Responsabilidad concurrente entre la locataria y la víctima fallecida por intoxicación con monóxido de carbono

GasPartes: N. M. C. c/ E. M. J. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: J

Fecha: 18-mar-2015

Cita: MJ-JU-M-92000-AR | MJJ92000 | MJJ92000

Responsabilidad concurrente entre la locataria y la víctima, fallecida por intoxicación con monóxido de carbono, pues si bien existieron deficiencias en la instalación de artefactos a gas, el daño emanó de un objeto de dominio del locador.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la distribución de responsabilidad entre la víctima y la parte demandada toda vez que refleja la adecuada incidencia causal que le correspondió a cada uno de los partícipes en el hecho acaecido en el que la víctima perdiera la vida por intoxicación de monóxido de carbono, pues existieron deficiencias y peligros existentes en la instalación de los artefactos de gas en la vivienda, por lo que resulta indudable la obligación de indemnizar como dueño o guardián de la cosa de la cual ha resultado daño a terceros (arts. 1113 ).

2.-Sin perjuicio de que pesa sobre la titular del inmueble dado en locación la obligación de mantener y entregar la cosa en buen estado, constreñido por el exigente deber impuesto por el art. 1515 y 1516 del CCiv. y asimismo, la responsabilidad del locador exige la entrega en buen estado y en el mantenimiento posterior de los artefactos de gas; la calidad de dueño de la cosa como la circunstancia de que el daño emanara del objeto del dominio del locador, engendra por sí solo su responsabilidad.

3.-Puesto que los riesgos del uso de los elementos a gas que no cumplan con las medidas de seguridad requeridas y/o estan instaladas en forma antirreglamentaria son conocidos por toda la población, sumado a la probable falta de aporte de aire del exterior, tales conductas omisivas han concurrido con la actuación de las cosas riesgosas en la producción de su propio daño, como concausa, desplazando proporcionalmente la responsabilidad del dueño o guardián de aquellas.

4.-Corresponde confirmar la admisión y monto del daño moral pues no pueden caber dudas respecto a la gravedad y proyección del luctuoso acontecimiento, -fallcecimiento de su hijo-; que debió provocar sin duda alguna en la actora, profundas angustias y gran afectación en su estado espiritual ante la pérdida de su joven hijo, generando una situación de duelo y desamparo extremo.

5.-Corresponde admitir el rubro daño psíquico ante los sufrimientos psíquicos normales, detectados e informados por el perito, que no han dejado incapacidad psíquica residual, pero que verosímilmente han sido padecidos, y que pueden resarcirse, aunque no sea a título de ‘daño psíquico’.

Fallo:

Buenos Aires, a los 18 días del mes de marzo de 2015, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma.Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: ” N M C c/ E MJ y otros s/ daños y perjuicios”

La Dra. Marta del Rosario Mattera dijo:

I.La sentencia obrante a fs. 510/525 hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía, asimismo hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la parte actora, condenando en consecuencia a J E M a abonar a M C N, la suma de $ 188.440, con mas intereses y costas del proceso. Contra dicho pronunciamiento se alza el demandado quien expresa agravios a fs. 563/564 y la parte actora, cuya queja luce a fs. 565/574. Corridos los pertinentes traslados de ley, obran a fs. 578/579 y fs. 581 los respectivos respondes de las contrarias. A fs. 583 se dicta el llamado de autos a sentencia, providencia que se encuentra firme quedando los presentes en estado de dictar sentencia.

II. Agravios

La presente acción de daños tiene su origen en el reclamo incoado por la parte actora, contra el titular dominial del inmueble sito en la calle Presidente Perón 2074, piso 1, depto N° 7 de esta ciudad, y contra las locatarias del mismo, por el hecho acaecido en la madrugada del día 30 de Mayo de 2007, en el que perdiera la vida su hijo, D A R, por intoxicación de monóxido de carbono.Funda su queja la parte demandada, en el porcentaje de responsabilidad (esto es el 70%) establecida en la instancia de grado, señalando que tanto R- como las codemandadas O y Y C, eran los ocupantes del inmueble, que detentaban la guarda del mismo y tenían el poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor de la unidad, por lo que concluye que se configuraría en la especie el supuesto de eximición total de responsabilidad, por culpa de la víctima, previsto en la normativa legal. Asimismo cuestiona la imposición de costas a su parte. A su turno la parte actora cuestiona por errónea la distribución de responsabilidad efectuada por el sentenciante de grado, señalando que su hijo no era locador ni locatario de la unidad, por lo que ninguna responsabilidad puede imputársele por omisión de los deberes a su cargo, debiéndose imputar en un 100% la responsabilidad en el evento a las partes demandadas. Cuestiona además el reducido monto fijado en concepto de daño moral, valor vida, como por el rechazo de los rubros daño psicológico y pérdida de chance, como la imposición de costas, dispuesta en el fallo apelado.

III.Responsabilidad

En torno a los agravios vertidos por las partes en relación a la responsabilidad endilgada en la instancia de grado, en principio cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el art 1113 del C. Civil, cuando el daño hubiese sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, habremos ingresado en la órbita de la responsabilidad objetiva, por lo que se prescindirá del análisis de la culpa, toda vez que el dueño o guardián de la cosa viciosa o riesgosa responde por ese solo hecho frente al accidentado, siendo a cargo exclusivo del demandado probar sin asomo alguno de duda, si quiere excusar su responsabilidad, los siguientes factores exculpatorios:a) la culpa de la víctima; b) o la de un tercero, por el que no deba responder; c) el caso fortuito o fuerza mayor extraño a la cosa o d) que la cosa ha sido usada contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián. El actor debe acreditar, es que el demandado es el propietario o guardián de la cosa viciosa o peligrosa, que esta tuvo una intervención activa en la producción del accidente, la existencia del daño invocado y la relación de causalidad entre el hecho y el daño. En los daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, el hecho se produce con un grado de autonomía con relación a la actividad del hombre, ya que se trata de casos en que la cosa escapa al control humano y basta que el daño derive del riesgo o vicio de la cosa; sea por su situación anormal o por su circunstanciada ubicación de acuerdo con la causalidad adecuada prevista en el art. 901 del referido Código (conf. Tanzi, Silvia y Nuñez, Eliana, “Enciclopedia de Responsabilidad Civil”, t. I (AB), pag. 767 y sus citas: Orgaz, A., “Responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas. Nuevos estudios de derecho civil”, Buenos Aires, 1954; Zabala de González, Matilde, “Daños causados por el riesgo de la cosa y por una conducta riesgosa”, LL, 1983D, 113; Llambías, J. J., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, t.IVD, Buenos Aires, 1976, AlteriniLópez Cabana, “Cuestiones modernas de la responsabilidad civil”, Buenos Aires, 1988).Nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que cuando la víctima ha sufrido un daño que imputa al riesgo o vicio de la cosa, a ella le incumbe demostrar la existencia del riesgo o vicio y la relación de causalidad entre uno u otro y el perjuicio; esto es, el damnificado debe probar que la cosa jugó un papel causal, acreditando cuando se trata de cosas inertesla posición o el comportamiento anormales de la cosa o su vicio, pues en el contexto del 2do. párrafo, última parte, del art. 1113 del Código Civil, son tales circunstancias las que dan origen a la responsabilidad del dueño o guardián(CSJN, “O’Mill, Alan E. c. Provincia de Neuquén”, Fallos: 314:1505; CNCiv Sala B, 8/7/2010, Libre 546022, “Neri, Néstor José c/ Transportes Metropolitanos Gral. San Martín s/ daños y perjuicios”).La noción de “riesgo de la cosa” es relativa y ello depende de las circunstancias fácticas que rodean al ilícito. A su vez, la calificación de riesgosa que puede corresponder a una cosa no depende de su peligrosidad intrínseca, sino también de su aptitud potencial para producir el daño, de donde, además de las cosas que podrían considerarse como riesgosas en sí mismas, dado que por su dinámica escapan al dominio del hombre, en cambio, hay cosas, que por su sencillez o estado inerte carecen naturalmente de esa virtualidad, pero en conjunción con otras o en determinadas circunstancias, resultan aptas para producir daños (Conf CNCiv, esta Sala, 18/09/2008, expte. nº35.520/2003 “Maggiano Paul Andrea Micaela c/ Shopping Plaza Liniers s/daños y perjuicios” Idem id, 23/10/2007, expte. nº 66.857/02; “Bay, Roberto Antonio c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/daños y perjuicios” expte.Nº 61.283/2.006,Idem id,26/8/2010 “Colángelo, Graciela Cecilia y otro c/ Metrovias SA s/ Daños y Perjuicios” entre tantos otros.En casos como el de autos y a efectos de analizar situaciones con importante contenido técnico, resulta esencial contar con dictámenes de profesionales especialistas en la materia de que se trate, que informan sobre las particularidades que hacen a las cuestiones debatidas. Los valores que atribuyen y acerca de los cuales dictaminan constituyen parámetros cuyo seguimiento o apartamiento depende del grado de convicción que tal elemento acreditatorio produzca en el ánimo del juez. (CNCiv, esta sala, 18/5/2010, Expte 58972/2005 “Djenderedjian Julio Cesar c/ Brion Folgar Ángel Juan y otro s/daños y perjuicios” ).En este tipo de cuestiones he señalado que el informe pericial constituye uno de los elementos de juicio a apreciar en la ardua tarea de lograr un detalle cierto de los daños ocasionados al inmueble en tanto emana de un científico especializado en la materia y que, como perito único designado de oficio, rinde asesoramiento sólo inspirado en su mejor saber y entender (Conf CNCiv, esta sala, 25/4/2007,” Fundación Madre de la Esperanza c/ Consorcio de Propietarios de la calle F.D. Roosevelt 2022 s/ daños y perjuicios” Cita: MJJUM12696AR | MJJ12696 | MJJ12696 idem 24/2/2015 Expte. Nº 63.436/2008 “Santucho Juan Federico y otro c/ Canzani Alicia Angélica y otros s/ daños y perjuicos).De la causa penal instruida con motivo del presente siniestro (Expte N° I0612208/07) obra a fs 9, la declaración de C E O, quien manifestó ser concubina de quien en vida fuera D A R y a quien conocía desde hacía dos años aproximadamente, señalando que había comenzado la convivencia en el domicilio de la calle Pte Perón 2074 piso 1 depto 7, desde hacía dos meses aproximadamente.A fs.10 de la misma causa y en forma concordante declara M L Y C, señalando que convive desde hace dos meses junto al concubino de su amiga D A R.A fs. 26 luce la pericia efectuada sobre los artefactos de gas existentes en el inmueble, por parte del técnico de Metrogas Sr. A Á R, quien informa escape de gas, en la cañería interna del calefón de tiro natural instalado en la cocina, el conducto del mismo tiene un codo de 90’ grados antirreglamentario, debiendo tener un codo de 45 grados elevado a los cuatro vientos y el tramo del mismo tiene su recorrido por el baño. Asimismo se puede observar una cocina instalada en el mismo ambiente con flexible de goma, no se observan rejillas compensadoras de aire, y se detecta la presencia de una estufa tipo “infrarroja”, instalada al paso, entre el baño dormitorio y living. Se procede a retirar el medidor de gas y a tapar las bocas de la cañería interna y llave de gas y corte de suministro hasta se regularice la instalación mediante un gasista matriculado.A fs. 42 de la misma causa consta que la muerte de D A R fue producida por intoxicación aguda por monóxido de carbono.Asimismo a fs.293/294 de los presentes obrados, consta la declaración testimonial del experto, quien en el acta de la audiencia reconoció la documentación que le fuera exhibida como de su puño y letra, a la pregunta de cuales pruebas realizo en el departamento de marras, manifestó que probó la cañería interna y que la parte de calefón se clausuró. En cuanto a la pregunta si la estufa tenia signos de haber sido utilizada recientemente, manifestó que no lo recordaba pero que no estaba instalada en forma reglamentaria, estaba instalada en un lugar antirreglamentario.Respecto al horno, respondió que se clausura el artefacto cuando el mismo no tiene instalada la válvula de se guridad o termocupla y las rejillas de ventilación en el mismo ambiente superior o inferior siempre que el horno no sea de tiro balanceado que ventile afuera. Preguntado el testigo sobre si hizo alguna prueba, para medir el nivel de combustión, manifestó que el aparato de gascosequer mide solamente gas, que no detecta monóxido y que no realizó la prueba porque si hubiese monóxido “uno abre un poquito la ventana y se va” “- lo que hacemos nosotros es probar la cañería y artefactos internos del lugar-.” “-. Si hay sumo riesgo de que se pueda abrir el gas, sacamos el medidor en custodia para seguridad de que no venga alguien a autohabilitarse”.Poco puede agregarse a las categóricas y rotundas conclusiones periciales del técnico de la empresa Metrogas, en relación a las deficiencias y peligros existentes en la instalación de los artefactos de gas en la vivienda, por lo que resulta indudable la obligación de indemnizar como dueño o guardián de la cosa de la cual ha resultado daño a terceros (arts.1113), no advirtiendo en los agravios vertidos por el demandado, circunstancia alguna que permita exonerarlo de la responsabilidad endilgada por lo que deberá responder conforme el factor objetivo de atribución de responsabilidad.Cabe señalar que pesa sobre la titular del inmueble dado en locación la obligación de mantener y entregar la cosa en buen estado, constreñido por el exigente deber impuesto por el art. 1.515 y 1.516 del Código Civil (conf. CNCiv, sala B, 20/2/2004 ” Vasallo, Ana Teresa c/ Cons. De Prop. Av. San Martin 1414 s/ daños y perjuicios y Díaz, Graciela Liliana c/ Cons. Prop. Av. San Martin 1414 s/ daños y perjuicios” ídem, sala k, 13/4/2007 ” G. N. y otros c/ C. A. C. s/ daños y perjuicios” Cita: MJJUM11203AR | MJJ11203 | MJJ11203 idem id, 18/7/2003,sala I “S.B.A. y otro c/ A.E. y otro s/ daños y perjuicios” Id id ; 24/2/2015 Expte. Nº 63.436/2008 “Santucho Juan Federico y otro c/ Canzani Alicia Angélica y otros s/ daños y perjuicos) y asimismo la jurisprudencia ha destacado la responsabilidad del locador en la entrega en buen estado y en el mantenimiento posterior de este tipo de artefactos (CNCiv., 23/12/96, sala C “Sánchez de Demattei c/ Smith” ídem 12/5/ 94, Sala E “Arendorf c/ Vignale de Clerici” 6/5/2014 sala G ” P. L. K. E. C/ J. I. E. y otro s/ daños y perjuicios”).

Sin embargo en el caso la calidad de dueño de la cosa como la circunstancia de que el daño emanara del objeto del dominio del locador, engendra por sí solo su responsabilidad, por lo que no cabe efectuar consideración alguna, relativa a la causal exculpatoria esgrimida en la queja referida a la imposibilidad de constatar personalmente el estado del inmueble por vivir en el exterior.Se encuentra comprobado que el deceso del Sr.R se produjo por intoxicación de monóxido de carbono, por lo que no cabe duda que el lamentable suceso, se originó en la existencia de anomalías en la instalación de los artefactos de gas ubicados en la unida locada.Con referencia a las deficiencias que da cuenta el dictamen del especialista de la empresa Metrogas, las mismas no caben dudas eran evidentes (ver constancias fotográficas de fs. 31/34 causa penal) y fácilmente observables, por lo que no puede obviarse, como supuesto de eximición de responsabilidad previsto en la normativa legal, la influencia que tuvieron en el fatal desenlace, la conducta omisiva e imprudente de los tres ocupantes del bien, quienes debieron razonablemente haber advertido o presumido con un mínimo de diligencia esperable que las instalaciones (calefónestufacocina) no cumplían con las medidas de seguridad requeridas y/o estaban instaladas en forma antirreglamentaria.En este sentido los riesgos del uso de dichos elementos en tales condiciones, son conocidos por toda la población, dada la amplia publicidad informativa al respecto, a ello se suma la probable falta de aporte de aire del exterior, (ver fotografía de fs.30 de la causa penal) precaución mínima e indispensable a tomar en tales circunstancias, por lo que estas conductas omisivas, han concurrido con la actuación de las cosas riesgosas en la producción de su propio daño, como concausa, desplazando proporcionalmente la responsabilidad del dueño o guardián de aquellas.Por lo que el Juez formulando ex post facto, un juicio de probabilidad o pronóstico objetivo del resultado dañoso, determinara la relación de causalidad adecuada debe según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible.En cuanto a las quejas vertidas por la actora, respecto a la responsabilidad endilgada en la instancia de grado, cuestionando que no podía exigírsele conocimiento sobre el deplorable estado de las instalaciones, a quien sólo concurría a pernoctar aunque sea varias veces, adelanto que las mismas no pueden prosperar ya que independientemente que elSr R, figurara o no en el contrato de locación suscripto por O y Y C, se desprende que la vivienda de la calle Presidente Perón 2074, era efectivamente su domicilio particular, atento lo que surge de la declaración testimonial de la parte actora a fs. 4 de la causa penal, como por tratarse del domicilio que figura en el acta de defunción acompañada a fs. 1 de los presentes obrados.En virtud de las consideraciones expuestas, después de un estudio de las probanzas producidas, valorando las mismas conforme las reglas de la sana crítica y ponderando la relación de causalidad entre el comportamiento debido y el daño causado, es que considero adecuada la distribución de responsabilidad efectuada por el anterior sentenciante, reflejando la adecuada incidencia causal que le correspondió a cada uno de los partícipes, por lo que propongo al acuerdo se confirme en este aspecto la sentencia apelada.

IV.Rubros indemnizatorios

A.Daño Moral

Conocido es el concepto del daño moral y los factores que lo configuran, como asimismo, que la determinación de su cuantía queda librada al juzgador más que en cualquier otro rubro. Por la índole espiritual del agravio moral, debe tenérselo por configurado in re ipsa por la sola producción del evento dañoso, máxime cuando se trata del fallecimiento de un hijo ya que se presume, por el grado de parentesco, la lesión inevitable de los sentimientos. (C.S.J.N., 09/12/1993, “Gómez Orue de Gaete, Frida A. y otra c.Provincia de Buenos Aires y otros”, LA LEY 1994C, 546). A los fines de la fijación del quantum indemnizatorio por daño moral, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de dicho rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (C.S.J.N., 24/08/2006, “Ferrari de Grand, Teresa Hortensia Mercedes y otros c/Entre Ríos, Provincia de y otros” , Fallos, 329:3403; Idem., 07/11/2006, “Bianchi, Isabel del Carmen Pereyra de c/Buenos Aires, Provincia de y Camino del Atlántico S.A.” (, Fallos 329:4944; Id., 06/03/2007, “Mosca, Hugo Arnaldo c/Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/daños y perjuicios” , Fallos 330:563; Id., 06/10/2009, “Arisnabarreta, Rubén J. c/ E.N. (Min. de Educación y Justicia de la Nación)” , “Gatica, Susana Mercedes c/Buenos Aires, Provincia de s/daños y perjuicios” G. 383. XL; ORI; 22122009; T. 332 P. 2842, entre muchos otros).En el presente caso la admisión del daño moral como causa de indemnización resultante del hecho ilícito es incuestionable. La certeza de su existencia y la medida de la reparación es sólo fruto de un juicio de razonable probabilidad, basado en reglas de experiencia emergentes de la reacción emocional que es dable suponer en las víctimas y de la aptitud que ha tenido la agresión para producirla.Considero que no pueden caber dudas respecto a la gravedad y proyección del luctuoso acontecimiento, el que debió provocar sin duda alguna en la actora, profundas angustias y gran afectación en su estado espiritual ante la pérdida de su joven hijo, generando una situación de duelo y desamparo extremo.El triste evento debió afectar definitivamente sus formas de vida ante la inesperada pérdida.Asimismo está en el curso natural y ordinario de las cosas que la pérdida de un hijo hiera la afectividad del progenitor que lo sobreviva, sin que pueda imaginarse situación con mayor repercusión espiritual, sobre todo cuando aquélla se produce temprana edad y en circunstancias como la de autos.No existe palabra, gesto ni acto que pueda demostrar o medir, nunca reparar, la pérdida determinada por el fatal desenlace, generado una afección espiritual de relevantes sufrimientos morales, difíciles de afrontar.Cuando del hecho dañoso se deriva el fallecimiento de un hijo, esta lesión espiritual difícilmente pueda ser superada por alguna otra.Ponderando

tal como quedo plasmado en el pronunciamiento apelado, las circunstancias que rodearon el fatal suceso como la edad de la víctima (28 años) y la de su progenitora (57 años) y considerando ajustado su importe propongo al acuerdo su confirmación (art 165 del Código Procesal).

B) Daño Psicológico

La protección de la vida y la integridad psicofísica de la persona humana ha sido desplazada de la órbita de los derechos estrictamente individuales, para quedar enmarcada en el marco de los derechos sociales y colectivos, de forma más contundente a partir de la reforma constitucional de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos, afianzando la primacía de la persona (arts. 42 y 75 inc. 22.Constitución Nacional).

La Corte Suprema ha sostenido que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física tiene por sí misma un valor indemniza ble y su lesión comprende, a más de aquella actividad económica, diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (C.S.J.N. Fallos: 308:1109; 312:2412; 315:2834; 318:1715; 326:1673; Ídem., 08/04/2008, “Arostegui, Pablo Martín c/. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía” , L. L. 2008C, 247).En relación al daño psíquico como lo viene sosteniendo en forma reiterada de esta Sala, el daño psíquico no constituye un daño autónomo, sino un aspecto a considerar dentro del rubro incapacidad sobreviniente, pues configura una disminución de aptitudes con repercusión en el patrimonio y la vida de relación del damnificado (conf. C.N.Civ. esta sala, 17/11/09 expte 95.419/05 “Abeigón, Carlos Alberto c/ Amarilla, Jorge Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios”, Idem., id., 11/3/2010, Expte. 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto daños y perjuicios”; Id., id., 06/07/2010, Expte.93261/2007 “Godoy Muñoz, Pedro c/ Villegas, Víctor Hugo y otros s/ daños y perjuicios”, entre muchas otras).Es un síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente con el evento de autos (accidente, enfermedad, delito), que ha ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas (incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al menos jurídicamente consolidado (dos años). La enfermedad psíquica que el perito diagnostique debe dañar de manera perdurable una o varias de las siguientes funciones del sujeto: 1) incapacidad para desempeñar sus tareas habituales; 2) incapacidad para acceder al trabajo; 3) incapacidad para ganar dinero y 4) incapacidad para relacionarse.Los sufrimientos psíquicos normales, detectados e informados por el perito, que no han dejado incapacidad psíquica residual, pero que verosímilmente han sido padecidos, también pueden resarcirse, aunque no sea a título de “daño psíquico”. Por eso, cuando el perito los detecta debe señalarlos al juez para que los tenga en cuenta como uno de los elementos a valorar en el momento de regular el daño moral.Sostiene el mismo autor que en medicina legal, la incapacidad indemnizable es tributaria de la cronicidad, en tanto que el sufrimiento psíquico normal (no incapacitante), que no ha ocasionado un desmedro de las aptitudes mentales previas, si es detectado e informado por el perito, es uno de los elementos que el juez podrá incluir en el daño moral.Sentado ello, cabe reiterar, que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial resulta de particular trascendencia en lo que se refiere a la existencia y entidad de las lesiones por las que se reclama, el informe del experto, no es una mera apreciación sobre la materia del litigio sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos.En similar orden de ideas, la función de la prueba pericial es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos.No será el perito quien defina el pleito, pero es indudable que, fundando debidamente su informe, tiene mayor peso y envergadura. La mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre sus conclusiones, en especial si se advierte que no hay argumentos valederos para demostrar que éstas fueron irrazonables (esta misma sala, expte. nº 32.650/2005, “Sánchez, Romina Mabel c/ La Mediterránea S.A. y otro s/ Daños y perjuicios” del 10/09/2009; expte. nº 115.605, “Elefteriu Zonca, Eduardo y otro c/ Consorcio de Propietarios Bolivar 1867/69/75/87 s/ Daños y perjuicios” del 24/08/2009; expte. nº 114.916/2003, “Ghiorso, Elsa Noemí c/ Pérez, Héctor Oscar y otros s/ Daños y perjuicios”, del 17/02/2010; expte. nº 29.511/2005, “Galarza, Diego Nicolás c/ Figueroa, Marta s/daños y perjuicios”, del 25/05/2010; expte. nº 37.541/2007, “García, José Luis c/ Transportes Automotores Riachuelo S. A. s/ Daños y perjuicios”, del 29/3/2011, entre otros).La pericia psicológica efectuada en autos (ver fs. 397/ 410) dictamina en cuanto a la evaluación diagnostica de la actora, que se encuentra dentro de una reacción emocional denominada duelo y dentro de las clasificaciones del mismo como duelo patológico, de grado moderado a grave, determinando un grado de incapacidad del 25%, recomendando realizar tratamiento psicológico, de por lo menos dos años con frecuencia semanal tendiente a poder elaborar el duelo que atraviesa.Esta Sala ha sostenido reiteradamente que la circunstancia de que el dictamen no tenga carácter de prueba legal no importa que el juez pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del idóneo, por lo que la desestimación de las conclusiones a las que arribara ha de ser razonable y motivada, siendo imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o inadecuado uso que el experto hubiera hecho de sus conocimientos científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado. (Conf. C. N.Civ., esta sala, 10/12/09, expte. Nº 76.151/94 “Taboada, Carlos David c/ Lizarraga, Luis Martín”; Idem., id., 06/07/2010, Expte. 93261/2007, “Godoy Muñoz, Pedro c/ Villegas, Víctor Hugo y otros s/ daños y perjuicios”; Id. id.,23/6/2010, Expte. Nº 59.366/2004 “Berdier, Tristán Marcelo c/ Snitovsky, Luis y otro s/ daños y perjuicios”) entre otros.Por consiguiente, para que las observaciones que pudiesen formular las partes logren favorable acogida, es menester aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas en el peritaje (conf. arts. 386 y 477 del Código Procesal; Palacio, Lino “Derecho Procesal Civil”, t. IV, pág. 720; C. N. Civ., esta Sala, 10/12/2009, Expte. Nº 76.151/94 “Taboada, Carlos David c/ Lizarraga, Luis Martín s/ daños y perjuicios, idem, 23/6/2010 expte. Nº 59.366/2004 “Berdier, Tristán Marcelo c/ Snitovsky, Luis y otro s/ daños y perjuicios” ) entre otros. En virtud de las consideraciones expuestas, acreditada la incapacidad de orden psíquico consolidada, que amerita resarcimiento en este sentido, estimo adecuado fijar por el rubro en estudio, la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) el cual queda establecido atento el porcentaje de responsabilidad asignadoen la suma de pesos treinta y cinco mil de ($ 35.000) estimados a la fecha del hecho (art 165 del CPC).

C) Valor VidaPérdida de Chance Se ha dicho reiteradamente que la vida humana no tiene valor económico per se, sino en consideración a lo que produce o puede producir. Pero la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad creadora, productora de bienes.En ese orden de ideas, lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de los bienes económicos que el extinto producía, desde el instante en que esta fuente de ingresos se extingue” (C. S. J. N., Fallos: 316:912; 317:728, 1006, 1921; 320:536 y 322:1393 ; 323:3614 ; 324:1253 y 2972; 325:1156 ; 329:4944).

Tal criterio fue ampliado por nuestro máximo Tribunal, al sostener que “tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo.Resulta incuestionable que en tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres” (“Aquino” , 21/09/2004, “Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” Fallos, 327:3753).Asimismo, más recientemente se ha señalado que “la doctrina constitucional de esta Corte tiene dicho y reiterado que “el valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales”, ya que no se trata “de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (“Aquino”, votos de los jueces Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Highton de Nolasco, Fallos: 327:3753; 3765/3766;3765/3766; 3787/3788 ; 3797/3798 y sus citas; y “Díaz”, voto de la jueza Argibay, Fallos: 329:473, 479/480, y sus citas) (C.S.J.N. 08/04/2008, “Arostegui Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía”, L. L. 2008C, 247).Por otra parte, ha indicado nuestro Máximo Tribunal que al aplicar el art. 1084 del Código Civil es menester computar las circunstancias particulares de la víctima (capacidad productiva, edad, profesión, ingresos, posición económica) como la de los damnificados (asistencia recibida, cultura, edad, posición económica y social) todo lo cual debe ser apreciado mediante una comprensión integral de los valores materiales y espirituales (C.S.J.N. Fallos, 311: 1018; 320: 536). Ha considerado también como factores relevantes, además de los señalados, la ex pectativa de vida, la profesión y el grado de parentesco (Fallos:310:2103; 317:1006; 324:2972 ; 325:1277 ; 329:4944).Asimismo al interpretar el art. 1084 del Código Civil, sostiene, si bien deben descartarse los criterios estrictamente matemáticos, no por ello deben desecharse totalmente los posibles ingresos de la víctima. La idea de “subsistencia” que se menciona en el art. 1084 del Código Civil debe asemejarse a todo lo que la víctima ha podido representar para las personas a que se refiere, es decir a todo lo que la ley supone que la víctima hubiera podido suministrar como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a una adecuada y prudente apreciación judicial (C. S. J. N., Fallos 311:1018; 315, 1178; 320: 536).Es criterio de este Tribunal en cuanto al monto a asignar, que equiparar en dinero los perjuicios materiales inherentes a la muerte de un ser querido es tarea ardua y delicada, que exige al juzgador afinar el criterio para no caer por un lado en el desamparo o por el otro en un beneficio incausado.

Por ello, al fijar la indemnización deben valorarse todas las manifestaciones de la actividad del occiso que pueden ser económicamente apreciadas, tanto las actuales como las futuras, así como también las circunstancias relativas a quien efectúa el reclamo de la indemnización, debiéndose calcular el monto en función de la edad, y demás características particulares de la víctima, sexo, grado de cultura, posición social, tareas que desempeñaba y aporte al hogar entre otras consideraciones (Conf. CNCiv., esta sala, 14/6/2005, Expte. Nº 32.122/00, “Estigarribia, Dionicio y otros c/ Línea 22 S.A. y otros s/ daños y perjuicios” Ídem, 27/8/2010, Expte. Nº 116281/1998 “Ayala, Daniel A. c/ Veraye Ómnibus s/ daños y perjuicios” Ídem Id 3/3/2011 Expte. N° 114.787/06.”Machado, Roque Miguel y otro c/ González, Ariel Alejandro y otros s/ daños y perjuicios”).

La doctrina y la jurisprudencia mayoritarias de nuestro país admiten que la muerte del hijo puede constituir para sus padres la pérdida de una chance económica, que se traduce en la frustración de una expectativa de asistencia y apoyo futuro, en la ancianidad (Cfr: Zavala de González, Matilde, “Resarcimiento de daños. Daños a las personas”, t. 2 b, Bs. As., Ed. Hammurabi, 1990).La muerte de un hijo importa para los padres la frustración de la legítima esperanza de ayuda, una “chance” cierta de ser apoyados en el futuro, lo cual encuentra sustento en el art. 277 C. Civil, que impone a los hijos el deber de prestar servicios a sus padres, y los arts. 367 y 372 del mismo cuerpo legal, el de darles alimentos. Tal acción es a título propio, no en calidad hereditaria, gravitando más intensamente en supuestos en que el grupo familiar es de escasos recursos (Conf. CNCiv., Sala B, 30/6/2005, “Pérez José Antonio c/ Ferrocarriles Argentinos s/ sumario” ).La pérdida de chance como componente del daño material apunta a resarcir a los derecho habientes de la víctima en función de lo que la misma aportaba o podía aportar materialmente a favor de aquellos, es decir el reintegro de aquello que la víctima producía o podía producir económicamente, es decir con la chance se apunta a indemnizar una probabilidad, pero siempre dentro de un margen de certeza aproximado. Finalmente cabe señalar que se alude en el presente concepto a la pérdida económica que experimentan los damnificados que dependían de los aportes económicos del causante (conf. esta Sala, causas:7555 del 23.3.79; 488 del 16.6.81; 3197/97 del 27.12.2001, sus citas y muchas otras); ello así, porque la vida humana no tiene valor económico “per se”, sino en consideración a lo que producía o puede producir de no haber acaecido el fallecimiento (CSJN, Fallos: 316:912). Es decir que lo que se indemniza no es el valor que la vida tenía para el difunto, el hecho de su propia muerte, sino el perjuicio económico sufrido por la actora, la pérdida del apoyo y sostén de todos los días y a la vejez (arts. 1069 y 1083). Sentado ello no debe dejar de considerarse el crecimiento laboral que pudo haber tenido el joven fallecido en el transcurso de su vida y la circunstancia natural de que constituiría su propio hogar, de donde puede inferirse, que de haber llegado el caso, hubiera disminuido la cuantía del aporte, pero sin más no cabe concluir que éste habrá de desaparecer totalmente por ser contrario a lo razonablemente previsible. En virtud de las consideraciones vertidas estimo que el guarismo asignado en el decisorio teniendo en cuenta la joven edad de la víctima, de 28 años a la fecha de su deceso, que vivía con su novia y que era empleado de seguridad, ponderando asimismo las condiciones de la reclamante, de 57 años de edad a la fecha del hecho, empleada en un geriátrico y que vive con un hija, su yerno y una nieta, en virtud de todos estos elementos, y en el marco de las atribuciones conferidas por el art.165 del CPCC, propongo al acuerdo la confirmación del decisorio de grado.

D) Costas

Sabido es que el ordenamiento procesal vigente adhiere al principio generalmente aceptado en la legislación nacional y extranjera cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, como base de la imposición de la condena en costas.

Sin embargo, el referido principio no es absoluto, ya que el propio Código Procesal contempla distintas excepciones, algunas impuestas por la ley y otras libradas al arbitrio judicial, tal como lo dispone el artículo 68 en su segundo párrafo. Esa norma importa una sensible atenuación al principio general al acordar a los jueces un adecuado marco de arbitrio que deberá ser ponderado en cada caso particular y siempre que resulte justificada tal exención.El art. 71 del Código procesal dispone que si el resultado del pleito o incidente fuere parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se compensarán o se distribuirán prudencialmente por el juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos, tal distribución no implica un exacto balance matemático en el resultado alcanzado respecto de las pretensiones aducidas, para que se considere cumplido el mandato normativo aludido.La ratio legis impone una exégesis racional de la norma, lo que conlleva inexorablemente a valorar la trascendencia de lo admitido y lo desestimado, tomado en su conjunto y no contemplando el aspecto cuantitativo exclusivo de cada una de las cuestiones decididas (CNCom., Sala C, 15/06/2007, “Peralta Ramos Carlos A. c. Franco Joaquín y otro s. ordinario” , Idem., id., 20/05/2008 “Pilla, Carlos Alberto c/ Nipon Motors S.A.”, E. D. Digital 45346; C. N. Civ., esta sala, 15/03/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c/ Guillermo Dietrich S. A. y otro s/daños y perjuicios” idem, 22/5/2014, Expte.N° 17.206/2002 “Albela Jorge c/Scordamaglia Antonio y otro s/daños y perjuicios).De acuerdo a tales pautas, no encuentro razón para dar cabida a los argumentos esbozados para modificar la imposición de costas de la instancia de grado, propiciando al acuerdo su confirmación

Por lo expuesto, si mi voto fuera compartido, propongo al Acuerdo:

1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida, fijando para el rubro daño psicológico la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) el cual queda establecido atento el porcentaje de responsabilidad asignadoen la suma de pesos treinta y cinco mil de ($ 35000) estimados a la fecha del hecho (art 165 del CPC).2) Confirmar todo lo demás que decide y que fuera motivo de apelación y agravio, con costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal).

TAL ES MI VOTO

La Dra.Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente

Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe. La Dra. Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Bueos Aires, marzo 18 de 2015.

Y VISTOS: Lo deliberado en conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:

1) Modificar parcialmente la sentencia recurrida, fijando para el rubro daño psicológico la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) el cual queda establecido atento el porcentaje de responsabilidad asignadoen la suma de pesos treinta y cinco mil de ($ 35000) estimados a la fecha del hecho (art 165 del CPC).

2) Confirmar todo lo demás que decide y que fuera motivo de apelación y agravio, con costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del Código Procesal). Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad. La Dra. Zulema Wilde no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4° ) y oportunamente devuélvase.

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