Responsabilidad del vendedor y del fabricante del automóvil por las lesiones que sufrió el actor en el accidente ante la falta de eficacia de los cinturones de seguridad.

shutterstock_39504259Partes: Chiabretto Gustavo c/ D- Arc Libertador S. A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 3-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-91965-AR | MJJ91965 | MJJ91965

Responsabilidad del vendedor y del fabricante del automóvil por las lesiones que sufrió el actor en un accidente automovilístico que resultaron de la falta de eficacia del dispositivo de seguridad, en el caso, los cinturones de seguridad no sujetaron al actor que salió despedido del habitáculo. 

Sumario:

1.-Es responsable el fabricante o vendedor, por poner en el mercado una cosa viciosa o defectuosa en desmedro del consumidor, de los perjuicios que con su obrar ocasionó, en el caso, el actor salió despedido de su habitáculo por un defecto del cinturón de seguridad que había sido colocado correctamente por el actor pero los pretensores que tienen por finalidad tensar los cinturones de seguridad delanteros para aplacar con mayor firmeza el cuerpo de los ocupantes contra el respaldo, no cumplieron su finalidad, ya que el actor salió despedido del habitáculo, en consecuencia, así el dispositivo, pese a estar correctamente puesto en servicio por actor, no operó, ni cumplió con la función o la finalidad para la que fue pensado y diseñado.

2.-La circunstancia de que el cinturón de seguridad no haya cumplido con su finalidad, pues el actor salió despedido del habitáculo pese a encontrarse con él colocado, no ocurrió porque carecía del elemento pirotécnico que activa el pretensor, según lo referido por el perito en las medidas de aseguramiento de prueba, elemento indispensable para el funcionamiento del dispositivo, en consecuencia, es razonable pensar que la ausencia constatada en el dispositivo que debió sujetar el cuerpo del actor es la causa adecuada de que éste haya sido expulsado del habitáculo y debe el demandado responder por el vicio de la cosa.

3.-Es procedente la reparación del daño moral residual sufrido por el actor, en el caso, se trata de una cicatriz resultado de una traqueotomía que se le debió practicar, ya que no podía respirar por sí mismo, en razón – se entiende – de las lesiones padecidas al ser despedido del habitáculo del vehículo por el vicio del dispositivo de seguridad y debe usar un collar para ocultarla o disimularla, estimándose prudencialmente el monto de la indemnización al arbitrio de los magistrados.

4.-Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por el demandado contra la sentencia que rechazó la defensa de prescripción deducida toda vez que no resulta aplicable al caso el régimen del CCiv. para los vicios redhibitorios; sino que la cuestión queda atrapada por el sistema de defensa del consumidor y según éste la acción no está prescrita, entre otros motivos, por la iniciación de las medidas de aseguramiento de pruebas que permite concluir que la acción se inició un año y un mes y medio antes del vencimiento de la expiración del plazo establecido por la ley.

Fallo:

En la Ciudad de Venado Tuerto, a los tres días del mes de Marzo del año 2015 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Juan Ignacio Prola, de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral y los Doctores Tomás Orso y Fernando Vidal, de la Cámara de Apelación en lo Penal, ambas de esta ciudad, para resolver en los autos: “CHIAMBRETTO, Gustavo c/ D’ARC LIBERTADOR S.A. y Ots. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte. Nº 202/2012), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial yLaboral de Rufino. Hecho el estudio del juicio, se procedió a plantear las siguientes cuestiones:

1. ¿Es nulo el fallo recurrido? 2. ¿Es justa la sentencia apelada? 3. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Dres. Prola, Orso y Vidal.

Por sentencia Nº 178, del 19/03/2012, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de Rufino decide hacer lugar a la demanda y condenar a los demandados de modo solidario al pago de la suma de $ 124.201,oo, más intereses y las costas del proceso, dentro de los treinta días de la sentencia. Contra dicho pronunciamiento se alzan todas las partes – actor, fs. 854; co-demandada Peugeot Citroën Argentina, fs. 856; co-demandada D’Arc Libertador, fs. 858 – interponiendo sendos recursos de nulidad y apelación, siéndoles franqueada la instancia de alzada por el a quo a fs. 855/857/859, respectivamente. Elevados los autos e integrada la Sala, se corren los traslados pertinentes a fin de que cada litigante tenga ocasión de manifestar sus quejas y responder las de las otras partes. Así el actor expresa agravios a fs. 882 y responde los reparos de ambos demandados a fs. 921; por su lado, la co-demandada Peugeot Citroën Argentina responde las quejas del actor a fs. 894, mientras expresa agravios a fs.899; la demandada D’Arc Libertador, por su parte, contesta y expresa agravios a fs. 915. Tras el llamamiento de autos para sentencia, se produce el apartamiento del Dr. López (fs. 945), quedando definitivamente integrado el tribunal con el Dr. Tomás Orso, el Dr. Fernando Vidal y el suscrito. La integración queda notificada a fs. 955/957. A fs. 959 se produce un nuevo llamamiento de autos a resolución, decreto que es notificado a todas las partes dejando la cuestión en estado de ser resuelta por la Alzada.

A la primera cuestión el Dr. Prola, dijo:.

No habiéndose sostenido el recurso de nulidad ante esta Sala, y no advirtiéndose vicios que ameriten su declaración de oficio, voto por declarar desierto y desestimar el recurso de nulidad.

A la misma cuestión el Dr. Orso, dijo:

Adhiero al voto precedente.

A la misma cuestión el Dr. Vidal, dijo:

Habiendo efectuado el estudio del juicio, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes, invoco la aplicabilidad al caso de lo dispuesto en el art. 26 Ley 10160, no emitiendo opinión.

A la segunda cuestión el Dr. Prola, dijo:.

Al tiempo de dar sustento a su recurso de apelación, los recurrentes expresan los siguientes agravios contra la sentencia de primera instancia:

– El actor:

(1) Porque el a quo no entiende el derecho aplicable al caso o lo hace erróneamente. Básicamente sostiene que del juego armónico del art. 40 de la ley de Defensa del Consumidor y el art. 1113 del Código Civil, se deriva el factor objetivo de atribución de la responsabilidad. La causa del accidente, en su parecer, no es lo importante, sino que la cuestión principal radica en el daño padecido por el reclamante, ya que éste se produjo en razón del vicio o defecto del automotor. Se explaya largamente sobre la teoría del riesgo y analiza las normas antes citadas.Plantea la inversión de la carga probatoria, trae doctrina y derecho comparado en su auxilio, y recuerda la protección constitucional que ampara al consumidor.

(2) Porque el a quo distribuye culpas, cuando no hubo culpa del actor en su accionar. El defecto de fábrica del cinturón de seguridad no puede ser atribuido jamás al actor. Se esfuerza por circunscribir el debate en torno a la falla del elemento de seguridad, dejando fuera de la discusión el accidente automotor en sí. Apunta que el automotor viene de fábrica con posibilidades de desarrollar velocidades de hasta 200 km/h – habiendo pasado previamente por test de pruebas y control de calidad -, infiriendo de esta circunstancia que el rodado debe satisfacer las condiciones de seguridad necesarias en relación a sus prestaciones.

(3) Porque el a quo sostiene que hubo culpa concurrente, cuando a criterio de la apelante, la responsabilidad debe adjudicarse enteramente al fabricante o vendedor, por poner en el mercado una cosa viciosa o defectuosa, en desmedro del consumidor, quien la adquirió en la convicción que estaba en óptimas condiciones. La causa del daño, nos dice el actor, le ha sido ajena.

(4) Porque el a quo no aprecia correctamente el vicio de la cosa, ni lo relaciona con la información que brinda el manual de instrucciones del vehículo. El actor hace un pormenorizado detalle de las instrucciones e información que dicho manual trae respecto del cinturón de seguridad, y las relaciona con: (a) el testimonio del Ingeniero Martínez (fs. 433); (b) las dos pericias practicadas en autos y prestando particular atención a la del aseguramiento de pruebas apiolado a los presentes.

(5) Porque el a quo no acoge el rubro daño psicológico como autónomo respecto del daño moral.La recurrente se detiene en la pericia psicológica, para sostener su pretensión.

(6) Porque el a quo no se explaya respecto del rubro daño estético, sustentando el apelante su pretensión con el argumento de la intervención quirúrgica – traqueotomía – que debió practicársele y que le dejó una cicatriz antiestética; (7) Porque el a quo estima defectuosamente el rubro Gastos Médicos. En su refutación el quejoso detalla cuál es la prueba en la que se apoya su postulación y cuáles son los rubros que hacen la diferencia reclamada, suma que alcanza un total de $ 29.122; (8) Porque el a quo omite expedirse respecto del lucro cesante; (9) Porque el a quo decide distribuir las costas en razón de la distribución del culpas, por lo que al estar errada ésta, también está errado el reparto de costas.

– La co-demandada Peugeot Citroën Argentina S.A.

Responde los agravios del actor haciendo un somero análisis de la causa, expresa que la negligencia del actor debe ser jurídicamente evaluada como un supuesto de culpa de la víctima, que exime a su parte de responsabilidad. Aduce que la excesiva velocidad a la que conducía el actor fue la principal causa del accidente, que en esto radica la culpa de la víctima, y que son aplicables al caso las normas de los arts. 1067, 1111 y 1113 del Código Civil.

Sostiene que no existió vicio de fabricación por el que deba responder, y considera acreditado que: (a) el actor no utilizaba correctamente el cinturón de seguridad al momento de producirse el siniestro de autos; (b) conducía a excesiva velocidad al momento del accidente; (c) el actor no realizó los servicios de mantenimientos obligatorios en tiempo y forma.

En punto a los rubros indemnizatorios reclamados en la expresión de agravios señala que carece de sentido la discusión en torno a la autonomía del daño psicológico, ya que fue acogido por la sentencia de grado.Otro tanto cabe decir del daño estético y el lucro cesante. Pide el rechazo de los gastos médicos y de farmacia. En cuanto a las costas, postula que deben ser impuestas al actor, o distribuidas según la responsabilidad de cada parte.

A su vez, tras una extensa y pormenorizada relación de la sentencia apelada, expresa agravios en los siguientes términos:

(1) Porque no se encuentra acreditada en autos la existencia del vicio por el cual se condenó a Peugeot Citroën Argentina. Refiere sintéticamente el razonamiento del juez, para señalar que no se ajusta a las probanzas de autos, de las que surge que los elementos de seguridad del vehículo funcionaron correctamente. Señala que ninguno de los peritos informa sobre la existencia de algún vicio de fabricación. Apoya su conclusión en que el cinturón correspondiente al asiento delantero derecho funcionó correctamente, pese a que tampoco contaba con sistema de pretensores pirotécnicos; de lo que deriva la ilogicidad de la sentencia de condenar por considerar que la ausencia de los pretensores pirotécnicos ocasionó el mal funcionamiento del cinturón de seguridad correspondiente al asiento del actor-conductor. Añade que es más probable que el daño al actor se haya producido por falta de uso o utilización deficiente del cinturón.

(2) Porque se demostró que los daños padecidos por el actor obedecieron a su propia culpa. Señala que el actor no utilizaba correctamente el cinturón de seguridad al momento del evento, explayándose sobre la prueba que lleva al a quo a la conclusión contraria. Apoya su argumentación con su propia interpretación de ciertos puntos de la “pericia mecánica” practicada en el expediente de aseguramiento de pruebas. Apunta también que esta prueba fue soslayada por el juez de grado. Extrae ciertas premisas del dictamen médico de fs.273, haciendo hincapié en lo respondido por el médico a la pregunta Nº 6, para concluir que si el cinturón hubiera estado bien colocado, el actor habría padecido lesiones similares a su esposa. Reitera su apreciación en torno a la velocidad de desplazamiento del rodado al momento del suceso, de lo deviene negligente el accionar del actor y lo vuelve – en su opinión – responsable de sus propios daños. Analiza las declaraciones de los testigos Americo Daniel Brousett y Néstor Fabián Villarroel (fs. 48/50), y destaca la lluvia que caía cuando se produjo el accidente. De todo esto infiere que de su parte no hubo: (i) obrar antijurídico; (ii) factor de atribución de la responsabilidad que pueda imputársele; (iii) ni nexo de causalidad que la vincule a los daños. Concluye en consecuencia que debe ser exonerada de toda responsabilidad, revocándose la sentencia recurrida.

(3) Porque los porcentajes de participación en la producción del evento resultan manifiestamente arbitrarios. Señala la ausencia de fundamento probatorio en el porcentual del 30% que el a quo estimó que le correspondió a su parte en la causa del suceso. Se queja del exceso de dogmatismo en la fórmula utilizada para despachar el tópico. Señala que esto lesiona su derecho de defensa en juicio, ya que al desconocerse los motivos que el juez tuvo para fallar como lo hizo, le es imposible hacer una crítica concreta y fundada de la decisión. Pide el amparo constitucional para su derecho de defensa. Destaca que los porcentuales tampoco se derivan razonadamente de las circunstancias probadas en autos, y reitera el argumento de la velocidad, colocación deficiente y falta de mantenimiento. Pide que, de no eximírsela de responsabilidad, eleve el porcentual de responsabilidad a cargo del demandante, aunque no dice en qué proporción.

(4) Porque considera desproporcionadas y arbitrarias las sumas a las que fue condenada. Apunta que las indemnizaciones establecidas por el a quo carecen de proporción y correlato con las constancias del expediente.Critica la fórmula – “justa y equitativa” – utilizada por el magistrado de primera instancia, para dar motivación a su decisión en torno a las sumas establecidas por incapacidad física, lucro cesante, daño estético y daño moral. Refiere la ausencia de prueba para justificar las sumas por los distintos rubros, destacando que en la actualidad el actor sigue ejerciendo su profesión de abogado sin problemas, de lo que concluye la ausencia de incapacidad. Postula que ninguno de las lesiones padecidas por el actor le impiden trabajar. Destaca que incumbía al actor tanto la demostración del daño como la prueba de su magnitud o cuantificación. Se detiene en su propia valoración de la pericia psicológica, de lo que concluye que las causas de la incapacidad del actor no pueden atribuirse exclusivamente al evento dañoso. Entiende que en este punto la sentencia es inválida como acto jurisdiccional, atento su falta de motivación. A mismo tiempo pide la revocación del fallo recurrido y el rechazo de las indemnizaciones pretendidas por el actor.

(5) Por el modo en que fueron impuestas las costas, agraviándose de su distribución en el orden causado, cuando – según su parecer – debieron ser distribuidas conforme al porcentaje de responsabilidad atribuido a cada parte. Refiere que la cuestión de la excesiva velocidad fue postulada por su parte en ocasión de alegar; en contradicción con el a quo, quien afirma haber incorporado el tema de modo oficioso. De esto concluye que no existe justificación para imponerle las costas en proporción mayor al porcentual de responsabilidad atribuido.

– La co-demandada D’Arc Libertador S.A.

Responde los agravios del actor señalando que el accidente se produjo por su exclusiva culpa, en razón de la velocidad a la que circulaba. Advierte sobre la parcialidad con que mira el actor el plexo normativo, tomando de él sólo lo que lo favorece. Entiende ilegítima la pretensión del actor que se lo excluya de toda responsabilidad y se la cargue totalmente sobre las demandadas.Refuta el agravio sobre las costas, con argumento de que debieron seguir la proporción de la responsabilidad atribuida a cada parte. Postula que la demanda debió ser rechazada en su totalidad. A continuación expresa agravios en los siguientes términos:

(1) Porque no se hace lugar a la excepción de prescripción interpuesta por su parte, con sustento en que el accidente ocurrió tres años después de adquirido el automotor. Sostiene que si la sentencia admitió la existencia de vicios redhibitorios en el automotor, luego debió evaluar también que al tiempo del ejercicio de la acción, la misma estaba prescrita. Como su co-demandada, señala que el actor o no tenía puesto el cinturón, o lo usaba de modo deficiente, ya que en el caso de su acompañante – que estaba en iguales condiciones – funcionó correctamente. Trae jurisprudencia en su auxilio, y pone en cabeza del actor el deber de cuidado de las condiciones en que se encuentran los cinturones de seguridad al momento de adquirir el vehículo. Concluye que el plazo de prescripción es de tres meses y aquí pasaron tres años.

(2) Porque la sentencia se aparta de las constancias de autos al establecer la responsabilidad de su parte en el 30%, ya que el accidente ocurrió por culpa exclusiva del actor, quién: (i) circulaba a excesiva velocidad; (ii) el cinturón de seguridad no tenía ningún vicio oculto; (iii) el actor fue expulsado del vehículo durante el siniestro por falta de uso o colocación deficiente del cinturón de seguridad; (iv) porque el dispositivo de seguridad no tenía ningún defecto. Concluye que si no pueden atribuírsele responsabilidad al fabricante – adhiere a sus argumentos – mucho menos puede endilgársele a ella por su carácter de vendedora de la unidad.

(3) Porque no hubo prueba de los daños ni se ha demostrado relación causal de ellos con el evento.No se brinda razonamiento sustentable alguno para arribar a la cifra que estima el juez a quo, ya se trate del daño emergente como del daño moral. Destaca la falta de motivación en la decisión respecto de tales rubros.

(4) Porque la distribución de las costas no sigue los porcentuales de vencimiento, sin dar razones de ello. Recuerda la vigencia del principio objetivo del vencimiento.

– Responde del actor:

(1) A los agravios de la co-demandada Peugeot Citroën Argentina S.A.:

1. Las pericias mecánicas contradicen la afirmación de la recurrente en cuanto a la ausencia de defecto o falla en los cinturones, ya que señalan la ausencia de pretensores pirotécnicos. Se trata de un defecto o vicio pues hace a que el cinturón cumpla o no con la función de seguridad para la que fue previsto. Destaca la explicación del modo en que operan los cinturones y la función de los pretensores pirotécnicos, según el manual de instrucciones del rodado. Pide el amparo del art. 40 de la ley 24.240. Refiere que la argumentación de su oponente no pasa de mera conjetura.

2. Reitera que el defecto de fábrica del cinturón de seguridad, exime al actor de culpa en la producción de los daños que padeció. Señala que en todo momento llevó correctamente colocado el cinturón de seguridad y que los testigos así lo reconocen, como también lo demuestran las fotografías y la constatación de la preventora. Hace una referencia a las lesiones padecidas, para destacar que ellas demuestran que llevaba colocado en cinturón. Reitera el argumento expuesto en su expresión de agravios en torno al exceso de velocidad y el encuadre jurídico de la cuestión en el marco de la ley de defensa al consumidor.

3. Entiende que la responsabilidad total de los daños producidos en el evento deben recaer en su totalidad en las demandadas, en consonancia con los agravios expresados por su parte.Entiende que la ley de defensa del consumidor impide considerar la culpa concurrente o la responsabilidad del actor o de la víctima, ya que para exonerar al fabricante, portador o concesionario se requiere que éste demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.

4. Entiende ajustado a derecho el monto que el a quo ha fijado como indemnización, ya para los daños materiales, cuanto para el daño moral. Reseña los motivo que el a quo tuvo para tomar la decisión.

5. Reitera lo manifestado en relación a las costas en su expresión de agravios.

(2) A los agravios de la co-demandada D’Arc Libertador S.A.

1. Entiende que es correcto el rechazo de la excepción de prescripción, toda vez que la iniciación de las medidas de aseguramiento de pruebas – en fecha 15/10/2004 – provocó la interrupción de su curso, antes de cumplirse dos años de producido el infortunio – de fecha 20/11/2002 -.

2. Para el segundo agravio, se remite a lo respondido al tercer agravio de Peugeot Citroën Argentina S.A.

3. En cuanto a la queja sobre la falta de prueba de los daños reclamados, reitera el amparo que – en su opinión – le brinda el art. 22.240, art. 40. Señala lo profuso de la prueba al respecto, haciendo un detalle de la que considera pertinente para acreditar el tópico.

4.Para el agravio relacionado a las costas, se remite a lo dicho al responder el agravio correspondiente de la otra co-demandada.

Oídas todas las partes, las Sala queda en condiciones de resolver la cuestión traída a su conocimiento.

Tratamiento de los agravios.

No hubo cuestionamiento de las partes al relato de la causa expuesto por el a quo en la sentencia apelada, por lo que habremos de tenerlo por válido.

I.- De la defensa de prescripción.

Por una razón de método, me parece conveniente iniciar mi voto dando tratamiento a la excepción de prescripción, ya que de prosperar tornaría innecesario expedirse los restantes agravios. Para ello, juzgo oportuno comenzar por encuadrar la relación jurídica que vinculaba a las partes.

Al respecto, cabe señalar que desde un primer momento el actor señaló que el carácter del mentado vínculo jurídico era de relación de consumo, pidió el amparo constitucional por su condición de consumidor (art. 42, C.N.) y dio fundamento normativo a su pretensión en el art. 40 de la ley 24.240. Cabe preguntarnos entonces si tal caracterización de la relación jurídica establecida entre las partes se corresponde con la realidad. Veamos.

Lo primero que se advierte en materia normativa es que, al tiempo de la iniciación de la demanda, la ley 24.240 no había sido reformada por la ley 26.371. Como se sabe, ésta reforma – entre otros – los arts. 1, 2 y 3 de la ley de defensa del consumidor, ampliando y precisando las definiciones de consumidor/usuario y proveedor, e incorporando la definición de “relación de consumo”, que el texto original no traía.Sin perjuicio de esta anotación, vale también señalar que los cambios de un texto a otro no traen la menor consecuencia a la cuestión en debate.

En efecto, si observamos qué rol juega cada una de las partes en la relación jurídica que los vincula, se llega fácilmente a la conclusión que el actor cubre el rol de consumidor y las demandadas el de proveedores – una por su condición de vendedora y otra por su carácter de importadora -, cualquiera sea el régimen jurídico que atrape la cuestión. De lo que se desprende que, más allá de las definiciones legales, la verdadera naturaleza jurídica de la relación no es contractual en el sentido clásico de la teoría del contrato, sino de consumo en el sentido del art. 42 de la Constitución Nacional.

Para así pensar, tengo en consideración datos objetivos del proceso:el automotor fue facturado a “consumidor final”, de lo que se desprende que el actor es el último eslabón de la cadena de comercialización; en la declaración jurada del Formulario Único de trámites de Patentamiento de Vehículos, se declara que al automotor se le dará uso particular; la condición de consumidor del actor no es cuestionada en ningún momento por las otras partes, discuten los alcances de la responsabilidad, pretenden la prescripción del plazo por el Código Civil, cuestionan el factor de atribución y la incidencia del hecho de la víctima en el suceso, pero en modo alguno ponen en duda que el actor es un consumidor; es el único automotor que el actor tiene a su nombre, lo que da indicio de un uso particular, normal y estándar del vehículo; el ejercicio de la profesión de abogado del actor, que desvirtúa la posibilidad de que el automotor fuera adquirido para su venta o su explotación como vehículo de alquiler, etcétera.

Llegamos así a estas conclusiones:

(a) La relación que unió a las partes es de consumo, por lo que es el régimen legal de protección del consumidor el que rige el debate; (b) El sujeto sobre el que el Estado debe desplegar su manto tuitivo es sobre el consumidor, en este caso el actor; (c) Si la relación es de consumo, el plazo de prescripción es el que da la ley de defensa de consumidor.

Al respecto la ley de defensa del consumidor establece en tres años el plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación de consumo, lo que se diferencia claramente de los vicios redhibitorios del Código Civil, cuya acción prescribe a los tres meses de conocido el plazo. Dado que estamos ante una relación jurídica – consumo – regida por un régimen especial – ley 24.240 – que tiende a hacer efectiva la protección constitucional que ampara al sujeto reclamante – art.42, Constitución Nacional -; luego habremos de concluir forzosamente que el plazo de prescripción es el de tres años establecidos en el régimen tuitivo.

De ello se desprende que no le asiste la razón a la quejosa – D’Arc Libertador – en punto a su pretensión de que el plazo se cuente por el régimen del Código Civil para los vicios redhibitorios; ya que la cuestión queda atrapada por el sistema de defensa del consumidor y según éste la acción no está prescrita, entre otros motivos, por la iniciación de las medidas de aseguramiento de pruebas (ver artículo 50 de la ley 24.240, tanto en la anterior redacción como en la actual) el día 15/10/2004 – ver Expediente Nº 1023/2004 apiolado -; en consecuencia, si el accidente – evento que se indica como causante del daño reclamado – ocurrió el 30/11/2002, es inevitable concluir que la acción se inició un año y un mes y medio antes del vencimiento de la expiración del plazo establecido por la ley.

Por este motivo se rechaza el agravio de D’Arc Libertador sobre la prescripción de la acción.

II.- Sobre el marco legal.

Ya hemos visto que la relación jurídica que vincula al actor con los demandados es una relación de consumo, en la que el primero es el consumidor y las demandadas revisten las calidades de vendedora – D’Arc Libertador – y de importadora – Peugeot Citroën Argentina -, de lo que se desprende que el marco legal que regula el debate está dado por el sistema jurídico de defensa del consumidor.

En la base de este ordenamiento está la norma del art. 42 de la Constitución Nacional, que reconoce al consumidor como sujeto de especial tutela constitucional.Es decir que no sólo la norma declara derechos para usuarios y consumidores – protección de la salud, seguridad e intereses económicos, información adecuada y veraz, libertad de elección y trato equitativo y digno -, sino que además manda a la autoridades a proteger esos derechos.

Por lo que jamás una situación, hecho o acto jurídico puede ser interpretado o evaluado por los jueces de modo de perjudicar al consumidor en beneficio del proveedor, ya que esto iría contra la protección que la Constitución Nacional le otorga. Digo esto porque, el a quo, pese a que cita correctamente la fuente constitucional, en los hechos no la respeta, ya que introduce una cuestión no planteada por las demandadas – velocidad del rodado al momento del accidente – y no justamente en beneficio del consumidor sino todo lo contrario.

Este exceso de jurisdicción es incompatible con la protección constitucional del consumidor, ya que está supliendo la voluntad de las demandadas y tomando partido por ellas, desde que ninguna de las dos plantea la cuestión al responder la demanda. Quiero señalar aquí que esto no puede ser confirmado por la Alzada por ser incompatible al expreso mandato constitucional, ya en relación a la garantía del debido proceso – que supone que no se dará tratamiento a defensas y cuestiones no propuestas oportunamente – ya en relación a la protección del consumidor – actor en autos – del art. 42 de la carta magna.

Si en cualquier proceso civil los jueces no podemos expedirnos sobre puntos no traídos a nuestro conocimiento ni propuestos en tiempo útil, mucho menos podemos hacerlo para perjudicar las postulaciones de la parte que la Constitución Nacional quiere proteger.

Ni D’Arc Libertador S.A. ni Peugeot Citroën Argentina S.A.al responder la demanda introdujeron la cuestión del exceso de velocidad – punto, por lo demás, absolutamente previsible para cualquiera de ellas dada las características del accidente, y además porque las declaraciones de los testigos que señalan la velocidad en sede penal están incorporadas al proceso en el incidente de medidas de aseguramiento de pruebas, es decir, desde antes de contestar la demandada -; más aún, esta última reconoce que el tema de la velocidad fue introducido por ella en su alegato – lo hace tímidamente a fs. 572 -, lo que es del todo extemporáneo e ineficaz para tenerse por propuesta la cuestión. Extemporáneo porque debió ser propuesto al contestar la demanda, ineficaz porque el alegato es secreto y el actor/consumidor no tiene ocasión ni de contestar ni de probar al respecto.

Por último, y a la luz de los principios constitucionales referidos en los párrafos precedentes, debemos señalar que es correcto el enfoque que le da el actor sobre el sistema de daños que atrapa la cuestión, pues éste está dado por la ley 24.240, art. 40, es decir, por un sistema de responsabilidad propio de la relación de consumo que vincula a las partes. Esto en nada empece a que analicemos el nexo causal a la luz de los criterios derivados de la causalidad adecuada – arts. 901 y siguientes del Código Civil -, ya que una cosa es la responsabilidad y otra, muy distinta, la relación que une al evento con los daños padecidos.En otras palabras, el fundamento de la responsabilidad habrá que buscarlo en la ley especial que regula la relación entre las partes, pero los parámetros de juzgamiento de la causa productora de daño reclamado habrá que hallarlos en la legislación general – Código Civil – pues es la misma para todo el derecho, ya que es impensable que un mismo suceso tenga causas diferentes.

Por último, dado el objeto de la relación de consumo de que se trata – adquisición de automotor para uso personal -, cabe señalar la legislación que regula la importación, producción, venta y utilización del bien adquirido – Ley 24.449 y su reglamentación -, la que tampoco se puede dejar de tener en consideración al momento de la decisión.

Hasta aquí el marco legal con el que habremos de resolver el debate y con expresión de los motivos que nos llevan a dicha convicción. Pasemos ahora las quejas de las partes por su tamiz, y veamos qué resultado obtenemos. Evaluemos, en consecuencia, los reparos formulados por las partes según el esquema normativo expuesto en los párrafos precedentes.

III.- ) Los agravios.

III. a. ) Del actor.

III. a. 1.-) Los cuatro primeros agravios del actor pueden ser tratados conjuntamente – incluso, la propia parte así lo sugiere -, ya que responden a un mismo patrón: desligar el debate sobre la cuestión de la velocidad del vehículo – y en consecuencia, sobre la culpa que le es atribuida en la producción del vuelco y su incidencia en el nexo causal de los daños reclamados- de los daños padecidos por el vicio o defecto de la cosa en los términos del art.40, ley 24.240, lo que determinaría que el factor de atribución de la responsabilidad sea objetivo, con las consecuencias que tal circunstancia acarrearía para la causa.

A mi sentir le asiste razón en su queja al al actor, y esto por más de un motivo.

En primer lugar, porque la cuestión sobre la velocidad que traía el vehículo y su relación con la culpa del actor en la producción del evento – ya lo hemos visto – fue introducida por el magistrado y no por las demandadas, lo que es inadmisible en un proceso dispositivo como el presente y mucho menos cuando, como dijimos más arriba, tal punto es incorporado al caso en desmedro de los derechos del sujeto protección constitucional preferente: el consumidor.

En segundo término porque la demanda está claramente está enfocada en el sentido descrito en los cuatro agravios, tal es la pretensión del actor, en ningún momento funda su demanda en otra cosa; y en esos términos fue respondida. Más aún, así lo dice el propio juez de primera instancia al iniciar la motivación de su fallo: “I.- a.- Los hechos constitutivos de la litis son los que proceden jurídicamente de la demanda y su co ntestación y de las pretensiones formuladas”. Luego, no se entiende el apartamiento de lo que el propio magistrado propone como encuadre de la materia litigiosa.

Más aún, el actor sólo tiene acción contra las demandadas en razón del contrato de consumo, ya que es la única relación jurídica que los vincula. En ningún momento se puso en discusión una relación jurídica distinta; por lo tanto, los daños reclamados son los derivados de la relación de consumo – vicio o defecto de automotor – y no los derivados del hecho jurídico que los hizo evidentes – despiste y vuelco -, ya que estos responden a una fuente jurídica de atribución de la responsabilidad distinta e independiente.Por lo que sólo las demandadas podían introducirla eficazmente en el proceso, como defensa causal, ya que éste hecho jurídico – accidente – operaría como una interrupción en el nexo de causalidad adecuada. De modo que su introducción oficiosa por el magistrado desnaturaliza los términos en que las propias partes habían propuesto el debate y es contradictorio con el enfoque que el propio juez propicia al comienzo de su motivación.

Un tercer motivo: porque lo que aquí importa no es qué provocó el vuelco, sino qué provocó que el cinturón de seguridad no sujetara el cuerpo del actor al asiento de su automóvil. Ésta es la causa adecuada del evento en función de la relación jurídica que une a las partes – relación que, por lo demás, es la que sustenta la demanda -, no la velocidad que traía el rodado, ya que el cinturón está para operar justamente en emergencias como las que vivió el actor. Más allá de cuáles sean las circunstancias que provocaron la necesidad de su accionar, lo que reclama el actor, lo único que éste puede reclamarle en calidad de consumidor al vendedor y al importador, es que un elemento del rodado previsto para la seguridad de los que viajan en él no operó en la emergencia, lo que torna al producto adquirido defectuoso en los términos del art. 40 de la ley 24.240.

En este sentido, la culpa del actor no consiste en la velocidad que traía o en la imprudencia del conductor/actor, sino en no usar el cinturón o no hacerlo correctamente.Por eso, me parece que está mejor enfocada la demandada Peugeot Citroën Argentina que la sentencia, ya que esta última confunde la causa del accidente – despiste y vuelco por exceso de velocidad – con la causa de los daños que se reclaman, que estaría en el vicio del vehículo; en tanto que la demandada es consciente de que si el cinturón hubiera funcionado como corresponde y hubiera retenido el cuerpo del actor al asiento, éste no tendría nada que reclamarle – aún cuando hubiese padecido lesiones todavía más graves que las que padeció -, por eso su esfuerzo principal apunta a convencer al Tribunal que el actor no se colocó el cinturón o lo hizo de modo deficiente.

Pero esto será materia de otro análisis al tratar los agravios de Peugeot Citroën Argentina, aunque vale destacar que lo dicho aquí sirve también para determinar cuáles son los extremos cuya prueba está a cargo de las demandadas. En lo que ahora interesa, baste señalar que el punto consiste en que no podemos traer como eximente total o parcial de responsabilidad de las demandadas – con fundamento en la acción de la propia víctima – la velocidad que traía el vehículo conducido por el actor al momento del accidente, pues lo que aquí se reclama es que no funcionó correctamente el mecanismo de seguridad del automotor que debía proteger al actor justamente en la eventualidad de un accidente.

El fundamento para hacer lugar al reclamo del consumidor está también en la circunstancia de que éste tiene derecho a recibir “información adecuada y veraz” (art. 42, C.N.), por lo que se supone que lo que diga el manual del usuario que viene con el rodado es información fidedigna con la que puede contar el consumidor.Si observamos el “Manual del empleo” de automóvil del actor reservado en secretaría, veremos que en su página 40, lo primero que señala en relación a los cinturones de seguridad es que “los pretensores tiene por finalidad tensar los cinturones de seguridad delanteros para placar con mayor firmeza el cuerpo de los ocupantes contra el respaldo, aumentando así su eficacia”.

Si la información del manual es correcta – como debiera serlo según el mandato constitucional -, luego el actor está reclamando justamente porque el dispositivo del vehículo objeto de consumo no funcionó como según el vendedor y el importador del rodado debió funcionar, atrapando el cuerpo del actor y sujetándolo al asiento, que es justamente lo que no ocurrió.

Pero hay, además, un cuarto motivo para hacer lugar al cuestionamiento del actor, y es de estricto orden jurídico. En efecto, hemos visto que la relación jurídica que da fundamento a la acción es una típica relación de consumo y que, como tal, queda atrapada por la Ley de Defensa del Consumidor. Esta normativa establece su propio sistema de responsabilidad – art. 40 – que por ser especial excluye al sistema básico o general de responsabilidad del Código Civil.

Hago un paréntesis porque quiero ser claro en este punto, lo que estamos analizando es el sistema de responsabilidad de la ley 24.240, no el nexo causal que une el evento con el daño padecido. El primero se rige por la ley especial; el segundo, debe ser analizado bajo la lupa del sistema de causalidad adecuada de los art. 901 y siguientes del Código Civil. Vuelvo.

Este esquema propio de la Ley de Defensa del Consumidor – art. 40 – tipifica el daño resarcible, señala los sujetos comprendidos según su rol en la cadena de comercialización, fija el factor de atribución de responsabilidad, marca el alcance cualitativo de la obligación de indemnizar y establece la eximente.

Tipifica el daño resarcible:Es aquél que “resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio”. En nuestro caso, el actor reclama daños derivados de un vicio de la cosa – falla en el dispositivo del cinturón de seguridad -, aunque todavía no entramos a considerar si ha sido probada por el actor la existencia de tal vicio. Esto, la existencia del vicio, es el hecho que le toca probar al actor; o en otras palabras, en el caso que nos ocupa la prueba del vicio es la prueba del hecho dañoso. Una vez acreditada la existencia del hecho, comienza a operar el factor objetivo de atribución de la responsabilidad.

Señala los sujetos responsables según su rol en la cadena de comercialización, a saber: “el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio”. Está claro que en autos Peugeot Citroën Argentina cumple el rol de importador – circunstancia no negada por la parte – y D’Arc Libertador asume la condición de vendedor.

Fija el factor de atribución de responsabilidad: al definir el daño resarcible como aquel derivado del vicio o riesgo, la ley de defensa del consumidor establece claramente el factor objetivo de atribución de responsabilidad.

Marca el alcance cualitativo de la obligación de indemnizar: “La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan”, de lo que se desprende que la importadora y la vendedora son solidariamente responsables frente al consumidor.

Establece la eximente:”Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”. Probado el hecho dañoso – vicio de la cosa – ya vimos que comienza a operar el factor objetivo de atribución de la responsabilidad, por lo que, para quedar eximidas de ella, la ley exige de los sujetos obligados – en nuestro caso, vendedora e importadora – una actividad concreta, positiva, efectiva, la demostración que la causa del daño le fue ajena.

Probar esta ajenidad es tarea que le toca a las demandadas por sus roles de importadora y vendedora que cada uno tuvo en la relación de consumo fuente del reclamo. Ya que esta es la vía que le conviene a su defensa, es decir, se trata de un imperativo del propio interés. Lo que nos remite, ahora sí, al postergado análisis del nexo de causalidad.

III. a. 2.-) El nexo de causalidad.

Como lo explicamos en el apartado anterior el nexo de causalidad está dado por el vicio de la cosa objeto de consumo; y según el actor, dicho vicio consistió en que los pretensores pirotécnicos del cinturón de seguridad de su asiento, cuya función consiste en trabar el cinturón extensible para sujetar el cuerpo de la persona al asiento, no operaron en la emergencia, lo que hizo que fuera despedido del vehículo durante el vuelco y padeciera los daños que reclama.

Hemos dicho también que el punto debe ser observado a la luz del sistema de causalidad adecuada – arts. 901 y siguientes del Código Civil -, que es el que rige para todo el ordenamiento jurídico argentino. Según este esquema normativo, debemos señalar que lo que de ordinario sucede (art. 901) en ocasión de un vuelco o despiste del auto, cuando una persona lleva puesto el cinturón de seguridad colocado, es que no resulta despedida del automotor.De manera que, a contrario sensu, es forzoso concluir que si el actor salió despedido del habitáculo durante el vuelco, esto se debió a que o no tenía puesto el cinturón de seguridad o lo hacía de modo deficiente o el dispositivo no operó como tenía que operar para impedir lo sucedido, que, digámoslo de una vez, es para lo que el dispositivo fue diseñado.

Por las declaraciones de los testigos sabemos que el actor llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Así, el testigo López (fs. 272) ve al actor con el cinturón de seguridad puesto antes de emprender el viaje; el testigo Bianco (fs. 273) constata el auto de manera inmediata al suceso y ve el cinturón estaba sobre el asiento como si hubiera estado colocado, de lo que deduce que el actor lo llevaba puesto al momento del evento; el testigo Alonso (fs. 274), es la esposa del actor, viajaba con éste en rodado al momento del siniestro y señala que su marido llevaba pues to el cinturón de seguridad y que era su costumbre usar el dispositivo de seguridad.

En cuanto a la uso deficiente debemos descartarlo, desde que el mecanismo de colocación y puesta en servicio del dispositivo es harto sencillo, ya que está pensado para facilitar su uso masivo. Además, como se deriva de la prueba colectada – acta de inspección ocular, declaración testimonial, fotografías reconocidas y pericia sobre el dispositivo -, el cinturón quedó trabado a su seguro y no estaba desprendido ni “extendido sobre el parante como si no lo hubiera estado usando” (declaración del testigo Bianco, fs. 273). Luego, no podemos presumir que estuviera mal colocado, pues si así hubiera sido no hubiera quedado abrochado como quedó.

Por otra parte el “Manual de empleo” – reservado como prueba en secretaría – con las instrucciones para el uso del rodado (página 40) señala textualmente:”Un testigo en el cuadro de a bordo indica, con el contacto puesto, que el cinturón de seguridad no ha sido abrochado”. Nadie ha dicho en este juicio que ese testigo estaba encendido al momento del accidente, dado que debió estarlo si fuera cierto que el actor no lo llevaba puesto, ni tampoco hay constancia de que el testigo se apague solo al cabo de un tiempo.

En suma, el cinturón de seguridad había sido colocado correctamente por el actor, por lo que en la emergencia debió operar según lo explica el “Manual de empleo” en la página ya citada: “los pretensores tienen por finalidad tensar los cinturones de seguridad delanteros para placar con mayor firmeza el cuerpo de los ocupantes contra el respaldo, aumentando así su eficacia”. Lo que está claro que no sucedió – como ya vimos – pues el actor salió despedido del habitáculo. En consecuencia, la conclusión es inevitable: el dispositivo, pese a estar correctamente puesto en servicio por actor, no operó, no cumplió con la función o la finalidad para la que fue pensado y diseñado.

Y esta circunstancia, además, ocurrió porque carecía del elemento pirotécnico que activa el pretensor. Así lo refieren el perito en las medidas de aseguramiento de prueba apioladas a los presentes, y como también hace expresa referencia el “Manueal de empleo” (pág. 40), de donde se concluye que el elemento pirotécnico es indispensable para el adecuado funcionamiento del dispositivo. En consecuencia, es razonable pensar que la ausencia constatada en el dispositivo que debió sujetar el cuerpo del actor es la causa adecuada de que éste haya sido expulsado del habitáculo.

De lo dicho hasta aquí se desprende que el debate queda atrapado por la ley de defensa del consumidor, art.40, de donde deviene la responsabilidad exclusiva de las demandadas, ya que el actor probó el vicio del objeto de consumo y las demandadas no consiguieron probar que la causa les era ajena – según hemos visto al tratar el nexo de causalidad adecuada -, circunstancia sobre la que volveremos a ahondar al tratar los agravios de las demandadas.

Por lo tanto, habiéndose probado que estamos ante una relación de consumo y que existe un nexo de causalidad adecuado, debe hacerse lugar a la queja del actor y modificarse la sentencia recurrida en los términos expuestos en los considerandos que anteceden, declarándose la exclusiva responsabilidad de las demandadas por los daños padecidos y reclamados por el actor.

Por las razones expuestas entiendo que debe hacerse lugar a los cuatro primeros agravios del actor.

El quinto agravio, por el cual el actor le reprocha al a quo no haber hecho lugar al daño psicológico como rubro independiente, no puede ser favorablemente recibido desde que no se advierte cuál es el perjuicio que la decisión le causa al recurrente, toda vez que la sentencia reconoce el rubro dentro del daño moral y fija un monto a indemnizar del que el actor no se queja.

El daño psicológico está comprendido dentro del género daño moral, y si bien es cierto que, como lo sostiene Zavala de González, puede en determinadas circunstancias producir un menoscabo material en la persona que lo padece , no es éste el caso de autos donde el propio actor, según lo propone en la demanda, vincula el padecimiento a la “alteración psíquica en sí misma” (demanda, fs. 123 vuelta), lo que deja al rubro reclamado dentro de la esfera del daño moral, ya que los gastos que por tratamiento psicológico reclama – de haberse probado la existencia del tratamiento – no forman parte del padecimiento psicológico, sino que se trata de gastos terapéuticos que conforman un daño emergente.Es que reclamar como daño psicológico los gastos de los tratamientos psicológicos es el equivalente a reclamar como incapacidad a los gastos médicos realizados para el tratamiento de las lesiones padecidas por el actor, lo que evidentemente son cosas distintas.

En efecto, al tratar el daño moral, el a quo específicamente señala (fs. 852) “que el daño psicológico insinuado, lo tendré como integrativo del rubro daño moral … “, dando las razones – que compartimos – por las cuales toma esa decisión, y termina otorgando un monto a indemnizar por daño moral.

Ahora bien, al tiempo de formular su reparo, el actor no dice que de reconocerse separadamente el daño psicológico la indemnización será mayor, ni se queja del monto total de indemnización fijado por el daño moral, que expresamente incluye el rubro. De modo que debemos entender que está conforme con la indemnización fijada por el a quo por daño moral, y si ésta incluye la suma por el daño psicológico reclamado, forzoso es concluir que también está conforme con ella.

De lo que se desprende que el reconocimiento de la distinción como un rubro independiente del daño moral pretendida no tiene la virtualidad de hacer variar las consecuencias concretas de lo decidido, desde que no se cuestiona el monto total del daño moral que lo incluye.

En otras palabras, dado que el actor no se queja del monto de la indemnización por daño moral – que incluye el daño psicológico – el agravio se vacía de contenido reduciéndose a una discusión doctrinaria sin consecuencias en los hechos. Y dado que los jueces no dirimen cuestiones teóricas que no tengan consecuencias en el plano histórico, concreto, positivo, debe declararse abstracta la queja.

Sin perjuicio de lo dicho, quiero señalar, además, que al ofrecer pruebas (fs.247) el propio actor propone como punto de pericial psicológica, la determinación de “las consecuencias psicológicas y/o afecciones psíquicas y/o morales, ya sea en el aspecto personal, social, sentimental, y en la vida de relación del autor”. Lo que claramente es la descripción jurídica del daño moral, de modo que es el propio demandante quien vincula el daño psicológico al moral.

Dentro del género daño moral, pueden encontrarse diversos rubros – el daño a la vida de relación, daño psicológico, daño al honor, entre otros – del mismo modo que pueden encontrarse distintos rubros dentro del género Daño Material, verbigracia: Daño Emergente, Lucro Cesante, Desvalorización del bien dañado, etcétera. Entre daño moral y daño psicológico hay una relación de género y especie. El daño psicológico es un rubro del daño moral, y sería de muy buena práctica forense el detallar con precisión los rubros que se reclaman y que componen el daño moral, del mismo modo en que se suelen detallar los rubros que componen el daño material. Y además, que se establezca qué monto le corresponde a cada rubro, pues la suma de ellos fijará la indemnización por el género, del mismo modo en que se suelen establecer con precisión los montos de los diferentes rubros que integran el daño material.

En lo que aquí toca, y según el reclamo del actor, los rubros que componen el daño moral son: 1- Daño Moral Residual: se trata de la categoría básica de daño existencial, y se refiere a las lesiones sufridas en las afecciones íntimas y sentimientos de las personas; 2- Daño psicológico: se trata de una alteración patológica de la personalidad provocada por el hecho dañoso; 3- Daño Estético:”toda modificación exterior de la figura precedente o alteración del esquema corporal, aunque no sea desagradable ni repulsiva” .

De éste último nos ocuparemos en el próximo agravio, y provocará un aumento en la indemnización total fijada por el daño moral. En cuanto a los dos primeros, no producen una variación del monto establecido por daño moral ($ 150.000) fijados por el a quo en su sentencia, por los motivos expuestos más arriba, pero es justo que discriminemos qué parte de él componen cada rubro y demos las razones que nos llevan a pensar así.

En este orden de ideas, quiero señalar que, mientras el daño moral residual es de prueba indirecta, el daño psicológico es de prueba directa, ya que requiere del dictamen de un experto para evidenciar su existencia. De modo que, por un lado, la circunstancia de haber estado entre la vida y la muerte, las intervenciones quirúrgicas que debió soportar, la incertidumbre respecto de su futuro y de las condiciones en que quedará, nos hacen dar por cierto en el actor un padecimiento existencial; en tanto que, la prueba concreta del daño psicológico está en la pericia de fojas 375/377.

De lo que se desprende que la incidencia de cada rubro en la suma fijada como indemnización del daño moral ha sido similar -aunque no idéntica -, desde que la situación límite vivida por el actor puso en juego los valores más profundos de un ser humano – vida, familia, trabajo, etc. – afectando así su proyecto existencial; en tanto que, en el plano psíquico, dada la gravedad de la patología descrita en la pericia psicológica, hace que “la conjugación de tales variables lo han convertido – al actor, se entiende – en un individuo con una tendencia más inmadura y débil a las situaciones estresantes” (pericia psicológica, fs. 376 vta.), y esta vulnerabilidad al estrés, en los días que corren y en una sociedad acelerada y particularmente exigente y competitiva, es un motivo no menor para reconocerle importancia al rubro.Si además tomamos en consideración la conformidad del actor en punto al monto establecido para reparar el daño moral y la estimación – de fácil constatación (fs. 129) – hecha por la propia parte del daño moral residual en $ 70.000; luego, es forzoso concluir que la indemnización correspondiente al padecimiento psicológico alcanza la suma de $ 80.000.

Por los motivos expuestos, se declara abstracto el agravio, sin perjuicio de la aclaración formulada respecto a cómo queda compuesto el resarcimiento por daño moral, a lo que deberá adicionarse lo que digamos a continuación para la siguiente queja.

El sexto agravio del actor consiste en la omisión de tratamiento del rubro daño estético por parte del a quo. En mi opinión le asiste el derecho en este punto, pues el tópico fue expresa y particularmente propuesto en la demanda, mereció respuesta de parte de las demandadas, de donde formaba parte de la materia litigiosa a tratar en la sentencia. Sin embargo, el a quo sólo se refiere a él al pasar y sin dar ninguna explicación (fs. 849) señala que “En este porcentaje se incluyen el lucro cesante y el daño estético que el actor reclamó como independientes”. En mi opinión esto es insuficiente para dar satisfacción al mandato del art. 95 de la Constitución Provincial, ya que – al contrario de lo sucedido con el daño psicológico – no da los motivos por los cuales incluye el rubro dentro del daño material ni cuánto es lo que corresponde por él.

Dado el tiempo transcurrido desde el inicio del juicio, luce desproporcionado remitir otra vez el expediente a primera instancia para que el a quo se exprese al respecto. En consecuencia, atento a la posibilidad que brinda el último párrafo del art.246, CPCC, dado que la cuestión fue oportunamente propuesta en la demanda – contradicha en las respectivas contestaciones por las dos demandadas – y sostenida en la Alzada, y también con fundamento en la duración razonable de los pleitos que propugna la Corte Suprema de la Nación, juzgo prudente salvar la omisión del juez de grado en la presente instancia.

Ahora bien, aquí debemos empezar por observar que el actor deja el monto de la indemnización que pretende al prudente criterio de los magistrados y no estima la cuantía de su perjuicio.

Señala, sí, que se trata de una cicatriz resultado de una traqueotomía que se le debió practicar, ya que no podía respirar por sí mismo, en razón – se entiende – de las lesiones padecidas al ser despedido del habitáculo del vehículo por el vicio del dispositivo de seguridad. Además, puntualiza que debe usar un collar para ocultarla o disimularla.

A su turno, las demandadas toman actitudes distintas, D’Arc Libertador S.A., se limita a una seca negativa de la pretensión, en una escueta enumeración de los rubros reclamados sin mayores explicaciones. Peugeot Citroën Argentina S.A., por su parte, trata conjuntamente los reclamos por daño psíquico y estético, señalando que ambos son rubros de una categoría mayor: el daño moral. No obstante plantea que el actor no especificó cuáles sería los padecimientos que habría sufrido en dicho concepto.

Como acabamos de ver al resumir la pretensión del actor, esto último no es cierto. Lo único que no especificó el demandante fue el monto pretendido como indemnización – el que dejó al arbitrio judicial -, pero expresó de modo claro y concreto cuál es el padecimiento estético: la cicatriz que dejó en una zona visible de su cuerpo la cirugía – traqueotomía – que debió practicársele con motivo de las lesiones padecidas. Intervención que, por lo demás, ha quedado suficientemente probada con la “Hoja Clínica” del Sanatorio Parque de fs.317.

También, si observamos la pericia médica de (fs. 380/381), vemos que el perito aborda la cuestión en dos ocasiones. La primera al realizar la descripción del estado actual del actor, señala que “se puede observar sobreelevación de hombro izquierdo, a raíz de fractura de epífisis distal de clavícula, con consolidación viciosa, dejando apariencia antiestética y también funcional, ya que los movimientos de elevación, rotación interna y externa, aducción y abducción, se encuentran disminuidos. También se pone de manifiesto cicatriz viciosa a la altura del hueco surpaesternal, por haberse practicado traqueotomía para su asistencia mecánica respiratoria, por el grave traumatismo de torax sufrido”. La segunda, al responder el punto 2 solicitado por el actor, que éste padece secuelas “como consolidación viciosa y antiestética de fractura de clavícula. Cicatriz antiestética por traqueotomía”. De lo que se desprende que efectivamente la cicatriz que ha dejado la intervención quirúrgica en el actor es desagradable a la vista, lo que deja plenamente probado el perjuicio estético que reclama el actor.

Como sabemos, el derecho positivo argentino solo admite dos tipos de daños, el material y el moral. Pero nada empece a que se distingan distintos rubros dentro de cada una de las dos grandes categorías de daños.Una de las clases de daños que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido como resarcible es el daño estético, el que hemos definido – siguiendo a Matilde Zavala de González – como “toda modificación exterior de la figura precedente o alteración del esquema corporal, aunque no sea desagradable ni repulsiva”. Y hemos señalado también que de acuerdo a las pericias – médica y psicológica – en el caso puntual de autos estas alteraciones en el cuerpo del actor se manifiestan antiestéticas, es decir, que lucen desagradables a la vista.

Al igual que lo que ocurre con el daño psicológico – aunque aquí es más notoria la distinción, – el daño estético en ocasiones puede asumir las características de un daño material – tal el caso de personas que viven de su imagen -, cuando este daño afecta su vida laboral o le impide cumplir con un contrato, sólo por citar dos casos. En este sentido la Corte Suprema de la Nación ha señalado que el daño estético “no es autónomo respecto al material o moral, sino que integra uno y otro o ambos según el caso” (C. S. J. N., 27/05/2003, “Sitjá y Balbastro, Juan Ramón c. La Rioja, Provincia de y otro “, Fallos 326: 1673; Idem., 29/06/2004, “Coco, Fabián Alejandro c. Buenos Aires, Provincia de y otros”, Fallos 327:2722). Así, puede repercutir patrimonialmente cuando incida en las posibilidades económicas de la persona lesionada, o bien conformar sólo una afección moral, por los sufrimientos y mortificaciones que la propia fealdad incorporada provoca en la víctima (conf. LLAMBÍAS, J. J., “Tratado de Derecho Civil-Obligaciones”, t. II-B, p. 364, n 1 5; ZANNONI, E., “El daño en la Responsabilidad Civil”, p. 160, nº 45; C.N.Civ., esta sala, 24/6/2010 Expte. Nº 34.099/2001 “Ruiz Díaz, Secundino y otro c. Guanco, Víctor Manuel y otros sdaños y perjuicios”; ídem., íd., 15/09/2011, Expte. Nº 7684/2005 “Sanguineti Elza Raquel c.Coto Cicsa y otros s/daños y perjuicios”, entre otros).

Con mayor frecuencia el daño estético – en particular si seguimos las consecuencias implícitas en la definición que hemos dado de él – tiene un componente de afección a las legítimas expectativas de existenciales de la persona, por lo que debe ser estimado como un rubro del daño moral. Este último es el sentido que asume el daño estético reclamado en autos.

En efecto, el actor reclama porque necesita disimular o cubrir la cicatriz, y esta necesidad de negar la evidencia – ya a través de disimularla con un collar o medalla, ya a través de cubrirla a la vista de los demás – es el componente de afección existencial que se requiere para incluir el rubro como daño moral, pues más allá de lo que piensen o sientan los demás, surge el estigma íntimo y doloroso que la cicatriz ha dejado en el actor.

De manera que el daño ha quedado probado tanto en plano médico como en el plano psicológico; y además acabamos de observar la hondura moral del perjuicio, mediante el mecanismo de la negación manifestado a través de la necesidad de disimular o cubrir la cicatriz. En consecuencia, no podemos menos que reconocer la existencia del daño estético reclamado por el actor, aunque no como un rubro autónomo e independiente, sino como una de las formas que asume el daño moral.Lo que debe ser resarcido por el rubro daño estético, como una de las formas del daño moral, es “la proyección existencial de la persona a partir o desde su cuerpo, cuyo equilibrio se ve perturbado a raíz del menoscabo estético” .

Ahora bien, reconocido el daño – que el propio actor dejó librado al prudente criterio judicial, libramiento, a su vez, no cuestionado por las demandadas – nos vemos ahora ante la difícil tarea de establecer la indemnización por el rubro, la que se sumará a los $ 150.000 ya fijados para el Daño Psicológico y el Daño Moral residual.

En este punto tengo en cuenta:

1. La edad de la víctima al momento del accidente: 37 años.

2. Su actividad: abogado, lo que da una pauta del entorno socio cultural en que se desenvuelve el actor.

3. El tipo de lesión, tamaño y lugar del cuerpo en el que se encuentra la cicatriz, la circunstancia de ésta es visible y desagradable a la vista.

4. La situación emocional que tal cicatriz provoca en el actor.

5. La ausencia de estimación pecuniaria del rubro por parte del interesado, quién lo deja libra al criterio judicial, lo que indica que no pudo establecer por sí mismo la dimensión de la lesión estética que invoca. Lo que de por sí hace pensar en una conformidad del actor con los estándares judiciales, ya que nadie mejor que quien padece el menoscabo puede evaluar económicamente su verdadera magnitud.

6. Los estándares judiciales que acabamos de mencionar, y la proporcionalidad que debe establecerse en función de las lesiones de carácter estético padecidas en otros casos.Así, la jurisprudencia ha establecido por la lesión estética, en casos de personas que padecieron cicatrices en las extremidades y en el tronco, con disminución de la movilidad, la suma de $ 50.000 . Esta misma sala, ha fijado un mínimo de $ 2000, cuando hay evidencia del daño pero no existe prueba pericial tendien te a acreditar la importancia de la lesión para las afecciones íntimas de la persona . Lo que sí existe aquí: ya a través de la pericia psicológica, ya a través del ya mentado mecanismo de la negación que lleva al actor a disimular u ocultar la lesión.

Por lo manifestado precedentemente, está claro que – más allá de la gravedad de las lesiones que padeció el actor y que requirieron la cirugía que dejó la cicatriz fundamento del padecimiento estético – la lesión no tiene la magnitud de las descritas en el apartado 6., por lo que la indemnización no pude acercarse a la cifra expuesta en ella, y ésta debe tomarse como una referencia a fin de establecer cierta proporción. Pero tampoco puede ser el mínimo que establecimos en el precedente mencionado en el mismo apartado, ya que aquí hay prueba concreta – pericia psicológica – del desequilibrio emocional que la lesión le provoca al actor.

Por lo tanto, juzgo prudente en función de los parámetros detallados establecer la indemnización del menoscabo estético del actor – dentro del género Daño Moral, pero como un rubro distinto de los ya mencionados Daño Moral Residual y Daño Psicológico, en la suma $ 5.000, suma ésta que – dada la conformidad de las partes al respecto – devengará los intereses establecidos en primera instancia desde la fecha del hecho y hasta la de su efectivo pago.

De modo que la indemnización total por Daño Moral será de $ 155.000, discriminados de la siguiente manera: a) Daño Moral Residual: $ 70.000; b) Daño Psicológico: $ 80.000; c) Daño Estético:$ 5.000.

En estos términos expuestos en los párrafos precedentes, se hace lugar al agravio.

El séptimo agravio se refiere a la falta de reconocimiento de gastos médicos y farmacéuticos en la dimensión en que éstos fueron sufragados por el actor.

En mi opinión también corresponde hacer lugar a este agravio, ya que de la propia prueba tenida en consideración por el a quo surge que le asiste razón al peticionante, toda vez que ella refleja claramente que la suma desembolsada por el actor es de $ 27.776, y no los $ 14.005. Lo que, además, fue corroborado por la declaración del contador de la Caja Forense (fs. 544). Veamos a continuación, si el detalle de gastos formulado por el recurrente se corresponde con las constancias de autos.

1. Clínica Santa Fe (fs. 14) $ 1.059 2. Clínica Santa Fe (fs. 15) $ 122 3. Clínica Santa Fe (fs. 16) $ 1.050 4. Clínica Santa Fe (fs. 17) $ 600 5. Recibo por laboratorio (fs. 18) $ 60 6. Recibo por unidad preparada (fs. 18) $ 30 7. Recibo Sanatorio Parque Nº 15169 (fs. 23) $ 5.100 8. Recibo Sanatorio Parque Nº 0006 – 00003208 (fs. 24) $ 25 9. Recibo Dr. Lovesio Nº 0001 – 00001202 (fs. 25) $ 50 10. Recibo de Caja Forense (fs. 27) $ 27.776 Efectivamente existe plena coincidencia entre lo manifestado por el recurrente y las constancias de autos.

Para terminar, no podemos dejar de señalar que se produce aquí un hecho curioso, y es que la suma de todo el detalle de gastos precedentes realizados y acreditados por el recurrente alcanza $ 35.872, sin embargo el actor reclama sólo $ 29.122.Esta última cifra importa un límite infranqueable para la Sala, no pudiendo ir más allá de la pretensión de la propia parte.

En consecuencia, se hace lugar al rubro hasta la suma pedida por el actor, es decir, $ 29.122, cifra ésta que devengará los intereses establecidos en la sentencia de primera instancia, los que correrán desde que cada erogación fue efectivamente realizada y hasta su efectivo pago.

El octavo agravio del actor se refiere a la falta de tratamiento del rubro lucro cesante por parte de a quo. Otra vez aquí, a mi sentir, le asiste razón al recurrente, pues al igual que en el caso del daño estético, el a quo despacha el rubro incluyéndolo en la incapacidad sobreviniente sin explicar por qué lo hace, lo que deja insatisfecho el requisito constitucional de motivación de los fallos, salvo que en el presente caso el a quo acierta con la solución. Veamos.

En la demanda el actor reclama las ganancias que ha dejado de percibir a raíz de las lesiones padecidas en el accidente (fs. 125). Sin embargo, al expresar agravios el actor reclama la suma de $ 32.500, “atento a que su inactividad fue de cinco meses” , lo que importa un cambio en su postulación original inadmisible a la luz del art. 246, CPCC, ya que impidió a las demandadas defenderse de tal circunstancia.

Este cambio de postulación, además, no es un detalle menor, ya que la pretensión esgrimida en la demanda, tal como fue redactada por el actor, se sostiene en base al art. 1069 del Código Civil; en tanto la esgrimida en la alzada, queda atrapada por el art. 1086 del mismo cuerpo legal. Una y otra norma prevén situaciones distintas y, como consecuencia, requieren de pruebas diferentes.

Es que en ambos casos nos hallamos ante un lucro cesante , pero en el primero – demanda – (art.1069) se atiende a las secuelas que no se corrigen sino luego de un plazo muy prolongado (incapacidad transistoria) o bien no son subsanables de modo alguno (incapacidad permanente) – este último es en mi opinión el caso de autos, donde por pericia médica se ha establecido la incapacidad del actor -; mientras que en la alzada, el actor reclama con fundamento en el art. 1086, es decir, por lo que perdió de ganar hasta su rehabilitación, lo que es del todo distinto.

Si tenemos en consideración que la alzada es de revisión y no de creación, esta variación de la postulación inicial es inadmisible, ya que las demandadas se defendieron – o tuvieron ocasión de hacerlo – de la pretensión sobre el lucro cesante producido por las lesiones padecidas por el actor y no de lo que dejó de percibir el actor durante el tiempo de su rehabilitación.

Por otra parte, una y otra postulación son incompatibles entre sí, de modo que si procede una no procede la otra. En efecto, mientras la postulación de la demanda, con fundamento normativo en el art. 1069, supone lesiones permanentes; la postulación ante la alzada, con fundamento normativo en el art. 1086, supone lesiones no permanentes. Por lo tanto, al indemnizarse la incapacidad sobreviniente y permanente – evaluada en un 38,5% por el aquo – claramente ella conforma el lucro cesante que el actor habrá dejado de percibir por el resto de su vida. Luego, no puede ahora en la Alzada, variando su pretensión original, pretender que también se le pague lo que dejó de ganar hasta su rehabilitación, ya que esto significaría que su incapacidad no es permanente.

De lo dicho se desprende que, si bien el a quo no dio los motivos que sustentan su criterio – situación reprochable a la luz del art.95 de la Constitución de Santa Fe y que creemos haber salvado aquí -, la decisión que tomó es la correcta, ya que incapacidad sobreviniente permanente coincide con lo reclamado por lucro cesante.

Por los motivos expuestos se rechaza el agravio.

Resta por considerar el agravio relativo a las costas de primera instancia, pero dado que esta queja es común a todos los litigantes, voy a tratarla al final de mi voto y en ocasión de tratar también el tema de las costas de alzada.

Paso a continuación a tratar los agravios de las demandadas.

III. b. ) De la co-demandada Peugeot Citroën Argentina S.A.

El primer agravio de esta parte apunta a que no se acreditó la existencia del vicio por el cual se la condena. En mi opinión no puede hacerse lugar a la queja, por los motivos siguientes motivos.

No es cierto que no se constató la existencia del vicio. Al tratar los agravios del actor ya hemos visto que el “Manual de Empleo” del automóvil (pág. 40) señala que el rodado viene con cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos, explica cuál es la finalidad que tienen – sujetar el cuerpo de la persona al asiento -, advierte sobre su funcionamiento – su activación va acompañada de un “ligero desprendimiento del humo inofensivo” -, y hasta aclara en recuadro destacado que los cartuchos pirotécnicos deben ser sustituidos cada diez años, plazo que, por cierto, estaba lejos de cumplirse al momento del accidente.

Es decir que el automóvil debía venir – al momento en que llegó a las manos del consumidor – con los mentados pretensores pirotécnicos. Tal era la obligación que asumen la importadora y la vendedora frente al consumidor, según el propio manual de uso de la unidad.Por lo que es insostenible argumentar que no se probó la existencia del vicio en los cinturones de seguridad, desde que los pretensores pirotécnicos son parte del dispositivo y éstos – como se comprobó con la pericia mecánica – no existen en el vehículo.

Quiero señalar aquí que de la pericia practicada en el aseguramiento de pruebas surge con toda evidencia la ausencia del elemento pirotécnico en el pretensor del cinturón que debió sujetar el cuerpo del actor. Esta pericia no ha sido rebatida por ninguna otra y no vemos razón alguna para apartarnos de lo señalado en ella entorno al punto bajo análisis. De lo que se desprende que tanto la importadora como la vendedora incumplieron con una obligación a su cargo: entregar la cosa objeto de consumo en las condiciones en que el manual del usuario señala.

Dado el mandato constitucional, razonablemente el actor tuvo por válida y fiel la información que le brindaron a través del manual. Por lo que la falta de correspondencia entre lo que se comprometieron a dar – automóvil con cinturones de seguridad equipados con pretensores pirotécnicos – y lo que efectivamente entregaron al actor es el motivo de su obligación de reparar, un rodado viciado por ausencia de los dispositivos.

En cuanto al argumento esgrimido por la parte, sobre la supuesta contradicción en que se habría incurrido ya que ninguno de los dos cinturones delanteros contaba con el pretensores pirotécnicos. Lejos de beneficiarla agrava su situación, ya que demuestra que el incumplimiento de su obligación fue más grave de lo que aparenta a primera vista, sólo que en el caso de la acompañante las demandadas tuvieron la suerte que la persona no fue despedida c omo el actor-conductor.

Sin perjuicio de ello, quiero señalar que la contradicción no es tal. En efecto, el razonamiento de la demandada es el siguiente: si ninguno de los dos cinturones tenía el sistema de pretensores pirotécnicos, ¿por qué el actor salió despedido y la acompañante no?De lo que infiere que el actor no llevaba colocado el cinturón de seguridad o lo llevaba mal colocado. Pero este es un planteamiento falso, ya que aquí lo que interesa es qué le pasó al actor y no qué no le sucedió al acompañante. La razón es simple, quien demanda es el conductor por sus propios daños y no la acompañante por los suyos.

En otras palabras, el razonamiento de la recurrente es inválido desde que pretende trasladar las conclusiones abstractas que obtiene de una situación que no sucedió – que la acompañante fuera despedida pese a que contaba con un cinturón de seguridad en iguales condiciones a las del actor – a lo que efectivamente ocurrió.

Para que sus conclusiones tuvieran algún viso de racionalidad, no sólo debieron reproducirse las condiciones en que se encontraban los dos cinturones de seguridad delanteros – en ambos faltó el elemento pirotécnico -, sino que también debieron ser similares las características físicas de las dos personas, las condiciones del habitáculo – el lado del acompañante no tiene volante ni pedales -, y, principalmente, las fuerzas físicas que operaron en el movimiento del vehículo – golpe contra el mojón, despiste y vuelco – debieron ser equiparables para ambos lados del rodado, lo que a todas luces no sucede, desde que, como se puede apreciar en las fotografías e informes sobre el vehículo, el golpe contra el mojón se produjo del lado del acompañante hundiendo la puerta, lo que con toda probabilidad anuló la equiparación de condiciones de la que hablamos.

Pero además, todo esto, como dijimos, es una mera posibilidad, una especulación, una conjetura sobre algo que no sucedió en los hechos – por lo que tiene el defecto de no existir – y lo que debemos juzgar son hechos históricos, concretos, positivos. Por lo que poco importa qué le hubiera pasado al acompañante y no le pasó, sino qué le pasó efectivamente al titular de la acción, al demandante, a la persona que reclama los daños.Es decir, algo absolutamente concreto.

Por lo tanto, como ya vimos al tratar los agravios del actor y explicamos por qué, el consumidor llevaba en la ocasión correctamente colocado el cinturón de seguridad, debemos agregar aquí que también hizo los servicios al auto en uno de los concesionarios de la red, según lo aconseja el manual – ver manual de “Servicio de Posventa” reservado en Secretaría -; en cambio, fue el incumplimiento de la obligación de las proveedoras de entregar un objeto de consumo en las condiciones de seguridad (art. 42, Constitución Nacional) que ellas mismas habían asumido – “Manual de Empleo”, pág. 40 -, lo que determina su obligación de responder por los daños en los términos del art. 40 de la ley 24.240, pues está claro que la ausencia del elemento pirotécnico tornaba inoperables los pretensores del cinturón de seguridad, con lo que el dispositivo completo no revestía las condiciones de seguridad que debió poseer según el “Manual de Empleo”, lo que es incompatible con la información entregada al consumidor (art. 42, Constitución Nacional).

Por los motivos expuestos entiendo que debe rechazarse este agravio.

El segundo de los reparos formulados por la quejosa apunta a que los daños padecidos por el actor se produjeron por su exclusiva culpa. En mi opinión, la queja debe seguir la suerte de la anterior y ser rechazada.

En efecto, el agravio apunta a que el actor no llevaba puesto el cinturón de seguridad o lo llevaba pero de modo incorrecto, y ya hemos visto al tratar el recurso del actor que los testigos y las fotografías indican lo contrario y que éste estaba correctamente abrochado, al punto que, despedido el actor del habitáculo, el primer testigo que llega al lugar – el policía Bianco, quien también realiza el acta de inspección ocular agregada en el proceso penal – le llama la atención el hecho de encontrar el dispositivo aún enganchado a su traba.Por lo la postulación de la demandada es del todo inadmisible.

Pero además, quiero hacer notar que tampoco puede escudarse en la falta de mantenimiento del dispositivo por parte del actor-conductor-propietario-consumidor, desde que todos los servicios del rodado se hicieron en el concesionario autorizado de la red. Esto es lo que aconseja el “Manual de Empleo” (pág. 41), transcribo: “Haga verificar periódicamente los cinturones en un taller de la red CITROËN y después de cualquier accidente, por mínimo que sea”. Y no otra cosa hizo el actor, llevó el auto a un taller de la red, tal como queda probado con el manual de “Servicio de Posventa” acompañado por el actor y reservado en secretaría.

Por último, debo destacar un recuadro que trae el mentado “Manual de Empleo” que, en mi opinión, acaba por sellar la suerte de la queja: “Los cartuchos pirotécnicos y de gas de los sistemas de Airbag y pretensores deben ser sustituidos cada diez años a partir de la fecha de la primera puesta en circulación del vehículo y ello, exclusivamente por la red CITROËN”.

“Debido a las prescripciones de seguridad vigentes, cualquier intervención o control deberá ser efectuado exclusivamente por la red CITROËN”.

“Cualquier intervención efectuada sin el estricto respeto de las prescripciones, podría dar lugar al desajuste de los sistemas y a su activación intempestiva y provocar, consiguientemente, lesiones corporales”.

Lo primero que debemos rescatar en contraste con lo que acabamos de transcribir es que, tal como quedó corroborado por la pericia mecánica del incidente de aseguramiento de pruebas – seguimos al perito (fs. 68 vuelta de los apiolados) -, “pese a que en el manual del automóvil correspondiente al vehículo del actor, figura que el rodado esta equipado con pretensores pirotécnicos, estamos en condiciones de expresar que dicho equipamiento no existe en dicho rodado”. Esto es incontestable, pero hay más, continúa el perito a fs. 69:”Afirmamos ésto porque se ha efectuado una inspección al mismo, accediendo al sistema enrollador del cinturón, base parante lateral izquierdo, donde debería estar colocado dicho elemento, y no se ha podido detectar el mismo. Acotamos ésta anomalía, porque éste sistema reviste importancia al producirse el accidente, actuando el mismo en fracciones de segundos pretensando el cinturón sobre el cuerpo del conductor, ayudando de esa forma a que el sistema inercial de cinturón pueda actuar seguidamente y complete la acción de sujeción sobre el conductor”.

Este es un dato concreto de la realidad, el resto de las afirmaciones que hace el perito en torno a cómo es aconsejable llevar la posición del respaldo del asiento – una disgresión en punto a esta cuestión: la apreciación del perito se contradice con lo manifestado por el “Manual de Empleo” (pág. 35); en efecto, según el perito el respaldo está “ligeramente inclinado hacia atrás” y señala que esto no es aconsejable, pero el manual explica que “para que los cinturones de seguridad sean totalmente eficaces, no hay que conducir con el respaldo excesivamente inclinado”. En mi opinión, “ligeramente inclinado” significa que no está demasiado inclinado hacia atrás, en tanto que “excesivamente inclinado” expresa una idea contraria, que el respaldo del asiento está demasiado inclinado hacia atrás. De lo que se desprende que si, como constató el perito, el respaldo estaba “ligeramente inclinado”, significa que el ángulo del asiento y respaldar estaba dentro de un rango que no le quitaba eficacia al cinturón de seguridad. Luego, debemos desecharla como causa adecuada del evento dañoso (art. 906, Código Civil). Vuelvo -, la constitución física del actor, el modo en que ocurrió el impacto, etcétera, todo esto no son más conjeturas o especulaciones del perito referidas a la causa del accidente, pero la causa del accidente no la puede juzgar un perito sino que por mandato constitucional le toca al juez evaluarla.La razón es simple, la causa que se busca para juzgar los daños es la causa adecuada – como lo explicamos más arriba al tratar el primer agravio del actor – y la “causa adecuada” es una cuestión de eminente incumbencia jurídica, al punto que es el Código Civil el que adopta el sistema de la causalidad adecuada. De donde es el juez y sólo el juez quien debe realizar el juicio evaluando la causa adecuada de los daños reclamados.

Así las cosas, al haberse realizado los servicios en la red de concesionarios tal como prescribe el manual, no estando vencido el plazo de diez años desde la puesta en circulación del vehículo – el consumidor compró en 1999 y el accidente ocurrió el 30/11/2002 – y dada la importancia que, a tenor de las prevenciones que se formulan en el “Manual de Empleo”, las propias demandadas le asignan al dispositivo de seguridad; deben éstas responder por el objeto viciado que entregaron al consumidor. Pues está claro que, pese a la insistencia de la parte en que no existía defecto en el cinturón, fue el incumplimiento del deber de seguridad – el vehículo debía tener los cinturones de seguridad en las condiciones en que las demandadas se habían comprometido, esto es, con los pretensores pirotécnicos con la carga de fulminante correspondiente – que el contrato de consumo impone sobre el proveedor como consecuencia del mandato constitucional de protección del consumidor.Este es el fundamento de la responsabilidad de las demandadas, ya que ambas son especialistas en el rubro en que se desarrolló la relación de consumo, y en buena parte, ésta asume tal carácter por la propia especialidad de los proveedores.

De manera que, teniendo ambas demandadas, una por su condición de importadora e introductora al mercado y otra por su carácter de concesionario y vendedor, un alto grado de profesionalización en la materia, es mayor la responsabilidad que asumen en la prod ucción del evento dañoso, ya que también es mayor su deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas (art. 902, Código Civil). Decir que se entrega una unidad equipada con pretensores pirotécnicos y que éstos no existan, más tratándose de un dispositivo de seguridad tan importante para los que viajan en el rodado, está lejos de satisfacer la prudencia y el pleno conocimiento de las cosas que exige la norma.

Para terminar, con esta queja y en lo relacionado con el argumento de la velocidad del vehículo al momento del accidente, ya hemos visto que carece de relevancia por ser un tema introducido por el propio magistrado de grado en exceso de su jurisdicción, por lo que remitimos a lo dicho en ocasión de tratar el primer agravio del actor.Baste agregar que si el rodado tiene un motor capaz de desarrollar velocidades de 200 km/h, se supone que viene con un equipamiento de seguridad acorde a dicha circunstancia; y que el dispositivo está pensado para operar en emergencias como la vivida por el actor, y no lo hizo.

Por estos motivos se rechaza también el agravio.

El tercer agravio también debe ser rechazado, desde que no hay distribución de responsabilidad ya que no hay co-causa en la producción de los daños, sino que – por los motivos que dimos al tratar el primer agravio del actor – la responsabilidad les corresponde absolutamente a las demandadas, desde que el daño se provocó por el vicio de la cosa adquirida para consumo, al ser ésta entregada en incumplimiento a la obligación de seguridad asumida según los estándares puestos por las mismas proveedoras.

Por los motivos expuestos se rechaza también este agravio.

El cuarto agravio, relacionado a las indemnizaciones establecidas por el a quo, tampoco puede prosperar.

En efecto, si bien la demandada se queja en general de todas las sumas establecidas como indemnización, sólo hace una crítica concreta y razonada de las establecidas por incapacidad sobreviniente y por daño moral. Veamos cada una de ellas por separado.

Incapacidad sobreviniente: El a quo fija la suma de $ 250.000 por el rubro, que la recurrente considera exorbitante. Sin embargo no es así.

Se ha comprobado por pericia médica que el actor padece una incapacidad laboral del 38,5%, y esto está fuera de toda discusión. Existe además algunos datos objetivos a tener en cuenta: el actor contaba, al momento del evento dañoso, con 37 años de edad; y tiene la profesión de abogado. Es decir que todavía le faltaban – según lo dispuesto por el art. 45, inc. c) de la ley 10.727 (t.o) – 25 años para alcanzar la edad jubilatoria, ya que según la norma citada el actor se encuentra en condiciones de jubilarse a los 62 años.Esto equivale a 300 meses.

El actor acompañó un talonario de recibos profesionales, que se encuentra reservado en secretaría, del que se pueden estimar sus ingresos durante los 35 meses anteriores a la fecha del evento, esto es, entre febrero/2000 y noviembre/2002 – el último es del 28/11/2002, dos días antes del accidente – y extraerse de ellos el promedio mensual de tales ingresos. Según este cálculo, al actor le ingresaron durante ese período $ 47.945, suma que dividida por los 35 meses de la estimación, alcanza un promedio mensual de $ 1.369,86 por mes.

Si a dicho ingreso promedio lo proyectamos en los meses que al actor le restan para jubilarse – 300 meses – alcanzamos una suma estimada de ingresos por esos 25 años que faltan para la jubilación de $ 410.958.

Ahora bien, $ 410.958 es lo que podemos estimar que, de acuerdo a los ingresos probados de los 35 meses previos al accidente, habría de percibir el actor por su trabajo de abogado hasta que se jubile. Pero hemos visto que el actor padece una incapacidad que le va impedir alcanzar esa cifra estimada, y que esa incapacidad tiene una incidencia del 38,5% sobre sus posibilidades de generar ingresos, por lo que es razonable que disminuir la estimación efectuada en la misma proporción. Así, si a los $ 410.958 le quitamos el 38,5%, producto de la incapacidad, obtenemos una cifra de $ 158.218,83. Lo que nos da una primera aproximación a la indemnización que debe fijarse por incapacidad.

Y decimos una primera aproximación, porque no podemos quedarnos con el hecho simple de los ingresos que generaba el actor, pues la profesión de abogado ejercida de manera liberal nos obliga a tener en cuenta la situación socioeconómica en la que se desenvuelve el damnificado.En este orden de ideas, está claro que la situación vivida en el país en los años 2000, 2001 y 2002 afectó a toda la economía en general, por lo que no podemos tener como parámetro estricto un frío cálculo matemático tomado sobre la base de la renta obtenida, sino que debemos integrarlo con la imposibilidad de procurar mejores ingresos a raíz de la situación económica por todos conocida.

En otras palabras, el período que estamos tomando para estimar los ingresos del actor es una etapa donde la situación social y económica del país le impedía al actor generar mejores ganancias, y la incapacidad, ocurrida justo cuando empezaban tibiamente a notarse los efectos de la salida de la convertibilidad, impidió al actor aprovechar los años en siguientes en los que se produjo una marcada aceleración de la economía, ya que no contaba con la plenitud de sus fuerzas – disminuidas en un 38,5% – para beneficiarse con los años de crecimiento económico. De modo que no es justo que no se le reconozcan estas posibilidades negadas al actor y que conforman también el panorama que debemos considerar al tiempo de valorar el rubro.

Por los motivos señalados entiendo que se encuentra plenamente justificado y probado el monto de la indemnización por incapacidad sobreviniente.

Daño Moral: la demandada se queja porque entiende que es exagerado el resarcimiento fijado para este item. Ahora bien, al tratar los agravios del actor ya vimos que el daño moral está integrado por tres rubros, a saber: a) Daño Moral residual; b) Daño Psicológico; c) Daño Estético.La quejosa critica de manera general la indemnización pero no analiza sus componentes.

En cuanto al daño estético, me remito a lo manifestado al tratar el agravio correspondiente del actor.

El daño psicológico, ya hemos visto que es parte del daño moral y la propia demandada así lo reconoce al responder los agravios del actor, ha quedado probado por la pericia psicológica y fue establecido en la suma de $ 80.000. Para llegar a esta cifra hemos tenido en cuenta la personalidad del actor descrita por la perito psicóloga, la secuelas que el gravísimo episodio ha dejado en el actor y que fueran detalladas por la perito, la situación de vulnerabilidad ante las situaciones de estrés que puedan presentase. Además, la importancia de la lesión psíquica se agranda si observamos que: requiere de tratamiento y profesional; se observan trastorno en el sueño que se manifiestan con pesadillas relacionadas al acontecimiento dañoso, “acompañadas de sensaciones corporales, de sudoración, sobresaltos e insomnios” (transcribo la pericia); la imposibilidad de realizar actividades deportivas.

En relación a la valoración de la prueba pericial en miras a cuantificar el daño, la jurisprudencia tiene dicho que “En el caso bajo examen, la psicóloga estimó que como reacción al impacto traumático producto del menoscabo de su integridad física, sobre todo en su aspecto estético, la Sra. Silvia Alicia Ledesma ha desarrollado conductas de aislamiento y evitación, lo que perjudica su adaptación al medio y ante la situación disruptiva del hecho de autos, apela a mecanismos de defensa rígidos que resultan ineficaces para la elaboración psíquica de la injuria narcisística padecida.Concluyó que el estado psicológico de la actora al momento de la pericia mostró estar cronificado, debido a que las alteraciones perduran a pesar de haber transcurrido tres años del hecho, por lo que la sintomatología descripta es compatible con el diagnóstico de Desarrollo Reactivo de grado moderado, de acuerdo al baremo para daño neurológico y psíquico de Castex y Silva, lo que representa una incapacidad psíquica del 15% (ver fs. 543/551, particularmente fs. 545vta./548)” . De donde no es extraordinario que la pericia psicológica se tenga en consideración al tiempo de la cuantificación del daño psicológico.

En el concreto caso que nos ocupa, debemos señalar – a más de lo ya reseñado en los párrafos precedentes – que la pericia es muy explícita al enfatizar (fs. 376) que para el actor “el episodio conlleva su correlato en la esfera emocional, autoperceptiva y/o relacional. Sus ansiedades, inseguridades y miedos se encuentran incrementados cuando debe viajar por cuestiones de trabajo”. Y bien es sabido que en los tiempos que corren y en una circunscripción judicial como la nuestra donde existen juzgados a más de 150 km de distancia y con competencia concurrente, es imposible ejercer la profesión de abogado sin tener que viajar o andar por la ruta. De lo que se desprende que este padecimiento de cada viaje será harto frecuente en el actor, afectando así también su situación emocional.

De modo que, en mi opinión, la cifra de $ 80.000 que por el rubro se ha establecido, no me parece en absoluto exagerada, desde que todo el contexto o circunstancias que rodean al actor apuntan a que los padecimientos derivados de la lesión psicológica, habrán de perdurar mucho tiempo en la vida de damnificado, colocándolo en un constante estado de zozobra psicológica.

Resta considerar el daño moral residual o daño moral en sentido estricto. Este rubro fue valorado por el propio actor (fs.129) en la suma de $ 70.000.

Como señala Zavala de González, en el daño moral “la cuantificación escapa a la lógica matemática, sea de mercado o bajo la óptica directa de utilidad subjetiva para la víctima” . Lo cual es de lógica pura, ya que los bienes afectados en el menoscabo existencial no tienen valor de mercado, es decir, están fuera del sistema económico, y no hay manera cuál es la dimensión, magnitud o profundidad del dolor de cada persona.

Sin embargo, esto no quiere decir que la cuestión quede librada al capricho de los jueces, pues la doctrina ha ido elaborando algunas pautas cualitativas a considerar al tiempo de cuantificar la indemnización – sigo aquí la doctrina de Zavala de González – las que pueden contrastarse con las constancias de autos. Así:

1. Peligro corrido: en autos hay sobrada prueba de la gravedad de las lesiones padecidas por el actor, que incluso llevan al perito médico a señalar que estuvo claramente en peligro la su vida, al punto que no podía respirar por sus propios medios debiendo practicársele una traqueotomía.

2. Padecimientos o molestias inherentes al tratamiento terapéutico: el actor estuvo durante cinco meses de convalecencia, a más de los traslados, cirugías y demás acciones terapéuticas requeridas para salvarle la vida.

3. Incapacidad: ya hemos visto que el actor padece una incapacidad del 38,5%, lo que indica la magnitud de la afectación a su salud y potencialidad de su proyecto vital.

4. La edad del damnificado al momento del hecho: 37 años. Es decir que se trata de un adulto joven, en la plenitud de sus fuerzas vitales, por lo que gozaba de la legítima expectativa de largos años de plenitud existencial.

5.Afectación a la vida de relación, la que se ve apocada por las lesiones padecidas y la angustia que permanece en actor.

Como consecuencia de lo expuesto, tampoco luce exagerada la tasación del daño moral residual en la suma de $ 70.000 formulada por el actor y establecida como indemnización.

En cuanto al quinto agravio, relacionado a las costas de baja instancia, me remito a lo expresado en el noveno agravio del actor.

Por los motivos expuestos se rechaza el recurso de Peugeot Citroën Argentina S.A.- III. c. ) De la co-demandada D’Arc Libertador S.A.

Los agravios de esta demandada ya han sido tratados. El primero, relacionado a la excepción de prescripción, al comienzo de mi voto y fue rechazado. El segundo, relacionado al nexo causal, a la culpa del actor por la falta de uso o el uso deficiente del dispositivo por el actor, la falta de acreditación del vicio – ausencia del elemento pirotécnico en los cinturones de seguridad – también recibió estudio y solución al tratarse los cuatro primeros agravios del actor, y los reparos primero, segundo y tercero de la co-demandada Peugeot Citroën Argentina. Por los motivos expuestos al tratar las quejas de las otras dos partes, y a los cuales me remito brevitatis causae, también se rechaza el segundo agravio. La ausencia de prueba de los daños reclamados, tercer agravio de la co-demandada D’Arc Libertador S.A. ha merecido nuestra consideración al tratar el cuarto agravio de la otra demandada y también ha sido rechazado. En cuanto al cuarto y último agravio, relacionado a las costas, ya que ha recibido críticas de todos los litigantes, será tratado a continuación para todas las partes en conjunto.

Por los motivos expuestos, se rechaza también el recurso de D’Arc Libertador S.A.- Costas.

Costas de primera instancia: Como sabemos, nuestro Código Procesal Civil y Comercial, art. 251, adopta el sistema objetivo del vencimiento.En consecuencia, dado que el actor resultó vencedor en baja instancia, desde que la responsabilidad absoluta en el evento le corresponde a las demandadas, las costas de primera instancia se imponen en su totalidad a las demandadas.

Costas de alzada: Los recursos de las demandadas fueron rechazados, en tanto que el actor, si bien resultó vencedor en la mayoría de sus postulaciones, hubo algunas – de menor entidad – que fueron rechazadas. Por lo que en razón de lo dispuesto por el art. 252, CPCC, las costas de segunda instancia se distribuyen del siguiente modo: 20 % a cargo del actor; 80 % a cargo de las demandadas.

A la misma cuestión el Dr. Orso, dijo:

Adhiero al voto precedente.

A la misma cuestión el Dr. Vidal, dijo:

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

A la tercera cuestión el Dr. Prola, dijo:.

Por los motivos expuestos en los párrafos que preceden voto:

1. Desestimando los recursos de nulidad de todas las partes; 2. Rechazando los recursos de apelación de las dos demandadas; 3. Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación del actor y en consecuencia revocando la sentencia de primera instancia de la forma expresada en los considerandos precedentes; 4. Costas de primera instancia, a las demandadas. Costas de alzada: 80% a cargo de las demandadas y 20% a cargo del actor; 5. Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponda por la etapa de grado.

A la misma cuestión el Dr. Orso, dijo:

Voto en igual sentido que el Dr. Prola.

A la misma cuestión el Dr. Vidal, dijo:

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

A la tercera cuestión el Dr. Prola, dijo:

Por los motivos expuestos en los párrafos que preceden voto: 1-. Desestimando los recursos de nulidad de todas las partes; 2. Rechazando los recursos de apelación de las dos demandadas; 3. Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación del actor y en consecuencia revocar la sentencia de primera instancia de la forma expresada en los considerandos precedente; 4.Costas de primera instancia, a las demandadas. Costas de alzada: 80% a cargo de las demandadas y 20% a cargo del actor; 5. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de los que corresponda por la etapa de grado.

A la misma cuestión el Dr. Orso, dijo:

Voto en igual sentido que el Dr. Prola.

A la misma cuestión el Dr. Vidal, dijo:

Me remito a lo expuesto en la primera cuestión.

Por todo ello, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, RESUELVE:

I. Desestimar los recursos de nulidad de todas las partes.

II. Rechazar los recursos de apelación de las dos demandadas.

III. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación del actor y en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia de la forma expresada en los considerandos prcedentes.

IV. Costas de primera instancia, a las demandadas. Costas de alzada: 80% a cargo de las demandadas y 20% a cargo del actor.

V. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponda por la etapa de grado.

Insértese, hágase saber y bajen.

AUTOS CHIAMBRETTO GUSTAVO C. DARC LIBERTADOR SA Y OT. S. DP. 202-12

Dr. Juan Ignacio Prola

Dr. Tomás Orso

Dr. Fernando Vidal

-art. 26 Ley 10160-

Dra. Andrea Verrone Secretaria

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