Inoperatividad del plazo de caducidad del art. 2 de la Ley 16.986 para actos lesivos de tracto sucesivo como lo son los haberes previsionales que se reclaman devenegados mes a mes de manera ininterrumpida.

calendario 1Partes: Fiorenza Catalina c/ ANSES y o. s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 19-dic-2014

Cita: MJ-JU-M-91643-AR | MJJ91643 | MJJ91643

Inoperatividad del plazo de caducidad del art. 2 de la Ley 16.986 para actos lesivos de tracto sucesivo como lo son los haberes previsionales que se reclaman devenegados mes a mes de manera ininterrumpida.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que rechazó las defensa de ausencia de legitimación pasiva y prescripción haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta debiendo la demanda abonar la diferencia entre la renta vitalicia previsional que percibe y el haber mínimo garantizado por el art. 46 de la Ley 26.198 y sus sucesivas modificaciones

2.-Cabe el rechazo del planteo de rechazar el planteo de caducidad de una acción de amparo tendiente al cobre de diferencias previsionales, pues el término de caducidad previsto por el inciso c) del art. 2 de la Ley 16.986 no debe ser tenido en cuenta cuando la conducta lesiva del organismo implicado se sigue prolongando en el tiempo, o tiene aptitud para renovarse periódicamente, pues ante esa situación se da un incumplimiento continuado, que traslada sus efectos hacia el futuro.

3.-El plazo de caducidad establecido en la ley de amparo no opera para los actos lesivos -administrativos o de otro carácter- que tengan efectos generales en el tiempo, es decir, una forma de tracto sucesivo para el derecho público, pues dar por caduco un derecho que aún es exigible significa algo equivalente a matar el derecho.

Fallo:

Rosario, 19 de diciembre de 2014.-

Visto, en Acuerdo de la Sala “A”, el expediente nro. FRO 13894/2013, caratulado: “Fiorenza, Catalina c/ A.N.S.E.S. y ot. s/ Amparo ley 16.986”, (del Juzgado Federal Nro. 2 de esta ciudad), del que resulta,

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

1.- Vienen los autos a conocimiento del tribunal con motivo del recurso de apelación interpuesto y fundado por la demandada (fs. 53/57vta.) contra la resolución de fecha 6 de mayo de 2014, que rechazó las defensas de legitimación pasiva y prescripción opuestas y admitió la acción de amparo interpuesta por Catalina María Fiorenza ordenando a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) que abone la diferencia entre la renta vitalicia previsional que percibe y el haber mínimo garantizado por el artículo 46 de la ley 26.198 y sus sucesivas modificaciones, con costas a la demandada vencida (fs. 42/50vta.).

Concedido el recurso a fs. 59 se elevaron las actuaciones a esta Sala “A” (fs. 62), disponiéndose el pase al Acuerdo, quedando en estado de resolver (fs. 64).

2.- En primer término, expresa la recurrente que la acción de amparo resulta manifiestamente inadmisible por haber sido iniciada vencido el plazo de quince días hábiles que determina la ley 16.986 y por estar comprendida dentro de lo normado en su artículo segundo incisos a) y d).

Entiende que el fondo de la cuestión está sujeto a debate, existiendo entonces, para tal fin, otros medios procesales y no el intentado por la actora, debiéndose merituar que la situación fáctica que sustenta la acción de amparo tiene un alto contenido de contienda, que requiere de un procedimiento con mayor substanciación, para determinar las pretensiones y derechos que asisten a cada parte.En ese rumbo afirma que es doctrina del más Alto Tribunal que la acción de amparo no es viable en el caso de cuestiones opinables que requieran mayor debate y prueba o cuando la naturaleza del asunto exija aportar al pleito mayores elementos de convicción (según art. 2 inciso d)).

Cita precedentes jurisprudenciales y doctrinarios y concluye que ellos resultan oportunos a los fines de denegar la petición efectuada sobre el planteo de inconstitucionalidad.

Destaca que el argumento vertido por la sentenciante es inadecuado al caso de autos porque no se trata de un beneficio excluido de la garantía del haber mínimo del artículo 125 de la ley 24.241 por no percibir componente público atento la fecha de nacimiento del causante varón (con posterioridad al año 1963), ya que de hecho el Sr. Ernesto Rodríguez nació en 1938.

Sostiene que en autos se advirtió la inexistencia de trámite administrativo iniciado con igual pretensión, por lo que no habiendo sido solicitado administrativamente la pretensión que plasma la actora, no corresponde incoar judicialmente la acción pretendida.

Finalmente se queja de la imposición de las costas y hace reserva expresa de recurrir por la vía del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por sentencia arbitraria y en los términos del art. 14 de la ley 48.

Y CONSIDERANDO:

1.- Entiendo que le asistiría razón a la recurrente cuando en su primer cuestionamiento denuncia la omisión del a quo de tratar su planteo atinente al plazo de caducidad previsto por el inciso e) del artículo 2 de la ley 16.986.Y lo digo en términos potenciales por cuanto podría verse como tratamiento del punto lo sostenido con relación a la prescripción liberatoria en el segundo párrafo de fojas 45vta., aplicable, a mi modo de ver, también al plazo de caducidad antes referido.

Cierto es que la reforma constitucional de 1994 jerarquizó y amplió la acción de amparo incluyéndola en el artículo 43 de la Ley Fundamental. También lo es que no existe unanimidad doctrinaria ni jurisprudencial acerca de la vigencia o no de ciertos requisitos previstos por la ley 16.986, entre ellos el que nos ocupa, no contemplados por el texto constitucional. Sin embargo sabemos que, por ejemplo, la Cámara Nacional Federal en lo Civil y Comercial, dictó en el año 1999 un plenario (“Capizzano”) en los siguientes términos: “. si el amparo es un proceso, tal como todos aquellos que dirigen sus acciones contra el Estado, debe estar sujeto a un plazo procesal. En consecuencia, no puede sostenerse que no exista plazo alguno o que el mismo quede librado a la discrecionalidad judicial, y que el plazo de caducidad del artículo 2, inciso e), de la ley 16.986 no está vedado por la Constitución, ya que presenta factores de conveniencia para su aplicación en el vigente régimen de amparo”.

Ahora bien, en el caso de autos la situación ostenta como particularidad que los haberes cuyas diferencias se reclaman se devengan mes a mes de manera ininterrumpida. Es por ello que entiendo que cabe aplicarle otra doctrina y jurisprudencia que viene abriéndose paso a partir de la reforma constitucional de 1994 que instituyó en la Ley Fundamental la acción de amparo.Así se ha sostenido, en precedente al cual nuestro caso resulta asimilable mutatis mutandi, que el término de caducidad previsto por el inciso c) del artículo 2 de la ley 16.986 no debe ser tenido en cuenta “. cuando la conducta lesiva del organismo implicado se sigue prolongando en el tiempo, o tiene aptitud para renovarse periódicamente, pues ante esa situación se da un incumplimiento continuado, que traslada sus efectos hacia el futuro” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 10 de diciembre de 1995, “La Ley”, 1996 – C – 507). Al respecto, calificada doctrina sostuvo que “. el plazo de caducidad establecido en la ley de amparo no opera para los actos lesivos -administrativos o de otro carácter- que tengan efectos generales en el tiempo, es decir, una forma de tracto sucesivo para el derecho público . Dar por caduco un derecho que aún es exigible significa algo equivalente a matar el derecho .” (opinión de Humberto Quiroga Lavié en su comentario al fallo citado).

Es por las razones precedentes que me expedí por rechazar el planteo de caducidad de una acción de amparo que no era de naturaleza previsional (en las cuales considero que más fuertes razones militan para sustentar el criterio expuesto), bastante antes de ahora en el Acuerdo Nº 729/07 de esta Cámara de fecha 29 de noviembre de 2007.

De modo entonces que por los motivos precedentes y atendido el agravio hasta aquí analizado, postulo su rechazo.

2.- Otro de los ejes de las críticas de la impugnante está dado por su aserción según la cual la del amparo no sería la vía procesal apta para un debate como el de autos, no sólo por la existencia de otros remedios judiciales o administrativos, a los que refiere el inciso a) del artículo 2 de la ley 16.986, sino también por la -según ella- necesidad de mayor debate y prueba para la elucidación de si habría mediado o no arbitrariedad e ilegitimidad en el proceder estatal.

Ambos aspectos fueron tratados,bien que sucintamente, en forma adecuada por el a quo, mediante la exposición de fundamentos que hacemos nuestros por compartirlos.

En cuanto al primer aspecto sólo cabría agregar que, mucho antes de ahora, y aun de la ya referida reforma constitucional, se ha sostenido que “No se puede rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable” (Cámara Nacional Federal, Sala Contencioso-administrativa, 17 de abril de 1967, “Gualda Olmedo”, “La Ley”, 127 – 212, según cita de Néstor Sagüés, en: “Acción de amparo”, Astrea, Buenos Aires, página 179).

Sin perjuicio de lo anterior y con relación a la necesidad mayor debate y prueba, nuestro máximo tribunal tiene afirmado que “El rechazo del amparo con fundamento en la necesidad de mayor debate y prueba y la existencia de otras vías importa la aplicación de un criterio en extremo formalista que atenta contra la efectiva protección de los derechos que aquel instituto busca asegurar, al no acreditar en forma concreta cuáles eran los elementos probatorios que no se pudieron utilizar para dilucidar la cuestión, así como la incidencia que éstos hubieran podido tener sobre el resultado final del proceso, omisión que demuestra la deficiente fundamentación del pronunciamiento” (conf. dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte; Fallos 329:899).

En cuanto a que fuera menester mayor debate en el caso, es de señalar que la recurrente, que invirtió ocho (8) carillas de su escrito de expresión de agravios en afirmarlo, empleó sólo una (1) para referirse al centro del debate de la cuestión controvertida (fojas 56vta.in fine y 57), en la cual se limitó a volver sobre un aspecto atinente a la admisibilidad de la acción de amparo, no a su procedencia.

De manera que también el agravio hasta aquí tratado deberá resultar rechazado, que es lo que propongo al acuerdo.

3.- En su único argumento atinente al fondo del asunto criticó la impugnante el fallo por cuanto, según ella, en su fundamentación no refiere a las circunstancias del caso, dado que en éste el beneficio no se habría encontrado excluido de la garantía del artículo 125 de la ley 24.241 por una cuestión de edad del causante, ya que Rodríguez nació en 1938, es decir, mucho antes de 1963 que fue el año de corte fijado por el Decreto Nº 55/94 reglamentario de aquélla.

Evidentemente tal como puede verse a fojas 46 la sentenciante refirió a ese aspecto sin necesidad, mas ello no quita que el resto de lo argumentado sí resulte adecuado para la resolución del caso, de modo que correspondería fuera confirmado.

4.- Finalmente considero que se impone efectuar una puntualización con relación a la prescripción tratada por la juzgadora de la anterior instancia, dado que al respecto el pronunciamiento venido en revisión resulta de lo más confuso. Veamos.

A fojas 45 in fine y 45vta.párrafos primero y segundo, la sentenciante declaró que corresponde aplicar la prescripció n bienal del artículo 82 de la ley 18.037, mientras luego en la resolutiva (fojas 50 in fine y vta.) rechazó la defensa de prescripción.

A su vez, sobre el final de su considerando TERCERO, en el segundo párrafo de fojas 50, descartó los reclamos retroactivos y de movilidad por cuanto, según ella, “.escapan al marco cognoscitivo de la vía elegida, debiendo ser canalizados por el proceso ordinario que corresponda”.

Así las cosas, el tratamiento de la defensa o excepción de prescripción liberatoria, aun antes de la contradicción que he señalado, resultó improcedente por innecesario, desde que excedió el marco temporal de conocimiento fijado por la propia magistrada, de manera que, cuanto menos desde mi punto de vista, correspondería nulificar el primer punto de la resolutiva de la sentencia hasta aquí revisada, en lo atinente a la prescripción liberatoria.

5.- En cuanto a las costas de la anterior instancia hubiera correspondido cargarlas parcialmente a la accionante, por cuanto no se allanó a la articulación de su contraria (artículo 76 del CPCCN a contrario sensu), mas la nulidad del tratamiento del tema que he propuesto sólo admite que por tal aspecto aquéllas resulten impuestas en el orden causado. Mientras que en lo demás postularé confirmar lo decidido al respecto en el primer grado de conocimiento, al tiempo que por la presente instancia y dada la falta de oposición cabe imponerlas por su orden.

Es mi voto.

La Dra. Liliana Arribillaga dijo:

1- En primer término agravia a la recurrente que se haya hecho lugar al amparo, sin considerar que la acción fue interpuesta vencido el plazo de quince días hábiles que determina el art. 2 inc. “e” de la ley 16.986, por lo que resulta manifiestamente inadmisible por extemporánea.

En atención a las constancias de autos considero que no es factible establecer a partir de cuándo quedó desfasado el haber que percibe mensualmente la actora en relación al mínimo legal.Por ende, tampoco es posible determinar con certeza el momento en que se configuró la arbitrariedad o ilegalidad del acto reputado lesivo, a partir del cual cabría computar el plazo de quince días antes referido, a fin de verificar si la acción resulta extemporánea, incertidumbre que me conduce a tenerla por interpuesta en término.

2- Con relación a la aptitud de la vía procesal intentada y a la cuestión de fondo debatida, cuestionadas en sentido de la existencia de otros medios procesales más idóneos, en la necesidad de un mayor debate y prueba y en que la fundamentación del a-quo no refiere a las circunstancias del caso- adhiero al voto precedente, por compartir en lo sustancial sus fundamentos.

Es de destacar que en modo alguno ha acreditado la accionada cuáles son los medios probatorios que se vio impedida de utilizar, ni qué extremos requieren de una investigación más profunda, como así tampoco de qué manera la mención que hace el fallo de una circunstancia fáctica que no condice con las de la causa (año de nacimiento del actor en relación a las fechas de corte establecidas por la normativa) echa por tierra la argumentación de la sentencia inherente a la pretensión de fondo que resulta admitida, solución que por otra parte -en cuanto recoge la necesidad de ajustar la renta que percibe la accionante al mínimo legal- se compadece con la adoptada por este Tribunal en otros precedentes (ver Ac. 28/12, 236/13, etc.).

3- En relación a lo observado por el Dr. Barbará referente a lo contradictorio del tratamiento en la sentencia de la prescripción liberatoria, agrego que si bien dicho extremo no fue apelado por las partes, la declaración de nulidad parcial que propone constituye una de las facultades previstas en el art.253 del CPCCN.

Así las cosas, señalo que el temperamento vertido en mi considerando 1- tiene por lógica consecuencia la improcedencia de reclamo alguno por las diferencias retroactivas que pudieren haberse devengado, sin perjuicio de aclarar, a todo evento, que la persecución del cobro de sumas de dinero retroactivas, no se incluye entre los posibles objetos de la acción de amparo (cfr. Acuerdos 23/12, 28/12 entre otros), por lo que la excepción resultaba improponible.

4- En cuanto a las costas, no encuentro motivo alguno que amerite un apartamiento de la regla general contenida en el art. 68 CPCCN, por lo que considero deben confirmarse las de la primera instancia, imponiéndose las de a Alzada a la recurrente vencida (art. 68 CPCCN).

Es mi voto.

El Dr. Carlos F. Carrillo dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Liliana Arribillaga, excepto en el Considerando 3.-, segundo párrafo.-

En este sentido debo señalar que no corresponde pronunciarme respecto de lo resuelto por el a quo sobre la prescripción, en virtud de no existir recurso sobre ese punto que habilite la jurisdicción de esta alzada.-

Es mi voto.-

Por lo expuesto,

SE RESUELVE:

1.- Confirmar la Sentencia de fecha 6 de mayo de 2014, con costas de ambas instancias a la demandada vencida. 2.- Regular los honorarios de los profesionales actuantes en un 25% de lo que se regule en primera instancia. 3.- Insértese, hágase saber y comuníquese en la forma dispuesta por la Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen.

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