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Inadmisibilidad del amparo interpuesto por la actora con el fin de que se obligue a la IGJ a inscribir el cambio de autoridades de la sociedad

shutterstock_128217269Partes: Santos Vegas S.A.A.G. c/ Inspección General de Justicia -Ministerio de Justicia- s/ amparo

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: C

Fecha: 24-feb-2015

Cita: MJ-JU-M-92088-AR | MJJ92088 | MJJ92088

Inadmisibilidad del amparo interpuesto por la actora con el fin de que se obligue a la IGJ a inscribir el cambio de autoridades de la sociedad, al haber anteriormente el organismo objetado algunas formalidades de la presentación.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar el recurso y declarar abstracto el amparo deducido por la sociedad actora contra la Inspección General de Justicia tendiente a obligar al organismo a inscribir el cambio de domicilio social y la designación de nuevas autoridades, ya que en el marco del proceso de amparo el organismo demandado se pronunció, quedando así el juicio sin un interés jurídico concreto.

2.-Es deber de la Inspección General de Justicia inscribir los cambios de domicilio social y designación de nuevas autoridades si la documentación requerida está en orden, no debiendo postergar su pronunciamiento con el dictado de distintas objeciones que dilataron la resolución. (del voto del Dr. Machin)

3.-Si bien es cierto que la Inspección General de Justicia no puede dilatar con objeciones inútiles el pronunciamiento respecto a la inscripción del cambio de domicilio y designación de nuevas autoridades, no es menos cierto que la sociedad actora debió readecuar sus presentaciones a las objeciones planteadas por el organismo, resultando entonces necesarias las objeciones de éste y resultando la vía judicial prematura, pues aún tenía competencia para pronunciarse (del voto de la Dra. Villanueva)

Fallo:

En Buenos Aires a los 24 días del mes de febrero de dos mil quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: «SANTOS VEGA S.A.A.G. c/ INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA- s/ AMPARO» (Expte. N° 24.525/2013/CA1; Juzg. 17, Sec. 34), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: doctores Garibotto, Machin y Villanueva.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 306/10? El Señor Juez de Cámara, doctor Juan Roberto Garibotto dice:

I. La sentencia de primera instancia.

El sr. juez a quo rechazó el amparo que contra la Inspección General de Justicia dedujo Santos Vega S.A.A.G., por medio del que pretendió se ordene a aquélla inscribir en el legajo correspondiente a esa persona jurídica las decisiones concernientes al cambio del domicilio social y a la designación de nuevas autoridades, adoptadas por la asamblea de accionistas celebrada el 31 de octubre de 2012.

Luego de formulada relación de las posturas que las partes sostuvieron, el sr. juez aludió a una resolución dictada por la I.G.J. el 12 de febrero de 2014 por medio de la que denegó la inscripción de aquellas decisiones adoptadas en el seno de Santos Vega S.A.A.G. y, con tal sustento, consideró que la cuestión sometida a juzgamiento había devenido abstracta.

Sin perjuicio de ello, que el a quo halló suficiente para decidir del modo en que lo hizo, señaló que de todas maneras la pretensión tampoco habría prosperado en tanto lo requerido por la actora no constituyó un «amparo por mora de la administración», sino que se ordenara a la I.G.J.que inscribiera sin más las decisiones adoptadas en la mencionada asamblea de accionistas, con claro avasallamiento de las competencias propias del ente administrativo de contralor.

Finalizó el magistrado del modo siguiente: consideró que la resolución emanada de la I.G.J. podrá ser, eventualmente, recurrida en sede administrativa y agotada esa instancia, revisada en sede judicial.

Todo lo cual así decidió, con costas por su orden.

Finalmente, reguló los honorarios de los letrados que intervinieron en la litis.

II. El recurso.

Apeló la actora, quien sostuvo el recurso concedido en relación con el memorial de fs. 311/4, que fue respondido por la demandada en fs. 321/3. i. Dijo basar la apelación en la norma del art. 43 de la Constitución Nacional y en la ley 16.986.

(i) Sostuvo que la sentencia carece de fundamentación suficiente, que la resolución que después de trabada la litis dictó la I.G.J. «no impedía la tutela judicial efectiva reclamada» por ser una muestra más de la conducta ilegal y arbitraria adoptada por el órgano de contralor, lesiva de los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

(ii) Se quejó también de que hubiera sido juzgado que de acogerse la pretensión, tal cosa implicaría avasallar competencias propias de la administración.

Adujo que de tal manera se desconoció el principio básico de separación de los poderes del Estado, invocó las normas de los arts. 28 y 33 de la Carta Magna, sostuvo ser «desafortunada» la sentencia en cuanto remite la cuestión a la vía administrativa previa a la judicial.

Abundó sobre todo esto, y concluyó que aún se halla privada de «actualizar la sociedad», de administrar debidamente el acervo societario y de ajustarse a la legislación fiscal, con claro perjuicio para ella y los terceros. ii. Luego el expediente fue elevado a la Alzada (fs. 327), donde fue conferida vista al Sr. Fiscal General, quien dictaminó en fs. 333/4.

III. La solución.

A mi juicio, lo adelanto, el recurso debe ser desestimado. i.Claro está que lo pretendido en la pieza inaugural del expediente fue que «se ordene a la Inspección General de Justicia que disponga la inscripción del cambio de domicilio y designación de autoridades resueltos por asamblea de fecha 31/10/12 con arreglo al Art. 60 de la ley 19.550, por no existir otro medio más idóneo para obtenerlo» (sic, cap. IV. 1° línea, fs. 6 vta.).

Ergo, debemos concluir, cual el sr. juez de grado lo hizo y el sr. Fiscal General ante esta Alzada dictaminó (fs. 333/4), que por cuanto finalmente durante el curso de la litis la administración se pronunció (cfr. fs. 266/78, hecho éste ponderable por virtud de lo normado por el cpr 163: 6°, último párrafo), la cuestión sometida a juzgamiento devino abstracta. ii. Como es sabido, es requisito necesario para el dictado de la sentencia, que la controversia que se somete a consideración del tribunal no se reduzca a una cuestión abstracta (CSJN, Fallos, 198:245; 247:469).

También lo es que, en todo proceso, cabe decidir según la situación existente al dictarse la sentencia definitiva (arriba quedó dicho), y que como principio, las sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan.

Es que existe el deber de dictar sentencia ante una litis concreta, en tanto no es función de la judicatura emitir declaraciones abstractas; y es precisamente por esto que si al tiempo de dictar la sentencia ha desaparecido el interés jurídico concreto del instante, no cabe pronunciamiento alguno. Esto, toda vez que -insisto- los pronunciamientos abstractos son impropios de las decisiones judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos (esta Sala, «Bas, Patricia Josefina c/ Círculo de Inversores S.A.de ahorro para fines determinados», 7.9.10; íd., «De Pablo, Gustavo Martín c/ Banco Patagonia S.A.», 12.10.10.; íd., «Garriga Lacaze, Julieta c/ Loffreda, Ricardo» , 5.11.10; íd., «Carrera, Guido c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires», 21.3.11; íd., «Polero y Hendi S.R.L. s/ quiebra c/ R.G. Polero y Asociados S.R.L.» , 4.4.13). iii. Resta mencionar -con esto finalizo mi voto- que conforme surge de fs. 286/8 el pretensor ha recurrido la resolución adoptada por la IGJ, y que según lo informado por el ente de contralor societario, esa articulación será examinada y resuelta una vez pronunciada y notificada esta sentencia (fs. 301/2).

IV. La conclusión.

Propongo, pues, al Acuerdo que estamos celebrando, desestimar el recurso y confirmar el pronunciamiento de grado, con costas de Alzada por su orden por compartir el temperamento adoptado en la instancia de grado (cpr 71).

Así voto.

Dice el Dr. Machin:

He de adherirme al voto formulado por el Dr. Garibotto en toda su extensión. Sin perjuicio de ello he de clarificar que: si la documentación está en orden, es obligación de la Inspección General de Justicia resolver esa inscripción sin postergarla. Es decir, sin dilatarla en el tiempo mediante el dictado sucesivo de distintas objeciones -sin valorar la corrección de las mismas-, que bien ciertamente pudieran haber sido formuladas en una misma oportunidad, args. arts. 11 inc 2, 12 y 60 de la ley 19550, conforme expresa mi distinguida colega Dra. Villanueva en la ampliación de voto que ella formulará seguidamente.

Ahora bien, en el caso es que sin entrar en la valoración de la pertinencia o no de las distintas observaciones formulada por la IGJ y que da cuenta el actor, se advierte que recién con la recepción de la notificación de la promoción del presente amparo -27/12/13- el día 9/1/14, la I.G.J. DE OFICIO procedió a encauzar el requerimiento formulado por la actora ante ese organismo.Provocando la misma, con tal vicisitud, que la vía de amparo intentada se transformara en abstracta. Ello, porque ante tal acto el actor se sometió voluntariamente, al interponer el respectivo recurso de apelación ante ese organismo, a la vía específica de impugnación jurisdiccional prevista por el legislador (ley 22.315 art.16).

En síntesis, a partir de ese evento -más allá de si era correcto el encuadramiento por la vía de amparo o el amparo por mora, circunstancia en autos debatidas en sentidos disimiles entre el fuero Contencioso Administrativo Federal y el Comercial, ver los respectivos fundamentos de incompetencia entre ambos fueros no se da en la actualidad los supuestos del art. 43 de la CN a fin de actuar la petición formulada por el actor en autos. Lo que así voto.

Fundamentos de la Dra. Villanueva:

Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Garibotto.

Tengo presente que la inscripción del cambio de domicilio y designación de nuevas autoridades no puede ser demorada, por lo que la I.G.J. debe proceder a ella en forma inmediata, dadas las graves consecuencias que podrían derivarse de una dilación en la actualización de los datos respectivos (arts. 11 inc. 2, art. 12 y art. 60 de la ley 19.550).

Y no puedo sino compartir lo dicho por la actora en cuanto a que, si las cosas están en orden, el mencionado organismo no sólo no puede omitir esa inscripción, sino que tampoco puede postergarla mediante sucesivos requerimientos.

De lo contrario, esto es, si cualquiera de esas conductas administrativas se produjera, el administrado podría interponer el recurso previsto en el art. 19 de la ley 22.315, que dispone:

«Pronto despacho. Las peticiones formuladas a la Inspección General de Justicia que no sean despachadas dentro de los treinta días de su presentación, serán susceptibles de un pedido de pronto despacho.

Recurso judicial.Si el organismo no se expidiera en el término de cinco días, se considerará el silencio como denegatoria que da derecho al recurso previsto en el art. 16″ (esto es, al recurso de apelación ante este tribunal).

Es decir: el transcurso de esos tiempos sin que medie decisión de fondo, abre la vía judicial prevista en este último artículo, siendo claro que, una vez que ello ha sucedido, la IGJ pierde competencia para pronunciarse.

Su decisión, en tal caso, debe considerarse implícita, dado que, como surge de la norma transcripta, el silencio del organismo importará una denegatoria del pedido; denegatoria que, prec isamente, es la que, en su caso, el interesado podrá cuestionar mediante la apelación ya vista.

Aplicados estos conceptos al caso, y prescindiendo de cuestiones formales que no aprecio relevantes a los efectos que interesan (la actora no promovió ese recurso sino una acción de amparo), parece claro que, si hubiera asistido razón a la demandante en cuanto a que la IGJ demoró la inscripción de marras por la vía de exigirle, en forma sucesiva, diversos requisitos inútiles, forzoso sería concluir que la decisión final del organismo, pronunciada una vez abierta la instancia judicial, hubiera sido ineficaz, y no hubiera relevado a esta Sala de su obligación de emitir el pronunciamiento que la apelante requiere.

Pero las cosas no sucedieron del modo en que ésta sostiene.

Del expediente administrativo copiado a fs. 131/290 surge que las actuaciones en aquella sede concluyeron con la decisión de fecha 3 de junio de 2013, en la que la IGJ ratificó una de las principales observaciones que durante ese trámite había reiterado una y otra vez a la interesada en la inscripción (v. fs.233); observaciones que, vale aclarar, fueron canalizadas mediante respuestas inmediatas a las presentaciones que había ido realizando la sociedad.

La recurrente, no obstante, sostiene que los requerimientos que le fueron efectuados sólo constituyeron dilaciones inútiles y que la IGJ debió proceder a la inscripción de marras, lo que no hizo.

No es posible tratar ahora el fondo del asunto, que se encuentra recurrido por la misma apelante.

Pero sí es del caso referir -referencia necesaria a efectos de descartar que se haya configurado uno de los supuestos que hubieran generado la necesidad de que este Tribunal se pronunciara ya- que las objeciones que la IGJ opuso para denegar la inscripción requerida no se aprecian prima facie arbitrarias o meramente dilatorias.

Así lo demuestra el hecho de que, sin ir más lejos, la recurrente corrigió en varios tramos su conducta a efectos de adecuarla a lo que le había sido indicado.

Y lo confirma la circunstancia de que, a efectos de cuestionar lo actuado por la IGJ, la nombrada sostiene que no existieron los defectos de convocatoria que le fueron señalados y que tampoco era necesario, como el organismo había sostenido, que en los edictos se hiciera constar si la asamblea habría de funcionar en primera o en segunda convocatoria.

Es claro que ninguna de esas objeciones, se las comparta o no, fueron dilatorias, de lo que se deriva que tampoco asiste razón a la quejosa en cuanto a que, en esas condiciones, ella podía dar por concluido el trámite y tener por denegada la inscripción, extremo que me conduce a concluir que la IGJ conservaba la posibilidad de pronunciarse, sin que tal competencia administrativa pudiera serle restada por la vía de iniciar una vía judicial que, sin perjuicio de lo demás que pudiere reprochársele, fue claramente prematura.

Por lo expuesto, es mi conclusión que la sentencia apelada debe ser confirmada.

Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva (por sus fundamentos), Eduardo R. Machin (por sus fundamentos), Juan R. Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala «C».

Rafael F. Bruno Secretario Buenos Aires, 24 de febrero de 2015.

Y VISTOS:

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve desestimar el recurso y confirmar el pronunciamiento de grado, con costas de Alzada por su orden por compartir el temperamento adoptado en la instancia de grado (cpr 71).

Notifíquese por Secretaría.

Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013.

Julia Villanueva (por sus fundamentos)

Eduardo R. Machin (por sus fundamentos)

Juan R. Garibotto

Rafael F. Bruno

Secretario

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