Rechazo de la pretensión de indemnizar el despido por causa de matrimonio si no se acreditó la existencia del mismo.

Despido (2)Partes: Otterstedt Inderkumer Marisel c/ Pereira Carina s/ cobro de pesos – laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Sala/Juzgado: 5ta circ.

Fecha: 14-abr-2015

Cita: MJ-JU-M-92254-AR | MJJ92254 | MJJ92254

Rechazo de la pretensión de indemnizar el despido por causa de matrimonio si no se acreditó la existencia del mismo.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a diversos rubros indemnizatorios, pues resulta improcedente la pretensión de la actora de que el sentenciante estimara probado el matrimonio por el mero reconocimiento ficto de los hechos surgido de la incomparecencia de la demandada a la audiencia del art. 51 CPL pues en el caso, no existió imposibilidad de presentar el acta sino que se omitió incorporar dicha documental a la causa en el momento procesal oportuno, no pudiendo convalidarse esa omisión con la incorporación del acta matrimonial en esta instancia en tanto no se trata de un hecho nuevo (art 62 CPL), ni medió impedimento alguno que justifique su falta de presentación temporánea.

2.-Tener por acreditado un matrimonio por mero reconocimiento o convalidar la omisión de prestación del acta de matrimonio en el momento procesal oportuno cuando no existió impedimento alguno, implicaría afectar el derecho a defensa de la contraparte, así a falta de la presentación oportuna del acta de matrimonio estimo improcedente el pago del rubro pertinente.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 14 días del mes de abril del año dos mil quince, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J.M. Macagno, Beatriz A. Abele y Alejandro A. Román, para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada y el de apelación interpuesto por la actora, contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 173 – año 2013 – – OTTERSTEDT INDERKUMER, Marisel c/ PEREIRA,Carina s/ Cobro de Pesos – Laboral” Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr.Román; segunda, Dra. Abele; tercero, Dr. Macagno.- Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia apelada? 2da.: En caso contrario ¿es ella justa? 3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión el Dr.Román dijo:

El recurso de nulidad, interpuesto en forma conjunta con el de apelación parcial por la parte demandada (fs. 219), ha sido sostenido en la Alzada al expresar agravios (fs. 235/239). Dicho planteo se centra en relación a la audiencia de trámite establecida por el art. 51 del C.P.L. (fs. 119/121 – reiterado a fs. 219).

Según las constancias de autos, la Sra.Pereira omite presentarse al referido acto justificando su inasistencia con certificado médico que acredita que padece un esguince de tobillo cuyo tratamiento supone reposo absoluto por quince días (fs.

113). Por tal razón su letrado solicita la suspensión del acto, reforzando su planteo en la falta de transcripción del tercer párrafo de la norma que lo regula en la cédula de citación a dicha audiencia.

Tras analizar la situación, el Juez rechaza el pedido y la audiencia se realiza; de allí, el pedido de nulidad de la demandada de ese acto y el fundamento del recurso de nulidad sostenido ante este Tribunal de Alzada.

Coincido con los argumentos del A Quo dado que el certificado expedido por el Dr. Ricardo Jullier para justificar la inasistencia a la citación judicial resulta escueto atento a la relevancia del acto en juego. Ni el traslado en automóvil ni la participación en la audiencia, en la que pudo permanecer sentada y cuyo desarrollo pudo tener lugar en cualquier dependencia judicial, si así se hubiese solicitado, parecen perjudicar el cuidado aconsejado.

Véase que el documento sobre la dolencia -esguince- y acompañado a fs. 114 de autos, nos ilustra en el último párrafo que .si bien se recomienda reposo éste no necesita ser absoluto, ya que no es inhabilitante y puede movilizarse el paciente -con esguince de miembros inferiores- con muletas o silla de ruedas.”.

Otro elemento -indiciario- a tener en cuenta es que la Sra. Pereira tampoco concurrió en su oportunidad a la audiencia de conciliación convocada por la Secretaría de Trabajo (fs. 24); lo cual refuerza la opinión del sentenciante en cuanto al ánimo evasivo de la demandada, compatible con la tensión existente entre ambas contendientes, otrora amigas.

Párrafo aparte merece la observación del quejoso cuando critica al A Quo por valerse de su experiencia al merituar que un esguince de tobillo no es impedimento suficiente para asistir a una audiencia: nótese que la observación de la realidad es un pilar valioso del método científico.Además es justo decir que el Juez no se basó únicamente en sus vivencias, sino también -y fundamentalmente- en la pobreza de contenido del certificado médico y en la postura de doctrina especializada sobre las conductas evasivas de algunos litigantes (fs. 214 y vto.).

En otro orden, y en lo que respecta a la cuestionada validez de la notificación de la audiencia, dada la omisión de transcribir el tercer párrafo del art. 51 C.P.L. en la cédula dirigida a la demandada, señalo lo siguiente.

La audiencia -que debía realizarse el 22 de junio- fue notificada con suficiente antelación (9 de mayo) en el domicilio denunciado -ver fs. 112- y su validez no fue cuestionada oportunamente. Además, el hecho de que el Dr. Quaranta fuera dotado de poder especial a los fines de la audiencia el día previo a su realización, da cuenta de que la demandada estaba al tanto de lo previsto por el texto omitido: “La citación a la audiencia de trámite se realizará con la prevención de que, en casos excepcionales de imposibilidad material de concurrir a la misma, las personas físicas deberán hacerse representar en la conciliación por apoderado especial con instrucciones y mandato suficientes.” Como en el presente caso no nos encontramos ante una situación de “imposibilidad material”, no correspondía admitir que el apoderado de la demandada la sustituyera en el acto conciliatorio.

En cuanto a la absolución de posiciones, el art. 68 in fine del C.P.L. es claro al vedar el reemplazo de las partes por su apoderado o patrocinante.

Por todas las razones señaladas, entiendo que la audiencia celebrada de conformidad a lo normado por el art.51 de la Ley 7.945 es válida, por lo que el recurso de nulidad planteado no puede prosperar.

Por lo demás, fuera de dicho cuestionamiento advierto que no existen vicios en el procedimiento que hagan procedente una declaración nulificatoria de oficio.

Por lo tanto, mi respuesta a esta cuestión es negativa.

Así voto.

A la misma cuestión, los Dres.Abele y Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaban en igual sentido al Juez de Cámara preopinante.

A la segunda cuestión, el Dr.Román dijo:

1. De los antecedentes de la causa -y en lo que aquí concierne- surge que la sentencia cuestionada hace lugar parcialmente a la pretensión de la Sra. Marisel Otterstedt Inderkumer y condena a la Sra. Carina Pereira a indemnizarla, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos (fs. 205/216).

Concretamente, los rubros admitidos son: indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso; mes integrativo; diferencias salariales (aunque en diversa categoría a la solicitada); indemnizaciones establecidas en los arts. 1° y 2° de la Ley 25.323 y 80 de la L.C.T. y horas extraordinarias. El decisorio ordena, además, el pago de intereses a liquidarse según la tasa de interés activa para operaciones de descuento de documentos del Banco de la Nación Argentina (art. 622 Cód. Civil), desde que son debidos y hasta su efectivo pago.

En cambio, rechaza el reclamo de sobresueldos, la presunción de despido por haber contraído matrimonio la empleada y la recategorización de la actora como “Vendedor – Categoría D”.

Las costas resultan impuestas en un 75% a cargo de la demandada y en un 25% a cargo de la actora.

2. Contra dicha decisión, ambas partes apelan parcialmente (la actora, a fs.

217 y concedido a fs. 218; la demandada, fs. 219 y concedido a fs. 220).

Radicada la causa en esta sede (fs. 224; v. céds. fs. 225/226), ambas recurrentes expresan sus agravios y replican oportunamente los de la contraria, fijando así su posición al respecto (v. fs.230/232, 235/239 y 242/243 vto).

Quedan, por tanto, estas actuaciones en condiciones de ser resueltas (decreto fs. 244; ceds. fs. 245/246).

3. Por una cuestión de orden, analizaré en primer término el planteo de la demandada. Y dado que la relación laboral no fue cuestionada, es menester analizar si el despido fue o no incausado. Justamente, la demandada se agravia de que el A Quo no haya considerado probadas las causales invocadas.

La primera de ellas hace referencia a un supuesto mensaje de texto injurioso enviado por la empleada a su empleadora.

Estimo que dicho punto no fue debidamente comprobado por la empleadora por las siguientes razones: 1) La empresa de telefonía celular “Claro” informa que -si bien la Sra. Marisel Otterstedt era cliente suya en Septiembre/2011- sus bases de datos no están configuradas para guardar información sobre el contenido de los mensajes enviados o recibidos por sus usuarios (fs. 133); 2) Del acta notarial acompañada no surge que el referido mensaje ofensivo haya sido enviado por la actora y desde su celular; 3) El testimonio de la Sra. Ivana Arcarás (mencionado por la recurrente) hace referencia a ofensas verbales recíprocas entre ambas contendientes, sin mencionar el mensaje de texto que nos ocupa (fs. 165/166 vto.).

También se queja la accionada de que el A Quo no haya estimado acreditado que la trabajadora retiró mercadería del local sin abonarla ni firmar el ticket correspondiente. Sin embargo, a fs. 16 obra un ticket emitido el 21.09.2011 por el comercio de la demandada -local de venta de mercaderías marca Ckeeky- donde consta la rúbrica de la actora al pie del mismo. Ello condice con el el testimonio de Mariana Manfredi (fs. 178 vto.), quien también trabajaba en Cheeky, en el sentido de que cuando una empleada retiraba mercadería emitía el ticket (factura) correspondiente y lo firmaba en conformidad de que debía abonarlo.

Tal como menciona el sentenciante en su fallo, Pereira no acompañó prueba alguna que permita derribar la documental que en copia obra a fs.16 (original en Secretaría) y así sustentar su posición de que la Sra. Otterstedt Inderkumer retiró mercadería sin intención de pagarla; lo cual, además, se ve reforzado por los apercibimientos acarreados a la demandada por no haber concurrido a la audiencia ordenada conforme al art. 51 del C.P.L.

Por las razones expuestas, coincido con el Juez de la instancia anterior en cuanto a que el despido de marras resulta incausado y, por ende, debe indemnizarse.

Por otro lado, habiendo la patronal admitido el reencuadramiento de la categoría de la actora (que desarrollaba simultáneamente labores de vendedora y de cajera), corresponde analizar si corresponde abonar los adicionales correspondientes a la función de “Cajera – Categoría B”.

Al respecto entiendo que es claro el art. 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para los Empleados de Comercio cuando dice que el referido adicional debe pagarse “a los cajeros/a s incs. a) y c) y repartidores efectivos y toda otra persona, que específicamente tengan obligación de cobrar dinero a la clientela”.

Así, corresponde convalidar lo resuelto al respecto por el A Quo, rechazando el reclamo de la demandada.

Finalmente, se agravia también la quejosa por la concesión del reclamo de horas extras, basándose en el reconocimiento de la actora de las planillas de horarios -documental reservada y que tengo a la vista- que le fueran exhibidas al absolver posiciones.

Ahora, de las constancias de autos surge que la actora cumplía horarios más amplios que los indicados en las planillas acompañadas. Así lo indican los testimonios de Ivana Arcarás (fs. 165 vto/166); Sebastián Vivas (fs. 167 y vto.); Paola Ñañez (fs. 188 vto.) y Romina Monzón (fs. 187 y vto.). A su turno, Mariana Manfredi (fs. 178) y Romina Trinkard (fs.180 y vto.) refieren a una reunión de trabajo realizada fuera del horario habitual.

Los mismos refuerzan la declaración de la actora quien, al absolver posiciones, reconoce su firma en las planillas, aclarando que los horarios no son reales; que transcurrieron varios meses sin firmarlas y que finalmente lo hizo antes de partir en su viaje de bodas (fs. 120 vto.).

Teniendo en cuenta el principio de la realidad que rige el Derecho Laboral y tomando en consideración el reconocimiento ficto de la demandada por no haber asistido a la audiencia de conciliación, con más el hecho de que no hay pruebas en contrario, concluyo que corresponde tener por acreditadas la realización de horas extras, conforme a lo dicho por el A quo en la sentencia.

En suma, con fundamento en lo señalado opino que el recurso de la parte demandada debe ser rechazado.

4. Ahora, es el turno de analizar el planteo formulado por la parte actora.

En ese sentido, y antes de analizar el reclamo referido a las costas (puesto que dicho punto se relaciona al resultado del juicio), estudiaré el agravio de la quejosa en relación al matrimonio de la empleada celebrado cinco meses antes de su despido.

También en este tema coincido con lo expresado en la instancia anterior, puesto que la interesada omitió acompañar el acta respectiva para probar el vínculo invocado.

Como reza el art. 197 del Código Civil hoy vigente, “El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas”, admitiendo otros medios de pruebas sólo ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los citados documentos.

No puede, entonces, la actora pretender que el sentenciante estimara probado el matrimonio por el mero reconocimiento ficto de los hechos surgido de la incomparencia de la demandada a la audiencia del art. 51 C.P.L.En el caso, no existió imposibilidad de presentar el acta sino que se omitió incorpar dicha documental a la causa en el momento procesal oportuno.

No puede entonces convalidarse esa omisión con la incorporación del acta matrimonial en esta instancia en tanto no se trata de un hecho nuevo (art 62 C.P.L.), ni medió impedimento alguno que justifique su falta de presentación temporánea. Lo contrario implicaría afectar el derecho a defensa de la contraparte.

Concluyendo: a falta de la presentación oportuna del acta de matrimonio estimo improcedente el pago del rubro pertinente.

La queja restante refiere a la imposición, cargada en un 25% a la actora. La recurrente aduce que el Juez no detalla cuáles son los vencimientos recíprocos en los que funda su decisión.

Al estudiar la sentencia impugnada advierto que a fs. 215 el A Quo analiza los distintos rubros reclamados, explicitando su rechazo al reclamo de sobresueldos y licencia por matrimonio, en tanto que -si bien concede diferencias salariales- las otorga por una categoría distinta a la solicitada. Observo, por lo tanto, que luce razonable la distribución de costas efectuada.

5. Por todo lo expuesto, me expido en favor de confirmar el decisorio de primera instancia.

Para concluir: ante la pregunta formulada al comienzo y que motiva el desarrollo de mi voto, mi respuesta es afirmativa.

Así voto.

A la misma cuestión, los Dres.Abele y Macagno dijeron que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Dr.Román, votaban en el mismo sentido.

A la tercera cuestión, el Dr.Román dijo: Como consecuencia del estudio realizado a la cuestión anterior, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución:

1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación parcial interpuestos por la demandada.

2) Rechazar el recurso de apelación parcial interpuesto por la actora. 3) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado.4) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Como consecuencia del estudio realizado en las cuestiones anteriores, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución:

A la misma cuestión, los Dres. Abele y Macagno dijo que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por el Dr.Román y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de nulidad y apelación parcial interpuestos por la demandada. 2) Rechazar el recurso de apelación parcial interpuesto por la actora. 3) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado. 4) Fijar los honorarios en el 50% de los que en definitiva se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Beatriz A.Abele

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R.Albrecht

Secretario

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