fbpx

Rechazo de la demanda de prescripción adquisitiva si el actor no logró demostrar la posesión de su cedente, ni la de sus antecesores, no alcanzando los 20 años requeridos para usucapir uniendo las tres posesiones mencionadas.

demanda-indemnizacionPartes: Pagani Miguel A. s/ prescripción adquisitiva

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 3-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90618-AR | MJJ90618 | MJJ90618

Rechazo de la demanda de prescripción adquisitiva si el actor no logró demostrar la posesión de su cedente, ni la de sus antecesores, no alcanzando los 20 años requeridos para usucapir uniendo las tres posesiones mencionadas.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que rechazó la demanda de prescripción adquisitiva si el actor no logró demostrar la posesión de su cedente, ni la de sus antecesores, incluso considerando tal situación, uniendo las tres posesiones, no se llega a los 20 años requeridos para prescribir, máxime si el actor funda su demanda en los arts. 4015 y 4016 del CCiv.

2.-Corresponde imponer las costas del juicio de prescripción adquisitiva intentado a la parte actora quien pone en movimiento la actividad jurisdiccional; es decir que el proceso se desenvuelve en interés del solicitante, y por ello es lógico que deba soportar los gastos que demandó la intervención del defensor de oficio, pudiendo eventualmente repetir lo abonado contra el propietario en caso de que éste apareciera, ya que sobre éste pesará la calidad de vencido en costas.

Fallo:

En la ciudad de Rosario, a los 03 días del mes de Noviembre de 2014, se reunieron en Acuerdo los Sres. Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Dres. María del Carmen Álvarez, Mario E. Chaumet y Dario L. Cúneo, para dictar sentencia en los caratulados «PAGANI, MIGUEL ANGEL s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA», Expte. N° 171/14, venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 1ra Nominación de Rosario, en apelación de la sentencia N° 1298 de fecha 24 de Septiembre de 2013 obrante a fs. 146/147, y habiéndose efectuado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

PRIMERA: Es nula la sentencia recurrida?

SEGUNDA: Es ella justa?

TERCERA: Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Efectuado el sorteo de ley, resultó el siguiente orden de votación: Dres. Chaumet, Álvarez y Cúneo.

A la primera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: El recurso de nulidad interpuesto a fs. 148 no ha sido mantenido en esta instancia. Por ello y atento no existir vicio sustancial alguno que autorice la revisión oficiosa, voto por la negativa.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Álvarez: De conformidad con lo expuesto por el Sr. vocal preopinante, voto por la negativa.

A la segunda cuestión, dijo el Dr. Chaumet: 1. El caso puede sintetizarse del siguiente modo:

1.1 El actor promovió demanda contra el Sr. Juan Carlos Boardman y/o sus herederos y/o sucesores universales, tendiente a adquirir por prescripción adquisitiva por posesión veinteañal el inmueble identificado como lote N° 9 sito en la calle Rioja de la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, a los 17,70m.De calle Silverio Córdoba hacia el Sud, inscripto en dominio en el Registro General Rosario al Tomo N° 112 Folio N° 178 N° 66.591 en fecha 31/03/60.

Dijo que desde hace aproximadamente 30 años ocupaba el inmueble deslindado en forma pacífica, quieta, continua, con animus domini y que realizó un mantenimiento integral del mismo utilizándolo como inmueble que sirve para su esparcimiento y el de su familia.

1.2 Por la demandada no compareció persona alguna, designándose a tales efectos un defensor ad hoc. Al contestar efectuó una negativa generalizada de los hechos invocados por la actora. Expresó que se estará a las probanzas que brinde la parte accionante tendientes a corroborar los extremos invocados

Sostuvo en relación a la supuesta cesión de derechos y acciones de parte del Sr. Ivan Ferrari a favor del Sr. Pagani, que conllevaría hipotéticamente la «accesión de posesiones», que el actor debió probar categóricamente los actos posesorios del antiguo ocupante.

Afirmó que la cesión de derechos respecto de un inmueble no es justo título a los efectos de la prescripción adquisitiva, por no ser aquella traslativa de dominio.

Finalmente señaló que las costas deben se impuestas al actor independientemente de la hipotética y eventual derrota de su parte.

1.3 Mediante sentencia n° 1298 dictada en fecha 24 de septiembre de 2013 la magistrada de primera instancia rechazó la demanda de prescripción veinteañal con costas.

Contra el mencionado decisorio se alzó la actora e interpuso recurso de apelación y conjunta nulidad.

2. En su expresión de agravios, la apelante se queja de que la sentenciante no tomó en cuenta el tiempo de posesión que mantuvieron los entonces ocupantes-poseedores-tenedores señores Angel Letino y señora, que ya venían ocupando el inmueble en cuestión desde fecha anterior al 13/8/1991 y que ello da cuenta de que están superados los años que exige nuestro ordenamiento legal para obtener el reconocimiento judicial de un derecho que se está detentando.

3.En primer término, cabe aclarar que los extremos requeridos para viabilizar la demanda por prescripción adquisitiva (modo excepcional de adquisición del dominio de un inmueble) están constituidos por la existencia de una prueba concluyente de la existencia del ejercicio del poder de hecho de señorío sobre la cosa, acompañado del ánimo o intención de tener la cosa para sí; a lo que debe añadirse el mantenimiento de ambos requisitos durante el plazo requerido por la ley, en forma pública y pacífica, esto es sin perturbaciones.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que «Para la adquisición del dominio por usucapión no basta que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios realizados por quien pretende la usucapión», (CS, 1/1/1978), Alvarez, Benjamín v. Provincia de Córdoba, Fallos 300:651).

Así, quien pretende acceder al dominio por prescripción adquisitiva veinteañal, deberá promover juicio de usucapión y probar su posesión «animus domini» durante el plazo mínimo de 20 años, a fin de obtener una sentencia que será declarativa, con efectos ex tunc, es decir, sin proyección retroactiva al momento en que el usucapiente comenzó a poseer.

3.1 De las constancias de autos surge que el actor acompañó diversos documentos (v. fs.5/13) e invocó una cadena de posesiones con el objeto de acreditar la «posesión continua por veinte años» para poder usucapir el inmueble objeto de la presente petición.

Preliminarmente y en cuanto a la posesión por accesión, es dable mencionar que resulta perfectamente aplicable en aquellos casos en los que se demuestre una cadena posesoria durante el tiempo legalmente exigido para ello, lo que no ocurrió en estos obrados, dado que el accionante sólo se limitó a presentar como documental -a fin de demostrar la accesión pretendida- ; los que resultan insuficientes a esos fines.

La actora arrimó a estos obrados prueba documental (una transferencia de dominio (v. fs. 5/6), una compraventa (v. fs. 7/8), y dos boletos de compraventa (v. fs. 9/10 y 11), plano de mensura (fs. 26) y comprobantes de pago); testimonial (fs. 89/90) e informativa (oficios al Registro General (fs. 50), a la Municiaplidad de San Lorenzo (fs. 118/121).

3.2 Mención aparte merece el plano de mensura acompañado a fs. 116 que del mismo surge que quien detenta la posesión al momento de interponer la demanda es el Sr. Ivan Ferrari -denunciado por la actora como último cedente-.

Al respecto y de conformidad a la legislación vigente en esta materia (art.24 ley 14.159, t.o. dec. Ley 5.756/58) los recaudos que debe acompañar con la demanda quien pretenda haber adquirido el dominio de un inmueble por prescripción, han quedado limitados al acompañamiento de certificados respecto de la titularidad del dominio del inmueble y de un plano de mensura suscripto por profesional autorizado y aprobado por la oficina técnica respectiva.

La presentación de la susodicha certificación (art.24, inc. a, ley 14.159, dec.ley 5.756/58) tiende a posibilitar la individualización del titular registral del dominio del inmueble que se pretende usucapir, es decir, contra quién debe dirigirse la demanda, por lo que de no acompañársela, el poseedor no estaría en condiciones de conocer la persona del demandado y por tanto de iniciar el juicio (Lapalma Bouvier, Néstor, El proceso de usucapión, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1979, pág.134).

En el mismo sentido puede afirmarse que la identificación física precisa del inmueble surge del plano de mensura, como también de la memoria y acta de mensura, plano que es requerido también por la ley como recaudo de la demanda de usucapión, ya que tiene por objeto individualizar el inmueble, determinando con exactitud la superficie poseída, sus medidas y linderos. Se trata de un requisito de cumplimiento inexcusable, cuyas constancias no pueden ser reemplazadas por las que obraren en el título del propietario inscripto ni en otros documentos o registraciones (cfr. MARCOLÍN DE ANDORNO, Marta, Prescripción adquisitiva, Ed. Zeus, Rosario 1974, pág.111; AREAN de DÍAZ de VIVAR, Beatriz, Juicio de usucapión, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1984, págs.239, 241).

Siendo la usucapión un modo excepcional de adquisición del dominio de un inmueble, los requisitos exigidos por la ley deben ser corroborados de manera convincente.

3.3 Sentado ello, es dable destacar que el juez está obligado a hacer mérito de las pruebas aportadas, destacando en su pronunciamiento aquellas que consideró de relevante importancia para establecer su criterio de convicción.

Es deber del Tribunal únicamente ponderar y explicar los motivos y fundamentos que sustentan su razonamiento, en cuanto a subsumir los hechos efectivamente probados en la causa.

Al respecto la magistrada dijo «.este tipo de procesos requiere de la denominada «prueba compleja», esto es, la apreciación conjunta de todos los elementos probatorios que lleven a la convicción de que la posesión ha existido en los términos previstos legalmente.» (v. fs.147 vta.); y que, en consecuencia, ninguna de ellas fue lo suficientemente precisa ni acertiva como para respaldar jurídicamente su pretensión.

Y continuó diciendo: «.Que, además, tratándose como en el caso de un cesionario de otras posesiones anteriores, si bien nada impide que una su posesión a aquellas, en modo alguno lo libera de probar, a su vez, dicha posesión en cabeza de los anteriores poseedores (artículo 4005 C.C) en tanto su posesión sólo se presume desde la fecha del título que presente (artículo 4003 C.C) y el artículo 3270 C.C impide al cedente transmitir un derecho mayor o mejor del que tenía.» (v. fs. 147).

Párrafo aparte merece la consideración de las cesiones de derechos y acciones denunciadas por el recurrente. Como bien sostuvo el Defensor de Oficio, si bien es cierto que el Código Civil admite el principio de accesión de posesiones, no es menos cierto que el usucapiente debe probar categóricamente los actos posesorios del antiguo ocupante. A ello debe sumársele que si el actor aduce ser cesionario de un anterior poseedor del bien, necesariamente debe probar la existencia de los actos posesorios ejecutados por su antecesor, y luego por el mismo.

Por ello, el actor no logró demostrar la posesión de su ceden te Sr. Ivan Ferrari, ni la de sus antecesores: Pedro Raúl Medrán, Angel Lentino y Sra. Incluso considerando tal situación, uniendo las tres posesiones, no se llega a los 20 años requeridos para prescribir, máxime si el actor funda su demanda en los artículos 4015 y 4016 del Código Civil.

3.4 Sin perjuicio de ello, se advierte que en los presentes si bien se ha citado y declarados rebelde a quienes figuraban registralmente como titulares del dominio a usucapir, no se le ha dado participación al último cedente Sr.Ivan Ferrari, como así tampoco a todos los antecesores que detentaron la posesión que ahora el actor pretende acceder a la suya.

En tal sentido, el inciso a) del artículo 24 de Ley 14.159 establece que cuando se demande la prescripción adquisitiva de inmuebles, el juicio será de carácter contencioso y deberá entenderse con quien resulta titular del dominio de acuerdo con las constancias del Catastro, Registro de la Propiedad o cualquier otro registro oficial del lugar del inmueble, cuya certificación sobre el particular deberá acompañarse con la demanda. Si no se pudiera establecer con precisión quien figura como titular al tiempo de promoverse la demanda, se procederá en la forma que los Códigos de procedimientos señalan para la citación de personas desconocidas (C. Apel. Civ. Com. Rosario, Sala 1, 08.08.06, «Dure, Hilda c/ Dure, César y ot. S/ Usucapión»).

3.5 Por otra parte, resulta conveniente subrayar que la juez de grado ordenó en el primer decreto (v. fs. 36) que se oficiara a la Provincia de Santa Fe a fin de que informe si existía interés fiscal respecto del inmueble pretendido. Pese a ello, no se cumplimentó con tal exigencia.

3.6 Finalmente, respecto de las costas originadas en estos autos, cabe acotar que en estos procesos es la parte actora quien pone en movimiento la actividad jurisdiccional; es decir que el proceso se desenvuelve en interés del solicitante, y por ello es lógico que deba soportar los gastos que demandó la intervención del defensor de oficio, pudiendo eventualmente repetir lo abonado contra el propietario en caso de que éste apareciera, ya que sobre éste pesará la calidad de vencido en costas (v. Zeus, t. 24, p. J76).

Voto pues por la afirmativa.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Álvarez: Compartiendo los argumentos expuestos por el Dr. Chaumet, adhiero a su voto.

A la tercera cuestión, dijo el Dr. Chaumet: Corresponde: 1. No hacer lugar al recurso interpuesto. 2.Imponer las costas del presente al vencido, sin perjuicio de que la retribución del Defensor de Oficio sea soportada por la actora, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente. 3. Fijar los honorarios profesionales de alzada en el 50% de los que, en definitiva se regulen en primera instancia.

A la misma cuestión, dijo la Dra. Álvarez: El pronunciamiento que corresponde dictar en los presentes autos, es el que formula el Dr. Chaumet. En tal sentido voto.

Seguidamente, dijo el Dr. Cúneo: Habiendo tomado conocimiento de los autos, y advirtiendo la existencia de dos votos coincidentes en lo sustancial, que hacen sentencia válida, me abstengo de emitir opinión (art. 26, ley 10.160).

Con lo que terminó el Acuerdo, y atento sus fundamentos y conclusiones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial;

RESUELVE: 1. No hacer lugar al recurso interpuesto. 2. Imponer las costas del presente al vencido, sin perjuicio de que la retribución del Defensor de Oficio sea soportada por la actora, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente. 3. Fijar los honorarios profesionales de alzada en el 50% de los que, en definitiva se regulen en primera instancia.

Insértese, hágase saber, bajen y déjese nota marginal de esta resolución en el protocolo del juzgado de origen («PAGANI, MIGUEL ANGEL s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA», Expte. N° 171/14).

CHAUMET

ÁLVAREZ

CÚNEO

(ART. 26, LOPJ)

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: