Resulta competente el Municipio demandado para imponer una multa a la empresa telefónica actora por la falta de instalación del servicio a un consumidor.

Instalación de telefoníaPartes: Telecom Argentina S.A. c/ Municipalidad de Vicente López – Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios s/ pretensión anulatoria – otros juicios

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín

Fecha: 23-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92350-AR | MJJ92350 | MJJ92350

Resulta competente el Municipio demandado para imponer una multa a la empresa telefónica actora por la falta de instalación del servicio a un consumidor.
Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que declara que el Municipio demandado es competente para imponer una multa a la empresa telefónica actora por la falta de instalación del servicio a un Consumidor, pues la misma Ley de Defensa del Consumidor delega las facultades para implementar el sistema en las provincias, quienes a su vez se encuentran autorizadas a delegarlas a los Municipios.

2.-No corresponde admitir el planteo del actor en el sentido de que al crearse la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ésta tiene competencia exclusiva, pues la misma Ley 24.240 otorga al consumidor y usuario la posibilidad de efectuar su reclamo ante el Ente Regulador del servicio o ante la Autoridad de Aplicación de la Ley, resultando entonces competente el Municipio demandado.

Fallo:

En la ciudad de General San Martín, a los 23 días del mes de febrero de 2.015, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Ana María Bezzi, Hugo Jorge Echarri y Jorge Augusto Saulquin, para dictar sentencia en la causa Nº 4.404, caratulada “TELECOM ARGENTINA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ – DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS S/ PRETENSION ANULATORIA – OTROS JUICIOS”.

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 3 de julio de 2.014 (ver fs. 135/145 vta.), el señor Juez de grado falló rechazando la demanda interpuesta por Telecom Argentina S.A. contra la Municipalidad de Vicente López.

Asimismo, impuso las costas a la parte actora en su carácter de vencida y difirió la regulación de honorarios hasta quedar firme la sentencia (art. 51 del Decreto Ley Nº 8.904/77).

Para así decidir consideró, en lo sustancial, lo siguiente:

a) Que la Ley Nº 24.240 establece, en su artículo 41, que los gobiernos provinciales actuarán como autoridades locales de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre su cumplimiento, quedando facultadas a delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales.

b) Que la misma establece un acceso libre y directo de los consumidores y usuarios a la autoridad de aplicación de las normas que garantizan sus derechos. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es la mencionada Ley Nº 13.133, la que – en función de lo indicado precedentemente – establece que serán los Municipios quienes ejerzan las funciones emergentes de la propia ley y de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (conf. art. 79) y, a tales efectos, a quienes les corresponde implementar el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa (conf. art.81).

c) Que se establece en cabeza de ellos la facultad de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en la ley y respecto de las infracciones cometidas en su territorio (conf. art. 80).

d) Que, como consecuencia del ejercicio de las funciones que emergen de las leyes mencionadas, les compete a los Municipios instrumentar la estructura correspondiente a la instancia del procedimiento y a la etapa resolutiva, las que tendrán un funcionario a cargo.

e) Que, a los fines de facilitar la tarea del Organismo Municipal, podrán crear tantas Oficinas Municipales de Información al Consumidor como consideren necesario, que tendrán a su cargo las funciones de asesorar, evacuar consultas, brindar información, orientación, educación, recibir denuncias, entre otras previstas en la Ley (conf. art. 81).

f) Que los usuarios y consumidores tienen a su disposición las Direcciones y/o Secretarías Municipales donde realizar consultas sobre sus derechos y efectuar las denuncias que correspondieren.

g) Que, de acuerdo a lo expuesto e introduciéndose en el análisis de las cuestiones planteadas en autos, la incompetencia alegada por la parte actora no podía prosperar. Indicó que, conforme lo expusiera la letrada apoderada de la parte demandada en su presentación de fs. 107/117, el artículo 10 de la Ley Nº 26.631 (que modifica el art. 25 de la Ley Nº 24.240), ha establecido en cabeza del consumidor la facultad de elegir el organismo donde puede presentar su denuncia al disponer que “Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley.”

h) Que, de la lectura de la normativa indicada, surge con claridad la competencia del organismo municipal para entender en el reclamo presentado por la Sra. Castellani.

i) Que establecida la competencia de la Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Municipalidad de Vicente López para entender en la denuncia presentada por la Sra.Castellani, correspondía abocarse al tratamiento de los argumentos esbozados en torno a la falta de configuración de la infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley Nº 24.240 y a aquéllos referidos al monto de la sanción.

j) Que, conforme surge de la Resolución Nº 0098/2012, la autoridad de aplicación consideró vulnerado el derecho a la información de la Sra. Castellani, habida cuenta que – al momento de suscribir la solicitud de nueva instalación – no se le informó respecto de la existencia de una obra en curso, sin la cual aquélla no podría realizarse.

k) Que, del análisis de la documentación obrante a fs. 3 y las constancias de autos, no se advertía que Telecom Argentina S.A., haya probado que la demora resultó imprevisible al momento en que la Sra. Castellani inició los trámites y que la misma tuvo origen en cuestiones técnicas cuya subsanación no eran posibles de determinar en esa oportunidad (art. 375 del CPCC y art. 77 del CCA).

l) Que, por ello, cabía concluir que no le brindó la información necesaria que, al momento de contratar el servicio, le permita tomar una decisión que se adecue a sus expectativas, que – en el caso – no es otra que la instalación de un teléfono en su domicilio. Teniendo en cuenta lo expuesto, entendió que la actora no ha podido desvirtuar el criterio sostenido en el octavo considerando de la resolución en crisis, en cuanto que Telecom Argentina S.A. no cumplió con su obligación de informar a la consumidora respecto de la existencia de una obra en curso, sin la cual la instalación de la línea telefónica que requirió no podría realizarse, encontrando configurada la infracción al artículo 4 de la Ley Nº 24.240 (art. 77 del CCA y art.163 inciso 5º).

ll) Que, en cuanto a la infracción al artículo 19 de la Ley Nº 24.240, cabía precisar que en la resolución en crisis, la autoridad de aplicación entendió vulnerado tal precepto en la inteligencia que a la fecha del dictado del acto cuya nulidad se persigue (28 de junio de 2012), la aquí actora no había cumplido con la obligación que asumió, de proveer de una línea de teléfono para uso en casa de familia, en el mes de julio de 2011 (ver fs. 3). Asimismo, consideró que el plazo de quince (15) días establecido en el artículo 34 del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico, se encontraba vencido. A mayor abundamiento, introdujo la teoría del plazo razonable, el cual consideró cumplido al haber transcurrido los quince (15) días a los que hace referencia la normativa indicada.

m) Que la actora cuestiona la resolución en crisis en la inteligencia de que el plazo en el que debió cumplirse no se encuentra establecido, ni contractual, ni normativamente y que el plazo de 15 días tomado en cuenta por la autoridad de aplicación, no tiene en consideración los antecedentes y los aspectos técnicos que dificultaron cumplir con lo requerido.

n) Que, conforme surge del escrito de demanda y de las restantes constancias de autos, la actora no ha siquiera alegado en qué consistían las dificultades técnicas que impidieron cumplir con la prestación a su cargo y mucho menos probado su existencia (artículos 330 inciso 4º y 374 del CPCC y 77 del CCA).

ñ) Que la Sra. Castellani efectuó el pago del cargo de instalación el día 19 de julio de 2011, realizó sucesivos reclamos, los que fueron infructuosos, concurriendo a la audiencia celebrada los días 6 de diciembre de 2011 y 9 de enero de 2012, sin que se le haya brindado una solución a su conflicto. De acuerdo a ello, la Sra.Castellani no sólo ha cumplido con la obligación asumida (pago del cargo de conexión), sino que ha interpelado a Telecom Argentina S.A. al cumplimiento de la obligación a su cargo, en los términos del artículo 509 del Código Civil. En consecuencia, entendió el Juez de grado configurada la infracción al artículo 19 de la Ley Nº 24.240 (art. 77 del CCA y art. 163 inciso 5º).

o) Que en el décimo considerando de la resolución en crisis, la autoridad de aplicación afirmó que a los efectos de aplicar la multa prevista en los artículos 47 de la Ley Nº 24.240 y 73 de la Ley Nº 13.133, tendría en cuenta las pautas previstas los artículos 49 y 79 de las Leyes Nº 24.240 y Nº 13.133, respectivamente.

p) Que analizadas las constancias de autos y de acuerdo a lo afirmado en los considerandos que anteceden, la multa impuesta a Telecom Argentina S.A., que asciende a la suma de $ 3.000, resultaba razonable y proporcional a la infracción cometida y adecuada a las pautas indicadas precedentemente.

II.- Contra dicho pronunciamiento (ver fs.150/155), el representante de Telecom Argentina S.A. interpuso recurso de apelación, agraviándose de lo resuelto en torno a la incompetencia del Municipio, “habida cuenta que el Juez de grado consideró que el órgano municipal resulta competente para entender en el reclamo presentado por la Sra. Castellani, toda vez que el art. 25 de la ley 24.240 – modificado por el art.10 de la Ley Nº 26.631 – autoriza al consumidor a elegir el organismo donde puede presentar su denuncia”.

Explicó que no se tuvo en cuenta que el régimen del servicio de telecomunicaciones reconoce exclusivamente a los organismos federales como autoridad de aplicación y control respecto de los reclamos relacionados con la prestación del servicio.

Señaló que, en efecto, a través del Decreto Nº 1.185/90 se creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con competencia exclusiva para sancionar a cualquier prestador del servicio de Telecomunicaciones, no permitiendo la coexistencia con las autoridades provinciales.

Indicó que, con lo decidido, el órgano administrativo municipal se entromete en un aspecto que cuenta con regulación y protección federal y que – tanto en sede administrativa como en la instancia judicial – debería tramitar ante quienes resultan competentes en la materia.

Asimismo que, en ese orden de ideas, surge claro que es la Comisión Nacional de Comunicaciones quien, por la naturaleza del servicio y especificidad de la materia, tiene competencia expresa, exclusiva y excluyente para entender en los reclamos realizad os por los usuarios y en su caso aplicar las sanciones, desplazando de tal modo cualquier tipo de facultad que pudiera llegar a reclamar la autoridad local.

Por su parte, que es la propia Ley Nº 24.240 que aclara el entuerto, en el sentido de que “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley.En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor” (artículo 25, tercer párrafo).

Además, que pareciera que la intención del legislador de la Ley Nº 24.240 es la de facilitar a los usuarios y consumidores la posibilidad de realizar denuncias correspondientes a las falencias que se pudieran presentar en la relación de consumo y no inmiscuirse en cuestiones técnicas que tienen regulación, como lo es lo referido a materia de telecomunicaciones.

Refirió que, si bien su parte reconoce la existencia del art. 25 de la Ley Nº 24.240 que permite a los usuarios y consumidores optar ante qué organismo prefieren presentar sus denuncias, se entiende que el fin de esta norma es proteger la relación de consumo para aquellas actividades que no poseen una protección especial.

A su vez, que el caso de autos se refiere a un inconveniente suscitado en torno a cuestiones técnicas que son alcanzadas por la ley regulatoria del servicio de Telecomunicaciones, como lo es la imposibilidad de la empresa de instalar una línea de telefonía, y no a cuestiones relativas a los inconvenientes existentes en toda relación de consumo, para los cuales resultaría lógico la aplicación del art. 25 de la Ley Nº 24.240 pudiendo el usuario elegir donde efectuar su reclamo.

Solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia con base en la nulidad del acto por la incompetencia del órgano.

III.- Por medio de la providencia de fs. 156, el Juez de grado corrió traslado del recurso de apelación por el plazo de diez (10) días.

IV.- La letrada apoderada del Municipio de Vicente López respondió a fs.159/160, solicitando se confirme la sentencia con expresa imposición de costas a la recurrente vencida.

En primer lugar, sostuvo – en lo que interesa para la resolución de la cuestión debatida – que si bien la apelante manifestó que de acuerdo a los postulados de la ley de comunicaciones la misma es materia exclusivamente federal, a partir de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor se aplica el principio “in dubio pro consumidor”, conforme al art. 3 de la Ley como criterio de interpretación normativa y, ante casos de colisión entre las distintas normativas, prevalece la interpretación más favorable a los derechos e intereses de los usuarios de servicios públicos.

Escribió que lo expuesto es en virtud de la postura constitucional de garantizar a los consumidores procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, especialmente teniendo en cuenta que las autoridades de aplicación local municipal tienen mayor cercanía geográfica con los consumidores que (muchas veces) los entes reguladores de los servicios públicos.

Agregó que la propia Corte Suprema de Justicia ha estado a favor de la importancia de resguardar la garantía constitucional del derecho de los consumidores y usuarios a condiciones de trato equitativo y digno, en virtud del art. 42 de la CN. Y que dicho trato es un comportamiento ineludible que deben observar las empresas frente a los consumidores.

Finalizando, señaló que esa situación se ve acentuada cuando determinado bien o servicio, como es el caso de marras, es provisto en el mercado de manera oligopólica, cuando no monopólica.

Concluyó en que la aplicación de la ley deriva de la propia Constitución, por lo que no existe óbice para su aplicación. Además, que la apelante no ha pedido la inconstitucionalidad de la norma, por lo que las meras manifestaciones que realizó respecto a que la denunciante debió proceder conforme el marco regulatorio de las telecomunicaciones, no podían ser escuchadas.

V.- A fs. 161 el Juez de grado elevó las actuaciones a esta Alzada y, recibidas según constancia de fs.161 vta., pasaron los autos para resolver (ver fs. 162).

VI.- Efectuado el pertinente examen de admisibilidad (ver fs. 163/163 vta.), se resolvió conceder con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto y se llamaron los autos para sentencia.

El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

VOTACION

A la cuestión planteada la señora Juez Ana María Bezzi dijo:

1º) Relatados los antecedentes del presente caso, expuestos los fundamentos y la parte resolutiva de la sentencia hoy recurrida, mencionados los agravios y las réplicas pertinentes y efectuado el examen de admisibilidad, procedo a analizar el recurso de apelación interpuesto.

2°) Para ello es dable aclarar, liminarmente, que la parte actora se agravia de la resolución de primera instancia alegando la incompetencia del Municipio. Ello, habida cuenta que el Juez de grado consideró que el órgano municipal resulta competente para entender en el reclamo presentado por la Sra. Susana Noemí Castellani, toda vez que el art. 25 de la Ley Nº 24.240 – modificado por el art. 10 de la Ley Nº 26.631 – autoriza al consumidor a elegir el organismo donde puede presentar su denuncia.

Considera que el Juez de origen no tuvo en cuenta que el régimen del servicio de telecomunicaciones reconoce exclusivamente a los organismos federales como autoridad de aplicación y control respecto de los reclamos relacionados con la prestación del servicio.

Expone que, a través del Decreto Nº 1.185/90, se creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con competencia exclusiva para sancionar a cualquier prestador del servicio de comunicaciones, no permitiendo su coexistencia con las autoridades provinciales.

Manifiesta que, con lo decidido, el órgano administrativo municipal se entromete en un aspecto que cuenta con regulación y protección federal y que, tanto en sede administrativa como en la instancia judicial, debería tramitar ante quienes resultan competentes en la materia.

3º) Sentado ello adelanto que el recurso de apelación bajo examen no puede prosperar, en tanto advierto que el fallo atacado resulta ajustado a derecho.A fin de explicar tal conclusión, es menester establecer el marco normativo aplicable al caso.

En primer lugar, encuentro conducente señalar que la reforma constitucional del año 1994 incorporó a nuestra Carta Magna el artículo 42, mediante el cual se reconocen los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, conminando a las autoridades a proveer su protección. El mentado artículo reza: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control” (el subrayado es propio).

Bajo tales parámetros, observo que el citado artículo no confirió la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores con exclusividad al Gobierno Federal, resultando todos los miembros del Estado llamados a intervenir a fin de asegurar su efectivo goce. Así, el artículo 38 de la nuestra Constitución Provincial estipula: “Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz.La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y resolución de conflictos y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores”.

Por su parte, la Ley Nº 24.240 – en lo que aquí interesa – dispone en su artículo 41 que: “La Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad nacional de aplicación de la presente ley. Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias respecto a los hechos sometidos a su jurisdicción. Las provincias, en ejercicio de sus atribuciones, podrán delegar sus funciones en organismos de su dependencia o en los gobiernos municipales” (el énfasis es propio).

El artículo 45 dispone -en lo pertinente- que: “.La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias dictarán las normas referidas a su actuación como autoridades locales de aplicación, estableciendo en sus respectivos ámbitos un procedimiento compatible con sus ordenamientos locales bajo los principios aquí establecidos”.

Finalmente, la Ley Nº 13.133 prevé – en lo que importa – que: “La presente Ley establece las bases legales para la defensa del consumidor y del usuario según los términos del artículo 38º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y tiene por objeto establecer las reglas de las políticas públicas y los mecanismos administrativos y judiciales para la efectiva implementación en el ámbito provincial: a) De los derechos de los consumidores y usuarios reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. b) De las normas de prot ección consagradas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y disposiciones complementarias, sin perjuicio de las competencias concurrentes de la Autoridad Nacional de Aplicación” (art. 1); que:”Los Municipios ejercerán las funciones emergentes de esta Ley; de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y de las disposiciones complementarias, de conformidad con los límites en materia de competencias y atribuciones” (art. 79, énfasis agregado); y que: “Los Municipios serán los encargados de aplicar los procedimientos y las sanciones previstos en esta Ley, respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios y con los alcances establecidos en este artículo.”(art. 80, énfasis agregado).

En el mismo sentido, de los fundamentos de dicha norma se desprende que: “.es de competencia provincial, la regulación de los mecanismos instrumentales de implementación, que permitan a los consumidores ejercer efectivamente y hacer valer en forma real y concreta, aquellos derechos y soluciones sustanciales. Así lo establece la misma Ley Nacional 24.240, que en sus artículos 41, 42, 43 y concordantes, delega la aplicación, control y vigilancia, a las autoridades provinciales y les faculta incluso para sub delegar las funciones a los municipios.” (el subrayado es propio).

4º) Bajo tales condiciones, corresponde analizar la cuestión sustancial debatida. Ello, recordando que la recurrente se agravió – con fundamento en lo previsto por el Decreto Nº 1.185/90 – por cuanto el señor Juez de grado consideró que el municipio demandado resultaba competente para resolver respecto de la sanción aplicada.

De las constancias de autos, surge que la actora solicitó y abonó oportunamente una nueva línea de telefonía a Telecom Argentina y que la empresa no efectuó la instalación de la misma. A raíz de ello, la autoridad municipal dictó el auto de imputación contra Telecom Argentina, obrante a fs. 10/11, dictándose la Resolución Nº 0098/2012, que por esta acción se impugna, por medio de la cual se impuso una multa por la suma de pesos tres mil ($ 3.000) por infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240 (cfr. fs.34/36)

En dichas condiciones, y tal como lo adelantara el recurso de apelación bajo examen no puede correr suerte positiva.Véase que – tal como lo señalara este Tribunal en la causa Nº 2192/2010, caratulada “TELECOM PERSONAL S.A c/ Municipalidad de San Isidro- Secretaría de Defensa del Consumidor s/ Contencioso”, sentencia del 05 de octubre de 2010 – la Ley Nº 24.240, en cumplimiento del mandato constitucional impuesto por el art. 42, ha venido a llenar un vacío legal cuyo principal objeto lo constituye la defensa de los consumidores o usuarios (cfr. art. 1°).

Además que, en ese marco jurídico, la Ley -en su Capítulo XII- ha regulado un procedimiento administrativo para la verificación de las infracciones determinadas por dicho cuerpo legal, delegando tal cometido público en los estados provinciales sin perjuicio de una competencia concurrente con el estado nacional (ver arts. 121, 122, 123 y 125 de la Constitución Nacional y Gelli María Angélica, “Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada”, 3era edición ampliada y actualizada, La Ley, Buenos Aires, páginas 1009/1030).

A su vez, que la Provincia de Buenos Aires, en aras al mandato de su constitución en esta materia – art. 39 -, ha procedido ha dictar la Ley Nº 13.133. Dicho cuerpo normativo reglamenta en el ámbito de su jurisdicción la delegación del poder de policía y de policía administrativa – cfr. arts. 41 y 45 in fine Ley Nº 24.240 – en el marco de la función administrativa, como a su vez el control jurisdiccional de la misma – cfr. art. 85 Ley Nº 13.133 -, de conformidad con lo regulado por la Constitución de la Provincia (cfr. art. 166 último párrafo).

En ese cuadro de situación tengo para mí que los agravios planteados por la parte actora no llegan a conmover la resolución puesta en crisis. Es que la competencia municipal -en el ejercicio del poder de policía con motivo de la relación de consumo o servicios- resulta palmaria en virtud de lo previsto por la normativa reseñada.5º) Por lo demás, respecto del planteo efectuado por la apelante en cuanto a la interpretación y aplicación del art. 25 de la Ley Nº 24.240 (modificada por la Ley Nº 26.361), entiendo dable referir a los fundamentos de dicho articulo en su actual redacción.

De ellos surge que, “El propósito del presente proyecto es garantizar a los usuarios y consumidores el pleno ejercicio de sus derechos frente a las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios. La ley 24.240 de Protección del Consumidor, prevé en su artículo 25, última parte, su aplicación supletoria respecto de estos servicios, estableciendo que “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente ley supletoriamente”. Así, no puede privarse al usuario, frente al incumplimiento del servicio, del derecho a acudir ante la autoridad de aplicación de la ley de defensa de los usuarios y consumidores, limitando su reclamo a una presentación ante el ente regulador respectivo, y rigiéndose por un marco regulatorio que se modifica permanentemente, creando un caos normativo que atenta contra la seguridad jurídica. Tal limitación jurisdiccional no encuentra un argumento que la justifique, los usuarios o consumidores de servicios públicos domiciliarios no tienen por qué ser tratados de manera diferente respecto del resto de los consumidores. Al menos debe darse la posibilidad de acudir al ente regulador o a la autoridad de aplicación de la ley 24240, en busca de satisfacer las pretensiones. Lo contrario implica el cercenamiento del derecho constitucional prescripto por el artículo 42, que prima no sólo por su rango, sino porque fue introducido en la reforma constitucional de 1994, es decir, la consagración constitucional de los derechos de los usuarios es posterior a los marcos regulatorios específicos y a la propia ley 24.240.Por todo lo expuesto, debe derogarse el cuestionado principio de supletoriedad contenido en el artículo 25 de la ley 24.240 a fin cumplir con el mandato de la norma constitucional y poner en pleno funcionamiento las prescripciones y principios establecidos en la ley de protección de los consumidores.”. (Verhttp://www.senado.gov.ar/web/proyectos/numley.php) .

De lo expresado, se advierte que la norma modificatoria de la Ley Nº 24.240 habilitó a los consumidores y usuarios de los servicios públicos a presentar en forma directa las denuncias y reclamos ante los Entes Reguladores o ante la Autoridad de Aplicación de la ley. Así, no cabe receptar la interpretación intentada por el apelante en cuanto pretende darle un alcance distinto al señalado.

Es que constituye una elemental regla hermenéutica que cuando el texto de la norma es claro y expreso no cabe prescindir de sus términos, correspondiendo aplicar el precepto estrictamente y en el sentido que resulta de su propio contenido (Ac. 39.014, sent. del 12-IV-1989 en “Acuerdos y Sentencias”, 1989-I-598; Ac. 40.495, sent. del 20-II-1990 en “Acuerdos y Sentencias”; 1990-I-147; Ac. 45.868, sent. del 27-VIII-1991 en “Acuerdos y Sentencias”, 1991-III-29; Ac. 47.842, sent. del 6-IV-1993; Ac. 58.089, sent. del 3-IX-1996; Ac. 65.508, sent. del 23-III-1999, y esta Cámara en causas Nº 1082, “Fuentes”, S. del 21-IX-2007, Nº 1102, “R.H. Tucci”, S. del 4-X-2007,causa Nº 2446/2010 “Lange”, sentencia del 12-IV-2011, entre muchas otras).

Asimismo esta Alzada ha tenido oportunidad de señalar que:”la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma y la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus propias facultades” (CSJN T. 329, P. 5621M. 761. XL; RHE Martínez, Alberto Manuel c/Universidad Nacional de Tucumán , del 12/12/2006, esta Cámara in re causa Nº 2446/2010 “Lange”, sentencia del 12-IV-2011, entre otras).

6º) Por último, encuentro pertinente destacar que este Tribunal ya se ha expedido con relación al fondo del asunto en causas en las que se impugnaban sanciones impuestas por distintos municipios. Al respecto, véase las causas Nº 2.192/10, caratulada “Telecom Personal S.A.C/ Municipalidad de San Isidro – Secretaría de Defensa del Consumidor S/ Contencioso”, sentencia del 5 octubre de 2.010; causa nº 2.177/10, caratulada “Telecom Personal S.A C/ Secretaría de Producción y Defensa del Consumidor s/ Impugnación de Acto Administrativo”, sentencia del 12 de octubre de 2010; causa nº 2182/10, caratulada “Telecom Argentina S.A C/ Municipalidad de San Isidro S/ Impugnación de Acto Administrativo”, sentencia del 26 de octubre de 2010; causa nº 2562/11, caratulada “Telecom Argentina S.A c/ Municipalidad de San Isidro S/ Impugnación de Acto Administrativo”, sentencia del 28 de junio de 2011; causa nº 2604/11, caratulada “Telecom Argentina S.A C/ Municipalidad de San Isidro – Secretaria de Producción y Defensa del Consumidor S/ Impugnación de Acto Administrativo”, sentencia del 11 de julio de 2011; causa nº 2581/11, caratulada “Telecom Argentina S.A C/ Municipalidad de San Isidro s/ Impugnación de Acto Administrativo”, sentencia del 2 de agosto de 2011; causa nº 3.526/13, caratulada “Telecom Personal S.A C/ Justicia de Faltas Municipio de Morón S/ Materia a categorizar – previsión”, sentencia de mayo de 2013.

En virtud de todo lo expuesto, propongo a mis distinguidos colegas: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando la sentencia apelada en todo lo que fue mate ria de agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a la parte actora en su condición de vencida (art. 51 del CPCA, Ley Nº 12.008, texto según Ley Nº 14.437) y 3) Diferir lo tiente a la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77). ASÍ LO VOTO.

Los Sres. Jueces Jorge Augusto Saulquin y Hugo Jorge Echarri votaron a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

En virtud del resultado del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios. 2º) Imponer las costas de Alzada a la parte actora en su condición de vencida (art. 51 del CPCA, Ley Nº 12.008, texto según Ley Nº 14.437). 3º) Diferir lo atinente a la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77). Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvase. JORGE AUGUSTO SAULQUIN

SIGUEN LAS FIRMAS

HUGO JORGE ECHARRI

ANA MARIA BEZZI

ANTE MI

ANA CLARA GONZALEZ MORAS

SECRETARIA

Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo – San Martín

Registro de Sentencias Definitivas Nº . Fs.y vta.

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