Supermercado debe indemnizar a quien compro una bebida y sufrió lesiones al ingerirla ya que contenía sustancias nocivas

shutterstock_19653130Partes: E. M. A. c/ Coto CICSA y otro s/ daños y perjuicios

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: 12 nom.

Fecha: 11-05-2015

Cita: MJ-JU-M-92251-AR | MJJ92251 | MJJ92251

Admisibilidad de la demanda de daños y perjuicios intentada contra el supermercado y el fabricante de una bebida que fue adquirida por el actor y luego de su ingesta ha sufrido lesiones por ser altamente agresivo por su alcalinidad. 

Sumario:

1.-Corresponde admitir parcialmente la demanda de daños y perjuicios intentada contra el supermercado y el fabricante de una bebida que fue adquirida por el actor y luego de su ingesta ha sufrido lesiones por ser altamente agresivo por su alcalinidad que le produjo un proceso irritativo de gran magnitud en faringe, esófago y estómago, en forma inmediata a la deglución, sufriendo además dolor epigástrico y sensación de ardor estomacal que indica como crónicos, debiendo resarcir los rubros incapacidad física y daño moral, rechazándose la pretensión respecto de los rubros gastos médicos y daño psicológico.

2.-Encontrándose comprometida la responsabilidad del fabricante o proveedor de la cosa o mercadería cuyo consumo ha producido un daño, la responsabilidad es de carácter objetivo, de allí que no cabe ajustarse a un factor de atribución de responsabilidad subjetivo (culpa), lo cual descarta imponer al consumidor la difícil carga de probar que el vicio o defecto se debe a culpa del fabricante.

3.-Debe indemnizar por incapacidad física sobreviniente al actor cuando de la pericial médica surge que padece Pirosis y Dispepsia y resulta para el experto posible que se puedan relacionar con la ingesta de la bebida comprada al demandado y fabricada por el codemandado aunque sin certezas y frente a la falta de certeza, por aplicación del principio Indubio pro consumidor – cabe tener por acreditado el rubro indemnizatorio, máxime cuando el consumidor se encuentra en una condición de desventaja en el contrato de consumo, por tener que arribar a un consentimiento por resignación, no sólo por lo predispuesto del acuerdo, sino también por la falta de conocimientos específicos, que le permitan evaluar razonablemente el producto que se le ofrece.

Fallo:

ROSARIO, de Marzo de 2015.- Y VISTOS: Los presentes caratulados “E. , M. A. contra COTO C. I. C. S. A. y/u Otro sobre DEMANDA de DAÑOS” Expte Nº: 958/07, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 12da. Nominación de Rosario, Provincia de Santa Fe, de los que resulta que; Con Poder Especial (glosado a fs. 1 en autos apiolados “E. , M. A. contra COTO C.I.C.S.A. y Otro sobre Declaratoria de Pobreza” Expte Nº 1355/04) se presentan los apoderados del Sr. M. A. E. y entablan Demanda de Daños y Perjuicios -a fs. 20/23- contra las empresas COTO C.I.C.S.A. -con domicilio real en calle Paysandú Nº: 1842/48 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires- y BODEGAS CUVILLIER S. A., con domicilio en Avda. Colón 770, de San Fernando, provincia de Buenos Aires, a fin que se condene solidariamente a las co-demandadas a abonar al actor la suma de Pesos Ciento Quince Mil ($ 115.000.-), o lo que en más o en menos surja de la probanza de autos y/o estime V.S. como ajustado a derecho, fundamentando su pretensión en los hechos que a continuación se detallan.

Expone que en fecha 20 de Diciembre de 2.002 concurre el actor junto a su esposa al Supermercado “COTO C.I.C.S.A.” Suc. 96 sito en calle Venezuela 114 bis de la ciudad de Rosario y compran dos (2) botellas de Ananá Fizz marca “Del Valle” identificadas en el comprobante de pago bajo el Nº: 63781 por la suma de Pesos Cinco con 16/100 centavos ($ 5,16.-), que ingiere directamente del pico de la botella el día 24 del mismo mes a las 17:35 hs.aproximadamente, sintiendo instantáneamente una sensación quemante y ardor de tal intensidad “que prácticamente no podía hablar o respirar”, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Carrasco de la Municipalidad de Rosario para ser atendido de urgencia.

Asevera que en fecha 26/12/2002, por indicación de la Municipalidad de Rosario, entrega la botella con el contenido remanente al “Instituto del Alimento” dependiente de la Secretaría de Salud Pública a fin que se realicen los análisis pertinentes, que arrojaron los resultados de: “PH a 20 ºC: 14. Observaciones. Mascrocópica: Se observan gran cantidad de sedimentos. Caracteres organolépticos: No propio del producto. Color: Caramelo”.

Manifiesta que, a raíz de la bebida, ha sufrido lesiones por la ingesta del producto altamente agresivo por su alcalinidad que le produjo un proceso irritativo de gran magnitud en faringe, esófago y estómago, en forma inmediata a la deglución, sufriendo además dolor epigástrico y sensación de ardor estomacal que indica como crónicos, por lo que toma diariamente “Ucozol 20. Omeprazol” de Laboratorios Bagó.

Cita en su relato la pericia médica del Dr. Ricardo L. Coloccini (Médico Legista), que informa que el potencial agresivo del producto no se agota en la fase aguda, puesto que pueden devenir complicaciones meses después de la ingesta, considerando por lo expuesto un monto de discapacidad equivalente a un 30% del valor corporal total.

Culmina su escrito con la estimación del reclamo, a su entender consistente en los rubros de: Daño Emergente (por la suma de Pesos Veinte Mil $ 20.000.-); Incapacidad Física (por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil $ 45.000.-); Daño Moral (por la suma de Pesos Cuarenta Mil $ 40.000.-) y Daño Psíquico (por la suma de Pesos Diez Mil $ 10.000.-).

Citados y emplazados a estar a derecho los demandados a fs. 26, se presentan a fs. 30 los apoderados de la empresa COTO C.I.C.S.A. -con Poder Especial Judicial obrante a fs.33/35- solicitando suspensión de términos, decretada seguidamente, reanudándose los mismos a fs. 32. Comparece la co-demandada BODEGAS CUVILLIER S.A. a fs. 42 -con Poder General Judicial aportado a fs. 38/41-. Corrido traslado de la demanda a fs. 45, solicita su rechazo total la incoada COTO C.I.C.S.A. a fs. 46/53 con expresa imposición de costas en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que seguidamente expone.

En su memorial niega todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda, la aplicación del derecho invocado, como que se adeude la suma reclamada y arguye que no le constan ni las aseveraciones de la actora, ni la autenticidad de los instrumentos acompañados, procediendo a la negación categórica en particular de cada uno de los puntos y razones de hecho y derecho en que se funda la acción inicial, para cuya enumeración remito a fs. 46/47vta de los presentes -brevitatis causae-.

Puntualiza, en el mismo tenor, la falta de solidaridad de COTO C.I.C.S.A., falta de daño en la actora e inexistencia de responsabilidad, impugnando la pretensión en todos los rubros reclamados. Ofrece pruebas y concluye su contestación con una reserva de caso federal, aduciendo que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de Recurso Extraordinario y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe según lo dispuesto en la Constitución y Ley Nº 7.055.- Seguidamente se presenta la co-demandada, empresa BODEGAS CUVILLIER S. A., y contesta demanda por su parte -a fs. 59/62- solicitando el rechazo de la misma con costas, a tenor de los argumentos fácticos y derecho aplicable que desarrolla.Niega en forma expresa cada uno de los puntos invocados por la actora y remarca, sobre la verdad de los hechos, la ausencia de nexo de causalidad -entre el supuesto daño y el sujeto imputado como responsable- y la no acreditación real de la ocurrencia del daño en el actor, puntualizando que no arriba en responsabilidad alguna su empresa por el producto en cuestión.

Subraya que la partida de productos marca “Del Valle” recibida por el Supermercado Coto fue por un stock de Seis Mil (6.000) unidades y de las vendidas no se recibió denuncia alguna respecto de la alteración de su contenido, culminando su escrito con la reserva de cuestión constitucional en caso de sentencia adversa.

Abierta la causa a prueba -según consta a fs. 64-, el actor las ofrece a fs. 68/69, confirmando la adjuntada en oportunidad de interponer la demanda a fs. 4/22; la parte co-demandada Bodegas Cuvillier S.A las ofrece a fs. 73/74 y la restante co-demandada Coto C.I.C.S.A. a fs. 76, proveidas todas ellas a fs. 78.

A fs 101, en oportunidad de la audiencia de absolución de posiciones de la co-demandada Bodegas Cuvillier S. A., la actora solicita aplicación de los apercibimientos de ley ante su ausencia injustificada, expresando en su alegato que exige la aplicación del art. 162 C.P.C.C. y se lo tenga por confeso respecto del pliego abierto en ese acto.

Decretada la estricta aplicación del art. 56 -a fs. 126- solicitada por la actora, se sortean Perito Médico, Contador y Psicólogo a fs. 104 -se designan a fs. 132-, aceptando el cargo la Psicóloga Lorena Mariel Ferrand a fs. 136, la Contadora Miriam Edit Fascendini a fs. 137 y el Dr. Médico Legista Jorge E. Wulfsohn a fs. 142, acompañándose el informe Pericial Psicológico a fs. 149/151 y Pericia Médica a fs. 160/164.

Se clausura el período probatorio a fs.173, se hace saber el juez que va a entender en los presentes y se acompañan alegatos, por el actor a fs. 172; la empresa co-demandada COTO C.I.C.S.A. a fs. 190 y la co-demandada Bodegas Cuvillier S. A. a fs. 192, todos en sobres cerrados.

Habiéndose verificado previamente el cumplimiento de los recaudos procesales pertinentes, previa solicitud de autos para sentencia, se decreta a fs. 195 y se notifica, acto seguido, la empresa de Bodegas por cédula y a fs. 218 -mediante manifestación- la actora y restante co-demandada COTO C.I.C.S.A. quedando los presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO: Para un mejor entendimiento de esta sentencia me referiré -primariamente- al modo en que se trabó la litis -analizando los hechos expuestos por las partes- y las legitimaciones, para luego fundar mi posición en base al derecho aplicable en la especie.

1.) Traba de litis: La plataforma fáctica que inserta la parte actora en autos al impulsar el presente reproche, se complementa en un análisis comparativo con la aportada por la contraparte en la contestación de la demanda, en cuyo resultado se enmarca la “Traba de la Litis” de la cuestión (que constituye el Thema Decidendum o cuestión litigiosa) resultante de las admisiones y negaciones del incoado, que delimita, a la postre, cuáles son los hechos controvertidos que conforman la esencia del contradictorio (objeto de la posterior actividad probatoria) y determina -además- la forma en que se distribuirá la carga de la prueba para sustentar el pretensor su postura o desvirtualizar la contraria.

Luego del análisis de la causa anteriormente detallada en los “Y Vistos” del presente, puedo afirmar que la litis en el caso de marras quedó conformada entre el Sr. E. , M. A. y las empresas COTO C.I.C.S.A. y BODEGAS CUVILLIER S.A., que -separadamente y por apoderados- niegan categóricamente la pretensión por el cobro de la suma de Pesos Ciento Quince Mil ($ 115.000.-) en virtud de los supuestos daños sufridos por la ingesta de una sustancia nociva.

2.) Legitimación: Trabado el litigio en los términos expuestos, he de reseñar brevemente algunas cuestiones trascendentes sobre la legitimación de ambas partes en la presente contienda, debido a que es deber del magistrado -previo a resolver el asunto sometido a su decisión- merituar si, quien pretende el reconocimiento de un derecho dentro del proceso, es quien se encuentra habilitado específicamente por la ley de forma para deducir su pretensión. Se trata de una actividad del órgano jurisdiccional que procede de oficio con total independencia de la actividad desplegada por las partes durante la tramitación del proceso. En este orden de ideas, señala Arazi1 que “la calidad o legitimación para obrar es un requisito que el juez debe examinar previamente a la entrada en la pura sustancia del asunto. No opuesta la excepción, igualmente el juez tiene que examinar de oficio el tema porque se trata de una típica cuestión de derecho.” Tradicionalmente se ha definido a la legitimación ad causam como “La identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley le concede el impulso de la acción -legitimación activa- y la identidad de la persona del demandado contra la cual la acción es concedida -legitimación pasiva-“, configurándose en el caso de marras de la siguiente manera:

2.1.) Activa : se presenta -por apoderados- el Sr. E. , M. A.e introduce la pretensión de hacer efectivo el cobro de la suma reclamada bajo los rubros de daños emergente, psíquico y moral e incapacidad física derivados, a su entender, del consumo de una bebida, convirtiéndose en el legitimado activo en el sub-lite.

La circunstancia de haberse configurado el hecho dañoso dentro de la relación de consumo (“Vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario2”), habilita a conferirle al accionante la calidad de “consumidor” en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor Nº: 24.240 y -reafirmando lo expuesto-, establece la misma en su art. 52 que “. el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses resulten afectados o amenazados”, lo que habilita a considerar que el accionante se encuentra legitimado en el sub lite para reclamar la indemnización de los Daños y Perjuicios que manifiesta haberle sido ocasionados por el consumo del producto fabricado por “Del Valle” que adquiriere de Supermercados “Coto”.

Es insoslayable la aplicación de la mentada Ley, atento la prescripción expresa de la norma constitucional que lo contempla, cual es el art. 42 de la C.N. -que se relaciona con otros preceptos constitucionales, y que tiene la finalidad de reconocer el aspecto social del moderno contrato de masa-, cuyos principales destinatarios son los consumidores y usuarios, y que -por su carácter programático derivó en la sanción de la ley N°: 24.240 y sus modificatorias, que tratan específicamente el rubro.

2.2.) Pasiva: se presentan las empresas COTO C.I.C.S.A. y BODEGAS CUVILLIER S.A., compareciendo por apoderados -con Poderes Especial y General para pleitos respectivamente- y contestan, por separado, la pretensión adoptando ambas una postura negatoria que da origen así al presente contradictorio.

Encontrándose acreditadas y no controvertidas ambas legitimaciones en los presentes y al actuar los apoderados dentro de las facultades a que aluden los poderes correspondientes, resta merituar la competencia para la resolución del presente caso, notificada a fs.173 y 210, que al ser consentida por ambas partes -por no ser cuestionada con acciones y/o excepciones- me faculta a resolver la cuestión de fondo.

3.) Cuestión de fondo : Corresponde -en esta instancia hacer brevemente una indicación de los extremos fácticos de la cuestión sujeta a estudio.

De la lectura minuciosa de la causa surge que la pretensión se endereza a hacer efectivo el cobro de Daños y Perjuicios que la parte actora arguye 2 Conforme art. 3° de la Ley Nº: 24.240.- derivados por la ingesta del líquido contenido en una botella de Ananá Fizz marca “Del Valle” adquirida en “Supermercados Coto C.I.C.S.A.” sucursal 96 de la ciudad de Rosario, encuadrando así la cuestión de fondo dentro del Derecho del Consumidor, que es una novedosa rama jurídica que se pone en marcha a raíz de las consecuencias gravosas de la producción en masa dentro de la cual nos encontramos societariamente inmersos, que ha hecho emerger una nueva categoría particular de individuos -los consumidores- dentro de la cual el legislador contemporáneo, con un propósito netamente tuitivo, ha querido equilibrar la situación entre quien elabora y quienes consumen -atento a que las normas del derecho común contemplan insatisfactoriamente la cuestión-, disciplinando los derechos de los consumidores y las obligaciones de la cadena productiva.

Cabe destacar que se entiende por usuario o consumidor a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza, como destinatario final, bienes o servicios cualquiera sea su naturaleza; y los adquiere de quienes son los proveedores, entendiéndose éstos, quienes producen, importan, venden, facilitan, suministran o expiden dichos bienes o servicios.

Como consideración liminar, y con el objeto de tratar la órbita de responsabilidad de los presentes, parece razonable encuadrar la cuestión en el ámbito de la responsabilidad contractual -dentro del derecho del consumidor, aunque la Ley Nº: 24.240 no hace distingo alguno- con basamento en la “Teoría de la Cadena Ininterrumpida de Contratos”, teniendo en especial consideración que “la fabricación, distribución ycomercialización de los productos conforman una estructura contractual plurilateral integrada por una sucesión de convenios que permite que los productos lleguen al consumidor”, en tanto la relación de consumo a la que refiere el art. 42 de la Constitución Nacional se despliega a través de una suerte de cadena de contratos sucesivos -incluidos actos jurídicos unilaterales- en una secuencia que se extiende desde que el producto es lanzado al mercado hasta llegar al consumidor final; teniendo en especial consideración que calificada doctrina que se ha ocupado del tema ubicó a la responsabilidad emergente de los daños que pueden ocasionar los productos elaborados, en el ámbito de las relaciones contractuales (Bustamante Alsina, Jorge, “Responsabilidad por productos elaborados en el Derecho Civil Argentino”, en LL. 143-871).

Esa cadena de contratos que comienza en el fabricante y termina en el consumidor, por pretender la colocación o salida de las mercaderías, tiene un fin unitario que priva de autonomía a los contratos intermedios, de modo que las consecuencias naturales del contrato que arranca del fabricante es lógico y legal que recaigan sobre él mismo y que puedan hacer efectivas esas consecuencias no sólo en el comprador directo al mismo, sino también sobre el último comprador, o sea el consumidor. Esto implica un ensanchamiento de la responsabilidad contractual que posibilita que el consumidor pueda demandar al fabricante con quien no contrató, en base a lo que pueden denominarse los deberes del tráfico que vinculan al fabricante con el consumidor mediante la realización de ventas encadenadas que darán lugar a obligaciones contractuales de protección, asumidas frente a terceros3″.

3.1.) Teoría del Daño: Adentrándonos en la Teoría del Daño y en el ámbito de aplicación del art.40 de aquella Ley -que precisa que en aquellos casos en donde el usuario o consumidor de un producto elaborado sufre daños causados por éste y originados en sus defectos o vicios, puede responsabilizar por ello a quien los elaboró- si bien no indica el carácter de la responsabilidad del fabricante ni de los restantes sujetos que menciona como virtuales partícipes en la comercialización de los productos hasta su destinatario final4.

En los casos donde media la solicitud de reparación de daños y perjuicios, deben reunirse todos los presupuestos de esta Teoría -Antijuricidad, Imputabilidad, Nexo de Causalidad y Daño-, que configurados de manera conjunta harán nacer el deber resarcitorio mencionado.

3.1.1.) Antijuricidad: Lo ilícito, es lo contrario a la ley. En este elemento de la responsabilidad encontramos no sólo los casos de violación directa de la ley sino la hipótesis de infracción del deber impuesto por la voluntad de las partes en el contrato. El acto ilícito es una infracción a la ley que causa daño a otro y que obliga a la reparación a quien resulte responsable en virtud de imputación o atribución legal del perjuicio.

La jurisprudencia ha establecido: “La antijuridicidad es una contravención entre la conducta y el ordenamiento jurídico apreciado con sentido unitario. Este presupuesto. es independiente de la voluntariedad y de la culpabilidad – o con más amplitud-, del factor de atribución-. En concreto, en la responsabilidad civil, la antijuricidad no es otra cosa que el causar un daño a otro (transgresión al “alterum non leadere”), sin causa de justificación5″.

Aquí debe destacarse que el contrato base es el ticket de compra, cuya copia se adjuntó a fs. 13, y que solapadamente, aunque la co-demandada COTO C.I.C.S.A.lo ha negado en su contestación de la demanda, en el mismo escrito -párrafo 3 del punto 2.1.- sostiene que “el accionante denuncia en su demanda haber adquirido dos ananá fizz marca ´Del Valle´, las que sin dudas fueron ngresadas al establecimiento de nuestra representada en bultos cerrados y en gran cantidad” teniéndose que entender -entonces- que la mercadería base del daño es la corresponde al ticket de compra adjuntado; además, queda reconocido fictamente dicho ticket de compra atento el apercibimiento que he de aplicar a la co-demandada Bodegas Cuvillier S.A. por no haber comparecido a la absolución de posiciones cuya acta obra a fs. 101, estando debidamente notificada a fs. 82/85, según me referiré más adelante (art. 162 C.P.C.C.).

En el caso de marras, la antijuricidad se tiene por acreditada al configurarse el reconocimiento ficto, al tener la co-demandada fabricante (dentro de la cadena de producción y distribución, Bodegas Cuvillier SA), por reconocido el plexo fáctico fundante de la demanda narrado en el pliego que adjunta a fs. 100 y con las consecuencias dañosas mencionadas ut-supra.

En consecuencia, dados por acreditados los hechos fundantes de la demanda, por reconocerse fictamente, -salvo prueba en contrario- se advierte como cuestión central y única a resolver, si los montos adeudados por las co-demandadas en los rubros pretendidos por el accionante ascienden a las sumas que el actor reclama, restando merituar la restante prueba producida en autos para la determinación de los mismos, así como si aquellos hechos están destinados por prueba aportada por las co-demandadas.

3.1.2.) Imputabilidad: Cuando la conducta propia del autor contradice el ordenamiento jurídico merece una sanción y por lo tanto, es punible.En casos como el de autos, la imputabilidad se infiere a partir de las características del hecho generador, que al circunscribirse dentro del ámb ito del consumidor se enrola en la Teoría de la Concatenación Ininterrumpida de Contratos, que logra responsabilizar a quien no contrató de manera directa con el usuario del producto -el fabricante- pero su accionar determinó las características del producto que provocó los daños alegados, ensanchando -reitero- la responsabilidad que se tiene por acreditada respecto del fabricante como del supermercado como participante dentro de la cadena contractual.

En los casos en que se encuentra comprometida la responsabilidad del fabricante o proveedor de la cosa o mercadería cuyo consumo ha producido un daño, la responsabilidad es de carácter objetivo. De allí que no cabe ajustarse a un factor de atribución de responsabilidad subjetivo (culpa), lo cual descarta imponer al consumidor la difícil carga de probar que el vicio o defecto se debe a culpa del fabricante.

Fortalece mi posición la aplicación de los arts 5 y 6, en concordancia con el art. 40 de la Ley 24.240. Los primeros -arts. 5 y 6- establecen las condiciones de normalidad, previsibilidad, observancia de mecanismos, instrucciones y normas establecidas y razonables para garantizar la no presencia de peligro alguno para la salud, integridad física y seguridad de los consumidores; y dentro de estas cosas y servicios se encuentra la bebida en cuestión, siendo aplicable complementariamente el art.40 de la misma ley, citado y explicado ut-supra.

La valoración de la idoneidad de la prueba es atribución del juzgador, quien tiene la amplitud de apreciación que le corresponde según el sistema de la Sana Crítica (entendida como reglas aconsejadas por el buen sentido aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, la experiencia y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso), siendo facultad de las partes puntualizar los elementos de juicio que acrecen o reducen la eficacia probatoria.

Es numerosa la jurisprudencia nacional que afirma que “es facultad o discreción del juez considerar cuáles son los medios probatorios que hacen a su íntima convicción para la fundamentación de su resolución, valorando las reglas de la carga de la prueba que sólo cobran importancia ante la ausencia de prueba eficaz para suscitar certeza en el Juez. Es que en tal caso, el Tribunal deberá fallar contra quién debía probar y no probó6” atento a que la carga de la prueba no depende de la condición de actor o demandado pues ésta se reparte entre ambos por ser un imperativo del propio interés, por lo que quien quiera que el hecho resulte probado sufre las consecuencias adversas de su falta de prueba.

Es así, que aplicando la Responsabilidad de carácter objetiva y por la Teoría de la Carga Dinámica de la Pueba, era la co-demandada fabricante quien estaba en mejores condiciones de haber probado que la mercadería base del daño o no pertenecía al lote que el fabricante dice haber entregado en condiciones al supermercadista -aunque no hay prueba que lo corrobore- o que la mercadería se encontraba en condiciones normales y viables para ser ingerida, puesto que sí está probado en autos -según informe de fs.17 del Insttuto del Alimento, Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario-, que “se observa gran cantidad de sedimentos no propios del producto de color caramelo”, y que por consideración del principio Indubio pro Consumidor (al cual me referiré más adelante) he de considerar imputables los daños a las co-demandadas.

3.2.) Daño: Es el presupuesto central de la Teoría de la Responsabilidad Civil, máxime cuando la acción antijurídica imputable no será punible si no ocasiona un daño. “El deudor es responsable al acreedor de los daños e intereses…”, precisan los arts. 506 y 511 del C.C. y con mayor claridad indica el art. 1.067 del Código Civil, que “no habrá acto ilícito punible para los efectos de este Código si no hubiese daño causado u otro acto exterior que lo pueda causar”. A su vez, el art. 1.068 del citado plexo normativo, brinda una noción de daño al prescribir que “habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria o directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades”.

La interpretación de dichas mandas esclarece que: habiendo daño en el supuesto en que se lesione un derecho subjetivo o una facultad, puede éste determinarse dentro de las órbitas patrimonial o extrapatimonial, reclamándose en el caso en estudio los Daños Emergentes Patrimoniales consistentes en: “Incapacidad Física”; “Gastos Médicos” y el “Daño Psíquico”, y como Extrapatrimonial: el Daño Moral.

3.2.1.) Rubros reclamados :

3.2.1.1.) Daños Emergentes Patrimoniales:

3.2.1.1.1.) La incapacidad física:abarca todo menoscabo en la vida, la salud e integridad o armonía física o psíquica de la persona humana, por lo cual el daño debe ser resarcido por tratarse de una disminución en la capacidad vital, aun en los casos en que esa merma o deterioro físico no dificulte la realización de tarea alguna, atento a que lo indemnizado aquí no son las lesiones padecidas, sino la disminución de la aptitud física derivada de las secuelas del hecho, especialmente de las que perduran de modo permanente.

Así las cosas, ante este sentenciante no conocer a ciencia cierta la causa de las lesiones alegadas por la parte actora, es menester recurrir a la opinión de los expertos para la interpretación de lo ocurrido. No cabe dudas que en esta clase de procesos el dictamen pericial adquiere una especial significación para la acreditación de los hechos en que se fundan la demanda y su responde, destacando -a tal efecto- que “la suerte del litigio depende, en ciertas circunstancias, del dictamen pericial, pues el juez necesariamente debe fundar la sentencia en él, por tratarse de aspectos muy técnicos7”, máxime cuando el informe efectuado por el perito oficial es un asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia “cuya imparcialidad y corrección se encuentran garantizadas por normas específicas, más aun cuando no logró demostrarse que sus conclusiones fueran erróneas o desacertadas8”.

En estos autos no se observa prueba alguna de mayor relevancia que la pericial médica, por lo cual paso a su análisis.Es que si bien los informes periciales carecen de valor vinculatorio, su no consideración por el juez, sólo puede sustentarse en que la opinión del experto se halle reñida con los principios lógicos o máximos de experiencia, o cuando en el juicio existan otros elementos probatorios con mayor eficacia que le proporcionen la verdadera convicción de que lo allí dictaminado es erróneo; circunstancia no acontecida en el sub-lite.

La Pericial Médica que tengo a la vista (según consta a fs. 160/164) respecto a los Puntos de Pericia obrantes a fs. 68, responde que: a) El actor presenta la patología de “Pirosis y Dispepsia”; b) Es posible que esta Pirosis y Dispepsia pueda relacionarse con el Incidente de Autos “aunque sin certezas al respecto a nueve años del suceso” y aporta que “se puede relacionar pero sin certidumbre” la patología que padece o padeció el actor con la ingesta de un líquido con las características señaladas en el Protocolo de análisis de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario (reservado en secretaría con copia en autos), determinando una Incapacidad Parcial y Permanente del 4% (Cuatro por ciento) de la Total Vida a fs.162.

Frente a la falta de certeza, he de aplicar el principio “Indubio pro consumidor” -y dar por acreditado el presente rubro indemnizatorio, adhiriendo a la cifra de incapacidad determinada en la mentada pericial oficial- máxime cuando el consumidor se encuentra en una condición de desventaja en el contrato de consumo, por tener que arribar a un consentimiento por resignación, no sólo por lo predispuesto del acuerdo, sino también por la falta de conocimientos específicos, que le permitan evaluar razonablemente el producto que se le ofrece.

Esta desigualdad económica, técnica, científica y cultural de una parte en relación a otra, se proyecta en el ámbito jurídico generando una marcada disparidad negocial, sacudiendo los presupuestos de igualdad y libertad de los sujetos contratantes que sostienen el andamiaje contractual clásico, que motiva al legislador a la protección de quien se encuentre en situación de desventaja atento a los principios protectorios que fundamentan el espíritu de la Ley de Defensa del Consumidor, de aplicación en autos.

En esa línea de pensamiento, frente a una situación de desigualdad, el legislador ha colocado en cabeza del proveedor una serie de deberes, obligaciones y cargas, disponiendo que en caso de duda, debe estarse a favor del consumidor (Art. 37 ley 24240). Ello constituye un deber impuesto al Juez, aun cuando el consumidor no lo plantee, lo cual guarda relación con lo dispuesto por el Art. 65 de la citada Ley Nº: 24.240.

Estimo el monto del presente rubro en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00.-), a valor histórico, que se derivan de la reducción proporcional de la cifra requerida por la actora al argüir su incapacidad en un 30% -según su informe pericial de parte del Dr. Coloccini-, estimada en Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000,00) que al reducirse al 4% de la Total Vida determinado por la pericial médica, reduzco de igual modo al monto indemnizatorio aquí fijado.

3.2.1.1.2.) Gastos Médicos:Merituando las constancias acompañadas, se desprende que no fueron probados de forma cierta, directa y concreta los gastos efectuados por “tratamientos médicos y psicológicos, como honorarios médicos, exámenes y demás erogaciones” que la actora a fs. 21/22 vta. estima en Pesos Veinte Mil ($ 20.000).

Conforme esta línea argumentativa, ante la falta de pruebas del monto reclamado dentro de esta categoría, adelanto el rechazo del presente rubro.

3.2.1.1.3.) Daño Psicológico: En la unidad indisoluble de la persona, formada por cuerpo y alma, su integridad y normalidad psíquica constituye una dimensión reconocible y valiosa, debiendo por tal motivo ser objeto de protección, generando consecuencias resarcitorias el hecho que la menoscaba. Dentro de los daños a la salud, en esta categoría se incluyen los padecimientos afectivos y las secuelas emocionales que pudieron haberse producido en su persona con motivo de la ingesta del material nocivo, siendo la prueba por excelencia para la demostración del daño la Pericial Psicológica para la evaluación de las consecuencias emocionales que derivan del hecho.

El resultado del referido peritaje ilustra que “el sujeto interrogado no presenta síntomas que afecten su desempeño cotidiano. No existe registro de anormalidad”, manteniendo que “si bien el sujeto ha tenido que modificar su alimentación, no se evidencia la existencia de Daño Psíquico.Dicho perfil de personalidad no es consecuencia directa del hecho mencionado sino que está presente a priori del evento acaecido” y aportando a la causa que “el sujeto no presenta porcentual de incapacidad luego del episodio acaecido el 24/12/02”.

De ello se desprende que, contrariamente a lo postulado por la actora acerca del daño psicológico, no existe daño psicológico alguno, atento a lo cual es del convencimiento de este sentenciante que no deberá indemnizarse el presente rubro, recordándose que no se ha producido en autos otra prueba directa a los fines de la acreditación del aludido daño.

3.2.1.2.) Daño Moral Extrapatrimonial : Queda claro que el Daño Moral, y así lo entiende este judicante, se ubica fuera del Daño Patrimonial, compuesto este último por el Daño Psicológico -entre otros rubros- atento a que mientras el primero -Daño Moral- implica una lesión a las afecciones legítimas -entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, el honor, la integridad física y los afectos familiares- que produce un sufrimiento espiritual o en los sentimientos personales, el Daño Psíquico, en cambio, presupone una alteración patológica de la personalidad, es decir, se presenta como una perturbación del equilibrio emocional que afecta el área del comportamiento y se traduce en una disminución de las aptitudes para el trabajo y la vida social de relación, lo cual justifica su ponderación individual y diferenciada (Conf. “Vittori Silvio Ariel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario”, del 30.7.13; íd. “Garac, José y otro c/ Ford Argentina S.A.y otro” de fecha 04.06.12, y la jurisprudencia allí citada).

A mayor abundamiento, y así lo entiende la actual Jurisprudencia, que mientras que el Daño Moral se encuentra dirigido a compensar los aludidos padecimientos, molestias y angustias sufridas por la víctima, el Daño Psicológico, como se dijo, “apunta a efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteran la personalidad integral de la víctima y su vida en relación9.” Diferenciando así las mentadas categorías dañosas, es dable mencionar que el Daño Moral puede conceptuarse como aquel que representa los padecimientos soportados y futuros que tuvieron su origen o agravamiento en el hecho generador o alteración disvaliosa del espiritu, dolor, sinsabores o sufrimientos, amarguras o desazones. Respecto del mismo se ha dicho que “es aquel que importa un atentado a un derecho extrapatrimonial y que en principio implica una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir10”. “Lo dañado son bienes de goce, afección y percepción emocional y física, no estimables por el equivalente pecuniario, pero sí considerables para la satisfacción por medio de sucedáneos de goce, afección y mitigación al sufrimiento emocional y físico11”.

El daño moral debe ser resarcido tal lo establece el art. 1.078 del C.C., y la diferencia radica en la naturaleza contractual o extracontractual de la obligación base para su reclamo. Ya he determinado que la responsabilidad -para este caso en estudio- es contractual y por ende he de aplicar lo preceptuado por el art. 522 del C.C., el que dice: “En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”.

He de tener en cuenta -y en ello fundo mi posición favorable al otorgamiento de este daño reclamado-, la valorización (tal la prescripción del art.recientemente enunciado) de la índole del hecho generador y la circunstancias del caso.

Mi posición se sustenta en lo jurisprudenciado por nuestros tribunales provinciales y nuestra Corte Suprema, quienes fallaron: “. al ser un detrimento de índole espiritual debe tenérselo por configurado por la sola producción del evento dañoso, correspondiendo cuantificarlo conforme a la índole del hecho generador, la naturaleza resarcitoria del mismo, sin que sea menester que guarde una relación de proporcionalidad con el perjuicio material, incluso puede faltar éste.12” Haciendo lugar a la reclamación del presente rubro de daños, corresponde determinar el quantum, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso. La Corte de la Provincia sostuvo: “sobre las facultades del Tribunal para fijar prudencialmente el monto se ha resuelto que la fijación del importe por daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, o sea, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas y que no siempre resultan claramente exteriorizados, hallándose así sujeto su monto a una adecuada discrecionalidad del sentenciante.”13 En idéntico sentido, “La fijación del importe del daño moral es de difícil determinación, ya que no se halla sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación sobre la lesión a las afecciones íntimas de los damnificados, los padecimientos experimentados, agravios que se configuran en el ámbito espiritual de las víctimas, y que no siempre resultan claramente exteriorizados , hallándose sujeto a su monto a una ponderada discrecionalidad del juzgador.14”.

Desde tal perspectiva, para el daño moral estimo prudente la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00), a valor histórico.

3.1.4.)Relación o Nexo de Causalidad : la acción antijurídica no es punible si no media entre el hecho imputable y el daño una relación o nexo de causalidad; el daño es el efecto del obrar antijurídico imputable quereviste, en consecuencia, el carácter de causa; de ahí que puede afirmarse que la relación de causalidad es un presupuesto de la responsabilidad civil. Le corresponde a las incoadas soportar el daño en la medida en que lo hayan causado, o -dicho en palabras de Zavala de González- “lo que sucede es que la responsabilidad sólo nace en la medida de los perjuicios que son conectados causalmente con el factor de atribución”.

En los arts. 901 a 906 del Código Civil se desarrolló una “Teoría de las Consecuencias”, partiendo del acto humano. Se ocupa de las consecuencias posibles de los hechos acerca de las cuales sienta un principio general: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte” (art. 902).

Recordando el pliego que aporta la actora -reconocido fictamente- a fs. 100, que establece que a raiz de la bebida ingerida el Sr E. ha sufrido lesiones, se reconoce la causa del daño, tal como surge del punto que expresa que “a raíz de la bebida ingerida el actor sufrió un proceso irritativo en faringe, esófago y estómago en forma inmediata a la deglución” (punto 7), como que es “consecuencia inmediata y necesaria de la ingesta un dolor epigástrico y sensación de ardor estomacal que se ha convertido en crónico” tal como surge de la lectura del punto 8 del pliego en análisis, por lo que se da por reconocida la Relación de Causalidad requerida.

Establece la pericial médica oficial, sobre la relación de causalidad, en el punto b) al responder que “la Pirosis y Dispepsia pueden relacionarse con el incidente de autos, aunque sin certezas al respecto a nueve años del suceso” y conjugando lo dicho con el principio “indubio pro consumidor” se da por configurada la correspondiente relación de causalidad vital para hacer nacer el deber resarcitorio en cuestión.

En el mismo orden de ideas y para mayor abundamiento, refieren a lo ocurrido las testimoniales de los Sres.María del Carmen Fernandez (obrante a fs. 101) y Pedro Luis Boillos (a fs. 102) al manifestar la primera que el Sr. E. “destapó una botella (.) tomó del pico y empezó a decir que le dolía la garganta, que le ardía y se sentía descompuesto” hechos que fueron reiterados por el segundo testigo presencial.

5.) Corolario: En la especie, se estudian las documentales acompañadas y presentadas en el escrito inicial, enumeradas detalladamente en los “y vistos” del presente y las pruebas ofrecidas y producidas y atento a ello, cuadra señalar que los rubros reclamados son: Incapacidad Física; Gastos Médicos; Daño Psíquico y Daño Moral, de los cuales sólo fue probada la Incapacidad Física y el Daño Moral en las circunstancias del art. 522 C.C., rechazándose el resto por orfandad e ineficacia probatoria.

6.) Mora : Reza el art. 508 del Código Civil que “el deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación”. En este sentido, toma importancia el concepto de mora, cuyos requisitos han sido determinados por la doctrina de manera uniforme como:obligación exigible, retraso en el cumplimiento oportuno, culpa o dolo del sujeto.

En los presentes, la mora ha de configurarse al momento del hecho, siendo debida la indemnización reparatoria de las consecuencias gravosas emergentes del mismo a partir de la fecha de su configuración (24 de Diciembre de 2.002), momento en que se inicia el conteo de los intereses que corres pondan.

7.) Intereses : Comparto la tesitura que mantiene que los mismos se devengan hasta que la totalidad de la deuda haya estado a disposición del acreedor15, entendiendo que tienen que equilibrar la indisponibilidad del capital durante el transcurso de la mora, además de cubrir la pérdida de su valor adquisitivo.

En lo relativo a la imposición de los intereses moratorios, para el caso de marras, entiendo que se debe aplicar la Tasa Activa Sumada del Banco de la Nación Argentina (desde la fecha de ocurridos los hechos causales de los daños reclamados) establecida por el Art. 565 del Código de Comercio, jurisprudencialmente dispuesta por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe en L.L. 1999 -E- 965- y Sala I, L.L. Litoral 1998 -2- 603.-

Se aplica una tasa de índole comercial por ser los codemandados comerciantes, y en base a lo preceptuado en los arts 7 y 8 del Código de Comercio.

8.) Costas:En principio, sólo cuando en el expediente haya logrado demostrarse que una de las partes ha resultado vencida respecto a la otra -en términos objetivos- o que, en su defecto, resulte de las constancias de autos que sólo una de ellas ha dado origen a la existencia de un expediente jurisdiccional, se puede considerar como contrario a la lógica que las costas devengadas, frente al silencio del judicante, deban entenderse en el sentido de que su pago no se impone en el orden causado.

En caso que el pleito hubiera sido innecesariamente planteado, las costas deberán imponerse a la parte actora; por el contrario, de demostrarse que la acción fue necesaria para obtener una declaración judicial sobre una situación jurídica que, de otra manera, hubiera quedado en situación de incertidumbre, las costas deberán cargarse a quien determinó la necesidad de ser demandado.

En el caso de marras, atento a los rubros reclamados por la actora, teniendo por acreditados la incapacidad física y el daño moral y no así los restantes, (daños por gastos médicos y daño psicológico) entiendo que corresponde -en proporción a lo hecho lugar y rechazado- que las costas deban soportarse por el orden causado, según manda el art. 250 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.

Por las razones anteriormente invocadas y en mérito a la normativa, jurisprudencia y doctrina aquí aplicable FALLO: I) Admitir parcialmente la demanda incoada respecto a los rubros de Incapacidad Física y Daño Moral, condenando a las co-demandadas BODEGAS CUVILLIER S.A. y COTO C.I.C.S.A. al pago de las sumas de Pesos Seis Mil ($ 6.000,00.-) por Incapacidad Física y Pesos Dos Mil ($ 2.000,00.-) por Daño Moral, con más los intereses fijados en los precedentes Considerandos.

II)Rechazar parcialmente la demanda incoada respecto de los rubros Daño Emergente (por gastos médicos) y Daño Psicológico.

III) Costas por su orden (art. 250 C. P. C. C.); IV)Diferir la regulación de honorarios hasta tanto los profesionales actuantes acompañen copia de sus inscripciones ante la A. F. I. P.; V)Insértese y hágase saber. (Autos: “E. , M. A. contra COTO CICSA y/o Otros sobre DEMANDA de DAÑOS” Expte Nº 958/07.).-

DRA. AGUSTINA FILIPPINI DR. FABIAN E. DANIEL BELLIZIA

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