.661, no tiene trascendencia alguna, porque «No causa nulidad de la sentencia: la brevedad de la redacción – ni la parquedad de sus referencias -ni que el juez no se expida de todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes -. La carencia de cita legal, en el pronunciamiento recurrido no es causal suficiente para declarar su nulidad – o si la redacción de la sentencia permite extraer de su contenido el principio legal que la inspira.» (Alvarado Velloso, Adolfo – «Estudio Jurisprudencial – Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Santa Fe», Rubinzal Culzoni Editores, T. III, págs. 1.202 y 1.203).

Al explayarse sobre el otro reproche hecho al fallo en crisis, esto es la falta de fundamentación, asegura que el Juez no hace ningún juicio de valor acerca de lo que dice estar verificando en autos.Tampoco este argumento tiene sustento alguno, porque de la lectura del apartado VI de la sentencia se constata fácilmente que tomando las pruebas que consideró relevantes para la solución del caso, hizo lugar al amparo.

El juez no tiene la obligación de valorar toda la prueba que se haya producido en autos, por eso la omisión en hacer mérito de alguna de las pruebas o la errónea o deficiente valoración de los medios confirmatorios, no acarrean la nulidad del fallo, ya que son aspectos propios del recurso de apelación. (Alvarado Velloso, Adolfo; Ob. Cit., T. III, págs. 1.203 y 1.204. Peyrano, Jorge y Vázquez Ferreyra, Roberto, «Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe», Edit.

Juris, T. 2, págs. 119 y 124).

No siendo los argumentos esgrimidos por el quejoso, causales de nulidad, no habiéndose violado el derecho de defensa, y revisado de oficio el fallo cuestionado, no se ha hallado elemento alguno que justifique la declaración de nulidad, el recurso deviene improcedente.

Voto por la negativa.

A esta misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M.

Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.

2. A la segunda cuestión la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Tal como lo adelantara el recurrente interpuso, conjuntamente con el recuso de nulidad , el de apelación.

2.1. En cumplimiento con la carga procesal, el apelante expresa agravios a fs. 124 vto. a 127.

En dicho escrito dice agraviarse porque en la sentencia en crisis se ha tenido por acreditada la necesidad de intervención quirúrgica al actor con una prueba informativa rendida en autos por el médico tratante, mediante la cual informa la patología que presentaba el paciente la operación a la que fue sometido. Asegura que la demandada (sic) no presentó el pedido de cirugía ante la obra social en la etapa extrajudicial ni acreditó la necesidad de la prestación al momento de entablar la acción de amparo.Agrega que ni siquiera hay constancias de que el mismo haya sido atendido por el profesional y en el hospital que se menciona. Agrega que recién se justificó la necesidad luego de que se haga efectiva la intervención quirúrgica, y luego de contestada la demanda y cumplida la cautelar. Concluye entonces que la demandada se vio obligada a brindar una prestación que al momento de hacerse efectiva carecía de pedido médico.

Se agravia porque su parte debió cumplir con la prestación ordenada aún cuando, asegura, ni el propio Sentenciante tenía conocimiento concreto de la necesidad de la intervención.

Se agravia porque el A-quo entendió que efectivamente el actor tendría mayor contención familiar si se operaba en la ciudad de Córdoba donde reside parte de su familia.

Se agravia además porque el Juez de la instancia anterior ha considerado arbitraria la conducta de la accionada cuando asegura que en realidad se le solicita al presentante documental respaldatoria a fin de evaluar las autorizaciones del caso y se le ofrecen los prestadores que integran la cartilla (fs. 38). Agrega que se agravia porque el Juez se ha servido de una página web para afirmar que el centro médico en el que fuera operado el actor, es prestador de la accionada.

Se agravia porque afirma que el médico tratante respondió el oficio sin acompañar documental respaldatoria, como se le había requerido. Por lo que la misma es una prueba inadmisible.

Por último se agravia porque no hay subsunción jurídica en referencia a los hechos, lo cual pone en evidencia la arbitrariedad de la sentencia. Entiende como derecho aplicable las leyes 26.660 y 26.661. Agrega que la atención del afiliado por un profesional no incluido en la cartilla de prestadores solo puede justificarse en caso de que no exista en dicha cartilla un especialista para el tratamiento de la dolencia.

Destaca que el actor nunca acudió a la asistencia propuesta por O.S.U.O.M.R.A.ni cuestionó la idoneidad de los profesionales, cuyas credenciales profesionales fueron acreditadas en autos.

Se agravia por la imposición de costas porque dice que se promovió el recurso sin haber agotado la instancia extrajudicial.

Pide se revoque la sentencia de primera instancia, se rechace la acción de amparo con costas.

El amparista contesta los agravios a fs. 129 y vto.

Asegura que su parte ha pedido la prestación, y remite a la nota del 28/04/2.014. Agrega que el prestador que la atendió en Córdoba era de la propia demandada.

En base a ese argumento central resiste el resto de los agravios y pide la confirmación de la sentencia.

Ingreso al tratamiento del recurso, adelantando desde ya que rechazaré el recurso y haré lugar a la demanda.

Ello, por las siguientes razones:

«El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles los enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atentan contra él» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso «Los Niños de la Calle» (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia del 19.20.1.999, Serie C N° 63, párr. 144). Este principio enunciado por primera vez en el fallo señalado, fue luego repetido en reiterados casos, vrg.: Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs.

Paraguay (fondo, reparaciones y costas), sentencia de 24/08/2010, Serie C N° 214, párr.186; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela.

Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 05/07/2.006, Serie C. No. 150, párr. 63, y Caso Zambrano Vélez y otros Vs.

Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 04.07.2007. Serie C No. 166, párr. 78. (Suplemento La Ley – Constitucional, abril 2013, N° 2, págs. 20 a 23).

En el Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas (sentencia del 31.01.2006, Serie C No. 140) la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara que «Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten su carácter angular en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos derechos forman parte de un núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados como uno de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia y seguridad de los Estados Partes» (www.corteidh.or.cr). En este fallo la Corte Interamericana ingresa al tema un nuevo concepto: «núcleo inderogable», con lo que logra resaltar la importancia que tienen el derecho a la vida y a la integridad personal, los que aún en situaciones extremas no pueden ser restringidos.

Corolario de todo ello, puedo afirmar sin temor a equivocarme que, siendo la persona humana el eje del sistema de derechos humanos, sistema que tiende a poner límites al poder, el derecho a la vida tiene una importancia tal que no puede ser objeto de enfoques restrictivos. Por ello es que dentro del derecho citado, quedan incluidos, entre otros, los derechos a la integridad, a la salud, a la vida privada y familiar, «a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica Sentencia del 28/11/2012. http://www.laleyonline.com.ar, online:AR/JUR/68284/2012).

La exposición precedente viene a cuento porque, la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo «Espósito» (327:5668) viene sosteniendo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la interpretación que ésta haga de la Convención Americana de Derechos Humanos es obligatoria para los tribunales de nuestro país. Esto es consecuencia lógica de haber sido la Argentina uno de los países firmantes de la Convención, y de haberla incluido en el inc. 22 del Art. 75 de la C.N.

En el precedente «Mazzeo, Julio y otros s. Recurso de casación e inconstitucionalidad – Riveros», del 13/07/2007, el Alto Tribunal de la Nación (Causa: M.2333.XLII; CSJN: 330:3248) esclareció la razón por la que del derecho internacional surgen obligaciones que resultan de aplicación perentoria en la jurisdicción argentina. «En tal sentido cabe recordar que la Carta de la ONU marca el nacimiento de un nuevo derecho internacional y el final del viejo paradigma del modelo de Wesfalia difundido tres siglos antes tras el final de la anterior guerra europea de los treinta años. El derecho internacional se transforma estructuralmente, dejando de ser un sistema práctico, basado en tratados bilaterales inter pares, y convirtiéndose en un auténtico ordenamiento jurídico supraestatal: ya no es un simple pactum asociationis, sino además, un pactum subiectionis. En el nuevo ordenamiento pasan a ser sujetos de derecho internacional no solo los Estados, sino también los individuos y los pueblos (Luigi Ferrajoli, Derechos y Garantías: la ley del más débil, Madrid, Ed. Trotta, 1999, pág. 145; en similar sentido ver también Lea Brilmayer, International Law in American Courts: A Modest Proposal, 100 The Yale Law Journal, 2277, 2297; 1991 y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos – arts.74 y 75, Opinión Consultiva OC-2/82, Serie A N° 2, del 24 de septiembre de 1982, párrafo 29. – En realidad, sus postulados sostienen que hay principios que determinan la justicia de las instituciones sociales y establecen parámetros de virtud personal que son universalmente válidos, independientemente de su reconocimiento efectivo por ciertos órganos o individuos, lo cual no implica optar por excluyentes visiones iusnaturalistas o positivistas. La universalidad de tales derechos no depende pues de un sistema positivo o de su sustento en un derecho natural fuera del derecho positivo (conf. Carlos Santiago Nino, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1984, pág. 24). – se fundamenta, esencialmente, en la necesaria protección de la dignidad misma del hombre que es reconocida en la declaración mencionada y que no se presenta exclusivamente a través del proceso de codificación de un sistema de derecho positivo tipificado en el ámbito internacional. – Que, por consiguiente, la consagración positiva del derecho de gentes en la Constitución Nacional permite considerar que existe un sistema de protección de derechos que resulta obligatorio independientemente del consentimiento expreso de las naciones que las vincula y que es conocido actualmente dentro de este proceso evolutivo como ius cogens. Se trata de la más alta fuente del derecho internacional que se impone a los estados – No es susceptible de ser derogada por tratados en contrario y debe ser aplicada por los tribunales internos de los países independientemente de su eventual aceptación expresa (in re: «Ar ancibia Clavel» Fallos:327:3312 considerandos 28 y 29 de los jueces Zaffaroni y Highton de Nolasco; 25 a 35 del juez Maqueda y considerando 19 del juez Lorenzetti en «Simón»). -Que la integración entre estos principios recibidos por la comunidad internacional para la protección de los derechos inherentes a la persona con el sistema normativo de punición nacional, fue una de las pautas básicas sobre la que se construyó todo el andamiaje institucional que impulsó a la Convención Constituyente de 1994 a incorporar los tratados internacionales como un orden equiparado a la Constitución Nacional misma (art.

75, inc. 22). En efecto, allí se señaló expresamente que lo que se pretendía establecer «es una política constitucional, cual es la de universalizar los derechos humanos, reconocer los organismos supranacionales de solución de conflictos como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y promover opiniones consultivas de la Corte Interamericana, para que informe sobre el alcance de las normas consagradas en el Pacto, así como también sobre leyes y disposiciones conforme a sus propias resoluciones para asegurar que estén en armonía.» (Convencional Alicia Oliveira en la 220 Reunión, 30. Sesión ordinaria del 2 de agosto de 1994 de la Convención Constituyente de 1994, Diario de Sesiones, T. III, pág. 2861). – así la reforma constitucional de 1994 reconoció la importancia del sistema internacional de protección de los derechos humanos y no se atuvo al principio de soberanía ilimitada de las naciones. Sus normas son claras, en el sentido de aceptar como principio ya existente en ese momento, la responsabilidad de los estados al haber dado jerarquía constitucional -entre otros- a la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Que la preeminencia de los tratados sobre las leyes ya había sido sostenida por esta Corte con anterioridad en el caso «Ekmekdjian» (Fallos:

315:1492) por ello allí sostuvo que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Se trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. – Que, por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que «es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos». En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de «control de convencionalidad» entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (CIDH Serie C N° 154, caso «Almonacid», del 26 de septiembre de 2006, parágraf. 124)».

(www.rubinzalonline.com.ar; cita: RC J 18971/10).

Por último es dable destacar que hay una positivización de los derechos humanos en el derecho internacional, como reaseguro de sus positivizaciones nacionales. (Considerando 18 del voto del juez Lorenzetti in re: «Simón» Fallos:

328:2056. http://www.csjn.gov.ar).

Como Estado firmante, en nuestro país está vigente un plexo normativo que, a través de obligaciones impuestas a las personas comprendidas en el Art.1° de la Ley 23.660 y a favor de sus beneficiarios, aporta un sistema integral de protección a la persona en lo referente a la salud. Así tenemos la Resolución N° 201/2.002, en cuyo Anexo I, Art. 2, que refiere a la Atención Secundaria, establece que los Agentes del Seguro de Salud se encuentran obligados a brindar exclusivamente las especialidades reconocidas por la autoridad sanitaria nacional, y entre ellas en el subinciso 2.1. que enumera aquellas especialidades figura la oncología.

Demarcado el terreno legal donde corresponde moverse en este tipo de materias, paso al caso concreto que acá nos ocupa.

Queda absolutamente claro entonces que la accionada tenía y tiene la obligación de dar cobertura total al amparista por padecer éste una enfermedad oncológica.

La nota arrimada a la causa por el propio accionado, Forjar Salud – Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, y que fuera glosada a fs. 39, de fecha 04/06/2.014, está dirigida al Hospital Italiano con sede en la ciudad de Córdoba, institución a la que le es solicitado brinden en esa institución, asistencia médica, medicación o internación en caso de ser necesaria, para el Sr.

C., M. F., del quien aclaran que es afiliado titular de la O.S.U.O.M.R.A. y perteneciente a la sucursal Rafaela.Aclara que lo solicitado es en razón de su patología de tumor en riñón izquierdo compatible con blastoma.

Continúa diciendo que la facturación de los gastos que pudiere generar la atención de dicho afiliado corresponde a su gerenciadora Servicios de Salud Basa U.T.E.

Y finaliza solicitando se dé por aceptada fehacientemente dicha autorización quedado a la vez, a disposición para cualquier consulta.

Me resulta cuanto menos insólito, que luego de dirigir dicha autorización al nosocomio de Córdoba, para la atención del afiliado (quien acá es el actor), donde consta el diagnóstico y no se hace objeción ni reserva alguna respecto de la cobertura de los gastos, en la expresión de agravios se sigan esgrimiendo los mismos argumentos que se expusieron como defensa en la contestación de agravios.

La conducta de la obra social queda claramente encuadrada en la llamada la teoría de los actos propios, que veda la posibilidad de adoptar una conducta contraria a la intención ya manifestada que no puede contradecir. El amparo se promueve el 28/05/2.014, la autorización está fecha el 04/06/2.014 y la contestación de la demanda el 18/06/2.014. Esta contestación es una clara autocontradicción con la nota antes referenciada porque niega que se haya acreditado la dolencia, ni que haya presentado un pedido médico, ni derivación, ni certificado alguno que justifique las prestaciones solicitadas, entre otros argumentos que no resulta necesario transcribir ante la claridad del consentimiento expresado en la nota de fs. 39.

Y vuelve el accionado a repetir en la expresión de agravios, los mismos argumentos, criticando la valoración de la prueba, negando tanto la enfermedad del actor, como su acreditación y la circunstancia de que tenga solo en la ciudad de Córdoba familiares que pueden acompañarlo en este proceso.Respecto de esta última circunstancia, el quejoso no lo dice, y no alcanzo a imaginar, cuál sería el perjuicio que sufriría la demandada y que justificaría, aunque sea en parte, el agravio.

Ante este panorama entiendo que deviene abstracto cualquier planteo realizado por la apelante.

El consentimiento expresado por la accionada, formulado en forma posterior a la promoción del amparo, los términos en que se contesta la demanda, la apelación formulada contra una sentencia que mandaba hacer lo que Forjar Salud ya había cumplido y de los agravios, justifica plenamente la imposición de las costas al apelante vencido.

Voto por la afirmativa.

A la segunda cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que hacían suyos los conceptos y conclusiones de la Jueza de Cámara preopinante y por lo tanto, votaron en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Que en virtud de los estudios precedentes, sugiero a mis colegas resolver en el siguiente sentido: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación opuestos por la parte demandada, con costas. 2) Confirmar en todos sus términos la sentencia elevada.

3) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M.

Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación opuestos por la parte demandada, con costas. 2) Confirmar en todos sus términos la sentencia elevada. 3) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Héctor R. Albrecht

Secretario

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario

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