Es obligación de la empresa aseguradora reparar los perjuicios que sufrió el actor por la rotura de la rótula del automóvil comprado si la pieza analizada no presentó vicios o defectos de fabricación ni falla de material.

Accidente AutoPartes: Pedemonte Martin Pedro c/ Provincia Seguros S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 1-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92320-AR | MJJ92320 | MJJ92320

Es obligación de la empresa aseguradora reparar los perjuicios que sufrió el actor al perder el control del vehículo por la rotura de la rótula, si la pieza analizada no presentó vicios o defectos de fabricación ni falla de material.

Sumario:

1.-Cabe confirmar en lo principal la sentencia que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios y habiendo sido el capital debidamente integrado, reparado, y actualizada a la fecha de la pericia, el interés a otorgarse por el rubro daño material, debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago, resulta justo que desde la fecha del rechazo y hasta la presentación de la pericia se debe aplicar una tasa de interés pura del 8% anual y desde la fecha de pericia y hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia se aplica la tasa activa sumada de acuerdo a los índices del Banco de la Nación Argentina.

2.-Corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, declarando inadmisible el reclamo por el rubro privación de uso pues si bien el rodado permaneció más de un año parado, con el correspondiente perjuicio que ello implica, surge de la póliza acompañada que el rubro no estaba dentro de los riesgos cubiertos según contrato.

3.-Al no haber sido denegado, el rubro en especial, por el a-quo en su sentencia bajo estos argumentos ni concedido por los expresados en la expresión de agravios de la parte actora (abuso de derecho) corresponde tener por mal otorgada la indemnización por este rubro y, por ello los agravios deberán prosperar en cuanto apuntan a la concesión de indemnización por privación de uso del vehículo.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 01 días del mes de . Abril de 2015, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Integrada, Dres. Mario E. Chaumet, Dario L. Cúneo y Jorge W. Peyrano, para dictar sentencia en los caratulados “PEDEMONTE MARTIN PEDRO C/ PROVINCIA SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 362/13, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial de la 15ta Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 1628 de fecha 26 de junio de 2013 obrante a fs. 166/177, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Cúneo, Chaumet y Peyrano.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: El recurso de nulidad deducido en autos no se mantiene en esta sede. Por ello, y por no advertir vicio substancial alguno que autorice la revisión oficiosa de la causa, voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Mediante sentencian n° 1628 de fecha 26 de junio de 2013 (fs. 166/177) el juez a-quo resolvió: “.1) Hacer lugar a la demanda y condenar a pagar a PROVINCIA SEGUROS S.A.en el término de 10 días al actor MARTÍN PEDRO PEDEMONTE la suma de $.59.335.- con más los intereses establecidos en los considerandos precedentes.”.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron ambas partes.

Por una cuestión metodológica se analizará en primer lugar los agravios de la accionada.

En primer lugar se agravia la demandada diciendo que afecta su interés que el a-quo haya sostenido que “de la prueba pericial analizada permite determinar sin hesitación que el accidente no se produjo por “vicio propio”, sino por otra circunstancia ajena a la misma, determinando de parte de la demandada incumplimiento de la obligación contractual asumida a través del contrato de seguros con la actora”.

Señala que, si bien el a-quo toma las consideraciones del perito mecánico para determinar que la pieza analizada no presentó vicios o defectos de fabricación ni falla de material, resulta apresurada su conclusión en el sentido de que hubo ausencia de “vicio propio” como causa del siniestro sobre el cual se le reclama cobertura.

Acepta que el rechazo de cobertura fue fundado en la existencia de “vicio propio”.

Señala que la rotura de la rótula fue una posibilidad contemplada por el perito técnico Jorge Gallo y reconoce que el perito oficial Sr. Olivé, concluyó en que la rótula no revestía fallas de fabricación.

Concluye en que resulta evidente que el siniestro ha sido causado por un vicio propio del automotor.

Se funda para ello en dichos de la reclamante cuando expresara:

“.el conductor siente una fuerte vibración en la parte delantera del vehículo. Segundos después se produce un estruendo en el mismo sector del rodado provocando que el Sr. Pedemonte pierda el control del mismo y vaya a parar directamente a la zanja central de la autopista.” (fs. 52)

Con esa base, afirma que la aseguradora ha rechazado la cobertura invocando “vicio propio”.

Destaca haber pedido la opinión profesional de un experto en la materia, pero el hecho de que el Sr.Olivé determine que la rótula no presentaba fallas no supera la causal per se de “vicio propio”.

Para esa parte es evidente que no existieron factores humanos, tampoco externos (tráfico, baches, obstáculos, clima, etc.) que motivaren la pérdida de control del dominio del rodado de la actora, quien ha reconocido, dice, que su automotor, de la nada, comenzó a vibrar para luego producir un estruendo provocando la pérdida del dominio.

De la prueba producida, concluye en que no puede determinarse que la causa del siniestro sea ajena al “vicio propio”, circunstancia que motivó justificadamente el rechazo de cobertura por su parte.

La contraria sostiene la importancia de la conclusión pericial en su punto d), donde el perito deja establecido que: “Como conclusión y de acuerdo a lo expuesto precedentemente entiendo que la pieza analizada no presenta vicios o defectos de fabricación ni falla de material”.

Esta conclusión, dice la actora, es decisiva y deja en evidencia la responsabilidad de Provincia Seguros S.A.

Cabe señalar que es la demandada quien afirma la existencia de causa de eximición de responsabilidad invocando el “vicio propio”.

Por tratarse de una cuestión liberatoria de responsabilidad conforma la póliza acompañada en autos, lo que hace es invocar una cuestión de hecho, sujeta a prueba y cuya carga de demostración de existencia real incumbe a quien la invoca en virtud de que la responsabilidad probatoria depende de la situación en que la parte se coloca en el proceso para obtener determinada consecuencia jurídica (Cám. Nac. Com., Sala B, 30-12-88, D. J. 1989-2-999; Cám. Civ. Com. de San Isidro, Sala 2a, 29-9-88, D. J. 1989-1-84).

Así, la carga probatoria resulta ser un imperativo que juega en interés propio de cada litigante, quien asume el riesgo de que si no prueba los hechos que invocara en su favor, puede perder el pleito en la medida que la suerte del mismo dependiera de su demostración.

Alsina (Tratado, t. III, págs. 258/59), refiere:”Es a cargo de quien lo alegue, la prueba de la existencia del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento se pretende o que impida la constitución o modifique o extinga un derecho existente”.

En el caso, es indudable que el hecho positivo de existencia del “vicio propio” fue invocado y traído a juicio por la demandada y en su propio interés, ergo, que la carga probatoria era por su cuenta resulta obvio.

Ello es así dado que, la cláusula eximitoria de responsabilidad que jugara y fuera invocada a su exclusivo favor por la accionada, resulta ser un precepto jurídico (art. 1197 Cód. Civ.) sólo aplicable acreditada que fuera la ocurrencia de los presupuestos de hecho que la norma contractual previera para que se produjera la consecuente liberación de responsabilidad pretendida.

La prueba ha de ser de certeza, y la sola invocación de lo declarado por la actora no resulta confirmatorio de la existencia de “vicio propio”, no es confesional, ni resulta suficiente para que se pueda concluir de sus dichos una solución contraria que la que, al mismo dilema, da el experto convocado a peritar en autos.

Que no hubo “vicio propio” demostrado como existente, es la única realidad concreta en autos, y la demostración de la existencia del mismo era a cargo del accionada, luego el primer agravio no puede prosperar.

En un segundo tiempo la demandada invoca como agravio que el a-quo haya considerado:

“Que, a modo de cierre en cuanto al hecho en sí merece destacarse el lugar donde se produjo el accidente – autopista Rosario Córdoba, altura Km. 370- (ver fs. 10 Expte.685/2010), siendo este lugar donde se producen de manera recurrente accidentes de igual naturaleza, circunstancia que resulta de público y notorio conocimiento, bastando repasar las publicaciones periodísticas de los diarios locales de esta ciudad que dan cuenta de ello”.

Considera que el párrafo referido evidencia un desenfoque del caso al momento de fallar sobre el particular, ya que ninguna incidencia tiene el lugar del siniestro respecto a lo que hace al thema decidendum y ni el siniestro, ni la dinámica del mismo, fueron discutidos en la causa y no integraban la litis la ubicación geográfica, ni al estado de la vía, malformaciones del asfalto, curvas, señalización, etc.

La actora señala que la accionada, ha afirmado que perdió el dominio de su rodado en razón de una intensa vibración y un fuerte estruendo en la parte delantera del vehículo.

De ello pretende desprender la aseguradora que la causa del accidente provino del interior del automóvil y no de factores externos.

La confusión, según esta versión, derivaría de que, en la pericia mecánica de fs. 117 a 137, el perito enumera innecesariamente un relevamiento periodístico sobre los descarrilamientos en dicha zona de la autopista Rosario-Córdoba.

Ello fue observado por la demandada, denunciando precisamente la extralimitación del perito y la inserción solapada de causales de accidentes de tránsito que no han sido ni indirectamente motivo del presente pleito.

Dice textualmente:”Es así que el siniestro podría haber ocurrido en cualquier otro lugar y aun así, las alegaciones y pruebas vertidas habrían sido las mismas.

Achaca al a-quo haber decretado tener presente las observaciones planteadas pero arribó, sin consideraciones al respecto, a una conclusión que resulta categóricamente ajena al caso, lo que para esa parte evidenciaría que el decisorio se ha abordado desde una perspectiva errónea.

Se agravia entonces de que, en lugar de centrar su decisorio en la existencia de un vicio propio, el a-quo diera por sentado que, debido a que en dicho lugar son recurrentes los accidentes, la causa es ajena al rodado.

El agravio aparece, “prima facie” con ciertos visos de seriedad; pero lo importante es determinar si, de no existir esos aportes periciales o los fundamentos sentenciales referidos por el supuesto agraviado, el resultado del pleito era susceptible de cambiar.

Es decir que debe mensurarse la seriedad del agravio y su gravedad en cuanto a la incidencia en el resultado del juicio.

Debe destacarse en primer lugar que la pericia oficial determinó claramente la inexistencia del “vicio propio” invocado por la demandada en base a los dichos del Sr. Gallo, los que fueron obtenidos sin control de parte por el lado de la actora y sin posibilidad real de hacerlo y de manera inculpable para ésta.

Que esa fue la defensa ejercitada por la accionada y la única relevante para decidir el pleito como ella misma lo señala.

Que la prueba de culpa de la víctima o un tercero, exclu yentes de un tipo de responsabilidad objetiva, no puede ser inferida de las demás probanzas de autos y menos del exceso informativo del perito oficial o de las declaraciones de la misma actora.

“Es a través del análisis del conjunto de los distintos elementos de juicio traídos al proceso, algunos como pruebas directas, o como indicios corroborantes otros, que el juzgador extrae el grado de certeza moral necesario para expedirse.Por el modo en que esos diversos elementos se interfieren y complementan, adquieren, a veces, relevancia algunos de ellos, que tal vez, considerados aisladamente, no habrían alcanzado para formar convicción. Es por ello que el examen parcial y aislado de cada uno de los medios probatorios, resulta infructuoso si no se globaliza su análisis” (Cám. Civ. y Com. 02, Buenos Aires, 30/05/2002, en autos: “Fernández, María Susana c. Salomone, Néstor Roque S/ Daños Y Perjuicios”, fuente: Lex Doctor).

Las inferencias decisivas, para obtener un grado de certeza necesaria y suficiente para sentenciar, deben derivar de indicios y presunciones que cumplan con los requisitos del art. 226 del C.P.C.C.S.F. y lo aportado en este sentido por la demandada no alcanza para lograr el cumplimiento de los mismos.

Ello equivale a decir que no resultan en conclusiones inequívocas, coincidentes, determinantes de una causa en particular que pueda ser definida con certeza como causa determinante del siniestro.

Dentro del espacio procedimental de un pleito, guiados por vectores de pensamiento relativos al campo de lo jurídico, existe un supuesto conflicto entre la certeza y la verdad y dentro de esta última otro, relativo a la prevalencia de la verdad real o la verdad formal.

En el ámbito jurisdiccional se trata de encontrar la coincidencia entre ambas, pero finalmente la solución del caso debe apoyarse en la verdad formal; aquélla que pudo ser objeto de prueba y como tal, efectivamente acreditada en el marco del debido proceso legal.

No cabe entonces admitir que sean fundamento de sentencia, otros hechos que los incorporados por las partes en forma controversial pues no son objeto de prueba (art.145 C.P.C.C.S.F.).

Así llego a la conclusión de que si bien ha existido un desfasaje probatorio, en cuanto a tener en cuenta elementos incorporados inválidamente en la pericia, éstos no han sido sino un mero aporte innecesario que sólo rozó el pensamiento relativo a lo verdaderamente acreditado en autos de conformidad a las reglas de la carga probatoria.

Ergo, nunca pudo perjudicar a la posición de la accionada con la entidad que pretende agraviarse, pues no resulta elemento suficiente como para dar una solución diferente al litigio sometido al a-quo.

Tampoco este segundo agravio tiene entidad para prosperar.

En el momento siguiente la demandada se agravia de que el a-quo haya decidido “Que, respecto al primero: Daño patrimonial, habrá de hacerse lugar al monto establecido por el experto a fs. 137 de la pericia, que lo fija en la suma de $20.335.

En su exposición el ingeniero mecánico cuantificó el monto de reparación del rodado a la fecha de la pericia, el 01 de agosto de 2011.

La sentencia impone además intereses sobre todos los montos indemnizatorios desde fecha 29 de junio de 2010 (fecha del rechazo).

Es así que desde fecha 29/06/10 hasta la fecha 01/08/11 el monto indemnizatorio correspondiente al daño material, en el rubro costos de reparación, sufre una doble actualización; por un lado la realizada por el perito al trasladar los costos a la fecha de la pericia y por otro lado la aplicación de intereses desde los tres meses posteriores a la fecha del hecho.

Solicita en consecuencia que se aplique la tasa de interés a dicho rubro desde la fecha de la pericia.

Le asiste parcialmente la razón.

Reiteradamente viene sosteniendo este Tribunal, aunque con distintas integraciones, que “.precisamente se ha entendido, en juicios por daños y perjuicios como el de autos donde se fijaron valores actualizados a la fecha del fallo apelado, que cuando los valores admitidos en una acción de daños y perjuicios se encuentran fijados al momento de la sentencia,la tasa activa establecida en el plenario Samudio, no puede aplicarse desde la fecha pretendida porque existiría un enriquecimiento indebido a favor del acreedor en detrimento del deudor, al computarse dos veces la misma desvalorización monetaria, razón por la cual se aplicó una tasa de interés puro del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia.” (ver protocolo de la Sala).

La jurisprudencia ha dicho que “.en una acción de daños y perjuicios, corresponde que al monto de condena se aplique una tasa de interés del 8% anual, desde la mora y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en tanto en dicho decisorio la suma indemnizatoria fue fijada a valores actualizados.” (CNCiv., Sala A en autos: “Rojas, Alicia Susana y otro c/ Sanatorio Modelo Adrogué S.A. y otros”, La Ley Online, AR/JUR/4074/2011).

La jurisprudencia mayoritaria es conteste en reconocer intereses compensatorios a la indemnización reajustada, porque la actualización del capital y la imposición de intereses responden a dos objetivos distintos: una a compensar la depreciación sufrida por la moneda, la otra a resarcir el perjuicio originado por la privación temporaria del capital, perjuicio que existe lo mismo con desvalorización que sin ella.

Habiendo sido el capital debidamente integrado, reparado, y actualizada a la fecha de la pericia, el interés a otorgarse debe tener por finalidad únicamente reparar la demora en el pago.

En virtud de lo precedentemente expuesto, y de conformidad con el criterio que viene manteniendo esta Sala (ver Protocolo) resulta justo que desde la fecha del rechazo (29/06/10) y hasta la presentación de la pericia se debe aplicar una tasa de interés pura del 8% anual.

Agráviase luego la accionada de que el a-quo haya afirmado:”Que, respecto a la suma reclamada en concepto de privación de uso -el que se encuentra probada conforme las constancias de autos, pericial sobre el automotor que se hallaba en el taller- se establecerá en la suma de $50.- pesos por día, fijando la suma total por este concepto en la de $25.500″; lo hace por calificar de exorbitante el monto que el a-quo concede por el concepto. Máxime cuando, según manifiesta la recurrente, que no existen razones que justifican dicha desproporción.

En primer lugar señala que habría debido rechazarse el rubro de privación de uso, para ello invoca exclusión del rubro conforme consta en la póliza acompañada por la actora a fs. 38 y siguientes del expediente de aseguramiento de pruebas (685/10).

Es así que, a fs. 41 del Aseguramiento de Pruebas, la cláusula 21 de las Condiciones Generales de Póliza refiere “El Asegurador no indemnizará los perjuicios que sufre el Asegurado por la privación de uso del vehículo, aunque fuera consecuencia de un hecho cubierto”.

Afirma que dicha cláusula forma parte del expediente, y que fue oportunamente invocada y alegada, sin oposición por parte de la actora.

Pese a ello, dice la recurrente que el sentenciante anterior no la tuvo en cuenta sin fundamentar por qué.

Destaca que la exclusión de cobertura no es una hipótesis de sanción sino una defensa anterior al hecho y por ende oponible al asegurado y al tercero damnificado.

Afirma que el contrato de seguro de responsabilidad civil, si bien participa de las características de un contrato de adhesión, no por ello significa que, en todos los casos, se deba resolver a favor de la parte más débil, sino que se debe efectuar una interpretación contractual que se ajuste a los principios de buena fe y de equidad.

Cierto es que a esta altura del proceso no puede discutirse que existe un contrato de seguro entre las partes que, nunca negado, mantiene sus cláusulas y se aplica al siniestro a que refiere el sub-iudice. Sabido es que el asegurador no se halla obligado a responder por aquél riesgo excluido del pacto garantizador.

Su contraria tiene dicho en autos que la pericia mecánica se trató de realizar en varias oportunidades viéndose frustrada en virtud de que la compañía de seguros tenía en su poder la pieza objeto del litigio, el brazo de la rótula, y que tuvo que intimar a que devuelvan (remite a escrito cargo N° 13795 obrante a fs 106/107 del expediente N° 685/101.

Señala como evidencia de mala fe, la negación por la recurrente del hecho de que la parte demandada retuvo la pieza objeto del litigio durante meses, imposibilitando el uso del rodado por parte de sus legítimos dueños quienes se vieron sometidos a “idas y vueltas” con inútil dispendio de tiempo y dinero, generado por esa conducta de mala fe de la compañía de seguros, para recién después de todo ello poder llevar a cabo la pericia mecánica oficial (informe de fs 117/137 del expediente N° 685/10, que arrojaría lapidarias conclusiones.

Destaca que por culpa de la demandada, el rodado permaneció más de un año “parado”, con el correspondiente perjuicio que ello implica y que es por ello que reclamó el rubro “privación de uso” otorgado por en a-quo.

Estos hechos han sido demostrados en autos; pero también surge de la póliza acompañada que el rubro no estaba dentro de los riesgos cubiertos según contrato.

Ergo, al no haber sido denegado, este rubro en especial, por el a-quo en su sentencia bajo estos argumentos ni concedido por los expresados en la expresión de agravios de la parte actora (abuso de derecho) corresponde tener por mal otorgada la indemnización por este rubro y, por ello los agravios deberán prosperar en cuanto apuntan a la concesión de indemnización por privación de uso del vehículo.

Luego pasa a agraviarse la demandada por que el a-quo haya determinado “Que, los datos extraídos de esta causa muestrana juicio del suscripto que ha quedado acreditado un proceder abusivo de parte de la demandada, pues la índole del defecto de la cosa no era tal, lo que si fue acreditado al tiempo de la pericia oficial, sellando la suerte del presente caso, y a pesar de ello siguió litigando, lo que determina que se acogerá al daño punitivo estimándolo en la suma de $10.000”

Dice que un razonamiento apresurado lo lleva al yerro de inferir una malicia que no es tal, y a suponer una férrea conducta litigiosa sin asirse de ninguna evidencia.

Señala que el rechazo de la cobertura se produjo en forma fundamentada, previo a recabar información pertinente y se solicitó la opinión de un experto en la materia quien determinó que la causal de los daños reclamados respondía a un “vicio propio” de la cosa, que el actor intimó verborrágica y terminantemente a la compañía a aceptar el siniestro sin más trámite y abonar la totalidad de las sumas reclamadas (remite a fs. 53 del aseguramiento), evento que la obligó a actuar con premura, rechazando la cobertura en el término de ley y conforme a derecho.

Sostiene que nunca hubo mala fe.

Ya en sede judicial, el a-quo -dice la recurrente- consideró que, con el resultado de la pericia mecánica que desafió la opinión del experto consultado, la compañía habría debido abonar el reclamo.

En lo que no se repara, destaca, es en que la actora transformó su reclamo extrajudicial de $30.000 en una demanda por la exorbitante suma de $172.000. Monto que resulta desproporcionado aun hoy, con una sentencia que ha hecho prevalecer sólo un 35% de lo reclamado.

Se pregunta cómo podría haber puesto fin a una demanda de $172.000 con una pericia de $20.335.

Culmina diciendo:”Si el a-quo se dio la libertad para suponer que la actora se encontraba dispuesta a conciliar el pleito resulta absolutamente arbitrario que suponga que mi representada no hizo el intento”.

El agravio ha de prosperar.

La condena al pago de daños punitivos cabe ser tenida como una sanción de naturaleza civil, similar a las astreintes, pues se encuentran cumplidos, en ambos casos, los requisitos que la normativa fije para su procedencia”.

Se trata de sanciones civiles que se aplican como castigo a un infractor de una norma civil.

Resulta aplicable en los casos de una conducta gravemente dolosa, que demuestre un desprecio absoluto por los derechos de la víctima y, por ello admite en su télesis una finalidad ejemplificadora y preventiva de la repetición de conductas análogas.

Su aplicación es estimada como excepcional y debe ser debidamente fundada pues su carácter sancionatorio civil y su finalidad disuasoria debe ser claramente visualizada desde la existencia de una conducta dolosa que merezca indiscriminadamente su reprimenda lo que torna exigible el ejercicio de la prudencia judicial.

Sin embargo, no en todos los casos se puede dar andamiento a un pedido de daño punitivo como suma excedente a la reparación del daño efectivamente sufrido por el consumidor en la relación de consumo.

Esto es así dado la finalidad perseguida por esta multa civil que sólo busca sancionar las conductas antisociales y vejatorias; aquéllas que implican un trato indigno e inequitativo de los consumidores y usuarios o las que los colocan en condiciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias.

En el caso de autos, no considero que la conducta de la accionada, si bien dilatoria, tenga entidad suficiente como para ser pasible de este tipo de sanción.

En cuanto a los agravios de la parte actora cabe señalar que los mismos están dirigidos a que el a quo haya hecho lugar a la demanda aplicando; sobre el monto condenatorio una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual sumada que abone el Banco de Santa Fe en operaciones de plazo fijo a 30 días.Así, a fs 177 el a-quo establece: ” Que por todo lo expuesto se hará lugar a demanda por la suma de $ 59.335 – a las que les adicionará un interés – computándose desde el rechazo efectuado por la demandada por carta documento de fecha 29/06/2010 hasta su efectivo pago – equivalente a tasa pasiva promedio mensual sumada que abone el Banco de Santa Fe en operaciones de plazo fijo a 30 días”.

Considera la actora que ese punto agravia su derecho de propiedad.

Manifiesta que si lo que se pretende es que la indemnización sea acorde al principio de la reparación integral y no una mera expresión de reconocimiento de derechos; que no tenga otro fin que el carácter meramente declarativo y no resarcitorio, resulta irrazonable aplicar una tasa como la fijada.

Señala que no se puede desconocer la galopante inflación que padece nuestro país, con lo cual la dilatación en el pago no hace otra cosa que la indemnización que deba percibir se torne ilusoria en términos monetarios, lo que se agrava por la tasa de interés fijada por el a quo.

La tasa pasiva, sostiene, es conveniente para el demandado, si la tasa es baja le conviene que el juicio dure mucho y especula con eso o lo hace señalando la liquidación como abultada.

Señala que lo que verdaderamente interesa es el valor real o lo que pueda comprar el dinero de la indemnización.

Cuando existe inflación señala, la tasa de interés que te ofrecen en el banco (interés nominal), se incrementa aunque la tasa de interés real permanece constante.

Si existe inflación el dinero pierde valor al pasar el tiempo, y que lo que se puede comprar con los intereses es cada vez menos.

Por ello sostiene que aplicar una tasa pasiva resulta altamente perjudicial para los intereses y el derecho de propiedad de la parte actora.

En su conteste la demandada sostiene que el a quo actuó conforme a derecho al aplicar la tasa que la actora pretende impugnar pues la aplicación de otra implicaría una doble actualización.

Los rubros a los que se hizo lugar se encuentran debidamente actualizados, tanto por el perito actuante como por el magistrado en opinión de la demandada.

Ello en cuanto afirma que el capital concedido fue debidamente actualizado, en consecuencia se ha eliminado el detrimento inflacionario que pudiera haber afectado el monto indemnizatorio y que de aplicarse otra tasa que la impuesta, se incurriría en una doble actualización y consecuente enriquecimiento indebido a favor de la actora, por resultar en una suma exhorbitante.

De hacer lugar a la pretensión de la actora dice la demandada, se contrariaría el criterio tomado en idénticas cuestiones por distintas Salas de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, incurriendo en grave arbitrariedad e irrazonabilidad que agraviaría a mi mandante.

Le asiste parcialmente la razón.

Resulta dable recordar que en el caso “Samudio”, el voto de la mayoría sostuvo que: “.La tasa de interés (activa) fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.”.

El motivo de la salvedad, reiterado en la mayor parte de los votos, es que si se fija el capital a valores actuales (digamos, a la fecha de la sentencia), y si la tasa contempla la depreciación de la moneda, entonces tenemos una doble actualización. En otras palabras, según el plenario, cuando el capital está dado en valores actuales, no corresponde aplicar una tasa que no sólo retribuye el uso del capital, sino que intenta recomponer el capital mismo. Y si el capital está fijado a valores actuales, no hay nada que recomponer (Barbero, Ariel E., “Interés moratorio: se vuelve a la buena senda. Plenario de la Cámara Civil de la Capital”, LL, 04/05/2009, p.5).

Dentro de este orden de ideas, la Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Rosario in re “Calabrese, Sandra y Otros c/ AUFE S.A.C. s/ Daños y Perjuicios” (Acuerdo N° 443, 10/11/09) descartó expresamente la aplicación del fallo “Samudio” toda vez que el capital indemnizatorio fue fijado a valores actualizados a la fecha de la sentencia apelada. En este aspecto, señaló que “.precisamente se ha entendido, en juicios por daños y perjuicios como el de autos donde se fijaron valores actualizados a la fecha del fallo apelado, que cuando los valores admitidos en una acción de daños y perjuicios se encuentran fijados al momento de la sentencia, la tasa activa establecida en el plenario Samudio, no puede aplicarse desde la fecha pretendida porque existiría un enriquecimiento indebido a favor del acreedor en detrimento del deudor, al computarse dos veces la misma desvalorización monetaria, razón por la cual se aplicó una tasa de interés puro del 6% anual desde el hecho hasta la sentencia.”.

Cabe reiterarse que la jurisprudencia ha dicho que “.en una acción de daños y perjuicios, corresponde que al monto de condena se aplique una tasa de interés del 8% anual, desde la mora y hasta el dictado de la sentencia de primera instancia, y desde allí y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, en tanto en dicho decisorio la suma indemnizatoria fue fijada a valores actualizados.” (Cám. Nac. Civ., Sala A, en autos “Rojas, Alicia Susana y otro c/ Sanatorio Modelo Adrogué S.A.y otros”, La Ley Online, AR/JUR/4074/2011).

En virtud de lo precedentemente expuesto, corresponde que desde el rechazo efectuado por la demandada por carta documento de fecha 29/06/2010 y hasta la fecha en que se presentó la pericia se aplicará una tasa de interés pasiva pura del 8%, y desde la fecha de pericia y hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia se aplica la tasa activa sumada de acuerdo a los índices del Banco de la Nación Argentina.

Sin perjuicio de ello, cabe destacarse que esta Sala, aunque con distintas integraciones, viene estableciendo un tope del 30% anual comprensivo de compensatorios y punitorios. Se tiene especialmente en cuenta para llegar a tal pauta, el marco temporal de devengamiento de intereses. Más allá de lo expuesto, se deja a salvo la facultad morigeradora de la Cámara si en virtud de circunstancias sobrevinientes la aplicación de dicha tasa pudiera tornarse abusiva.

Voto parcialmente por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Adhiero en lo sustancial a los argumentos expuestos por el Dr. Cúneo en su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Cúneo: Por los argumentos desarrollados y respondiendo al tercer interrogante propuesto, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, declarando inadmisible el reclamo por el rubro privación de uso. 2. Disminuir el capital de condena expresado por el a-quo en la suma de $59.335.- a la de $37.778.- 3. Estimar como correspondiente a resarcimiento por daño material la suma de $21.657.-, del total antes referido, al que se aplicará el interés referenciado en los considerandos de la presente. 4. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora en cuanto a la tasa de interés aplicable, respetando la fecha de inicio de cada cómputo conforme lo dicho en los puntos anteriores. 5. Costas en proporción al éxito obtenido, el que resultará de la aprobación de planilla definitiva. 6.Regular los honorarios de esta instancia 50% de lo que en definitiva corresponda en la anterior.

A la misma cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Cúneo. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Peyrano: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial integrada;

RESUELVE: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, declarando inadmisible el reclamo por el rubro privación de uso. 2. Disminuir el capital de condena expresado por el a-quo en la suma de $ 59.335 a la de $ 37.778 3. Estimar como correspondiente a resarcimiento por daño material la suma de $ 21.657, del total antes referido, al que se aplicará el interés referenciado en los considerandos de la presente. 4. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora en cuanto a la tasa de interés aplicable, respetando la fecha de inicio de cada cómputo conforme lo dicho en los puntos anteriores. 5. Costas en proporción al éxito obtenido, el que resultará de la aprobación de planilla definitiva. 6. Regular los honorarios de esta instancia 50% de lo que en definitiva corresponda en la anterior.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen. (“PEDEMONTE MARTIN PEDRO C/ PROVINCIA SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. N° 362/13)

CÚNEO

CHAUMET PEYRANO

(ART. 26, LOPJ)

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