En el marco de un contrato de compraventa de acciones, se hace lugar al recurso de apelación deducido por la accionante con el fin de que se declare nula la excepción de incompetencia planteada por los demandados

LeyesPartes: Supermarkets Norte Investments B.V. c/ Carrefour S.A. y otros s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: F

Fecha: 27-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91664-AR | MJJ91664 | MJJ91664

En el marco de un contrato de compraventa de acciones, se hace lugar al recurso de apelación deducido por la accionante con el fin de que se declare nula la excepción de incompetencia planteada por los demandados.

Sumario:

1.-Las cláusulas compromisorias constituyen una convención contractual, que por implicar una renuncia al principio general de sometimiento de los conflictos a los jueces ordinarios, merecen ser interpretadas con carácter restrictivo. Lo antedicho guarda estrecha vinculación y resulta del todo coherente con el principio de la autonomía de la voluntad, como fundamento de la fuerza obligatoria de las estipulaciones contractuales (art. 1197 Cód. Civil).

2.-La libertad de las personas -físicas o jurídicas- no debe ser coartada sino por su propia voluntad, de modo así que es lógico que las convenciones se erijan en el instrumento adecuado para regular las relaciones jurídicas entre los contratantes. Como regla que ambas partes han querido libremente, es necesariamente justa, y constituye en el plano económico, el mejor medio para asegurar el bien común.

3.-Frente a la multiplicidad de pretensiones esgrimidas por la demandante, la competencia arbitral debe quedar excluida cuando se pueden entender planteados de forma contemporánea problemas que corresponden dilucidar a los jueces ordinarios, con otros que caen en la órbita de la competencia arbitral pactada; ello con el propósito de impedir una inútil reedición de aspectos concernientes a una misma problemática. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014.

Vistos:

Viene apelada por la accionante, la resolución de fs. 2618/2622 mediante la cual el magistrado de grado admitió la excepción de incompetencia planteada por Inc. SA, a la cual adhirieran las restantes codemandadas, y por ende, se declaró incompetente para entender en estas actuaciones (fs. 2632).

Juzgóse allí dirimente, luego de analizar los términos en que quedó entablada la demanda y el documento base del presente proceso, que la voluntad de los contratantes fue someterse al arbitraje en caso de conflicto, sin ninguna distinción acerca de la naturaleza o contenido de una eventual controversia o disputa. De lo contrario, sostuvo el a quo, debió haberse aclarado adecuadamente la extensión del compromiso asumido en forma diferencial.

El memorial de agravios corre en fs. 2645/2664 y su contestación en fs. 2666/2679 a cuyos términos adhirieran Carrefour SA y Carrefour Nederland B.V. en fs. 2681.

Por su parte, la Sra. Fiscal General se expidió en fs. 2685, propiciando la confirmación del pronunciamiento apelado.

Se impone partir desde la siguiente premisa básica: las cláusulas compromisorias constituyen una convención contractual, que por implicar una renuncia al principio general de sometimiento de los conflictos a los jueces ordinarios, merecen ser interpretadas con carácter restrictivo (CNACom. Sala A -integrada-, 14/2/06, “Constructora Iberoamericana SA c/Sociedad de Inversiones Inmobiliarias SA s/ord.”; íd. Sala B, 29/12/04, “Klein, Santiago Esteban c/Melton SA s/ord.”; íd. Sala C, 4/9/92, “Zumpf, Gustavo c/Tucumán 300 SRL s/sum.”; íd. Sala D, 28/2/08, “Rivadeneira, Hugo G. c/ABN Amro Bank NA y ots. s/ord.” ; Sala E, 31/5/90, “N.L. SA c/Bull Argentina SA s/sum.”; esta Sala, 15/7/2010, “Araujo Osvaldo Gabriel c/Frances Administradora de Inversiones SA y otro s/ordinario”; dictámenes de Fiscalía de Cámara n° 62073, íd.n° 66634).

Lo antedicho guarda estrecha vinculación y resulta del todo coherente con el principio de la autonomía de la voluntad, como fundamento de la fuerza obligatoria de las estipulaciones contractuales (art. 1197 Cód. Civil). Es que la libertad de las personas -físicas o jurídicas- no debe ser coartada sino por su propia voluntad, de modo así que es lógico que las convenciones se erijan en el instrumento adecuado para regular las relaciones jurídicas entre los contratantes. Como regla que ambas partes han querido libremente, es necesariamente justa, y constituye en el plano económico, el mejor medio para asegurar el bien común (conf. Belluscio Zanoni; “Código Civil Comentado”, T. 5, pág. 891).

Puntualmente en el presente caso, interesa destacar lo convenido al respecto: Clausula 1.4. “Due Diligence. A los fines de la verificación por parte de la Compradora de la existencia, sin duplicación, de Pasivos Ocultos y Ajustes Adicionales, si los hubiere, los Asesores de la Compradora han sido designados para colaborar con la Compradora en la realización del Due Diligence.” Por su parte, en la Cláusula 1.5 y sus diversos incisos, las partes pactaron el procedimiento a seguir para el caso que el Grupo Carrefour determinare la existencia de Pasivos Ocultos y/o Ajustes Adicionales durante el período del Due Diligence, cuestión que sería resuelta por el Auditor Independiente. Finalmente, en la Cláusula 5.12 se estableció: “Arbitraje. Las partes intentarán resolver de buena fe, mediante consulta mutua, toda cuestión o controversia que surja de este Contrato o se relacione con el mismo.En caso de no arribarse a un acuerdo ., las Partes acuerdan expresamente que cualquier controversia, divergencia, reclamo o duda respecto de la interpretación y/o aplicación de este Contrato, excepto por .(ii) la determinación del Monto Final del Ajuste, que será resuelta en forma definitiva y vinculante exclusivamente conforme las disposiciones de la Cláusula 1.5, será sometida a la decisión de tres (3) árbitros a ser designados uno por la Vendedora, otro por la Compradora y el tercero mediante acuerdo mutuo de los dos árbitros designados por las Partes. El tercer árbitro actuará como presidente del tribunal arbitral.” (v. fs.1026 y sgtes) .

Hecha la transcripción precedente, conviene ahora abordar el objeto de la pretensión volcado en el escrito obrante en fs. 897/909 -“Determina pretensión demandada. Solicita”-Allí se especificó que la presente causa fue promovida a fin de que -en orden al contrato de compraventa celebrado entre las partes en fecha 11 de abril de 2001- se decida: i) que el saldo nominal de precio adeudado es de U$S 10.549.442 y se condene a los demandados al pago de la suma de U$S 16.232.841,72 con más los intereses compensatorios y moratorios correspondientes; y, ii) la fecha de mora de los demandados y la tasa de réditos moratorios; todo ello con costas a los demandados. Y, se estime definitivamente concluida y extinguida la garantía del depósito del saldo de precio -véase el alcance establecido en el ap. 1.04 de la referida presentación, aclarado en fs. 914/915 ap.1-.

Frente a ello, esta Sala no comparte lo decidido por el a quo, por cuanto si bien es cierto que la existencia o no de pasivos ocultos está vinculada con la posibilidad de la accionante de percibir la diferencia de precio que aquí reclama, la cual ha sido retenida como garantía, en rigor -tal como se desprende de la transcripción antes efectuada- el objeto del arbitraje es la determinación de los referidos “pasivos ocultos” y no el saldo de precio a ser compensado con aquéllos, temática ajena al ámbito arbitral.

Así entonces, frente a la multiplicidad de pretensiones esgrimidas por la demandante, la competencia arbitral debe quedar excluida cuando -como ocurre en la especie- se pueden entender planteados de forma contemporánea problemas que corresponden dilucidar a los jueces ordinarios, con otros que caen en la órbita de la competencia arbitral pactada; ello con el propósito de impedir una inútil reedición de aspectos concernientes a una misma problemática (en este sentido, conf. CNCom. Sala B Halperín-Vasquez-Parodi, en autos “Nocera Ricardo c/Nocera Rafael” del 30/10/1970; esta Sala, mutatis mutandi, 18.10.2011, “Vañesa Andrea Fabiana c/ Carballal Viviana Grisel y otros s/ ordinario” ).

Apréciese que la decisión sobre el saldo nominal del precio adeudado con más sus intereses, como la fecha de mora de los demandados y la tasa de réditos moratorios, todas éstas cuestiones que conforman el objeto de esta acción, excede la instancia arbitral estipulada y torna prudente la actuación de la jurisdicción en lo comercial.

Ello, además es consecuente con lo ya decidido por esta Alzada en el pronunciamiento del 3.11.2011 (v. fs. 843/844), oportunidad en la que se confirmó la desestimación del pedido de suspensión de plazos requerido por la actora (v. fs. 248), habiéndose puntualizado que “debió -quien fuera el obligado- atender su compromiso en tiempo oportuno y siendo que esa condición de fijar el valor data del año 2001, evidentemente no puede sostenerse la causa (de fuerza mayor) invocada.Refuerza esa solución el hecho de que en definitiva ello no afecta su derecho a reclamar en tanto la ampliación de demanda justamente persigue la determinación judicial del Saldo Final de Precio”.

De modo que, de lo expuesto, cabe concluir que las partes han decidido en su oportunidad atribuir jurisdicción a un árbitro, más sólo para resolver las puntuales cuestiones contenidas en la cláusula 1.5, y consecuentemente el procedimiento arbitral ya señalado -5.12, (ii)-.

En síntesis, a criterio de este Tribunal no existen elementos suficientes que permitan sostener, de modo asertivo, categórico y firme que la promotora hubiera libremente consentido el sometimiento a decisión arbitral para la solución de la contienda como la del sub lite. Es que aun cuando como se dijo, no puede soslayarse la vinculación habida entre la temática sometida a arbitraje y lo aquí pretendido; por otro lado, los términos del “Convenio de Compraventa de Acciones” no permite otorgar, al menos con el alcance que incumbe al decisorio, íntegra operatividad a la cláusula compromisoria, la cual además, como ya se vio al comienzo de la presente, debe ser interpretada restrictivamente.

Por lo expuesto, y oída la Sra. Fiscal General, se resuelve:

Hacer lugar a la apelación y revocar el pronunciamiento de fs. 2618/2622.

Las costas de ambas instancias se distribuyen por su orden, en atención a las disímiles interpretaciones que puede motivar la cuestión (art. 68 párrafo 2 Cpr.).

Notifíquese y devuélvase. Hágase saber la presente decisión a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. Ley n° 26.856, art. 4 Ac. n° 15/13 y Ac. n° 24/13). Verificada la publicación pertinente, remítanse a la instancia de grado.

Rafael F. Barreiro

Alejandra N. Tevez

Juan Manuel Ojea Quintana

María Eugenia Soto – Prosecretaria de Cámara

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